CSJ - SL1016-2023

Corte Suprema de Justicia

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Detalles

Título
CSJ - SL1016-2023
Autor
Corte Suprema de Justicia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Laboral
Año
2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL1016-2023 Radicación n.° 94602 Acta 10 Bogotá, D. C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por TELMEX COLOMBIA S. A. contra la sentencia proferida por la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior de Neiva, el nueve (09) de noviembre de dos mil veinte (2020), en el proceso que le instauró ALEXANDER GARCÍA REYES.

I. ANTECEDENTES Alexander García Reyes llamó a juicio a Telmex S. A. a fin de que se declarara que: i) se encontraba amparado por el fuero circunstancial de que trata el art. 25 del Decreto 2351 de 1965, al momento en que fue desvinculado; ii) la audiencia de descargos era nula por no realizarse el procedimiento establecido en los apartados 51 y 52 del reglamento interno

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Radicación n.° 94602 de trabajo y el 115 del CST, por lo que no existió justa causa en el finiquito del contrato y, iii) que el despido era ineficaz. En consecuencia, deprecó condenarla al reintegro de su antiguo puesto de trabajo o a otro cargo de igual o mejor categoría y salario. Además, al pago a título de indemnización, de todos los salarios y prestaciones legales y extralegales, aportes al sistema integral de seguridad social,

desde el momento en que cesó la relación laboral y hasta cuando se produjera su regreso. También, a las costas. Como fundamentos fácticos de sus pedimentos, expuso que: i) el 15 de mayo de 2007 entre Cablecentro S. A. y él, se suscribió contrato individual de trabajo a término indefinido, para iniciar en la misma calenda; ii) el salario estaba tazado en $580.300, pero variaba según comisiones; iii) era afiliado a la organización sindical Unión de Trabajadoras y Trabajadores de Claro y de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – Ultraclaro y TIC, desde el 26 de septiembre de 2015; iv) aquella se conformó mediante Acta de Constitución n.° 001 del mismo día, pero del 2009; v) el ente sindical se encontraba en negociaciones colectivas con Telmex Colombia S. A., pues presentó Pliego de Peticiones el 6 de agosto de 2013; vi) el 8 de julio de 2013, se rubricó acta de prórroga de etapa de arreglo directo por mutuo acuerdo con ocasión del pliego radicado por Ultraclaro y las TIC; viii) el Ministerio del Trabajo, a través de Resolución n.° 05732 del 16 de diciembre de 2014, confirmó «en todas y cada una de sus partes la decisión adoptada mediante Resolución n.° 02292 del 6 de junio de 2014, por medio de la cual ordena la

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Radicación n.° 94602 convocatoria de un Tribunal de Arbitramento Obligatorio para que estudie y decida el conflicto colectivo de trabajo existente

entre la empresa Telmex Colombia S. A.» y Ultraclaro TIC.

Refirió que: ix) Telmex Colombia S. A. tenía regulado en los preceptos 47 a 50 del capítulo XIII de su reglamento interno de trabajo, qué actos de los trabajadores se podían clasificar en faltas leves y graves y, asimismo, las sanciones disciplinarias que se debían aplicar; x) con Oficio del 20 de abril de 2016, la enjuiciada lo citó a rendir descargos, programada para el 22 de abril de 2016 a las 4:00 pm, en la oficina principal de Neiva – Huila; xi) ese día se llevó a cabo la diligencia «por las presuntas faltas cometidas en la prestación del servicio»; xii) allí únicamente contó con la presencia de un miembro del aludido sindicato, cuando los cánones del reglamento aprobado por Resolución n.° 006247 de1 10 de diciembre de 2010 emitida por el Ministerio de Protección Social, concebía que debía estar asistido por lo menos por dos representantes de la organización sindical y que no produciría efecto alguno la sanción impuesta con violación de dicho trámite.

Agregó que: xiii) frente a los descargos llevados a cabo, realizó una reconexión de la cuenta n.° 85625739 de quien aparecía como titular el señor Alexander Tapiero Tovar, luego de verificar el pago cumplido el 3 de febrero de 2016 en el

«CAV ubicado en la calle 7 n.° 5 – 98 centro» es decir, dentro de las instalaciones de la entidad demandada; xiv) que como

quedó consignado en la audiencia de descargos, previa autorización del señor Héctor Aguirre y teniendo soporte del

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Radicación n.° 94602 desembolso por el servicio, hizo la reconexión del servicio, sin violar directrices o políticas de la empresa, pues «actuó de buena fe y bajo los parámetros de los superiores jerárquicos»; xv) con Carta del 6 de mayo de 2016, Telmex Colombia S. A., le comunicó la terminación del contrato de trabajo con justa causa; xvi) a ese instante gozaba de fuero circunstancial (f.° 119 a 124, cuaderno de primera instancia, expediente digital). La demandada se opuso a los pedimentos. En cuanto a los hechos, indicó que eran veraces los relativos a la relación de trabajo, la citación a descargos y la comunicación de finiquito de la atadura. Por los demás, dijo que no eran ciertos o que no le constaban. Propuso como excepciones de mérito las de prescripción, inexistencia de las obligaciones reclamadas, cobro de lo no debido, enriquecimiento sin justa causa, pago, compensación, buena fe, inexistencia de fuero circunstancial «inexistencia de requisitos para el reintegro pretendido», mala fe del demandante y la genérica (f.° 174 a 202, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva mediante fallo del 20 de junio de 2018 (f.°155, segundo cuaderno de primera instancia, expediente digital), dispuso:

PRIMERO: DECLARAR [que] entre ALEXANDER GARCÍA REYES

como trabajador particular y TELMEX COLOMBIA S. A. como empleador, existió un contrato de trabajo escrito de duración indefinida, que rigió del 15 de mayo de 2007 al 06 de mayo de

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Radicación n.° 94602 2016, cuando terminó sin justa causa, por decisión unilateral de la empleadora.

SEGUNDO: DECLARAR [que] ALEXANDER GARCÍA REYES, no estaba amparado por el fuero circunstancial al momento de su despido y no es nulo el acto de terminación de su contrato de trabajo.

TERCERO: CONDENAR a TELMEX a pagarle debidamente indexados a ALEXANDER GARCÍA REYES, como indemnización por despido injustificado $11.687.967.

CUARTO: DECLARAR no probadas las excepciones formuladas por la parte demandada, excepto las denominadas inexistencia del fuero circunstancial y diferencia entre sanción y terminación del contrato de trabajo.

QUINTO: CONDENAR en costas a la demandada.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de los dos extremos, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva, a través de proveído del 9 de noviembre de 2020 (f.° 69 a 88, cuaderno de segunda instancia, expediente digital), resolvió: PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 20 de junio de 2018, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva y en su lugar, declarar la ineficacia del despido de ALEXANDER GARCÍA REYES, el 6 de mayo de 2016.

SEGUNDO.- CONDENAR a TELMEX COLOMBIA S. A. a reintegrar a ALEXANDER GARCÍA REYES en el cargo que ocupaba al momento del despido o a otro de mayor jerarquía y sin solución de continuidad. TERCERO.- CONDENAR a TELMEX COLOMBIA S. A. al pago de los salarios y prestaciones sociales de carácter legal y extralegal que se encontraba percibiendo al momento de la terminación del vínculo a partir del 7 de mayo de 2016, sin solución de continuidad, tomando como salario base de liquidación la suma de $1.855.233, cifra que debe ser actualizad anualmente conforme la inflación del año inmediatamente anterior.

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Radicación n.° 94602 CUARTO.- CONDENAR a TELMEX COLOMBIA S. A., a realizar los aportes correspondientes al régimen pensional en el fondo al que se encuentre afiliado el demandante, desde el momento de la desvinculación el 7 de mayo de 2016 y hasta que se lleve a cabo de manera efectiva el reintegro, tomando como salario base de cotización la suma de $1.855.233, cifra que debe ser actualizada anualmente conforme la inflación del año inmediatamente anterior. QUINTO.- COSTAS las de primera instancia se confirman, las de la alzada estarán a cargo de la parte demandada. […] En lo que interesa al recurso extraordinario, estableció que el problema jurídico era determinar si la terminación del contrato de trabajo del demandante estuvo precedida de una justa causa comprobada. En segundo lugar, si se habían

dado los presupuestos para estar bajo el amparo del fuero circunstancial. i) De la justeza del despido. Anotó que en la legislación laboral el contrato puede finalizarse por distintas razones, bien porque así lo acordaban las partes o por la decisión unilateral de alguna de estas con o sin justa causa. En el caso del aniquilo unilateral por justa razón, era deber del extremo que da por finalizado el vínculo, poner en conocimiento del otro, de los motivos de tal determinación, sin que posteriormente pudiera alegar causales distintas de conformidad con lo previsto en el apartado 66 del CST. Argumentó que del tenor literal invocado como causal de despido - literal a), numeral 6° del apartado 62 del CSTSCLAJPT-10 V.00 6 Radicación n.° 94602 se colegía que el legislador previó dos supuestos para terminar con el contrato de trabajo, de un lado, la violación grave por parte del trabajador de las obligaciones o prohibiciones contenidas en el ordenamiento positivo de labores y de otro, que el nominado hubiera incurrido en una falta calificada como aquella en el contrato, el reglamento, pactos o convenciones colectivas. Detalló que, en el primer evento, la severidad de la falta podía ser establecida por el propio operador judicial de acuerdo con el análisis que sobre el particular realzara de las obligaciones y prohibiciones que impone la ley laboral al trabajador; entre tanto en el segundo evento, la gravedad de la falta se encontraba previamente establecida, bien sea en el cuerpo contractual, en los pactos o convenciones colectivas o en el reglamento propio de labores. Vislumbró a folio 71 a 74 del cuaderno de primera

instancia, copia de la carta de terminación del contrato de trabajo con justa causa, que expresó: «de acuerdo con lo previsto en los numerales 2°, 4° y 6° del artículo 62 del CST, modificado por el 7° del Decreto 2351 de 1965, en concordancia con los numerales 1° y 5° del artículo 58 del mismo código» en lo que tiene que ver con la motivación, se informó: […] la compañía tuvo conocimiento que usted incumplió gravemente sus obligaciones laborales, toda vez que durante los meses de enero, marzo y abril del presente año, usted ha presentado retardos y faltas reiteradas a las reuniones de alineación y divulgación de procesos que realiza la compañía dentro de la jornada laboral, sin justificación alguna para ello, y adicionalmente, el pasado 3 de febrero de 2016, reconectó la

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Radicación n.° 94602 cuenta No. 85625739, sin que el pago del cliente hubiera ingresado en ese momento al sistema, y sin contar con la autorización correspondiente para ello por parte del área de cartera Afirmó que al terminar la demandada el contrato de trabajo invocando la justa causa, es esta la que debía probar la justeza de los hechos alegados, so pena de correr con las consecuencias propias del despido sin justa razón. Discurrió que el demandante en su interrogatorio de parte, admitió estar capacitado en procedimientos por pago en CAV, dentro de la cual era permitido hacer algunos, con la autorización de un jefe de cartera. Explicó, que una de las cuentas que tuvo, la reconectó con autorización de Héctor

Aguirre, permisión de la cual no contaba con prueba. Afirmó, que un usuario llegó a la oficina con el propósito de cancelar el servicio, quien presentaba una mora por valor de $170.000 pesos, a quien le informó que, si cancelaba la totalidad de la deuda, le podía reconectar el servicio sin pagar reconexión, con lo que beneficiaba a la compañía y al usuario, pues lo «comprobó con el soporte de pago que el cliente hizo ahí en la ventanilla de claro». Que indicó, que al evitar que aquel cancelara el servicio impidió que afectaran los indicadores de fidelización. De otro lado, Aseguró que no estuvo presente cuando se presentó el pliego de peticiones a su empleador. Dijo en cuanto al incumplimiento de asistir a las capacitaciones programadas por la empresa, que en esas

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Radicación n.° 94602 oportunidades «tuvo diligencias personales que hacer y que las capacitaciones eran programadas por fuera del horario laboral, pues su horario era de 8:20 am a 6:00 pm, con una hora de almuerzo y los sábados era de 8:20 a 1:00 pm y las reuniones eran programadas a las 7:10 de la mañana». Al discurrir sobre el dicho de los testigos, esbozó: Por su parte, el Testigo Nencer Mora Rubiano trabajó para Telmex Colombia desde el año 2008 hasta el 6 de mayo de 2016, dice que conoce al demandante porque ocupaba el cargo de Asesor de Servicios al Cliente, cuyas funciones tienen que ver con ''soluciones de primer contacto, con problemas de red,

facturación, PQRS, es decir los inconvenientes que se presentaban con el cliente, también tenían que ver con la parte de ventas y retención que era lo más importante'; sabe que su retiro se dio por la reconexión que hizo a un cliente que había pagado, pero que no se había reflejado en el sistema, dice que entiende que las reconexiones estaban atadas al pago pero tiene entendido conforme a las retroalimentaciones, que se podían hacer con autorización del jefe inmediato con el fin de impedir que el cliente se fuera. En cuanto a no asistir a las reuniones que citaban, informa que ellas eran periódicas y en la semana se hacían dos, se citaban a las 7:00 o 7:30 am que se extendía hasta las 8:20 que es la hora en la que ya debíamos ingresara la oficina, precisa que el horario inicia a las 8:20 am, porque la oficina se abre al público a las 8:30 am hasta las 12:30 una hora de almuerzo y hasta las 6:00 pm. Andrea del Pilar Adames Cubillos sostuvo conocer al demandante cuando trabajó en la compañía Telmex Colombia hace aproximadamente 10 años, desde el 2008 hasta el 2016, fue Asesora Comercial, recuerda que el demandante estaba en servicio al cliente en la. oficina CAV, informa que él salió primero, pero que en su condición de Asesora: Comercial de calle, no conoce bien los motivos de la terminación del contrato del actor, en cuanto a las capacitaciones, sí sabe que eran antes de la hora de entrada a las 7:00 o 7:30 de la mañana; indica que dentro del contrato estaba establecida una jornada de 8 horas diarias, pero

el cumplimiento era mayor, porque en su caso si salía una venta a las 8:00 pm, tenía que salir a realizar esa venta. Por su parte, Liba Paola Triana Falla, trabaja en Claro que es la marca de la misma Telmex, es Técnica Profesional en Gestión Contable y Financiera, trabaja para la compañía por más de 10 años, conoció al demandante desde el 2008 que empezó a

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Radicación n.° 94602 trabajar allí, él ya trabajaba en ese entonces en la empresa que se llamaba Cable centro; en cuanto al despido, informa que estuvo presente en la diligencia de descargos que se le adelantó, en calidad de testigo y jefe inmediata, citada por la Coordinadora de Relaciones Laborales, indicó que los motivos de la citación fueron los horarios, porque no se presentaba a las reuniones o llegaba tarde y una reconexión de servicios: que se hizo de una cuenta cuyo pago no había ingresado, indica que ''la política es clara en cuanto a que no es posible reconectar una cuenta/ si el i pago no ha sido ingresado/ porque se cobra por reconexión y si como asesor de servicios se advierte que el cliente: tiene recibo de pago y el servicio no se ha reconectado, se debe hacer el proceso de un PQR de pago no abonado/ para que el área de recaudo aplique el pago", en el caso reconoció que el cliente sí realizó el pago del servicio en mora en las instalaciones de la 'compañía el día 3 de febrero, pero que en el sistema, el recaudo sólo apareció hasta el día 18 de ese mes. Informa que el cliente presentó molestias y que ''lo que; quiso hacer Alexander García

Reyes fue evitar un retiro/ que es ' lo que como asesor se debe hacer, pero no solucionar para el momento/ sino solucionar de raíz el problema y reitera que lo que debió hacer fue elevar el PQR del pago no abonado/ que es la herramienta con la que se cuenta conforme las políticas". En lo que tiene que ver con la inasistencia o llegar tarde a las capacitaciones, señala que se citan a las 7:15 am, que la jornada comprende 48 horas a la semana y que al sumar las horas laboradas dan 47 horas, por lo que se daba esa hora con el fin de bajar información, como políticas, dudas, nuevos procesos. Indicó que "el horario de trabajo que Alexander debla cumplir eran 48 horas semanales, que la apertura a los clientes es a las 8.30 am hasta la 5:30 con una hora de almuerzo y los sábados de 8:30 de la mañana a 1. 00 de la tarde". Finalmente, Luis Hernando Baracaldo Aponte, quién es Administrador de Empresas, labora con la empresa Claro Colombia desde _hace 18 años en el cargo de Coordinador de Servicios, conoce al demandante porque trabajó en la empresa, desde el año 2008 cuando llegó a trabajar en esta oficina, dijo tener entendido que a él se le desvinculó de la compañía, por incumplimiento de los procesos internos, concretamente, en el proceso de reconexiones, el cual compete al área de cartera y no del Asesor de Servicios; sostuvo que un cliente estaba desconectado por cartera desde octubre de 2015 y fue reconectado el 3 de febrero por el demandante, cuando lo que

debió hacer fue reportar el pago, para que el área de cartera gestionara el procedimiento. En cuanto a las llegadas tarde del demandante a las capacitaciones, indicó que la Compañía constantemente emite información para el conocimiento de sus empleados y para su divulgación se hacen en pre turnos una vez a la semana, en un espacio de una hora antes de apertura al cliente, hora que está incluida dentro de las 48 horas que por ley debe prestar el Asesor. En cuanto al horario, señala que se tiene una apertura al cliente a las 8:30 am hasta las 5:30 de la tarde y

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Radicación n.° 94602 el día que se programaba el pre turno, era los días jueves desde la 7: 15 hasta las 8: 15 de la mañana, ello porque según el horario se tiene una jornada de 47 horas a la semana, por lo que dice que se podía tomar una hora para poder hacer el despliegue de esa información. De lo anterior, coligió que los motivos de justificación de la terminación del contrato de trabajo concernían a que i) en los meses de enero, marzo y abril el actor presentó retardos y faltas reiteradas a las reuniones de alineación y divulgación del proceso de la compañía y ii) la reconexión de una cuenta sin que el pago del cliente hubiese ingresado al sistema y sin contar con autorización del área de cartera para ello. Puntualizado esto, dijo que al analizar las pruebas frente a la primera de las causas, el llamante a juicio aseguró que en algunas oportunidades tuvo diligencias personales que hacer y que esas capacitaciones eran programadas por fuera de la jornada laboral, en virtud de su horario, lo que

encontraba «coincidencia con lo manifestado por el testigo Nencer Mora Rubiano, quien agregó que estas reuniones se hacían dos veces por semana, mientras que Luis Hernando Baracaldo Aponte, aseguró que dichas reuniones se hacían una vez por semana los días jueves». Sobre este testigo, halló que si bien fue objeto de tacha de sospecha por estar tramitando también proceso en contra de la compañía demandada, no se advirtieron sesgos y, por el contrario, se denotaron coincidencias con los restantes relatos rendidos en el proceso. De tal suerte, restó eficacia a aquella tacha formulada.

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Radicación n.° 94602 Ahora bien, en lo que concierne al incumplimiento de la jornada laboral, dijo que el apartado 50 del reglamento interno del trabajo calificó como faltas graves que dan lugar a la terminación del contrato de trabajo con justa causa: […] a) el retardo en la hora de entrada sin excusa suficiente por quinta vez, b) la falta total del trabajador en la mañana o en el turno correspondiente, sin excusa suficiente por tercera vez, c) la falta total del trabajador a sus labores en el día, sin excusa suficiente por tercera vez y d) cualquier violación grave por parte del trabajador de los deberes y obligaciones legales, contractuales o reglamentarias, así como incurrir el trabajador en una cualquiera de las prohibiciones, previstas en la ley, el presente reglamento y/o en el contrato de trabajo" (fl. 203). Sin embargo, refirió que al revisar la foliatura las reuniones de alineación y divulgación de procesos de la

compañía «no [estaban] previstas en estatuto alguno, reglamento interno de trabajo o contractualmente, por lo que ellas hacen parte del resorte del poder subordinante del empleador, a las que se somete, dentro de los límites del buen nombre y la honra del trabajador, cuando se hace sin exceder la jornada máxima legal de trabajo». Empero, estimó que la falta endilgada al trabajador, consistió en que la compañía tuvo conocimiento que incumplió gravemente sus obligaciones laborales, ya que durante los meses de enero, marzo y abril de 2016 presentó retardos y faltas reiteradas a las reuniones de alineación y divulgación de procesos que realizaba la compañía dentro de la jornada laboral, sin justificación alguna para ello, lo que resultaba en la descripción de una conducta «lo bastante etérea, que imp[edía] precisar las circunstancias de modo,

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Radicación n.° 94602 tiempo y lugar en que se dieron y que en últimas [eran] el objeto de prueba». Expuso que los actos calificados como graves en el reglamento interno de trabajo por retardo y falta total, preveía el agotamiento previo dependiendo el caso, de tres o cinco reincidencias. No obstante, en el proceso la parte pasiva no demostró que el trabajador hubiese recibido llamados de atención por llegar tarde o porque faltara a su sitio de labores en la mañana o en toda la jornada laboral y no era de recibo señalar de manera amplia la ejecución de la conducta en un plazo amplio de tiempo, pues la adecuación típica de la conducta resulta gaseosa e impide la

identificación y la imposibilidad de reconocer responsabilidad, por manera que esta justa causa de terminación del contrato de trabajo no estaba comprobada. ii) De la reconexión de servicio a un cliente moroso, sin que su pago se hubiese registrado en el sistema y sin contar con autorización para ello. Indicó que, conforme a las declaraciones vertidas en el proceso, tanto el demandante como los testimonios fueron concordantes en identificar los hechos, los cuales consistieron en que a la oficina de Claro, se acercó un cliente que presentaba mora en el pago de sus servicios, que además concurría con la intención de cancelar la suscripción, ante lo cual el accionante como asesor de servicios, conforme a las políticas impartidas por la empresa, le propuso al cliente que se pusiera al día con los pagos y como beneficio de la

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Radicación n.° 94602 fidelización y retención, no se le haría cobro por reconexión, lo que en efecto se dio y procedió a reconectarlos, acción frente a la cual el actor aseguró que contó con la autorización del señor Héctor Aguirre. En este contexto, la parte accionada solicitó el testimonio de Héctor Aguirre, sobre el cual detalló: […] el juzgado en audiencia del 6 de marzo de 2018 lo decretó y ordenó librar despacho comisorio que le correspondió por reparto al Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Bogotá, despacho judicial que con auto del 31 de julio de 2018 dispuso auxiliar la comisión y fijó fecha para recibir el testimonio el 23 de agosto de

2018 a las 8: 15 de la mañana, llegado el día y hora señalados, no se recaudó el testimonio del señor Héctor Aguirre, dada su inasistencia; prueba respecto de la cual, el abogado de la pasiva ruega sea valorada en esta segunda instancia, toda vez que se dejó de practicar por razones no imputables a su representada. En criterio de la Sala, la prueba testimonial del señor Héctor Aguirre, sí se dejó de practicar en el trámite de la primera instancia por culpa de la parte interesada, pues es lo cierto, que el juez comisionado con auto del 31 de julio de 2018, dispuso auxiliar la comisión fijando como fecha para recaudar el testimonio el 23 - de agosto siguiente, es decir, que la demandada contó con más de 15 días para programar que su empleado concurriera al estrado judicial a rendir su declaración, por lo que no es de recibo el argumento expuesto en la audiencia, en cuanto a que no fue posible comprarle un tiquete de avión. Además, en la copia impresa de un correo de fecha 25 de abril de 2016 (fl. 260) el señor Aguirre Ramírez en condición de Analista de Cartera Jr, le expresó a la doctora Ana María Paris, quien es encargada de relaciones laborales de la Compañía, la versión de los hechos con relación a la reconexión de servicios por mora del usuario en los siguientes términos: […] De cara al particular, era claro que el accionante realizó la reconexión de los servicios que prestaba la encausada a un cliente en mora, «tarea que, en principio, no [era] de la

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Radicación n.° 94602 esfera de sus competencias o labores contratadas y sin que se encontrara acreditada autorización de persona para hacerlo. Sin embargo, se puede calificar esta conducta como una justa causa para terminar el contrato de trabajo». Aquí, esbozó que el apoderado de la parte demandada reclamó que el juez no podía hacer valoraciones respecto a la gravedad de la conducta realizada por el trabajador, pues tal calificación ya se había hecho por las partes en el contrato o el reglamento interno de trabajo y lo único que le restaba era establecer su ocurrencia para concluir si se verificó la justa causa. Coligió que en ese sentido, conforme al artículo 50 del reglamento interno del trabajo (f.° 203 cuaderno de primera instancia), eran hechos que constituían faltas graves y que daban lugar a la terminación con justa causa del contrato de trabajo, además de los reiterados incumplimientos de la jornada de trabajo «cualquier violación grave por parte del trabajador de los deberes y obligaciones legales, contractuales o reglamentarias, así como incurrir el trabajador en una cualquiera de las prohibiciones previstas en la Ley, el reglamento y/o el contrato de trabajo». Pero, explicó que al revisar la foliatura no se probó que existiera una política para los casos de reconexión de usuarios que presentaran mora en el pago de su servicio, en la que se estableciera como justa causa para finiquitar el vínculo de labores, la violación de un procedimiento preestablecido para hacerlo. De tal suerte, dicha

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circunstancia imponía la necesidad al juez de valorar si las razones esgrimidas en la carta de terminación el contrato de trabajo, encuadraban dentro de una justa causa comprobada. Así, decantó que a folio 275 del cuaderno de primera instancia, se observaba un volante titulado «reconexión por pago en CAV» el cual se dirigió a asesores de servicio y cajero en los que se informó que a partir de la fecha (sin especificar una) el proceso de reconexiones por pago únicamente lo realizaría el área de cartera una vez ingresado el mismo. En derredor del particular, delineó: Lo anterior permite evidenciar, que el perfil de usuario de los Asesores de Servicio como lo es el demandante, tienen la facultad en el sistema de hacer la reconexión de servicios, de lo cual no existe duda, toda vez que la testigo Ilba Paola Triana Falla, indicó que la labor del demandante en el cargo que ocupa, entre otras funciones es la de propender por retener o evitar la desvinculación del cliente, labor que sí está probada dentro del proceso, con la certificación que milita a folio 279 en la que la demandada entre otras funciones, acota que el Asesor de Servicios Alexander García Reyes, debe ''solucionar los problemas que generen inconformismo en los clientes y ofrecer beneficios de acuerdo con las políticas establecidas. Apoyar en los sistemas de información, con el fin de disminuir la deserción de los clientes" Para ahondar en razones, Héctor Aguirre Ramírez, en el correo que envió al área de relaciones laborales, puso de presente que la automatización del sistema es tal, que las reconexiones se dan

de manera automática cuando el pago es registrado por el aplicativo que llama "RR"; de la misma manera si no fuera el deseo de la empresa demandada, que este proceso lo puedan realizar los Asesores de Servicios como lo es el demandante, el administrador del aplicativo podría eliminarles el permiso, con lo que las reconexiones estarían en manos únicamente del personal con el perfil y las credenciales para hacerlo y si esto es así, necesariamente, Alexander García Reyes tuvo que contar con la

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Radicación n.° 94602 autorización necesaria para hacer la reconexión, que ahora se le imputa como causa de despido. Así pues, concluyó que el hecho de que la cancelación del valor efectuado por el cliente moroso en CAV no haya quedado registrado en la fecha en que se realizó, no era una falla endilgable al trabajador, pues, de acuerdo a lo valorado, se corroboraba que ocurrió por un error de operación del sistema de la empresa, razón por la que la terminación del contrato de trabajo del actor devenía injusta. Consideró que ello llevaría a la condena de la indemnización por terminación injusta del contrato de trabajo, de no ser porque el llamante a juicio sostuvo que su despido se produjo en curso de un conflicto colectivo de trabajo por la presentación ante el empleador de un pliego de peticiones por parte del Sindicato Unión de Trabajadoras y Trabajadores de Claro y las TIC «Ultraclaro». Luego, sobre la protección del art. 25 del Decreto 2351 de 1965 (fuero circunstancial), dijo que operaba siempre y cuando se encontraran ciertos presupuestos, a saber: i) que

se verificara la existencia de un conflicto colectivo y ii) que

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