CSJ - SL1024-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL1024-2023 Radicación n.° 95128 Acta 10 Bogotá, D. C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por GUSTAVO ANTONIO URÁN LAYOS contra la sentencia proferida por Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el veinticinco (25) de marzo de dos mil veintidós (2022), en el proceso que le instauró a IRMA DEL SOCORRO MENDOZA CASTAÑO y a la ADMINISTRADORA

COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES

I. ANTECEDENTES Gustavo Antonio Urán Layos llamó a juicio a Irma del Socorro Mendoza Castaño y a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones con la finalidad de que se condenara: i) a la primera a cancelar a la AFP «el título pensional y/o cálculo actuarial» del periodo comprendido entre el 1° de octubre de 1981 al 22 de agosto de 1982 y, ii)

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Radicación n.° 95128 a la segunda a liquidar y recibir el «título» aludido, así como reconocer la pensión de vejez, a partir del cumplimiento de los requisitos, junto con los intereses moratorios, lo probado ultra y extra petita, más las costas del proceso. Fundamentó sus pedimentos en que laboró a favor de la señora Mendoza Castaño, mediante contrato de trabajo verbal, como empleado de oficios varios, entre el 1° de

octubre de 1981 y el 22 de agosto de 1982, por lo que devengó un SMLMV. Indicó que su empleadora, por Solicitud n.° 2016_13508983 del 21 de noviembre de 2016, requirió a Colpensiones que liquidara el cálculo actuarial, lo cual se atendió el 25 de agosto de 2017 aduciendo que se debía radicar el formulario de conocimiento de cliente y por Respuesta del 19 se septiembre de dicho año se registró «información financiera, declaración de origen de fondos constancias de ingresos, firma y huella dactilar». Manifestó que la dadora de empleo, por Escrito del 26 de septiembre de 2017, allegó la documentación requerida, sin que la entidad encargada del RPMPD emitiera el respectivo cálculo actuarial. Informó que el 5 de septiembre de 2014, peticionó a Colpensiones la pensión de vejez, la cual se negó por Resolución n.° GNR 69609 del 11 de marzo del 2015, porque no cumplía los requisitos de la Ley 797 de 2003, ya que

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Radicación n.° 95128 contaba con 954 semanas entre el 24 de abril de 1973 y el 30 de marzo de 2004. Puntualizó que en su historia laboral se registraban 960.57 semanas y como nació el 4 de septiembre de 1954, al 1° de abril de 1994 no tenía 40 años, pero sí 750 contribuciones, incluyendo el tiempo laborado a favor de la señora Irma del Socorro Mendoza Castaño (f.° 3 a 8 del

cuaderno del juzgado). Colpensiones se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó el requerimiento del cálculo actuarial y la prestación de vejez, sus contestaciones, la data de natalicio, las semanas registradas en toda su vida de 960.57. Respecto de los demás, manifestó que no le constaban o no eran verídicos. En su defensa, propuso como excepciones de mérito las de «improcedencia de la obligación de recibir aportes en mora por ausencia de afiliación», prescripción, «imposibilidad de reconocer y pagar la pensión de vejez», inexistencia de la obligación de reconocer intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, compensación y la imposibilidad de condena en costas (f.° 37 a 42, ibidem). Irma del Socorro Mendoza no rechazó los pedimentos, salvo el respectivo a costas. De los supuestos fácticos, admitió los extremos de la relación, el ingreso, la solicitud que realizó a Colpensiones del cálculo actuarial, las respuestas y la documentación aportada a tal

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Radicación n.° 95128 administradora. En cuanto a los restantes, adujo que no le constaban o eran apreciaciones subjetivas. No formuló medios de defensa perentorios. Precisó que no se oponía «al pago de las semanas solicitadas por el actor, una vez Colpensiones emit[iera] el respectivo cálculo actuarial, con lo que no está de acuerdo […] es que se le condene al pago de la pensión de vejez» (f.° 65

contestación y 74 a 81 subsanación, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, el 18 de octubre de 2018 (f.° 86 a 88 acta y 91 CD, cuaderno del juzgado), resolvió: PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de inexistencia de la obligación de reconocer la pensión de vejez que fuere propuesta por COLPENSIONES, frente a las pretensiones que fueron dirigidas en su contra por el señor GUSTAVO ANTONIO URÁN LAYOS […], según lo expresado en el desarrollo de esta sentencia.

SEGUNDO: Se ABSUELVE a COLPENSIONES de la totalidad de las pretensiones dirigidas en su contra en este trámite procesal

por GUSTAVO ANTONIO URÁN LAYOS […].

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, se ordena COMPULSAR COPIAS ante la Fiscalía General de la Nación a efectos que adelante investigación en aras de definir la posible comisión de cualquier comisión de cualquier injusto punible, en el desarrollo de estas diligencias, conforme a lo que se ha venido expresando en el desarrollo de esta sentencia.

CUARTO: Se CONDENA en costas al demandante GUSTAVO

ANTONIO URÁN LAYOS […].

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al conocer las apelaciones que presentaron la parte activa y la accionada Irma del Socorro Mendoza Castaño, el 25 de marzo de 2022 (f.° 136 a 151,

cuaderno digital del Tribunal), confirmó la decisión inicial y dispuso las costas a cargo de los impugnantes. En lo que interesa al recurso extraordinario, planteó como problema jurídico inicial, conforme a la alzada del demandante, determinar si se acreditó la obligación de la señora Irma del Socorro Mendoza de pagar un cálculo actual a Colpensiones del 1° de octubre de 1981 al 22 de agosto de 1982 y, en caso de que se demostrara dicho deber, analizaría los pedimentos restantes. Sintetizó los artículos 12 y 14 de la Ley 6ª de 1945, 72 de la Ley 90 de 1946, así como el contexto y marco regulatorio de tales normativas, para concretar que desde esta última se impuso la obligación a los empleadores de hacer los aprovisionamientos de capital necesarios para realizar las cotizaciones al ISS, mientras este entraba en vigor. Argumentó que el empleador debía responder por el pago de los tiempos en los que la prestación estuvo a su cargo, pues sólo en ese evento podía considerarse liberado de la carga que le correspondía, ya que una postura contraria

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Radicación n.° 95128 llevaría a desconocer derechos adquiridos o en vía de consolidación bajo una expectativa legítima. Concretó que la responsabilidad del dador de empleo se presentaba en estos eventos: […] i) Bien sea por falta de llamado a inscripción o falta de cobertura del ISS; ii) Aun cuando no se trate de ausencia de afiliación por omisión y en palabras de la Corte Suprema de

Justicia: “el deber de pagar una reserva actuarial para suplir tiempos de no afiliación opera con independencia de que los empleadores «no actuaran de manera incuriosa, al dejar de inscribirlos a la seguridad social en pensiones» (…) “Por este motivo, ya sea por el literal c) o por el literal d) del artículo 33 de la Ley 100, la empresa debe girar el cálculo actuarial” Apoyó su posición en las sentencias CSJ SL2731-2015,

SL14388-20111, CSJ SL2138-201612, CSJ SL4072-2017,

CSJ SL14215-2017, CSJ SL2903-2018, CSJ SL1356-2019, SL1342-2019, CSJ SL5109-2019 y CSJ SL1315-2021, conforme a las cuales, ante la falta de afiliación al sistema general de pensiones, la solución armónica era que se reconociera el tiempo servido con el traslado de un cálculo actuarial a cargo de superior. En cuanto a los extremos de la relación y la remuneración, recordó que era la parte activa a quien correspondía probarlo. No empece, adujo que: i) Respecto al primero la jurisprudencia ha sostenido que si se acreditan unos disímiles a los aducidos en la demanda se tendrán estos y si no se conocían con exactitud, se podían establecer de forma aproximada, siempre que se

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Radicación n.° 95128 tuviera seguridad de la prestación del servicio en determinado periodo. ii) Frente al segundo, la legislación había dispuesto que ante la ausencia de prueba se debía el que ordinariamente se

pagaba por la misma labor y a falta de este el que se fijara tomando en cuenta la cantidad y calidad del trabajo, la aptitud, las condiciones de la región, sin que pudiese ser inferior al SMLMV. Fijó como norte del análisis probatorio, además de la carga procesal que anunció, los literales c) y d) del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, con su modificación del 9° de la Ley 797 de 2003 y adujo que partía de la postura procesal de la señora Irma Socorro Mendoza Castaño que se allanó a la pretensión de condena de pago del cálculo actuarial y extrajo lo relevante del interrogatorio de parte en cuanto al trabajo como modista, el vínculo laboral, la relación con el accionante, el reclamo de este y los trámites que adelantó ante Colpensiones. Arguyó que la confesión, regulada en el canon 191 del CGP, aplicable por el 145 del CPTSS, disponía que la simple declaración de parte debía valorarse siguiendo las reglas generales de apreciación de los medios de convicción y admitía prueba en contrario. Por tanto, analizó de forma conjunta lo dicho por la señora Mendoza Castaño con lo narrado por Gustavo Antonio

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Radicación n.° 95128 y el testigo Darío De Jesús Patiño y llegó al convencimiento de que: […] el demandante sí le hizo mandados a la señora IRMA DEL SOCORRO después de que su madre falleciera: llevaba al centro las prendas de vestir que ella confeccionaba en la máquina de coser, cobraba a esos clientes el dinero de las ventas, y le hacía

los mandados que ella necesitara en el barrio Loreto donde los dos vivían. Pero valorando el acervo probatorio a la luz de lo definido en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo, esta Corporación no encuentra demostrado que se tratase de una prestación del servicio continua e ininterrumpida entre el 1º de octubre de 1981 y el 22 de agosto de 1982, extremos temporales que el demandante ni siquiera conoce; ni mucho menos, que la actividad se realizara todos los días de la semana, de lunes a sábado, en un horario de 7 a.m. a 5 p.m. Indicó que la confesión de la señora Mendoza Castaño encontraba prueba en contrario con lo afirmado por el mismo trabajador en su interrogatorio de parte, del que sintetizó su dicho, para ultimar que: […] son IRMA DEL SOCORRO y GUSTAVO ANTONIO quiénes con su narrativa explican que éste le hacía “mandados”, llevaba la mercancía y recaudaba el dinero de esos clientes, labores que realizaba la progenitora de la demandante (sic) antes de su fallecimiento. Pero, no se genera en la Sala el convencimiento de que la producción realizada sola con su máquina de coser, implicara de GUSTAVO la prestación del servicio de manera continua e ininterrumpida durante todos los días de la semana; aspecto en el que ambos declarantes coinciden pero que se queda huérfano de prueba, porque el testigo DARIO DE JESÚS PATIÑO cuenta que hablaba con Gustavo en el bus, solo veía que él bajaba con el paquete con la ropita que la demandada confeccionaba. Y cuando se le pregunta por el horario de trabajo,

si bien supone que era de lunes a viernes, es enfático al señalar que no se veía con él todos los días, y sólo expresó que un día bajó con el demandante al centro y lo acompañó a llevar el paquete con la ropa. Por tanto, adujo que inspirado en los principios de la crítica probatoria y atendiendo a las circunstancias del pleito, como la conducta de las partes, «en el contexto narrado

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Radicación n.° 95128 por la demandada referido a la depresión con ocasión del fallecimiento de la madre y siendo ella sola la única persona que como modista producía mercancía», no vislumbró la prestación del servicio del actor como mensajero de tiempo completo en los términos narrados en la demanda, ni tampoco que devengara de la señora Mendoza Castaño mensualmente el SMLMV, por lo que no se acreditó que aquella estuviera obligada a afiliar al trabajador al ISS cotizando 30 días al mes. En ese orden, esgrimió que en el sub examine «no se demostr[ó] la calidad de empleadora de la señora Mendoza Castaño entre el 1º de octubre de 1981 y el 22 de agosto de 1982 para ordenar el pago un cálculo actuarial a su cargo por ese lapso», sin que tal conclusión cambiara por la prueba documental, ya que no arrojó elemento diferente, pues estaba relacionada únicamente con el trámite administrativo adelantado ante Colpensiones.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Sala «case totalmente» la sentencia impugnada y, en sede instancia, revoque la decisión del a quo, para que, en su lugar, acceder a las súplicas de la

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Radicación n.° 95128 demanda inicial y se decida en costas lo que corresponda (f.° 3 de la demanda de casación del cuaderno de la Corte). Con tal propósito, formula un cargo por la causal primera de casación, el cual fue replicado únicamente por Colpensiones y se procede a estudiar.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la providencia atacada de violar indirectamente, en la modalidad de «falta de aplicación (infracción directa)» de: […] los artículos 21, 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 12 y 13 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, 22, 33 (literal d) y 141 de la Ley 100 de 1993, 164, 165, 167, 176, 191 y 193 del Código General del Proceso aplicables por remisión expresa del artículo 145 del CPL y SS, 48, 53 y 83 de la Constitución Nacional.

Plantea como errores de hecho en los que incurrió el

Tribunal:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, “que dentro del expediente no se vislumbra la prestación del servicio del actor como mensajero de tiempo completo en los términos narrados en la demanda, (…) ni que devengaba el salario mínimo de la época, de manera que

no acredita dentro del plenario que Irma del Socorro Mendoza Castaño, se encuentra obligada a afiliarlo al I.S.S. como su trabajador”.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que dentro del expediente no quedó establecido claramente soporte del vínculo laboral entre el demandante y la señora Irma del Socorro Mendoza Castaño, por el tiempo comprendido entre el 01 de octubre de 1981 y el 22 de agosto de 1982.

3. Dar por demostrado, No estándolo “Que en este caso no se demuestra la calidad de empleadora de la señora Mendoza Castaño entre el 1º de octubre de 1981 y el 22 de agosto de 1982”

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4. No dar por demostrado, estándolo, que entre el señor Gustavo Antonio Urán Layos y la codemandada señora Irma del Socorro Mendoza Castaño, existió un vínculo laboral entre el 1º de octubre de 1981 y el 22 de agosto de 1982, conforme se desprende de la confesión contenida en la contestación de la demanda, aunada a la prueba testimonial practicada al interior del proceso.

5. No dar por demostrado, estándolo, que entre el señor Gustavo Antonio Urán Layos y la codemandada señora Irma del Socorro Mendoza Castaño, existió un vínculo laboral entre el 1º de octubre de 1981 y el 22 de agosto de 1982, conforme se desprende de la confesión contenida en el Interrogatorio de parte practicada al interior del proceso.

6. No dar por demostrado, estándolo, que el señor Gustavo

Antonio Urán Layos es beneficiario del Régimen de Transición consagrado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, y en consecuencia se debe proceder a reconocer su pensión de vejez de conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 20 del Acuerdo 049 de 1990. Lo anterior, por «no haber apreciado correctamente» los siguientes medios probatorios:

1. Copia de la demanda ordinaria laboral. f.° 3-8 Exp.

2. Copia del Formulario diligenciado de Contribuciones pensionales y Liquidaciones Financieras realizado por la señora Irma del Socorro Mendoza para efectos de tramitar ante Colpensiones el pago del título pensional por el periodo omisivo de afiliación a pensiones de su extrabajador Gustavo Antonio

Urán Layos. f.° 9-14 Exp.

3. Declaración Extrajuicio elevada ante la Notaria Cuarta del Círculo Notarial de Medellín mediante la cual la señora Irma del Socorro Mendoza Castaño, declara bajo la gravedad de Juramento que el señor Gustavo Antonio Urán Layos estuvo vinculado laboralmente con ella del período comprendido del 01 de octubre de 1.981 al 22 de agosto de 1.982. f.° 15 Exp.

4. Declaración Extrajuicio elevada ante la Notaria Cuarta del Círculo Notarial de Medellín mediante la cual el señor Gustavo Antonio Urán Layos, declara bajo la gravedad de Juramento que laboró al servicio de la señora Irma del Socorro Mendoza Castaño del período comprendido del 01 de octubre de 1.981 al 22 de agosto de 1.982. f.° 16 Exp.

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5. Copia de cédula de la señora Irma del Socorro Mendoza

Castaño

6. Copia de la Resolución GNR 69609 de 2015 expedida por Colpensiones f.° 28-30.

7. Reporte de semanas cotizadas ante COLPENSIONES por parte del señor Gustavo Antonio Urán Layos (f.° 31-32 y 58-64).

8. Copia de cédula del demandante f.° 3

9. Contestación de la demanda por parte de la señora Irma del Socorro Mendoza Castaño, de la cual se desprende confesión (f.°

65-66),

10. Subsanación de requisitos de contestación a la demanda (f.°

74-81).

11. Cdcontentivo de la audiencia del artículo 77 y 80 del CPL Y SS y Acta de audiencia Fls.86-88.

En el desarrollo, argumenta que no comparte la aseveración el colegiado sobre que no se acreditó el vínculo laboral del 1° de octubre de 1981 al 22 de agosto de 1982, ya que reposa la confesión de la codemandada Irma del Socorro Mendoza Castaño al admitir los hechos 1° al 9° del gestor, así como la de su interrogatorio de parte, que transcribe, donde se reconoció el nexo por lo que debe condenársela a pagar el cálculo actuarial, sin que pueda endilgarse que le correspondía allegar los medios de convicción, pues son asuntos de la seguridad social. Exalta que, debido a la antigüedad de los hechos, que datan de hace más de 40 años, resulta imposible reconocer

la fecha precisa en que se brindó el servicio y que la buena fe se presume, máxime que:

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Radicación n.° 95128 […] en eventos como los acaecidos en el sub lite, se presentaron por cantidades en dichas calendas, en actividades económicas de tipo informal como talleres de confección, modisterías, salones de belleza, tiendas, bares, licoreras, salsamentarias, etc., donde se vinculaba personal para atender las necesidades específicas de dicho periodo en el negocio, y que en razón del desconocimiento de los propietarios, y en algunos casos falta de capacidad económica para dichos pagos se omitió cumplir con las obligaciones de afiliación y pago de aportes, para los riesgos propios de la seguridad, sin que lo anterior, desdibuje la existencia de la relación laboral. Indica que, contrario a lo dicho por el ad quem, la obligación fue aceptada sin cuestionamiento, pues se admitió que el error de no afiliación se iba a enmendar conforme a la ley, resultando ilógicos los «señalamiento que realiza el juez a quo en el interrogatorio de parte» sobre si tenía recursos para cancelar el título pensional, si sabía cuánto era el valor o tenía garantías para respaldarlo, lo cual resalta porque en casación «se deben atacar no solo los cuestionamientos esgrimidos en la sentencia de segunda, sino también los de primera». Puntualiza que, si la preocupación del operador inicial era la falta de pago del cálculo actuarial, Colpensiones tiene facultades de jurisdicción coactiva para obtener el desembolso de este, incluso persiguiendo los bienes del

deudor. Refiere que la prueba documental acredita la seriedad y compromiso de la señora Irma del Socorro Mendoza en el desembolso de su obligación, porque: […] Se asesoró por parte de profesionales en el Derecho, para encontrar una solución a las obligaciones contraídas con el señor

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Radicación n.° 95128 Gustavo A. Urán Layos, que fueron adquiridas dentro de la vigencia del vínculo laboral, recibiendo asesorías en cuanto a la materialización de los derechos del señor Urán Layos, como de su extinción por el fenómeno prescriptivo, que, por demás, no opera en el caso de marras. […] En esa medida, no se le podía indicar a la codemandada que su obligación laboral consistente en el pago del título pensional se encontraba prescrita y que derivó en una obligación natural. A modo de ejemplo, la posición vigente de la Honorable Sala es la imprescriptibilidad de esos derechos, tal como se ha dispuesto en sentencia del SL 4559 de 2019, del 23 de octubre de 2019; CSJ SL 26330 del 15 de mayo de 2006 y CSJ SL36526, del 23 de julio de 2009, donde se dispuso: « De esta manera, esta corporación ante renovados y sólidos argumentos ha señalado que aspectos tales como el porcentaje de la pensión, los topes máximos pensionales, los linderos máximos para determinar el IBL, el derecho al reajuste pensional, y la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional, no se extinguen por el paso del tiempo (…) Así, al ser la seguridad social un derecho

subjetivo de carácter irrenunciable es exigible judicialmente entre las personas o entidades obligadas a su satisfacción. Luego, es una prerrogativa que no puede ser parcial o tal objeto de dimisión o disposición por su titular, como tampoco puede ser abolida por el paso del tiempo o por imposición de las autoridades. Igualmente, plantea menciona que los medios no calificados evidencian la relación laboral, entre ellos el testimonio de Darío de Jesús Patiño Bedoya, que reproduce. En concreto, señala que adujo que prestó sus servicios como mensajero a la codemandada, que ganaba el mínimo y presenciaba su labor, así como el cobro del dinero, evidenciando los elementos de los artículos 23 y 24 del CST. En apoyo de sus fundamentos, acude a la providencia CSJ SL, 26 oct. 2016, rad. 165528. Esgrime que, con el tiempo del cálculo actuarial, correspondiente a 46.42 semanas, acredita las exigencias

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Radicación n.° 95128 para acceder a la pensión como beneficiario del régimen de transición, pues tendría más de 1006.99 ciclos en toda la vida, sin que se esté afectando el equilibrio financiero porque cotizó más de 20 años (f.° 1 a 26, ibidem).

VII. RÉPLICA Arguye que el colegiado no dejó de aplicar la disposición que regula la materia en cuanto a la posibilidad de ordenar el pago del cálculo actuarial, por lo que no se incurrió en desatino alguno.

Alude que, si el Tribunal hubiera reconocido el derecho,

estaría afectando al sistema, pues no había financiación para el reconocimiento de la prestación y daría paso a convertir esto en un mecanismo para obtener beneficios de forma fraudulenta (f.° 1 a 3, documento de réplica de Colpensiones del cuaderno digital de la Corte).

VIII. CONSIDERACIONES Sea lo primero puntualizar que, si bien es cierto en la proposición jurídica se incurre en la imprecisión de no declarar la violación medio de las normas procesales, también lo es que de una lectura integral de la denuncia, en armonía con lo sostenido por el ad quem, resulta sencillo colegir que su intención era atacar que la apreciación indebida de los elementos, condujo a la violación medio de los cánones 164, 165, 167, 176 del CGP referentes a la necesidad y apreciación de la prueba, así como el 191 del

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Radicación n.° 95128 mismo compendio sobre los requisitos de la confesión, lo cual derivó en la infracción directa (excepcionalmente permitida en el camino de los hechos, según lo dicho en sentencia CSJ SL4315-2019) de los artículos 12 y 13 del Acuerdo 049 de 1990, así como 21 a 24 del CST. A su vez, fue equivocado estructurar reproches en contra de la decisión de primer grado y enlistar 11 medios de convicción como estimados con error, sin aludir en los fundamentos a todos ellos. No obstante, al tenor de lo esbozado, entre otras, en la decisión CSJ SL10453-2016, la Corte realizará su labor en

perspectiva del conflicto que devela la acometida, esto es, según su esquema argumentativo, centrándose únicamente en lo que compete a las falencias fácticas del operador de segundo grado y, en cuanto a los elementos probatorios, en la contestación de demanda y su subsanación, el interrogatorio de parte de la codemandada Irma del Socorro Mendoza Castaño y el testimonio de Darío de Jesús Patiño, pues de ellas se esbozó explicación de forma particular enfocada a evidenciar el desacierto del colegiado, conforme a la exegética requerida en este recurso extraordinario, sin que se efectuara lo mismo de las restantes, ya que alude a ellas de manera genérica e incluso sin ni siquiera referir a algunas, por ejemplo, las declaraciones extrajuicio. No está de más advertir que le compete a este órgano de cierre revisar la legalidad del proveído de segundo grado y si en ese análisis encuentra que en aquella se han vulnerado

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Radicación n.° 95128 derechos de estirpe fundamental o mínimos irrenunciables, deberá descender al análisis sobre si la determinación está ajustada al ordenamiento legal, confrontándola con la ley, en el entendido que el trámite extraordinario es una herramienta «de control de validez de las decisiones judiciales y, por tanto, sirven para unificar las decisiones y evitar providencias manifiestamente contrarias al orden constitucional y legal, lo que incluye la verificación del respeto de los derechos fundamentales» (CC C372-2011). Por ello, teniendo en cuenta que en el caso de autos la prerrogativa reclamada es una prestación de índole especial

y carácter fundamental, como la seguridad social, cuya omisión en su reconocimiento u otorgamiento ajustado a la ley, puede llegar a afectar otras constitucionalmente protegidas, verbigracia, la vida, el mínimo vital y móvil, sí se logra colegir cuál es la amonestación, como se instruyó en sentencia CSJ SL9114-2014 en la que se dijo que el desarrollo histórico que le precede al recurso extraordinario ha permitido que se adecue a: […] cada uno de los estadios del Derecho, pues ha sido necesario sintonizarlo, no solo desde la ley, sino desde la jurisprudencia, consiguiendo la superación de conceptos como el de la proposición jurídica completa y la posibilidad de la integración de las acusaciones, además de escollos como las deficiencias en el alcance de la impugnación de la demanda, entre otros, bajo el derrotero de que es viable que en algunos eventos pueda entenderse el querer del recurrente, eliminando el exceso de ritual manifiesto. En ese orden, le compete a esta Corporación establecer si el colegiado incurrió en una indebida valoración de la contestación de demanda y su subsanación, el interrogatorio

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Radicación n.° 95128 de parte de la codemandada Irma del Socorro Mendoza Castaño y del testimonio de Darío de Jesús Patiño que lo llevó a concluir, desacertadamente, que: […] no se demuestra que en este caso una omisión en materia de afiliación para el señor Urán Rayos, que sustente la obligación de pagar un cálculo actuarial por el literal c) ni por el literal d) del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, ni mucho menos que la señora

Mendoza Castaño, deba responder por el pago del tiempo que el actor realizar la labor de hacer mandados, pues no se ha probado en el plenario con suficiencia que fuera su empleadora […]. Entonces, por metodología, se procede al estudio conjunto de la respuesta al gestor, junto con el interrogatorio de parte y, en caso de hallarse error con tales medios de convicción, se descenderá al testimonio atacado, ya que su estudio procede si, previamente, se demuestra yerro ostensible y manifiesto con base en medios calificados (CSJ

SL4631-2019 y CSJ SL457-2020).

En ese orden:

1. Contestación de la demanda y su subsanación presentada por la accionada Irma del Socorro Mendoza Castaño (f.° 65 de contestación y 74 a 81 de la subsanación, cuaderno del juzgado), así como su interrogatorio de parte.

Este órgano de cierre ha dicho que la refutación al libelo introductor es una pieza procesal que no se enmarca con estrictez en el concepto de prueba calificada y alcanza dicha connotación si de ella se deduce confesión de los hechos allí alegados o en el evento de que la voluntad de las partes sea

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Radicación n.° 95128 ignorada o tergiversada ostensiblemente por el fallador (CSJ SL14542-2016, CSJ SL1516-2018 y CSJ SL3818-2020) y similar escenario ocurre con el interrogatorio de parte, el que podrá ser medio hábil cuando también contenga confesión judicial (CSJ SL3543-2019); eventos que, en efecto, busca

acreditar el censor al estructurar el estudio equivocado de las revelaciones allí vertidas. Pues bien, en la contestación la codemandada admitió los supuestos fácticos del 1° al 7°, que en lo que competen a la materia rezan: PRIMERO: EL demandante […] laboró mediante contrato de trabajo verbal al servicio de la señora Irma del Socorro Mendoza Castaño como empleado de oficios varios entre el 1° de octubre de 1981 y el 22 de agosto de 1982.

SEGUNDO: El salario devengado por el actor fue de un salario mínimo legal mensual vigente para cada periodo de labores.

TERCERO: La demandada Irma del Socorro Mendoza Castaño omitió afiliar a mi poderdante para los riegos de IVM, dentro de los periodos mencionados.

CUARTO: Como consecuencia de ello la accionada señora Irma del Socorro Mendoza Castaño le solicitó a Colpensiones en calidad de empleador, le liquidara el cálculo actuarial de los periodos que había laborado al actor para su servicio comprendidos entre el 1° de octubre de 1981 y el 22 de agosto de 1982 […] Además, no se enfrentó a las pretensiones planteadas en su contra, al sostener que «no me opongo frente a la pretensión de liquidación y pago del cálculo actuarial y/o título pensional con destino a C