CSJ - SL1038-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL1038-2023 Radicación n.° 94158 Acta 11 Bogotá, D. C., diecisiete (17) de abril de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S. A. contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, el diez (10) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que le instauró MARÍA ELISA RODRÍGUEZ HIGUITA a aquella y a las JUNTAS REGIONAL

DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA Y

NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ.

I. ANTECEDENTES María Elisa Rodríguez Higuita llamó a Porvenir S. A., a las Juntas Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia y Nacional de Calificación de Invalidez, con el objeto de que

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Radicación n.° 94158 se declarara que: i) la calificación emitida en primera instancia por la aseguradora Seguros Alfa S. A. en porcentaje del 53.3 % y con fecha de estructuración del día 31 de julio de 2017, no reflejó la real pérdida de la capacidad laboral y su momento de cimentación, dado que no se tuvieron en cuenta todos los diagnósticos que había sufrido y su calenda probable de recuperación; ii) las emitidas por las Juntas Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia y la Nacional de Calificación de Invalidez, en porcentaje del 53.30

% no estimaron su verdadero estado de salud «y la fecha de estructuración que fuera modificada por la Junta Nacional, no reveló la enfermedad en fecha que debió ser determinada por la fecha probable de recuperación».

Igualmente que: iii) se dejara sin efecto alguno las verificaciones hechas por esas instancias y se le diera valor legal a la «aportada» donde se encontró una PCL del 60.6 % y calenda de edificación del 14 de septiembre de 2016, «dado que esta […] refleja[ba] realmente el estado de salud en el cual se [tuvieron] en cuenta todos y cada uno de los ítems de calificación establecidos en la Ley 1507 de 2014 y demás […] esgrimidos por la Organización Mundial de la Salud y la Ley 1616 del 2013 que trata de la garantía de la salud mental de los ciudadanos […]».

En consecuencia, peticionó se condenara a la enjuiciada Porvenir S. A.: i) a otorgar la pensión de invalidez, dada la calificación superior al 50 % y su data de consolidación, ordenándosele a que emitiera una resolución donde se le reconociera la calidad de inválido permanente y

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Radicación n.° 94158 se brindara la prestación; ii) el pago del retroactivo; iii) lo encontrado ultra y extra petita y, las costas. Como fundamentos fácticos de sus pedimentos, expuso que i) el 1° de mayo de 2015 a las 15:50 horas, se desplazaba en calidad de pasajera en la motocicleta de placas NFN50B,

conducida por el señor Nelson Octavio Montoya Rivera, quienes fueron impactados por un vehículo similar, de placas LSK65C, que tenía al volante al señor Carlos Andrés Cerón Vidaldes, en la carrera 8va con calle 10, del barrio Belén en la ciudad de Medellín (Antioquia); ii) el automotor de dos ruedas en que se movilizaba, explotó y como consecuencia, falleció el señor Cerón Vidaldes; iii) el señor Montoya Rivera, sufrió fracturas de primer metacarpiano; iv) ella, ingresó al hospital San Vicente Fundación en esa misma data, con «quemaduras graves severas entre II grado profundo y III grado» que afectaron el 40 % de la superficie del cuerpo «en cara, región posterior del tórax, región dorso lumbar, muslo izquierdo, abdomen, luxación abierta tobillo derecho, con pérdida de masa muscular y extremidad superior derecha y extremidades inferiores y en situación de discapacidad».

Expuso que: iv) el 7 de mayo de 2015, le fue realizada evaluación psiquiátrica por presentar «síntomas de alucinaciones visuales de predominio nocturno sin discurso delirante acompañante, al no referir posible presencia previa de síntomas psicóticos similares». La encontraron en condiciones regulares. Pero, en el examen físico, se observaron «limitaciones para la marcha, con dolor crónico, con sensación de debilidad, le realizaron intervención

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Radicación n.° 94158 quirúrgica para injertos de piel en diferentes áreas del cuerpo, con cicatrización en queloide, en región mandibular izquierda

que requiere resección y reconstrucción mediante colgajos». Además, se denotó que era una paciente con muy alto riesgo de contracturas articulares, principalmente a nivel del hombro, mano y pie derecho, en virtud de lo cual, era menester que continuara manejo y seguimiento por rehabilitación, para prevenir complicaciones secundarias a su movilidad reducida.

Agregó que: v) para el 23 de junio de ese año, en evaluación por psiquiatría, cursó con «síntomas de estrés agudo, tiene alto riesgo de desarrollar trastorno de estrés postraumático»; vi) el l2 de julio de 2015, le dieron de alta en el hospital San Vicente Fundación «con elástico compresivo tipo guante en lucra con dedos, elástico compresivo tipo máscara, elástico compresivo tipo media pantalón en una pierna y máscara silicona y compresor de silicona».

Contó que vii) el 3 de julio de 2015, el diagnóstico médico de egresó rezaba: […] quemaduras que afectan del 40 % al 49 % de la superficie del cuerpo. El tiempo que estuvo hospitalizada la señora María Elisa Rodríguez Higuita, fue de 2 meses, tres días. Valoración por Psicología en SAMEIN SALUD MENTAL INTEGRAL SAS. El día 8 de octubre de 2016, el diagnóstico médico con episodios depresivos moderados, secuelas de otros accidentes y otros problemas especificados relacionados con circunstancias psicosociales. Lo describe continuo y severo, empora con la marcha, además situación emocional difícil escribe angustia en

la situación por la que está pasando.

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Radicación n.° 94158 Discurrió que viii) elevó pedimento de calificación de la PCL ante Porvenir S. A. y el 5 de abril de 2018, fue notificada por Seguros de Vida Alfa S. A. con n.° de Siniestro: 201802809, para que allegara la respectiva documentación de la PCL; ix) el 7 de septiembre de ese año, se le puso de presente la calificación, en atención a la solicitud de Porvenir

S. A., con una PCL del 53.30 % y calenda de estructuración del 31 de julio de 2017; x) apeló dicha decisión, en virtud de que la fecha de edificación no estaba conforme a los lineamientos de la jurisprudencia nacional y no era acorde al Decreto 1507 de 2014; xi) el 28 de enero de 2019 le fue notificado el Dictamen n.° 077673-2018 de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, cuyo numeral 7° consignó que: La fecha de estructuración de la invalidez que presenta la señora María Elisa Rodríguez Higuita ID 1128266526 es el 31 de julio de 2017, no se modifica la asignada por la aseguradora de fondo de pensiones, en razón a que está de acuerdo a lo definido en el artículo 3° del Decreto 1507 de 2014, que dice: “se entiende como la fecha en que una persona pierde un grado o porcentaje de su capacidad laboral u ocupacional, de cualquier origen como consecuencia de una enfermedad o accidente y que se determina

con base en la evolución de las secuelas que han dejado estos, para el estado de invalidez esta fecha debe ser determinada en el momento en que la persona evaluada alcanza el cincuenta por ciento (50 %) de pérdida de la capacidad laboral u ocupacional, esta fecha debe soportarse en la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica y puede ser anterior o corresponder a la fecha de declaratoria de la pérdida de la capacidad labora”, por lo tanto NO es posible asignar como fecha de estructuración, la fecha de ocurrencia del día del accidente de tránsito en razón a que la fecha de estructuración se establece una vez están definidas las secuelas que ha dejado el mismo.

Explicó que: xii) interpuso a través de apoderado, ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez de Antioquia alzada en contra de la decisión «por medio de la cual se decide

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Radicación n.° 94158 el recurso de apelación interpuesto contra la calificación llevada a cabo el día 7 de septiembre de 2018» Dictamen n.° 077673-2018 con el que se calificó el 53.30 % de invalidez y a la misma se le dio como fecha de estructuración el día 31 de julio de 2017, data esta que fue objeto de disenso; xiii) fue citada a valoración médica por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez el 27 de septiembre de 2019 a las 9:30 am, en la diagonal 36 BIS n.° 20-74 Esquina Avenida Parkway, en Bogotá, para darle trámite a la apelación, a lo

cual asistió. Allí, se dispuso: La Junta Nacional de Calificación de Invalidez en el dictamen de determinación de origen y/o pérdida de capacidad laboral y ocupacional, en dictamen n.° 112826526, con fecha del 24/10/2019, resuelve el recurso de apelación así: “MODIFICAR el dictamen n.° 077673-2018 de fecha 11/01/2019, proferido por la Junta Regional de Calificación de Antioquia. Diagnóstico (s)

1. Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos.

2. Quemaduras de región del cuerpo y grado no especificados, cara, cuello, región dorsolumbar, miembro superior y miembro inferior derecho mano izquierda y miembro inferior izquierdo grado III.

Origen: accidente común.

FECHA DE ESTRUCTURACIÓN: 31/07/2017.

Agregó que: xiv) a través de dictamen emitido por el médico especialista en salud ocupacional, Dr. Adiel Gómez Chica, se determinó que tenía una PCL del 60.6 % con una calenda de edificación del 14 de septiembre de 2016, verificación esta que en cuanto al porcentaje y fecha de estructuración distaba mucho del realizado por Seguros de Vida Alfa S. A. y quienes conocieron de los recursos como las

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Radicación n.° 94158 juntas regional y nacional, toda vez que en el PCL su proporción se dio inicialmente por Seguros de Vida Alfa S. A., en el 53.30 %, con data de estructuración del 31 de julio de 2017 y en torno al porcentaje de la PCL no existió un reparo

en las otras instancias, pero sí en cuanto al momento de la edificación, la misma que fue cambiada por la JNCI, que en vez de rebajar el tiempo, la fijó el 31 de julio de 2018, lo que la dejó en la vía de la jurisdicción para que fuera el juez laboral el que decidiera finalmente aquel momento. Relató que, aunque en esta nueva calificación existía diferencia en cuanto a la PCL que fue del 60.6 % que en comparación con el 53.3 % de Seguros de Vida Alfa S. A. implicaba una discrepancia sustancial, la fecha de cimentación que en las calificaciones finalmente quedó fue el 31 de julio de 2018, a pesar de que el accidente fue el 1° de mayo de 2015. Por consiguiente, aseguró que no podía decirse que la calenda de recuperación final de la paciente duró aproximadamente tres años, si se tenía en cuenta la data de estructuración de la junta nacional, razón por la que el día de edificación en la nueva calificación estaba datado el 14 de septiembre de 2016. Anotó que esa calificación que se presentó como prueba en contravía de lo que Seguros de Vida Alfa S. A. y las juntas regional y nacional presentaron como PCL, implicaba la prueba pericial que debía ser tenida en cuenta por el

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Radicación n.° 94158 funcionario judicial (f.° 1 a 6, expediente de primera instancia, cuaderno digital de la Corte). La Junta Nacional de Calificación de Invalidez se opuso a los pedimentos. En cuanto a los hechos, no aceptó ninguno

totalmente, en tanto que aseveró que eran afirmaciones parciales o que no eran verídicos. Propuso como excepciones de mérito las de «legalidad de la calificación expedida por la junta nacional de calificación de invalidez: competencia como calificación de segunda instancia»; «legalidad de la calificación expedida por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez: fundamentación médica de fecha de estructuración»; «inexistencia de obligación a cargo de la junta nacional: inexistencia de pretensiones – competencia del juez laboral»; «buena fe de la parte demandada» y la genérica (f.° 1 a 20, escrito de contestación de la demanda, cuaderno de primera instancia, primera parte, expediente digital). Porvenir S. A. se contrapuso a las pretensas. En torno a los supuestos fácticos, únicamente aceptó el relativo a que la actora radicó ante la administradora solicitud de PCL en fecha del 22 de marzo de 2018 y que Seguros de Vida Alfa S. A., calificó a la llamante a juicio el 7 de septiembre de 2018, otorgándole una PCL del 53.30 % consolidada el 31 de julio de 2017, por lo cual, aquella elevó apelación con el fin de que el asunto, fuera conocido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Frente a los demás, no dio veracidad total y de otros dijo que no eran acertados.

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Radicación n.° 94158 Como mecanismos de defensa de fondo, invocó los de prescripción, «inexistencia de la obligación, cobro de lo no

debido, falta de causa en las pretensiones de la demanda y falta de acreditación de los requisitos legales para reconocer la pensión de invalidez», «petición antes de tiempo», buena fe, «necesidad del equilibrio financiero del sistema», compensación y la genérica (f.° 2 a 17 escrito de contestación de la demanda, cuaderno de primera instancia, tercera parte, expediente digital). La Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia se alejó de los pedimentos del libelo gestor. Sobre los hechos, consintió los alusivos a la notificación del siniestro a Seguros de Vida Alfa S. A., la comunicación del Dictamen n. 077673-2018 y la apelación ante dicha decisión. De cara a los restantes, afirmó que no le constaban o no eran reales. Alegó como excepciones meritorias las de «legalidad, eficacia y obligatoriedad del dictamen» y prescripción (f.° 1 a 7, escrito de contestación de la demanda, cuaderno de primera instancia, cuarta parte, expediente digital).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo del 14 de abril de 2021 (f.° 1 a 3 Acta de audiencia, ibidem) absolvió a los entes enjuiciados y condenó en costas a la llamante a juicio.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, por apelación de la activa, a través de proveído del 10 de

septiembre de 2021 (f.° 1 a 19, cuaderno de segunda instancia, ibidem), decidió: […] REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito dentro del proceso promovido por María Elisa Rodríguez Higuita, en contra de Porvenir S. A. y las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez, para en su lugar: Primero: Condenar a Porvenir S. A. a reconocer y pagar a la señora María Elisa Rodríguez Higuita, la pensión de invalidez a partir del 24 de noviembre de 2015, en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente, a razón de 13 mesadas anuales y, los ajustes legales que determine año a año el Gobierno Nacional.

Segundo: condenar a Porvenir S. A., a reconocer y pagar a la señora María Elisa Rodríguez Higuita, por concepto de retroactivo de las mesadas debidas entre el 24 de noviembre de 2015 y el 31 de agosto de 2021, la suma de $59.591.425, a partir del 1° de septiembre de 2021, la mesada pensional a cancelar, es de $908.526,00 sin perjuicio de los aumentos de ley que realice el Gobierno Nacional año a año, y en razón a 13 mesadas.

Porvenir S. A., deberá indexar, cada una de las mesadas pensionales adeudadas, a partir del 24 de noviembre de 2015 y hasta la fecha de su pago efectivo, con la fórmula expuesta en la parte motiva.

Tercero: se autoriza a Porvenir S. A. a realizar los descuentos en

salud sobre mesadas pensionales ordinarias retroactivas condenadas. Costas en ambas instancias a cargo de Porvenir S. A. y en favor de la demandante, en esta inclúyase como agencias en derecho, la suma de $908.526. En primer lugar, estableció como hechos debidamente acreditados y no discutidos que:

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Radicación n.° 94158 i) El 7 de septiembre de 2018, seguros Alfa S. A. calificó a la demandante con una PCL del 53,30 %, estructurada el 31 de julio de 2017, por los diagnósticos de «quemadura del cuerpo y grado no especificado y episodio depresivo grave síntomas psicóticos». ii) Al mostrarse en desacuerdo con la fecha en la cual se le estructuró la deficiencia, fue evaluada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, entidad que el 11 de enero de 2019 determinó que no modificaba la data asignada. iii) Contra esta decisión también elevó recurso, por lo que fue nuevamente valorada por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez el 24 de octubre de 2019, la que cambió el dictamen objeto de revisión en cuanto a la calenda de edificación de la PCL para indicar que lo fue el 31 de julio de 2018. iv) Acudió ante el doctor Adiel Gómez Chica, médico especialista en salud ocupacional, quien el 10 de junio de 2020, le determinó una pérdida de su capacidad del 60 % estructurada el 14 de septiembre de 2016, por los diagnósticos de «trastorno depresivo moderado y quemaduras

graves 40 % con cicatrización». v) El 20 de noviembre de 2020, Seguros Alfa S. A. volvió a emitir dictamen rectificando lo definido el 7 de septiembre de 2018, en el sentido que la PCL de la accionante era de 23,30 % acaecida el 31 de julio de 2017.

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Radicación n.° 94158 Agregó que en tal instancia se dispuso la valoración de la actora por parte del Centro de Estudios en Derecho y Salud CENDES, de la Universidad CES de Medellín, ente que el 7 de julio de 2021, determinó que presentaba una disminución de su espectro de labores, en un 56.3 % estructurada el 24 de noviembre de 2015, indicándose que «en esta evaluación de la consulta de cirugía plástica, posterior a la hospitalización en la Fundación Hospital San Vicente, se estable[cieron] claramente las secuelas permanentes que presenta[ron], que la lleva[ron] a la condición de invalidez» y en las consideraciones, que la misma se encontraba «acorde con los requisitos definidos en el Decreto 1507 de 2014 y es 24/11/2015, posterior a la finalización de los tratamientos e intervenciones para minimizar las secuelas generadas por sus quemaduras. Así, consideró «que su condición de invalidez se estructur[ó] a partir de este momento, ya que cesa[ron] los tratamientos de cirugía plástica de las secuelas y se [mantuvieron] estables». Esgrimió que el problema jurídico se circunscribía a

establecer si era dable declarar la nulidad de los dictámenes emitidos por la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez, así como el rendido por Seguros Alfa S. A. De ser afirmativa la respuesta, analizaría si la demandante acreditaba a cabalidad los requisitos para ser beneficiara de la pensión de invalidez al presentar una PCL superior al 50 % y tener 50 semanas en los tres años anteriores a la calenda de estructuración.

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Radicación n.° 94158 Procedió a explicar que la Corte Constitucional, entre otras, en proveído CC T873-2013, consideró la calificación de la PCL como un derecho que tiene toda persona, el cual cobraba gran importancia al ser el medio para la realización efectiva de otras garantías fundamentales como la salud, la seguridad social y el mínimo vital, en tanto que permitía determinar a qué tipo de prestaciones podía aspirar el afectado por una enfermedad o accidente, producido con ocasión o como consecuencia de la actividad laboral o por causas de origen común. Agregó que, atendiendo la jurisprudencia de aquella Corporación, la calificación debía considerar las condiciones específicas de cada persona, valoradas sistemáticamente y ella podría tener lugar no solo como consecuencia de una enfermedad o accidente de trabajo claramente identificado, sino también de patologías que resultaran de la evolución posterior a su enfermedad o accidente o, a su vez, por una situación de salud, inclusive de origen común. Recordó que ese colectivo ha establecido reglas procedimentales básicas que regían las actuaciones de los

entes encargados de calificar la PCL y que conformaban los contenidos mínimos del derecho fundamental al debido proceso en esta clase de trámites, encontrándose dentro de ellas que la valoración del estado de salud de la persona calificada «ii) […] debe ser completa integral, pues las juntas deberán proceder a realizar el examen físico correspondiente, y al sustanciar y proferir el respectivo dictamen, deben tener en cuenta todos los aspectos médicos consignados en la

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Radicación n.° 94158 historia clínica y ocupacional del paciente» (CC T713-2014 y CC T093-2016). Detalló que el apartado 41 de la Ley 100 de 1993, determinó que son las juntas de calificación de invalidez, junto con Colpensiones, las EPS, las ARL y las compañías de seguros, las que asumirían los riesgos de invalidez y muerte y, por lo tanto, las entidades responsables de establecer con fundamento en criterios técnicos, médicos y científicos, el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, el origen de esta y su fecha de estructuración. No obstante, sostuvo que, de lo señalado en aquella disposición, ninguna duda quedaba que tales dictámenes eran susceptibles de ser debatidos judicialmente, en virtud de que era posible dentro de un trámite ante la justicia ordinaria se pudiera acreditar por cualquier medio probatorio, los errores en que pudo haber incurrido una pericia, atendiendo que en los juicios laborales, al tenor del artículo 51 del CPTSS, eran admisibles todos los medios de prueba establecidos por la ley.

De acuerdo con ello, afirmó que las partes tenían la libertad probatoria, pudiendo demostrar sus sustentos fácticos a través de lo que les resultara más apropiado, teniendo como único límite los criterios de utilidad, conducencia y pertinencia de los elementos de convicción. Acotó que para el caso, la encargada de establecer la PCL de la actora sería una entidad diferente a la juntas

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Radicación n.° 94158 regional y nacional al haberse presentado inconformidad por parte de la demandante en torno a los dictámenes rendidos por estas, pues así fue previsto por el propio legislador, siendo estos dictámenes los medios de juicio idóneos para que se corroborara tanto el grado de PCL como la calenda de estructuración de la misma, ítems que, en principio, se tenían como invariables, no por el hecho de que tales aspectos exigieran una determinada solemnidad, que desde luego no la tenía, sino porque identificarlos requería de unos conocimientos técnicos y científicos de los que carecía el operador judicial, razón por la que el legislador insistió a diferirlos a organismos especializados en el tema (CSJ SL1021-2019). Afirmó que la jurisprudencia especializada tenía establecido que cuando se controvierte un dictamen, el operador judicial estaba sujeto a tomar en su integridad el que de manera objetiva le diera mayor credibilidad y certeza sobre los puntos debatidos, sin que pudiera configurar uno propio a su acomodo, tomando datos de uno y otro. Resaltó que para el sub judice el dictamen aportado por

la parte accionante no fue elaborado por una institución sino por un médico evaluador particular y que frente al mismo se evidenciaron serios reparos por la juez de instancia, a más que la convocante presentó argumentos consistentes en el recurso de alzada para que se tuviera en cuenta la experticia aportada

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Radicación n.° 94158 Por tales motivos, anotó que le resultó necesario clarificar al asunto decretando una nueva prueba técnica, consistente en la valoración integral de Elisa Rodríguez, por parte del Centro de Estudios en Derecho y Salud CENDES, de la Universidad CES de Medellín, ente que el 2021, corroboró que presentó una PCL del 56.3 %, consolidada el 24 de noviembre de 2015. Memoró que tal estudio decía que fue ajustado a la información contenida en el expediente, a la calidad de la institución por la cual fue rendida y acorde a lo dispuesto en los artículos 226 y ss del CGP y el 145 del CPTSS, por lo cual estimó que era viable otorgarle el mérito probatorio y con ello entrar a verificar si la calificación se había basado en criterios técnicos, pruebas e historias clínicas y valoraciones científicas, encontrando que para su realización, se tuvo en cuenta la cronología del evento padecido por la demandante y las intervenciones de salud, a más de evaluaciones realizadas a aquella, tales como: […] el accidente de tránsito acaecido el 01 de mayo de 2015, la cirugía plástica realizada el 19 de mayo y 24 de noviembre de

2015 y el 01 de diciembre de 2016, por quemaduras GIII del 40% SCT; la cita por psiquiatría del 25 de junio de 2015 en la Fundación Hospitalaria San Vicente, donde se indicó: cursa con síntomas agudas, con alto riesgo de desarrolla un Trastorno de Estrés Postraumático, por lo que se inicia terapia con Sertralina y se da de alta por psiquiatría; el egreso hospitalario del 03 de julio de 2017 (SIC), la cita médica del 14 de septiembre de 2016, donde se le determinó que presenta Episodio depresivo moderado, la atención por psicología en Samein del 8 de octubre de 2016 por Episodio depresivo moderado y la cita del 18 de junio de 2018 por fisiatría en el Hospital San Vicente, adicional a que se le realizó una evaluación de su estado físico, osteomuscular, neurológico, mental, anímico, teniéndose en cuenta por demás las actividades de la vida diaria básica en las cuales presenta dificultades, a más que se evaluaron las secuelas derivadas de

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Radicación n.° 94158 las quemaduras sufridas, el estado de depresión mayor, y la obesidad, encuadrando la fecha de estructuración del estado de invalidez, a los parámetros definidos en el Decreto 1507 de 2014, siendo fijada para el 24 de noviembre de 2015, fecha “posterior a la finalización de los tratamientos e intervenciones para minimizar las secuelas generada por sus quemaduras”,

considerando por demás que “su condición de invalidez se estructura a partir de este momento, ya que cesan los tratamientos de cirugía plástica de las secuelas y se mantienen estables. Es de anotar que, aunque queda pendiente el tratamiento quirúrgico por cirugía plástica de las cicatrices de cara y cuello, a la fecha no se ha programado y es improbable que dentro del Régimen Subsidiado se le realice”, aclarando que si bien las calificaciones anteriores ligaban la fecha de estructuración a la condición mental “esto no es pertinente, toda vez que previamente ya había alcanzado la condición de invalidez, solo que no se tuvieron en cuenta los daños adicionales generados por la limitación en la movilidad de la mano derecha y la evidente desfiguración facial, no estando ambas condiciones en los daños calificados previamente. Aclaró que, si bien la apoderada de Porvenir S. A. en los alegatos de conclusión indicó que no se podía tener como fecha de estructuración el 24 de noviembre de 2015, porque la consulta por cirugía plástica no fue ese día, sino hasta el 24 de noviembre de 2016, bastaba con señalar que el entro de Estudios en Derecho y Salud CENDES, de la Universidad CES de Medellín, en dicho dictamen realizó una relación cronológica de los eventos e intervenciones de salud a fin de determinar la PCL y la fecha de estructuración, tomando una cita del 24 de noviembre de 2015 por cirugía plástica en la Fundación Hospital San Vicente, que concordaba con la depositada en la historia clínica que obraba en el plenario.

Por consiguiente, no el asistía razón a la parte demandada. Discurrió que al haber sido rendida la experticia por una entidad idónea para tal fin y en la cual se acogieron unas conclusiones que atendieron los requisitos y procedimientos

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Radicación n.° 94158 establecidos en el manual para emitirlo, a más que también reflejó y analizó la historia clínica y la valoración actual, reciente y de acuerdo a las condiciones de salud, con el objeto de demostrar la PCL de la demandante, era posible darle valor probatorio y tenerla como un medio de convicción idóneo, para determinar tanto la PCL como la calenda de estructuración. En tal orden, analizó los requisitos legales a fin de establecer si la demandante tenía derecho al otorgamiento y pago de la pensión de invalidez. Para ello, tuvo en cuenta que la norma que gobernaba la situación particular era la vigente al momento de que se estructuró la PCL, la cual, para el 24 de noviembre de 2015, era la Ley 860 de 2003, que exigía una discapacidad del 50 % y 50 semanas de cotización en los tres años anteriores, requerimientos que se observaron satisfechos, pues su PCL era del 56.3 % y entre el 24 de noviembre de 2015 y el mismo día y mes de 2012, alcanzó un total de 62.29 semanas, cúmulo suficiente para que se hiciera acreedora a la prestación desde la fecha de estructuración, al no existir dentro del proceso, medio de convicción que evidenciara pago de incapacidades con posterioridad a dicha data. Por tal motivo, estimó que debía otorgarse y pagar la

prestación a partir del 24 de noviembre de 2015, en cuantía de un SMLMV, dado el monto de las cotizaciones y en razón a 13 mesadas anualidades, en atención a lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005, agregándose que para el caso no

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Radicación n.° 94158 acaeció la prescripción pues el dictamen, fue rendido en el trámite del proceso. Así, reconoció un retroactivo por valor de $59.591.425 y que a partir del 1° de septiembre de 2021, la mesada a cancelar era de $908.526 sin perjuicio de los aumentos de ley que realizara el Gobierno Nacional año a año y en razón a 13 mesadas. Incluso, que el retroactivo debía ser indexado al momento efectivo del pago.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Porvenir S. A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case la sentencia recurrida, a fin de que, en sede de instancia, confirme la de primer grado y, en consecuencia, se le absuelva de lo pedido en la demanda en su contra (f.° 8, demanda de casación, cuaderno digital de la

Corte). Con tal propósito, formula un cargo, fundado en la causal primera de casación laboral, el cual fue objeto