CSJ - SL1043-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL1043-2023 Radicación n.° 92248 Acta 14 Bogotá, D. C., ocho (8) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala los recursos de casación interpuestos por los menores ASMB y JPMB representados por su madre ANGÉLICA PAOLA BELLO AGUDELO, así como el presentado por COOMPHIA SERVICIOS SAS contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el treinta (30) de septiembre de dos mil veinte (2020), en el proceso ordinario que los primeros junto a MERY SOFÍA VARGAS POO, JUAN MANUEL MARTÍNEZ OSPINO, JUAN DAVID MARTÍNEZ VARGAS, MERY ALEXANDRA MARTÍNEZ VARGAS y SANDRA VIVIANA MARTÍNEZ VARGAS instauraron contra GRUPO CREARQ SAS y el segundo.

I. ANTECEDENTES

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Radicación n.° 92248 Mery Sofía Vargas Poo, Juan Manuel Martínez Ospino, Juan David Martínez Vargas, Mery Alexandra Martínez Vargas, Sandra Viviana Martínez Vargas, Angélica Paola Bello Agudelo en nombre propio y en representación de sus hijos menores ASMB y JPMB, llamaron a juicio a Grupo Crearq SAS y Coomphia Servicios SAS, con el fin de que se declarara que el primero, al momento del accidente de trabajo sufrido por Manuel Eduardo Martínez Vargas el 29 de febrero de 2016, no contaba con seguridad ni protección,

siendo la negligencia, imprevisión, descuido y omisión en el riesgo el factor que estructuró la culpa patronal del artículo 216 del CST en forma solidaria. En consecuencia, se condenara al pago de la indemnización plena y ordinaria de perjuicios, al igual que la derivada del daño moral, junto al resarcimiento por lucro cesante para los menores demandantes, debidamente indexadas y costas. Fundamentaron sus peticiones, en que el fenecido prestó sus servicios personales a través de contratos de trabajo, por más de siete años, al servicio de Grupo Crearq SAS y con intermediación de Coomphia Servicios SAS; siendo el último un contrato de trabajo por duración de la obra o labor contratada, desarrollado del 22 de febrero al 7 de marzo de 2016 de forma exclusiva en el cargo de armador. Afirmaron, que Manuel Eduardo Martínez Vargas devengaba en forma mensual la suma de $1.200.000, sin que presentara llamados de atención o inconvenientes en las

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Radicación n.° 92248 funciones encomendadas; que el 29 de febrero de 2016 el trabajador se encontraba en las instalaciones de una construcción del Grupo Crearq SAS y, el suceso laboral se presentó mientras estaba sobre un andamio en cumplimiento de las funciones delegadas por su jefe inmediato y por la falta de condiciones mínimas de seguridad en trabajo en alturas, dado que las convocadas no contaban para ese momento con un supervisor de seguridad y salud o supervisor de trabajo en alturas; que tampoco había, aparentemente, puntos de anclaje en el lugar de los hechos,

elementos de primeros auxilios, ni garantía de un ambiente de trabajo seguro, limitándose a elaborar y diligenciar formatos de inducción y actas de compromiso de seguridad de trabajo en alturas, como la firmada por Martínez Vargas, pero sin que las demandadas cumplieran con los deberes de protección y seguridad, siendo responsables en los daños causados. Aseguran, que el referido trabajador fue de manera posterior trasladado a la Clínica Marly, donde falleció el 7 de marzo de 2016; que el Instituto de Medicina Legal emitió concepto de necropsia que documentó la presencia de un trauma cráneo encefálico severo, junto con lesiones compatibles con embolismo graso con compromiso cerebral, pulmonar y renal, así como la iniciación de una investigación por la Fiscalía 112 Seccional que terminó con archivo por indicación de muerte accidental; que el fallecido, al momento del deceso, contaba con 28 años, era hijo de Mery Sofia Vargas Poo y Juan Manuel Martínez Ospino, hermano de Juan David, Mery Alexandra y Sandra Viviana Martínez

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Radicación n.° 92248 Vargas, y padre de los menores ASMB y JPMB, por lo que se causó una grave pérdida para los demandantes (f.° 9 a 21 del cuaderno n.° 2). El Grupo Crearq SAS se opuso a las pretensiones por considerar que no fungió como empleador de Manuel Eduardo Martínez Vargas, aunado a que no podía configurarse la solidaridad del artículo 34 del CST, al no existir nexo causal entre el accidente de trabajo con la conducta por esa sociedad y Coomphia Servicios SAS en el

desarrollo del mismo. En su defensa propuso las excepciones de mérito de, falta de legitimación por pasiva; reconocimiento del accidente laboral y pago de lo correspondiente por parte de la ARL Axxa Colpatria S. A.; los herederos del trabajador Manuel Eduardo Martínez Vargas no pueden alegar a su favor la propia culpa de éste en el accidente laboral; y, ausencia de nexo causal entre mi poderdante y el accidente laboral sufrido por el señor Manuel Eduardo Martínez Vargas (f.° 90 a 98 y 199 a 205, ibidem). Coomphia Servicios SAS se negó a lo solicitado manifestando que el accidente de trabajo no se produjo en la ejecución de trabajos en alturas, sino por incurrir el extrabajador en comportamientos inseguros al descender de la escalera y no usar los elementos de protección. Agregando que el fallecido recibió inducción sobre los riesgos a los que estaba expuesto y su tratamiento, contaba con capacitación en trabajo en alturas avanzado, entrega de elementos de

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Radicación n.° 92248 protección y firmó el acta de compromiso en el cuidado personal. Excepcionó de fondo, buena fe; culpa exclusiva del demandante; accidente laboral objetivo; capacitación en trabajo de alturas avanzado y entrega de elementos de protección personal; no satisfacción de la carga de la prueba – no se prueba el supuesto de hecho de las pretensiones; cobro de lo no debido; compensación; reducción de la indemnización por imprudencia del trabajador; y, la innominada (f.° 99 A 124 y 171 a 186, ejusdem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá, por sentencia del 29 de noviembre de 2019 (f.° 329 Cd a 330 del cuaderno n.° 2), absolvió de las pretensiones de la demanda.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de los demandantes, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 30 de septiembre de 2020 (f.° 367 a 402 del cuaderno n.° 2), resolvió: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Trece

(13) Laboral del Circuito de Bogotá D.C. en audiencia pública celebrada el 29 de noviembre de 2019, dentro del proceso ordinario laboral de la referencia, para en su lugar, CONDENAR a COOMPHIA SERVICIOS S.A.S. a pagar a título de daño moral los siguientes rubros a favor de:

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Radicación n.° 92248 a. MERY SOFÍA VARGAS POO la suma de $87'780.300, debidamente indexado al momento del pago. b. JUAN MANUEL MARTÍNEZ OSPINO el monto de $87'780.300 debidamente indexado al momento del pago. c. [ASMB] la suma de $87'780.300, debidamente indexado al momento del pago. d. [JPMB] el valor de $87'780.300, debidamente indexado al momento del pago.

e. JUAN DAVID MARTÍNEZ VARGAS la suma de $43'890.150,

debidamente indexado al momento del pago. f. MERY ALEXANDRA MARTÍNEZ VARGAS la suma de $43'890.150, debidamente indexado al momento del pago. g. SANDRA VIVIANA MARTÍNEZ VARGAS la suma de $43'890.150, debidamente indexado al momento del pago.

SEGUNDO: ABSOLVER de las demás pretensiones incoadas en contra de COOMPHIA SERVICIOS SAS y de todas las invocadas contra GRUPO CREARQ SAS, por lo expuesto.

TERCERO: COSTAS. Se revoca la condena en costas impuesta por el A-quo, para que en su lugar lo estén a cargo de la parte demandada, tásense en primera instancia. En esta segunda instancia sin costas, dado el resultado de la alzada.

En lo que interesa al recurso extraordinario, para resolver la alzada y en grado jurisdiccional de consulta que se entiende surtido puesto que analizó integralmente los hechos discutidos, el Tribunal consideró como problema jurídico establecer si del acervo probatorio era posible concluir la existencia de la culpa patronal de Grupo Crearq SAS en el accidente de trabajo sufrido por Manuel Eduardo Martínez Vargas, para, de ser el caso, atendiendo al resultado anterior, determinar la solidaridad de Coomphia Servicios SAS, junto con la materialización de las indemnizaciones pretendidas.

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Radicación n.° 92248 Sostuvo, no ser motivo de controversia el vínculo laboral entre las partes en litigio, pues fue así aceptado por la empresa Coomphia Servicios SAS en la contestación del introductorio; lo que adicionalmente se corroboró de los

medios de convicción obrantes en el plenario, analizados bajo los presupuestos del articulo 60 y 61 del CPTSS, en especial, copia del informe pericial de necropsia (f.° 22 a 24), decisión de archivo emitida por la Fiscalía General de la Nación el 24 de mayo de 2016 y notificación, junto con oficios de entrega de cadáver (f.° 25 a 30, 39 y 40), acta de entrega de elementos de protección (f.° 31 y 127), documento titulado acta de compromiso seguro (f.° 32 y 133), certificación del curso en trabajo seguro en alturas nivel avanzado y temario del mismo (f.° 33 y 125, 204 a 256), similar del programa de protección ante caídas (f.° 34), legajo titulado como inducción al empleado (f.° 35 y 36, 126), solicitud dirigida a Coomphia SAS (f.° 37), orden de entrega de cadáver (f.° 38), registro civil de defunción y nacimiento de Manuel Eduardo Martínez Vargas (f.° 41 a 43), registros civiles de nacimiento de Juan David, Mery Alexandra y Sandra Viviana Martínez Vargas; Ana Sofia y Juan Pablo Martínez Bello (f.° 44 a 47, 266 y 267), copia de las Resoluciones n.° 03002 de 23 de agosto de 2011 y n.° 2102 de 9 de marzo de 2016 (f.° 128 a 132), matriz e identificación de peligros, evaluación del riesgo y determinación de controles (f.° 134 a 141), contrato de prestación de servicios temporales (f.° 142 a 147, 187 a 192),

informe de accidente de trabajo (f.° 280 y 311), copia de la hoja de vida de Manuel Eduardo Martínez Vargas (f.° 281 a 283), copia de formato de investigación de incidente y accidente de trabajo por AXA Colpatria (f.° 284 a 286),

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Radicación n.° 92248 comprobantes de nómina (f.° 287 y 288), Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad Social en el Trabajo y Ambiente (f.° 289 a 310), copia de la Resolución n.° 3401 de 30 de agosto de 2019 (f.° 318 a 323), interrogatorios de parte rendidos por los representantes legales de las demandadas y por Mery Sofia Vargas Poo (f.° CD 327 y 358), probanzas que no fueron tachadas de falsas. Extrajo de las mencionadas que Manuel Eduardo Martínez Vargas fue vinculado a través de un contrato de trabajo con Coomphia Servicios SAS, desde el 22 de febrero de 2016 para ejecutar el cargo de armador, devengando como retribución directa de sus servicios la suma básica de $700.000 (f.° 100, 287 y 288), funciones de las que fue usuaria Grupo Crearq SAS al ser remitido como trabajador en misión (f.° 99). Con igual orientación, que el nexo contractual finalizó el 7 de marzo de 2016 con ocasión al fallecimiento del citado, supuestos fácticos respecto de los cuales no se presentó reparo en esta segunda instancia. Partió de los descritos indiscutidos para reflexionar sobre el alcance del artículo 216 del CST y su correlación con

la posición jurisprudencial de esta Sala conforme a las providencias CSJ SL, 10 mar. 2010, rad. 35261 referente a la responsabilidad del empleador en los riesgos del trabajo, CSJ SL7459-2017 expresando que la culpa patronal surge cuando «quien tiene el deber de seguridad no lo acata y no despliega una acción protectora, que se concreta en la adopción de todas las medidas necesarias para que el empleado no sufra lesión alguna dentro el ejercicio de la tarea

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Radicación n.° 92248 o en su defecto no disminuye los riesgos asociados a ella». Y que, en términos de la sentencia CSJ SL, 30 jun. 2005, rad. 22656 «será el empleador quien demostrara que ha actuado como un buen padre de familia respondiente hasta de la culpa leve». Adujo que, atendiendo el artículo 167 del CGP, corresponde al trabajador o sus causahabientes probar la acción o la omisión del empleador frente a las condiciones de seguridad que debe ofrecer en el sitio de labor y a aquel demostrar que su conducta fue diligente, prudente, cuidadosa de las normas y reglamentos. Señaló que tampoco existía reparo acerca de la causa de la muerte del trabajador porque el informe pericial de necropsia emitido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses reseña como «causa básica de muerte: TRAUMATISMO CONTUNDENTE EN CAÍDA DE ALTURA» (f.° 22 vto.), reiterado por la Fiscalía General de la Nación en determinación del 24 de mayo de 2016 (f.° 25 a 29), al aludir:

[…] deceso de un hombre que en vida se llamó […], quien al parecer sufrió caída desde un andamio el día 29 de febrero de 2016, ingreso a la Clínica de Marly donde recibió atención médica y pese a los procedimientos médicos a los que fue sometido, falleció. […] los medios de conocimiento obtenidos con ocasión de la muerte indican con claridad para el caso que nos ocupa, que el deceso se produjo como consecuencia de muerte VIOLENTA,

ante TRAUMATISMO CONTUNDENTE EN CAÍDA DE ALTURA

(acentúa la Sala). Indicó que de ello también dio razón el informe de Colpatria ARL realizado el día del accidente, así:

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Radicación n.° 92248 […] el señor MANUEL EDUARDO MARTÍNEZ VARGAS se encontraba ubicado aproximadamente a 2 metros 20 cm de altura sobre una estructura, la cual se disponía a bajar de frente por una escalera vertical, este pierde el equilibrio y cae golpeándose en la cabeza y en otras partes del cuerpo contra una estructura metálica (andamio de un nivel), un compañero que se encontraba cerca se dirige donde él para verificar lo sucedido y lo encuentra se mi inconsciente, este avisa al jefe inmediato lo sucedido y le envían una ambulación para que este sea valorado y al centro de atención más cercano (f.° 280). Y, que, en similares términos dentro del legajo denominado investigación del accidente adelantado por la misma entidad, se precisó: […] el trabajador se encontraba trabajando en un nivel superior ubicado a más de 2.20 Metros sin elemento de protección (Casco

de segundad, arnés y eslingas de posicionamiento) el cual se encontraba disponible, el trabajador intenta bajar por una escalera colocada verticalmente de frente, la cual no estaba asegurada, al intentar bajar la escalera esta se corre haciendo perder el equilibrio del trabajador cayendo de una altura aproximada a los 2.20 metros, este golpea con una estructura metálica (andamio) con su cabeza generándole un trauma interno, de inmediato se informa lo sucedido y es solicitada una ambulancia para que preste los primeros auxilios y sea remitido al centro de atención médica para su valoración». Anotó, que el relato guarda identidad con lo mencionado por los representantes legales de las convocadas a juicio, quienes en audiencia celebrada el 25 de noviembre de 2019 (f.° 327 Cd), de manera uniforme resaltaron que: […] el incidente tuvo lugar en la escalera de acceso a la plataforma ubicada a 2.20 metros y, por un acto imprudente del ex trabajador al descender dándole la espalda a la escalera cuando debía haberlo ejecutado de cara a la misma; resaltando Coomphia SAS que ello no constituía trabajo en alturas por no estar sobre la base y, agregando el representante de Crearq SAS que «no cae de 2.2 metros porque eso es el borde de la placa que estaban soldando, él baja, en una parte del trayecto al bajar la escalera, estimamos 1.60, 1.70 porque baja de frente como se lo indiqué anteriormente que es el error que le genera el accidente»; adicionando que el arquitecto encargado de coordinar las labores

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Radicación n.° 92248 no se encontraba en el momento de la caída, por no estar realizándose trabajo en altura dado que, aquel, también vigilaba ese aspecto aun cuando «no tenía licencia HSQ pero estaba en coordinación con la ARL y con todos los protocolos que habían coordinado para ese trabajo, que era de un tiempo mínimo de una duración que no requería un HSO ahí en la obra», pues aquel solo se presenta cuando estaban armando y están sujetos en el aire con «grúas o con unos malacates haciendo unas uniones» de las láminas de stilder para conformar el entre piso sobre unas vigas, como trabajo desplegado por Martínez Vargas. Destacó que las demandadas fueron enfáticas en sus interrogatorios en que al trabajador se le brindaron las capacitaciones correspondientes antes del inicio de las labores, junto con la entrega de los elementos de protección; que el accionar constituía labor en alturas; que el accidente sucedió al final de la jornada; que el servidor se encontraba con su compañero de oficio Iván Darío Velásquez Espitiapara el momento del suceso, quien se quedó a recoger los elementos de tarea olvidados por el primero ante el llamado de salida; que el operario bajó de frente las escaleras posiblemente con el teléfono en la mano dado que encontraron el aparato en el suelo; y, que el siniestro se ocasionó por un tropiezo al descender, por lo que, la altura de la caída fue menor. Acotó, en relación a Iván Darío Velásquez Espitia, que en la determinación de archivo de la Fiscalía General de la Nación (f.° 26) se evidenciaba que este manifestó que el 29 de

febrero de 2016 laboraba con el fallecido sosteniendo un stilder que se utiliza para depositar el concreto y, ante la dificultad de que quedara como correspondía a las 4:30 pm decidieron parar las actividades, mientras intentaban comunicarse con el ingeniero para que les diera

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Radicación n.° 92248 instrucciones para no cometer un error, empero, al constatar que no contestó las llamadas bajaron de la estructura y, al fijarse que se les quedó una careta al otro lado de la placa en la que estaban trabajando, regresó por ella, cuando escuchó un golpe y, al fijarse por el hueco donde estaba la escalera, su compañero estaba allí caído. Consideró que pese a la certeza del accidente, se hallaba un vacío en el hecho exacto de la caída, porque el trabajador solamente se encontraba acompañado por Velásquez Espitia quien se regresó a recoger un elemento y escuchó el golpe, de modo que restaba contundencia al dicho de las demandadas en las precisiones sobre el descenso por la escalera provisional y la forma incorrecta como el siniestrado bajó, sin embargo, ello no fue objeto de discusión por los demandantes quienes centraron la alzada en indicar que el punto de acceso constituía trabajo en alturas. Referenció las sentencias de esta Sala CSJ SL261-2019 y CSJ SL4713-2018 en relación a la verificación de la idoneidad del trabajador desde el inicio de las labores y, precisó que, según la Resolución n.° 1402 de 2012 que establece el reglamento de seguridad para protección contra

caídas en trabajo en alturas, vigente para la data del accidente, la presencia de labores a tal título y la obligatoriedad para desplegar protocolos adicionales se presencia en todo trabajo a «1.50 m o más de un nivel inferior», aduciendo que para construcción de nuevas edificaciones y obras civiles «se entenderá la obligatoriedad de esta resolución una vez la obra haya alcanzado una altura de

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Radicación n.° 92248 1,80m o más sobre un nivel inferior, momento en el cual el control de los riesgos se deberá hacer desde la altura de 1,50m». Señaló, que conforme al artículo 8º de la misma norma, son medidas de protección, la capacitación, sistemas de ingeniería, medidas colectivas de prevención, permiso de trabajo en alturas y los «sistemas de acceso para trabajo en alturas y trabajos en suspensión», de los cuales debe ser conocedor el coordinador de trabajo en alturas al tenor del literal k, inciso 2° del artículo 11, en correlación con lo dispuesto por la Resolución n.° 3368 de 2014. Y que se reclaman conocer al prestador del servicio en términos de nivel de capacitación operativa a través de un curso básico, en tanto debe «utilizar un sistema de acceso seguro como escaleras y plataformas con barandas; o escaleras portátiles, plataformas portátiles, canastillas y similares» (inciso 1º, literal b, numeral 4o, artículo 11 de la Resolución 1402 de 2012). Concluyó, que los sistemas de acceso, lejos de vislumbrarse como una cuestión ajena y distante al acto de

trabajar en niveles superiores, fue conceptuada y entendida como una medida de protección que reclaman cuidado del dador de empleo, según el artículo 18 de la misma norma. Analizó que, para el caso, la escalera debía contar además de la huella y contrahuella, con un sistema antideslizante lo cual no se cumplió en términos del inciso

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Radicación n.° 92248 4º, literal b) del artículo 16 de la Resolución 1402 de 2012 citada, determinados como lineamientos seguros.

Dijo: Al abrigo de tal catalogación, lo primero que habrá de señalarse es que, si bien de la regulación traída a juicio en líneas precedentes no define el ascenso y descenso al sitio de trabajo como una labor en alturas, entendida como aquel despliegue de la fuerza de trabajo a fin de reparar, construir o cumplir el encargo para el cual fue contratado, en el sub examine, el de armador. Ello por sí solo no puede conducir a llevar al traste tal aspecto, como algo ajeno o disímil que no reclama la continuidad en la protección, pues comporta una unidad con el momento de la ejecución de la función, al punto que la norma se limita a determinar su aplicabilidad para el «trabajo en el que exista el riesgo de caer a 1,50 m o más sobre un nivel inferior».

Razón por la cual, desde el mismo ingreso al sitio de la obra se reclama señalización, medidas de control de personal, supervisiones constantes, absorbedores de choques, redes de resguardo de cosas y personas, entre muchas, pues lo perseguido

por las regulaciones citadas no es únicamente definir los lineamientos para el preciso instante de su desarrollo, muy por el contrario, incluyen especificaciones para la mitigación del riesgo en la caída desde la génesis de la labor y en el entendido que se es trabajador de alturas, no solo cuando esta "corporalmente" en un nivel superior, sino desde que debe desplegar su ascenso (Resaltado de la Sala). Anotaciones que efectuó el colegiado para esclarecer la equivocación del representante legal de Crearq SAS que mencionó que no resultaba necesario contar con un coordinador de alturas por tratarse de una obra pequeña y de corto tiempo, lo cual, a su vez el demandado desdijo con la referencia de que éste se había ausentado a recoger unos materiales, además de aducir que por los rangos espacio temporales contaban con la connotación de labores en alturas.

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Radicación n.° 92248 Razonó que al estar acreditado que Manuel Eduardo Martínez Vargas ejecutaba funciones en una plataforma de 2.20 m sobre el nivel del piso, su labor como armador debía entenderse como trabajador de alturas con las consecuencias proteccionistas que ello implicaba, sin acudir acierto a las demandadas en que al descender el trabajador pudo estar a una altura de 1.70 a 1.60 m, porque la Resolución n.° 1402 de 2012 no aplica por la ubicación del trabajador sino que, emana de la altura de la construcción, unido a que el parágrafo del artículo 1º contempló que «el control de los riesgos se deberá hacer desde la altura de 1.50 m».

Indagó sobre el cumplimiento de los parámetros mínimos de seguridad por parte de la demandada, estableciendo que: […] se advierte de la prueba documental que se observaron las cualidades profesionales del trabajador, como emana del certificado de trabajo en alturas avanzado del 2 de mayo ' de 2015 (folio 33); junto con la realización de capacitaciones de inducción el 19 de febrero de 2016, respecto a las generalidades de salud ocupacional por el tipo de riesgos y reporte de accidentes de trabajo (fl. 36) con la suscripción del causante de acta de compromiso seguro (fl. 133), y la entrega de elementos de protección el 24 de febrero de 2016, según da cuenta el legajo a folio 31 y 127 que señala: «ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL […] 1) Arnés de cuerpo entero 2) Eslinga de posicionamiento 3) Eslinga de absorción de caídas 4) Casco dieléctrico con barbuquejo 5) Mascara de protección respiratoria 6) Filtros para mascara de protección respiratoria […].

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Radicación n.° 92248 Descartó el estudio del manual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y ambiente de Coomphia SAS (f.° 289 a 310) por no contar con una data de expedición certera, puesto que solo refiere ser la segunda versión del 15 de diciembre de 2016, fecha posterior al accidente de trabajo que acaeció el 29 de febrero de 2016. Aludió igualmente que, en lo concerniente a la necesidad de la presencia de un supervisor de trabajo en alturas (título encargado al arquitecto de la obra), aunque el

empleador contaba con el mismo, del interrogatorio de parte del representante legal de Crearq SAS se extrajo la confesión de la no presencia por un tiempo prolongado, lo que se ratificó con el dicho del compañero de trabajo Iván Darío Velásquez ante la Fiscalía, quien indicó que sobre las 4:30 pm intentaron comunicarse telefónicamente con aquél sin obtener respuesta (f.° 26), hasta que con el fenecido decidieron descender y, el accidente se presentó a las 5:10 pm (f.° 280), unido a la aceptación de la circunstancia de que el supervisor no satisfacía los requisitos para cumplir la responsabilidad por carecer de autorización HSEQ y no saber si poseía licencia de seguridad y salud en el trabajo (artículo 2º numeral 15, 3º numerales 6° y 13, artículo 8º y 11 numeral 2º de la Resolución n.° 1402 de 2012). Discurrió que, aun cuando se estableció que el ex trabajador incumplió con las obligaciones básicas de protección al resolver desprenderse en su haber corporal de los elementos mínimos de asegurabilidad, no podía pasarse por alto que las llamadas a debate incurrieron en desidia y

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Radicación n.° 92248 negligencia en la consumación de sus deberes de análisis, eliminación, reducción o al menos en impedir el riesgo, como un buen padre de familia lo hubiera ejecutado con sus negocios, memorando la CSJ SL2824-2018, conduciendo así a declarar la culpa de Coomphia Servicios SAS en la ocurrencia del infortunio del 29 de febrero de 2016 como

directa empleadora de Manuel Eduardo Martínez Vargas, dimanando en que sería aquella quien respondiera de las obligaciones monetarias que surgieran en el ámbito indemnizatorio y sin que pudiera entrarse a declarar solidaridad de Crearq SAS en la consumación, no solo porque el extremo accionante no desplegó un debate probatorio para desvirtuar que el objeto contractual visible a folio 187 desbordara los parámetro del artículo 77 de la Ley 50 de 1990 y, que superara el periodo de seis meses en la medida que el ingreso del causante lo fue el 22 de febrero 2016 y el accidente de trabajo se presentó 29 de ese mes y año. Afirmó de allí que, ante la falta de prueba que permitiera trasladar la responsabilidad a Crearq SAS, máxime cuando se incorporaron las licencias de funcionamiento a nombre de Coomphia SAS emitidas por el Ministerio (f.° 128 a 132), debía negarse la solidaridad. Determinó que, en lo relacionado a la indemnización plena de perjuicios, de un estudio concienzudo del acervo probatorio, era viable indicar que la activa no logró demostrar lo concerniente al lucro cesante y daño emergente, pues de las pruebas documentales y declarativas nada se dijo respecto a los montos que aquellos sufragaron con ocasión

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Radicación n.° 92248 al fallecimiento del trabajador, ni los que percibían, al punto que la progenitora como única interrogada en el sub examine, señaló que no dependía de su hijo y que aquel ocasionalmente les ayudaba, pero sin referir en que valor. Circunstancia que, sostuvo, cobija igualmente a los

demás demandantes, aun los descendientes del fenecido Martínez Vargas, pues pese a saltar incontrastable el deber de alimentos que implica el rol de padre respecto a sus hijos a voces del 411 del Código Civil, los mismos debían acreditarse en cálculo monetario a fin de ejecutar la correspondiente liquidación, citando a esta Corporación sin individualizar la decisión reiterada. Agregó, que ello se hacía latente también máxime cuando, si bien solicitó de manera genérica el pago de la indemnización plena de perjuicios, al momento de detallar los reclamos de los menores ASMB y JPMB como hijos del de cujus (f.° 266 y 267), al individualizarlos solo se buscó el pago por lucro cesante. Aseveró en lo tocante a los perjuicios morales, los que, según la decisión de esta Sala CSJ SL, 30 oct. 2012, rad. 39631 se clasifican en objetivados y subjetivados, que, a pesar de que los mismos no fueron diferenciados en las pretensiones, de la concatenación de los hechos de la demanda, en específico el 36 (f.° 154), se reclamaron los segundos por la grave pérdida que produjo el fallecimiento del trabajador. Prestación que conforme a la sentencia CSJ SL633-2020 no requiere prueba por tratarse de aquellos que

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Radicación n.° 92248 definen el precio del dolor o pretium doloris y que, en el caso, se configuraba para los peticionarios con excepción de Angélica Paola Bello Agudelo, pues si bien fue la madre de los hijos del causante no acreditó que para la data del

accidente continuara algún lazo sentimental con el trabajador malogrado, «al punto que VARGAS POO en su interrogatorio reseñó que Manuel Martínez para el momento del fallecimiento estaba conviviendo con otra persona, con una novia (f.° 358 Cd)». Siguió los lineamientos de la sentencia de unificación del Consejo de Estado con radicado 66001-23-31-000-200100731-01 (26251) del 28 de agosto de 2014 a efectos de fijar el monto de las condenas, aplicando los niveles definidos para la reparación del perjuicio moral, según la cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acud