CSJ - SL1050-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL1050-2023 Radicación n.° 92706 Acta 16 Bogotá, D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por LUIS GERMÁN TABARES SÁNCHEZ contra la sentencia proferida el 31 de mayo de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en el proceso ordinario laboral que instauraron ARGEMIRO VILLADA GARZÓN y HERICA MARSELA VILLADA ZAPATA contra el recurrente.

I. ANTECEDENTES Los citados accionantes llamaron a juicio a Luis Germán Tabares Sánchez con el propósito de que se hicieran las siguientes declaraciones: i) que Argemiro Villada Garzón y el demandado estuvieron atados a un contrato de trabajo verbal a término indefinido; ii) que el referido trabajador

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Radicación n.°92706 sufrió un accidente de origen laboral; iii) que por concurrir los tres elementos esenciales exigidos por el Código Sustantivo de Trabajo, esto es, la prestación personal de servicio, la subordinación y la remuneración, «entre la señora LUZ MERY ZAPATA GUZMÁN esposa del señor ARGEMIRO VILLADA GARZÓN y madre de HERICA MARSELA VILLADA ZAPATA y el señor LUIS GERMÁN TABARES SÁNCHEZ como propietario de la finca El Paraíso, Vetulia Alta de la ciudad de Pereira», existió un contrato de trabajo verbal a término

indefinido; y iv) que la citada trabajadora igualmente tuvo un accidente de naturaleza laboral. Como consecuencia de lo anterior, deprecaron que el accionado fuera condenado al pago de las siguientes sumas: Por el accidente sufrido por Argemiro Villada Garzón: Así mismo, por el infortunio padecido por Luz Mery

Zapata Guzmán y otros conceptos:

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R D e a p ñ a o r a m c i o ó r n a d l p C e o S O N C E P T l d a ñ o a r e l a c c u b t o t a O l i d l a e s n a t e l u d $ $ $ 1 V 4 A 7 7 7 L 3 3 . O . 7 . 7 5 R 7 7 4 1 1 3 . 7 . 7 . 4 0 0 0 0 0 0 CONCEPTO VALOR Salario de seis meses $ 5.532.877 Vacaciones $ 3 68.858 Cesantías $ 3 68.858 Prima $ 3 68.858 Lucro cesante futuro $ 283.283.328 Daño emergente $ 10.000.000 Perjuicios morales para el cónyuge $ 73.771.700 Perjuicios morales para la hija $ 73.771.700 Daño a la vida en relación o daño psicologico $ 73.771.700 Sub total $ 5 21.237.879

TOTAL CONDENA $ 6 68.781.279

Radicación n.°92706 Igualmente, pidieron que las condenas impartidas se sufragaran debidamente indexadas; que se condenara a lo que resulte probado ultra o extra petita y las costas del proceso. Como fundamento de sus pretensiones, manifestaron que Argemiro Villada Garzón –trabajadory Luis Germán Tabares Sánchez –empleador-, el 4 de mayo de 2017 «pactaron» verbalmente un contrato de trabajo, para desempeñarse como mayordomo o «agregado» de la finca El Paraíso, en Vetulia Alta de la ciudad de Pereira, con un salario mensual de $180.000; que el actor debía laborar todos los días de la semana, por lo que vivía en el predio con su esposa Luz Mery Zapata Guzmán; que ella con la autorización del demandado, instaló en la casa una «venta de parva y mecato para los trabajadores de la finca», que eran aproximadamente 52 a quienes también les preparaba desayuno, almuerzo y comida, así como café varias veces al día. Narraron que, por los citados alimentos, cada recolector de café de la finca debía sufragar $10.000 diarios, los cuales eran descontados por el propietario el día del pago «y entregados a la señora Luz Mery Zapata». Arguyeron que, la orden del accionado era que ella cuidara la casa y le hiciera el aseo, también debía mantener limpio el cuartel de los trabajadores y diariamente entregarle a cada uno las herramientas de trabajo, labor que desempeñó de forma personal, continua y a cabalidad.

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Radicación n.°92706 Mencionaron que el 16 de octubre de 2017, sobre las 4:30 a.m., la señora Zapata Guzmán se disponía a preparar el desayuno para los trabajadores y al encender el «rustico fogón con que contaba la casa de la finca» que funcionaba con «querosene», explotó el líquido inflamable, pues «lo que le habían vendido a su esposo era gasolina y no querosene, recorriendo el fuego todo su cuerpo y alcanzando el bidón que contenía el combustible, el cual provocó una explosión mucho mayor y a su vez un incendio, lo que generó el cierre hermético de las puertas de la cocina». Relataron que su cónyuge para auxiliarla entró por la ventana, pero el fuego también lo alcanzó provocándole severas quemaduras en su espalda, brazo izquierdo y piernas; que ambos fueron auxiliados por los trabajadores y remitidos al Hospital San Jorge de Pereira; que posteriormente Luz Mery fue trasladada al Hospital Simón Bolívar de la ciudad de Bogotá, donde finalmente falleció el 20 de octubre de 2017 por la gravedad de sus quemaduras. Indicaron que el señor Argemiro Villada Garzón recibía tratamientos para recuperarse de las quemaduras de segundo grado sufridas en tronco, hombro, miembro superior, cadera, tobillo y pie; que los médicos tratantes le habían indicado que no puede laborar nuevamente en el campo por su exposición a la radiación y que debe estar en ambientes fríos. Agregaron que él, desde el suceso fatal, está

en tratamiento psiquiátrico porque tiene crisis nerviosas y olvido de las cosas.

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Radicación n.°92706 Aseveraron que el propietario de la finca nunca realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, por lo que todos los servicios médicos fueron asumidos por el régimen subsidiado de salud; que, además, al momento del accidente ni la casa ni la finca contaban con elementos de primeros auxilios ni con extintores que hubieran servido para contrarrestar la gravedad de los hechos. Refirieron que, aunque en principio el contrato laboral se pactó entre Luis Germán Tabares Sánchez y Argemiro Villada Garzón, las funciones desarrolladas personalmente por Luz Mery Zapata Guzmán permitían pregonar que entre ella y el accionado también se configuró una relación de trabajo, por ende, el empleador adeuda los conceptos previamente señalados. Agregaron que el trabajador actúa en este proceso en nombre propio y cómo cónyuge de la causante; y que Herica Marsela Villada Zapata lo hace en calidad de hija de la pareja. Luis Germán Tabares Sánchez al dar respuesta a la demanda, se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó la existencia de un contrato verbal de trabajo con Argemiro Villada Garzón; las tareas desarrolladas en la finca El Paraíso y el cargo del demandante como mayordomo o «agregado»; así mismo, admitió el fallecimiento de la señora Luz Mery Zapata Guzmán el 20 de octubre de 2017; las quemaduras sufridas por el trabajador y su proceso de

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Radicación n.°92706 rehabilitación. Frente a los demás supuestos fácticos, dijo que no eran ciertos o que no le constaban. Como argumentos de defensa, expuso que el vínculo de trabajo que sostuvo con el promotor del proceso fue para desarrollar actividades agrícolas en la finca El Paraíso; que en su condición de mayordomo o «agregado» le correspondía ejercer control sobre las actividades del predio y de los demás trabajadores; y como contraprestación al servicio prestado el accionante recibía un salario y le era asignado una vivienda para que la ocupara junto con su familia. Precisó que, como era costumbre en el campo, los trabajadores estacionarios podían alimentarse en la misma finca donde laboraban, proceso que se desarrollaba entre el «agregado» y los otros empleados, sin que existiera intervención alguna del dueño del inmueble. Indicó que en el sub judice el señor Villada Garzón dispuso de una tienda distribuidora de comestibles para los trabajadores y para demás personas que se acercaran a la finca; que éste contrató con los trabajadores el suministro de los alimentos y que ellos autorizaron al dueño de la finca, «para que de su jornal les descontara el valor diario por concepto de alimentación»; sumas que eran entregados «al agregado mediante una lista hecha a mano que remitía todos los viernes». De otra parte, señaló que ni él, como propietario de la finca, ni su familia, recibieron servicios de aseo, cuidado, ni

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Radicación n.°92706 vigilancia de su casa de habitación ni del inmueble en su integridad por parte de la señora Luz Mery Zapata Guzmán, pues ella siempre permaneció en su casa de habitación que estaba distante de la vivienda principal y tampoco tenía la función de asear el cuartel de los trabajadores, toda vez que ellos mismos se preocupaban de organizar sus camas y sus ropas. Dijo que desconocía por completo si la esposa del actor les entregaba las herramientas a los trabajadores, toda vez que el mayordomo era quien tenía esa función y, por tanto, debía ser atendida por él. Precisó que ignora los pormenores del accidente que le causó la muerte a la señora Luz Mery Zapata Guzmán y dejó lesionado al demandante, ya que la vivienda que se les entregó estaba dotada de fogón de leña y por la descripción que se realiza en la presente demanda, es evidente que hubo un manejo indebido de combustibles por parte de la cónyuge del trabajador; que tampoco sabe si el actor tenían al interior de su hogar elementos de primeros auxilios o extintores, por cuanto la casa que ocupaban no hacía parte de la infraestructura donde debía prestar servicios el mayordomo. Formuló las excepciones de falta de causa para demandar, cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación, mala fe o temeridad, prescripción y compensación.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, al

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Radicación n.°92706 que correspondió dirimir el trámite de la primera instancia,

mediante fallo del 20 de noviembre de 2019, resolvió: PRIMERO: DECLARAR probadas las excepciones de mérito planteadas por la parte demandada y en consecuencia absolverla de las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte actora en un 100%.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, al conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, mediante sentencia proferida el 31 de mayo de 2021, decidió: PRIMERO. - REVOCAR la sentencia emitida el 20 de noviembre de 2019 por el Juzgado Cuarto Laboral de Pereira dentro del proceso Ordinario Laboral de la referencia, en cuanto absolvió de las pretensiones al demandado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO. – En su lugar, DECLARAR que entre la fallecida LUZ MERY ZAPATA GUZMÁN y LUIS GERMÁN TABARES existió contrato de trabajo entre el 04 de mayo y el 20 de octubre de 2017.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR al demandado LUIS GERMÁN TABARES a pagarle a la sucesión de la señora LUZ MERY ZAPATA GUZMÁN la suma de TRES

MILLONES SETENCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($3.726.669,85) por concepto de salarios y prestaciones sociales adeudadas a la fallecida LUZ MERY ZAPATA GUZMÁN.

CUARTO: DECLARAR que el accidente sufrido por la fallecida LUZ MERY ZAPATA GUZMÁN y por ARGEMIRO VILLADA GARZÓN el 17 de octubre de 2017, fue de origen laboral y con culpa del empleador.

QUINTO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR al señor LUIS GERMÁN TABARES a pagar a favor del señor

Argemiro Villada la suma de NOVENTA Y DOS MILLONES

OCHENTA Y NUEVE VEINTINUEVE PESOS ($92.089.029) por

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Radicación n.°92706 concepto de lucro cesante, DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CINCO PESOS ($2.966.065) por daño emergente y SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS ($73.771.700) por concepto de perjuicios morales subjetivos.

SEXTO: CONDENAR al señor Luis Germán Tabares a pagar a la señora Herica Marsela Villada Zapata la suma de SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS ($73.771.700) por concepto de perjuicios morales subjetivos.

SÉPTIMO: ABSOLVER de todo lo demás al demandado.

OCTAVO: CONDENAR al demandado al pago de las costas de primera y segunda instancia en un 80% a favor de la parte demandante, las cuales se liquidarán por el juzgado de origen.

El juez plural definió como problema jurídico a resolver, establecer si existió contrato de trabajo entre la señora Luz Mery Zapata y el demandado, al igual si hay lugar a la

indemnización plena de perjuicios por el accidente producto del cual aquella perdió la vida y el demandante resultó lesionado. El ad quem recordó que cuando se reclama la existencia del contrato de trabajo, el promotor del proceso o, en este caso, sus causahabientes tienen la obligación de probar la prestación personal del servicio, para que opere la presunción establecida en el artículo 24 del CST y que ampara a quien la ley considera la parte débil en la relación jurídico-procesal, trasladando la carga de la prueba al empleador «que ha de procurar desvirtuar los elementos indispensables del contrato», para así librar su responsabilidad.

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Radicación n.°92706 Expuso que la cultura y la sociedad le han atribuido un patrón predominantemente reproductivo a la mujer por cuenta del cual ha sido históricamente relegada al trabajo doméstico o de cuidado, que comprende labores de limpieza, preparación de alimentos, crianza de niños, cuidado de enfermos y adultos mayores, labores secretariales y de enseñanza. La mayoría de estas ocupaciones se hallan ligadas a cualidades adjudicadas tradicionalmente a las mujeres, lo que deriva en estereotipos de género socioculturales. Dijo que la histórica feminización del rol de cuidado y la consecuente segregación ocupacional basada en estereotipos de género no solo comporta invisibilización y subvaloración de las actividades asociadas a ese esquema, sino que incluso conlleva marginalidad y pauperización de las condiciones de empleo de las personas que se ocupan de estas actividades, pues las relaciones de trabajo se enmascaran bajo la forma

de favores, obligaciones morales o familiares, deudas de gratitud o incluso como actos voluntarios de carácter gratuito, predominando para ellas el trabajo no registrado y no reconocido o subvalorado en términos de reconocimiento social y, consecuentemente con ello, de la ausencia de una asignación de valor económico a su trabajo. Manifestó que, al amparo de los compromisos internacionales de Colombia, los funcionarios judiciales tienen el deber de aplicar el derecho a la igualdad dentro de las decisiones judiciales, para efectos de disminuir la violencia y la discriminación frente a grupos desprotegidos y

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Radicación n.°92706 débiles, como ocurre con la mujer. Para ello, trajo a colación lo indicado en la sentencia CSJ SC-126252018, que estableció que juzgar con perspectiva de género supone «recibir la causa y analizar si en ella se vislumbran situaciones de discriminación (o categorías sospechosas) entre los sujetos del proceso o asimetrías que obliguen a dilucidar la prueba y valorarla de forma diferente, lo que implica aplicar justicia no con rostro de mujer ni con rostro de hombre, sino con rostro humano». Afirmó que en un asunto similar al aquí analizado, ese Tribunal explicó que abordar un caso con perspectiva de género implica privilegiar el uso la «prueba indiciaria», ante la imposibilidad de obtener la «prueba directa», pues su aplicación se hace necesaria, no solo para superar el estereotipo social que subvalora e invisibiliza el trabajo doméstico, sino porque de los elementos probatorios de la presente contienda judicial se observa que dicha

subvaloración se hizo evidente «en el comportamiento que desplegó la parte empleadora en la contratación, ejecución y terminación del contrato» de la causante. Especificó que, en otras palabras, en el comportamiento del empleador se perpetúa la discriminación de género contra las mujeres que realizan trabajos domésticos. Y ante dichas particularidades se concluyó que el asunto ciertamente ameritaba una valoración probatoria especial y de más cuidado «en aplicación de la perspectiva de género en favor de un grupo de mujeres históricamente discriminadas».

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Radicación n.°92706 El juez de apelaciones al entrar a estudiar si entre el demandado y Luz Mery Zapata Guzmán existió un contrato de trabajo, expuso que ha sido una práctica corriente que se ha convertido en costumbre en el campo colombiano, especialmente en las fincas cafeteras, la de contratar un «agregado o mayordomo con esposa o compañera», para que ambos se ocupen de las tareas relacionadas con la administración y cuidado de la hacienda, pero el contrato se celebra solo con aquél. Dijo que en tales condiciones únicamente se le paga al hombre y no a la mujer, «bajo la deplorable idea» de que el trabajo doméstico, asignado histórica y culturalmente al rol femenino, no tiene valor económico alguno o viene dado en subsidio de la función primordial de mayordomía a cargo del jefe de la familia, en la que el empleador incluye el cuidado y la preparación de alimentos a los trabajadores, como parte de los servicios que debe ofrecer el «casero», «agregado» o mayordomo con el auxilio de su pareja. Arguyó que este tipo de contextos socioculturales no

pueden ser ignorados por la justicia, pues la realización de la igualdad material (artículo 13 de la CP) exige la visibilización y descripción del trabajo oculto de la mujer en situaciones donde la cultura machista se ha encargado de borrarla o subvalorarla, porque no de otra manera se puede alcanzar el propósito constitucional de eliminar todo tipo de discriminación laboral fundada en razones de sexo o género; de allí la importancia de que sea necesario acudir a criterios y enfoques diferenciadores surgidos de una adecuada

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Radicación n.°92706 aplicación de la perspectiva de género, «no solo en el plano teórico, sino sobre todo en la valoración de las pruebas». Consideró que en este caso se debía verificar si dentro de las funciones propias del agregado o mayordomo, relacionadas con el mantenimiento de la hacienda, las tareas de producción y recolección de frutos, cuidado y abono de cultivos, administración y cuidado de animales, jardines, conservación de las instalaciones de la finca como la casa misma y los cuartos o cuarteles de los trabajadores, la portería, etc., se involucró la actividad directa de su compañera o cónyuge, lo que sin duda alguna configuraba una actividad que le reportaba beneficios al empleador o dueño del inmueble, pese a lo cual ninguna remuneración recibió la mujer, bajo la justificación de que dichos servicios hacen parte del trabajo retribuido al hombre. En tal sentido, el juez plural luego de referirse a los interrogatorios absueltos por el demandado Luis Germán Tabares Sánchez y el actor Argemiro Villada Garzón, así

como a los testimonios de Luis Ángel Sánchez Ramírez, Nelson Suárez Trejos y Jeover Gómez Bedoya, refirió que los mismos dejaron en evidencia que Luz Mery Zapata Guzmán convivía junto a su esposo Argemiro, en la casa que el accionado tenía dispuesta en su finca para la vivienda del agregado o mayordomo; que dicha propiedad llegaba a tener en época de cosecha hasta 60 trabajadores y contaba con instalaciones o cuarteles donde pernoctaban los recolectores de café entre semana, dado que dicha tarea empezaba desde las primeras horas del día; que también había quedado

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Radicación n.°92706 demostrado que el dueño de la finca autorizó al demandante y a su cónyuge para que instalaran una especie de tienda donde se comercializaban algunos productos básicos para los trabajadores; cuyo costo era descontado del pago semanal que éstos recibían por el kilaje recogido a lo largo de la semana. Precisó que de los testimonios igualmente surgía que Luz Mery Zapata Guzmán se ocupaba de preparar alimentos para los trabajadores por los cuales cada uno cancelaba una tarifa única de $10.000 diarios, que incluía las tres comidas del día así como el café de la mañana y de la noche; que también era evidente que el reclutamiento de recolectores de café era una de las tareas asignadas al mayordomo de la finca y se realizaba especialmente en la galería, donde se ofrecía el trabajo a los interesados, informándoseles que se paga el kilo recolectado a $450 o $500 pesos, se prometía el hospedaje en la misma finca, la alimentación y la venta de cigarrillos.

Asimismo, esgrimió que «todos los deponentes, reconocieron que Argemiro establecía el precio de la alimentación» y no permitía que se contratara en otra parte o que los trabajadores prepararan comida en la finca, salvo que el recolector fuera vecino, caso en el cual podía ir hasta la casa a comer o llevar preparado. Puntualizó que no era «enteramente cierta la afirmación» del empleador de que los trabajadores eran libres de comprar los alimentos en lugares distintos a la finca, pues la ubicación rural de esta clase de feudos y la falta de medios

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Radicación n.°92706 de transporte inter rural dificultaba su desplazamiento hasta restaurantes; de modo que la preparación «por parte de la alimentadora de la finca redundaba en un beneficio directo para el dueño de la finca, pues permitía una recolección ágil de la cosecha e impide que el grano se caiga si no se coge a tiempo». Mencionó que del análisis de las planillas de pago semanal de febrero a noviembre de 2017, «en las que se registra el nombre del trabajador, cédula, días laborados, kilos, devengado, deducido, total recibido y firma del trabajador» se desprendía que con posterioridad al accidente en el que murió Luz Mery Zapata Guzmán, el demandado continúo descontando a los trabajadores el costo de la alimentación, de lo que se infería que dicho servicio siguió siendo garantizado por la finca y, por tanto, «que Luz Mery Zapata sí prestaba sus servicios como alimentadora» y en su ausencia el demandado se vio obligado a contratar con otra

persona, «al parecer un señor de nombre Fabio Villada, que es quien aparece firmando los listados de alimentación del 17 de octubre de 2017 en adelante». En ese orden, el ad quem estimó que a pesar de que no había prueba directa de que el precio de la alimentación lo imponía el demandado, todos los indicios apuntaban a ratificar la afirmación del demandante en ese sentido, entre otras razones por las siguientes: i) el bajo precio de los alimentos; ii) el uso de las instalaciones de la finca para su preparación; iii) la coordinación de los descuentos por este concepto entre el empleador y el agregado; y iv) la

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Radicación n.°92706 prohibición, tolerada por el accionado o consensuada con el accionante, de que los trabajadores que durmieran en los cuarteles no podían ingresar comida preparada ni adquirirla en otros lugares. Aseveró que el actor orientó la acción judicial a demostrar que su contratación estuvo motivada en que tenía una compañera sentimental que podía ayudarle a cumplir con la función de alimentador de los trabajadores; que «a pesar de esta afirmación y del enfoque de la demanda, debía tenerse en cuenta que el demandado no hizo ningún esfuerzo probatorio dirigido a demostrar lo contrario», esto es, que la existencia de cónyuge o compañera no era un requisito imperativo para la contratación del agregado y, por el contrario, la única mención al respecto se dio en el interrogatorio de parte absuelto por éste, donde afirmó que ha tenido administradores solteros; aseveración de la parte que no fue corroborada con otra prueba.

Anotó el juez de alzada que tal inferencia «se sumaba a los demás indicios que llevaban a concluir que la contratación del demandante fue como agregado alimentador», función que cumplía con el auxilio permanente e indispensable de su cónyuge, en una división del trabajo donde ella preparaba los alimentos y los servía, pero el denominado «agregado» que era su esposo, llevaba el listado del número de trabajadores que recibía la alimentación y se lo pasaba al dueño de la finca para que descontara su costo a los trabajadores el día del pago.

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Radicación n.°92706 Reiteró que Luz Mery Zapata Guzmán era la alimentadora de la finca, es decir, la persona encargada de preparar y servir los alimentos a los trabajadores y sus tareas se ejecutaban en una cocina del predio ubicada en la casa de habitación del actor, lugar conocido por los asalariados como el «alimentadero». Añadió que en el proceso se demostró que sus actividades estaban vinculadas al trabajo en la cocina, pues no se probaron tareas distintas, ya que, con excepción de la declaración de Nelson Guzmán, los demás testigos negaron que Luz Mery Zapata Guzmán se ocupara de asear las instalaciones donde los trabajadores pernoctaban e igualmente descartaron que tuviera la función de entregar herramientas. Especificó que la declaración rendida por el testigo Nelson Guzmán era «realmente contradictoria», pues si bien, aquel dijo que la señora Zapata Guzmán «aseaba los cuarteles ni siquiera encontró respaldo en las afirmaciones del

demandante en el interrogatorio, quien jamás mencionó que su esposa se encargara de dicha labor, pues se limitó a enumerar tareas relacionadas con la preparación de alimentos y el aseo del “alimentadero” es decir, de su propia casa o la llamada casa del agregado». Por todo lo expuesto, el juez plural concluyó que la parte actora acreditó que Luz Mery Zapata Guzmán le prestó servicios personales al demandado, consistente en preparar los alimentos a los trabajadores de la finca, «que dicho

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Radicación n.°92706 servicio era directamente remunerado por el empleador a través del agregado de la finca y que el salario era variable y se calculaba en función del número de trabajadores alimentados, quienes pagaban la suma diaria de $10.000 por dichos alimentos». Refirió que el accionado no desvirtuó la existencia del contrato de trabajo que se deriva de la acreditación de la prestación personal del servicio, pues los testigos se limitaron a describir aspectos puntuales como la forma como cancelaban los alimentos, la persona encargada de su preparación, pero «ninguna mención hicieron, acerca de la relación entre el dueño de la finca y el agregado y mucho menos entre aquel y la persona encargada de la preparación de los alimentos». Enfatizó que «como quiera que la preparación de alimentos por parte de la mujer es una labor históricamente subordinada, invisibilizada y subvalorada, se accederá a declarar que entre la señora Luz Mery Zapata Guzmán y el señor Luis Germán Tabares Sánchez existió un contrato de trabajo» desde el 4 de mayo hasta el 20 de octubre de 2017.

Explicó el colegiado que a la misma conclusión se llegaba, aun prescindiendo de la aplicación de la perspectiva de género, pues bastaba con remitirse al artículo 35 del CST para establecer que, si en gracia de discusión se aceptara que el mayordomo, cuya relación laboral con el demandado no está en duda, contrató por su propia cuenta los servicios de su esposa para la preparación de alimentos de los

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Radicación n.°92706 trabajadores de la finca, dicha labor se hizo en las referidas instalaciones, con los equipos, herramientas y demás utensilios del empleador convocado al proceso, para su propio beneficio y en actividades ordinarias inherentes o conexas del mismo, lo que convierte al agregado en un simple intermediario, «reputándose como empleador de la señora Luz Mery Zapata el propio demandado». Como consecuencia de lo anterior, dijo el juez plural que debía revocarse la sentencia absolutoria del a quo y, en su lugar, condenar al pago de los salarios causados durante dicho interregno, a razón de un salario mínimo legal mensual vigente, como se pide en la demanda inicial, menos el 30% de salario en especie, que es el máximo permitido para trabajadores que devengan la asignación mínima, pues como se reconoció en el escrito de acción y se precisó en la contestación, al igual que se acreditó a lo largo del proceso, la trabajadora vivía en las mismas instalaciones del lugar de labor, de modo que no pagaba arrendamiento y de conformidad al principio de la primacía de la realidad, ese

ahorro ha de descontarse hasta el más alto porcentaje permitido en la ley. De otra parte, sostuvo que se condenaría al pago de vacaciones, cesantías y prima de servicios por el periodo laborado por la causante entre el 4 de mayo y el 20 de octubre de 2017, lo que arrojaba un valor total de $3.726.669, como se detallaba en los siguientes cuadros:

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Radicación n.°92706 En este punto, advirtió el juez de alzada que no existía prueba en el plenario que diera cuenta de que a la trabajadora se le hubiere pagado suma alguna por la preparación de alimentos, pues lo que quedó demostrado fue que el dueño de la finca era su verdadero empleador, quien le descontaba a cada operario o recolector de café $10.000 diarios por concepto de las tres comidas y dos cafés, lo que equivalía a $50.000 semanales y que «dicho monto era entregado a Argemiro para que adquiriera el mercado y demás insumos necesarios para alimentar a los trabajadores en la siguiente semana», es decir, que lo deducido a los trabajadores no «iba a dar al bolsillo de Argemiro, como se pretende hacer ver, sino a la labor propia de alimentación». Destacó que el pago de los anteriores conceptos debía hacerse a favor de la sucesión de Luz Mery Zapata Guzmán y no a nombre de cada uno de los demandantes, pues se desconocía en el proceso si la causante tenía más herederos, de igual derecho que la hija aquí demandante Herica Marsela Villada Zapata.

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4 1 1 1 1 1 D / / / / / / 0 0 0 0 0 1 E 5 6 7 8 9 0 S / / / / / / D 2 2 2 2 2 2 E 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7

T O H A S T A 3 1 / 0 5 / 2 0 3 0 / 0 6 / 2 0 3 1 / 0 7 / 2 0 3 1 / 0 8 / 2 0 3 0 / 0 9 / 2 0 2 0 / 1 0 / 2 0

T A L - 3 0 %

C E S A N T Í A

I N T E R E S E

V A C A C I O N

P R I M A

T O T A L N E

1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 D E S S

S A L A

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T O A P

A S A D L A C G A I A S 2 6 3 0 3 0 3 0 3 0 2 0 R I O E S A R E N T N