CSJ - SL1051-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL1051-2023 Radicación n.° 93562 Acta 16 Bogotá, D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por WILFRIDO BENÍTEZ OROZCO contra la sentencia proferida el 17 de agosto de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente contra CBI

COLOMBIANA S.A.

I. ANTECEDENTES Wilfrido Benítez Orozco inició proceso ordinario laboral contra CBI Colombiana S.A. y la Refinería de Cartagena S.A. para que se declare: i) la existencia de un contrato de trabajo con la primera sociedad mencionada, el cual se desarrolló del 16 de febrero de 2012 al 29 de agosto de 2014, y finalizó de forma unilateral sin mediar justa causa, cuando era titular

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Radicación n.° 93562 del derecho a la estabilidad laboral reforzada; ii) que la bonificación por asistencia y demás «bonos» tenían carácter salarial; iii) que existe culpa del empleador en la ocurrencia de la enfermedad laboral que padece; y iv) que la Refinería de Cartagena S.A. es solidariamente responsable de las obligaciones causadas. Como consecuencia de lo anterior, solicitó se ordene a la empleadora a reintegrarlo a un cargo igual o superior al que venía desempeñando, junto con el pago de los salarios,

prestaciones sociales legales y extralegales, los aportes al sistema de seguridad social integral y la indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, los cuales se deben cuantificar teniendo en cuenta el verdadero salario, junto con la reliquidación de las diferencias dejadas de percibir en vigencia de la relación laboral. Así mismo, peticionó los perjuicios materiales por la enfermedad de origen laboral; la indemnización moratoria; la indexación; lo que resulta probado ultra o extra petita; y las costas del proceso. De forma subsidiaria reclamó el pago de la indemnización por despido injusto. En sustento de sus pretensiones, manifestó que el 16 de febrero de 2012 se vinculó con CBI Colombiana S.A. a través de un contrato por obra o labor; que el nexo fue modificado el 1 de abril de 2013, disponiendo que sería a término fijo, el cual fue finalizado el 29 de agosto de 2014 por vencimiento del plazo pactado.

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Radicación n.° 93562 Adujo que en vigencia de la relación de trabajo comenzó a padecer dolores de espalda, sin que estuviera diagnosticado su origen; que el 27 de agosto de 2014 se impartieron recomendaciones y fue remitido a medicina laboral, lo cual era de conocimiento del empleador; que su situación de salud afectaba el desarrollo de sus funciones; y que la empresa demandada no solicitó permiso ante el Ministerio de Trabajo para la ruptura del nexo contractual. Sostuvo que esos padecimientos tienen un «posible origen laboral»; que CBI Colombiana S.A. incumplió con su

deber de cuidado; que no desarrolló programas de salud ocupacional; y que promovió una acción de tutela la cual fue decidida a su favor, ordenándose el reintegro en forma provisional, lo cual cumplió la empresa. Expresó que percibía un salario básico y otra suma denominada «bonificación de asistencia», que se pagaba de forma mensual y retribuía directamente los servicios; que también percibía otras «bonificaciones», pero no eran incluidas para el pago de los recargos por trabajo suplementario, dominical, festivo y vacaciones; que la empleadora es contratista de la Refinería de Cartagena S.A. y desarrollaba actividades que se enmarcan en el objeto social de esta. CBI Colombiana S.A. al contestar la demanda se opuso a todas las pretensiones incoadas en su contra. Frente a los hechos, aceptó los siguientes: la existencia del contrato de trabajo entre las partes; los extremos temporales; su cambio

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Radicación n.° 93562 de modalidad de obra o labor a término fijo; que la empresa conoció de unas recomendaciones laborales efectuadas a finales de agosto de 2014; la orden de reintegro proferida dentro de una acción de tutela y su cumplimiento; y que la sociedad es contratista de la Refinería de Cartagena S.A. Respecto de los demás supuestos fácticos, indicó que no eran ciertos o no le constaban. En su defensa arguyó que el accionante no fue despedido, toda vez que el nexo finalizó por la expiración del plazo fijo pactado, cumpliéndose con el preaviso el 18 de

junio de 2014; y que el actor no presenta una afectación de salud que lo hiciera titular de la protección prevista en la Ley 361 de 1997. De otro lado, en relación con la inclusión de los factores salariales, precisó que estos no podían estimarse como remuneración ordinaria a fin de tenerlos en cuenta para la liquidación de los recargos por trabajo suplementario, dominical, festivo y vacaciones. Propuso las excepciones de buena fe de la demandada, prescripción y la genérica. La parte demandante desistió de la acción contra La Refinería de Cartagena S.A., lo cual fue aceptado por el juzgado de conocimiento en audiencia de trámite del 4 de julio de 2017 (f.o 348).

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cartagena, al que correspondió dirimir el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 30 de abril de 2018, resolvió: PRIMERO: DECLARAR la existencia de un contrato de trabajo entre el señor WILFRIDO BENITEZ OROZCO Y CBI COLOMBIANA S.A. en lapso del 16 de febrero de 2012 al 29 de agosto de 2014, contrato que terminó por expiración del plazo fijo pactado, conforme a lo considerado.

SEGUNDO: DECLARAR como salario el concepto de bonificación de asistencia devengado por el demandante dentro de la relación contractual sostenida con la demandada CBI COLOMBIANA S.A., acorde a lo motivado en esta sentencia.

TERCERO: CONDENAR en consecuencia del anterior a CBI COLOMBIANA S.A. a realizar el pago de las diferencias por reliquidación de trabajo suplementario en favor del señor WILFRIDO BENITEZ OROZCO en cuantía total de $554.594,75 acorde a lo considerado.

CUARTO: CONDENAR a la demandada CBI COLOMBIANA S.A. a pagar al demandante la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del CST, ordenando el pago de un día de salario por cada día de retardo a partir del 29 de agosto de 2014 y hasta el 29 de agosto de 2016, teniendo como salario base la suma de $2.823.295. y un salario diario de $94.109, para un total de sanción de $67.758.480. y a partir del día 30 de agosto de 2016 se reconocerá intereses moratorios sobre la suma debida, conforme a lo considerado en la parte motiva de esta sentencia.

QUINTO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción conforme a lo considerado.

SEXTO: ABSOLVER a la parte demandada de las demás pretensiones incoadas en la demanda, acorde a la parte motiva de esta sentencia.

QUINTO (sic): CONDENAR en costas a la parte demandada señalando como agencias en derecho la suma de 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes de conformidad con el Acuerdo 1887 de 2003, conforme a lo considerado en la parte motiva de esta providencia.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito

Judicial de Cartagena, al conocer de los recursos de apelación interpuestos por las partes, con sentencia proferida el 17 de agosto de 2021, revocó los numerales tercero, cuarto, quinto y sexto de la decisión de primer grado y, en su lugar absolvió a la demandada de todas las súplicas; la confirmó en lo demás; y se abstuvo de imponer costas en la alzada. De conformidad con lo planteado en los recursos presentados, el ad quem estableció que eran dos los problemas jurídicos a resolver, así: i) definir si el trabajador gozaba de la protección prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997; y ii) establecer si la bonificación por asistencia percibida por el actor constituía factor salarial y, en caso afirmativo, si había lugar a los reajustes reclamados. Aludió al artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y expuso que la protección allí prevista no opera cuando la finalización del nexo está soportada en una «justa causa legal»; de modo que el trabajador debe demostrar la situación de discapacidad, la cual debe conocer el empleador, quien tendrá que acreditar la justeza del finiquito contractual, pues de lo contario será ineficaz. Se remitió a las documentales de folios 32 a 39 y 82 a 83, para luego poner de presente que al actor se le diagnosticó trastorno de disco lumbar y otros, con

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Radicación n.° 93562 radiculopatía, empero, estimó que de esas probanzas no se infería que estuviera impedido para realizar sus actividades de forma normal o eficiente, al punto que las

recomendaciones realizadas estaban relacionadas con los «cuidados naturales» que debe tener una persona y permiten concluir que podía continuar con su labor. Señaló que esas situaciones de salud que registraba la historia clínica eran posteriores al 18 de junio de 2014, fecha en que la demandada preavisó al trabajador de que no se renovaría el nexo laboral, por lo que no podía considerarse que esa determinación obedeció a su estado médico, máxime que en el último año de servicios únicamente presentó ocho días de incapacidad, ninguna vigente para el momento en que le informó de la finalización del vínculo, las que por sí solas tampoco acreditaban una limitación. Agregó que, si bien el 28 de agosto de 2014 el empleador acogió unas recomendaciones médicas, reiteró que con mucha antelación la demandada había informado al accionante que no renovaría el contrato; aunado a que la estructuración de la pérdida de capacidad laboral se produjo el 25 de abril de 2016, esto es, tiempo después de la terminación del nexo; y que la orden de reintegro impartida por un juez de tutela fue como mecanismo transitorio, de allí que no se cumplían los presupuestos exigidos en la Ley 361 de 1997 para otorgar la protección por salud. En lo atinente al segundo problema jurídico, el juez colegiado aludió a los artículos 127 y 128 del CST y citó las

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Radicación n.° 93562 sentencias CSJ SL, 12 feb. 1993, rad. 5481; CSJ SL, 1 feb.

2011, rad. 35771; CSJ SL, 13 jun. 2012, rad. 39475; CSJ SL403-2013; CSJ SL, «14 nov. 2018» rad. 68303; CSJ SL, «17 jul. 2019», rad. 64255; CSJ SL, «4 dic. 2019», rad. 68005; CSJ SL, «21 ene. 2020», rad. 63154; y las CC C521-1995 y CC C710-1996; y dijo que de esa línea jurisprudencial se colegía:

5. Al artículo 128 del estatuto laboral, debe dársele una interpretación sistemática que armonice su contenido con las normas constitucionales, del bloque de constitucionalidad y legales que regulan lo atinente a los factores salariales. Ello impone entender que la autorización de exclusión salarial está restringida a los eventos enunciados en el referido artículo 128, a los fines explicados por la jurisprudencia, y a los casos análogos a éstos en que los pagos no retribuyan efectiva y directamente el trabajo.

6. En síntesis, el pacto de exclusión salarial solo puede ser usado en dos casos: 1) para anticiparse y precisar que un pago esencialmente NO retributivo del servicio, en definitiva, no es salario por decisión de las partes, y así evitar futuras controversias, y 2) para establecer que un pago, pese a ser salario, no tendrá incidencia en la liquidación de ciertas prestaciones, indemnizaciones o acreencias, siempre y cuando esta estipulación no atente contra la remuneración mínima, vital, móvil y resulte proporcional a la cantidad y calidad del trabajo.

La utilización del pacto de exclusión salarial para casos distintos a los aquí previstos, conlleva a la declaratoria de ineficacia del acuerdo.

7. El Juez laboral debe determinar si el pacto de desalarización celebrado por las partes es o no eficaz, para lo cual deberá analizar las pruebas allegadas al proceso, las circunstancias propias de cada caso, la finalidad del pago, las características del pacto suscrito y la intención de los celebrantes del mismo.

Partiendo de lo anterior, estimó que según la cláusula cuarta del contrato de trabajo, el accionante percibía un salario ordinario y una bonificación por asistencia, la cual estaba condicionada a dos indicadores, el primero, el aporte del trabajador en el cumplimiento del cronograma del equipo

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Radicación n.° 93562 de trabajo y, el segundo, al «desempeño» individual y grupal respecto a las disposiciones de higiene, salud y medio ambiente; estipendio que era cancelado por mes laborado o de forma proporcional de acuerdo con el tiempo de servicio. El Tribunal expuso que esa bonificación se tenía en cuenta para el pago de las prestaciones sociales, aportes a la seguridad social, indemnizaciones y vacaciones compensadas, pero no para liquidar horas extras, trabajo suplementario y vacaciones disfrutadas; de modo que no se pretendió restarle incidencia salarial, aunado a que era un pago extralegal y no desconocía la remuneración mínima del trabajador; y expresó: No puede perderse de vista, que salario y factor salarial no son lo mismo, pues el primer término hace referencia a todo lo que

recibe el trabajador como contraprestación directa del servicio, mientras que el segundo hace alusión es a cuáles de dichos pagos hacen parte de la base para liquidar prestaciones, indemnizaciones o trabajo suplementario, por tanto, aquí no se desconoció el carácter de salario del bono, sino que limitó su inclusión como factor para liquidar ciertas prestaciones. Acuerdo que fue aceptado y que vinculó válidamente al demandante, pues este aceptó la condiciones en que dicho bono sería cancelado, ya que estas lejos de perjudicarlo, lo beneficiaban. El juez plural adujo que, si bien con antelación profirió una decisión contraria, tal postura ya la había recogido, teniendo en cuenta para ello lo plasmado en sentencia CSJ SL, 12 feb. 1993, rad. 5481, toda vez que, aun cuando no se le puede restar el carácter salarial a un pago que remunera de forma directa el servicio, sí es viable que el mismo no sea tenido en cuenta para cuantificar determinada acreencia, como ocurrió en el sub lite. Posición que no va en contravía

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Radicación n.° 93562 de la postura de la Corte Suprema de Justicia contenida en la sentencia CSJ SL2018-2021. Por lo anterior, revocó la decisión condenatoria de primer grado, para en su lugar absolver.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que esta corporación case totalmente la sentencia impugnada, para que, en sede de

instancia, revoque las absoluciones impuestas y, en su lugar, acceda a las condenas pedidas en el escrito demandatorio inicial. Con tal propósito formula cuatro cargos, los que no son replicados, los cuales la Sala estudiará de manera conjunta, el primero con el segundo y el tercero con el cuarto, pues denuncian similar conjunto normativo, persiguen el mismo objetivo y la sustentación se complementa entre sí.

VI. CARGO PRIMERO

Es propuesto en los siguientes términos:

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Radicación n.° 93562 Acuso la sentencia impugnada en casación de ser violatoria por vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 127 del CST, en relación con los artículos 12, 14, 24, 43, 128, 139 y 65 del CST, 13 y 53 de la Constitución Política, 51, 52, 60, 61, 77 y 145 del CPTSS, 164, 165, 166 y 167 del CGP. Afirma que el juez colegiado incurrió en los siguientes errores evidentes de hecho:

1. No dar por demostrado, estándolo, que los pagos efectuados por la empresa CBI Colombiana S. A. a favor del demandante, denominado bonificación de asistencia, constituye esencialmente parte del salario.

2. Dar por demostrado contra el tenor literal del contrato de trabajo que el empleador no pretendió desconocer la incidencia salarial del pago denominado Bonificación de asistencia.

3. Dar por demostrado que existió un pacto de exclusión salarial valido entre el empleador y el trabajador, en virtud del cual un pago esencialmente salarial como lo era la bonificación de

asistencia, podía ser desatendido en el ejercicio de calcular los pagos correspondientes a horas extras, trabajo suplementario, recargos por dominicales y festivos y vacaciones. (Subraya la Sala) Expone que esos yerros fueron producto de la equivocada apreciación de las pruebas, tales como: los comprobantes de pago de nómina, el contrato de trabajo, la política salarial de Reficar, la liquidación de prestaciones sociales, el certificado de pago del auxilio de cesantía y la constancia de aportes al sistema de seguridad social; así como la pieza procesal de la contestación de la demanda inaugural. Para demostrar el cargo la censura aduce que la bonificación de asistencia es salario, en la medida que es remuneratoria del servicio, en tanto se paga en proporción al

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Radicación n.° 93562 tiempo laborado, pues así se indicó en el contrato de trabajo y en la política salarial de Reficar. Transcribe las cláusulas cuatro y cinco del contrato de trabajo y dice que existe una relación de causalidad, de modo que la aludida bonificación tiene carácter salarial, en apoyo de lo anterior reproduce un aparte de la sentencia CSJ SL5159-2018. Expresa que la causación periódica de ese estipendio muestra que era una retribución directa del servicio, aunado a que es la demandada quien tenía la carga de la prueba de acreditar que su causa no era remunerativa, tal como se expuso en decisión CSJ SL12220-2017. Arguye que hubo una «errónea interpretación» de los artículos 127 y 128 del CST, en la medida que las pruebas «que se relacionan» dan cuenta del carácter salarial de la

bonificación, en armonía con la cláusula 12 de CCT suscrita con la USO y con los comprobantes de pago de nómina, que muestran que se cancelaba de forma periódica, lo cual es suficiente para estimar su connotación salarial, según lo tiene establecido la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Agrega que, en la liquidación del contrato de trabajo se excluye «este factor salarial», lo cual desmejoró los derechos del demandante; y que para la definición del asunto se debe tener en cuenta lo dicho en providencias CSJ SL8216-2016

y CSJ SL1798-2018.

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VII. CARGO SEGUNDO Es formulado así: Existe violación por vía directa por indebida aplicación de la carga probatoria, al desconocer la sucesiva normatividad: Constitución Política de Colombia, artículo 1°, 2°, 4°, 13, 25, 26, 53, 93 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 1°, 5°, 9°, 10, 13, 14, 15, 21, 43 y en especial el artículo 127, 128, 130 y 65 del CST. Igualmente, desconoce el Convenio 95 de la OIT relativo a la protección del salario, ratificado por la Ley 54 de 1992, lo cual conjunto a la interpretación errónea del artículo 127 y 128 del CST y en especial el artículo 167 del CGP, que establece las cargas probatorias.

En la demostración del cargo afirma lo siguiente:

Supuestos de hecho del caso: 1) CBI COLOMBIANA S.A., suscribió pacto de exclusión salarial para desconocer el factor salarial del bono de asistencia. 2) CBI COLOMBIANA S.A., igualmente se amparó en la Convención Colectiva suscrita entre REFICAR y la USO, para desconocer el factor salarial del bono de asistencia. 3) CBI COLOMBIANA S.A., todos los meses, de conformidad con los comprobantes de pago de nómina, cancelaba la bonificación de asistencia al trabajador junto con su salario ordinario. 4) CBI COLOMBIANA S.A., durante la vigencia de la relación laboral, no tuvo en cuenta la bonificación de asistencia para el pago de trabajo suplementario, horas extras, dominicales y festivos. 5) CBI COLOMBIANA S.A., liquidó el contrato laboral sin tener en cuenta la incidencia salarial del bono de asistencia frente a las prestaciones sociales. 6) CBI COLOMBIANA S.A., actuó de mala fe al desconocer la naturaleza salarial del bono de asistencia y excluirlo para el pago de las prestaciones sociales. 7) CBI COLOMBIANA S.A., al no incluir el bono de asistencia para la liquidación de las prestaciones sociales, mermó las garantías

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Radicación n.° 93562 mínimas del trabajador y desmejoró sus cotizaciones al sistema general de seguridad social. 8) CBI COLOMBIANA S.A., al no reconocerle al trabajador la liquidación de sus prestaciones sociales de acuerdo con su verdadero salario, obtuvo un enriquecimiento sin justa causa. 9) CBI COLOMBIANA S.A., al no haberse pagado las horas extras

y trabajos suplementario tomando la bonificación de asistencia como salario, incurrió mora al no pagar el salario y prestaciones sociales de manera correcta al trabajador, cuando finalizó el vínculo laboral con aquel. Arguye que «de la contestación de la demanda» se desprende que «hubo una mala fe» de la accionada, en tanto solo le impartió incidencia salarial a la bonificación para la cuantificación de unos derechos, como lo son «liquidación del contrato de trabajo e indemnizaciones», pero «no para el pago de las prestaciones sociales», lo que acredita la mala fe. Asevera que lo anterior fue desconocido por el Tribunal; reproduce un aparte de la decisión de segundo grado y dice que conforme a la sentencia CSJ SL986-2021, y estando acreditada la habitualidad en la cancelación de «los emolumentos reclamados como salariales», al empleador debía demostrar que su pago no correspondía a una contraprestación de las labores. Dice que si bien el artículo 128 del CST permite efectuar pactos que le resten carácter salarial a un estipendio, ello solo es posible cuando por su naturaleza no corresponda a una contraprestación del servicio prestado, debiéndose tener en cuenta lo dicho en decisión CSJ SL5159-2018.

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VIII. CONSIDERACIONES El Tribunal para revocar la decisión condenatoria de primer grado y, en su lugar, absolver a la demandada estimó que de conformidad con la cláusula cuarta del contrato de trabajo se acordó que el actor como contraprestación a sus servicios recibiría una remuneración mensual conformada

por dos factores, uno fijo o básico y otro atinente a una bonificación, cuya causación estaba determinada por dos indicadores consistentes en el cumplimiento de un cronograma de trabajo y el acatamiento de un programa de salud, higiene y seguridad, lo cual sí se tenía en cuenta para efectos del cálculo de prestaciones sociales, aportes a la seguridad social, contribuciones parafiscales, indemnización por despido injusto y vacaciones compensadas en dinero, pero no para la liquidación por recargos por trabajo suplementario, recargos nocturnos, dominicales, festivos ni para vacaciones disfrutadas en tiempo. Partiendo de lo anterior, el ad quem razonó que la demandada no había desconocido la naturaleza salarial de dicha bonificación y, en esa medida, el pacto de desalarización consistió en acordar que pese a que el bono de asistencia era salario, no se consideraba para efectos del cálculo del trabajo suplementario, recargos en dominical y festivo ni para las vacaciones disfrutadas en tiempo; proceder que según la jurisprudencia de esta Corte, era eficaz, en tanto se trataba de un pago extralegal que no desconocía la remuneración y, que por ello, no había lugar a la reliquidación pretendida.

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Radicación n.° 93562 Por su parte la inconformidad de la censura se contrae a que conforme a lo acordado en la cláusula cuarta del contrato de trabajo, respecto a que la bonificación por asistencia no se tendría en cuenta para la liquidación de recargos por trabajo suplementario, nocturnos, dominicales, festivos y vacaciones disfrutadas en tiempo, no resultaba

acorde con lo previsto en el artículo 128 de CST ni con la jurisprudencia, pues al constituir salario debía tomarse como factor para la liquidación de los derechos sociales. El recurrente asegura que el juez colegiado erró por no imponer al empleador la carga de probar que dicho beneficio no tenía como finalidad directa la de retribuir los servicios del trabajador, en tanto que se acreditó que ese estipendio le era cancelado de forma habitual, además que estaba demostrada la mala fe de la empleadora. Por consiguiente, le corresponde a la Sala dilucidar si el juzgador de segunda instancia, desde el punto de vista fáctico como jurídico, se equivocó al considerar que la bonificación de asistencia que era salario, se podía excluir de la base para la liquidación de los recargos por trabajo suplementario, recargos nocturnos, dominicales, festivos y vacaciones disfrutadas en tiempo; y si erró al desconocer que la carga de desvirtuar la connotación salarial de dicho concepto, recaía en cabeza del empleador. A efectos de dar solución al reproche probatorio, la Sala se adentrará en el estudio de las cláusulas cuarta y quinta

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Radicación n.° 93562 del contrato de trabajo que existió entre las partes, debiéndose recordar que de conformidad con lo normado en el artículo 7 de la Ley 16 de 1969, para que se configure el error de hecho es indispensable que venga acompañado de las razones que lo demuestran, que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta y, además, como lo ha dicho de vieja data la Corte, que provenga de manera evidente

de alguna de las tres pruebas calificadas, esto es, el documento auténtico, la confesión judicial o la inspección judicial. Las cláusulas cuarta y quinta del contrato de trabajo establecen:

4. REMUNERACIÓN El Empleado tendrá como remuneración una asignación fija o salario básico en la cuantía señalada en la sección B) en pesos colombianos y pagaderos por períodos mensuales vencidos.

Dentro de este sueldo mensual se entiende incluido el valor de la remuneración por los días de descanso obligatorio por el correspondiente mes de servicios. Si y sólo si cumple con los términos y requisitos para acceder a ella, el Empleado tendrá derecho a una bonificación mensual cuya causación estará determinada por los siguientes indicadores: (i) el aporte del Empleado en el cumplimiento del cronograma de su equipo de trabajo y (ii) el desempeño del Empleado y de su equipo de trabajo en las disposiciones de Higiene, Salud y Medio Ambiente (“HSE”). […] Los porcentajes de la bonificación por desempeño del Empleado y su equipo de trabajo en las disposiciones de HSE, se aplicarán sobre el valor de la bonificación resultante del aporte del Empleado en el cumplimiento del cronograma de su equipo de trabajo. Esta bonificación, de llegar a causarse, será calculada y pagada por mes laborado o proporcionalmente por el tiempo de servicio, y no hace parte de la remuneración ordinaria. En consecuencia,

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Radicación n.° 93562 esta bonificación no integrará la base de liquidación de ninguna acreencia que tenga como referencia la remuneración o salario

ordinario, específicamente, recargos por trabajo suplementario, nocturno, dominical, festivo y las vacaciones disfrutadas en tiempo; mientras que será tenida en cuenta para efectos del cálculo de prestaciones sociales – cesantías, intereses y primas de servicios – aportes a la seguridad social, contribuciones parafiscales, indemnización por despido sin justa causa y vacaciones compensadas en dinero. […]

5. BENEFICIOS EXTRALEGALES Las partes expresamente acuerdan que los beneficios extralegales que reconociera La Empresa, si El Empleado cumple con los requisitos y condiciones para acceder a ellos, tales como, pero no limitados a los que se describen en el Anexo 1, que hace parte integrante del presente contrato, así como todo beneficio o auxilio, incluidos auxilios por alimentación, salud, educación o vivienda o el pago de premios, primas extralegales o bonificaciones por cumplimiento de objetivos, en dinero o en especie, o medio de transporte que llegue a recibir El Empleado o que exceda en cualquier forma o por cualquier causa el salario expresado en la cláusula cuarta o el monto de las prestaciones sociales mínimas fijadas en la ley colombiana, no constituyen salario, y en consecuencia no serán tenidas en cuenta para efectos de calcular el valor de tales prestaciones sociales mínimas, el pago de vacaciones, indemnizaciones, contribuciones en seguridad social, aportes parafiscales, y en general para el pago de cualquier otro concepto de carácter laboral. Las partes reiteran su acuerdo sobre la naturaleza no salarial de cualquier pago que se reconozca en adición al salario acordado con base en la facultad otorgada por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990.

(Subrayas fuera del texto). De lo transcrito emerge que el juzgador plural no erró al analizar la cláusula cuarta del contrato de trabajo en la que se alude a la bonificación por asistencia; pues no solo derivó de esta el reconocimiento de una bonificación mensual y su naturaleza salarial, sino la exclusión expresa de la base de liquidación de los recargos por trabajo suplementario, nocturno, dominical, festivo y las vacaciones disfrutadas en

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Radicación n.° 93562 tiempo, lo cual está acorde a su texto. Aquí es oportuno traer a colación lo manifestado en sentencia CSJ SL877-2023, en la que en un caso análogo la Sala expresó: […] al margen de que la aludida bonificación corresponda a un pago extralegal que en efecto no desconoce la remuneración mínima del trabajador, pues por el contrario la incrementa, su exclusión como base de liquidación de estas acreencias se sustenta además de que estas tengan una «menor incidencia», en el régimen de remuneración previsto para el trabajo que se desarrolla en los domingos o festivos, así como la liquidación de los recargos por trabajo suplementario diurno y nocturno y las vacaciones en tiempo, en los términos previstos en los artículos 168, 179, 180, 181, y 192 del Código Sustantivo del Trabajo. Es que a la luz de los preceptos normativos enunciados la liquidación de estos estipendios de naturaleza laboral, en los que gravita la inconformidad del censor, se efectúa teniendo en cuenta para el efecto el salario ordinario devengado por el

trabajado