CSJ - SL1100-2023

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL1100-2023 Radicación n.° 91674 Acta 16 Sincelejo, diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ZONIA GONZÁLEZ CRISTANCHO, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 29 de septiembre de 2020, en el proceso que instauró en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES y la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., al que fueron integradas en litisconsorcio SKANDIA PENSIONES Y

CESANTÍAS S.A. y COLFONDOS S.A. PENSIONES Y

CESANTÍAS.

AUTO De conformidad con el artículo 76 del Código General

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Radicación n.° 91674 del Proceso, se acepta la renuncia de poder presentada por el abogado Samir Vargas Moreno, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.052.312.490, con tarjeta profesional No. 238.130 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de Colpensiones, según memorial allegado por vía electrónica a este despacho.

I. ANTECEDENTES Zonia González Cristancho demandó a la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones) y a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. (en adelante Porvenir S.A.), con el fin de que se declarara la ineficacia del traslado

del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al de Ahorro Individual con Solidaridad, que efectuó el 29 de enero de 1999. En consecuencia, solicitó que se condenara a la última a autorizar el traslado y reintegrar a Colpensiones los aportes realizados, entidad que debía aceptarlos y además, registrarla nuevamente como su afiliada. Como fundamento de sus pretensiones, relató que nació el 31 de mayo de 1958 y que empezó a cotizar en el Régimen de Prima Media desde el 2 de febrero de 1976. Así mismo, que, cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993, tenía 35 años, por lo que era beneficiaria del régimen de transición previsto en su artículo 36.

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Radicación n.° 91674 Manifestó que el 29 de enero de 1999 se trasladó a Porvenir S.A., puesto que un funcionario de dicha entidad le afirmó que el Instituto de Seguros Sociales se liquidaría y perdería el dinero, lo cual no pasaría si sus aportes pasaban a una cuenta individual de ahorro, en la cual el capital que debía reunir para pensionarse era menor. Aseguró que no le indicó que realmente le correspondía aportar, al menos, una suma total que garantizara la financiación del 110% de un salario mínimo, ni la modalidad a la que fue afiliada e información sobre el derecho al retracto, como tampoco le realizó una proyección de su posible mesada pensional. Señaló que en marzo de 2005 se trasladó a Colfondos

S.A. Pensiones y Cesantías (en adelante Colfondos S.A.), y en septiembre de 2008 regresó a Porvenir S.A. Adicionalmente, que el 23 de junio de 2017, Colpensiones le dio respuesta a la solicitud de traslado, indicándole que no había sido aprobada por Porvenir S.A., toda vez que no cumplía con los requisitos contemplados en la sentencia de la Corte Constitucional CC SU-062 de 2010. Indicó que en la proyección pensional realizada por el fondo privado se le aseguraba una mesada pensional de $1.328.200 a los 58 años, mientras que, como beneficiaria del régimen de transición en el Régimen de Prima Media sería de $6.045.118 a los 55 años.

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Radicación n.° 91674 Al dar respuesta a la demanda, Colpensiones se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó la fecha de nacimiento de la demandante, la afiliación a partir de 1976, su condición de beneficiaria del régimen de transición, la reclamación administrativa, los traslados efectuados entre fondos privados y afirmó que no le constaban los demás. En su defensa propuso las excepciones de inexistencia del derecho reclamado y de causal de nulidad, prescripción, caducidad y saneamiento de la nulidad alegada. Porvenir S.A. también rechazó la prosperidad de las pretensiones. Sobre los hechos, admitió la fecha de nacimiento, la visita del funcionario, los traslados, y el trámite administrativo; negó los relacionados con la asesoría

brindada y afirmó que no le constaban los demás. Propuso las excepciones de buena fe, prescripción de obligaciones laborales de tracto sucesivo y enriquecimiento sin causa. Mediante auto del 22 de noviembre de 2018, el juzgado de conocimiento ordenó la integración del litisconsorcio por pasiva con Skandia Pensiones y Cesantías S.A. (en adelante Skandia S.A.) y Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías S.A. (en adelante Colfondos S.A.), debido a que la demandante estuvo vinculada a ellas. Skandia S.A. no se opuso ni se allanó a las pretensiones de la demanda. Aceptó la fecha de nacimiento, la calidad de

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Radicación n.° 91674 beneficiaria del régimen de transición de la demandante, el regreso a Porvenir S.A. el 16 de septiembre de 2008 y afirmó que no le constaban los demás hechos. Planteó las excepciones de prescripción, cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación, buena fe y pago. Colfondos S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda, reafirmó la fecha de nacimiento de la demandante y aseguró que no le constaban los demás hechos. Presentó las excepciones de inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva, buena fe, ausencia de vicios del consentimiento, validez de la afiliación y su ratificación y prescripción de la acción para solicitar la nulidad del traslado.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 7 de julio de 2020, resolvió: - Declarar la ineficacia de la afiliación y traslado realizado por La señora ZONIA GONZALEZ (sic) CRISTANCHO en la SOCIEDAD

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS

(sic) PORVENIR S.A. de fecha 29 de enero de 1999 y consecuentemente las posteriores afiliaciones de la demandante a COLFONDOS contenida en formulario No. 859662 de fecha 19 de enero de 2005; a SKANDIA contenida en formulario de fecha 09 de enero de 2007 y a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A. contenida en formulario No. 12841013 de fecha 14 de Julio de 2008.

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2. ORDENAR a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS (sic) PORVENIR S.A. a trasladar a COLPENSIONES la totalidad de los valores de la cuenta de ahorro individual de la que es titular la señora ZONIA GONZALEZ

(sic) CRISTANCHO, dineros que deben incluir la totalidad del capital ahorrado, junto con los rendimientos financieros, los gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades d los fondos privados mientras la señora demandante fue su afiliada, hasta que se haga efectivo dicho traslado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado

por COLPENSIONES.

3. ORDENAR a COLPENSIONES a recibir sin solución de continuidad como afiliado (sic) al Régimen de Prima Media con Prestación Definida a la señora ZONIA GONZALEZ (sic) CRISTANCHO, desde su afiliación de fecha 02 de febrero de 1976.

4. Se declaran no probadas las excepciones presentadas por las demandadas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA En grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones y al resolver los recursos de apelación presentados por esta y Porvenir S.A., la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 29 de septiembre de 2020, revocó el proferido en primera instancia y absolvió a las entidades.

Dispuso que el problema jurídico consistía en «Determinar si en el caso en concreto hay lugar o no a declarar la ineficacia y/o nulidad de la vinculación al régimen de ahorro individual con solidaridad y, en consecuencia, se debe ordenar el traslado al régimen de prima media». Indicó que no estaba en discusión que la demandante realizó el traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al de Ahorro Individual con Solidaridad

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Radicación n.° 91674 el 29 de enero de 1999. Así mismo, que no se encontraba en las causales de exclusión señaladas en el artículo 61 de la Ley 100 de 1993 y que la suscripción del formulario permitía concluir que el cambio de régimen cumplió con los requisitos

señalados en el artículo 11 del Decreto 692 de 1994. Después de lo cual, estimó que, De lo expuesto en el interrogatorio se deduce que lo pretendido por la demandante fue el traslado de régimen y esto fue lo que acaeció; adicionalmente, se aprecia que la demandante también fue asesorada sobre los aspectos relativos al Régimen de Ahorro Individual porque en su exposición indicó que el agente de Porvenir le dijo que podía pensionarse anticipadamente, que en ese régimen se habla de rendimientos, intereses, rentabilidad financiera y cuentas de ahorro individual y que la pensión podía quedarle a su hijo. Esa información fue ratificada por las testigos escuchadas en la primera instancia, quienes al unísono manifestaron que los asesores les informaron que se podían pensionar anticipadamente, con una buena mesada pensional, incluso la señora Gloria Estela Fajardo hizo alusión a los bonos pensionales, tema del cual la accionante también tenía conocimiento según se deduce de la instrumental que corre a folio 172 del expediente. Lo anterior, y aplicando los artículos 60 y 61 del CPTYSS, bajo el principio de la comunidad de la prueba permite inferir que la demandante recibió asesoría veraz sobre los aspectos de los regímenes vigentes que le permitieron elegir el fondo privado de pensiones. Además, se debe señalar que la actora aparte de la asesoría inicial tuvo más asesorías de las diferentes administradoras en las que se vinculó y en ningún momento realizó el trámite de retracto o de retorno al Régimen de Prima Media, decisiones que se observan de conformidad con el artículo 1502 del C.C. libres

de vicios del consentimiento. Explicó que, de conformidad con el artículo 1509 del Código Civil, el error de derecho no generaba vicios del consentimiento, toda vez que el desconocimiento de la ley no servía de excusa, según el artículo 9° de la misma disposición, que fue declarado exequible por la Corte

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Radicación n.° 91674 Constitucional mediante sentencia CC C-651 de 1997. Resaltó que, de todas formas, dicha falta de conocimiento no se podía invocar como pretexto, aún más si se tenía en cuenta que la demandante era abogada y no alegó la existencia de dolo o fuerza, ni el traslado de régimen se constituyó en un objeto o causa ilícitos y, por lo tanto, no se configuró ninguna causal que diera lugar a declarar la nulidad del acto. Puntualizó que la demandante se encontraba inmersa dentro del período de prohibición señalado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, por lo que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional en sentencias CC C-1024 de 2004, CC C-401 de 2016, CC C-083 de 2019 y CC C-412 de 2015, ese traslado afectaba principios constitucionales como la equidad, solidaridad y sostenibilidad financiera del sistema pensional. Por último, concluyó que la causal de ineficacia consagrada expresamente en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 era una norma sancionatoria por las conductas en ella descritas y en consecuencia, escapaba de la órbita de competencia de esta jurisdicción.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Zonia González Cristancho, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver

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Radicación n.° 91674 de acuerdo con el alcance del recurso extraordinario y según los términos en que fue presentado.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, confirme el fallo del juzgado.

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que son replicados y se resuelven de forma conjunta, toda vez que persiguen el mismo fin, su argumentación se complementa y la solución a impartir es semejante para ellos.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia recurrida de infringir la ley sustancial por la vía directa en el concepto de infracción directa el numeral 1º del artículo 97 del Decreto 663 de 1993; así como el 4º, 14, 15 y 17 del Decreto 656 de 1994; el literal f) del 12, 21 y 23 de la Ley 795 de 2003; el literal a) y c) del 3º, literal a) y c) del 5º y literal b) del 11 de la Ley 1328 de 2009; el 272 de la Ley 100 de 1993; 13, 19 y 43 del Código Sustantivo del Trabajo; 48 y 53 de la Constitución Política de Colombia; 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; 1511, 1603, 1604, 1740, 1741 y 1742 del

Código Civil y 167 del Código General del Proceso lo que produjo la interpretación errónea del literal b) del 13, 36, 61,

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Radicación n.° 91674 112 y 271 de la Ley 100 de 1993 y 5º y 11 del Decreto 692 de 1994 y 9º, 1502, 1508 y 1509 del Código Civil. Aduce que el Tribunal desconoció completamente las diferentes disposiciones en el Estatuto Orgánico del Sector Financiero que, incluso antes de 1994, protegían los derechos del consumidor financiero y también las obligaciones que recaen en cabeza de esas entidades, independientemente de si los afiliados tienen o no expectativas legítimas o derechos consolidados. Precisa que lo alegado en el proceso es la falta de diligencia de Porvenir S.A., por abstenerse de suministrarle información cierta, clara, completa, precisa, pertinente, oportuna y suficiente con respecto a las consecuencias que conllevaba el traslado de régimen pensional, además de que le ocultó los beneficios que le ofrecía el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, lo cual la condujo a cometer el error de firmar el formulario de afiliación. Explica que, en los términos del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, la selección de régimen pensional debe ser libre y voluntaria, lo que impone la necesidad de que dicha selección esté desprovista de vicios, de engaños y de maniobras para obtenerla. Sostiene que cualquier desconocimiento del mencionado artículo implica las consecuencias jurídicas

previstas en el artículo 271 de la misma norma, esto es, una multa y que la respectiva afiliación quede sin efecto, sin

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Radicación n.° 91674 condicionar dichas consecuencias jurídicas a la demostración que haga el afiliado de tener o no un derecho consolidado o una expectativa legítima e independientemente del nivel de estudio o la profesión que tenga. Indica que el Tribunal se equivocó al interpretar los artículos 271 de la Ley 100 de 1993 y 43 del Código Sustantivo del Trabajo, toda vez que, la jurisprudencia de la Sala ha concluido que, de no existir un consentimiento informado para tomar la decisión y si, por el contrario, la decisión de traslado de régimen pensional está precedida de promesas fraudulentas e información errada e incompleta, en perjuicio del afiliado, no queda más que concluir que no produce efecto alguno, lo cual implica que dicho deber se estudie desde la institución jurídica de la ineficacia en sentido estricto. Manifiesta que es evidente el desacierto en el que incurrió el Tribunal cuando concluyó que el traslado, ocurrido en enero de 1999, se hizo cumpliendo los requisitos que establecía el ordenamiento jurídico para tal efecto, en ese momento. Así mismo, cuando concluyó que la demandada suministró la información que debía proporcionar cuando se afilió, debido a que, en el interrogatorio de parte manifestó que el asesor le indicó que podía pensionarse anticipadamente; además al inferir, sin soporte probatorio que, adicional a la asesoría inicial que recibió, también

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Radicación n.° 91674 aceptó otras por parte de las demás administradoras a las que se vinculó. Insiste en que deducir de la firma en el formulario de afiliación, que recibió la información que correspondía y que el fondo de pensiones la asesoró en debida forma, lo libera de demostrar que actuó con la diligencia y el cuidado profesional requerido y favorece a la parte fuerte de la relación contractual, en quebranto del artículo 11 de la Ley 1328 de 2009 que incluye dentro de las cláusulas abusivas la prohibición de invertir la carga de la prueba al consumidor financiero. Como fundamento de lo dicho, cita las sentencias CSJ

SL4360-2019, CSJ SL4175-2021, CSJ SL4360-2019, CSJ

SL1688-2019 y CSJ SL2030-2019.

VII. CARGO SEGUNDO Impugna la sentencia por la vía directa en el concepto de aplicación indebida del artículo 2 de la Ley 797 de 2003 que modificó el literal e) del 13 de la Ley 100 de 1993; el artículo 61 y 112 de la misma disposición y el 5º del Decreto 692 de 1994 y 9º, 1502, 1508 y 1509 del Código Civil ocasionando la infracción directa del literal b) del 13, 271 y 272 de la Ley 100 de 1993.

Explica que durante el trámite del presente proceso, no solicitó la aplicación del artículo 2 de la Ley 797 de 2003 que modificó el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993

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Radicación n.° 91674 toda vez que, claramente, por la edad no podía solicitar el traslado de régimen pensional en esos términos, y mucho menos acreditaba los 15 años de servicios a la vigencia de la última ley, lo cual le impidió solicitar en la demanda, el traslado de régimen bajo las premisas señaladas en las sentencias de la Corte Constitucional CC SU-062 de 2010 y CC SU-130 de 2013. Manifiesta que el juzgador no comprendió cuál era el problema jurídico, toda vez que las pretensiones planteadas y el objeto del litigio a resolver se delimitó a determinar si procedía o no la ineficacia de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual y su retorno al de Prima Media, desde la institución jurídica de la ineficacia. Después de lo cual, citó la sentencia CSJ SL4175-2021.

VIII. CARGO TERCERO Acusa la sentencia impugnada de violar por la vía indirecta en aplicación indebida del artículo 13, 36, 271 y 272 de la Ley 100 de 1993; 9, 1502, 1508 y 1509 del Código Civil; 61 y 112 de la Ley 100 de 1993; 5º y 11 del Decreto 692 de 1994; 9º, 1502, 1508 y 1509 del Código Civil; 4°, 29 y 95 de la Constitución Política de Colombia; 167, 176 y 281 de la Ley 1564 de 2012, en relación con el 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Indica que los errores manifiestos, en los que incurrió el Tribunal, son los siguientes:

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1. Dar por demostrado, sin ser ello cierto, que la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., brindó asesoría verbal e información a la actora sobre aspectos relativos al Régimen de Ahorro Individual.

2. No dar por demostrado, siendo ello tan palmario, que la señora Zonia González Cristancho fue engañada y asaltada en su buena fe por parte de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. para que se trasladara del

Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

3. No dar por demostrado, estándolo, que la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. bajo engaños y falsas expectativas indujo en error a la demandante al hacerla trasladar al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

4. No dar por demostrado, estándolo, que la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. se abstuvo de brindar a la demandante una información completa, comprensible, adecuada y suficiente frente a las ventajas, beneficios y consecuencias que acarrearía el traslado

del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

5. No dar por demostrado, estándolo, que el fondo privado de pensiones Porvenir S.A., omitió al momento del traslado de

régimen y vinculación a ese fondo de la demandante, cumplir con su obligación de informarle sus derechos y obligaciones, de manera tal que le permitiera adoptar una decisión informada.

6. No dar por demostrado, estándolo, que el traslado de la demandante del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, realizado por la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., es ineficaz, y que, por lo tanto, la demandante tiene derecho a regresar al Régimen de

Prima Media con Prestación Definida.

7. Dar por demostrado, sin ello ser cierto, que el traslado de la demandante del régimen de prima media al de ahorro individual cumplió con los requisitos legales, aduciendo, además, de manera ligera, que la demandada Porvenir S.A. y los otros fondos privados de pensiones en los que estuvo afiliada la demandante, suministraron información a la actora.

8. No dar por demostrado, estándolo que, con el traslado a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., este fondo provocó la renuncia a un derecho a la seguridad social que por sus especiales características es irrenunciable e imprescriptible.

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9. No dar por demostrado, estándolo, que el traslado al Régimen de Ahorro Individual con solidaridad le generó a la señora Zonia González Cristancho un perjuicio, cierto y real.

Manifiesta que tales errores se cometieron por la indebida apreciación de (i) la demanda inicial; (ii) los formularios de solicitud de afiliación y traslado emitidos por Porvenir S.A. el 29 de enero de 1999 y el 14 de julio de 2008; (iii) el formulario de afiliación emitido por Colfondos S.A.; (iv) y de Skandia S.A.; (v) la historia laboral del 11 de junio de 1999: (vi) el interrogatorio de la parte demandante y (vii) el testimonio de Gloria Estela Fajardo. Además, reprocha la falta de valoración de (i) la historia laboral con fecha 10 de abril de 2017; (ii) la proyección pensional del 29 de marzo de 2017 emitida por Porvenir S.A.; (iii) el oficio de simulación pensional del 18 de abril de 2017 expedido por Porvenir S.A.; (iv) las comunicaciones del 6 de abril, 12 de junio y 20 de junio de 2017 emitidas por Porvenir S.A.; (v) las del 23 de junio y 4 de julio de 2017 emitidas por Colpensiones; (vi) las contestaciones a la demanda inicial y (vii) el testimonio de María Nelly Pupo Gutiérrez. Con respecto a este grupo de pruebas, explica que, El Tribunal no valoró diferentes pruebas aportadas (simulacros de pensión emitido por Porvenir S.A., Historias Laborales Consolidada emitido por Porvenir S.A. y Colpensiones), las cuales demuestran que la demandante no obtuvo ningún beneficio con su traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por Colpensiones al Régimen de Ahorro Individual

con solidaridad administrado por Porvenir S.A., por el contrario, con el mencionado traslado realizado en el año 1999, luego de estar afiliada tantos años con la confianza de haber recibido información real por parte de Porvenir S.A., encuentra que, con el capital ahorrado alcanzaría a los 58 años una pensión que no equivale ni siquiera a dos salarios mínimos legales mensuales

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Radicación n.° 91674 vigentes y que, contrario a lo ofrecido por la AFP demandada, no se podía pensionar a la edad ni con el monto que ella quisiera y este no sería superior al del ISS, hoy Colpensiones. No apreció correctamente el Tribunal el escrito de demanda presentada para dar inicio al presente proceso, toda vez que, en los hechos planteados, especialmente los Hechos del 5 al 20, 24, 33 y 36 se realizan afirmaciones y negaciones indefinidas, las cuales no requieren prueba en los términos del artículo 167 del Código General del Proceso, y debía, entonces, la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. y Colpensiones y las entidades integradas en la litis por pasiva, Skandia Pensiones y Cesantías S.A. y Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, desvirtuar a través de prueba útil, suficiente y pertinente lo afirmado o negado a través de los mencionados Hechos. No obstante, Colpensiones solo señala que no le constan los Hechos del 5 al 20, 33 y 36, solo admite como cierto el Hecho 24 y la Sociedad Administradora de Fondos de

Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. señala que no son ciertos los hechos del 5 al 6 y del 8 al 20, 24 y 36, admitiendo como cierto los Hechos 7 y 33, dentro de los que contienen afirmaciones y negaciones indefinidas en el escrito introductorio y que Porvenir S.A. entregó toda la información y asesoría completa y necesaria a la demandante sobre el Régimen de Ahorro Individual y su comparación con el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, ventajas y desventajas y la información sobre el régimen de transición, sin mencionar prueba alguna ni documento que respalde su afirmación. A las entidades integradas en la litis por pasiva, Skandia Pensiones y Cesantías S.A. y Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, no le constan, según sus contestaciones de demanda, los hechos referidos con afirmaciones y negaciones indefinidas. Al no demostrar las demandadas, con prueba útil, suficiente y pertinente, que suministraron la información necesaria, clara, oportuna, cierta y suficiente, especialmente la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., no queda más que concluir, contrario a lo afirmado por el Tribunal, que faltaron a su deber en los términos del numeral 1 del artículo 97 del Decreto 663 de 1993, el literal f) del artículo 12 y 23 de la Ley 795 de 2003 y el literal a) y c) del artículo 3 y literal a) y c) del artículo 5 de la Ley 1328 de 2009, impidiendo así, que la afiliación de la demandante se hiciera de forma libre,

informada, consciente y voluntaria como exige el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993. Con las pruebas aportadas al proceso, especialmente el escrito de demanda, el interrogatorio de parte de la demandante y las declaraciones de sus testigos, Reporte Historia laboral consolidada de la demandante emitida por la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. con fecha 10 de abril de 2017. (folios 51 a 60), Proyección

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Radicación n.° 91674 pensional del 29 de marzo de 2017 emitida por Porvenir S.A. (folio 71 a 72), Oficio de simulación pensional de fecha 18 de abril de 2017 emitido por la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. (folio 77 a 84), se puede confirmar que el traslado de régimen que hizo la actora en 1999 le ocasionó detrimento en el monto de la mesada a reconocer cuando se acreditaran los requisitos para pensión, pues evidentemente, como lo muestran las pruebas antes relacionadas, a pesar de realizar aportes para pensión al Régimen de Ahorro Individual con solidaridad sobre un ingreso que corresponde al equivalente a más de 8 veces el salario mínimo legal mensual vigentes para el 2017, se le ofrece una mesada pensional en el RAIS equivalente a menos de dos salarios mínimos para el año 2017, perjudicando el mínimo vital de la demandante atendiendo el monto de los aportes reportados por dicho fondo, afectando con esto su mínimo vital y el derecho

irrenunciable a la seguridad social contemplados en el artículo 48 y 53 de la Constitución Política de Colombia y los artículos 13 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo. Advierte que brilla por su ausencia cualquier medio de prueba que demuestre que se le informó, al momento del traslado, que perdería los beneficios derivados del régimen de transición pensional que la amparaba. Sostiene que la indebida valoración y la falta de apreciación de las pruebas mencionadas, hizo que el Tribunal cometiera errores que le impidieron llegar a la conclusión que, en efecto, el traslado al Régimen de Ahorro Individual ocurrido el 29 de enero de 1999, no estuvo precedido de la información clara, cierta, oportuna y suficiente que establece la ley y la jurisprudencia y que, por lo tanto, no podía más que ser declarado ineficaz en los términos de los artículos 271 y 272 de la Ley 100 de 1993. Resalta que Porvenir S.A. no acreditó, como se lo impone su experticia que, en garantía de sus derechos, le diera a conocer en cualquier tiempo, de manera cierta,

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Radicación n.° 91674 suficiente, clara y oportuna de las condiciones del Sistema General de Pensiones. Sostiene que no puede seguir incólume lo afirmado por el Tribunal, pues, en ningún momento se remitió al reglamento sobre los tipos de fondos expedido por la demandada y dio por cierto una asesoría que nunca tuvo lugar.

IX. RÉPLICAS Colpensiones indica que las normas enunciadas en la sentencia son las aplicables al caso concreto, toda vez que en

lo referente al traslado de regímenes pensionales y su ineficacia, lo esencial es establecer si existieron o no vicios del consentimiento para, en consecuencia, aplicar la normatividad citada en la proposición jurídica del cargo. Sostiene que la recurrente demostró con su actuar que, de manera libre, voluntaria y sin presión, recibió la asesoría correspondiente, aceptando así su afiliación al RAIS, de manera que no puede alegar que fue engañada por Porvenir S.A., aún más cuando realizó varios cambios de fondos de pensiones. Señala que el acto de traslado entre administradoras supone un conocimiento mínimo del régimen, sus beneficios y desventajas, tanto así, que la afiliada estima que su traspaso a otro fondo privado le generará unos mayores beneficios en su expectativa pensional, pese a tener la opción de retornar al de Prima Media.

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 91674 Asegura que lo anterior no fue atacado por la recurrente, aun cuando fue un pilar de la sentencia impugnada, por lo que, al no lograr desestimar el supuesto yerro, no hay lugar a que la Sala acceda a las pretensiones, por cuanto la actuación del tribunal se ajustó a la ley vigente al momento del traslado e hizo un detallado estudio de todos los elementos probatorios presentes en el expediente. Porvenir S.A. destaca que los hechos probados dan cuenta de que la afiliada recibió la información correspondiente y que, de acuerdo con los artículos 11 del Decreto 692 de 1994 y 13 literal b) de la Ley 797 de 2003, al imponer su firma en el formulario lo hizo en señal d