CSJ - SL1100-2024

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL1100-2024 Radicación n.° 99269 Acta 15 Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por MAURICIO JAVIER GUTIÉRREZ contra la sentencia proferida el 31 de enero de 2023, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario laboral seguido por el recurrente contra la

sociedad GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A.

I. ANTECEDENTES Mauricio Javier Gutiérrez llamó a juicio a General Motors Colmotores S.A. con el fin de que se declare que existió un contrato de trabajo que inició el 17 de diciembre de 2008, el que está vigente en la actualidad, pues la terminación del vínculo que se realizó es ineficaz, en razón a contar con fuero de discapacidad.

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Radicación n.° 99269 Como consecuencia de tales declaraciones, solicitó fuera condenada la accionada a reintegrarlo al cargo que desempeñaba al momento del despido, junto con el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha de desvinculación hasta cuando se produzca la reinstalación; que se cancelen los aportes al sistema de seguridad social integral, así como la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías a partir del día en que sea restablecido al puesto de trabajo, la sanción por la no consignación de los intereses a la cesantía, la

indemnización prevista por el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, la indexación de tales condenas y las costas del proceso. En respaldo de tales pretensiones, en síntesis, relató que el 17 de diciembre de 2008 suscribió con la demandada un contrato de trabajo; que previamente y «entre el 13 de julio de 2006 al 31 de mayo de 2008» igualmente estuvo vinculado a la demandada; que la labor desempeñada era propia o complementaria al cargo de asistente de pintura, encargándose inicialmente de realizar el lijado con máquina neumática y además cumplió otras labores durante la vigencia del nexo. Expuso que durante dicho tiempo contrajo las enfermedades denominadas «síndrome de manguito rotador bilateral, bursitis subracromio subdeltoidea bilateral y tendinitis de bíceps derecho», las que fueron calificadas como de origen común por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.

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Radicación n.° 99269 Explicó que, el 7 de septiembre de 2010 acudió a una cita médica por los constantes dolores que presentaba en el hombro izquierdo; posteriormente, el 9 de noviembre de igual año y el 4 de febrero de 2011 estuvo en el médico especialista en ortopedia; de igual manera que el 29 de marzo de 2012 fue atendido por el mismo dolor; que el 15 de abril de esa anualidad le fue realizada resonancia magnética de hombro derecho que le arrojó como resultado «tendinosis del supraespinoso e infraespinoso con ruptura de

espesor completo en el primero de ellos en su porción anterior clasificándose como pequeña» y «Entesolito sobre la superficie inferior del acromio. Pequeña cantidad de líquido en la bursa subracromial subdeltaoidea, lesiones quísticas en la región anterior de la tuberosidad mayor del humero y probable tenosinovitis del bíceps». Arguyó que el 11 de septiembre de 2012 se le practicó otra resonancia magnética de hombro izquierdo que reveló «tendinosis del supraespinoso con ruptura de espesor completo, pequeño quiste y edema medular ósea en la región anterior de la tuberosidad mayor». Refirió que por lo anterior inició trámite de calificación de su patología ante ARL Sura y posteriormente con las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez, entidades que coincidieron en señalar que el síndrome de manguito rotador, bursitis de hombro y tendinitis de bíceps, eran de origen común, y al no estar de acuerdo con dicha determinación demandó en proceso ordinario a la JNCI.

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Radicación n.° 99269 Relató que el 15 de marzo de 2014 se efectuó resonancia magnética en hombro izquierdo, la que diagnosticó, entre otros aspectos, cambios degenerativos. Dijo que entre el 21 de septiembre y el 2 de octubre de 2015 le hicieron un total de 10 terapias para el tratamiento del síndrome de manguito rotador; que el 22 de marzo de 2017 le fueron expedidas recomendaciones médico laborales

como pausas activas cada dos horas, estiramientos continuos de mano, no levantamiento de más de cinco kg, no llevar a cabo ejercicios de torsión, evitar abrir frascos constantemente y no realizar movimientos repetitivos. Puso de presente que el 10 de enero de 2019 asistió al servicio de urgencias debido a un aumento de edema y calor en el codo derecho; que el 5 de marzo del mismo año se le realizó un procedimiento quirúrgico ambulatorio consistente en sutura del manguito rotador; que la IPS Cruz Roja emitió el 22 de octubre de 2019 recomendaciones y restricciones laborales, las que fueron notificadas a la demandada el 21 de noviembre del mismo año; y que para el 2020 continuó con el tratamiento de sus patologías. Destacó que a través de la Resolución 2227 del 8 de julio de 2019, el Ministerio de Trabajo autorizó a la demandada para despedir 103 trabajadores; no obstante, mediante acto administrativo 0038 del 13 de enero de 2020, aclaró que el despido autorizado excluía a los trabajadores sujetos de estabilidad laboral reforzada.

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Radicación n.° 99269 Precisó que el último salario promedio por él devengado ascendió a la suma de $4.477.560 y que: […] el día 20 de febrero de 2020 la sociedad GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A., le comunica la terminación del contrato de trabajo, “conforme la autorización de despido y cierre parcial otorgada por el Ministerio del Trabajo, mediante la resolución Nº 0038 del 13 de enero de 2020 la cual se encuentra

debidamente ejecutoriada desde el 30 de enero de 2020, decisión que surte efectos a la finalización de la jornada del día 20 de febrero de 2020”. (Se subraya). Adujo que por concepto de indemnización por despido sin justa causa se le sufragó el valor de $44.508.067. Finalmente refirió que inició acción de tutela por haber sido despedido en estado de debilidad manifiesta, que fue conocida en primera instancia por el Juzgado 39 de Pequeñas Causas y Competencias Múltiple del Distrito Judicial de Bogotá, quien negó el amparo con la sentencia del 8 de junio de 2020, determinación que fue confirmada por el Juzgado 32 Civil del Circuito de la misma ciudad mediante proveído del 14 de julio de igual año. General Motors Colmotores S.A. al contestar la demanda, se opuso a la prosperidad de las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó la fecha de inicio de la relación laboral el 19 de diciembre de 2008, aclarando que el contrato se suscribió el 17 de ese mes y año, igualmente admitió que el cargo desempeñado era el de «asistente de pintura» y que «Para el 20 de febrero de 2020, fecha en que finalizó el vínculo laboral del señor MAURICIO JAVIER GUTIÉRREZ, él NO se encontraba incapacitado, ni con una

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Radicación n.° 99269 PCL calificada y menos aún en estado de indefensión alguno». Asimismo, aceptó el pago de la indemnización por

despido que ascendió a la suma de $44.954.000; la acción de tutela instaurada y su negativa a concederla por parte de los operadores judiciales; y sobre los demás supuestos fácticos, manifestó que no le constaban o no eran ciertos. Como argumentos de defensa, sostuvo que las súplicas incoadas carecían de soporte fáctico y jurídico, en la medida que durante la vigencia de la relación laboral y hasta su terminación «JAMÁS estuvo cobijado con estabilidad laboral reforzada alguna», razón por la cual no resultaba procedente el reintegro solicitado. Resaltó que de conformidad con lo contemplado en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, la prohibición allí prevista aludía a la ruptura del vínculo por una situación de discapacidad o limitación del trabajador, circunstancias que no se cumplía en el presente asunto, pues el demandante nunca estuvo bajo tal circunstancia al punto que para el momento de la finalización del vínculo subordinado estaba laborando normalmente. Especificó que no existe prueba que acredite que el demandante era beneficiario del fuero de estabilidad laboral reforzada, por el contrario, se observa que, durante la vigencia del nexo contractual siempre estuvo apto para

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Radicación n.° 99269 desarrollar sus funciones, inicialmente como asistente de pintura y luego como Pintor I. Esgrimió que la empresa no finalizó el contrato de trabajo de manera inconstitucional e ilegal y mucho menos con ocasión a una supuesta discapacidad, pues era evidente que el accionante se encontraba en óptimas

condiciones de salud para prestar sus servicios a favor de la demandada; que el rompimiento de la relación obedeció a una causal objetiva como lo era la autorización de despido y cierre parcial otorgada por el Ministerio de Trabajo mediante la Resolución 0038 del 13 de enero de 2020. Explicó que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 preceptúa que ninguna persona con discapacidad podrá ser despedida o su contrato finalizado por razón de su minusvalía, salvo que medie autorización de la oficina de trabajo, además que esa prohibición cobija a las personas con limitaciones «severas y profundas», es decir, todas aquellas que tienen un grado de limitación superior al moderado, es decir, de más del 25% de pérdida de capacidad laboral, lo cual no acontecía en el caso bajo estudio, toda vez que el demandante no fue calificado, ni tampoco estaba impedido para desempeñar las funciones de Pintor I. Propuso las excepciones de cosa juzgada constitucional, inexistencia de las obligaciones y cobro de lo no debido, falta de título y causa en el demandante, pago, compensación, enriquecimiento sin justa causa, buena fe,

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Radicación n.° 99269 prescripción, alcance de la Ley 361 de 1997, inexistencia del nexo causal entre la terminación del contrato de trabajo y el estado de salud del actor, improcedencia e imposibilidad del reintegro y la genérica. II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 25 de enero de 2021, resolvió:

PRIMERO: DECLARAR que entre el señor MAURICIO JAVIER GUTIÉRREZ y la sociedad GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A., existe un contrato de trabajo que tuvo inicio el día 17 de diciembre de 2008 y que fue finalizado el 20 de febrero de 2020, de manera unilateral por el empleador, conforme a lo aquí analizado.

SEGUNDO: DECLARAR que el señor MAURICIO JAVIER GUTIÉRREZ para el momento en que fue despedido, (20 de febrero de 2020), gozaba de estabilidad laboral reforzada por sus condiciones de salud y, en consecuencia, DECLARAR que el despido de que fue objeto el señor MAURICIO JAVIER GUTIÉRREZ, el 20 de febrero de 2020, por parte de la sociedad GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A. es INEFICAZ, conforme a lo desarrollado en esta sentencia.

TERCERO: CONDENAR a la sociedad demandada GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A., a reintegrar al demandante al cargo que venía desempeñando al momento de su correspondiente despido, o a uno de igual o superior categoría acorde a su situación médica, sin solución de continuidad; y, en consecuencia, al pago de los salarios y prestaciones sociales legales y extralegales, vacaciones, junto con las demás acreencias laborales a que tenga derecho. Estas sumas deberán ser indexadas desde su causación, mes por mes hasta el momento del pago conforme al I.P.C. certificado por el DANE, con el fin de compensar los daños causados por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.

CUARTO: CONDENAR a la sociedad demandada GENERAL

MOTORS COLMOTORES S.A., al pago de la indemnización dispuesta en el art. 26 de la ley 361 de 1997, consistente en la cancelación a favor del demandante de ciento ochenta días del salario.

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QUINTO: ORDENAR compensar de las sumas resultantes de los numerales anteriores, el valor de $44.954.000, que fueron inicialmente pagados por la demandada como indemnización por despido sin justa causa, de conformidad con la parte considerativa de esta providencia.

SEXTO: CONDENAR a la sociedad demandada GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A. a realizar el correspondiente pago de los aportes al sistema de SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, en salud, pensión y riesgos laborales dejadas de pagar a las correspondientes entidades y en favor del señor MAURICIO JAVIER GUTIÉRREZ, desde el momento de su despido y hasta la fecha en que se produzca su reintegro.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de las dos partes conoció la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, quien, mediante sentencia calendada 31 de enero de 2023, revocó los numerales segundo a sexto de la decisión de primer grado, para en su lugar, absolver a General Motors Colmotores S.A. de todas y cada una de las pretensiones formuladas en su contra. Se abstuvo de imponer costas en la alzada, las de primera dijo que correrán a cargo del actor.

Para tomar su decisión, comenzó por señalar que de conformidad con las temáticas expuestas en los recursos de

apelación y por cuestión de método, procedía a resolver, en primer lugar, la inconformidad de la demandada, que consistía en determinar si el actor era sujeto de la protección prevista en la Ley 361 de 1997; de ser afirmativa la respuesta, le resultaba imperioso adentrarse en la temática motivo de apelación del demandante, alusiva a si era viable la imposición de la sanción prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por la no consignación de las

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Radicación n.° 99269 cesantías causadas «a partir de la fecha en que se realizó el despido». En ese orden, puso de presente que no era materia de discusión los siguientes hechos: i) que el vínculo laboral que unió a las partes inició el 17 de diciembre de 2008; ii) que el Ministerio de Trabajo a través de la Resolución 2227 del 8 de julio de 2019, autorizó el cierre parcial de la sociedad General Motors Colmotores S.A., precisando en el acto administrativo 0038 del 13 de enero de 2020, que tal cierre conllevaba el despido de 103 trabajadores, pero no comprendía al personal que fuera sujeto de estabilidad laboral reforzada; y iii) con fundamento en dicha autorización, el 20 de febrero de 2020 la demandada le comunica al promotor del proceso la finalización del contrato; y puntualizó: Determinando lo anterior y a efectos de establecer si el actor era sujeto de la estabilidad laboral alegada, se tiene que contrario a

lo indicado por este también en alegaciones y conforme lo ha reiterado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el padecimiento de cualquier enfermedad, no activa la garantía prevista en la Ley 361 de 1997 y así lo señaló esta Corporación en sentencia SL572 del 24 de febrero de 2021, M.P. Luis Benedicto Herrera; indicando que la garantía de estabilidad laboral reforzada por condiciones de salud, se activa siempre y cuando al momento del despido, el trabajador cuente con la calificación formal de la PCL que le ocasiona su patología […]. (El resaltado es del texto original). A continuación, luego de citar apartes de la citada jurisprudencia, enfatizó que conforme al citado criterio que debía seguirse de manera preferente por ser proferido por el órgano de cierre de la jurisdicción, se observaba que en el

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Radicación n.° 99269 presente asunto, si bien fue allegada calificación expedida por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez con fecha 22 de julio de 2013, mediante la cual se establecen patologías al actor como el síndrome de manguito rotador, bursitis de hombro y tendinitis de bíceps, se tiene que tal dictamen únicamente determina que tales padecimientos son de origen común, sin que se evidencie que se haya fijado porcentaje alguno de PCL, para considerarlo como sujeto de protección especial en atención al fuero de discapacidad. Expuso igualmente que la citada jurisprudencia era meridianamente clara en señalar que si no se contaba con

tal calificación, la patología que genera la protección debía ser relevante, esto es, «debe ser de tal magnitud que impida al trabajador desarrollar su labor»; presupuesto que tampoco concurre en este litigio, pues el mismo accionante indicó en el escrito de demanda que se encontraba en ejecución de sus labores cuando recibió la comunicación mediante la cual le informaron sobre la terminación de su vínculo laboral, de ahí que su patología no podía ser arropada por el fuero de salud. Teniendo en cuenta lo anterior, concluyó que la sociedad demandada no desconoció los parámetros señalados por el Ministerio de Trabajo en la Resolución 0038 del 13 de enero de 2020, pues como quedó evidenciado, el demandante no se le puede considerar como sujeto de estabilidad laboral reforzada, siendo procedente

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Radicación n.° 99269 revocar la determinación condenatoria de primer grado y absolver. Por lo expresado, consideró innecesario pronunciarse sobre la inconformidad de la parte actora, relativa a la sanción moratoria prevista por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que esta corporación case totalmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia confirme la decisión del a quo, resolviendo sobre costas lo que en derecho corresponda.

Con tal propósito formula dos cargos que la Sala los estudiará de manera conjunta, pues si bien están dirigidos

por vías diferentes, acusan similar elenco normativo, la sustentación se complementa y persiguen igual cometido.

VI. CARGO PRIMERO Dice que el fallo confutado es violatorio de la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de infracción

directa de los artículos:

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Radicación n.° 99269 […] 1, 2, 4, 13, 16, 25, 29, 47, 48, 53, 54, 93, 94, 95, 209, 333 de la Constitución Política, en concordancia con el Artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y las sentencias C 531 de 2020; SU - 049 del 2017 y SU 040 de 2018, SU 380 de 2021, SU 087 de 2022; sentencias SL1152 de 2023, SL 1360 de 2018; 260 de 2019, SL 2548 y SL 5181 de 2019, CSJ SL 17 may. 2006, rad 36067 rememorada en los fallos CSJ SL 407-2019, CSJ SL 532 -2021 y CSJ SL 1576-2021, así como la Convención sobre derechos de las personas con discapacidad, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convenio 81, 111, 129 y 159 de la OIT, así mismo, el artículo 67 de la ley 50 de 1990, Artículo 142 de Decreto Ley 19 de 2012, que modifico el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 1507 de 2014 y el artículo 2.2.5.1.41 del decreto 1072 de 2015, artículo 74 y ss. del CPACA Decreto

4108 de 2011 y el artículo 8 de la ley 57 de 1985. La demostración del cargo la realiza bajo los siguientes acápites: Estabilidad laboral reforzada por debilidad manifiesta: Dice que la disparidad de criterios por parte de las altas cortes, en cuanto a las personas que deben o no ser protegidas por la institución jurídica de la estabilidad laboral reforzada, por debilidad manifiesta por salud, acarrea una grave inseguridad jurídica, pues la Corte Suprema de Justicia, como lo pone de presente el Tribunal al citar una jurisprudencia del 2021, otorga esa protección a las personas con una limitación moderada o profunda, sin observar en esencia el espíritu del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, para así determinar si efectivamente el demandante debe ser o no protegido. Advierte que la Sala de Casación Laboral cambió su criterio indicando que no es necesario contar con una

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Radicación n.° 99269 calificación de pérdida de capacidad laboral, pero si la existencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a mediano y largo plazo, que sin lugar a dudas las padece el demandante. Explica que la Corte Constitucional ha entendido que el derecho a la estabilidad laboral reforzada tiene fundamento constitucional y es predicable de todas las personas que tengan una afectación en su salud que les «impid[a] o dificult[e] sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares». Por tanto, bajo este criterio, no cabe duda que el trabajador cuenta con la protección foral, por cuanto tiene una afectación que impide

realizar sus funciones en las condiciones regulares. Le reprocha al Tribunal porque «comprendió correctamente la realidad fáctica dentro del debate procesal, pero desconoció los efectos de la norma por rebeldía», acogiendo criterios que vulneran los derechos fundamentales del actor, como sería «si o si deba contar con una calificación de pérdida de capacidad laboral», sin observar el historial de las enfermedades que padece, las recomendaciones laborales, el conocimiento del estado de salud por parte del empleador hasta el momento de la terminación del contrato de trabajo, esto es, el 20 de febrero de 2020. Ministerio del Trabajo y sus trámites administrativos.

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Radicación n.° 99269 Asegura que la decisión del ad quem es «totalmente inconstitucional», en tanto no advirtió que el Ministerio del Trabajo en el segundo acto administrativo, esto es, en la Resolución 0038 de 13 de enero de 2020, señaló que la demandada no podía despedir a los trabajadores en estado debilidad por razón de su salud, que es el caso del actor, de ahí que, para hacerlo, imperiosamente debía adelantarse el trámite respectivo, lo cual se omitió, lo que significa que la terminación del contrato resulta discriminatoria. Fuerza vinculante de la calificación de despido colectivo realizada por el Ministerio del Trabajo hacia la Jurisdicción Ordinaria Laboral. Indica que en el proceso se encuentran «varios actos administrativos debidamente ejecutoriados» que gozan de presunción de legalidad, pues no han sido anulados por la jurisdicción contencioso administrativa, a saber: las

Resoluciones 2237 del 8 de julio y 4878 del 14 de noviembre de 2019 y la 0038 de 13 de enero de 2020.

En seguida sostiene que: [...] el Juez Laboral debe atender los actos administrativos expedidos por el Ministerio del Trabajo y en el presente caso se observa que el ad quem se apartó de los criterios establecidos en la Resolución 0038 de 13 de enero de 2020, en lo concerniente a la exclusión del permiso para despedir a los trabajadores que son sujetos a la estabilidad laboral reforzada en las condiciones establecidas por la Corte Constitucional.

Y, concluye diciendo que «fue de tal trascendencia la interpretación errónea que hizo el ad quem de las normas acusadas en el cargo», que la Corte deberá casar la decisión

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Radicación n.° 99269 recurrida, para ordenar el reintegro del actor, quien, para la fecha del despido, real y efectivamente gozaba de la estabilidad laboral por salud.

VII. LA RÉPLICA General Motors Colmotores S.A., en primer lugar, se opone a la prosperidad del cargo, en tanto adolece de serias e insalvables fallas de orden técnico que lo direccionan a su desestimación, como la referida a que entremezcla indebidamente dos modalidades de violación sobre las mismas disposiciones, pues en un comienzo sostiene que el fallador de alzada infringió directamente las normas señaladas en la proposición jurídica, al paso que en la demostración dice que las interpretó erróneamente.

Asimismo, la censura no controvierte dos de los pilares

fundamentales de la decisión recurrida, a saber: a) que estaba acreditado que el accionante, a pesar de padecer una condición de salud podía desempeñar su cargo sin dificultades sustanciales, haciendo inaplicables las disposiciones del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y, b) teniendo en cuenta que respecto del promotor del proceso no convergen los requisitos legales, para que se le aplique la estabilidad laboral reforzada contemplada en dicha normativa, no le resultaba aplicable la restricción establecida por el Ministerio de Trabajo en la Resolución 0038 del 13 de enero de 2020, que autorizó el despido colectivo de los trabajadores de la accionada, salvo los que tuvieran una discapacidad.

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Radicación n.° 99269 Argumenta que el cargo no tiene vocación de prosperidad, en razón a que la aplicación de las disposiciones de la citada Ley 361 de 1997 no opera respecto de cualquier tipo de afección de salud de un trabajador, sino aquel que limite o dificulte de manera sustancial el desempeño de sus funciones, esto en razón a que la jurisprudencia de la Corte, ha sido reiterativa en la necesidad de acreditar las limitaciones o dificultades sustanciales para el desarrollo de la actividad contratada como supuesto indispensable para llamar a operar la referida disposición, lo cual no está probado en el presente asunto, en tanto fue el mismo demandante quien señaló que para el día de la finalización del contrato, se encontraba laborando. Agrega que no desconoce los cambios recientes en la posición jurisprudencial de la Corte, en relación con la

aplicación del artículo 26 de la Ley 361 de 1997; sin embargo al final, tanto la jurisprudencia como la sentencia emitida en este proceso, convergen en un punto específico no desvirtuado en el cargo, y es la necesidad de acreditar la existencia de barreras o dificultades sustanciales para el desarrollo de la actividad contratada como requisito indispensable para que opere la protección de estabilidad laboral reforzada por salud, lo cual en este asunto no está evidenciado.

VIII. CARGO SEGUNDO

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Radicación n.° 99269 Dice que la sentencia recurrida es violatoria por la vía indirecta, bajo la modalidad de aplicación indebida de los: Artículo 1, 2, 4, 13, 16, 25, 29, 47, 48, 53, 54, 93, 94, 95, 209 333 de la Constitución Política, en concordancia con el Artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y las sentencias C 531 de 2020; SU049 del 2017 y SU 040 de 2018, SU 380 de 2021, SU 087 de 2022; sentencias SL1152 de 2023, SL 1360 de 2018; 260 de 2019, SL 2548 y SL 5181 de 2019, CSJ SL 17 may. 2006, rad 36067 rememorada en los fallos CSJ SL 407-2019, CSJ SL 532 -2021 y CSJ SL 1576-2021,así como la Convención sobre derechos de las personas con discapacidad, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convenio 81, 111, 129 y

159 de la OIT, así mismo, el artículo 67 de la ley 50 de 1990, Artículo 142 de Decreto Ley 19 de 2012, que modifico el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 1507 de 2014 y el artículo 2.2.5.1.41 del decreto 1072 de 2015, artículo 74 y ss. del CPACA Decreto 4108 de 2011 y el artículo 8 de la ley 57 de1985. Explica que tal violación se dio a causa de haber incurrido el Tribunal en los siguientes errores de hecho: Dar por demostrado, sin estarlo, que MAURICIO JAVIER GUTÍERREZ no se le puede considerar como sujeto de estabilidad reforzada, en atención al fuero de salud. Dar por demostrado, sin estarlo, que la terminación del contrato de trabajo de MAURICIO JAVIER GUTÍERREZ obedeció al permiso otorgado por el Ministerio del Trabajo a través de la resolución 2227 del 8 de julio de 2019. No dar por demostrado, estándolo que la terminación del contrato de trabajo obedeció a la discriminación que fue objeto el señor MAURICIO JAVIER GUTÍERREZ, en atención al fuero de salud. No dar por demostrado, estándolo, que el Ministerio de Trabajo a través de la resolución 0038 de 13 de enero de 2020 modifica el artículo tercero señalando que la autorización del colectivo no comprende per se a los trabajadores que son sujetos de estabilidad laboral reforzada, dada en los términos previstos por la Ley y las Sentencias de Unificación de la Corte Constitucional

Colombiana No dar por demostrado, estándolo, que el señor MAURICIO JAVIER GUTÍERREZ goza de estabilidad reforzada, en atención

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Radicación n.° 99269 al fuero de salud, en los términos previstos por la Ley y las Sentencias de Unificación de la Corte Constitucional Colombiana. Asegura que tales yerros se dieron por no haber apreciado el colegiado correctamente los siguientes medios de convicción: carta de terminación del contrato de trabajo; Resolución 0038 del 13 de enero de 2020, expedida por el Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social; expediente administrativo y dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez del año 2013; dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca del año 2020; copia de las historias clínicas de los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020; recomendaciones ocupacionales; examen ocupacional de retiro; testimonios de Jhon Muñoz, Omar Flores y Helver Alexar Coy; la demanda inaugural y su contestación; y las sentencias de primer grado y de segundo. La demostración del cargo la presenta bajo los siguientes acápites: Principio de la realidad sobre las formalidades en la terminación del contrato de trabajo del señor Mauricio Javier Gutiérrez. Manifiesta que las pruebas señaladas en el cargo «fueron mal apreciadas», pues de haberlo hecho correctamente hubiese concluido que el demandante gozaba de estabilidad laboral reforzada por fuero de discapacidad, por consiguiente, la demandada estaba obligada a solicitar

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Radicación n.° 99269 el permiso para despedirlo por esa situación especial, y no utilizar la autorización concedida de cierre parcial de la empresa y despido colectivo por razones técnicas y económicas, esto en razón a que los procedimientos administrativos son independientes y sustancialmente diferentes entre sí. Explica que la accionada desde el mismo momento que solicita el permiso para el cierre parcial de la empresa y despido colectivo por razones técnicas y económicas ante el Ministerio del Trabajo, conocía de las condiciones de salud del actor y sus limitaciones conforme a las recomendaciones médicas otorgadas, pues de ello dan cuenta las calificaciones de invalidez del año 2013, lo que quiere decir que la convocada a juicio «ya había perfilado al demandante para solicitar el permiso en comento», pues «solo basta con analizar conjuntamente las pruebas aportadas al plenario» para cerciorarse que el objetivo principal era discriminar al trabajado