CSJ - SL1103-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL1103-2023 Radicación n.° 87218 Acta 16 Bogotá, D. C., dieciséis (16) de mayo de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por DERETH PALMERA OSORIO, contra la sentencia proferida el 10 de septiembre de 2019, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente contra la

ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S. A. ESP.

I. ANTECEDENTES Dereth Palmera Osorio llamó a juicio a la accionada con el fin de que se declare la ineficacia de su despido o, en subsidio, su nulidad, al considerar que se desconoció el debido proceso constitucional.

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 87218 En consecuencia, solicitó ordenar su reintegro al cargo que venía ejerciendo o a uno de similar o superior remuneración y responsabilidad, junto con el pago de los salarios causados desde el 17 de enero de 2015 y hasta cuando se produzca su reinstalación efectiva; las prestaciones sociales legales y extralegales en su condición de beneficiario de las CCT suscritas en la empresa; los aportes al sistema de seguridad social y sus respectivos intereses y las costas del proceso. Como fundamento de sus pretensiones, informó que el 5 de mayo de 1993, fue vinculado a la Electrificadora del Magdalena, la cual fue sustituida por Electricaribe S. A. ESP;

que esta última empresa lo citó a descargos con ocasión de un proceso disciplinario que fue adelantado en su contra, por el presunto incumplimiento grave de sus funciones y por incurrir en prohibiciones legales, contractuales y reglamentarias; que dicho procedimiento está regulado en la CCT suscrita en 1970 entre la entonces Electrificadora del Magdalena y su sindicato de trabajadores; y que aunque la diligencia para rendir explicaciones fue fijada, inicialmente, para el 7 de noviembre de 2014, en realidad, se realizó el 20 de diciembre siguiente. Explicó que el trámite disciplinario convencional no se completó en debida forma, ya que su empleador no le permitió presentar parte de los testimonios que solicitó el 15 de enero de 2015, a fin de ejercer su derecho de defensa; y, por el contrario, al día siguiente, tomó la determinación de despedirlo.

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 87218 Precisó que en decisión CC C593-2014, la Corte Constitucional enseñó que los empleadores deben garantizar unos parámetros mínimos en el ejercicio de su facultad sancionatoria, de modo que el trabajador pueda conocer el procedimiento empleado para ello, los cuales no fueron acatados por la empresa accionada, toda vez que no adecuó el proceso convencional a dichos mandatos jurisprudenciales. En consecuencia, su despido deviene en ineficaz, ya que no se le garantizó su derecho de defensa, concretamente, no tuvo la posibilidad de solicitar y presentar pruebas, las cuales se rechazaron, ni tampoco contó con un

recurso para controvertir la decisión de desvincularlo. De hecho, la accionada admitió, en respuesta a un derecho de petición por él presentado, que dentro del procedimiento disciplinario convencional no se prevé norma alguna que permita a los interesados interponer recursos contra la determinación de decretar o negar una prueba. Finalmente, dijo que tiene derecho a las acreencias reclamadas, precisando que las prestaciones extralegales comprenden la prima de vacaciones, servicios, navidad y antigüedad; la bonificación por año cumplido; el auxilio escolar, mortuorio, escolar especial, para lentes y monturas, transporte, maternidad, energía; cenas y almuerzos; préstamos para adquisición de vivienda; prótesis dentales y medicina familiar. Añadió que el último salario que recibió fue de $1.833.568.

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.° 87218 Al contestar la demanda, Electricaribe S. A. ESP se opuso a las pretensiones. En relación con los hechos, admitió los relativos a la vinculación de actor con dicha empresa; la citación a descargos y el hecho del despido, pero aclaró que esa diligencia, por solicitud del trabajador, debió aplazarse en cuatro ocasiones; los demás, los negó. En su defensa, explicó que no es cierto que al trabajador se le hubiera vulnerado algún derecho, pues, el procedimiento disciplinario de que dispone la empresa es completo, y se encuentra conforme con los mandatos legales y convencionales. Refirió que, si bien se adelantó contra aquél un trámite de esa naturaleza, su desvinculación no

obedeció a la imposición de una sanción, sino a la decisión de dar por terminado su contrato de trabajo por justa causa, facultad que, anotó, es dada por la ley en favor de las partes contratantes. Agregó que, aunque es cierto que el trámite convencional no contempla recursos contra las determinaciones que rechazan la práctica de una prueba, la cual, aclaró, se negó por ser impertinente e inconducente, el actor sí contaba con la posibilidad de recurrir la decisión que dispuso su despido. Propuso las excepciones de prescripción, inexistencia de la obligación, carencia de acción y cobro de lo no debido.

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.° 87218

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta, mediante fallo del 5 de abril de 2018, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que el despido de que fue víctima el señor DERETH GUSTAVO PALMERA OROZCO (sic) fue ineficaz por haberse pretermitido el derecho al debido proceso en el proceso disciplinario que se adelantó en su contra. En consecuencia, se ordena al reintegro del actor a un cargo de igual o equivalente al que desempeñaba el 16 de enero de 2015 en la

empresa ELECTRICARIBE S. A. ESP.

SEGUNDO: Condenar a ELECTRICARIBE S. A. ESP al pago de las siguientes sumas de dinero en favor del accionante DERETH GUSTAVO PALMERA OROZCO (sic), conforme a la parte

considerativa de la presente decisión:

Por concepto de salarios, la suma de $117.047.866 Por concepto de cesantías, la suma de $9.753.989 Por concepto de intereses sobre cesantías, la suma de $1.077.257 Por concepto de vacaciones, la suma de $4.875.994 Por concepto de prima de servicios, la suma de $9.753.989 A los aportes a seguridad social en pensiones dejados de pagar desde el 17 de enero de 2015 hasta que se haga efectivo el reintegro, pago que debe efectuarse en el fondo que sea de elección de la demandante.

TERCERO: ABSOLVER a la demandada ELECTRICARIBE S. A.

ESP de las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: COSTAS a cargo de la demandada ELECTRICARIBE

S. A. ESP, las cuales serán liquidadas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de ambas partes, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en decisión del 10 de septiembre de 2019, revocó el fallo impugnado y, en su lugar, absolvió a la accionada de las

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 87218 pretensiones dirigidas en su contra. Condenó en costas al demandante. Como soporte de su decisión señaló que no era objeto de discusión que el 5 de mayo de 1993, el actor suscribió con la accionada un contrato de trabajo a término indefinido, de conformidad con el documento obrante a folios 141 a 144; que entre la Electrificadora del Magdalena S. A. y su sindicato de trabajadores se firmó una convención colectiva

de trabajo, el 20 de noviembre de 1970; que el 31 de octubre de 2014, la demandada citó al trabajador demandante a descargos (f.° 60), audiencia que fue celebrada el 29 de diciembre siguiente, por el supuesto grave incumplimiento de obligaciones y por incurrir en prohibiciones legales, contractuales y reglamentarias; y que el 16 de enero de 2015, le fue informada la terminación del contrato de trabajo con justa causa, como se evidenciaba en la carta de despido de folios 108 a 121 del expediente. En relación con la apelación propuesta por la Electrificadora demandada, explicó que esta Sala de Casación Laboral, en un asunto de similares contornos, CSJ SL5295-2018 había adoctrinado que el despido no se asimila a una sanción disciplinaria y, por ende, no debe estar sujeto a un trámite previo, salvo que así se hubiera pactado en el contrato de trabajo, la CCT o algún pacto o laudo arbitral. Además, advirtió que esta postura fue adoptada por la Corte Constitucional, en sentencia CC T546-2000.

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 87218 Puntualizó que el debido proceso presupone la existencia de un procedimiento judicial o administrativo, por lo que, en el evento de la terminación del contrato de trabajo por parte del empleador invocando una justa causa, esta vulneración no se puede predicar por regla general, a menos que dentro de la empresa se hubiera previsto un procedimiento para despedir. Puso de presente que, analizado el caso concreto y de

conformidad con el acervo probatorio, lo cierto era que en los artículos 79 y 80 de la CCT de 1970 (f.° 125 a 140) se estableció una justa causa para que la empresa pudiera dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo y, en su artículo 80, un procedimiento para la imposición y aplicación de las sanciones disciplinarias, «incluyendo como sanción el despido sin justa causa», de manera que le correspondía determinar si el empleador había cumplido con las garantías establecidas por la Corte Suprema de Justicia para efectuar el despido. Al respecto, con base en lo dicho por la Corte, analizó la comunicación al trabajador para verificar los motivos o razones concretas por las cuales se daba por terminado el contrato (folios 108 a 121), puntualizando que ello había operado con el oficio del 16 de enero de 2015, en donde se le endilgó al trabajador unos hechos graves, que sintetizó en: «la violación y omisión a los deberes y obligaciones contractuales, violación al Código Ético de Gas Natural Fenosa», de manera que «se entiende surtida esa garantía».

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 87218 Luego, se pronunció sobre la inmediatez, y tras referir que consistía en que el empleador debe dar por terminado el contrato inmediatamente después de ocurridos los hechos que motivaron su decisión o de que tuvo conocimiento de los mismos, halló que, en este caso, ello pasó el 16 de enero de 2015 con efectividad a partir de ese mismo día al término de

la jornada, de lo que infirió que los hechos dados a conocer en la carta del 16 de enero, sucedieron entre «el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2014, el 31 de octubre de 2014, la demandada lo citó a diligencia de descargos, que inicialmente fue programada para el 7 de noviembre de ese año a las 2:30, sin embargo, se llevó a cabo el 29 de diciembre de 2014 por aplazamiento solicitado por el trabajador y los representantes del sindicato (folio 61 a 64 del compendio)», de tal manera que concluyó que se cumplió también con esta garantía. Enseguida se pronunció sobre la «tercera garantía» que «dispone que se configure alguna de las causales expresa y taxativamente enunciadas en el Código Sustantivo del Trabajo como causales de justa causa para finiquitar el vínculo laboral». Al efecto, precisó que Electricaribe S.A. había señalado el artículo 62 literal a numeral 4, 5 y 6 del CST, en armonía con el artículo 58, numeral 1, 4 y 5 de esa misma obra. Finalmente, dijo, hay que establecer si se «agotó el procedimiento a seguir para el despido incorporado en la convención colectiva o en el Reglamento interno del trabajo o en el contrato individual de trabajo», así, indicó que en la CCT de 1970, la empresa y el Sindicato de Trabajadores

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.° 87218 acordaron un procedimiento para imponer y aplicar sanciones disciplinarias, entre las que se encuentra el

despido con justa causa, por lo que le correspondía determinar si el empleador cumplió con el procedimiento convencional. Citó el contenido del artículo 81, literal y siguientes del Reglamento Interno de Trabajo modificado por el artículo 11 de la CCT de 1970, así: «a. Cuando el trabajador incurre en una violación de las normas legales, contractuales o reglamentarias de cualquier carácter leve o grave, el jefe deberá notificar por escrito al trabajador su derecho a comparecer a la oficina encargada de la imposición de sanciones, con el fin de presentar sus descargos, diligencias en la que el trabajador sindicalizado estará asistido por dos representantes del sindicato, el trabajador no sindicalizado podrá asistir a la diligencia de descargo con dos compañeros de trabajo; b. La notificación cuando esté claramente establecido cuál trabajador es el culpable, deberá hacerse por el jefe respectivo dentro de los ocho días siguientes a la ocurrencia de la infracción, si no se conoce el trabajador implicado, la empresa tendrá 16 días hábiles para la respectiva investigación y notificación al trabajador inculpado; c. En la notificación del jefe se hará constar en forma precisa la falta o faltas que se imputan con los detalles de la calificación, también se hará constar el día y la hora en que el trabajador deberá concurrir a la diligencia de descargo; d. El resultado de las reuniones de descargo se levantará un acta que deberá ser firmada por quienes hayan intervenido en la diligencia; e. Cuando la empresa hubiere terminado la investigación sobre la falta ocurrida, lo notificará al trabajador la

sanción impuesta por la Jefatura de Relaciones Industriales; f. Una vez recibido por el trabajador la notificación de su sanción tendrá derecho al recurso de reposición por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes, el funcionario respectivo gozará de tres días hábiles para resolver este recurso, si el trabajador no quedara satisfecho con la decisión recurrida, tendrá derecho a interponer recurso de apelación ante el Comité dentro de los tres días hábiles siguientes; g. Cuando se trate de un despido por justa causa de la ley, la imposición y aplicación deberá hacerse inmediatamente después del fallo de la Oficina de Imposición de Sanciones.

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.° 87218 Sostuvo que, a folio 60 del plenario obraba comunicación que dirigió Electricaribe S. A. ESP al trabajador, mediante la cual lo citó a audiencia de descargos, refiriendo que debía asistir con dos representantes de la organización sindical. Así mismo, el 16 de enero de 2015, la demandada le informó que, después de haberle garantizado el derecho al debido proceso, había resuelto dar por finalizado el contrato de trabajo. Advirtió que no se observaba que el actor hubiera presentado recurso de reposición o de apelación contra esa determinación y que, si bien, intentó reponer la decisión de comunicación de pruebas practicada en ese trámite, al haberse rechazado unos testimonios que solicitó, por ser inconducentes e impertinentes, lo cierto es que la CCT no establecía esos recursos en concreto. Resaltó que, en todo caso, analizada la documental de

folio 100, en la cual se descartó la práctica de algunos medios de convicción y se admitieron otros, era posible inferir que no se le negó el derecho a la defensa, «pues si bien no está en su procedimiento de sanciones que el encartado solicite la práctica de pruebas, el empleador recibió los testimonios requeridos por estos, que son el de Rosa Gámez Berrío y Rafael de la Hoz». En cuanto a Marisa Blanco, puso de presente que la Electrificadora le informó al trabajador que aquella no compareció a la diligencia a la que fue citada y, frente a las demás declaraciones, se explicó la negativa de su práctica, en tanto no aportaban nada al proceso. Así, respecto del técnico en mantenimiento de redistribución, el empleador

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.° 87218 expresó que no resultaba útil al proceso toda vez que se había citado a declarar a la responsable de la oficina comercial en Fundación; frente a Alejandro Sergei y Wilmer Pinto indicó que eran inconducentes, dado que no habían tenido ninguna participación directa en las presuntas faltas cometida por el trabajador y, en lo concerniente a Haroldo Riascos, afirmó que no era necesario, pues al proceso disciplinario fue aportada la declaración realizada por este, por lo que, concluyó, no se había vulnerado el derecho de defensa del actor. Así las cosas, estimó que en este asunto no se transgredió, por parte de Electricaribe S. A. ESP el debido proceso de Dereth Gustavo Palmera Osorio, pues lo cierto era que la empresa cumplió con cada una de las garantías mínimas que debía ejecutar previo a terminar dicha relación

laboral, llevando a cabo cada uno de los pasos establecidos en el artículo 11 de la CCT de 1970, que modificó el artículo 81 del RIT, de tal manera que el juzgador de primera instancia erró al determinar que la demandada no cumplió con el procedimiento establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia CC593-2014 y en consecuencia, al disponer el reintegro, cuando eso no era lo jurídicamente correcto.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 87218

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN El recurrente pretende que la Sala case totalmente la decisión acusada y, en sede de instancia, confirme el fallo impugnado, adicionándolo en el sentido de aclarar que los pagos que debe recibir comprenden los que se le venían reconociendo como beneficiario de las CCT vigentes en la empresa, dado su condición e afiliado al sindicato, disponiendo lo pertinente en costas.

Con tal propósito, formula un cargo por la causal primera de casación, el cual no fue replicado.

VI. CARGO ÚNICO Denuncia el fallo de ser violatorio de la ley sustancial, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 115 y 467 del CST; 4, 25, 29, 53 y 229 de la Constitución Política; 1, 9, 13, 14, 19, 21, 43, 47, 55, ordinales primero, cuarto y quinto del 58, 62, 468, 469, 470

y 476 del CST; 7, 8, 17, 37 y 38 del Decreto 2351 de 1965; 6 de la Ley 50 de 1990; 1494, 1495, 1502, 1508, 1513, 1602 a 1604, 1613 a 1617, 1621, 1626, 1648 y 1649 del CC; 8 de la Ley 153 de 1887; 51, 52, 55, 60, 61 y 145 del CPTSS; 164, 165, 167, 244, 245, 146 y 168 del CGP. Indica que el Tribunal incurrió en los siguientes yerros fácticos:

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 87218 Dar por demostrado, sin estarlo, que el procedimiento sancionatorio contenido en la convención colectiva suscrita por la empresa con su sindicato, en el año 1970, respeta el debido proceso constitucionalmente consagrado. No dar por demostrado, estándolo, que el trámite disciplinario que le fue aplicado al actor no respeta el debido proceso consagrado constitucionalmente. Dar por demostrado, a pesar de no estarlo, que la citación a diligencia de descargos respeta las reglas al debido proceso necesarias en toda diligencia de índole disciplinaria que se sigue a los trabajadores sometidos al CST. Dar por demostrado, sin estarlo, que la citación que la empresa hizo al actor se refiere a hechos sucedidos entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2014. No dar por demostrado, estándolo, que cuando la empresa negó

la práctica de las pruebas testimoniales solicitadas por el demandante y no le permitió el ejercicio de su derecho de defensa mediante la interposición de los recursos encaminados a obtenerlas, le vulneró el debido proceso, tal y como lo tiene entendido la Corte Constitucional. Dar por demostrado, sin estarlo, que cuando el procedimiento disciplinario se encuentra pactado, solo se debe analizar si se acató al pie de la letra, al margen de las circunstancias que constituyen infracciones al debido proceso. Dar por demostrado, sin que ello sea cierto, que la empresa demostró que el trabajador demandante incurrió en la violación de obligaciones y/o en la infracción de prohibiciones contractuales o reglamentarias, sustentadas en hechos diferentes a los que se presentaron durante los meses de marzo y abril de 2014. Dar por demostrado, sin estarlo dentro del plenario, la existencia del Código de Ética de la empresa Unión Fenosa. Dar por demostrado, sin estarlo, la existencia del reglamento interno de trabajo vigente en la empresa Electricaribe S. A. No dar por demostrado, estándolo, que el despido al cual fue sometido el demandante no fue oportuno pues se sustentó en hechos que sucedieron con mucha anticipación a la fecha de la carta de despido y sobre los cuales la empresa tenía la potestad de supervisión. No dar por demostrado, estándolo, que la empresa tuvo siempre la oportunidad de establecer con la entrada y salida de sus empleados con el sistema PAST POINT si el demandante había

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.° 87218 adquirido el derecho a obtener el pago de sus viáticos mediante

la comprobación de la existencia del supuesto que lo originaba, antes de ordenar su pago y no en el momento en el cual se rindió el informe que dio inicio a la indagación disciplinaria, pues tales pagos fueron muy anteriores a esa fecha. No dar por demostrado, estándolo, que la empresa antes de validar el pago de los costos por gastos de transporte generados por el vehículo MHZ-193, durante los meses de marzo, abril y mayo de 2014, tuvo la oportunidad de comprobar la existencia de los hechos que los generaban, con mucha anterioridad al informe de fecha octubre 24 de 2014, que dio origen a la diligencia disciplinaria. Dar por demostrado, sin estarlo, que entre la empresa Electricaribe S. A. y la cooperativa Ccomuselcaribe existía un convenio que contenía la prohibición de suministrar para el transporte de la empresa vehículos de propiedad de los trabajadores de la misma. Refiere que dichos yerros se cometieron por la indebida apreciación de los siguientes elementos de juicio: i) la convención colectiva de trabajo suscrita el 20 de noviembre de 2012 (f.° 125 a 140); ii) la citación a diligencia de descargos del 31 de octubre de 2014 (f.° 60); iii) las citaciones a la diligencia de descargos (f.° 61 a 64); iv) la diligencia de descargos (f.° 66 a 69); v) los documentos de folios 100 a 102 a través de los cuales se resolvió sobre el decreto de pruebas; vi) la decisión del recurso de reposición y apelación (f.° 106 a

107); vii) la comunicación de despido del 16 de enero de 2015 (f.° 108 a 121) y; viii) los comprobantes que recogen el informe diario por el uso del vehículo MHZ-193. Para argumentar, a lo largo de toda la acusación, cita extractos de la decisión cuestionada. Señala que el ad quem se equivocó al fundar su decisión en una sentencia de esta Corte, CSJ SL, 21 nov. 2018, rad.

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 87218 81534, toda vez que no era consistente con lo que se estaba analizando en esta ocasión, pues el fallo referido concernía un recurso de anulación que formuló la Cámara de Comercio de Villavicencio contra un laudo arbitral, y que no tiene relación con el problema que aquí se trata. Luego, dice, el ad quem se ocupó de estudiar el contrato de trabajo; la CCT de 1970; la citación a audiencia de descargos y la diligencia en la que se surtió, sin decir nada sobre el particular. Precisa que no es cierto lo que dijo el colegiado sobre los documentos de folios 61 a 64, ya que de ellos sólo se deriva que el actor fue citado a diligencia de descargos por el supuesto incumplimiento grave de sus obligaciones o incurrir en prohibiciones legales, contractuales o reglamentarias, sin que pueda establecerse con certeza cuáles deberes no acató o cuáles actos prohibitivos cometió, algo que, dice, es fundamental dentro de una citación a la diligencia de descargos, tal como lo ha sostenido la Corte Constitucional.

Refiere los diferentes documentos en los que fue citado a rendir explicaciones (f.° 60 a 64) y estima que en ninguno de ellos se precisó que los hechos por los cuales debía responder ocurrieran entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2014, pese a lo cual, el Tribunal afirmó tal circunstancia. Agrega que los códigos de ética y el RIT se vulneraron, pese a que dichos textos no se aportaron al plenario.

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 87218 Sobre esto último, aclara que, como dentro del expediente no se encuentra el código de ética; el reglamento interno de trabajo ni el contrato suscrito entre la empresa y Coomulselcaribe, no podría técnicamente denunciarse como medios probatorios no apreciados, pero dice que los relaciona porque su ausencia debió ser considerada por el Tribunal, para no tener por probados los hechos que supuestamente se derivaban del análisis de tales documentos. Dice que el colegiado no tuvo en cuenta que en el trámite disciplinario no se establece que los testigos puedan ser rechazados por impertinentes o inconducentes y que, cuando ello sucede, tampoco se dispone de un mecanismo de defensa contra la decisión que impide la práctica de esos medios probatorios, concretamente, no se prevén recursos. Indica que, si bien, para el juez plural no se vulneró el derecho de defensa en la medida en que se cumplió el trámite previsto por la empresa, lo cierto es que en ese procedimiento no se contempló la totalidad de garantías que comprenden un debido proceso, lo que desconoce lo dicho por la Corte

Constitucional en decisión CC C593-2014, al estudiar la exequibilidad del artículo 115 del CST, de la cual transcribe varios apartes. Reitera que en la citación a descargos no se mencionaron las conductas por las cuales era llamado; como tampoco las faltas disciplinarias; ni la calificación provisional de ellas, sin que pueda entenderse que fue por un incumplimiento general, ya que la citación debe señalar

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 87218 cuáles cargos en concreto se están investigando, con el fin de determinar respecto de qué acusaciones debe defenderse. Advierte que estos requisitos no se previeron en la CCT de 1970, toda vez que al momento en que se adoptó dicho acuerdo, los derechos de defensa y debido proceso no eran de raigambre constitucional, ya que se pensaba que el derecho disciplinario laboral era una manifestación del poder subordinante del empleador, de allí que no se respetaran como correspondía; prueba de ello es que, negándose las pruebas solicitadas, tal determinación no se podía cuestionar. Indica que, si se revisa el folio 60 del plenario, es posible observar que no se prevé un término dentro del cual ejercer los descargos; ni se establece la posibilidad de aportar pruebas; lo que también se evidencia de la lectura de los folios 61 a 64, de modo que el trámite dispuesto en la CCT no consagra un adecuado respeto del derecho de defensa del encartado. Anota que existe un pronunciamiento constitucional que analiza de forma precisa la forma de aplicar una norma que tiene relevancia, en la medida en que trata de la

imposición de una sanción disciplinaria. Sostiene que el tema que demuestra la violación al debido proceso y al derecho de defensa lo constituye el hecho de que lo citen a descargos para que responda de todo, esto es, de un grave incumplimiento de sus obligaciones y por

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 87218 incurrir en prohibiciones legales o reglamentarias, como si se le imputara muchas cosas al mismo tiempo, pero ninguna de la cual pudiera defenderse, y luego de ser citado a descargos y no practicar la mitad de las pruebas solicitadas, entender que incurrió en las faltas impuestas. Ello, estima, resulta manifiestamente contrario a las normas elementales de las garantías procesales. Dice que un análisis más reposado habría puesto de presente que, existiendo un trámite disciplinario de 1970, este no se encontraba acorde con la interpretación constitucional y los alcances del debido proceso en asuntos disciplinarios de las relaciones entre particulares. Considera que, de haber apreciado el ad quem en su verdadero alcance los documentos con los que fundó su decisión, hubiera encontrado que él fue contratado a término indefinido; que en la diligencia de descargos no se le imputó uno concreto del cual defenderse, de modo que no es posible conocer que las conductas que se le endilgaron ocurrieran entre el 1 de enero y el 30 de diciembre de 2014; entiende que lo que se le imputó, ocurrió en marzo y abril de 2014 respecto de comportamientos que la empresa siempre estuvo en la posibilidad de investigar; que no se señalaron los

términos que tenía para defenderse y que, como no existía norma para cuestionar el rechazo de las pruebas, esto solo podría hacerse con la decisión de fondo.

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 87218 Manifiesta que Electricaribe S. A. ESP tuvo conocimiento de los hechos que le reprochó en los descargos, con mucha antelación al informe con el cual dio inicio del trámite disciplinario, aparte de que contaba con la posibilidad de verificar la comisión de las conductas endilgadas, tanto de los viáticos como de los costos de transporte del vehículo, por lo que no se entiende el motivo por el que los cuestionó muchos meses después de haberlos revisado. Explica que no es cierto, como lo afirmó el Tribunal, que el empleador sólo hubiera conocido de los hechos que se le imputaron, el 24 de octubre (sin precisar el año), fecha en la que se emitió el informe con el que se inició el trámite disciplinario, pues lo cierto es que las facturas que obran en ese proceso y que se le endilgan en su contra, fueron canceladas por Electricaribe S. A. ESP con mucha anticipación al momento en que fue citado a descargos, de modo que el ad quem asumió como verdadero, algo no acreditado. Advierte que el cuestionamiento que se le hizo en el procedimiento disciplinario únicamente comprendió comportamientos cometidos en marzo, abril y mayo de 2014. Puntualiza que el documento que contiene la comunicación de despido no puede ser tenido como válido,

en tanto se trata de una decisión que fue resultado de un trámite disciplinario en el que no se respetó el debido proceso. Aduce que en los folios 108 a 121 y de manera especial -109 a 114se concretan con certeza los hechos y se evidencia la falta de inmediatez de la terminación del vínculo

SCLAJPT-10 V.00 19

Radicación n.° 87218 laboral. Señala que debe existir una relación entre los hechos que se le imputan al trabajador, con las consecuencias que se desprendan de las diligencias disciplinarias, lo que no ocurre al sustentarse sobre una violació