CSJ - SL1104-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL1104-2023 Radicación n.° 88068 Acta 16 Bogotá, D. C., dieciséis (16) de mayo de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por NANCY SORAYA VANEGAS MALAGÓN contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 5 de junio de 2019, en el proceso ordinario laboral que instauró la recurrente contra la SOCIEDAD TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA LTDA. y solidariamente frente a los socios DWRAK KRZYSZTOF,

DANIEL SIERRA MEJÍA, MÓNICA DWRAK SIERRA, ANA

MARÍA SIERRA PÉREZ y ANGÉLICA ELMYRA SIERRA

PÉREZ.

I. ANTECEDENTES Nancy Soraya Vanegas Malagón llamó a juicio a la sociedad referida y a las personas naturales mencionadas en calidad de socios de dicha empresa, para que se declare que entre ellos hubo varios contratos de trabajo a término fijo, de

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Radicación n.° 88068 los cuales, el último finalizó el 8 de mayo de 2017 por «una causa inexistente». En consecuencia, pidió condenarlos solidariamente al pago de los siguientes conceptos: indemnización por despido sin justa causa; sanción moratoria; perjuicios morales; reparar el daño causado por la violación a sus derechos convencionales y constitucionales de dignidad humana,

buen nombre, honra, trabajo, debido proceso e irrenunciabilidad de los derechos mínimos, en cuantía de 100 SMLMV; indexación de las sumas adeudadas; lo que resulte probado ultra o extra petita y las costas del proceso. Para fundamentar sus peticiones informó que laboró para la sociedad demandada a través de diferentes contratos de trabajo a término fijo inferiores a un año, así: Año Salario Fecha Fecha final Cargo inicial 2009 $2.400.000 1/02/2009 20/12/2009 Coordinadora Sección Primaria 2010 $2.483.000 1/02/2010 17/12/2010 Coordinadora Sección prescolar y Primaria 2011 $2.526.000 1/02/2011 20/12/2011 Coordinadora Sección Primaria 2012 $2.619.000 1/02/2012 19/12/2012 Coordinadora Sección Primaria 2013 $2.619.000 1/02/2013 20/12/2013 Coordinadora general 2014 $2 713.300 1/02/2014 19/12/2014 Coordinadora general 2015 $2.781.000 1/02/2015 «18/12/2018» Coordinadora general 2016 $2.900.000 1/02/2016 20/12/2016 Coordinadora general 2017 $3.103.000 1/02/2017 «20/12/2017» Coordinadora general (sic) Relató que de 2009 a 2017 tuvo las siguientes responsabilidades: i) liderar el proceso de calidad institucional modelo EFQM de acreditación internacional; ii) ser docente de formación en valores para los grados 5 a 10;

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Radicación n.° 88068 iii) orientar a la población femenina, y iv) ser coordinadora académica. Señaló que cada año sus servicios se prestaban desde mediados de enero, pese a que los contratos iniciaban el 1 de febrero, periodo que era pagado con cheque al portador, pero que la demandada no le reconoció los derechos por esta fracción de tiempo; que, el último salario fue de $3.103.000. Su jefe directo fue Siervo Velasco Garavito, rector del colegio Miguel Antonio Caro, establecimiento donde trabajó y de propiedad de la sociedad demandada. Refirió que no se le hicieron llamados de atención, ni fue objeto de memorandos, suspensión o sanción disciplinaria. Dijo que en el 2017 junto a sus compañeros de trabajo celebraron varias reuniones en donde se analizó el clima organizacional, las relaciones interpersonales entre ella, las directivas y el personal a su cargo, obteniendo calificaciones de «óptima» y «excelentes»; de ellas se elaboraron las respectivas actas. El 8 de mayo de 2017 fue citada por la demandada quien le informó que, debido a las dificultades interpersonales entre ella y el personal del colegio, tenía que presentar su renuncia para lo cual le suministró un formato en el que se consignaba que tenía efectos a partir de esa fecha. En esa oportunidad, la entidad educativa le manifestó que, de no firmarla, la liquidación sería consignada mediante un depósito judicial, ante lo cual ella expresó su oposición dejando una nota marginal al respaldo de la carta como

expresión de su rechazo.

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Radicación n.° 88068 Debido a la persistencia e insinuación de la demandada para que renunciara, ese mismo día presentó una queja por acoso laboral, radicada a las 12:25 p.m., y a las 12:57 p.m de esa calenda la demandada le entregó una comunicación terminándole el contrato de trabajo con justa causa y a partir de dicha data. Ello ocurrió en presencia del gerente Jaime Sierra Galvis, la subgerente Ana María Sierra Pérez y el rector Siervo Velasco Garavito. Este último manifestó su desacuerdo con tal terminación oponiéndose a suscribir la referida misiva. Los motivos del finiquito contractual que le indicaron fueron los siguientes:  Los socios del establecimiento educativo, profesores y empleados, solicitan terminar el contrato de trabajo unilateralmente.  La existencia de rechazo por la comunidad académica por las relaciones interpersonales entre estos y mi poderdante.  Que en la reunión del 17 de abril de 2017 en donde la accionante estuvo presente, se leyó un comunicado con reserva de identidad, en el cual se precisaban inconformidades manifiestas.  Que, al no aceptar la iniciativa de presentar la renuncia, se ven forzados a recurrir a diferentes cartas firmadas por el profesor o vocero representante de los profesores de secundaria y primaria, padres de familia y empleados en donde piden el cambio de coordinador.  Que esto agrava la situación del Colegio Miguel Antonio Caro, que lo posiciona en una situación crítica.  Que la decisión se toma por comprender y respaldar el bienestar

de toda la comunidad y perennidad del colegio. Señaló que, hasta la fecha de radicación de la demanda inicial, no se le había entregado los comprobantes de aportes a la seguridad social, y que al momento del despido no le fue pagada la liquidación de prestaciones sociales. Indicó que la demandada no agotó el trámite establecido en el artículo 39 del Reglamento Interno de Trabajo (RIT) para la comprobación de faltas y aplicación de sanciones disciplinarias.

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Radicación n.° 88068 Refirió que el 9 de mayo de 2017 entregó su puesto de trabajo a su jefe inmediato junto con los elementos asignados y solicitó que se le diera una certificación laboral con información sobre el pago de la liquidación del contrato de trabajo. Como respuesta a ello, el 15 de mayo de ese año, el gerente del colegio le expidió un certificado con fecha del 18 del mismo mes y año, indicando que la terminación del contrato se había dado con justa causa y se le informó que la liquidación se pagaría mediante un cheque. Por último, expuso que debido a su despido fundado en hechos y conductas inexistentes que le fueron imputadas, ha tenido que solicitar asistencia médico-psiquiátrica», se le han causado perjuicios morales y se han afectado los derechos fundamentales a la dignidad humana, buen nombre, honra, trabajo, debido proceso e irrenunciabilidad de los derechos mínimos (f.os 141 a 159). Todos los demandados a través de común mandatario judicial mediante el mismo escrito contestaron la demanda oponiéndose a las pretensiones; aclararon que, si bien entre

las partes existieron varios contratos de trabajo y que la relación finalizó el 8 de mayo de 2017, esta culminó por justa causa. Adujeron que las pretensiones carecían de fundamento fáctico y jurídico en la medida en que a la terminación le pagaron todas las acreencias. En cuanto a los hechos aceptaron la existencia de varios contratos de trabajo y el salario devengado; dijeron que los vínculos iniciaban el 1 de febrero y finalizaban el 20 de diciembre de cada año; y, en caso de requerir la presencia de algunos trabajadores fuera de tal periodo, se les pagaba dicho tiempo.

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Radicación n.° 88068 Precisaron que la actora no iniciaba las reuniones como lo afirmó, sino que, por el contrario, era citada a ellas por solicitud de diferentes trabajadores, quienes manifestaron su descontento e inconvenientes surgidos con ella, lo cual justificó la terminación de la relación laboral. Argumentaron que en esas sesiones la accionante siempre guardó silencio y que lo ocurrido allí era consignado en actas. Adujeron que la trabajadora fue grosera e irrespetuosa, contrario a lo afirmado por ella en la queja que presentó; que durante el tiempo que trabajó en la sociedad renunciaron 10 profesores por las pésimas relaciones interpersonales con la promotora del proceso y que, por eso se le presentó un formato para terminar el vínculo laboral de forma conciliada y mediante su renuncia. Sostuvieron que se le indicó que, de no presentar la renuncia voluntaria y conciliada, se le recibirían los

descargos respectivos y que se tomaría la decisión a que hubiera lugar; que una vez que se le informó que la terminación sería con justa causa, la demandante se reunió a solas con el rector y se comunicó con un abogado; que posteriormente presentó queja por acoso laboral y puso la nota marginal en el formato de renuncia. Aclararon que la trabajadora se negó a rendir los descargos solicitados y a firmar la carta de terminación del contrato; que los documentos solicitados sí le fueron entregados al momento de culminar el contrato, pero que ella «los dejó tirados en la oficina en donde se le atendió»; que el 10 de mayo 2017 pagaron todas sus acreencias laborales con el cheque n.° 601085, pero no lo recibió, siendo necesario

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Radicación n.° 88068 hacer la transferencia por el valor de la liquidación a su cuenta de ahorros de nómina. Admitieron que en el RIT había una disposición para comprobar faltas e imponer sanciones disciplinarias; pero la demandante se negó a realizar ese trámite. También aceptaron que expidieron la certificación laboral con indicación de la terminación del contrato de trabajo. Frente a los demás supuestos fácticos dijeron no ser ciertos. En su defensa expusieron que el actuar de la sociedad fue respetuoso de los derechos y acreencias laborales de la actora, cumpliendo la normativa aplicable, pues el despido estuvo originado en una justa causa ante la «situación presentada con el personal a su cargo, con los alumnos, compañeros, y personal en general del colegio», al punto de

«tener a un paso de la quiebra y cierre al colegio, tal como era su querer y el del rector Siervo Velasco, ausencias injustificadas, negándose a rendir descargos, actuando de forma altanera y desobligante con sus compañeros, superiores y directivas de la sociedad, su actuar fue temerario y de mala fe». Indicaron que el proceder de la trabajadora rayaba con la ilicitud al pretender obtener: […] unos incrementos patrimoniales carentes de causa, lo que constituiría ni más ni menos un hecho punible, al igual que el pánico que generó en el colegio con su actuar y logró el retiro de personal y de alumnos, llevando a la sociedad y al colegio con su actuar a una situación crítica y catastrófica desde todo punto de vista, económico, laboral, financiero y ahora judicial con una demanda a la que no estamos acostumbrados. Propusieron las excepciones de inexistencia de las obligaciones y/o derechos reclamados en juicio, cobro de lo

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Radicación n.° 88068 no debido y enriquecimiento sin causa, «prescripción sin que implique reconocimiento de derecho alguno» y buena fe (f.os 176 a 187).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veintiséis Laboral del Circuito de Bogotá al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 25 de enero de 2019, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre la señora NANCY SORAYA VANEGAS MALAGÓN y la SOCIEDAD TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA LTDA., existió una relación laboral vigente entre el

primero (01) de febrero al ocho (08) de mayo del 2017, la cual terminó de forma unilateral y sin justa causa por parte de la demandada, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR no probadas las excepciones denominadas inexistencia de las obligaciones y/o derechos reclamados en juicio, cobro de lo no debido, enriquecimiento sin causa y prescripción, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: CONDENAR a la demandada SOCIEDAD TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA LTDA., y solidariamente a los

señores KRZYSZTOF DWRAK, DANIEL MEJÍA SIERRA, MÓNICA DWRAK SIERRA, ANA MARÍA SIERRA PÉREZ y ANGÉLICA ELMYRA SIERRA PÉREZ, en calidad de socios hasta el límite de sus acciones, a pagar a la señora NANCY SORAYA VANEGAS MALAGÓN, la suma de veinte millones novecientos noventa y seis mil novecientos sesenta y siete pesos ($20.996.967) por concepto de indemnización por despido sin justa causa, suma que deberá ser debidamente indexada al momento de su pago conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: ABSOLVER a los demandados de las demás pretensiones incoadas en su contra por la demandante.

QUINTO: CONDENAR EN COSTAS a la sociedad encartada, tásese y fíjense como agencias en derecho la suma de tres millones de pesos ($3.000.000). (f.os 517 y 518).

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al resolver el recurso de apelación propuesto por ambas partes, mediante fallo del 5 de junio de

2019 resolvió: PRIMERO: REVOCAR EL NUMERAL PRIMERO de la sentencia impugnada. En su lugar, se declara probada la excepción de la inexistencia de la obligación y con ello se absuelve a la demandada de la pretensión con relación a la indemnización por despido injusto.

SEGUNDO: REVOCAR NUMERAL 5 DE LA PROVIDENCIA EN PRIMER GRADO. En su lugar condenar en primera instancia a la parte demandante a pagar las costas.

TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia. (Mayúsculas originales) Para lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal precisó que no era materia de discusión que entre las partes existieron varios contratos de trabajo, correspondiendo el último al del año 2017, el cual inició el 1 de febrero y culminó el 8 de mayo de dicha anualidad, y como problema jurídico a resolver, dijo que determinaría si era procedente el pago de la indemnización por despido injusto.

Recordó que le correspondía al trabajador acreditar el hecho del despido y al empleador probar su justeza (CSJ SL, rad. 36572 y CSJ SL, rad 34260); y luego de analizar el material probatorio, especialmente al comparar el último contrato suscrito por las partes (f.os 202 a 206), y la carta de terminación del vínculo (f.os 214 a 240), concluyó «sin asomo de dudas» que la convocada había acreditado «el

incumplimiento de las labores» de la actora.

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Radicación n.° 88068 Estimó que el a quo había incurrido en una imprecisión al no descartar por sospecha los testigos solicitados por el extremo pasivo, y luego, hacerlo sin motivación alguna. En tal dirección, consideró que el juez había impuesto una tarifa legal para que se demostraran la interposición de una queja, así como las «malas relaciones» de la demandante con los compañeros de trabajo o «el descenso del Colegio» en el ranking nacional. Citó los artículos 61 del CPTSS, para decir que los jueces cuentan con libertad probatoria; el 60 del CPTSS, 164 y 167 del CGP, para concluir que el juzgador de primer grado debió analizar integralmente la prueba, sin que pudiera dejar de apreciar algunos medios de convicción y no explicar las razones para ello. El Tribunal se refirió a las pruebas que, dijo, fueron desconocidas por el a quo, y reseñó lo dicho por cada uno de los siguientes testigos: Siervo Velasco Garavito, Deyanira Maryluz Ramírez; Carol de Jiménez, Karen Vanegas Malagón, Andrés Guio, Ana Milena Bonilla, Rita Virginia Gómez, Luz Mary Granados, Jesús David Jaramillo y Jennifer Alarcón. Encontró que los últimos seis declarantes trabajaron en el plantel educativo y dieron cuenta: del incumplimiento de las funciones de la actora, de cómo el colegio cambió después de su retiro; de las quejas frente a ella por no reconocer sus labores, del envío de correos a «deshoras» y de la sobrecarga

de trabajo; que siete docentes renunciaron porque no recibían directrices claras; que en 2017 tuvieron que variar tres veces la fecha de entrega de notas, y todo ello por el desorden administrativo. Que, en mayo de 2017, después del despido de la actora todo cambió; en el 2018 ya se realizaron

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Radicación n.° 88068 las primeras comuniones volviendo el colegio a su normalidad. Además, que el rector no tramitó las quejas contra la demandante. Agregó que a folio 396 a 397 obraba el documento fechado el 28 de abril de 2017, mediante el cual el coordinador de convivencia de primaria y bachillerato puso en conocimiento las falencias en materia académica y la necesidad de desplegar acciones pertinentes, también narró la constante ausencia de la actora como coordinadora general, así como la continua desautorización de ella hacia sus coordinadores de convivencia. El ad quem, también estimó el folio 398, que no había sido analizado por el juzgado y señaló que esa comunicación fue suscrita por Yolanda Gil Cárdenas, quien denunció los malos tratos de la actora y los llamados de atención de forma descortés; señaló que a folios 404 a 436 obraban numerosas inquietudes de los padres de familia manifestando su inconformidad por la carencia de docentes, hecho que era adjudicado a la demandante, salvo por el rector del plantel quien había precisado que la deserción de docentes no era imputable a ella. Consideró que, contrario a lo dicho por el juez, sí había prueba de las funciones de la demandante y que, si bien no

se encontró soporte fáctico de los correos enviados por la convocante a altas horas de la noche, ello se probaba con lo dicho por los testigos. Así las cosas, dijo que estaba acreditada la justa causa para terminar el contrato de trabajo de la actora al «incumplir gravemente las funciones» que le fueron asignadas. Agregó

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Radicación n.° 88068 que, por sustracción de materia, al demostrarse que el despido fue justo, no estudiaría la apelación de ella frente a la indemnización integral pretendida. Frente a la indemnización moratoria del artículo 65 del CST, expuso que no la modificaría, como quiera, que la ausencia del pago de aportes a la seguridad social fue desvirtuada, pues se acreditó la buena fe del empleador en su actuar, ya que, la cancelación de los aportes aparecía registrada y que de la simple ausencia de su comunicación no derivaba per se la mala fe de aquel.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La recurrente pretende que la Corte case la sentencia de segundo grado, para que, en sede de instancia, confirme los numerales primero y quinto de la sentencia del a quo; «modifique el numeral segundo, declarando no probadas las excepciones formuladas (incluyendo la de “Buena fe”), adicione el numeral tercero respecto de la cuantía objeto de condena por despido injustificado debidamente indexada y revoque el numeral cuarto», para en su lugar, condenar a la

parte demandada a pagar la indemnización moratoria del artículo 65 del CST; los perjuicios morales y los derivados de la afectación a los derechos convencional y constitucionalmente protegidos y las costas.

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Radicación n.° 88068 Con tal propósito formula cuatro cargos, por la causal primera de casación, los cuales son replicados por los demandados y que se resolverán de forma conjunta en tanto aluden temas análogos, se valen de argumentos similares y el elenco normativo denunciado es afín.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa en la modalidad de infracción directa de los artículos 29, 53 y 230 de la Constitución Política; el artículo 57 numeral 9 y los artículos 104, 107, 108 y 115 del CST; el artículo 272 del CGP; el artículo 145 del CPTSS, lo que conllevó la interpretación errónea del literal a) numeral 6 y el parágrafo del artículo 62 del CST; el artículo «48 modificado por el 60, 61, 66 modificado por el artículo 10 de la Ley 1149 de 2007 y 66A modificado por el artículo 35 de la Ley 712 de 2001 del Código Procesal del Trabajo y de la

Seguridad Social». En la demostración del cargo manifiesta que el ad quem desconoció los derechos fundamentales al debido proceso, contradicción y defensa de la actora por las faltas que le enrostró la sociedad demandada al momento de finalizar su contrato laboral. Explica que toda persona, incluyendo los trabajadores,

en el ámbito de cualquier proceso judicial, actuación administrativa o privada, tiene derecho a que se le garanticen unas reglas básicas o corporativas de defensa, tales como el derecho a ser oída, permitiéndosele hacer valer las propias razones y argumentos, con la posibilidad de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en su contra y de solicitar

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Radicación n.° 88068 la práctica y valoración de las que estime favorables. Así, el derecho al debido proceso, la contradicción y la defensa es de aplicación general y universal. Indica que según la interpretación dada por esta Corte al artículo 62 del CST, si no existe un procedimiento interno, el empleador debe indicar los motivos y las causas que considera como faltas laborales al momento de terminar el contrato. Así, le corresponde al juez laboral, ante una controversia, advertir la existencia de los hechos, subsumir la conducta en la norma e, inclusive, calificar la gravedad de las faltas imputadas al trabajador y determinar si el despido es justo o no. Cita la sentencia CSJ SL5154-2019. Aduce que el Tribunal no vio que al proceso se aportó el RIT de la empresa, mediante el cual se podía comprobar las fallas y aplicar las sanciones disciplinarias correspondientes. En ese orden, si la demandada tenía un procedimiento para ello debió adelantarlo, so pena de vulnerar el artículo 29 de la Constitución Política. Aclara que la terminación del contrato con justa causa no se equipara a una sanción disciplinaria, sino a una

facultad legal del empleador, y según el criterio de esta corporación, solamente cuando esté pactado o sometido a un trámite preliminar entre las partes será necesario agotar el procedimiento que garantice el derecho de defensa. Así las cosas, sostiene que una vez infringida la garantía al debido proceso, el despido deviene en injusto, aspecto que pasó por alto el ad quem, pues, a pesar de existir un RIT, el juzgador solo analizó la carta de terminación del contrato. Sobre el asunto refiere la sentencia CSJ SL15245-2014.

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Radicación n.° 88068 Destaca que es una regla sencilla, pero garante del derecho de defensa en el trámite para despedir, consistente en la oportunidad para rendir sus descargos o como mínimo dar su versión de manera preliminar al despido, lo que facilita el diálogo entre las partes. En respaldo de ello, cita la decisión CSJ SL2351-2020. Considera que el Tribunal no aplicó la jurisprudencia sobre la materia y al apartarse tampoco cumplió con la carga argumentativa debida. Además, en su análisis se expresó con «notable animadversión» contra la demandante, concluyendo que existió una justa causa para terminar el contrato sin advertir que se vulneraron sus derechos de defensa y contradicción. Por otro lado, asegura que el ad quem empleó erróneamente las normas de orden procesal que lo llevó al equívoco hermenéutico de los artículos 66 y 66A del CPTSS, con lo cual desconoció el principio de consonancia, pues de

oficio analizó la segunda carta de terminación del contrato de trabajo de folios 214 a 220, la cual, además de ser desconocida por la demandante en los términos del artículo 272 del CGP, no fue materia de apelación, pues, la parte demandada en la alzada se refirió a la carta de finalización en la que la actora impuso de su puño y letra su desacuerdo, que corresponde a otro documento y no al estudiado.

VII. RÉPLICA La parte demandada, indica que, contrario a lo dicho por la recurrente, sí citó a la actora a descargos, pero esta no aceptó ese trámite; que siempre la convocó a las reuniones

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Radicación n.° 88068 donde se le informó sobre las situaciones y problemáticas presentadas por su actitud e incumplimiento reiterado de sus funciones, así como por la extralimitación a las mismas; reuniones en las cuales la demandante estuvo presente y no manifestó nada, no contradijo, no controvirtió ni aportó alguna prueba en su favor. Considera que no le asiste razón a la censura cuando afirma que se le vulneró su derecho de defensa, pues no solo se le dio la oportunidad de controvertir, contradecir y objetar las afirmaciones y acusaciones del personal bajo su mando, sino que se le dieron todas las oportunidades y el debido proceso. Agrega que la actora no aprovechó eso para mejorar y cambiar de actitud, «tanto así, que incluso se le invitó a renunciar al cargo para evitar con ello una terminación del contrato como la que efectivamente se dio», pero contrario a ello, presentó una comunicación por un supuesto acoso

laboral, lo que nunca ocurrió. Encuentra que la afirmación de que el Tribunal actuó con «animadversión» contra la trabajadora, carece de todo sustento fáctico y jurídico.

VIII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 29, 53 y 230 de la CP de 1991; el artículo 57 numeral 9, el literal a) numeral 6 y el parágrafo del artículo 63, los artículos 104, 107, 108 y 115 del CST, el artículo 48 modificado por el artículo 60, 61 y 66 modificados por el artículo 10 de la Ley 1149 de 2007 y 66A modificado

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Radicación n.° 88068 por el artículo 35 de la Ley 712 de 2001 del CPTSS, y los artículos 167, 193, 194 y 272 del CGP. Señala que lo anterior llevó al Tribunal a cometer los siguientes errores de hecho:

1. No dar por demostrado, en contra de la evidencia, que la SOCIEDAD TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA LTDA. debía agotar el procedimiento para la comprobación de fallas y formas de aplicación de sanciones disciplinarias contenidas en el artículo 39 del Reglamento Interno de Trabajo en favor de la

señora NANCY SORAYA VANEGAS MALAGÓN.

2. No dar por demostrado, estándolo, que inaplicar el trámite reglamentario (artículo 39 del RIT) por parte de la SOCIEDAD

TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA LTDA., conllevó a (sic) quebrantar el debido proceso y el derecho de contradicción y defensa de la profesora NANCY SORAYA VANEGAS

MALAGÓN.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que la carta de terminación del contrato laboral contra la recurrente (fls. 214 a 218 del plenario), fue la primera determinación tomada por la SOCIEDAD TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA LTDA., a pesar de que la decisión inaugural estaba contenida en la comunicación del 08 de mayo de 2017 (fls.111 y 112 del cuaderno principal) la cual mi representada suscribió de su puño y letra a las 12:57 p.m., reservándose el derecho a reclamación.

4. Dar por demostrado, en contra de la evidencia, que la terminación del contrato laboral de la recurrente, obedeció al incumplimiento del contrato de trabajo, al manual de funciones y que la SOCIEDAD TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA LTDA., indicó en la primera carta de terminación contenida en la comunicación del 08 de mayo de 2017 vista a folios 111 y 112 del cuaderno principal, las normas y los hechos concluidos en la segunda carta de rescisión contractual que adoptó el ad quem, obrante a folios 214 a 218 del cuaderno principal.

5. No dar por demostrado, siendo axiomático, que el despido de la profesora NANCY SORAYA VANEGAS MALAGÓN fue de manera unilateral y sin justa causa por parte de la SOCIEDAD

TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA LTDA.

Sostiene que los anteriores errores se produjeron por no

apreciar las siguientes pruebas y piezas procesales: i) la demanda inicial y su contestación por la sociedad

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Radicación n.° 88068 demandada; ii) los interrogatorios de parte de la demandante y del representante legal de la sociedad demandada; iii) el Reglamento Interno de Trabajo (RIT) (f.os 247 a 256); iv) el formato de renuncia presentado por el empleador a la recurrente para su firma de fecha 8 de mayo de 2017 y el rechazo de la trabajadora al respaldo de tal documento (f.° 109); v) el histórico de calificaciones por parte del ICFES para la institución educativa (f.os 105 a 107); vi) la queja de acoso laboral del 8 de mayo de 2017 presentada por la recurrente (f.° 110); y vii) la primera carta de terminación del contrato de trabajo, que data del 8 de mayo de 2017 (f.os 111 y 112). Y por valorar erradamente los siguientes elementos de prueba: i) contrato de trabajo para el año académico 2017 (f.os 202 a 206); ii) segunda carta de terminación del contrato de trabajo de la demandante (f.os 214-220); iii) comunicación del 28 de abril de 2017 (f.os 396 y 397); iv) acta de reunión del 9 de mayo de 2017 (f.os 98 a 100); v) acta de reunión del 9 de mayo de 2017 (f.os 103 a 104); vi) comunicación del 3 de mayo de 2017 suscrita por la señora Yolanda Gil Cárdenas (f.° 398); vii) comunicaciones de inquietudes e inconformidades de los padres de familia (f.os 404 a 436); viii)

manual de funciones de la Coordinación Académica y Formativa – Nancy Soraya Vanegas Malagón (f.os 207 y 208); ix) carta de la renuncia presentada por el licenciado Mario Alfonso León León del 15 de diciembre de 2016 (f.° 257); y x) acta de reunión del 23 de enero de 2017 (f.os 258 y 259). Denuncia como prueba no calificada y apreciada equivocadamente, los testimonios de Siervo de Jesús Velasco Garavito, Luis Fernando Marín, Deyanira Marilú Ramírez, Carol de Jiménez, Karen Vanegas Malagón, Andrés Guijo, Ana Milena Bonilla Orjuela, Rita Virginia Gómez Moreno, Luz

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Radicación n.° 88068 Mary Granados, Jesús David Jaramillo y Jennifer Alarcón. Luego de transcribir la decisión del Tribunal, reprocha que este analizara la segunda comunicación de terminación del contrato de trabajo, visible a folios 214 a 22