CSJ - SL1110-2025

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ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL1110-2025 Radicación n.° 76001-31-05-015-2014-00567-01 Acta 13 Bogotá D.C., veintidós (22) de abril de dos mil veinticinco (2025). En cumplimiento de la sentencia de tutela CC SU-0562025, la Sala decide el recurso de casación interpuesto por MARTHA LILIANA RICO GONZÁLEZ , frente a la sentencia proferida por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 6 de agosto de 2019, dentro del proceso al que fue integrada como litisconsorte necesario, que LILIANA ARBOLEDA HURTADO instauró en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA

DE PENSIONES, COLPENSIONES.

I. ANTECEDENTES Liliana Arboleda Hurtado demandó a la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones), con el fin de que se le reconociera la sustitución pensional por laRadicación n.° 76001-31-05-015-2014-00567-01

SCLAJPT-10 V.00 2 muerte de su compañero permanente, ocurrida el 28 de noviembre de 2013, así como el pago del retroactivo por concepto de las mesadas causadas y no canceladas, los intereses moratorios y la indexación de todas las sumas adeudadas. Como fundamento de sus pretensiones, dijo que Arnulfo Daza disfrutaba de una pensión de vejez reconocida por

intereses moratorios y la indexación de todas las sumas adeudadas. Como fundamento de sus pretensiones, dijo que Arnulfo Daza disfrutaba de una pensión de vejez reconocida por Colpensiones, con quien convivió desde el 2006 hasta el momento en que este falleció, dependiendo de él económicamente y brindándole asistencia dados sus constantes quebrantos de salud. Señaló que era su beneficiaria del Sistema de Salud y que habitaron en la misma casa, sin que hubiera separación de cuerpos u otra persona con la que tuviera una relación sentimental. Incluso, hizo alusión a la existencia de una hija y una posible compañera permanente en los siguientes términos: La Sra. ROSMIRA DAZA CARDENAS (sic), hija del fallecido, radicó denuncia penal contra la Sra. MARTHA LILIANA RICO y contra la Sra. CAROLINA DAZA RICO, por cuanto se ha recibido amenazas de muerte por parte de las denunciadas. Es menester indicar que también ha amenazado a la Sra. Liliana Arboleda quien era la compañera permanente del fallecido. Informó que el 9 de diciembre de 2013 elevó solicitud ante la entidad buscando que le fuera otorgada la pensión de sobrevivientes y a la fecha, no había sido resuelta,

debiéndose entender agotada en debida forma la reclamación administrativa.Radicación n.° 76001-31-05-015-2014-00567-01

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Al contestar la demanda, Colpensiones se opuso a la prosperidad de las pretensiones. En cuanto a los hechos, aseguró que ninguno le constaba y aclaró que sí respondió la solicitud de reconocimiento pensional, negándola a través de la Resolución n.º GNR262958 del 18 de julio de 2014. Mencionó que no había certeza de que la señora Arboleda Hurtado hubiera convivido los cinco años previos al fallecimiento del causante, por lo que en virtud del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 no era posible concederle la prestación. En su defensa, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, prescripción y buena fe. Mediante auto proferido el 15 de diciembre de 2014, el juzgado de conocimiento ordenó integrar como litisconsorte necesario a Martha Liliana Rico González quien, al contestar la demanda, también se opuso a la prosperidad de las pretensiones y frente a los hechos, admitió solamente el relacionado con la fecha de fallecimiento del causante. Alegó que no era posible que la demandante fuera la compañera permanente del señor Daza, puesto que nunca vivieron juntos. De hecho, mencionó que tuvo una relación con el pensionado por más de treinta años, en los que

Alegó que no era posible que la demandante fuera la compañera permanente del señor Daza, puesto que nunca vivieron juntos. De hecho, mencionó que tuvo una relación con el pensionado por más de treinta años, en los que tuvieron una hija y habitaron en la misma residencia.Radicación n.° 76001-31-05-015-2014-00567-01

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Aclaró que no convivieron los últimos dos meses, dado que su hija Rosmira Daza Cárdenas lo trasladó de la casa y lo hospedó en otro lugar, pero este tiempo no tendría la vocación de desconocer su condición de compañera permanente. Añadió que era beneficiaria del servicio de salud del causante y, en esa medida, tenía el derecho a la sustitución pensional. En su defensa, propuso las excepciones denominadas «Fraude», «Incongruencia testimonial», mala fe, inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Quince Laboral del Circuito de Cali, mediante la decisión del 28 de junio de 2016, absolvió a la demandada.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver el recurso de apelación presentado por Martha Liliana Rico González y al resolver el grado jurisdiccional de consulta en favor de Liliana Arboleda Hurtado, la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali mediante fallo del 6 de

agosto de 2019, resolvió:

jurisdiccional de consulta en favor de Liliana Arboleda Hurtado, la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali mediante fallo del 6 de agosto de 2019, resolvió: PRIMERO: REVOCAR la sentencia consultada y apelada, en el sentido de DECLARAR NO PROBADAS las excepciones propuestas por la demandada frente a las pretensiones de la señora LILIANA ARBOLEDA HURTADO, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.Radicación n.° 76001-31-05-015-2014-00567-01

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SEGUNDO: CONDENAR a COLPENSIONES a reconocer a la señora LILIANA ARBOLEDA HURTADO una pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente del pensionado fallecido ARNULFO DAZA, pensión que se causa desde el 28 de noviembre de 2013, en cuantía equivalente a la pensión que venía disfrutando el causante a la fecha del deceso, la cual debe reajustarse anualmente conforme dispone la ley.

TERCERO: CONDENAR a COLPENSIONES a pagar a la señora LILIANA ARBOLEDA HURTADO un retroactivo pensional por sobreviviente desde el 28 de noviembre de 2013, el cual debe cancelarse debidamente indexado y descontando los aportes en salud.

CUARTO: ABSOLVER a COLPENSIONES de las demás pretensiones incoadas por la señora LILIANA ARBOLEDA

cancelarse debidamente indexado y descontando los aportes en salud.

CUARTO: ABSOLVER a COLPENSIONES de las demás pretensiones incoadas por la señora LILIANA ARBOLEDA HURTADO, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

QUINTO: ABSOLVER a COLPENSIONES de las demás pretensiones incoadas por la señora MARTHA LILIANA RICO GONZÁLEZ, conforme se dijo en la parte motiva de la presente providencia.

Para fundamentar su decisión, indicó que la muerte del señor Daza ocurrió el 28 de noviembre de 2013, es decir, en vigencia de la Ley 797 de 2003. Así mismo, expuso que para ese momento ya se encontraba recibiendo una pensión de vejez a cargo de Colpensiones, según los certificados de nómina visibles a folios 128 y 129 del primer cuaderno. Explicó que para tener la calidad de beneficiaria y obtener la sustitución de la prestación del causante, la compañera permanente debía acreditar un tiempo de convivencia no menor a cinco años previos a la muerte del pensionado. En ese sentido, dispuso que Liliana Arboleda Hurtado era quien había demostrado durante el proceso ser la beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, teniendo enRadicación n.° 76001-31-05-015-2014-00567-01 SCLAJPT-10 V.00 6 cuenta los testimonios rendidos por María Nancy Agudelo,

beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, teniendo enRadicación n.° 76001-31-05-015-2014-00567-01 SCLAJPT-10 V.00 6 cuenta los testimonios rendidos por María Nancy Agudelo, Diego Eduardo Rivas Moreno y Andrés Bravo Cucuñame, quienes al ratificar lo que dijeron en las declaraciones extrajuicio contenidas en los folios 13 y 14 del primer cuaderno, establecieron que conocían a la pareja desde el 2007, precisando que desde esa fecha vivían en la misma casa y que fue la señora Arboleda Hurtado la que cuidó al señor Daza hasta el momento de la muerte. Por otro lado, en lo que tiene que ver con Martha Liliana Rico González, argumentó que ella no vivía con el pensionado para esa fecha, por lo que en virtud de la Ley 797 de 2003, no reunía el requisito exigido para ser beneficiaria de la prestación. Concretamente, sostuvo que, si bien los testigos Luis Gómez Flórez, Carolina Daza Rico y Claudia Liliana Mosquera dieron cuenta de conocer la existencia de una relación sentimental entre la señora Rico González y el causante, también manifestaron que para el momento de su fallecimiento no convivían. Agregó que estas afirmaciones se acompañaban con la declaración extrajuicio hecha en vida

por el señor Daza, quien advirtió que desde abril de 2009 no habitaba con la señora Rico González. Concluyó que la señora Arboleda Hurtado tenía derecho a la sustitución del 100% del valor de la mesada pensional que venía recibiendo el causante; en lo referente al retroactivo, se correspondía a las sumas causadas y no canceladas desde el 28 de noviembre de 2013 (fecha en queRadicación n.° 76001-31-05-015-2014-00567-01 SCLAJPT-10 V.00 7 murió el señor Daza), teniendo en cuenta que la demanda inicial la presentó el 28 de agosto de 2014, sin que hubieran transcurrido más de tres años para que se declarara el fenómeno de la prescripción.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Martha Liliana Rico González, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver de acuerdo con el alcance del recurso extraordinario y según los términos en que fue presentado.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte proceda a: […] CASAR la sentencia No. 166 de 06 de agosto de 2019 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali – Sala Primera de Decisión Laboral, y en su lugar declarar que no hay lugar para reconocer a la señora LILIANA ARBOLEDA HURTADO como beneficiaria de la sustitución pensional derivada del fallecimiento del asegurado ARNULFO DAZA y como consecuencia de ello declarar que no tiene derecho a la referida prestación económica,

beneficiaria de la sustitución pensional derivada del fallecimiento del asegurado ARNULFO DAZA y como consecuencia de ello declarar que no tiene derecho a la referida prestación económica, y en su lugar declarar que el derecho demandado recae en cabeza de la señora MARTHA LILIANA RICO GONZÁLEZ. Igualmente condenar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES a pagar a favor de la señora MARTHA LILIANA RICO GONZÁLEZ a partir del 28 de noviembre de 2013 la pensión de sobreviviente del asegurado ARNULFO DAZA. Así mismo condenar a COLPENSIONES a pagar las indemnizaciones derivadas de la indexación de las sumas constituidas por las mesadas pensionales a liquidar desde la fecha en que debieron cancelar a la fecha en que efectivamente sean canceladas. Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, los cuales son replicados y se resuelvenRadicación n.° 76001-31-05-015-2014-00567-01 SCLAJPT-10 V.00 8 conjuntamente, toda vez que persiguen el mismo fin y se fundan en similares disposiciones normativas.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de segunda instancia de violar «[…] de manera indirecta la ley sustancial, concretamente por la trasgresión de los artículos 60 y 61 del C.P.L. por ignorar los arts. 66A y 82 ibidem y por indebida aplicación del artículo 13 de la ley 797 de 2002».

Relaciona la comisión de los siguientes errores de hecho:

arts. 66A y 82 ibidem y por indebida aplicación del artículo 13 de la ley 797 de 2002». Relaciona la comisión de los siguientes errores de hecho: No dar por demostrado, estándolo, que mi mandante MARTHA LILIANA RICO GONZÁLEZ , acreditó los cinco años de convivencia anteriores a la fecha en que falleció su compañero permanente ARNULFO DAZA. No dar por establecido, estándolo, que la unión marital de hecho que mantuvo la señora MARTHA LILIANA RICO GONZÁLEZ perduró por más de 30 años, incluyendo los últimos cinco años de vida del causante, desde el 28 de noviembre de 2008 hasta el 28 de noviembre de 2013. No dar por demostrado, estándolo, que entre el pensionado fallecido y la demandante MARTHA LILIANA RICO GONZÁLEZ existió hasta el momento mismo de su muerte una relación permanente, reflejada en la convivencia o criterio material. No dar por demostrado, estándolo, que el distanciamiento material entre la pareja marital conformada entre la señora MARTHA LILIANA RICO GONZÁLEZ y el señor ARNULFO DAZA durante los últimos dos meses de vida del causante ocurrió en razón de circunstancias especiales de salud, fuerza mayor o similares sin degenerar la continuidad consciente del vínculo marital. Dar por probado, sin estarlo, que la señora LILIANA ARBOLEDA HURTADO fue la compañera permanente del causante

similares sin degenerar la continuidad consciente del vínculo marital. Dar por probado, sin estarlo, que la señora LILIANA ARBOLEDA HURTADO fue la compañera permanente del causante ARNULFO DAZA en los últimos cinco años de vida del asegurado cuando nunca se demostró que el señor ARNULFO DAZA hubiera desarrollado dos uniones maritales simultáneas durante eseRadicación n.° 76001-31-05-015-2014-00567-01 SCLAJPT-10 V.00 9 lapso cronológico. No dar por establecido, estándolo, que el causante ARNULFO DAZA sostuvo económicamente a su compañera permanente MARTHA LILIANA RICO GONZÁLEZ por más de 30 (sic) hasta la fecha de su fallecimiento convirtiéndola en su dependiente y beneficiaria. No dar por establecido, estándolo, que el señor ARNULFO DAZA habitó en la residencia ubicada en la Invasión Las Vegas […] del municipio de Pradera – Valle, donde tenía sentado su arraigo familiar con su compañera permanente señora MARTHA LILIANA RICO GONZÁLEZ y su hija CAROLINA DAZA RICO, sin desarrollar ninguna relación marital simultánea o independiente con la señora LILIANA ARBOLEDA HURTADO. Lo anterior, producto de la falta y equivocada apreciación de los

siguientes medios de prueba: a. Equivocada apreciación de los testimonios rendidos por los

señores LUIS GÓMEZ FLOREZ (sic), CAROLINA DAZA RICO

y CLAUDIA LILIANA MOSQUERA.

b. Equivocada apreciación del escaso valor probatorio que evoca el engañoso formulario de vinculación de beneficiario al servicio de salud a favor de la señora LILIANA ARBOLEDA HURTADO de fecha 26 de noviembre de 2013 (folio 17 de cuaderno principal). c. Equivocada apreciación de las dos (2) declaraciones extraproceso realizadas conjuntamente entre ARNULFO DAZA y MARTHA LILIANA RICO GONZÁLEZ en los años 2003 y 2008 mediante las cuales asentaron su relación de convivencia COMÚN POR MÁS DE 22 AÑOS en la primera y por MÁS DE VEINTICINCO AÑOS en la segunda, obrantes a folios 168 y 169. d. Inobservancia de las jurisprudencias unificadas respecto del criterio de las altas cortes respecto de la separación forzosa de uno de los cónyuges o compañero permanente (…). En la demostración del cargo, presenta un análisis individualizado frente a cada una de las pruebas, explicando por qué a su juicio, erró el Tribunal al concluir que era Liliana Arboleda Hurtado la compañera permanente del causante y

no ella. En primer lugar, se refiere a los testimonios rendidos por Luis Gómez Flórez, Carolina Daza Rico y Claudia LilianaRadicación n.° 76001-31-05-015-2014-00567-01

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Mosquera, los cuales concuerdan en afirmar que convivieron al menos veinticinco años, tuvieron una hija y había una relación de dependencia de esta última respecto del fallecido. Por otra parte, argumenta que Liliana Arboleda Hurtado no fue pareja del pensionado, sino una compañera de trabajo, «copartidaria política» y amiga de Rosmira Daza Cárdenas, quien además de ser hija del causante era « […] acérrima opositora de la relación marital que desarrollaba su padre ARNULFO DAZA con la señora MARTHA LILIANA RICO

GONZÁLEZ».

Así mismo, hace mención al interrogatorio de parte hecho por la señora Arboleda Hurtado, recordando que el juez «[…] fue partidario de compulsarle copias por falso testimonio ante la fiscalía», dada la incongruencia de sus declaraciones con lo dicho por la testigo Rosmira Daza Cárdenas, principalmente, en lo atinente al tiempo de duración de la supuesta unión marital de ella con el pensionado. Sobre el particular, plantea: […] las declaraciones rendidas por LILIANA ARBOLEDA HURTADO y ROSMIRA DAZA CARDENAS (sic) , duramente

pensionado. Sobre el particular, plantea: […] las declaraciones rendidas por LILIANA ARBOLEDA HURTADO y ROSMIRA DAZA CARDENAS (sic) , duramente criticadas por el juez de primera instancia quien fue partidario de compulsarles copias por falso testimonio ante la fiscalía, donde todos al unísono cometieron el mismo error cronológico relacionado con el presunto lapso de convivencia y otros detalles que malograron su credibilidad, versiones de las que se desprende que los deponentes fueron hasta mal aleccionados para incurrir en la misma falencia cronológica de supuesta convivencia y otras vivencias mal acomodadas y que les resta total credibilidad. Las deslucidas afirmaciones de la misma demandante LILIANA ARBOLEDA HURTADO y sus tangenciales respuestas al interrogatorio de parte que ni soportó y que mereceRadicación n.° 76001-31-05-015-2014-00567-01 SCLAJPT-10 V.00 11 similar crítica negativa dada a sus testigos que delatan la maligna intervención de la señora ROSMIRA DAZA CARDENAS (sic) quien fue la encargada de realizar el montaje de esa serie de falsedades para cuadrarle la otra mujer a su padre y de quien debe resaltarse que en declaración extra proceso dio cuenta que su padre convivió con LILIANA ARBOLEDA HURTADO durante

sus últimos siete (7) años de vida, es decir, desde el año 2006 hasta el año 2013, lo cual se cae de su propio peso porque sus aleccionados testigos también en declaraciones extra procesales dieron cuenta que la supuesta relación marital afirmada por ellos solo perduró entre cinco (5) o cinco (5) años y dos meses ubicando su inicio en el mes de septiembre de 2008. Posteriormente, estima que las menciones que hicieron sus testigos no son lo suficientemente graves como para restarles credibilidad, pues si bien dijeron que el causante no convivió con ella durante los dos meses previos al fallecimiento, también resaltaron otros hechos que avalan su condición de compañera permanente, de madre de una hija en común y de beneficiaria del servicio de salud. Incluso, precisa que el pensionado no vivía con ella porque Rosmira Daza Cárdenas, en su condición de hija, lo llevó de la casa sin su consentimiento, afirmando que le «[…] doblegaron su voluntad por su condición de anciano y enfermo, mas no porque fuera de libre albedrío del senil la aceptación de ese brusco cambio de residencia » y, en el eventual caso, la señora Arboleda Hurtado solo pudo habitar con él por un lapso no superior a dos meses. Aborda confusos razonamientos que pretenden desacreditar la imparcialidad de la testigo Rosmira Daza Cárdenas, dada su clara intención de favorecer a la señora Arboleda Hurtado para que fuera declarada beneficiaria de la pensión de sobrevivientes en condición de compañera

Cárdenas, dada su clara intención de favorecer a la señora Arboleda Hurtado para que fuera declarada beneficiaria de la pensión de sobrevivientes en condición de compañera permanente.Radicación n.° 76001-31-05-015-2014-00567-01

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Sostiene que al formulario diligenciado en el que consta que aquella era beneficiaria del servicio de salud del causante, debía restársele credibilidad por haber sido suscrito dos meses antes de la muerte de aquel. En ese sentido, respecto de los dos últimos argumentos indica: […] que fue el mismo juez inferior el que concluyó que la inmensa rivalidad desplegada por ROSMIRA DAZA CARDENAS (sic), hija del causante, contra MARTHA LILIANA RICO GONZALEZ (sic), era precisamente para despojarla del derecho a la sustitución pensional, empezando precisamente por separarla físicamente del causante, no por amor a su progenitor dadas las expresiones tan denigrantes que hizo del anciano que hasta el mismo juez se sorprendió y en plena audiencia le criticó y le llamó la atención ante tan cruel ofensa a la memoria de su padre fallecido, sino por asignarle como nueva pareja sentimental de su padre a la señora LILIANA ARBOLEDA HURTADO y realizar por su propia cuenta los trámites para hacer el cambio de beneficiaria ante las entidades de seguridad social en salud y pensión y que no alcanzó a producirse por el rápido fallecimiento del señor ARNULFO DAZA. Debe destacarse en este pasaje del debate, que

entidades de seguridad social en salud y pensión y que no alcanzó a producirse por el rápido fallecimiento del señor ARNULFO DAZA. Debe destacarse en este pasaje del debate, que la negación del derecho pensional reclamado por la señora MARTHA LILIANA RICO GONZALEZ (sic) por el juez de primera instancia, según su propio criterio, obedeció a los dos meses de distanciamiento del señor ARNULFO DAZA, porque su hija ROSMIRA DAZA CARDENAS (sic) fue a recogerlo y a su propio criterio determinó que fue por voluntad propia del anciano y así se descompletaron los cinco años de convivencia continua que exige la ley para la adjudicación de la sustitución pensional, pero desestimando el referido operador judicial el material probatorio que acredita que ese acontecer era parte de la estrategia fraguada tanto por la demandante LILIANA ARBOLEDA HURTADO y la señora ROSMIRA DAZA CARDENAS (sic), hija del causante, para hacer el montaje de la supuesta convivencia, pasándosele por alto tanto al juez inferior como al superior, que el resto de los cinco años, salvo los referidos dos meses de alejamiento, los estuvo habitando el señor ARNULFO DAZA en la casa de la señora MARTHA LILIANA RICO GONZALEZ (sic), lo que indica

que en el hipotético evento de que el causante hubiera convivido con la señora LILIANA ARBOLEDA HURTADO, sería solamente durante los dos últimos meses de su vida dado que el alejamiento del anciano de la casa de MARTHA LILIANA RICO GONZALEZ (sic) se produjo en el mes de SEPTIEMBRE DE 2013, falleciendoRadicación n.° 76001-31-05-015-2014-00567-01 SCLAJPT-10 V.00 13 en el mes de NOVIEMBRE DE 2013, pues así se infiere de las pruebas testimoniales tomadas por los juzgadores para discernir que esos dos meses de alejamiento fueron suficientes para acreditar que la pareja DAZA – RICO no convivían al momento del fallecimiento del anciano, sin mas (sic) acotaciones al respecto, mas sin embargo el Tribunal le otorgó la sustitución pensional a la señora LILIANA ARBOLEDA HURTADO en la sentencia de segunda instancia pese a la crítica invalidatoria (sic) de todas las pruebas que a su favor fueron recogidas al punto que el juez inferior dio cuenta que era necesaria la intervención de la jurisdicción penal para castigar a esa vertiente testimonial, incluyendo las pruebas documentales que precipitadamente diligenció la señora LILIANA ARBOLEDA HURTADO junto con la señora ROSMIRA DAZA CARDENAS

(sic), entre ellos el formulario de inclusión de beneficiario del servicio de salud, elaborado el 26 de noviembre de 2013 (folio 17 del cuaderno principal), a menos de dos días del fallecimiento del señor Arnulfo Daza, fecha en que el causante estaba imposibilitado para firmar y diligenciar esa clase de trámite, dado que estaba en estado agónico recluido en el hospital, y digo a menos de dos días de su fallecimiento, porque el reporte del fallecimiento en su historia clínica está fechada de 27 de noviembre de 2013 a las 5:45 a.m. con la siguiente anotación “27/11/2013 […] Nombre del usuario: Arnulfo Daza […] paciente que da fin a s/v (signos vitales) fallece a las 5.45 a.m. se le da aviso a la hija y demás familiares […]” (Comillas, negrillas, letra itálica y paréntesis son míos) y de allí la crítica a la afirmación de que la firma del formulario o formato de inclusión de beneficiario es falsa, por lo que el suscrito recurrente considera que el magistrado ponente de la segunda instancia no vio ni escuchó el registro auditivo de la sentencia de primera instancia, ni cotejó las pruebas testimoniales a las que les dio credibilidad para adjudicarle la sustitución pensional a la señora LILIANA ARBOLEDA HURTADO, parte de los mismos testigos que coadyuvaron la supuesta declaración extra proceso rendida por el señor ARNULFO DAZA el día 14 de abril de 2009 donde dan

ARBOLEDA HURTADO, parte de los mismos testigos que coadyuvaron la supuesta declaración extra proceso rendida por el señor ARNULFO DAZA el día 14 de abril de 2009 donde dan cuenta que la señora MARTHA LILIANA RICO GONZALEZ (sic) ya no es su compañera permanente, testigos que fueron calificados como falsos en primera instancia por ser totalmente incoherentes y por tanto no merecen credibilidad alguna. Ahora bien, en lo atinente a las demás pruebas acusadas como mal valoradas, señala que es ella la verdadera beneficiaria de salud del causante, sumado a que las declaraciones extrajuicio hechas por ellos dejan constancia de que convivieron por veinticinco años.Radicación n.° 76001-31-05-015-2014-00567-01

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Por último, transcribe apartes de la sentencia del Consejo de Estado identificada como «2015-00165 de 2022», enfatizando en que esta línea de criterio reivindica los años de convivencia que existieron entre ella y el fallecido, sin perjuicio de los dos meses previos a su muerte en que estuvieron separados.

VII. CARGO SEGUNDO Alega que el Tribunal vulnera «[…] de manera directa la ley sustantiva, concretamente por la trasgresión de los artículos 60 y 61 del C.P.L. por aplicación indebida de los artículos 66A y 82 ibidem y por indebida aplicación del artículo 13 de la ley 797 de 2002».

artículos 60 y 61 del C.P.L. por aplicación indebida de los artículos 66A y 82 ibidem y por indebida aplicación del artículo 13 de la ley 797 de 2002». En la demostración del cargo, alude a una vulneración del principio de consonancia dado que el Tribunal cuando resolvió su apelación, interpretó erróneamente el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 al no concederle la pensión de sobrevivientes a pesar de encontrar probado un período de convivencia con el causante superior a cinco años. Menciona los mismos errores de hecho, las pruebas acusadas y los argumentos presentados en el primer cargo, insistiendo en que el Tribunal se equivocó al apreciarlos y que, por lo tanto, es en sede extraordinaria donde se deben corregir tales desatinos.

Concluye sus planteamientos así: Radicación n.° 76001-31-05-015-2014-00567-01

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En efecto los honorables magistrados del Tribunal con su fallo, se encuentran desprovistos de autenticidad que les hace perder legitimidad a su acto y por ende merece el análisis de la corte en casación para obtener su correctivo. Este razonamiento del suscrito procurador jurídico del demandante deriva de la falta de interés por parte de la Corporación de analizar con suma practicidad jurídica el caudal probatorio traído al expediente, especialmente el acopio testimonial de las personas que integraron la vertiente presentada por la demandante, sin detenerse a observar la pluralidad de inconsistencias entre sus

especialmente el acopio testimonial de las personas que integraron la vertiente presentada por la demandante, sin detenerse a observar la pluralidad de inconsistencias entre sus afirmaciones, pues si se cotejan las pruebas en que se basó para ordenar sus operaciones mentales, con las incertidumbres observadas por este humilde operador jurídico, sus planteamientos colapsarán y traerán al escenario procesal otra verdad totalmente distinta a la allí esbozada. Para llegar a las conclusiones anteriormente resumidas solo basta cotejar los registros auditivos de las sentencias de primera y segunda instancia para que la corte llegue a la conclusión y determine que la sustitución pensional recae en cabeza de MARTHA LILIANA RICO GONZÁLEZ, dado que la negación a su favor solo está soportada por los presuntos dos meses de alejamiento y nada más porque su vertiente testimonial no recibió más reproche sino el de reconocer la existencia de ese alejamiento forzoso que no le resta continuidad de la relación marital por 30 años, no sin antes cotejar las dos vertientes testimoniales mal interpretadas en primera y segunda instancia en cuanto de la negación del derecho prestacional a MARTHA

LILIANA RICO GONZÁLEZ.

VIII. RÉPLICA Colpensiones dice que el recurso extraordinario debe desestimarse, pues los argumentos que expone se asemejan más a un alegato de instancia que a un intento por evidenciar los desatinos en los que incurrió el Tribunal. Además,

desestimarse, pues los argumentos que expone se asemejan más a un alegato de instancia que a un intento por evidenciar los desatinos en los que incurrió el Tribunal. Además, plantea que acusar como mal apreciadas pruebas testimoniales, configura una impropiedad técnica de la casación dado que tiene la condición de inhábil para ser estudiada. Por otro lado, menciona las omisiones del segundo cargo al no acusar la violación medio de las normasRadicación n.° 76001-31-05-015-2014-00567-01 SCLAJPT-10 V.00 16 procesales, al igual que mezclar vías de ataque o no desvirtuar la conclusión jurídica respecto de la disposición legal aplicable en este asunto, lo que supone mantener incólume dichos presupuestos. Finalmente, agrega: No obstante, es dable expresar que a pesar de que la decisión del Tribunal fue adversa a los intereses de la parte actora, se ajustó a los supuestos fácticos del caso concreto y a la ley que regula el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes vigente al momento del deceso del de cujus –Ley 797 de 2003-, por consiguiente, deberá mantenerse incólume. Sin perjuicio de que se advierte que COLPENSIONES -luego de encontrar la existencia de dos beneficiariasdeterminó suspender la mesada, ya que no era competencia de la entidad determinar en qué porcentaje le corresponde el derecho a cada

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