CSJ - SL1111-2023

República de Colombia Sede Suprema de Justicia Sala de Canalla Laboral Sala de Deningestlia IC 3 DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ Magistrado ponente SL1111-2023 Radicación n.°90725 Acta 15 Bogotá, D.C., diez (10) de mayo de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por HARVEY ENRIQUE ARCINIEGAS CHAVARRO, contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2020, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC, en el proceso que instauró

contra la INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SAINDEGA SA.

Se admite el impedimento presentado por la magistrada Jimena Isabel Godoy Fajardo, conforme al numeral 1 del art. 141 del CGP.

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Radicación n.°90725

I. ANTECEDENTES Harvey Enrique Arciniegas Chavarro demandó a la Industria Nacional de Gaseosas SA - Indega SA, con el fin de que se declarara ineficaz el despido del que fue objeto el 9 de mayo de 2017; en consecuencia, pretendió que se ordenara su reintegro al cargo que desempeñaba al momento de la terminación del contrato de trabajo «sin justa causa comprobada», y, el correspondiente pago de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios extralegales causados desde el 9 de mayo de 2017 hasta que se efectúe el reintegro, por haber sido despedido sin justa causa comprobada y por estar cobijado por la garantía de fuero circunstancial. Reclamó el pago de las costas del proceso.

Como fundamento de sus pretensiones, narró que se vinculó a la demandada el 5 de julio de 2007, a través de contrato de trabajo, para desempeñarse como analista de refrigeración; que ejecutó sus labores conforme las instrucciones de la demandada; que el 9 de mayo de 2017, Indega decidió terminar el vínculo contractual para lo cual adujo la causal contenida en el art. 66 numeral 46 del Reglamento Interno de Trabajo, sin haberlo citado en debida forma, como tampoco a los miembros del sindicato Sintraindega, para que estuvieran presentes «el día del despido», puesto que no siguieron lo previsto en el art. 15 de la Convención Colectiva de Trabajo. Adujo que se encontraba afiliado a los sindicatos Sintraindega y Sinaltrapacol y, que estaba a paz y salvo con las cuotas sindicales; que entre la accionada y Sinaltrapacol

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Radicación n.°90725 se inició un conflicto colectivo al presentar un pliego de peticiones; que Indega lo despidió sin contar con autorización judicial, a pesar de estar sindicalizado y cobijado por fuero circunstancial (fs.°3 a 8, reforma 519 a 522). La Industria Nacional de Gaseosas SA - Indega SA, al contestar, se opuso a la totalidad de las pretensiones. En cuanto a los hechos, admitió los extremos temporales del vínculo laboral, el cargo que desempeñó el demandante y, que ejecutó sus labores personalmente. Negó que la terminación del contrato se hubiera dado sin unaj usta causa

y sin seguir el procedimiento convencional. En su defensa, manifestó que recibió llamada telefónica del Banco de Occidente, en la que se solicitaba la verificación de la certificación que presentó el actor ante esa entidad para solicitar un crédito; que tras hallar que dicha certificación contenía información que no coincidía con la reportada en la hoja de vida, se comunicó con el banco referido, y se enteró que además de la certificación de 2017, existía otra del ario 2015, también con información inexacta que no correspondía a la verdad, pues se hizo constar un salario que no era el que devengaba el demandante, amén de que los documentos fueron suscritos por dos personas que no eran del área de Recursos Humanos (Eliana Rodríguez y Mario Rodríguez) y se consignó una extensión que se asignó al demandante para efectos de verificación de la información. Afirmó que tales hechos los pudo constatar el 5 de mayo de 2017; que, para la expedición de una certificación existe un procedimiento que conocía el actor, hecho que admitió en

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Radicación n.°90725 la diligencia de descargos que se llevó a cabo, de acuerdo con lo previsto en el instrumento convencional vigente; que al hallar demostrada la justa causa que le endilgó al accionante, dio por terminado el contrato de trabajo, por estar calificada dicha conducta como grave. Destacó que tanto el actor como los representantes del sindicato Sintraindega, se negaron a firmar las citaciones, razón por la cual fue suscrita por testigos. Propuso las excepciones de inexistencia de la

obligación, prescripción, falta de causa y pago (fs.°242 a 278 y 525 a 549).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá DC, mediante fallo de 11 de marzo de 2020 (cd f.°563), declaró probadas las excepciones de inexistencia de la obligación y falta de causa para demandar, en consecuencia, absolvió de las pretensiones. Condenó en costas al demandante.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Bogotá DC, al desatar el recurso de apelación que interpuso el actor, en sentencia de 30 de septiembre de 2020 (fs.°587 a 601 vto), confirmó la de primer grado. Impuso costas al vencido en juicio. 4

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Radicación n.°90725 Dejó por fuera de controversia la existencia de la relación laboral entre las partes del 5 de julio de 2007 al 9 de mayo de 2017, que terminó por decisión unilateral de la empleadora; que al momento del despido, «el trabajador se encontraba amparado porf uero circunstancial», en virtud del conflicto colectivo suscitado entre Indega y el sindicato Sinaltrapacol, al que se encontraba afiliado el demandante; que la negociación finiquitó con la sentencia CSJ SL12182017 (fs.°507 a 508), donde se anuló la parte resolutiva del laudo arbitral que fue impugnado (fs.°452 a 461).

Propuso como problema jurídico, determinar si la justa causa alegada por el empleador en efecto existió o si, por el contrario, había lugar a reincorporar al demandante a su puesto de trabajo en virtud del fuero circunstancial. De resultar afirmativo lo anterior, establecer si para el despido, la encartada cumplió con las disposiciones convencionales previstas para tal fin. Luego de explicar la finalidad del fuero circunstancial, precisó que según el Decreto 2351 de 1965, dicha protección no es absoluta, pues solo opera en aquellos casos en que el despido se produzca sin invocación de una justa causa, caso en el cual procedería la declaratoria de ineficacia del despido con la consecuente orden de reintegro. Aludió a lo previsto en los arts. 62 y 64 del CST, y a la entrega de la carta de despido (fs.°23 a 24 y 490 a 492). Después de copiar el contenido del documento en cita, resaltó que lo que motivó la decisión de Indega,

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Radicación n.°90725 [...] fue la presunta alteración de dos certificaciones laborales, supuestamente expedidas por la empleadora, las cuales contenían información que no se acompasaba con la realidad del trabajador pues en ellas constaba un salario superior al realmente devengado, estaban suscritas por personas no vinculadas al área de recursos humanos y se relacionó como teléfono de verificación precisamente la extensión asignada al actor, documentos con los cuales, a juicio de la demandada, el demandante pretendía obtener un beneficio ante la entidad

financiera a la cual las aportó. De cara a la causal invocada, advirtió que mediante comunicación de 9 de mayo de 2017 (fs.°22 y 479), la accionada a través del jefe de Recursos Humanos, citó al demandante con el fin de que acudiera a diligencia de descargos en esa misma calenda a las 2:30 pm, a efectos de escuchar su versión, conforme lo acordado en la Convención Colectiva de Trabajo vigente, para adelantarle proceso disciplinario. Continuó con las respuestas del actor en la diligencia de descargos (fs.°18 a 21 y 345 a 351) y afirmó que: Al cuestionársele sobre el monto devengado por concepto de salario, este manifestó "No me acuerdo bien exacto, no me acuerdo como millón 600 o millón 500". Seguidamente se le indaga "Sírvase indicarnos cuál es el procedimiento ante la Compañía para solicitar una certificación laboral y a quien se la solicita", respecto a lo cual contestó (folio 18 vto.) "YO siempre se la he solicitado a Lorena Personalmente" Se le preguntó también, si había pedido certificaciones laborales para la anualidad de 2015, a lo que refirió "creo que solicite una, me parece", misma pregunta fue realizada, pero en lo que atañe al ario 2017, momento en el cual contestó, no haber solicitado dicha certificación. Posteriormente, se le indagó respecto de quién elaboró la certificación por parte de la compañía, lo que respondió "tuvo que haber sido Lorena Urrego, en esa época ella aún las realizaba", y al cuestionarle si conocía a los señores Mario Rodríguez y Eliana

Rodríguez, dijo no saber quiénes son. En torno a la pregunta, 6

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Radicación n.°90725 "Sírvase indicar usted ha presentado solicitudes de crédito en el Banco de Occidente?' el actor manifestó "El año pasado precisamente solicite uno". En cuanto a la documentación aportada, para dicho trámite refirió que únicamente aportó el certificado de ingresos y retenciones, así como efectuar el diligenciamiento de un formulario, advirtiendo "mi banco siempre ha sido el banco de occidente y sólo me piden actualizar el certificado de ingresos y retenciones y atravez (sic) de este documento me actualizan toda la información, yo no necesito firmar ningún otro documento, yo para cada préstamo que pido no debo presentar ningún documento. Tras ponérsele de presente dos certificaciones laborales se indagó si estas habían sido radicadas en el banco de occidente, a lo que asentó: "No ni idea, como le digo, yo siempre he presentado el certificado de ingresos y retenciones que me expide la compañía". Igualmente, se le pregunta porque (sic) el salario certificado en la certificación de 2015 es de $2.890.000 frente a lo cual apuntó "No nada, yo ganaba lo que estaba ganando en ese año lo que ustedes dicen" y respecto a la de 2017 en la que figura como salario $3.198.600 dijo "ojala (sic) me pagaran eso" Adujo desconocer las personas que suscribían los documentos. En dicha diligencia, también se le inquirió acerca del número telefónico fijo de la compañía y la extensión a él asignada, a lo

cual indicó "mi extensión es la 2134 y el número es 4239393"; posterior a dicha interrogación, se le cuestionó lo siguiente: "Indique el motivo por el cual, en la certificación anterior, aparece el teléfono 4239393 EXT: 2134 que corresponde a su extensión? y contestó: "Ni idea" Tras relievar otros apartes de los descargos, estimó que las respuestas del accionante no conllevaban confesión por ser evasivas sobre lo cuestionado. Trajo a colación los interrogatorios que absolvieron el representante legal de la demandada y el actor, y los testimonios de Martín Muñoz, Julio Hernán Avello Pinzón, Nidia Esperanza Avella Peña, Leidy Lorena Urrego y Fernando Angulo.

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Radicación n.°90725 Del primer declarante, manifestó que ningún elemento aportaba de las « razones que dieron lugar a la terminación del contrato de trabajo del demandante», pues si bien laboró para la demandada, solo estuvo vinculado hasta el 2012, esto es, 5 arios antes del retiro del actor, limitando su declaración a la negociación colectiva. De los demás testigos, aludió a lo que cada uno manifestó, y acotó que gozaban de plena credibilidad por su espontaneidad, «dando la razón de su dicho sin que se percibiera ánimo def avorecer alguna de las partes, aunado a que les consta de manera directa los hechos narrados por su condición de trabajadores de la INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. y por haber participado dentro de[l]p roceso de descargos que se adelantó al actor».

Refirió que las certificaciones que fueron «presuntamente adulteradas y entregadas a la entidad financiera (folios 341 y 342)», contenían información del monto de los salarios del demandante -$2.890.000 y $3.198.600los que, según su propio dicho, no eran los que devengaba (f.°348); que tales documentos estaban firmados por Eliana Rodríguez y Mario Rodríguez, rúbricas que «a simple vista» eran idénticas, y que aparecía «como número de contacto el de la empresa con la extensión "2134" que el actor reconoció como suya tanto en la diligencia de descargos como en el interrogatorio de parte rendido ante el a quo». 8

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Radicación n.°90725 Del análisis conjunto de la prueba recaudada, estimó configurado el hecho atribuido como causal de despido en tanto, [...] aunque es cierto que el demandante no acepta haber elaborado, suscrito o presentado las certificaciones ante la entidad financiera, que además de no haber sido elaboradas por la Compañía, contenían información falaz sobre la relación contractual del demandante, eso es atendible en la medida que nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo, no obstante, las respuestas dadas en la diligencia de descargos y en el interrogatorio de parte, sí se advierten evasivas en aspectos como la presentación de solicitudes de crédito o cualquier otro producto ante el Banco de Occidente, del cual reconoció era cliente, o el salario devengado frente a lo cual manifestó no acordarse, pese a tratarse de aspectos que le correspondería saber por ser personales, las cuales se valoran como indicio grave

en su contra. Adicionalmente, los testigos, con las excepciones anotadas al momento de discriminar la prueba, fueron contestes en señalar que conforme la información entregada telefónicamente por la entidad financiera, había sido HARVEY ARCINIEGAS quien presentó las certificaciones laborales supuestamente expedidas por la Compañía junto con una solicitud de crédito, cuya copia fue obtenida por la empresa gracias a la remisión que el Banco de Occidente les hiciera luego de establecer contacto telefónico con esta, lo que explica la forma en que la encartada obtuvo el conocimiento de la situación irregular y que le permitió adelantar la investigación interna en la que concluyó que tales certificaciones, además de contener información que no se acompasaba con la realidad de la vinculación del demandante, particularmente en lo relativo al salario, lo cual no fue desconocido por el demandante, no habían sido expedidas por la empresa y menos aun (sic) por empleados del área de recursos humanos y aunque Mario Rodríguez, una de las personas que figuran como signantes de una de las certificaciones laborales, sí laboraba en la empresa convocada a juicio, conforme a las averiguaciones realizadas por INDEGA y según lo ilustrado por los deponentes, este desconoció haber firmado ese documento. Además de lo anterior, llama la atención el hecho que el número telefónico de verificación en las certificaciones corresponda a la extensión asignada al actor, la que este reconoció como suya, lo que es un claro indicio de, si se quiere, la mala fe con la que se actuó frente a la compañía financiera, pues ese dato le permitiría, eventualmente, dar fe de lo contenido en la certificación cuando el Banco se comunicara a corroborar información, lo cual

normalmente ocurre, con tan mala suerte que el Banco, ante la

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Radicación n.°90725 ausencia de respuesta, terminó comunicándose con el área de recursos humanos, quien se percata de las irregularidades en la información. A renglón seguido, verificó si el hecho que motivó el despido se enmarcó dentro de las justas causas reguladas por la ley, para lo cual tuvo en cuenta el «"REGLAMENTO

INTERNO TRABAJO DE LA EMPRESA PANAMCO COLOMBIA S.A."

(folios 286 a 318)0. Al analizar el numeral 46 del art. 66 y en el literal d) del art. 69 del citado reglamento, y la cláusula 6 del contrato de trabajo (fs.°279 y 280), dio razón al actor en cuanto a que su conducta no se enmarcaba en la prohibición 46 del art. 66, puesto que »para que acaeciera la misma se requería que el demandante "creara o alterara" los documentos para presentarlos, situación ésta que, tal como lo reconoció la demandada, no se halló demostrada». No obstante, acotó que al estar demostrados los hechos invocados en la carta de despido, le correspondía [...] enmarcar la conducta dentro de las causales previstas en la ley como justa causa de despido, observando si las partes directamente calificaron o no esa conducta como falta grave, no siendo necesario que se citen o se señalen inequívocamente las normas que (sic) en que se subsumen los hechos que justifican la decisión, pues basta con identificar los motivos concretos que

se le imputan al trabajador, correspondiéndole al juez verificar si los mismos están o no tipificados en la ley como justa causa. Con sustento en la sentencia CSJ SL2123-2020, reiteró que aunque el hecho que dio lugar al despido no se enmarcaba en la prohibición alegada por el empleador y, que 10

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Radicación n.°90725 en tal sentido «no existida una justa causa para proceder al despido», conforme la sentencia reseñada era posible encuadrar la situación descrita en cualquier otro incumplimiento a las obligaciones o prohibiciones del trabajador. En ese orden, advirtió que en el numeral 24 del art. 66 del Reglamento Interno de Trabajo (f.°447) se estableció como prohibición especial «"Haber presentado para la admisión en la empresa o presentar después para cualquier efecto, documentos o papeles falsos dolosos, incompletos, enmendados o no ceñidos a la estricta verdad" (Negrilla y Subrayas de la Sala)». Con lo anterior, circunscribió la conducta que motivó el retiro en esta prohibición, pues gen la realidad» el actor presentó documentos «supuestamente» emanados de su empleador ante un tercero en el que se consignó información «falaz, particularmente, frente al valor de su retribución mensual, cuya inobservancia a la luz del antecitado artículo 69 del Reglamento Interno de Trabajo está calificada como una falta grave (folio 450)». Destacó que lo indispensable era que en la carta de despido se señalaran los motivos por los cuales se prescindió

de los servicios, lo que en efecto ocurrió, amén de que el empleador describió lo discutido en la diligencia de descargos -circunstancias de modo, tiempo y lugar de los incumplimientos achacados-, lo que demostró que las partes conocían los hechos en que se fundó la decisión.

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Radicación n.°90725 Acotó que los hechos atribuidos al accionante, encajaban en el numeral 6 del literal a) del art. 62 del CST, conducta calificada como grave en el RIT. Dijo que el juez laboral está eximido de calificar nuevamente la gravedad de la falta cometida por el trabajador y agregó que era indiferente para la configuración de la justa causa, que con la comisión del hecho se hubiera o no conseguido un provecho indebido pues, bastaba que se encontrara calificada por las partes como grave. Se apoyó en la sentencia

CSJ SL2828-2020.

También descartó relevancia en la responsabilidad penal del demandante, así como si fue o no quien falsificó las certificaciones laborales, al no ser «este el escenario para determinar culpabilidad alguna o para verificar la comisión de delitos», y por cuanto con la descripción de la causal, lo que debía atenderse era la presentación de documentos con información falsa para cualquier efecto. En punto al debido proceso contemplado en la Convención Colectiva de Trabajo y que según el actor fue desconocido por la encartada, advirtió que pese a que dicho instrumento no contaba con nota de depósito, al no ser desconocido por Indega al contestar la demanda, analizaría

el cuestionamiento, sin que pudiera pasar por alto que dicha convención fue suscrita entre la demandada y la organización sindical Sintrainal. Que en virtud de lo estipulado en el art. 1 de dicho texto, y al no existir prueba de que el actor se encontrara afiliado a esa organización sindical, pues en los hechos de la demanda y en la 12

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Radicación n.°90725 t contestación se indicó que lo estaba a los sindicatos Sintraindega y Sinaltrapacol, última que verificó con la certificación de folio 9, «no era beneficiario de la convención colectiva cuya aplicación reclama». Con todo, manifestó que de conformidad con el art. 15 extralegal, se le notificó al accionante la citación a descargos el 9 de mayo de 2017 (f.°343), donde: [...] se relaciona el hecho que motiva los descargos, la cual, según la anotación allí consignada, se realiza de manera verbal y con suscripción por LORENA URREGO y NIDIA AVELLA como testigos por cuanto el demandante se negó a recibir[,] situación ratificada en el testimonio rendido por estas. Adicionalmente, tal como lo informó el testigo FERNANDO ANGULO, la demandada tuvo conocimiento de la ocurrencia de la falta el día 5 de mayo de 2017, cuando se terminan las investigaciones dentro de la empresa y se obtienen las certificaciones laborales falsas remitidas por el Banco, sin que se demuestre por parte del convocante fecha distinta de esta, y en ese entendido, la citación a descargos se hizo dentro de los términos que establece la

convención, esto es 3 días siguientes al conocimiento de la conducta si se tiene en cuenta que el 5 de mayo fue un viernes, no siendo hábil para la compañía el domingo. En cuanto a la notificación de los representantes de la organización sindical, acudió a la copia de la citación del señor Arciniegas (f.°344), y agregó que las declarantes referidas manifestaron que el actor era directivo sindical de Sintraindega, que [...] normalmente se rehusaba a recibir ese tipo de documentos, por lo que, optaron al momento de efectuar esas comunicaciones ir siempre dos personas o más, para que quedara evidencia de dichas actuaciones realizadas por los miembros de los sindicatos. En ese sentido, con la descripción hecha por los testigos, debe entenderse que sí se realizó la comunicación a la organización sindical a la que estaba afiliado el trabajador.

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Radicación n.°90725 También aludió a la comunicación de 9 de mayo de 2017 (f.°352), dirigida a Sintraindega que contaba con firma de recibido, y anotó que «Pese a estar debidamente enterados del proceso que se adelantaba en contra del demandante, los representantes de la Organización sindical no asistieron a las diligencias, responsabilidad que no puede ser atribuida a la demandada pues cumplió con la carga que le imponía la convención». Así, concluyó que al efectuarse la citación a descargos en cumplimiento del art. 15 convencional, se salvaguardó el debido proceso del demandante. Puntualizó que esa disposición extralegal « no prohibe que el trámite se adelante en un solo día pues lo que prohibe es que se excedan los

términos allí previstos».

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Harvey Enrique Arciniegas Chavarro, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la casación de la sentencia impugnada, para que en sede de instancia, «se emita una en su lugar accediendo a las pretensiones y se provea en costas en caso de presentarse oposición».

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Radicación n.°90725 Con tal propósito, formula tres cargos por la causal primera, que fueron replicados. Se estudiarán conjuntamente, en razón a coincidir en la proposición jurídica, su unidad de propósito y argumentación.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia por vía directa, por interpretación errónea del art. 25 del Decreto 2351 de 1965 y por infracción directa del art. 29 de la CN.

Asegura que, El fallador se aparta del espíritu de la Ley y la constitución al:

1. Tener por desvirtuada la presunción de inocencia sin estarla, pues la Demandada no arrimo (sic) prueba en contrario, a más que su dicho y el de sus Dependientes, ni en el proceso disciplinario, ni en el juicio laboral.

2. Adecuar la falta grave del Trabajador con otro cargo del cual no fue acusado, omitiendo el principio de legalidad y defensa.

La falta de aplicación se presentó en la sentencia acusada cuando:

3. Invirtió la carga de la prueba, al imponer al Demandado

(sic) demostrar lo injusto de su Despido, mediante la acreditación

de su no participación en los cargos endilgados.

4. Dar por demostrado sin estarlo, que la Demandada probó la falta grave comedita (sic) por el Trabajador, pues la única prueba es el dicho de los trabajadores que lo Juzgaron y determinaron su despido.

En la demostración, expone que, El Tribunal, no parte del hecho que el Demandado (sic) es inocente hasta que se demuestre que no lo es, por el contrario, al

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Radicación n.°90725 hacer el estudio del caso, el análisis gira en torno a su culpabilidad, pues la argumentación se funda en que si presentó los documentos y su raciocinio define por qué es culpable, incurriendo en los cargos, al actuar así: - No tuvo en cuenta que el Trabajador responde las primeras 15 preguntas sin saber para qué fue citado, como lo demuestra la respuesta a la pregunta segunda, y que pese a esta respuesta nunca se le indicó, ni en la citación, ni en la diligencia, ni ante el gerente de planta, los cargos, cuales solo se informa hasta la carta de despido. - Pese a lo anterior, cada respuesta dada por el Trabajador la entiende como evasiva, pero no valora que solo a partir de la pregunta 15, podría inferirse por que (sic) se efectuaron las 14 preguntas anteriores. - Pese a lo anterior, en cada respuesta del trabajador la tiene como demostración de la autoría de la entrega, ya que sabía el número de su extensión, sabia (sic) el nombre de quien expide las certificaciones, sabia (sic) el procedimiento para hacerlo,

sabía que su salario es diferente al de las certificaciones falsas, sabía el nombre del Banco con el que tenía productos, no estaba seguro de la información que ya reposaba en la empresa, como salarios, registro de certificaciones, nombre de los empleados de Indega y finalmente que desconociera todo respecto de las certificaciones falsas, incluso el por qué no da cuenta de que si una mujer firma los documentos falsos se le puede llamar al número de extensión del señor Demandante y el que no conteste el por qué su conducta viola el reglamento, resulta ser suficiente para atribuirle su participación en lo que horas más tarde sería la justa causa para despedirlo. - A pesar de que reconoció que La Representante Legal Demandada, confesó en interrogatorio de parte que "lo único que se constató es que no hubiera sido emitida por la entidad" y que la prueba del despido fueron las certificaciones y no la demostración de su uso, de todas formas[,] la tiene como justa causa para la terminación. - A pesar de que los testigos, afirman que las certificaciones que "autoexpidió" fueron la causa del despido, enmarca la terminación en "haber presentado" los documentos falsos, pues la sola llamada del Banco se entiende que fue Harvey quien los presentó, sin prueba de la llamada o el requerimiento del Banco, ni en la diligencia de descargos o en el trámite ordinario laboral. - A pesar de que el proceso laboral no se desarrolló en función de probar la (sic) los supuestos de hecho que argumentan la justa causa del despido, se pasó por alto estudiar la presunción constitucional en favor del Trabajador. 16

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Radicación n.°90725 WI. RÉPLICA La demandada opositora resalta que el cargo pese a que se dirige por la senda de puro derecho, su argumentación es totalmente fáctica; que de asumirse que la vía de ataque es la de los hechos, tampoco se cumplen los requisitos para su estudio, dado que no se enlistaron los desaciertos fácticos y no se explicó con claridad en qué consistió la errónea valoración probatoria. Con todo, advierte que tampoco se hizo ningún esfuerzo en explicar la equivocada hermenéutica del art. 25 del Decreto 2351 de 1965.

VIII. CARGO SEGUNDO Dice que el Tribunal incurrió en violación de medio del art. 167 de CGP, «lo que produjo el quebrantamiento por vía indirecta por aplicación indebida del articulo Articulo (sic) 29 de la Constitución Nacional y articulo 25 del Decreto 2351 de

19650. Atribuye la comisión de los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrada la justa causa del despido, teniendo como plena prueba el dicho de la representante legal y el de sus dependientes.

2. Dar por demostrada la justa causa del despido, teniendo la lógica como medio de prueba.

3. Dar por demostrado, sin estarlo que, el Demandante Presentó ante una entidad Bancaria las certificaciones laborales falsas, sin evidencia de cómo, cuándo o por que (sic) las entregó.

4. Dar por demostrado sin estarlo, que la Demandada recibió información del Banco acerca de los documentos que sirvieron como fundamento del Despido.

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5. Dar por demostrado, sin estarlo que, el Demandante buscaba un provecho ante una entidad Bancaria con las certificaciones laborales falsas, pues nunca se demostró que productos, cuantías o beneficio obtenía con la falsedad.

6. Dar por demostrado sin estarlo, que la Demandada recibió información del Banco acerca de los documentos que sirvieron como fundamento del Despido.

7. No dar por demostrado estándolo, que la terminación del contrato laboral, se dio porque dos certificaciones laborales presentan alteración en la información.

Asevera que se debió verificar que la demostración de la justa causa fuera « mediante medios de prueba conducentes, pertinentes e idóneos», no obstante, partió «del supuesto de hecho que el Trabajador "entrega los documentos falsos", sin prueba alguna más que su lógica», por cuanto no se valoró, [...] adecuadamente el interés de los testigos de la Demandada, pues estos tienen provecho en que el Despido sea legal, pues fueron ellos quienes lo perpetuaron y al analizar su versión se contradicen al afirmar no conocer la investigación pero luego revelar detalles de ella, al afirmar que es exhaustiva la investigación pero al explicar en qué consiste, aseguran ser solo llamadas, al asegurar que no sabía para que se radicó la certificación y luego afirmar que solicitó un crédito, finalmente reconoce que son ellos quienes efectúan la investigación, realizan los descargos y deciden despedirlo, pero son testigos imparciales para el Tribunal. Afirma que el colegiado de