CSJ - SL1122-2023

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Magistrado ponente SL1122-2023 Radicación n.° 71378 Acta 09 Bogotá D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por PEDRO ALFONSO MENDOZA COUTIN contra la sentencia proferida el 29 de julio de 2014, por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso que le sigue a la EMPRESA

COLOMBIANA DE PETRÓLEOS S.A. (ECOPETROL S.A.).

I. ANTECEDENTES Accionó el demandante contra Ecopetrol S.A., para que se declarara que entre ellos existió una relación laboral del 5 de abril de 1998 al 28 de octubre de 2008, y que el despido fue ineficaz por faltas al debido proceso. Consecuentemente, pidió que fuere reintegrado a un cargo igual o mejor que el que venía desempeñando, así como el pago de los salarios y prestaciones legales y extralegales dejados de percibir.

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Radicación n.° 71378 Subsidiariamente, solicitó la indemnización por despido sin justa causa, así como la establecida en el artículo 4.9 del Acuerdo 01 de 1977 (el equivalente al 175% de la legal contenida en el artículo 6 de la Ley 50 de 1990), y la pensión sanción de que trata el artículo 4.5.8 del referido acuerdo. Fundamentó sus peticiones en que laboró para la

demandada del 5 de abril de 1998, mediante un contrato de trabajo a término indefinido, hasta el 28 de octubre de 2008, por decisión unilateral del empleador; que su último cargo fue el de jefe de plantas de procesos, con un salario de $8.223.000; que no era beneficiario de la convención colectiva «[...] por pertenecer a la nómina directiva», y que le eran aplicables las reglas contenidas en el Acuerdo 01 de 1977. Aseguró que mediante comunicación del 8 de octubre de 2008 fue citado, junto a otros trabajadores, para rendir descargos el día 10 de ese mismo mes, diligencia en la que le hicieron «[...] unas imputaciones que se presentaron como conductas ciertas, cuya carga probatoria, para su imputación le corresponden al empleador»; que en ninguna parte le informaron que su declaración iba dirigida a «[...] enjuiciar unas conductas imputadas, que de no ser desvirtuadas [...]», conducían a la terminación del contrato; que él y los demás convocados solicitaron el aplazamiento de la actuación para el 16 de octubre siguiente, y el acompañamiento de un abogado, pero la empleadora negó la compañía del jurista. Señaló que la empresa consideró los descargos como un procedimiento eminentemente laboral, el cual estaba

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Radicación n.° 71378 previsto en el reglamento interno de trabajo, por lo que «[...] no hay lugar a un abogado que lo represente o lo asista en esta clase de diligencia, basta con que se acompañe con las personas señaladas en la carta del 8 de octubre [...]».

Resaltó que no se le informó qué pruebas podía aportar en su defensa, ni las que tenía en su poder la empresa para respaldar la acusación; que su derecho constitucional de defensa fue vulnerado, porque en dicha diligencia no se practicó ninguna prueba o estudio técnico, sino que solo se le puso de presente un documento, y ante «[...] la sorpresa y asalto, aceptó que pudiera ser su visto bueno, y con esa aceptación se da por cierto [...]», sin embargo, que él no elaboró el mismo, pues para la fecha de creación del documento, estaba disfrutando de vacaciones, y el día concreto estuvo hospitalizado en la Clínica Madre Bernarda de Cartagena. Dijo que en la carta de terminación del vínculo, la empresa afirmó que «[...] intervino en la elaboración y revisión del presupuesto oficial y especificaciones técnicas [...]», pero esas funciones le eran ajenas, y reprochó que no se diera aplicación a los procedimientos contenidos en la Ley 734 de 2002, y que la empresa lo acusara de causar un detrimento patrimonial y; que el 22 de enero de 2009 formuló la reclamación administrativa. Al dar respuesta a la demanda, Ecopetrol S.A. se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aseguró que el demandante laboró mediante diferentes contratos a término fijo como trabajador temporal, y posteriormente se vinculó de

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Radicación n.° 71378 forma indefinida, en nómina directiva a partir del 25 de noviembre de 2005 hasta el 28 de octubre de 2008, cuando finalizó el nexo por una justa causa; que laboró durante 10

años, 2 meses y 24 días, que desempeñó el cargo de coordinador de plantas de proceso, y que su último salario fue de $8.223.000; precisó que la reclamación administrativa fue radicada el 27 de enero de 2009. Aclaró que las empresas tenían la potestad de llamar a descargos a los trabajadores que incumplieran con los deberes generales, obligaciones y prohibiciones especiales contemplados en la ley, el reglamento interno de trabajo, los contratos y los acuerdos; que aceptó la solicitud de aplazamiento de los descargos requerida por el actor, con el fin de garantizar su derecho fundamental al debido proceso contenido en el artículo 29 de la Constitución Política, pero, advirtió que en esta clase de diligencias «[...] no se requiere, ni es indispensable la presencia de un abogado». Manifestó que el accionante afirmó, en los descargos que se llevaron a cabo el 16 de octubre de 2008, lo siguiente: «[...] “...es mi visto bueno para control documental que ha sido elaborado...”». Agregó que para dar por finalizado el vínculo laboral, no era necesario iniciar un proceso disciplinario de acuerdo con lo establecido en la Ley 734 de 2002, pues hizo uso de las facultades contenidas en el artículo 80 del reglamento interno de trabajo. Dijo que no le constaban los demás enunciados fácticos. Propuso las excepciones de inexistencia de las obligaciones laborales, prescripción, cobro de lo no debido y buena fe.

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Laboral del Circuito de Barrancabermeja, mediante fallo del 21 de febrero de 2014, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre PEDRO ALFONSO MENDOZA COUTIN, identificado con la C.C.No.73.155.593 de Cartagena (Bolívar) como trabajador, y Ecopetrol SA, sociedad comercial con NIT comercial 899.999.068-1, domicilio principal la ciudad de Bogotá D.C., representada legalmente por su presidente, el Doctor JAVIER GUTIÉRREZ PEMBERTHY, o quien haga sus veces, como empleadora, existe un CONTRATO DE TRABAJO bajo la modalidad de TÉRMINO INDEFINIDO.

SEGUNDO: DECLARAR que la terminación del Contrato de Trabajo antes mencionado, del día veintiocho (28) de octubre de dos mil ocho (2008), fue INEFICAZ por nulidad derivada de la violación al debido proceso, conforme se manifestó en la parte Considerativa de este fallo, por lo tanto, mantener la continuidad del contrato de trabajo suscrito.

TERCERO: Consecuencialmente a la anterior decisión, ORDENAR a ECOPETROL S.A., a REINTEGRAR al señor PEDRO ALFONSO MENDOZA COUTIN, identificado con la C.C. No. 73.155.593 de Cartagena (Bolívar) al mismo cargo que venía desempeñando, con las advertencias efectuadas en las consideraciones.

CUARTO: CONDENAR a ECOPETROL S.A. a que pague a favor del Señor PEDRO ALFONSO MENDOZA COUTIN, identificado con la C.C. No. 73.155.593 de Cartagena (Bolívar), los salarios,

prestaciones sociales, primas, auxilios educativos y demás beneficios legales y extralegales dejados de percibir, con sus correspondientes incrementos, que venía reconociendo la entidad accionada, teniendo como base el salario del año 2008, reconocido en la suma de OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL (COP $8.223.000), desde el día treinta (30) de octubre de dos mil ocho (2008), hasta cuando se verifique su reintegro, así como el pago de aportes a seguridad social durante este periodo.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 29 de julio de 2014, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandada, revocó la sentencia de primera instancia, y en

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Radicación n.° 71378 su lugar, absolvió a Ecopetrol S.A. de las pretensiones incoadas en su contra. Reprodujo el artículo 80 del Reglamento Interno de Trabajo (f.° 44), e indicó: El demandante, de acuerdo a la documental de folio 105, fue citado el 8 de octubre de 2008, teniendo en cuenta la suscripción por parte de ECOPETROL de dos contratos con el Consorcio Confipetrol el 5 de diciembre de 2006 y en enero de 2008, en los que la Superintendencia de Operaciones La Cira Infantas y de Mares subcontrató la “implementación de mejores prácticas de integridad operativa, con la Sociedad Integridad Operativa Consultores Ltda., mediante contrato de servicios profesionales

No. 001-8 por un plazo de 90 días y un valor de $413.134.264, a través del sistema de gastos reembolsables”. Dentro de la realización de ese contrato, el demandante “en su calidad de coordinador plantas proceso SOM, revisó el presupuesto oficial y las especificaciones técnicas que soportaron la solicitud del 19 de marzo de 2007 que las Superintendencias de Operaciones la Infanta y de Mares, dirigieron a la coordinación de periféricos mantenimiento de mares, con el fin de que se incluyera la ejecución de la asesoría para la implementación de mejores prácticas de integración operativa para la vigencia de 2007 (...), presupuesto oficial y especificaciones técnicas que no atendieron las tarifas aprobadas para los servicios de consultoría y prestación de servicios por parte de la entonces gerencia administrativa de esta empresa, no contenían una exigencia de experiencia contractual que permitiera verificar la competencia de los proponentes para desarrollar las actividades requeridas y que, además, sobredimensionaron el personal requerido generando sobrecostos para ECOPETROL S.A.”. Aseguró el juez de apelaciones que, según esta misiva, el demandante elaboró los presupuestos oficiales de esos dos contratos con los que se causó un detrimento patrimonial a la demandada, al no seguir en el proceso de contratación las tarifas oficiales establecidas para tal fin (f.° 106). Manifestó que el actor en su diligencia de descargos (f.° 109), admitió que era coordinador de planta de procesos de producción de la superintendencia de mares y que su función

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Radicación n.° 71378 consistía en que la operación en las plantas estuviera

funcionando; que para «[...] “el asunto de integridad operativa” se trajo un custodio de la refinería de nombre Edison Córdoba” [...]», a quien se le encomendó «[...] todo “lo de especificaciones técnicas, presupuesto e implementación como el líder de confiabilidad”», y que «[...] “ni revisé el presupuesto 2008 porque había una persona, experto encargado en la Superintendencia para esto, quien lo elabora, revisa y pasa el presupuesto a mantenimiento con el aval de la Superintendencia”». Observó, que posteriormente, se le preguntó al actor de quién aprobó el contrato con la operativa consultores, y respondió que «[...] allá llegó como de mantenimiento[...]»; que, al referirse al visto bueno que figuraba en el documento de presupuesto oficial, el trabajador manifestó que su nombre no implicaba que lo hubiese elaborado él, que «[...] “a los documentos se les coloca un visto bueno después de que lo ha elaborado, revisado y aprobado de la Superintendencia, se coloca un visto bueno para asegurar que no cambien la hoja” [...]», por cuestiones de control documental, «[...] “siempre se hace eso” [...]», y aclaró «[...] que, si él lo hubiere elaborado, lo hubiera firmado, pues él no acostumbra legalizar los documentos con un visto bueno [...]» y reiteró «[...] “yo no lo revisé ni elaboré, porque como coordinador de plantas no es de mi competencia”. Luego aclara que el visto bueno que aparece allí es suyo, “para control documental” (folio 112)». Expuso el Tribunal que en la carta de despido (f.° 30),

la empleadora le informó al demandante que «[...] “sus afirmaciones resultan contradictorias como quiera que al

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Radicación n.° 71378 principio de la diligencia niega su participación en la elaboración del presupuesto,sin embargo, lo acepta cuando se le pone de presente el documento que contiene su rúbrica de elaboró” [...]», por lo que en sentir de la empresa los argumentos esbozados por el demandante no resultaban admisibles, pues no figuraba otra persona «[...] que haya elaborado el presupuesto, “sólo aparece su firma, luego no puede ser tenido como un simple visto bueno con fines de control documental” (folio 31)». Después de exponer los motivos del despido alegados por la empresa, y la defensa del accionante, dijo: Y sobre este aspecto resalta la Sala el relato del actor, pues posterior a la decisión de ECOPETROL de terminar su contrato de trabajo, le solicita reconsiderar esa situación, pero ya no por el hecho de que el visto bueno que él puso en los documentos sólo lo fuera por verificación de éstos, sino porque no lo puso y ese día, ya que se encontraba en una cita médica. Así lo indicó en la petición de revocatoria de la decisión de despido, del 26 de febrero de 2009 (folio 151), que precedió a la realizada el 22 de enero de 2009 (folio 78), donde reiteró que la revisión de presupuesto de integridad operativa no era su función, pues sólo verifica la implementación del servicio de mantenimiento y que funcione en la operación de plantas; indicó

en aquella oportunidad que se presentan hechos relevantes y suficientes para variar la determinación adoptada en su contra, ya que “para la fecha de emisión y elaboración de los documentos ya comentados y que se citan en los cargos, el suscrito funcionario ME ENCONTRABA DISFRUTANDO DE VACACIONES” y que para esa fecha estuvo internado en la Clínica Madre Bernarda, en Cartagena, por razones de salud. Con las documentales de folios 83 y 85 se responden por ECOPETROL las anteriores misivas, indicándole al actor que, de su parte, se garantizó el debido proceso y que los hechos nuevos relacionados, debieron haberse realizado en la diligencia de descargos del 16 de octubre de 2008. Respecto a la prueba testimonial, expuso: En el proceso declaró Ana María Barragán, ingeniera industrial, quien indica que el demandante inicialmente fue ingeniero de

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Radicación n.° 71378 procesos y luego Coordinador y encargado del seguimiento operacional del contrato de integridad. Indica que quien elaboró el presupuesto fue Edison Córdoba por los años 2007 y 2008, quien no era del equipo, pero dio el conocimiento técnico y como se implementaba. Ella era facilitadora de los procedimientos de dicho programa y el demandante recibía el resultado y lo implementaba. Asegura que el presupuesto técnico y administrativo, van unidos. Martha Isabel Gutiérrez Prieto, funcionaria de ECOPETROL labora hace 9 años como profesional de gestión y conoce al demandante desde octubre de 2008, ella trabajaba en la vicepresidencia de producción y sólo tiene conocimiento, en su

condición de secretaria, de la digitación de los documentos que se trabajaban con el demandante. Ulises Quintero Villamizar, trabajador que también fue despedido de ECOPETROL por los mismos hechos y que laboró allí por 20 años, hoy lo hace como vicepresidente de CONFIPETROL, conoció al demandante en el departamento de mantenimiento. Dice haber distinguido el programa de confiabilidad operacional y que, ante la frecuencia de ocurrencia de accidentes, con apoyo de la gerencia de la refinería, se implementó el programa de mejores prácticas de integridad operativa, que tenía 5 módulos y variables operacionales de manejo adecuado y rutinas establecidas, que fue asignado a Edison Córdoba para el acompañamiento. El departamento de producción empezó a implementarlo y el demandante era el coordinador y quien velaba por ello. En relación con los presupuestos, es enfático en indicar que lo elaboró Edison Córdoba, que fue quien además dio las especificaciones técnicas, porque él había laborado en la SHELL y trajo esa práctica para ECOPETROL. El proceso lo adelantó el departamento de mantenimiento y el interventor, por la figura de reembolsables, del contrato marco de mantenimiento, esto es, se le entregaba a un tercero para que adelantara servicios que no estaban en el contrato principal y se le pidió que contratara el servicio a Integridad Operativa, por un valor de $356.000.000. Arguyó que a folio 97 del proceso figuraba el documento denominado «IMPLEMENTACIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS DE INTEGRIDAD OPERATIVA», presupuesto oficial que describía varios puntos como «[...] “rondas estructuradas”,

“ventas operativas”, “cuadro básico de equipos” “entrega de equipos”, al que le corresponde a cada uno, una cantidad, un valor unitario, un valor total, para un gran total con TVA de $427.284.856 [...]». Resaltó que en el documento se plasmó que fue elaborado por Pedro Alfonso Mendoza Coutin, «y tiene

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Radicación n.° 71378 una firma que supuestamente corresponde a la del demandante y que fue la que posteriormente desconoció [...]», sin que contra este se adelantara tacha de falsedad conforme al artículo 289 del CPC, por lo que, con base en el artículo 252 ibidem, se presumía auténtico y veraz su contenido. Igualmente, auscultó los correos electrónicos visibles a folios 133 y siguientes, «[...] enviados por el demandante y respondidos a él, en el que Diana Consuelo Álvarez Méndez, le solicita al actor información sobre el valor de hora/hombre (sic) y si esta corresponde “a alguna tarifa aprobada por ECOPETROL”», ante lo cual el señor Mendoza Coutin le trasladó la pregunta a los consultores Ana María Barragán y Édison Córdoba (f.° 134), quienes contestaron que «[...] “el valor de hora hombre no corresponde a tarifas aprobadas por ECOPETROL y ya que este tipo de consultoría no aparece relacionada en la lista de costos de recursos actuales de consultoría”», respuesta que le fue emitida a la señora Álvarez. De lo expuesto concluyó que no podía el demandante alegar que su posición como impulsor del programa de implementación de mejores prácticas, contratado con la

firma IO Integridad Operativa Consultores Ltda., se restringió de manera exclusiva a la parte operativa y al mantenimiento de los equipos, pues su intervención, conforme a las documentales fijadas, no se limitó a este aspecto de manera exclusiva, sino también a verificar el presupuesto y los valores de cada ítem, e impulsar ese programa y ponerlo en marcha con el acompañamiento de Édison Córdoba.

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Radicación n.° 71378 De ahí estimó que el trabajador mal podía manifestarse ajeno a dicha responsabilidad, pues al unísono los testigos refirieron que el señor Córdoba solamente fue personal de apoyo, contratado por Ecopetrol, proveniente de la Shell, para la implementación de ese programa, sin que las responsabilidades del presupuesto estuvieran cargadas a él de manera exclusiva, ya que el funcionario de Ecopetrol que lideraba ese programa desde el punto de vista administrativo y técnico, como coordinador, era el demandante. Además, dedujo el Tribunal que el señor Mendoza Coutin no cumplió con sus funciones en los términos en los que estaba obligado a hacerlo, sin que se hubiese violado por parte de Ecopetrol el debido proceso, como tampoco se probó en el plenario la tacha de falsedad de su firma rubricada en el documento del folio 97, denominado implementación de mejores prácticas de integridad operativa, en el que en su parte final se indicó que fue elaborado y aprobado por el demandante. Con base en el numeral 6 del artículo 7 del Decreto 2351 de 1965, el 58 del CST y la sentencia CSJ SL, 19 sep.

2001, rad. 15822, concluyó que fue justa la causa alegada por la empresa para despedir al trabajador, pues, en síntesis, en el plenario quedó probado que el llamado a adelantar el programa de implementación de mejores prácticas de integridad operativa era él en su calidad de coordinador de plantas de proceso (SOM), quien lo impulsó y verificó que se cumpliera, no solo en la parte operativa, sino también en sus aspectos administrativos, los que también estaban bajo su competencia, y conforme a esto elaboró el presupuesto oficial

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Radicación n.° 71378 con el que resultó afectada patrimonialmente la demandada, dado que no siguió las tarifas oficiales por ella consignadas, […] sin que pueda de su parte, argüir que el documento de folio 97, era solo para aprobar los documentos allí referidos, más (sic) no su contenido, que estaba a cargo de Edison Córdoba, pues este solo fue convidado de la Shell que apoyaría el personal de planta de Ecopetrol en la puesta en práctica de dicho programa, mas no un funcionario de esta empresa facultado para aprobar un presupuesto, como si (sic) lo era el actor que fue quien lo realizó y que a la postre le generó una pérdida a la demandada por no seguir las instrucciones y funciones que estaban bajo su responsabilidad.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Pedro Alfonso Mendoza Coutin, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case la sentencia del Tribunal,

para que, en sede de instancia, confirme la de primer grado, «o, en su defecto, lo remplace por otro que CONDENE a la demandada conforme a los pedimentos subsidiarios incoados en el libelo introductorio». Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, replicados por la pasiva. Se examinan conjuntamente las acusaciones, pues ambas plantean el problema jurídico sobre la legalidad y justeza o no del despido y, además, se fundan en similares argumentos.

VI. CARGO PRIMERO Por la vía indirecta, denuncia la aplicación indebida de los artículos,

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Radicación n.° 71378 [...] 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 43, 55, 56, 57,58 numeral 1, 59 numeral 9, 60, 61 literal h, 62 literal a) numeral 6, 104, 105, 107, 109, 187 numeral 1, y 191, del Código Sustantivo de Trabajo; lo que a su vez condujo a la aplicación indebida de la ley 319 de 1996, aprobatoria del "Protocolo de San Salvador", artículos 4 y 7 literal d) la ley 17 de 1972, aprobatoria de Convención Americana de Derechos Humanos, art. 26; la ley 32 de 1985, aprobatoria de la Convención de Viena, art. 27, el preámbulo de la Constitución Política y sus artículos 1, 2, 4, 9,

25, 53, 93, 228, 229 y 230, en relación con los artículos 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y el 4 del Código de Procedimiento Civil; como consecuencia de Errores de Hecho, Manifiestos, Ostensibles y Evidentes, por Falta de Apreciación de unas Pruebas y Defectuosa Apreciación de otras. Le endosa al Tribunal los siguientes errores de hecho:

1. No dar por demostrado, estándolo, que la entidad demandada EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO. S.A. “ECOPETROL”, despidió al actor por haber intervenido en la elaboración y revisión del presupuesto oficial y especificaciones técnicas que soportaron las solicitudes de contratación de las Superintendencia de Operaciones La Cira Infantas y de Mares para la implementación de las Mejores Prácticas de Integridad Operativa para las vigencias 2007 y 2008 con lo que le causó evidentes perjuicios, sin que el señor Mendoza Coutin tuviese dentro de sus funciones las de elaborar y revisar presupuestos oficiales para la contratación de personal.

2. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada despidió al actor amparándose en una diligencia de descargos en la que no le dio al actor la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, en la que no le permitió que presentara y controvirtiera las pruebas obrantes en su contra, en la que le impidió que asistiera con un abogado y que realizó en un sitio diferente a donde el actor prestaba sus servicios.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que el actor incurrió en las faltas administrativas que le imputó la empresa demandada.

4. No dar por demostrado, estándolo, que el actor no incurrió en las faltas administrativas que le imputó la empresa demandada.

5. No dar por demostrado, estándolo, que, por la condición de empleado público del demandante, la Demandada Ecopetrol previo, al despido del señor Mendoza Coutin, debió iniciar el procedimiento consagrado en el Código Disciplinario Único o ley 734 de 2002.

6. No dar por demostrado, estándolo, que ECOPETROL inició el proceso disciplinario consagrado en la ley 734 de 2002 en contra del demandante con ostensible extemporaneidad, al

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Radicación n.° 71378 haber transcurrido más de 6 Meses desde que le formuló cargos y procedió a su despido.

7. No dar por demostrado, estándolo, que en la Constitución Política y en el reglamento de trabajo de la demandada, está consagrada la ineficacia de la sanción disciplinaria o del despido adoptado sino se llenan los requisitos de la misma.

8. Dar por demostrado, sin estarlo, que el Actor en su calidad de Coordinador Plantas Proceso SOM fue quien lideró, elaboró y aprobó un presupuesto oficial y unas especificaciones técnicas que no atendieron las taritas aprobadas para los servicios de consultoría y prestación de servicios por parte de la entonces gerencia administrativa de la empresa, que no contenía una exigencia de experiencia contractual que permitiera verificar la competencia de los proponentes para desarrollar las actividades requeridas y que, sobredimensiono

(sic) el personal requerido generando sobrecostos para

ECOPETROL S.A. con los que se causó un detrimento patrimonial a la demandada.

9. No dar por demostrado estándolo que para solucionar el programa “de integridad operativa” se trajo un custodio de refinería, funcionario de Ecopetrol, de nombre Edison Córdoba, quien fue la persona a la que se le encomendó todo “lo de especificaciones técnicas, presupuesto e implementación como el líder de confiabilidad”, por lo que fue él el único responsable de la elaboración y aprobación de los presupuestos oficiales de los dos contratos con los que se causó un detrimento patrimonial a la demandada.

10. Dar por demostrado, sin estarlo, que el señor Edison Córdoba era simplemente un miembro de personal de apoyo, contratado por ECOPETROL, para la implementación del programa “de integridad operativa” sin que a su cargo y de manera exclusiva estuviesen, las responsabilidades de la aprobación oficial y especificaciones técnicas que soportaron las solicitudes de contratación de las Superintendencia de Operaciones La Cira Infantas y de Mares para la implementación de las Mejores Prácticas de Integridad Operativa para las vigencias 2007 y 2008.

11. Dar por demostrado, sin estarlo, que, dentro de las funciones del demandante, como impulsor del programa de implementación de mejores prácticas, contratados con la firma 10 Integridad Operativa Consultores Ltda., además de la parte operativa, estaba la de verificar y aprobar el presupuesto y los valores de cada ítem e impulsar ese programa y ponerlo en marcha, solo con el simple acompañamiento de Edison Córdoba.

12. Dar por demostrado, sin estarlo, que el actor en su condición de “coordinador Plantas proceso SOM” era el llamado a adelantar impulsar cumplimiento del programa de “IMPLEMENTACION (sic) DE MEJORES PRACTICAS (sic) DE

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Radicación n.° 71378 INTEGRIDAD OPERATIVA” en su parte administrativa y operativa.

13. Dar por demostrado, sin estarlo, que el actor en su condición de “coordinador Plantas proceso SOM” fue quien elaboró el presupuesto oficial con el que resultó afectada patrimonialmente la demandada, por no seguir las tarifas oficiales por ella Consignadas.

14. Dar por demostrado, sin estarlo, que el actor fue quien impuso el visto bueno en los presupuestos oficiales que soportaron las solicitudes de contratación de las Superintendencia de Operaciones La Cira Infantas y de Mares para la implementación de Mejores Prácticas de Integridad Operativa para las vigencias 2007 y 2008, con las que se ocasionaron un detrimento patrimonial a la demandada.

15. No dar por demostrado, estándolo, que no fue el actor quien impuso el visto bueno en los presupuestos oficiales que soportaron las solicitudes de contratación de las Superintendencia de Operaciones La Cira Infantas y de Mares para la implementación de Mejores Prácticas de Integridad Operativa para las vigencias 2007 y 2008.

16. No dar por demostrado, estándolo, que el actor fue simplemente un intermediario, vía correos electrónicos, en la elaboración de los presupuestos oficiales que soportaron las

solicitudes de contratación de las Superintendencia de Operaciones La Cira infantas y de Mares para la implementación de Mejores Prácticas de Integridad Operativa para las vigencias 2007 y 2008. 11. (sic) Dar por demostrado, sin estarlo, que una de las funciones del demandante era la de revisar y aprobar los presupuestos oficiales que soportaron las solicitudes de contratación de las Superintendencia de Operaciones La Cira infantas y de Mares para la implementación de Mejores Prácticas de Integridad Operativa para las Vigencias 2007 y 2008 con los que se ocasionaron un detrimento patrimonial a la demandada. 12. (sic) No dar por demostrado, estándolo, que no era función del demandante la de revisar y aprobar los presupuestos oficiales que soportaron las solicitudes de contratación de las Superintendencia de Operaciones La Cira Infantas y de Mares para la implementación de Mejores Prácticas de Integridad Operativa para las vigencias 2007 y 2008. 13. (sic) Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante con su proceder incurrió en una falta grave de sus obligaciones generales y que con ello le ocasionó deterioro patrimonial y perjuicios a la demandada. 14. (sic) No dar por demostrado, estándolo, que ECOPETROL S.A. despidió al trabajador demandante sin que este hubiera incurrido en violación grave de sus obligaciones legales,

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Radicación n.° 71378 contractuales y reglamentarias, las que se le imputaron en la

carta de despido. Asevera que los yerros enunciados tuvieron origen en la falta de valoración de los siguientes medios de convicción:

1. El texto del Acuerdo 01 de 1977, art. 4.8 en el que claramente se ORDENA que la empresa debe vel