CSJ - SL1133-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL1133-2023 Radicación n.° 59118 Acta 17 Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Procede la Sala a emitir la sentencia de instancia dentro del proceso ordinario laboral que MARÍA ARCELIA GARCÍA RODRÍGUEZ y JUAN CARLOS AGUIRRE ÁLVAREZ instauraron en contra del MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ,

el INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL JULIO FLÓREZ y la

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO

TÉCNICO INDUSTRIAL JULIO FLÓREZ.

I. ANTECEDENTES Como se dijo al emitir la sentencia de casación, los actores demandaron a las entidades arriba mencionadas, con el propósito de que se declare: i) la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido desde el 7 de noviembre de 1995 hasta la «fecha de notificación de la

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Radicación n.° 59118 demanda» inicial, momento en el que el vínculo terminaría por causas imputables al empleador; ii) que la dirección de la «Concentración Mariscal de Sucre», con quien fue celebrado el contrato, de manera inicial, fue asumida por el Colegio Instituto Técnico Industrial Julio Flórez, entidad que al fusionarse con la primera, es actualmente la encargada de responder por las acreencias laborales, y iii) que lo pactado en el «contrato de celaduría», por medio del cual a los actores

«se les dio habitación en las instalaciones del instituto demandado», corresponde a salario en especie, el cual no podía exceder del 30% de la contraprestación del servicio. En consecuencia, solicitaron se condene a las accionadas al reconocimiento y pago de los salarios causados según lo acreditado en el proceso, el auxilio de cesantía junto con sus intereses, la dotación, el trabajo suplementario, recargo nocturno y dominical, la indemnización por despido sin justa causa, las vacaciones, la prima legal de servicios, la indemnización moratoria, la sanción por no consignación del auxilio de cesantía, la sanción por no pago de los intereses del auxilio de cesantía, la expedición de un título pensional a favor de Colpensiones, la pensión sanción, la indexación de todas las sumas que se lleguen a reconocer, lo que resulte probado en virtud de las facultades extra o ultra petita y, las costas del proceso. El Municipio de Chiquinquirá (f.º 51-55) se opuso a todas las pretensiones de la demanda; argumentó que nunca tuvo un vínculo de carácter laboral con los accionantes. Propuso como excepción la falta de legitimación en la causa

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Radicación n.° 59118 por pasiva. De igual forma, el Instituto Técnico Industrial Julio Flórez, al contestar el escrito inaugural del proceso (f.º 5962) solicitó no acceder a ninguno de los pedimentos y adujó que nunca celebró contrato de trabajo o de prestación de servicios con los señores María Arcelia García Rodríguez y Juan Carlos Aguirre Álvarez. Alegó como medios exceptivos

la prescripción, cobro de lo no debido, falta de causa para pedir y falta de legitimación para demandar. Por su parte, la Asociación de Padres de Familia del Instituto Técnico Industrial Julio Flórez, aun cuando recibió aviso de admisión de la demanda (f.º 65-69), no dio respuesta al escrito inaugural del proceso. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Chiquinquirá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo de 17 de marzo de 2009 (f.º 151-166) decidió: PRIMERO: Declarar que entre las partes JUAN CARLOS AGUIRRE ÁLVAREZ y MARÍA ARCELIA GARCÍA RODRÍGUEZ como trabajadores, demandantes y el INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL JULIO FLÓREZ y la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL TÉCNICO INDUSTRIAL JULIO FLÓREZ, como empleadores, demandados, existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el siete (07) de noviembre […] (1995) el cual terminó el día veintiuno (21) de noviembre de […] (2006).

SEGUNDO: Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción alegada oportunamente por el INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL JULIO FLÓREZ y según lo expresado en la parte motiva de este fallo.

TERCERO: Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva alegada oportunamente por el Municipio de Chiquinquirá […]

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Radicación n.° 59118

CUARTO: Condenar al INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL JULIO FLÓREZ y la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL TÉCNICO INDUSTRIAL JULIO FLÓREZ, como empleadores, demandados, para que paguen a favor de JUAN CARLOS AGUIRRE ÁLVAREZ la suma de […] ($28.724.163,oo), por concepto de salarios dejados de pagar, cesantías, intereses de la cesantías, primas, vacaciones, y festivos […]

QUINTO: Condenar al INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL JULIO FLÓREZ y la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL TÉCNICO INDUSTRIAL JULIO FLÓREZ como empleadores, demandados, para que paguen a favor de MARÍA ARCELIA GARCÍA RODRÍGUEZ la suma de […] ($28.724.163,oo) por concepto de salarios dejados de pagar, cesantías, intereses a la cesantías, primas, vacaciones, y festivos […] SEXTO: Condenar a los demandados INSTITUTO TÉCNICO

INDUSTRIAL JULIO FLÓREZ y LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL TÉCNICO INDUSTRIAL JULIO FLÓREZ, a pagar a favor de los demandantes JUAN CARLOS AGUIRRE ÁLVAREZ y MARÍA ARCELIA GARCÍA RODRÍGUEZ, la sanción por despido injusto en la suma de […] ($3.421.020) para cada uno de los demandantes […] SÉPTIMO: Condenar a los demandados INSTITUTO TÉCNICO

INDUSTRIAL JULIO FLÓREZ y la ASOCIACIÓN DE PADRES DE

FAMILIA DEL TÉCNICO INDUSTRIAL JULIO FLÓREZ, a pagar a favor de los demandantes JUAN CARLOS AGUIRRE ÁLVAREZ y MARÍA ARCELIA GARCÍA RODRÍGUEZ, la sanción moratoria, por cada uno de estos, de $14.874 diarios, por cada día de retardo, desde el veintiuno (21) de noviembre de […] (2006) hasta […] por (24) meses contados a partir del día 21 de noviembre de 2006 fecha de terminación del contrato, hasta el día 20 de noviembre de 2008, es decir la suma de […] ($10.709.280,oo). Después de esta fecha, y sobre esta suma, hasta que se cancele la obligación, se causarán intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificada por la Superintendencia Bancaria hasta la fecha en que sean canceladas todas las obligaciones.

OCTAVO: Condenar a los demandados INSTITUTO TÉCNICO

INDUSTRIAL JULIO FLÓREZ y la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL TÉCNICO INDUSTRIAL JULIO FLÓREZ, a pagar a favor de los demandantes JUAN CARLOS AGUIRRE ÁLVAREZ y MARÍA ARCELIA GARCÍA RODRÍGUEZ, a pagar (sic) la pensión sanción desde la fecha en que cada uno de estos adquiera la edad de sesenta (60) años y cincuenta y cinco (55) años respectivamente. La mesada para cada demandante será la equivalente al […] (134,8%) del salario mínimo legal mensual.

NOVENA: Condenar a los demandados INSTITUTO TÉCNICO

INDUSTRIAL JULIO FLÓREZ y la ASOCIACIÓN DE PADRES DE

FAMILIA DEL TÉCNICO INDUSTRIAL JULIO FLÓREZ, a pagar a

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Radicación n.° 59118 favor de los demandantes JUAN CARLOS AGUIRRE ÁLVAREZ y MARÍA ARCELIA GARCÍA RODRÍGUEZ, los gastos y costas del proceso. (Negrilla y mayúsculas originales) En contra de la anterior determinación solamente el Instituto Técnico Industrial Julio Flórez presentó recurso de apelación. La Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo de 29 de junio de 2012 (f.º 21-42), revocó la anterior decisión y en su lugar se declaró inhibida para fallar de fondo respecto del Instituto Técnico Industrial Julio Flórez de Chiquinquirá, y absolvió respecto de la Asociación de Padres de Familia de esa institución, sin hacer pronunciamiento expreso respecto del Municipio de Chiquinquirá. Mediante providencia CSJ SL4546-2021 esta Sala de la Corte casó íntegramente la anterior decisión al advertir que el sentenciador de segundo grado se había equivocado al abstenerse de resolver de fondo sobre la materia en controversia, sin antes acudir a las facultades legales que le permitían resolver cualquier duda a través del decreto de pruebas de oficio para establecer si era dable o no condenar a quienes integran la pasiva. A la anterior conclusión se arribó luego de considerar que no era claro si el Instituto Técnico Industrial Julio Flórez y la Concentración Escolar Mariscal Sucre, establecimiento

del que igualmente se predicaba la prestación del servicio, tenían capacidad para ser parte.

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Radicación n.° 59118 Esto es, se requería auscultar la posibilidad de que las entidades educativas mencionadas fueran sujetos de derechos y obligaciones, si podían comparecer válidamente al proceso; al igual que verificar la posible asunción de las obligaciones a cargo de estas, por parte del Municipio de Chiquinquirá o del Departamento de Boyacá y si entre aquellas había operado fusión, por orden de qué autoridad y a partir de cuándo. Igualmente se requería establecer si la Asociación de Padres de Familia del Instituto Técnico Industrial Julio Flórez y de la Concentración Mariscal Sucre (con quien en el transcurso del proceso se advirtió surgió la relación laboral), gozaban también del referido presupuesto procesal. Todo lo anterior para poder determinar si los sujetos contra quienes se dirigió la demanda podían ser considerados como parte, comparecer al proceso a efectos de emitir un fallo concreto que solucionara el problema jurídico propuesto. Para dar respuesta a las anteriores dudas, que no fueron despejadas por el ad quem, previo a dictar la sentencia de instancia, esta corporación ordenó oficiar a: la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, a la Secretaría de Educación del Municipio de Chiquinquirá (Boyacá), a las Cámaras de Comercio de Chiquinquirá y de Tunja y a La Nación - Ministerio de Educación Nacional, para que suministraran la información necesaria con la que se pudiera

esclarecer si había lugar a dictar una sentencia de fondo.

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Radicación n.° 59118 En cumplimiento de la anterior orden se recibieron en la Secretaría Adjunta de la Sala de Casación Laboral, los siguientes documentos:

1. Copia del certificado de existencia y representación legal de la Asociación de Padres de Familia del

Instituto Técnico Industrial Julio Flórez «EN LIQUIDACIÓN» (f.º 90-91). El anterior escrito da cuenta de la inscripción de la referida asociación ante la Cámara de Comercio de Tunja el 9 de abril de 1999, renovada el 16 de marzo de 2018; que se trata de una entidad sin ánimo de lucro, vigilada administrativamente por la Gobernación de Boyacá; advirtiendo que tiene como objeto social:

A. Impulsar la educación familiar y escolar participando en la integración de la comunidad educativa, educando educadores, padres de familia y acudientes. B. Coordinar con la comunidad educativa, estrategias tendientes a mantener la moralidad puntualidad (sic), bueno modales, sentido de pertenencia, identidad propia y responsabilidad en general. C. A partir de la correcta educación familiar, contribuir para lograr el buen rendimiento académico y disciplinario de sus hijos, estableciendo verdaderos lazos de comprensión y cooperación con los educandos. D. Desarrollar actividades culturales y de promoción social que permitan elevar el nivel cultural de los padres de familia y contribuyan a crear en los mismo[s] una actitud de cambio y participación en el destino de la sociedad, mediante

conferencias periódicas y demás acciones que redunden en el mauor (sic) conocimiento de la comunidad educativa. E. Servir como personera en los intereses de la comunidad educativa en la conservación de elementos, equipos de enseñanza y de un alto nivel académico, en la búsqueda de recursos de otras instituciones afines y en los demás que demande la comunidad.

F. Ejercer vigilancia permanente sobre factores que atenten contra [la] integridad moral de la comunidad educativa. G.

Procurar una coordinación entre padres y educadores a fin de descubrir y conocer las inclinación (sic) vocacionales y capacidades del educando y orientarlo hacia su propio desarrollo.

H. Ofrecer al plantel el concurso intelectual y moral necesario

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Radicación n.° 59118 para la solución de aquellos problemas que perturban la formación integral de los educandos. I. Recibir informes persnales (sic) sobre asistencia conducta y aprovechamiento de sus hijos, así como también el funcionamiento del establecimiento educativo. Así mismo, aun cuando explícitamente no se indica que la citada asociación tiene personería jurídica, si se enuncia que cuenta con el NIT 900127548-5, al igual que se advierte de las facultades y limitaciones del representante legal y la clasificación de las actividades económicas. Además, expresa que «la persona jurídica», esta disuelta desde el 8 de febrero de 2019, «por vencimiento del término de duración» y que autorizó recibir notificaciones personales.

2. Copia del certificado de existencia y representación legal de la Asociación de Padres de Familia de la

Concentración Mariscal Sucre (f.º 88-89).

En este escrito se reporta como fecha de inscripción de la Asociación referida, el 18 de noviembre de 1997, como entidad sin ánimo de lucro, pero sin advertir expresamente la existencia de algún número que dé cuenta de la identificación como persona jurídica. Igualmente, evidencia que «la persona jurídica», que entró en estado de liquidación mediante inscripción n.º 18799 del 29 de abril de 2017 y, no autorizó recibir notificaciones personales.

3. Informe de la «Subdirectora Técnica» de la «Subdirección de Fortalecimiento Institucional» del

Ministerio de Educación Nacional.

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Radicación n.° 59118 Esta documental da cuenta de que el Municipio de Chiquinquirá no se encuentra certificado para administrar instituciones educativas, quedando el ejercicio de tal función, a cargo del Departamento de Boyacá (f.º 95).

4. Comunicación del Rector de la Institución Educativa

Técnico Industrial Julio Flórez. Con el escrito referido, el rector envía: i) Resolución n.º 02429 de 30 de septiembre de 2002, emitida por la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, por medio de la cual se ordenó la fusión entre la Concentración Mariscal Sucre y el mencionado Instituto (f.º 114-116); ii) el acto a través del cual se designó al señor Pedro Pablo Bautista Raba como rector del Instituto Técnico Industrial Julio Flórez (f.º 117-118), y la iii) certificación a través de la cual se informa que María Arcelia García Rodríguez y Juan Carlos Aguirre

Álvarez no fueron contratados por la Sede Mariscal Sucre fusionada con el Instituto Técnico Industrial Julio Flórez, para prestar los servicios de vigilancia o aseo.

5. Respuesta de la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá (f.º 122-124).

Allí se da cuenta del oficio remitido por la oficina de Subdirección de Inspección y Vigilancia y se adjunta el acto administrativo de fusión entre el Instituto Técnico Julio Flórez y la Concentración Mariscal Sucre. Igualmente, la oficina de Historias Laborales de la

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Radicación n.° 59118 citada Secretaría adjunta el oficio mediante el cual se dio traslado a la petición de los demandantes con el fin de dar respuesta «al ítem (iii), toda vez que el expediente original de la historia laboral reposa en esa entidad en atención a que fue trasladado el señor Pedro Pablo Bautista Raba a la misma». Se precisa que no se encuentra registro de vinculación con los demandantes. Además, se informa que a las instituciones educativas se les otorga un reconocimiento de carácter oficial o licencia de funcionamiento y, que el municipio de Chiquinquirá se encuentra bajo la administración del Departamento de Boyacá.

6. Segunda respuesta de la Secretaría de Educación del

Departamento de Boyacá. Mediante este escrito se aporta el acto administrativo n.º 02429 de 30 de septiembre de 2002 (f.º 133-135 cuaderno de casación); los actos a través de los cuales se designó al señor Pedro Pablo Bautista Raba como rector del Instituto

Técnico Industrial Julio Flórez (f.º 136-138), y el oficio de la «Profesional Universitaria» de Historias Laborales sobre la no vinculación laboral de los demandantes (f.º 125 y 140). Los anteriores escritos fueron puestos en conocimiento de las partes a efecto de garantizar el derecho de defensa y contradicción, sin que en el término de traslado se hubieran pronunciado (f.° 141-143).

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II. CONSIDERACIONES A efecto de resolver los aspectos que dieron lugar a casar la sentencia del Tribunal, resulta pertinente memorar que el juzgado de conocimiento encontró la demostración de los servicios de los actores respecto del Instituto Técnico Industrial Julio Flórez y la Asociación de Padres de Familia de dicha entidad educativa, como daba cuenta el contrato «de celaduría» obrante en el plenario en el que se pactó su renovación por un año; documento del que extrajo que el vínculo laboral se prorrogó sin solución de continuidad desde el 7 de noviembre 1995 hasta el 21 de noviembre de 2006.

Respecto del Municipio de Chiquinquirá, señaló que dicho ente territorial no contaba con injerencia o responsabilidad administrativa frente al Instituto Técnico Industrial Julio Flórez, pues el oficio n.º 14582 (f.º 136) advertía que dicho establecimiento educativo dependía administrativamente de la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, en razón a que el Municipio referido no estaba certificado para prestar el servicio de educación; y que por tanto, era pertinente declarar probada

la excepción de falta de legitimación por pasiva. Como ya se dijo, en contra de la decisión de primera instancia solamente el Instituto Técnico Industrial Julio Flórez apeló, insistiendo en la inexistencia de una relación laboral con los demandantes. A efecto de dilucidar los interrogantes que generaron el

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Radicación n.° 59118 decreto oficioso de pruebas, pasará la Sala, en primer término, a verificar si el Instituto Técnico Industrial Julio Flórez, la Asociación de Padres de Familia de éste, y el Municipio de Chiquinquirá, pueden ser sujetos de condena. Luego se examinará la relación existente entre la Concentración Mariscal Sucre y el Instituto Técnico Industrial Julio Flórez, toda vez que, como se precisó páginas arriba, en el desarrollo procesal se alude a los dos, como empleadores y, finalmente, se definirá la posible asunción por parte del Municipio de Chiquinquirá de las obligaciones a cargo del Instituto atrás mencionado. i) Sobre el presupuesto procesal de la capacidad para ser parte del Instituto Técnico Industrial Julio Flórez, el Municipio de Chiquinquirá y la Asociación de Padres de Familia del Instituto Técnico Industrial Julio Flórez. Con la finalidad de resolver el cuestionamiento propuesto, es menester recordar que en sentencia CSJ SL676-2021 esta corporación acotó que la capacidad para ser parte hace referencia a los sujetos que tienen personalidad jurídica y, por ende, cuentan con vocación legítima para adquirir derechos y obligaciones; característica que, si bien se presume tratándose de todas las personas humanas, debe acreditarse cuando se refiere a las jurídicas.

También la Corte a través de su Sala Civil sobre el tema en la sentencia SC2215-2021, adoctrinó:

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3. Siendo que el objeto de los procedimientos lo constituye la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustancial, para que estos cumplan su cometido, se deben satisfacer una serie de exigencias para su eficacia y validez. Para ese fin, resulta cardinal la concurrencia de los denominados presupuestos procesales, que hacen referencia a aquellas condiciones de legalidad del proceso que atañen a su cabal constitución y desarrollo, imprescindibles para dirimir de mérito la litis; «se trata, pues, de constatar, a través de su examen, la legalidad de la relación procesal y su aptitud para conducir a una sentencia válida y útil»

(CSJ SC de 6 de feb de 2001, exp. 5656). Dentro de aquellos se encuentran la capacidad para ser parte y la capacidad procesal, cuya importancia ha sido calificada en los siguientes términos: "De acuerdo con la doctrina, ha dicho la Corte que los presupuestos procesales, entendidos como los requisitos exigidos por la ley para la regular formación y el perfecto desarrollo del proceso, deben hallarse presentes para que el juez pueda proferir sentencia de mérito; que su ausencia (en excepcionales casos) lo conduce a un fallo inhibitorio, con fuerza de cosa juzgada formal y no material; y que como estos requisitos implican supuestos previos a un fin pretendido, se impone al fallador, dado el carácter jurídico público de la relación procesal, el deber de declarar oficiosamente, antes de

entrar a conocer y decidir sobre las pretensiones y excepciones deducidas por los litigantes y si existen o no los presupuestos del proceso...". (CSJ SC de 21 de marzo de 1991, reiterada en CSJ SC de 20 de octubre de 2000).

4. Resulta cardinal recordar que el concepto de “partes”, en los procesos judiciales, refiere a las personas que en él intervienen para reclamar determinada pretensión o para resistirse a la formulada por otro sujeto, denominado el primero “parte actora” o simplemente, “demandante” y el segundo “parte demandada” o “demandado”, cuya presencia es esencial para la definición de los juicios.

De acuerdo con lo señalado por el maestro Devis Echandía «[C]ualquiera que sea la situación de la parte en el proceso y su modo de actuar (cfr. Núms. 323, 325, 328 y 329), para que su concurrencia sea válida y sus actos produzcan efectos legalesprocesales, debe reunir las siguientes condiciones: a) capacidad para ser parte; b) capacidad procesal o para comparecer al juicio, conocida también como legitimatio ad processum; c) debida representación cuando no se actúa personalmente o se trata de una persona jurídica; d) adecuada postulación»1. Cada uno de los referidos elementos tiene identidad propia, por lo que han merecido tratamiento diferencial, particularmente en lo que hace a las consecuencias procesales que su eventual 1 Devis Echandía Hernando. Tratado de Derecho Procesal Civil Parte General, Tomo III, Editorial Temis Bogotá 1963, pág. 43.

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Radicación n.° 59118 ausencia genera, siendo relevantes para el sub judice los referidos a la “capacidad para ser parte” y la “legitimación en causa”, dado que sobre ellos descansa la censura. 4.1. La capacidad para ser parte está ligada a la capacidad jurídica, o sea, la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones, supeditada a la necesaria existencia, que permite intervenir en el juicio como convocante o convocado y, que de acuerdo con el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, se reconoce a las personas naturales y jurídicas. Ha de destacarse, no obstante, que en modo alguno ésta se puede confundir con la capacidad de obrar, referida a la facultad de ejercer esos derechos y obligaciones sin el auxilio de un tercero, que procesalmente equivale a la capacidad procesal y que determina la posibilidad de realizar actos procesales, directamente o a través del representante o apoderado. Esa capacidad de las personas naturales es predicable, en línea de principio, desde el momento mismo del nacimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 del Código Civil, en el cual se reconoce la existencia legal de una persona desde ese preciso instante, sin menoscabo de que en algunos eventos se admita en favor del que está por nacer, dándole así una personalidad condicional, sujeta al nacimiento vivo, por lo que es posible que en precisos eventos puedan promoverse acciones en su nombre como sujeto procesal. Por el otro lado, las jurídicas serán capaces, una vez que, de acuerdo con las normas que las regulan, se tengan por debidamente constituidas. Correlativamente, en las personas naturales esa capacidad se

extingue con la muerte, sea real o presunta, conforme lo dispone el artículo 94 ídem, y las jurídicas con su disolución y liquidación. Es perentorio el legislador de 1970 al restringir la capacidad para ser parte a las personas naturales y jurídicas2. Sin embargo, ante los inocultables problemas que se presentan con algunas masas patrimoniales, de los cuales es predicable la exigencia en pro o en contra de derechos y obligaciones pero que por no tener personalidad jurídica carecían de esa capacidad, se ha admitido la posibilidad de que éstas puedan comparecer a juicio para solicitar la tutela jurídica de sus derechos e intereses, ora de aptitud para ser demandados por quienes resulten afectados por ellos. 2 Valga apuntar que aun cuando no es aplicable al caso el artículo 53 de la ley 1564 de 2012, reconociendo la concurrencia de algunos supuestos que aun cuando no involucran personas naturales y jurídicas pero que pueden ser titulares de derechos y obligaciones reconoce expresamente la capacidad para ser parte del nasciturus, los patrimonios autónomos e incluso de «los demás que determina la ley».

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Radicación n.° 59118 Tal es el caso de las masas concursales o patrimoniales que carezcan de un titular, la comunidad de bienes, la herencia yacente, los patrimonios autónomos, por mencionar algunos, que aun cuando carecen de personalidad jurídica pueden ser partes en los procesos judiciales. Siendo entonces la capacidad para ser parte un presupuesto procesal, estarán llamados los enjuiciadores desde la

presentación misma del libelo inicial a verificar su concurrencia, constatando que con ésta se allegue -de ser necesariola evidencia de la existencia y representación legal de las partes y de la calidad en que intervendrán, tratándose de heredero, cónyuge, curador de bienes, administrador de comunidad o albacea, así como también podrá hacerlo en el curso del proceso hasta antes de dirimir la instancia, a fin de evitar fallos inhibitorios. Así las cosas, la capacidad para ser parte es la facultad que tiene una persona o ente para ser sujeto de relaciones jurídicas. Bajo ese entendimiento, debe destacarse que al expediente fue allegado el oficio de 25 de noviembre de 2021 (f.º 122-124), en el que el «Director (sic) Administrativa y Financiera» de la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, explicó que las instituciones educativas deben contar con licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial; precisando que a «las instituciones educativas se les da un reconocimiento de carácter oficial, más no cuentan con personería jurídica […]». Y es que de conformidad con el artículo 9 de la Ley 715 de 2001, las instituciones educativas son: […] un conjunto de personas y bienes promovidas por las autoridades púbicas o por particulares, cuya finalidad será prestar un año de educación preescolar y nueve grados de educación básica como mínimo, y la media. Las que no ofrecen la totalidad de dichos grados se denominarán centros educativos

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Radicación n.° 59118 y deberán asociarse con otras instituciones con el fin de ofrecer

el ciclo de educación básica completa a los estudiantes. Deberán contar con licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, disponer de la infraestructura administrativa, soportes pedagógicos, planta física y medios educativos adecuados. De tal suerte que el Instituto Técnico Industrial Julio Flórez, como cualquier otro establecimiento educativo, aunque legalmente es competente para prestar dicho servicio, depende administrativamente de la Secretaria de Educación del Departamento de Boyacá como se certifica a folio 122 del plenario, carece de facultad para ser parte de un proceso, pues solamente cuenta con licencia de funcionamiento y no tiene personería jurídica para actuar, ni asumir derechos y contraer obligaciones; y, por tanto, no puede ser sujeto directo de responsabilidades jurídicas. Ahora, respecto del Municipio de Chiquinquirá es importante recordar que el artículo 80 de la Ley 153 de 1887, previó que «La Nación, los Departamentos, los Municipios, los establecimientos de beneficencia y los de instrucción pública, y las corporaciones creadas ó reconocidas por la ley, son personas jurídicas». Así las cosas, por disposición legal, el ente territorial demandado sí cuenta con el presupuesto procesal por el que se indaga, sin embargo, de acuerdo con la documental de folio 95 no está habilitado para asumir el servicio educativo en su territorio. De otra parte, y en lo que tiene que ver con la Asociación

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Radicación n.° 59118 de Padres de Familia del Instituto Técnico Industrial Julio Flórez, ha de señalarse que según el Certificado de Existencia

y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Tunja, (f.º 90 a 91), aunque hoy esta disuelta, contaba con capacidad para ser parte, pues, como ya se advirtió, expresamente dicho documento señala que se trataba de una entidad sin ánimo de lucro, bajo el Número de Identificación Tributaria (NIT) 900127548-5 y su representante legal contaba con varias facultades. Además, de conformidad con el artículo 9 del Decreto 1286 de 2005, «la asociación de padres de familia es una entidad jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, que se constituye por la decisión libre y voluntaria de los padres de familia de los estudiantes matriculados en un establecimiento educativo». Recuérdese que según el artículo 633 del Código Civil, las personas jurídicas son capaces de «de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente». Ahora bien, ha de destacarse que dentro del objeto social que se consigna en el certificado de existencia y representación, la mencionada asociación no cuenta con la facultad de contratar ningún tipo de personal, entre ellos, los empleados encargados de la vigilancia y limpieza de la Institución. Valga la pena anotar que el artículo 12 del Decreto 1286 de 2005, expresamente consigna como prohibición a las asociaciones de padres de familia de los establecimientos

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Radicación n.° 59118 educativos, de carácter oficial o privados, «Asumir las competencias y funciones propias de las autoridades y demás organismos colectivos del establecimiento educativo, o

aquellas propias de los organismos y entid