CSJ - SL1134-2024

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL1134-2024 Radicación n.° 99458 Acta 14 Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veinticuatro (2024). La Sala decide el recurso de casación que LUIS FERNANDO DÍAZ DÍAZ interpuso contra la sentencia que la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta profirió el 2 de agosto de 2022, en el proceso que instauró contra C.I. TÉCNICAS

BALTIME DE COLOMBIA S.A. – TECBACO S.A.

AUTO Se reconoce personería al abogado Eduardo Quintero Soto, identificado con cédula de ciudadanía 17.054.915 y tarjeta profesional 1.427 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado de C.I. Técnicas Baltime de Colombia S.A. –Tecbaco S.A., en los términos del poder allegado con la oposición.

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Radicación n.° 99458

I. ANTECEDENTES Luis Fernando Díaz Díaz demandó a la empresa C.I.

Técnicas Baltime de Colombia S.A. (en adelante Tecbaco S.A.), para que se declarara que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 30 de julio de 1978 hasta el 9 de mayo de 2006 y que la conciliación que se celebró el 10 de mayo de 2006 ante el Inspector de Trabajo de Bogotá D.C. es nula, por tal razón el despido fue injustificado. En consecuencia, pidió i) ordenar el pago de los

perjuicios materiales y morales causados por el despido; ii) incluir todos los pagos que recibía en su cuenta corriente, así como por concepto de alimentación, habitación, transporte y retribución en especie como elementos integrantes del salario; iii) disponer el reconocimiento de las acreencias laborales adeudadas durante el término de la relación laboral; y, iv) condenar al pago de las indemnizaciones de que tratan los artículos 64 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo y 99 de la Ley 50 de 1990. Fundamentó sus peticiones en que prestó sus servicios a la demandada, mediante un contrato de trabajo a término indefinido entre el 30 de julio de 1978 y el 9 de mayo de 2006, fecha en la que se terminó unilateralmente y sin justa causa el vínculo laboral por parte del empleador. Narró que el cargo que desempeñó fue el de gerente general de la empresa y el último salario que devengó

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Radicación n.° 99458 ascendió a $10.520.000 mensuales, más todos los rubros integrantes de aquel en los términos de los artículos 127, 129 y 130 del Código Sustantivo del Trabajo. Sostuvo que desarrolló sus labores en la ciudad de Santa Marta y la empresa le suministraba lo necesario para trasladarse todas las semanas desde su domicilio en Bogotá D.C. a aquella ciudad. Refirió que el 11 de abril de 2005, estando al servicio de la sociedad, en el trayecto de su residencia al aeropuerto, sufrió un grave accidente de tránsito en el que tuvo varias

lesiones, entre otras, un severo trauma cráneo encefálico. Afirmó que fue internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario San Ignacio y luego, fue trasladado a la Clínica Universitaria Teletón para recibir el tratamiento de rehabilitación integral respecto de las afectaciones cognoscitivas, «[…] trastornos que aún persisten, entre otros en lo que tiene que ver con la orientación espacial y temporal, […] problemas de memoria retrógrada que incluyen amnesias remotas, recientes e inmediatas». Manifestó que el 10 de mayo de 2006 suscribió con la empresa un acta de conciliación ante el Inspector Once de Trabajo de Bogotá D.C., pese a que continuaba en la misma situación explicada, con «[…] dificultades para el manejo del dinero y para calcular el valor adquisitivo del mismo,

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Radicación n.° 99458 disminución en sus capacidades de análisis y de síntesis y disminución en la capacidad de comprensión». Aseguró que para esa data padecía una grave perturbación psíquica de tal entidad que, «[…] adolecía de un desarreglo en sus facultades mentales que le impedía emitir un consentimiento pleno», de ahí que la conciliación era nula porque no se cumplieron los requisitos de validez del acto jurídico por ausencia de libre determinación de la voluntad. Indicó que, ante la nulidad del acuerdo, debía entenderse que fue despedido sin justa causa. Adujo que esa situación lesionó su estabilidad emocional, social y doméstica, que ha tenido que acudir a préstamos «[…] para

no perder su expectativa pensional» y pagar sus gastos de salud, lo que quebró la unidad familiar. Contó que, a la terminación laboral, la empleadora no le pagó los salarios y prestaciones adeudadas y en la conciliación pretendió «[…] elevar a convenio una forma de salario integral» que nunca fue estipulado. Señaló que con su conducta la demandada desconoció y afectó la expectativa que tenía de pensionarse, pues lo despidió faltándole dos años para adquirir el derecho. Al contestar la demanda, Tecbaco S.A. se opuso a las pretensiones y en cuanto a los hechos, aceptó los relativos a la relación laboral, sus extremos temporales y el cargo desempeñado por el trabajador, señaló que no le constaba

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Radicación n.° 99458 el accidente de tránsito ni sus consecuencias y negó los demás. Precisó que, contrario a lo expuesto por el demandante, para el 10 de mayo de 2006 este reflejaba normalidad y contaba con lucidez mental. Destacó que antes de esa fecha Díaz Díaz fue coherente al manifestar su voluntad de retirarse de la empresa y conciliar, que asistió a varias reuniones con representantes de la sociedad para negociar y en algunas de ellas estuvo presente su esposa, quien también lo acompañó el día de la diligencia. Sostuvo que tenía conocimiento de varios actos contractuales y legales que él ejecutó después de su accidente, tales como compraventa de bienes raíces, apertura de cuentas y otorgamiento de poderes, de los que se entiende que contaba con plenas facultades mentales

para el momento en que firmó la conciliación. En su defensa, propuso las excepciones de inexistencia de las obligaciones, cobro de lo no debido, cosa juzgada, buena fe de la empresa, mala fe del trabajador, prescripción y compensación. II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santa Marta, mediante fallo del 27 de septiembre de 2019, declaró probada la excepción de cosa juzgada y, en consecuencia, absolvió a la demandada.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver el recurso de apelación del demandante, mediante fallo del 2 de agosto de 2022, la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta confirmó la decisión del juzgado.

Empezó por mencionar que los problemas jurídicos a resolver consistían en, determinar si las pruebas fueron valoradas en debida forma, y si la conciliación suscrita entre las partes el 10 de mayo de 2006 era nula por vicios en el consentimiento. Igualmente, dijo que eran puntos pacíficos dentro del proceso i) la existencia de la relación laboral desde el 30 de julio de 1978 hasta el 9 de mayo de 2006, ii) la ocurrencia del accidente sufrido por el demandante el 11 de abril de 2005, iii) el acuerdo entre las partes de un salario integral y, iv) que para el 2006 el trabajador recibía la suma de $10.520.000 como salario. A continuación, relacionó las pruebas aportadas al proceso y procedió a su estudio.

Respecto del testimonio de Roberto Antonio Orozco Cadena, sostuvo que no aportaba certeza sobre lo pretendido, en la medida en que no sabía detalles de la relación laboral ni los trámites internos de la empresa, ya que era el conductor. El deponente manifestó que Díaz Díaz

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Radicación n.° 99458 no fue el mismo después del accidente y que transcurridos cinco meses de ese suceso, lo recogió en el aeropuerto, pero este no lo reconoció sino pasados varios minutos. El fallador indicó que Orozco Cadena trabajaba como taxista y lo que sabe es con posterioridad a lo ocurrido, con ocasión de la relación de amistad que existía entre ellos. Precisó que no tenía conocimiento sobre su preparación intelectual «[…] mediante la cual se pudiese determinar si el actor se encontraba bien mentalmente». Frente a Guillermo Alberto Sierra Pinto, aseguró que tampoco daba contundencia para soportar lo alegado en la demanda, pues su declaración podía verse parcializada por el parentesco con el demandante, aunado a que no tenía detalles del vínculo laboral y solo sabía que finalizó por el accidente. El testigo resaltó que el promotor tenía lagunas mentales, pero vio mejoría en ellas y en su aspecto físico. De Nidia Leyva Ayala -esposa de Luis Fernandoy María Andrea Díaz Leyva -hija de aquel-, manifestó que su dicho estaba parcializado. La primera contó que su cónyuge recibió el dinero acordado en la conciliación, y la segunda narró el accidente de su padre y afirmó que los negocios de este tuvieron que ser dirigidos por su madre.

El juzgador señaló que el Inspector del Trabajo únicamente mencionó lo relativo al acta de conciliación y sus generalidades.

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Radicación n.° 99458 Del interrogatorio de parte del representante legal de la empresa refirió que no hubo confesión, por lo que su dicho no se tendría en cuenta; no obstante, mencionó que expuso que en la reunión que tuvo con el demandante y su esposa para hablar sobre la conciliación, almorzaron, tomaron trago y acordaron el monto que el trabajador pretendía y dónde debía ser depositado. Por otra parte, respecto del interrogatorio del demandante, indicó: […] se tiene que la misma denota confesión alguna, dado que el actor, relató tener un recuerdo sobre la conciliación suscrita y que previo a ello se reunió con el señor Juan Pablo Liévano para tratar todo el tema de la conciliación, que no recuerda el valor pero que le dieron un cheque para el banco de Colombia, y que a los dos días que le dieron de alta en la Clínica Teletón viajó a la ciudad de Santa Marta; que para los años 2006 y 2007 firmó poder para reclamar ante el seguro social, que tambien para el año 2007 realizó la venta de un vehículo. Situaciones ésta [sic] que permitieron concluir a la Sala que el señor Luis Fernando Díaz suscribió una conciliación con la empresa demandada. Posteriormente, analizó lo relatado por tres profesionales de la salud así: Frente a Ricardo Ernesto Mora Izquierdo, médico psiquiatra, adujo que su dicho no tiene valor probatorio, porque este refirió que su reporte médico fue en agosto de

2007 -con posterioridad a la terminación laboral-, que lo hizo a petición de un abogado, con un cuestionario ya diligenciado y que su conclusión fue que el trabajador no recordaba nada ni antes ni después del accidente.

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Radicación n.° 99458 Respecto de Javier León Silva, dijo que su declaración no era conducente ni pertinente al caso, toda vez que su análisis fue sobre las historias clínicas, no porque hubiera sido su paciente, lo que indica que «[…] no tiene relación directa con [su] padecimiento de salud». En lo relativo a María Catalina Gómez Guevara, médica cirujana fisiatra especialista en rehabilitación de Teletón y Daniel Hedmont Rojas, médico neurólogo precisó que: […] tales declaraciones resultan pertinentes y conducentes para el proceso, toda vez, que fueron quienes estuvieron en el proceso de recuperación del actor, y tal proceso siempre fue de forma avanzada, aunado a ello se tiene que para el año 2005 y 2006, el actor recuperó su parte cognoscitiva, que evolucionó satisfactoriamente a los tratamientos y al proceso, por lo que para el mes de mayo de 2006, fue la última cita donde le dieron de alta, indicándole al demandante que podía volver a su trabajo pues concluyeron que éste había recobrado la memoria, que tomaba decisiones en todo el trabajo y mostraba sus habilidades, aparte la profesional en medicina indicó que la certificación que dio de alta al demandante, fue expedida teniendo en cuenta el concepto del neurólogo y fisiatra. Así las cosas, el Tribunal concluyó que el juez no se

equivocó en su decisión, en atención a que:

1. Con los documentos del expediente, se acreditó que la empresa liquidó el contrato de trabajo y le pagó al demandante $80.000.000 por concepto de la conciliación.

Igualmente se observan los depósitos bancarios por la suma de $127.662.119 a favor de este «[…] de lo que se concluye que al actor le cancelaron la liquidación final del contrato de trabajo más lo pactado en la conciliación».

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2. Mediante el correo electrónico del 9 de mayo de 2006, el trabajador le informó a José Pablo Liévano la recepción del dinero, circunstancia que confirmó en su declaración.

3. El acta de conciliación gozaba de plena validez, pues el trabajador no demostró que en la fecha de suscripción se encontrara afectado en sus capacidades mentales o que tuviera vicios en el consentimiento; luego, no cumplió con la carga probatoria que le correspondía.

Sumado a que los informes médicos aportados por Díaz Díaz eran del 21 de agosto de 2007 y 14 de marzo de 2008, es decir, posteriores a la suscripción del acta.

4. La empresa acreditó que para el 27 de abril de 2006 -fecha anterior a la firma de la conciliación-, el trabajador se encontraba recuperado, en atención a la certificación expedida por la Clínica Universitaria Teletón, la que fue ratificada en la audiencia por los profesionales del derecho que lo atendieron durante su proceso médico. De ahí que para esa data gozaba de plena capacidad para

realizar actos jurídicos.

5. En el acta de conciliación se indicó que se acordaba, a efectos de finalizar todo vínculo laboral y no perseguirse en el futuro, las acreencias laborales, las indemnizaciones o los perjuicios, entre otros.

Finalmente, transcribió apartes de la sentencia CSJ SL18096-2016 y precisó que la conciliación celebrada hizo tránsito a cosa juzgada, pues los intervinientes actuaron

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Radicación n.° 99458 libremente e informados de la situación, además, su objeto tuvo una causa lícita y no se desconocieron derechos ciertos e indiscutibles del trabajador.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Luis Fernando Díaz Díaz, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver en los términos en que es presentado.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case la sentencia recurrida para que, en sede de instancia, revoque el fallo del juzgado y, en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda inicial.

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, los cuales son replicados y se resuelven conjuntamente, al perseguir la misma finalidad.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos: […] 20 y 78 del Código de Procedimiento Laboral, como violación de medio a través de la cual se violó la ley sustancial,

artículos 1501, 1502, 1508, 1513, 1514, 1515, 1602, 1603, 1625-8 y 1740, 1741, 1742, 1743, 1746, 1747 además de los artículos 545, 549, 550 y 553 del Código Civil, en concordancia con el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 50 literal b) de la ley 50 de 1990, en relación con

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Radicación n.° 99458 los artículos 23, 55, 140, 467 a 469 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo y artículos 51, 58 y 61 del Código de Procedimiento Laboral, dentro de la preceptiva del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991[…]. Señala que el Tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el documento de conciliación suscrito el 10 de mayo de 2006 entre la demandada y el demandante goza de plena validez y efectos jurídicos, basado en que el actor se encontraba en plena capacidad cognitiva para suscribir el mismo.

2. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante para la fecha del 10 de mayo del 2006, se encontraba afectado en su voluntad, por lo tanto, impedido para comprometerse en actos de acuerdo y definitivos como los de dar por terminada una relación laboral superior a los 26 años.

3. No dar por demostrado, estándolo, que el señor LUIS FERNANDO DIAZ [sic] DIAZ [sic] sufrió un accidente de

tránsito el 11 de abril de 2005, causándole gravísimas lesiones en su cuerpo y mente, entre otros un severo trauma cráneo encefálico, lesión Axonal difusa severa con hemorragia subaracnoidea e intraventricular, contusión hemorrágica frontal izquierda, trauma cerrado de tórax y abdomen, hernia diafragmática izquierda traumática, hemoneumotórax bilateral, trombosis venenosa profunda en miembro inferior izquierdo, además, de ello perdió el conocimiento.

4. Dar por demostrado, sin estarlo, que dentro del curso de proceso no se probó de manera alguna que el acuerdo conciliatorio estaba viciado de nulidad absoluta, por adolecer de consentimiento de parte del actor, porque aún tenía trastornos de memorial anterógrada y retrograda, discalculia, trastornos en la orientación temporal y espacial, dificultades para el manejo de dinero y calcular el valor adquisitivo, disminución de su capacidad de análisis y de síntesis y disminución en la capacidad de comprensión.

5. No dar por demostrado, estándolo, que el documento de conciliación suscrito entre la demandada y el trabajador carece de efectos jurídicos de cosa juzgada.

6. No dar por demostrado, estándolo, que el acto de conciliación no produce efectos y las cosas vuelven a su

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Radicación n.° 99458 estado original, con las consecuencias que de allí se derivan, para que, en sede de instancia, se acceda a los pedidos de la

demanda por haber sido objeto de un despido sin justa causa y como tal, el pago de la indemnización por despido y los perjuicios materiales y morales ocasionados por la demandada.

7. Dar por demostrado, sin estarlo, que el acuerdo no viola derechos ciertos e indiscutibles del trabajador.

8. Dar por demostrado, sin estarlo, que el trabajador demandante de forma voluntaria aceptó el pago de las sumas indicadas en el acta de conciliación, dejando por fuera de análisis la prueba documental.

Asegura que ellos ocurrieron por la falta de valoración de i) la historia clínica remitida por el Hospital Universitario San Ignacio y, ii) los exámenes psiquiátricos forenses que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses practicó el 10 de diciembre de 2010 y 15 de septiembre de 2006, a petición del juzgado de conocimiento y la Fiscalía Treinta y Nueve Local de Bogotá D.C., respectivamente. En la demostración del cargo afirma que el Tribunal no analizó las mencionadas pruebas que fueron aportadas oportunamente al proceso, pues de haberlo hecho, habría concluido su condición física y psiquiátrica. Sostiene que días después del accidente, esto es, el 26 de mayo de 2005, en la historia clínica se consignó que se trataba de un «[…] paciente dependiente en actividades básicas cotidianas y de la vida diaria, hábitos y rutinas desorganizados, tiempo libre desestructurado, rol laboral interrumpido. Alteración en contenido, forma y uso del lenguaje, en habilidades lingüísticas a determinar: alteración

en procesos motores básicos, órganos fono articuladores y

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Radicación n.° 99458 aumentación (disfagia). Posible alteración de moderada a severa del perfil cognitivo general», documento que no fue analizado por el fallador. Refiere que se desconoció el examen psiquiátrico forense practicado al demandante el 10 de diciembre de 2010 en el que se anotó que presentaba un «[…] trastorno neurocognoscitivo leve, instaurado como secuela de lesión axonal difusa generada por trauma cráneo encefálico severo en accidente de tránsito en el 2005». Asegura que el mismo documento indica que, «[…] se entiende que para el día 10 de mayo de 2006, el examinado […] ya presentaba las manifestaciones clínicas propias del trastorno neurocognoscitivo leve. Este trastorno interfirió en el desempeño de las funciones mentales superiores o cognitivas específicas requeridas para la comprensión plena de una negociación de retiro voluntario» y transcribe otros apartes del mencionado documento. Manifiesta que el juzgador tampoco valoró el examen psiquiátrico que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó el 15 de septiembre de 2006 en el que se concluyó que «[…] presenta una perturbación psíquica permanente (Artículo 115 del Código Penal), como secuela psíquica de los hechos materia del presente proceso». Aduce que pese a la contundencia de lo que demostraban esas pruebas, fueron ignoradas por el Tribunal y que, de haberlas tenido en cuenta, su decisión

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Radicación n.° 99458 hubiera sido diferente, con base en la sentencia CSJ SC19730-2017. Así las cosas, concluye que la sentencia carece de un verdadero y juicioso análisis probatorio. Relata que tal como lo indicó el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, su estado interfirió en el desempeño de las funciones mentales superiores o cognitivas específicas para la comprensión plena de una negociación de retiro voluntario. Es decir que, dadas sus condiciones de salud mental, no le fue posible comprender el alcance y complejidad del acto jurídico que suscribió con la empresa, quien actuó de mala fe. Señala que, si bien en el proceso no existe prueba de la declaratoria judicial de su interdicción, no por ello es menos evidente la perturbación patológica que padece un transtorno neurocognoscitivo leve, presente al momento de la celebración y firma de la conciliación. Agrega que esta última hace tránsito a cosa juzgada siempre y cuando no esté afectada por algún vicio del consentimiento, como ocurrió en este caso. Indica que al concluirse que la conciliación es nula, teniendo en cuenta las mencionadas pruebas, debe declararse que el contrato finalizó por despido injusto y debe condenarse al pago de la indemnización correspondiente y los perjuicios causados, sin que sea posible acceder a la excepción de compensación, dado que una de las «[…] sanciones a imponer a la accionada es la

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Radicación n.° 99458 pérdida de los dineros pagados por la ilegal suscripción del

acto conciliatorio». Finalmente, menciona la forma cómo considera deben tasarse los perjuicios ocasionados por la empresa, para lo cual solicita remitirse al documento denominado «“cuadernillo – solicitud de acuerdo conciliatorio Luis F Díaz” donde presenté una valoración de las secuelas que en mi humanidad quedaron como consecuencia del accidente de trabajo».

VII. RÉPLICA Tecbaco S.A. resalta que la proposición jurídica está incompleta, porque no se mencionaron varias normas pertinentes y se incluyeron otras que no tienen relación con el cargo, como las relativas a la convención colectiva.

Por otra parte, asegura que de analizarse las tres pruebas mencionadas por el recurrente, la conclusión sería la misma a la que arribó el Tribunal por las siguientes razones:

1. La historia clínica aportada por el Hospital Universitario San Ignacio hace referencia a la atención que se le brindó al demandante luego del accidente y el estado en el que llegó. También se evidencia que el 23 de mayo de 2005 fue remitido a la Clínica Universidad de la Sabana y Teletón, de ahí que no es posible que a dicho documento se

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Radicación n.° 99458 le atribuya incidencia sobre el resultado final del tratamiento.

2. Del examen psiquiátrico que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses practicó en el año 2010, sostiene que este se dio más de cinco y cuatro años después del accidente y del alta del paciente, respectivamente, por ello, no es viable que con base en esa prueba se desvirtúen los resultados que motivaron el alta y la autorización

medica de regresar al trabajo. Aduce que tal como lo señala la jurisprudencia de esta Corte, la falta de capacidad mental que le impide a una persona discernir libre y autónomamente sobre sus actos, debe ser tomada al momento en que ocurre el suceso y no tiempo después, porque la situación puede haber variado para mejorar o empeorar, dependiendo de la condición personal. Aunado a ello, resalta que al haber realizado el examen tanto tiempo después del accidente, es posible concluir que el instituto emitió su dictamen bajo suposiciones, tal como quedó plasmado en el dictado donde dice «[…] se entiende». Expone que ese examen arrojó que el recurrente sufre de trastorno neurocongnoscitivo leve; luego, no se explica cómo se aceptó que hubiera comparecido a la audiencia pública a declarar bajo la gravedad de juramento, hecho que además se contradice con lo dicho en la diligencia

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Radicación n.° 99458 cuando afirmó que, «[…] en los últimos seis meses ya tengo mucha más claridad de lo que oigo y de lo que veo». Finalmente, precisa que para la época en que se celebró la conciliación, el demandante realizó varios actos jurídicos importantes que comprometían su responsabilidad y patrimonio, entre ellos, otorgar poderes, presentar recursos contra el dictamen que calificó el accidente como de origen común, escritos dirigidos a la Junta de Calificación de Invalidez, apertura de cuentas bancarias, compra y venta de un inmueble y un vehículo.

3. Afirma que el examen psiquiátrico que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses practicó el 15 de

septiembre de 2006 es inconsistente con las demás pruebas allegadas al proceso y contradictorio con el estado de salud del demandante. En él se indicó que Díaz Diaz presentaba una perturbación psíquica permanente como secuela psíquica del accidente; no obstante, la decisión del Tribunal se fundamentó en otras consideraciones médicas «[…] más acertadas y oportunas». Por último, destaca que dichas pruebas no tienen la virtud de derruir la sentencia de segunda instancia, porque el Tribunal sustentó su decisión en otros elementos, en especial en la historia clínica de la Clínica Universitaria Teletón, institución que trató por largo tiempo al trabajador.

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VIII. CARGO SEGUNDO Denuncia la violación indirecta, por aplicación indebida del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 5.º literal b) de la Ley 50 de 1990, así como el 467, 468, 469 y 476 de aquel compendio normativo en concordancia con el 20 y 78 del Código de Procedimiento Laboral y 545, 549, 550, 1501, 1502, 1508, 1513, 1514, 1515, 1602, 1603, 1625-8 y del 1740 al 1747 del Código Civil, en relación con el 23, 55, 140 del Código Sustantivo del Trabajo y 51, 58 y 61 del Código de Procedimiento Laboral, dentro del 51 del Decreto 2651 de 1991, 208, 211 y siguientes y 260 y 262 del Código General

del Proceso. Asegura que el Tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el documento denominado HISTORIA CLÍNICA de fecha abril 4 del 2006, visto a folio 203 del expediente, expedido por el Neurólogo HEDMONT ROJAS DANIEL estableció que el demandante había recuperado en su totalidad sus funciones cognitivas.

2. Dar por demostrado sin estarlo, que para el día 10 de mayo del 2006 tenía plena capacidad para suscribir el acta de conciliación celebrada con la demandada.

3. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante para la fecha del 10 de mayo del 2006, se encontraba afectado en su voluntad, por lo tanto, impedido para comprometerse en actos de acuerdo y definitivos como los de dar por terminada una relación laboral superior a los 26 años.

4. No dar por demostrado, estándolo, que el señor LUIS FERNANDO DIAZ [sic] DIAZ [sic] sufrió un accidente de tránsito el 11 de abril del 2005, causándole gravísimas lesiones en su cuerpo y mente, entre otros un severo trauma cráneo

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Radicación n.° 99458 encefálico, lesión Axonal [sic] difusa severa con hemorragia subaracnoidea e intraventricular, contusión hemorrágica frontal izquierda, trauma cerrado de tórax y abdomen, hernia diafragmática izquierda traumática, hemoneumotórax bilateral, trombosis venenosa profunda en miembro inferior izquierdo,

además, de ello perdió el conocimiento.

5. Dar por demostrado, sin estarlo, que dentro del curso de proceso no se probó de manera alguna que el acuerdo conciliatorio estaba viciado de nulidad absoluta, por adolecer de consentimiento de parte del actor, porque aún tenía trastornos de memorial anterógrada y retrograda, discalculia, trastornos en la orientación temporal y espacial, dificultades para el manejo de dinero y calcular el valor adquisitivo, disminución de su capacidad de análisis y de síntesis y disminución en la capacidad de comprensión.

6. No dar por demostrado, estándolo, que el documento de conciliación suscrito entre la demandada y el trabajador carece de efectos jurídicos de cosa juzgada.

7. No dar por demostrado, estándolo, que el acto de conciliación no produce efectos y las cosas vuelven a su estado original, con las consecuencias que de allí se derivan, para que, en sede de instancia, se acceda a los pedidos de la demanda por haber sido objeto de un despido sin justa causa y como tal, el pago de la indemnización por despido y los perjuicios materiales y morales ocasionados por la demandada.

8. Dar por demostrado, sin estarlo, que el acuerdo conciliatorio no viola derechos ciertos e indiscutibles del trabajador.

9. Dar por demostrado, sin estarlo, que el trabajador demandante de forma voluntaria aceptó el pago de las sumas indicadas en el acta de conciliación, dejando por fuera de análisis la prueba documental.

Aduce que las pruebas que fueron indebidamente apreciadas son: i) la historia clínica de 4 de abril de 2006

suscrita por el neurólogo Daniel Hedmont Rojas, ii) el dictamen médico expedido por el doctor Ricardo Mora Izquierdo, iii) la certificación de 27 de abril de 2006 emitida por la Clínica Universitaria Teletón y, iv) los testimonios de Guillermo Alberto Sierra Pinto, Nidia Leyva Ayala, María

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Radicación n.° 99458 Andrea Díaz Leyva, Ricardo Ernesto Mora Izquierdo, Javier León Silva, María Catalina Gómez Guevara y Daniel Hedmont Rojas. Para sustentar el cargo, sostiene que el Tribunal no analizó en debida forma las pruebas del expediente, pues pese a que referenció lo