CSJ - SL1149-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL1149-2023 Radicación n.° 94449 Acta 17 Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitrés (2023). La Corte profiere la sentencia de instancia en el proceso ordinario laboral instaurado por SONIA KATHERINE JIMÉNEZ GELVEZ contra DESARROLLO COMERCIAL SAS y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. ESP., trámite en el que fue llamado en garantía SEGUROS DEL ESTADO

S. A.

En sede extraordinaria la Corte resolvió el recurso de casación presentado por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Santa Marta el 14 de diciembre de 2021, y mediante decisión CSJ SL546-2023 la casó. Esta Sala encontró que el colegiado no hizo un estudio riguroso de los tres elementos que configuran la cosa juzgada, que lo llevó a declarar dicho fenómeno.

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Radicación n.° 94449 Así, se explicó que en este caso: i) no podía predicarse la identidad de partes respecto de Colombia Telecomunicaciones S. A. ESP, quien no fue vinculada al trámite de amparo constitucional; ii) las pretensiones principales en el presente proceso ordinario son diferentes de las formuladas en sede de tutela y iii) a diferencia de dicho trámite excepcional, la causa de las pretensiones principales del actual proceso ordinario se fundan en que, a pesar de la formal vinculación laboral con Desarrollo Comercial SAS, en realidad, la subordinación fue ejercida por Colombia

Telecomunicaciones S. A. ESP, quien obró como verdadera empleadora; circunstancia que no fue planteada ni decidida por el juez constitucional. De esa manera se concluyó que no estaban reunidos los requisitos del artículo 303 del CGP, pues, no existía cosa juzgada respecto de la persona jurídica demandada Colombia Telecomunicaciones S. A. ESP y frente a las pretensiones principales, como tampoco en lo que concierne a Desarrollo Comercial SAS en relación con las súplicas relativas al pago de incapacidades médicas, licencia de maternidad, vacaciones, indemnizaciones previstas en los artículos 99 de la Ley 50 de 1990, 26 de la Ley 361 de 1997, 239 del CST, y sanción por no pago de intereses de cesantías. En sede de instancia, y para mejor proveer, se ordenó que por la Secretaría de esta Sala se hicieran las siguientes solicitudes:

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Radicación n.° 94449

1. A la demandada Desarrollo Comercial SAS para que remitiera constancia del cumplimiento de la sentencia de tutela proferida el 30 de enero de 2017 por el Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de control de garantías de Cúcuta, y en la que informara la fecha en que se dio efectivamente el reintegro de la demandante Sonia Katherine Jiménez Gelvez y el detalle de los valores pagados por cada uno de los conceptos ordenados en dicha decisión judicial, aportando los documentos que respaldaran su respuesta.

2. A la demandante, Sonia Katherine Jiménez Gelvez para que informara, bajo la gravedad del juramento, si

efectivamente fue reintegrada al cargo por la empresa Desarrollo Comercial SAS en virtud del fallo de tutela, y de ser así, a partir de qué fecha y si le fueron cancelados los salarios, prestaciones sociales y aportes dejados de percibir indicando su monto.

3. Al Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de control de garantías de Cúcuta para que informara sobre la forma como se dio cumplimiento a la sentencia proferida el 30 de enero de 2017 dentro de la acción de tutela 540014004003201700026 00 seguida por Sonia Katherine Jiménez Gelvez contra Desarrollo Comercial SAS y otros.

El 29 de marzo de 2023, el apoderado judicial de la demandante manifestó por escrito que, según lo informado por ésta, Desarrollo Comercial SAS no cumplió lo ordenado por el juez constitucional, pues, no fue reintegrada al cargo

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Radicación n.° 94449 en dicha empresa, ni se le pagaron los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir desde su desvinculación; tampoco se sufragaron los aportes a seguridad social. Aclaró que, según la accionante, no inició incidente de desacato porque «no sabía que eso se podía hacer». Para sustentar lo informado, allegó extractos bancarios de la cuenta de la actora, así como la historia laboral expedida por la AFP Porvenir en la que se registra que Desarrollo Comercial SAS únicamente pagó los aportes pensionales a favor de la señora Jiménez Gelvez durante los ciclos de mayo a diciembre de 2016; entre enero y octubre de

2017 no se hicieron cotizaciones; la demandante pagó la cotización de noviembre de 2017, y en adelante esta obligación estuvo a cargo de un tercero, Salesland Colombia SAS. (folios 61 a 73 cuaderno de la Corte). El 28 de marzo de 2023, la autoridad judicial requerida remitió mediante correo electrónico, copia del expediente de la acción de tutela, del que se aprecia que la sentencia proferida el 30 de enero de 2017 no fue impugnada, ni revisada por la Corte Constitucional. No se evidencia constancia o elemento alguno que dé cuenta del cumplimiento a la orden impartida por el juez de tutela. Finalmente, el 31 de marzo de 2023, el curador ad litem de Desarrollo Comercial SAS manifestó que, en razón a su calidad de auxiliar de la justicia, le era «imposible informar lo requerido por esta corporación con la certeza del caso» y aunque remitió un correo electrónico a dicha empresa, no

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Radicación n.° 94449 obtuvo respuesta positiva de recibido porque «el dominio del destinatario no existe» como lo informó la Secretaría de esta corporación. De lo anterior se corrió traslado a las partes,sin que se hubiesen pronunciado al respecto, por lo que están dadas las condiciones para proferir la decisión de instancia.

I. ANTECEDENTES En los términos planteados en la demanda inicial y su reforma (en la que se incluyeron las pretensiones principales

contra Colombia Telecomunicaciones S. A. ESP), Sonia

Katherine Jiménez Gelvez convocó a juicio a las accionadas para que se declare que entre ella y Colombia Telecomunicaciones S. A. ESP «existe» un contrato de trabajo desde el 4 de enero de 2016 y que su terminación fue ineficaz por cuanto estaba embarazada e incapacitada y no existió autorización previa de la oficina del trabajo. En virtud de lo anterior, solicitó que se condenara a esta demandada a reintegrarla al cargo y cancelarle las incapacidades médicas y/o licencia de maternidad; los salarios causados desde la segunda quincena de diciembre de 2016, las cesantías, «primas», intereses de cesantías, cotizaciones a salud y pensión desde la fecha de despido hasta cuando se cumpla la orden de reintegro; las vacaciones; la indemnización por falta de consignación del auxilio de cesantías de 2016 y 2017 y prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 o en su defecto, la consagradas en

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Radicación n.° 94449 el numeral 3 del artículo 239 del CST, la sanción por no pago de intereses de cesantías, indexación o intereses y las costas del proceso. De manera subsidiaria, pidió declarar que entre la demandante y Desarrollo Comercial SAS «existe» un contrato de trabajo desde el 4 de enero de 2016, cuya terminación fue ineficaz, por cuanto estaba embarazada e incapacitada y no existió autorización previa de la oficina del trabajo; y que Colombia Telecomunicaciones S. A. ESP es solidariamente responsable. Con base en estas declaraciones subsidiarias,

formuló las mismas pretensiones de condena principales, pero a cargo de Desarrollo Comercial SAS y solidariamente de Colombia Telecomunicaciones S. A. ESP. El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Santa Marta, mediante sentencia dictada el 13 de febrero de 2020, resolvió: PRIMERO. DECLARAR como verdadero empleador de la señora SONIA KATERINE JIMENEZ GELVEZ a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.; en consecuencia, DECLARAR que entre las mencionadas partes existe un contrato de trabajo a partir del 4 de enero de 2016. Se DECLARA igualmente que DESARROLLO COMERCIAL SAS actuó como simple intermediario, por lo tanto, se DECLARA en solidaridad con las condenas impuestas. SEGUNDO. DECLARAR que la terminación del vínculo laboral el 30 de diciembre de 2016 es ineficaz bajo los términos del art 239 del CST y, por tanto, CONDENAR a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP a que efectúe el reintegro laboral inmediato de la señora SONIA KATERINE JIMENEZ GELVEZ, a un cargo igual o de superior jerarquía al que desempeñaba al momento de la terminación del vínculo. TERCERO. CONDENAR a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. al reconocimiento y pago a favor de la señora SONIA

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Radicación n.° 94449 KATERINE JIMENEZ GELVEZ de los salarios a partir de la segunda quincena del mes de diciembre de 2016, a las cesantías

e intereses de cesantías adeudados desde la terminación del vínculo hasta el reintegro, e inclusive las causadas desde el año 2016; al pago de las primas de servicio, vacaciones por el mismo periodo es decir hasta que se haga efectivo el reintegro; así como los aportes al Sistema de Seguridad Social en pensiones dejados de percibir desde el mes de diciembre de 2016 hasta que efectivamente se continúe con el vínculo laboral. CUARTO. CONDENAR a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P. al reconocimiento y pago a favor de la señora SONIA KATERINE JIMENEZ GELVEZ de la indemnización de que trata el numeral 3 del artículo 239 CST en la suma única de $1.554.000. QUINTO. CONDENAR a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP al reconocimiento y pago a favor de la señora SONIA KATERINE JIMENEZ GELVEZ de la licencia de maternidad en cuantía única de $3.263.400. SEXTO. CONDENAR a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. al reconocimiento y pago a favor de la señora SONIA KATERINE JIMENEZ GELVEZ de la indexación de las condenas impuestas por concepto de salarios y de licencia de maternidad conforme a lo indicado en la parte motiva y a la fórmula que se plasmará en el acta de esta sentencia. SÉPTIMO. ABSOLVER a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES por las pretensiones de incapacidades médicas, la indemnización de que trata el artículo 26 de Ley 361 de 1997, y las indemnizaciones contenidas en los artículos 99 Ley 50 de 1990 y

Ley 52 de 1975. OCTAVO. CONDENAR a DESARROLLO COMERCIAL como solidariamente responsable de los salarios y prestaciones y demás condenas impuestas en esta sentencia. NOVENO. DECLARAR probada la excepción de inexistencia de la obligación alegada por el llamado en garantía SEGUROS DEL ESTADO y, en consecuencia, absolverlo de las pretensiones de

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES.

DÉCIMO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por las demandadas.

UNDÉCIMO: CONDENAR en costas a la parte demandada COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y en solidaridad a

DESARROLLO COMERCIAL SAS […]

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Radicación n.° 94449 Para sustentar su decisión, y en lo que interesa al recurso de alzada, el juez consideró que estaba demostrado que, a pesar del contrato de trabajo celebrado formalmente con Desarrollo Comercial SAS, el verdadero empleador de la actora fue Colombia Telecomunicaciones S. A. ESP, dado que fue esta última quien en realidad ejerció la facultad subordinante en los términos del artículo 23 del CST, en tanto que Desarrollo Comercial SAS fungió como un simple intermediario debiendo responder solidariamente según lo previsto en el artículo 35 del CST. En cuanto a la modalidad contractual y su terminación concluyó que, en realidad, la vinculación no fue por duración de la obra o labor contratada, ya que no se especificó cual sería el objeto, por el contrario, su vigencia se condicionó al contrato de agencia comercial celebrado entre las empresas demandadas, por lo que, en últimas, dependía de la voluntad

de las sociedades contratantes. En esa medida, consideró que el nexo de trabajo no finalizó por causa legal ni justa, sino por la decisión de las accionadas de finalizar el convenio comercial. Adicionalmente, advirtió que para el momento del despido la actora estaba embarazada, hecho que era conocido por el «empleador», por lo que se presumía que fue por esa circunstancia que se dio por terminado el contrato laboral, lo que lo hacía ineficaz. En consecuencia, accedió al reintegro al cargo, así como a los demás pagos consecuenciales, y el pago de la indemnización prevista en el artículo 239 del CST

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Radicación n.° 94449 por haber despedido a la trabajadora en estado de gestación y sin autorización del inspector del trabajo. Frente a la licencia de maternidad, encontró que no había sido cubierta por la EPS debido a la mora de Desarrollo Comercial SAS en el pago de las cotizaciones respectivas, quien fungió como simple intermediario, motivo por el cual, dispuso que la demandada Colombia Telecomunicaciones S.

A. ESP, como verdadera empleadora, asumiera su reconocimiento. Finalmente ordenó la indexación de las condenas impuestas y declaró no probadas las excepciones presentadas por las accionadas.

Dicha decisión fue apelada por la demandada Colombia Telecomunicaciones S. A. ESP, sociedad de economía mixta privada, quien sustentó su inconformidad respecto de las siguientes materias: i) Cosa juzgada: consideró que no se tuvo en cuenta que la misma demandante afirmó, bajo la gravedad de juramento, ante el juez constitucional, que su empleador era

Desarrollo Comercial SAS, por lo que resulta de mala fe que ahora pretenda que se declare que dicha calidad la ostentaba Colombia Telecomunicaciones S. A. ESP. Explicó que la decisión de tutela hizo tránsito a cosa juzgada, y allí se declaró la relación de trabajo con la primera empresa mencionada, y se resolvieron las mismas pretensiones de este proceso.

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Radicación n.° 94449 ii) Existencia del vínculo laboral: aduce que, contrario a lo señalado por el a quo, en este proceso no se acreditó que fuese Colombia Telecomunicaciones S. A. ESP quien ejerció actos de subordinación frente a la demandante, por lo que no podía declarar que era ella la verdadera empleadora. Estima que solicitarle información a la actora no configura esa dependencia, pues no es una orden o instrucción; además, no se dan los presupuestos del artículo 50 del CPTSS para que se aborde el análisis del verdadero empleador a partir de las previsiones del artículo 35 del CST, como lo hizo el juez. iii) Terminación del contrato de trabajo: dice que es contradictorio que se declare a Colombia Telecomunicaciones S. A. ESP como la empleadora de la accionante, y al mismo tiempo se concluya que el contrato lo dio por terminado Desarrollo Comercial SAS. Asegura que la modalidad contractual sí fue por obra o labor contratada, y por ello, finalizó por una causa legal, como es la culminación de tal actividad, y que, en todo caso, no puede predicarse que el despido fue discriminatorio, porque no fue un acto ejercido por la empresa apelante, quien, además, no conocía del

estado de gestación de la señora Jiménez Gelvez. Resalta que en Colombia Telecomunicaciones S. A. ESP no existe el cargo ejercido por la accionante, pues precisamente la agencia comercial es contratada con terceros, por lo que el reintegro no sería procedente. Además, agrega que la decisión de Desarrollo Empresarial SAS no fue discriminatoria, dado que no despidió únicamente a la actora sino a casi todo su

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Radicación n.° 94449 personal por necesidades propias, y que incluso está en proceso de liquidación. iv) Excepción de compensación y pago: respecto de la suma de $872.500 pide que se declare que fue asumida por la apelante ante la actora, por petición de Desarrollo Comercial SAS. v) Concurrencia de salarios y licencia de maternidad: dice que no es posible que por un mismo periodo se le condene al pago de estos dos conceptos que son excluyentes. vi) Cobertura en seguridad social: arguye que se demostró que la actora labora actualmente en la empresa Salesland como auxiliar de operaciones, y en virtud de ello, ya «han sido más que pagados» los respectivos aportes a seguridad social. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta revocó la sentencia apelada y en su lugar, declaró probada la excepción de cosa juzgada constitucional, decisión que a su vez fue casada por esta Sala, como quedó explicado de manera preliminar.

II. CONSIDERACIONES Teniendo en cuenta la decisión de primer grado y las materias objeto de apelación de la demandada Colombia Telecomunicaciones S. A. ESP, a la Corte le corresponde

pronunciarse, en sede de instancia, sobre: i) la excepción de

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Radicación n.° 94449 cosa juzgada, ii) si la sociedad apelante ejerció actos de subordinación laboral respecto del servicio prestado por la demandante, y, por ende, fungió como su verdadera empleadora. De ser así, establecer iii) la modalidad contractual y la forma de terminación del vínculo de trabajo; iv) la concurrencia del pago de los salarios dejados de percibir y la licencia de maternidad; v) las excepciones de compensación y pago y vi) el reconocimiento de los aportes a seguridad social. i) Cosa juzgada Frente a este aspecto, resulta suficiente lo dicho en sede extraordinaria, en cuanto a que esta excepción no se estructuró respecto de las pretensiones principales dirigidas contra Colombia Telecomunicaciones S. A. ESP, toda vez que ello no fue materia de la acción de tutela formulada por la actora ante el juez constitucional ni dirigida contra esa persona jurídica, pues, no se presenta identidad de causa, partes y objeto, como lo exige el artículo 303 del CGP. En efecto, la acción constitucional fue presentada únicamente contra Desarrollo Comercial SAS, sin que se hubiese vinculado a la ahora apelante Colombia Telecomunicaciones S. A. ESP; además, lo pretendido en aquella ocasión fue la protección de sus derechos fundamentales para «no perder la continuidad en el aporte en el sistema general de seguridad social en salud» y el juez de tutela incluyó la orden de reintegro al cargo en la empresa Desarrollo Comercial SAS, y el consecuente pago de salarios,

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Radicación n.° 94449 prestaciones y aportes dejados de percibir; mientras que, aquí, en el proceso ordinario laboral, a través de las pretensiones principales se discute la existencia de una verdadera relación de trabajo con Colombia Telecomunicaciones S. A. ESP en virtud del principio de la primacía de la realidad, y las peticiones consecuenciales a ello, tal como lo autoriza el artículo 53 de la Constitución Política. Además, la causa petendi de lo reclamado en las dos acciones judiciales son disímiles, pues, mientras que en sede constitucional la reclamación se sustentó en que «la empresa cerró las labores» el 30 de diciembre de 2016, época para la cual la actora estaba en embarazo y con incapacidad médica, y que el pago de aportes a salud se encontraba en mora; esto es, una situación de debilidad manifiesta que hacía inminente la intervención del juez constitucional, en este proceso ordinario, las pretensiones principales se sustentan en que, a pesar de la vinculación formal con Desarrollo Comercial SAS, en la realidad fue Colombia Telecomunicaciones S. A. ESP quien ejerció los actos de subordinación típicamente laboral. Por tanto, al no configurarse la triple identidad la cosa juzgada alegada por la apelante, esta no sale avante. Partiendo de ello y dado que las respuestas al requerimiento efectuado por esta corporación permiten evidenciar que, en realidad, la sentencia de tutela no fue cumplida y, por ende, la actora no fue reintegrada al cargo ni

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recibió el pago de salarios y demás acreencias dejadas de cancelar, circunstancia que habrá de ser tenida en cuenta al momento de definir las temáticas materia de apelación de Colombia Telecomunicaciones S. A. ESP. ii) Contrato realidad – verdadero empleador No se discute que la demandante celebró un contrato de trabajo con la empresa Desarrollo Comercial SAS, para ejercer el cargo de analista operativo «durante la ejecución del contrato de trabajo (sic) 71.1.1756.2014», a partir del 4 de enero de 2016. En virtud de ello, la señora Jiménez Gelvez tenía que ingresar y verificar las ventas en el sistema, controlar quiebres y velar porque las ventas queden en alta, así como hacer la legalización efectiva y a tiempo de las solicitudes de los productos en alta. Sin embargo, la accionante asegura que este convenio no paso de ser una formalidad, porque en realidad, el servicio personal fue prestado en favor de Colombia Telecomunicaciones S. A. ESP, quien ejercía la subordinación laboral en los términos del artículo 23 del CST. Planteamiento que es controvertido por la empresa apelante, por lo que la Sala analizará las pruebas allegadas al plenario para constatar la manera como, en la realidad, se ejecutó el servicio y determinar si la conclusión del a quo fue equivocada.

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Radicación n.° 94449 Resulta relevante precisar que, aunque el contrato antes mencionado se pactó con Desarrollo Comercial SAS, en la cláusula tercera se previó que la remuneración correspondería a una suma fija y comisiones, las cuales se

causarían por el cumplimiento de las metas a su cargo, y que «el empleador y el trabajador entienden que las metas son definidas por Colombia Telecomunicaciones S. A. ESP, según los objetivos comerciales por línea de productos, ingresos o número de clientes nuevos para la zona asignada». Ello permite concluir que, aún desde la vinculación formalmente pactada, se estableció la injerencia de esta última empresa en la determinación de un aspecto esencial en la prestación del servicio como es la remuneración o salario, puesto que era la sociedad demandada y hoy apelante quien definía cuáles eran las metas que tendría que cumplir el trabajador siendo ese el parámetro para pagar las comisiones por ventas realizadas y no lo que dispusiera el supuesto empleador. Ahora, en cuanto a las condiciones en que se ejecutó la labor, la testigo Lady Velásquez, quien desarrolló la misma actividad que la actora en las instalaciones de Colombia Telecomunicaciones S. A. ESP, pero a través de una vinculación laboral con la empresa Outsorsing S. A., explicó que tanto la demandante como ella prestaron el servicio de analista operativo en el año 2016 y que para ello, cada grupo de contratistas, esto es, el personal de Outsorsing S. A., de Desarrollo Comercial y de otras empresas o agentes

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Radicación n.° 94449 comerciales, contaban con «una jefe» de Movistar, marca que correspondía a la empresa apelante; y que este jefe vigilaba el horario de trabajo, los permisos e incluso los uniformes que debían portar, y a él «se rendían más cuentas que a otros».

Narró que en el caso de Sonia Katherine Jiménez Gelvez, la jefe era Silvia Vives, trabajadora de Colombia Telecomunicaciones S. A. ESP, quien hacía los llamados de atención al personal de las empresas contratistas que estaba a su cargo, de manera verbal y pública, en el mismo espacio donde laboraban todos los agentes comerciales, por lo que la testigo pudo observar el hecho informado. También ilustró que, durante un periodo de incapacidad de la actora, fue la declarante quien la reemplazó en sus labores y quedó bajo el mando de Silvia Vives, quien les indicaba el horario o jornada de trabajo que debían cumplir, y los días feriados o dominicales que debían asistir a prestar el servicio. Todo lo dicho pone en evidencia la injerencia de Colombia Telecomunicaciones S. A. ESP en cuanto a las condiciones de tiempo en que la actora debía cumplir la labor como analista operativo. Además, también ejercía una facultad subordinante en cuanto al modo y cantidad de trabajo, puesto que la testigo explicó que era Silvia Vives quien autorizaba las ventas, previo informe que debían presentarle las analistas operativas, disponía el momento en que podía ingresarse el registro de éstas en el sistema, supervisaba toda la actividad de ventas y movimientos, daba «indicaciones de todo» a través de correo y en reuniones.

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Radicación n.° 94449 La representante legal de Colombia Telecomunicaciones

S. A. ESP admitió, en su interrogatorio de parte, que la referida señora Silvia Vives, en efecto era trabajadora de esta empresa ocupando el cargo de profesional de canales de

venta de la regional Caribe, y aunque fue renuente a explicar cuál era su función o relación con el personal de empresas contratistas o agentes como Desarrollo Comercial, sí precisó que tenía a su cargo la supervisión de los servicios que vende Colombia Telecomunicaciones S. A. ESP, verificar que queden debidamente registrados y que los usuarios hagan los pagos. Aunque en este mismo interrogatorio, la representante legal de la apelante adujo que las comunicaciones mediante correos electrónicos entre Silvia Vives y la demandante no correspondían a órdenes o instrucciones sino a la validación de información, lo cierto es que al revisar estas pruebas, la Sala encuentra que, contrario a lo dicho por dicha representante, su contenido sí muestra que esta empresa era quien determinaba las condiciones de tiempo, modo y cantidad de trabajo que debía ejecutar la actora. En efecto, en correo electrónico del 22 de enero de 2016, Silvia Vives le pide explicación por el ingreso de unas ventas en Taganga, pues asegura que en esa localidad no tienen puertos y «yo no he autorizado ningún registro para ese sector» y le recuerda que debe seguir un correcto proceso de validación e ingresos (folio 317); en esta misma fecha, Sonia Jiménez le solicita a la señora Vives que le autorice el ingreso de las ventas al sistema, pese a que ya cuenta con

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Radicación n.° 94449 disponibilidad de su supervisor (folio 319); el 9 de marzo se le pide a la demandante que valide la información de algunos clientes y explique por qué un registro de venta quedó a su nombre y no de Belisario Barraza (folio 328 y 329); estos

elementos muestran que el modo de realizar el trabajo sí dependía de lo que dispusiera Colombia Telecomunicaciones

S. A. ESP a través de su profesional de canales de venta, pues era ésta quien autorizaba y supervisaba las ventas y la forma de registrarlas.

En otros correos, del 25 de enero y 24 de febrero de 2016, la referida profesional de canales de la empresa apelante requiere a la demandante y a otras personas para que le entreguen información sobre el avance de las ventas, les indica «por favor me ayudan, como vamos en móviles», y «señoritas, por favor el dato de movistar video, de voz y datos y prepago de sus equipos …urgente». (folios 320 y 321). Además, el 8 de marzo del mismo año, les solicita aplicar las políticas del área de validación y advierte que no ha recibido el correo para revisión de ingresos (folio 324). Lo que quiere decir que sí era Silvia Vives, trabajadora de la empresa apelante, quien monitoreaba la actividad personal de la actora, el avance de las metas de venta y le reclamaba el cumplimiento de los lineamientos de esa sociedad. Ahora, esos elementos probatorios también acreditan que esta persona era quien solicitaba permanentemente la información puntual sobre aspectos de las ventas como la «relación de quiebres UBB»; la verificación de la instalación de los servicios; indicaba los plazos para entregar información o

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Radicación n.° 94449 reportar pedidos de servicios e instalaciones; requería a Sonia Jiménez para que cumpliera tareas específicas al expresarle, por ejemplo: «¿ya llamaste a Edwin? Aparece que

no…por favor»; pedía revisar temas específicos porque «tenemos auditoría», así como atender asuntos como «capacitación ambiental» hasta el correcto uso de las canecas de basura (folios 345, 348, 350, 355, 356). Estos aspectos distan mucho de ser una simple solicitud de información como lo sugiere la apelante, y lo que muestran es una constante sujeción de la actora a las directrices dispuestas por Colombia Telecomunicaciones S. A. ESP y ejercidas por sus representantes. Silvia Vives también supervisaba la asistencia y cumplimiento de la jornada laboral de la demandante, así se desprende del correo de fecha 25 de marzo de 2016, mediante el cual, Antonio Donado, -coordinador de Desarrollo Comercial, le informa a ella que Sonia Jiménez estaría ausente al día siguiente y que por tanto, los ingresos de ventas se realizarían «por Atlántico», frente a lo cual, la profesional de canal de ventas de la empresa apelante respondió «ok, pero caramba tan distante está Sonia de mi equipo que me tengo que enterar por un correo de Barranquilla? » (folio 334). Tal expresión da cuenta de la sorpresa de la funcionaria de Colombia Telecomunicaciones S. A. ESP, no solo por la inasistencia de la actora a su jornada de trabajo, sino porque no le fue informado directamente pese a ser de su equipo, por eso reprocha que tenga que ser enterada de tal circunstancia

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Radicación n.° 94449 por otra fuente. Ello evidencia que consideraba a la actora como parte de su grupo de trabajo y, por ende, debía darle

cuenta de sus inasistencias, de ahí que la accionante le hubiese contestado «jefe, fue de improviso que pena no avisarle, mil disculpas». Debe recordarse que la facultad de subordinación precisamente permite que se controle el tiempo de trabajo, como en este caso lo hizo Silvia Vives en representación de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP y como igualmente ocurrió mediante correo del 20 de mayo de 2016, en el que les pide a las analistas operativas, sus datos personales para el ingreso del personal a las instalaciones de esa empresa (folio 337). Así las cosas, los correos electrónicos referidos dan cuenta de que, para la ejecución de las tareas diarias encomendadas a la actora, ésta dependía de las autorizaciones e instrucciones que le impusiera la profesional de canales de ventas de Colombia Telecomunicaciones S. A. ESP, sin que se aprecia que se tratara simplemente de una labor de coordinación, pues a través suyo se disponía sobre el modo, tiempo y cantidad de trabajo, y tenía además, la capacidad de imponerle reglamentos como seguir las políticas y capacitaciones de dicha empresa. Elementos que ponen de manifiesto la facultad de subordinación ejercida por l