CSJ - SL1156-2024

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL1156-2024 Radicación n.° 98287 Acta 016 Bogotá, D. C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la sociedad EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES SA, contra la sentencia proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 31 de mayo de 2022, en el proceso que instauró en su contra PEDRO SANTIAGO JIDY SOLÍS.

I. ANTECEDENTES Pedro Santiago Jidy Solís llamó a juicio a la empresa Equipos y Controles Industriales SA, con el fin de que se declarara, en primer lugar, que los conceptos recibidos a título de: «a). cuota de club; b). medios de transporte; c). medicina prepagada del grupo familiar; d). bonificación de desempeño sobre dividendos en pesos colombianos reportados en estados financieros; e). bonificación de

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Radicación n.° 98287 desempeño sobre dividendos en dólares no reportados en Estados Financieros; y, f). participación en acciones»; constituyen factor salarial, al haber sido percibidos habitualmente. En segundo lugar, que el vínculo laboral finalizó por decisión unilateral del empleador y sin mediar justa causa. Consecuencialmente con tales declaraciones, pidió que la pasiva fuera condenada al pago del reajuste por los conceptos de vacaciones; cotizaciones; reliquidación de los aportes a los subsistemas de salud y pensión; «23 días por

concepto de medios de transporte»; «bonificación por desempeño correspondiente al 15% de los dividendos en dólares por operaciones y facturaciones no reportadas en los Estados Financieros del año 2015»; la indemnización por despido injustificado; la sanción moratoria prevista por el artículo 65 del CST; la indexación y las costas del proceso. Como sustento de sus pretensiones y en lo que interesa al recurso, en acápites diferentes, expuso los siguientes supuestos fácticos: Relativos al contrato de trabajo: Afirmó que sostuvo una relación de índole laboral con la convocada a la litis, a través de un contrato de trabajo a término indefinido, a partir del 15 de enero de 1990; época en la que desempeñó inicialmente la ocupación de ingeniero técnico; sin embargo, reseñó que el 1.° de junio de 2003 fue designado como gerente general de la compañía; cargo que

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Radicación n.° 98287 ejerció hasta la finalización del nexo subordinado, acaecida el 23 de marzo de 2016. Relató que entre sus responsabilidades como gerente se encontraban las de aprobar el presupuesto anual; asesorar a los directivos y jefes de departamento; supervisar negocios de importante connotación; aprobar capacitaciones; mantener relaciones con stakeholders; entre otras. Relativos, en general, a los motivos de terminación del vínculo y, en particular, a cada una de las causas: Refirió que, el 17 de marzo de 2016, a las 3:00 pm, fue

convocado por su empleador a una diligencia de descargos para responder por las faltas endilgadas, denominadas: 1).- constitución indebida entre el consorcio DITEC SERVICES CIA. LTDA. y Equipos y Controles Industriales SA, denominado Consorcio Mantenimiento Tanques – COMANTA; 2).- manejo inadecuado en la emisión de cheques a favor del contratista MONTALEB SAS; 3).- adjudicación sin autorización de las líneas de celular del operador Claro número […], en la cuenta corporativa de Equipos y Controles Industriales SA; y 4).- pago a cargo de Equipos y Controles Industriales SA, de los consumos generados en el Club El Rancho. Sin embargo, relató que, a pesar de haber presentado pruebas y explicaciones, la patronal decidió —inicialmente — terminar su contrato el 18 de marzo de 2016, sin considerar la información proporcionada. Agregó que, solicitó ante la dadora del empleo que no se finalizara el nexo, pero no obstante ello, la decisión se ratificó cinco días después.

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Radicación n.° 98287 En tratándose de la medida de despido adoptada, indicó que se tornó injustificada, en razón a que las conductas imputadas, no eran ciertas.

Frente a la primera falta: En su defensa expuso que no fue responsable de la constitución del consorcio COMANTA en Ecuador, ya que la compañía enjuiciada contaba con un representante legal en dicho país; advirtió, además, que la creación de la evocada agrupación se registró ante notario antes de que él recibiera la solicitud de

colaborar sobre ese asunto. Agregó que su rol en Colombia no le otorgaba autoridad sobre las gestiones administrativas y societarias de la sucursal creada en el aludido país extranjero; que, si bien estuvo al tanto de la formación del grupo asociado, se limitó a comunicar sus beneficios ante la junta directiva de la compañía, quien en últimas era la encargada de tomar una decisión frente a la aprobación del mismo. Explicó que su única actuación en torno a la constitución de COMANTA fue «atender la solicitud del gerente de la empresa DITEC del Ecuador, en mail recibido en copia el 19 de diciembre de 2015, y de enviar el acta de aprobación de la junta directiva»; actuación sobre la que puntualizó, fue posterior a los hechos acaecidos en Ecuador, sobre los que adujo, no tenía conocimiento. No obstante, acotó que el evocado organismo superior también fue conocedor de la autorización de creación de dicha alianza, por intermedio de Esperanza Orozco, quien fungía como uno de sus miembros.

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Radicación n.° 98287 Seguidamente, expresó que, en enero de 2016, estando en Estados Unidos, informó personalmente a la presidencia de la junta directiva y a otros accionistas sobre la necesidad de ratificar el documento que validaba la constitución de la pluricitada asociación, ya que el representante legal en Ecuador había completado este proceso el 18 de diciembre de 2015. Indicó que la Dra. Murcia, quien ostentaba la condición de secretaria de la evocada junta, firmó el acta,

siguiendo la práctica habitual de validar acuerdos que beneficiaban a la empresa. Por lo tanto, contó que el 29 de enero de 2016, la presidente del citado organismo colectivo, Aline Jidy, confirmó por correo electrónico su aprobación de la agrupación y acordó firmar el acta al regresar a Colombia. Añadió que, a principios de marzo de 2016, «Raúl y Aline Jidy», en sus roles de accionista y presidenta de la junta directiva, desde noviembre de 2012, respectivamente, viajaron a Ecuador y comunicaron al representante de la empresa DITEC su decisión de continuar adelante con el consorcio, ya que no implicaba riesgos financieros para la accionada, atendiendo a que la prenombrada asumía íntegramente las pólizas de cumplimiento y contragarantías; lo que resultaba beneficioso para la pasiva, quien no participaba en la ejecución inicial, pero recibía comisiones del 3% sobre la facturación; sumado a que, dicha asociación, le permitiría ingresar como proveedora en otra refinería de petróleo en Ecuador.

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Frente a la segunda falta: Negó haber autorizado la emisión de cheques a favor del contratista MONTALEB y haber eludido los procedimientos establecidos para tales transacciones. Alegó que la acusación era imprecisa y genérica y que correspondía con los asuntos específicos presentados en el pliego de cargos. Aunado a ello, enfatizó que no era responsable del departamento de tesorería ni de las finanzas de la empresa, pues refirió que tales funciones

recaían en el «CFO (Director de Contabilidad y Finanzas)», designado por la prenombrada Aline Jidy. Sostuvo que, en su calidad de gerente, no tenía la competencia para girar cheques ni para autorizar pagos al contratista.

Frente a la tercera falta: Reiteró lo manifestado durante la diligencia de descargos, en el sentido de que nunca agregó líneas de celular para sus familiares, sin el consentimiento de la junta directiva. Aclaró que, en el caso de su cónyuge, la inclusión se debió a la conformación de una sociedad con sus primos y a la necesidad de que ella tuviera acceso constante a datos móviles para enviar archivos. Dijo que las cuentas eran pagadas directamente por sus titulares y que las de sus hijos fueron incorporadas al plan corporativo de la convocada a lid, a partir de 2011, tras la aprobación de los demás socios. Destacó que esta práctica era conocida por el personal de la demandada, durante varios años, sin que existieran objeciones al respecto.

Frente a la cuarta falta: Aseveró que no autorizó el uso de fondos de la enjuiciada para cubrir los costos

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Radicación n.° 98287 personales y familiares sin el aval de la junta directiva. Subrayó que esta acusación también fue imprecisa, genérica, y por fuera de la realidad, dado que desde el 2003, la convidada al juicio, además de la cuota del club, le cubría el rubro de transporte, formando un fondo común destinado a los gastos. Develó que, en el evento en que los

consumos eran menores al monto acumulado, se le devolvía la diferencia bajo el concepto de «medios de transporte»; y que ello se ejecutó exclusivamente mediante el uso de la tarjeta de crédito con la que se saldaban las cuentas del club, durante una década, sin que la patronal estuviere inconforme. Relativos al salario y a factores que lo constituyen: Manifestó que su última remuneración ascendió a la suma de $8.962.902, suma equivalente al salario mínimo integral mensual de la época, junto a otros componentes retributivos que se mantuvieron hasta el fenecimiento del vínculo subordinado, tales como: a). Cuota de club, desde el 1 de julio de 2006; b). medio de transporte, desde el 1 de julio de 2003. c). medicina prepagada del grupo familiar, desde el 1 de julio de 2003. d). el 15% por concepto de bono de desempeño sobre dividendos en pesos colombianos reportados Estados Financieros, desde el año 2005; e). el 15% por concepto de bono de desempeño sobre dividendos en dólares no reportados en Estados Financieros, que la compañía manejaba en cuentas extranjeras, desde el 1 de enero de 2008; y f). participación en acciones, desde el 1 de enero de 2011.

Relativos a salarios adeudados:

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Radicación n.° 98287 Sobre el asunto, puso de presente que: La empleadora no canceló al trabajador los 23 días de marzo de 2016 por concepto de medios de transporte, y que

correspondían a una suma mensual de $1.350.000.00. La empleadora, pese a que era un factor salarial, solo canceló al actor hasta el 1 de julio de 2016, el 15% por concepto de bono de desempeño en pesos colombianos sobre los dividendos del año 2015, los cuales de acuerdo con los Estados Financieros de esa anualidad ascendieron a la suma de $334.104.000.00. La empleadora adeuda al actor el 15% por concepto de bono de desempeño, sobre los dividendos en dólares del año 2015 no reportados en los Estados Financieros de esa anualidad. Los dividendos en dólares no reportados en los Estados Financieros del año 2015 se encontraban depositados en el Banco Helm Bank (Panamá) SA, en cuenta de la demandada Equipos y Controles Industriales. Los anteriores dividendos ascienden a la suma de USD $700.000.00 dólares americanos, los cuales fueron transferidos por los socios mayoritarios de la compañía, en transacción efectuada el 21 de marzo de 2016, sin haber cumplido el pago prometido al actor. La transacción realizada por los socios mayoritarios de la compañía, perjudican al demandante, pues sobre estas no le han liquidado el 15% por concepto de bonificación de desempeño, que corresponden a USD $105.000.00 dólares americanos. Relativos a reliquidación de vacaciones; y, a l reajuste de aportes a Seguridad Social en Salud y Pensiones: Arguyó que la exempleadora no consideró la totalidad de los factores salariales al momento de calcular las vacaciones ni al efectuar los pagos al Sistema de Seguridad

Social Integral, por lo que insistió en la procedencia de su reliquidación. Relativos a la indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa:

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Radicación n.° 98287 Comentó que, a pesar de que la demandada finalizó el contrato de trabajo de manera unilateral, no ha realizado el pago correspondiente a la evocada indemnización; para cuyo cálculo, razonó, se debían considerar la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de servicios. Relativos a la moratoria por el no pago y a la cancelación inoportuno e incompleto de salarios: Por último, narró que las acreencias laborales le fueron reconocidas mediante un título de depósito judicial con fecha del 19 de abril de 2016, y que el pago se efectuó el 2 de junio siguiente; que en la aludida liquidación se incluyó el salario de la segunda quincena del último mes de servicio; junto al bono de desempeño en pesos colombianos sobre dividendos reportados en estados financieros, cancelado el 1 de julio de 2016. Sin embargo, precisó que la accionada aún le adeudaba el aludido incentivo de rendimiento, en dólares, correspondiente a las utilidades no reportadas en los reseñados informes contables. Aseguró que tal conducta constituía un acto de mala fe, ya que, a pesar de los requerimientos realizados, el titular del empleo omitió su pago sin brindar una justificación. Al dar respuesta a la demanda, la parte enjuiciada se opuso a la prosperidad de las pretensiones impetradas. En cuanto a los planteamientos de hecho, aceptó los

atinentes a la modalidad de vinculación laboral y sus extremos temporales; los cargos desempeñados por el actor;

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Radicación n.° 98287 el último salario devengado; la citación a la diligencia de descargos, y las acusaciones allí endilgadas; la misiva contentiva de la decisión de culminar el nexo de manera unilateral, y su posterior ratificación; la solicitud de no terminación del vínculo presentada por el asalariado; la condición de contratista de MONTALEB; y la data en que fueron canceladas las acreencias laborales. En cuanto a los demás elementos del recuento fáctico, señaló que no le constaban, toda vez que no eran ciertos o que se trataban de inferencias del promotor del litigio. En su defensa, argumentó básicamente que, al señor Jidy Solís le fueron sufragadas todas las prerrogativas contractuales; vacaciones y los aportes al Sistema de Seguridad Social con base en el último estipendio efectivamente devengado, que correspondía al mínimo integral. Negó la naturaleza salarial frente a los demás beneficios cancelados, con ocasión de los servicios prestados por el accionante, atendiendo a que no compensaban directamente su labor. De otro lado, alegó que no tenía la obligación de reconocer la indemnización por despido injustificado, pues aseguró que el vínculo feneció como consecuencia de los actos graves constitutivos de las justas causas en que incurrió el demandante. Propuso las excepciones de mérito que denominó inexistencia de la obligación; falta de título y causa en las pretensiones; cobro de lo no debido; buena fe;

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Radicación n.° 98287 enriquecimiento sin justa causa; prescripción y compensación.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá, mediante decisión del 28 de junio de 2019, dispuso: PRIMERO. - Absolver a la demandada EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES SA. de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por el demandante, señor PEDRO SANTIAGO JIDY SOLÍS, en el presente proceso.

SEGUNDO. - Declarar probadas las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, y se declara relevado del estudio de las demás propuestas por la pasiva en su contestación.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al resolver el recurso de apelación impetrado por el extremo accionante, mediante sentencia del 31 de mayo de 2022, revocó la decisión de primer grado y, en su lugar, dispuso: CONDENAR a la demandada a pagar al actor las siguientes sumas y conceptos: 1. $1.743.887.00 por concepto de reliquidación de vacaciones.

2. Aportes a pensión del periodo julio de 2003 a marzo de 2016, de acuerdo con los parámetros que para el efecto se encuentren establecidos en la normatividad interna del ente de seguridad social donde se encontraba afiliado el demandante, en concordancia con lo previsto en la ley, de la siguiente manera: año 2003 sobre $1.200.000,00; año 2004 sobre $1.287.000,00;

año 2005 sobre $1.350.000,00; año 2006 sobre $2.030.000,00; año 2007 sobre $2.030.428,00; año 2008 sobre $2.074.500,00; año 2009 sobre $2.143.265,00; año 2010 sobre $2.168.151,00;

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Radicación n.° 98287 año 2011 sobre $2.207.250,00; año 2012 sobre $2.269.083,00; año 2013 sobre $967.957,00; año 2014 sobre $1.016.106,00; año 2015 sobre $1.067.000.00; y, año 2016 sobre $1.167.000,00. 3. $355.370.469,00 por concepto indemnización por despido, debidamente indexada de acuerdo con el IPC certificado por el DANE, entre el 23 de marzo de 2016 y la fecha en que se produzca el pago efectivo. 4. $12.155.882,40 por concepto de indemnización moratoria. El juez plural abordó, en primer término, lo concerniente al análisis de la incidencia salarial de los emolumentos cuyo reconocimiento depreca el actor. En el desarrollo de su intelección, hizo alusión al contenido de los artículos 127 y 128 del CST, subrogados por los cánones 14 y 15 de la Ley 50 de 1990, respectivamente; y frente a la naturaleza de los elementos retributivos, recordó la premisa de que «constituye salario, todo lo que el empleador entrega al empleado como consecuencia directa de la prestación del servicio». Asimismo, trajo a colación lo esbozado por esta

Sala de la Corte a través de la sentencia CSJ SL5159-2018; y por el máximo organismo de la Jurisdicción Constitucional, mediante proveído CC C-521-1995, en las que se establecieron los presupuestos para comprender si determinado concepto devengado hace parte íntegra del sueldo; que se refieren a la retribución del servicio, la habitualidad y la validez del pacto de exclusión. Teniendo en cuenta los lineamientos que anteceden, el fallador de alzada descendió al análisis del acervo probatorio militante en el expediente, y coligió que los

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Radicación n.° 98287 beneficios contractuales percibidos por el demandante, por concepto de: “c). medicina prepagada del grupo familiar; d). bonificación de desempeño sobre dividendos en pesos colombianos reportados en estados financieros; e). bonificación de desempeño sobre dividendos en dólares no reportados en Estados Financieros; y f). participación en acciones»; no eran factores constitutivos de salario, en razón a que, la finalidad de las prerrogativas percibidas —en su orden— se trataba del ofrecimiento o extensión de la prestación asistencial en salud; pagos relativos a meras utilidades que le correspondían proporcionalmente al actor, en su calidad de socio; y compra directa bajo el agotamiento del procedimiento establecido en los estatutos de la empresa. Contrario sensu, en lo que respecta a los rubros recibidos a título de: «a). cuota de club; b). medios de transporte», el Tribunal estimó su connotación salarial, pues arguyó que:

1. Se reconocieron habitualmente con la asignación básica durante más de nueve años. II) La empleadora siendo su carga procesal, no acreditó que su entrega tuviese destinación específica o propósito diferente de retribuir el servicio, amén de sus denominaciones, pues en todo caso estaban dirigidos a beneficiar y enriquecer el patrimonio del empleado como un estímulo por su actividad, se itera, la habitualidad y periodicidad con que se entregaban. III) Su entrega no estuvo encaminada para mejor el desempeño de la actividad, siendo igualmente carga probatoria de la convocada demostrarlo, pues en uno y otro caso, eran sumas adicionales que entregaba para beneficiar y enriquecer al trabajador, ya que la acción del club la adquirió el empleado con recursos propios para su beneficio, amén de que aquel haya manifestado ponerlo a disposición para la atención de eventuales clientes de la sociedad, ya que con ese propósito la sociedad contaba con acción en otro club, por esa razón no puede asimilarse a un gasto de representación, pues

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Radicación n.° 98287 en el mismo mail donde se hace esa referencia (f.º 193), se alude, en el asunto "RE: AUMENTO DE SUELDO 2006", en el cual el empleado acepta la respuesta que en igual sentido y bajo el mismo asunto había elevado a la compañía y que responde aceptarla asumiendo el pago de la cuota del club, incluso con la posibilidad de efectos retroactivos indicando: "Por los meses de enero a mayo del 2006, tal vez ECI te pueda reembolsar los pagos de estas cuotas?", además, ampliando la posibilidad de una cuota más alta al indicar que: “Tengo entendido que tú

estás pensando en cambiar de club, lo cual implica una cuota más alta. Por favor, envíame los datos de este nuevo club para nosotros analizarlo lo antes posible”, que fue lo que finalmente sucedió acorde con las certificaciones emitidas por el Club El Rancho. Igualmente, la empleadora suministró al empleado un vehículo permanente a su disposición con conductor, asumiendo “los gastos de mantenimiento y funcionamiento del vehículo [...] completamente por EQUIPOS Y CONTROLES SA.” (f.º 391), lo que deja en evidencia que el pago por el aludido concepto, era adicional a los medios de transporte suministrados al empleado para desempeñar su actividad, sin demostrar siendo su carga probatoria hacerlo, que no estaba destinado a retribuir el servicio, por el contrario, la forma como se entregó lo desvirtúa. De tal manera, la denominación de los aludidos conceptos no revierte su verdadero propósito, aceptarlo, constituiría subvertir el ordenamiento Superior que establece el postulado de primacía de la realidad. Y, IV) tampoco existe pacto expreso como exige la norma que las partes le hayan restado incidencia para el reconocimiento de otros derechos laborales. Bajo ese panorama, consideró procedente reconocer el reajuste de lo sufragado por concepto de vacaciones y cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, al modificarse la base salarial para efectos de realizar la correspondiente liquidación. En ese sentido, procedió con la ejecución de los cálculos aritméticos y, teniendo en cuenta lo probado en el plenario, conformó el emolumento, de un lado, con el rubro entregado al gestor de la lid por concepto de la cuota club

durante el último año laborado; y de otro, con el valor suministrado como beneficio de medios de transporte desde

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Radicación n.° 98287 junio de 2003 hasta febrero de 2012, «sin que exista otro medio de convicción que ateste la afirmación del actor de su reconocimiento hasta el finiquito del vínculo». Procedió luego con el estudio relativo a la indemnización por la extinción del vínculo subordinado; con tal objeto, acudió al parágrafo del artículo 7.° del Decreto 2351 de 1965, que subrogó los cánones 62 y 63 del CST, alusivos a las justas causas invocadas por el empleador para dar por finalizado el vínculo laboral y su deber de manifestar el motivo de la decisión adoptada. En consonancia con ello, el juez plural se adentró en la valoración de los elementos de convicción, y encontró acreditado que los hechos imputados al empleado en la misiva del finiquito no acaecieron en la forma como los describió la accionada. Estimó que, incluso, si se aceptara su ocurrencia, no tendrían la relevancia suficiente para justificar la terminación unilateral del vínculo laboral. En particular, frente al caudal probatorio adosado al expediente, consideró: La diligencia de descargos de la que con mayor estimación se valió la empleadora para soportar la decisión, como se indica en la comunicación, contrario a lo estimado por aquella, no sirve de soporte para concluir con fundamento en ella, que el trabajador cometió los hechos endilgados en la carta de

finiquito, pues en ese trámite, aquél las negó, excusando no contar con facultades para autorizar ni realizar la constitución del consorcio en Ecuador (COMANTA). De la explicación suministrada por el empleado en la mentada diligencia se establece que, i) la facultad de constitución de consorcios y de otras actividades —particularmente cuando se

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Radicación n.° 98287 exceden determinados montos—, compete a la junta directiva, de tal manera que, para la celebración de ese tipo de actos debe mediar autorización de aquella, no sólo para sus actuaciones como representante legal y gerente de la compañía sino cuando se trate de asuntos que requieran otros directivos, siendo entonces obligación solicitarla oportunamente, para que aquella se pronuncie directamente o convalide a posteriori cuando la situación así lo requería; y, ii) la realización del consorcio "COMANTA", la materializó el apoderado que representaba la compañía en Ecuador, por cuanto era el encargado de adelantarla, quien para tales efectos solicitó la intervención del actor a efectos de obtener la correspondiente autorización de la junta directiva, lo cual el demandante hizo desde el 20 de diciembre de 2015, y, posteriormente, durante su periodo vacacional que inició desde el 23 del mismo mes y año, en el que tuvo contacto personal con los miembros que se encontraban en EEUU, no presentaron reparo. La prueba documental incorporada evidencia que la compañía por decisión de la junta directiva, desde el 8 de marzo de 2007, en sesión de esa data según acta 85, dispuso crear sucursal y

para tales efectos contar con apoderado general designado por ésta que se encargara de representarla en el país de Ecuador, con amplias facultades para el logro de sus fines bajo las limitantes definidas en ese acto, y para lo que interesa al asunto: "Solicitar previamente la autorización de la junta directiva para participar en uniones temporales, consorcios o cualquier otro tipo de colaboración empresarial en la República de Ecuador" (f.os. 627-629). […] Con esas atribuciones el apoderado general de Ecuador, que para la data de los acontecimientos es el mismo que fue designado por junta directiva y a quien se constituyó mandato general, el 18 de diciembre de 2015, suscribió "COMPROMISO

DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO DENOMINADO

"CONSORCIO MANTENIMIENTO TANQUES - COMANTA"

(f.os. 304-312), sin que exista constancia que previamente hubiera solicitado directamente autorización a junta directiva o la intervención del demandante para su obtención, obligación limitante de su autonomía que omitió deliberadamente como lo deja en evidencia el mail del 19 de diciembre de 2015 (f.° 314), que con ese fin el representante legal de DITEC, solicitó directamente al apoderado general en Ecuador, autorización de la junta para la constitución del mentado consorcio. Llama la atención, que el referido documento de compromiso allegado con el escrito de demanda, la convocada no lo aportó pese a la abundante documentación que acompañó con la contestación, tampoco lo desconoció o tachó. […] Los aludidos medios de convicción convergen en igual sentido a dilucidar que, el apoderado general de Ecuador dentro

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Radicación n.° 98287 de los limitantes a su autonomía, para participar en la constitución del consorcio COMANTA Ecuador, debía solicitar anticipadamente autorización de junta directiva, de tal manera que esa facultad no se entiende delegada en el gerente general en Colombia amén que hubiese mediado en su obtención, pues para tales efectos, éste debía surtir el mismo procedimiento bajo las mismas facultades que en esa condición le fueron conferidas, razón por la cual en diligencia de descargos negó que lo hubiese autorizado, ya que para ello elevó la correspondiente solicitud a la junta directiva, como se establece del correo electrónico que con ese propósito presentó como: “Asunto: Solicitud de Autorización de junta directiva - EP Petroecuador RE-015-EPP-LAB-2015” (f.° 72), en el cual somete a su aprobación la constitución del aludido consorcio. Negocio del cual tenían pleno conocimiento la presidente de junta directiva y socia de la compañía al igual que otro de sus asociados, como lo deja en evidencia el correo electrónico enviado a éstos, minutos después de la solicitud de la autorización enviada de la misma manera a la junta directiva (f.os. 71 y 72), en que les manifiesta que se trata del mismo contrato que les había comentado en Miami, recordándoles los beneficios que percibiría la compañía. Situación de intermediación que surgió de la solicitud que le peticionó el apoderado general de Ecuador pese a la obligación de hacerlo directamente, como lo expresó el trabajador en diligencia de descargos y se corrobora con la versión de la

represente legal de la convocada, quien sostuvo: "sí, el representante legal de Ecuador es el apoderado en Ecuador, pero para hacer ese tipo de consorcios tiene que pedir la aprobación de la junta directiva, pero el apoderado le solicitó todo al gerente general de equipos y controles industriales Pedro Jidy, y él fue el que solicitó la autorización a la junta directiva". De la misma manera la prueba relacionada, deja en evidencia que quien finalmente autorizó la constitución del referido consorcio fue la junta directiva de la compañía a través de uno de sus miembros, quien actuando en esa condición suscribió el documento, de tal suerte que, si bien en el aparece el demandante, lo hace en su condición de representante legal, el cual se sabe, no hace parte de ese órgano directivo, situación que desvanece la manifestación de la representante legal en su jurada, al indicar que, el ingeniero Pedro Jidy como consta en el acta de junta directiva n.° 336 dio la aprobación para esa acta, diciendo que los miembros de la junta directiva de ECI habían dado la aprobación, cosa que no era cierta", pues el documento fue rubricado por un miembro de la junta directiva, lo que lleva a concluir la subjetividad de la manifestación, ya que acepta

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Radicación n.° 98287 que el acta fue firmada por uno de los miembros de la junta, indicando "si es cierto, fue la única que está firmando esa acta". […] Así las