CSJ - SL1166-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL1166-2023 Radicación n.°93600 Acta 14 Bogotá, D. C., ocho (8) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por MILEX ENRIQUE MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que instauró

contra CEMENTOS ARGOS S. A.

AUTO Téngase a Humberto Jairo Jaramillo Vallejo como apoderado judicial de Cementos Argos S. A. con T.P. 22.059 del C. S. de la Judicatura, en los términos y para los efectos de la sustitución de poder que reposa en el cuaderno de la Corte del expediente digital.

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I. ANTECEDENTES Milex Enrique Martínez Rodríguez llamó a juicio a Cementos Argos S. A., con el fin de que se declarara que: i) es padre cabeza de familia por lo que tenía derecho a la aplicación de la figura de retén social conforme a lo estableció en la providencia CC T556-2006; ii) es titular de estabilidad laboral reforzada, iv) el despido sin justa causa fue ineficaz y v) el finiquito contractual le generó daños morales a su grupo familiar.

En consecuencia, requirió que a la llamada a juicio se le condenara a: i) reintegrarlo a un cargo igual o de mayor

categoría en un «plante del departamento del Atlántico o de la ciudad de Cartagena»; ii) pagarle la indemnización plena de perjuicios; iii) todo lo que tuviera derecho conforme las facultades ultra y extra petita del juez y iv) las costas. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que sostuvo un contrato de trabajo a término indefinido con Cementos Argos S. A., desde el 1º de abril de 2007 hasta el 29 de junio de 2016, que finalizó sin justa causa; devengando un salario de $2.720.000. Afirmó que, era padre cabeza de familia teniendo bajo su cuidado a la menor M.A.M.A quien padece parálisis cerebral siendo calificada con una «discapacidad» del 81.5 %; que con sus propios recursos sufragó los tratamientos adicionales que ella percibe y que desde que concluyó el

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Radicación n.° 93600 vínculo de trabajo esta se quedó sin cobertura del sistema de seguridad social integral. Aseguró que, los anteriores hechos le generaron daños materiales y morales; los primeros, los estimó en $6.000.000; los segundos en $ 40 SMLMV. Adujo que, la convocada al proceso conocía el estado de salud de su descendiente y que era padre cabeza de familia; que ante el despido injustificado interpuso acción de tutela la que fue concedida en segunda instancia, el 7 de septiembre de 2016. Indicó que, no tenía otra alternativa económica; que vivía con su esposa cuya presencia en el hogar era indispensable debido a las condiciones médicas de la menor;

que fue trasladado a la planta el Cairo ubicada en el departamento de Antioquia, siendo una instalación de difícil acceso, por lo que de mantenerse ese lugar de trabajo se le impedía que brindara «el cuidado, afecto y amor que requiere su hija», que el 28 de febrero de 2017, se finiquitó el vínculo sin justa causa(f.°88-95 primera instancia, cuaderno principal, expediente digital). Cementos Argos S. A. se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó los relativos a la existencia del vínculo laboral en los extremos y modalidad señalados, la interposición de la demanda constitucional, el otorgamiento de la protección en segunda instancia y, el traslado a la planta del Cairo ubicada en el departamento de Antioquia;

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Radicación n.° 93600 respecto de los demás, dijo que no eran verídicos o que no le constaban. En su defensa propuso las excepciones de «inexistencia de la obligación», pago, compensación, inoponibilidad del fuero, prescripción y la genérica (f.°190-203 ibidem) .

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Barranquilla, por sentencia dictada el 29 de octubre de 2018, declaró probada el medio de mérito de «inexistencia de la obligación», absolvió a Cementos Argos S. A. e impuso las costas al convocante (f.°273 audiencia, 298-299 acta ib).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, al conocer el recurso de apelación formulado por el reclamante, mediante fallo proferido el 21 de mayo de 2021, confirmó el de primer grado y no impuso costas (f.°1-6 segunda instancia, fallo, expediente digital). En lo que interesa al recurso extraordinario, consideró como fundamento de su decisión, que el problema jurídico a resolver era: […] determinar si al momento en que la entidad accionada CEMENTOS ARGOS S. A. procedió a dar por terminado el contrato laboral que la ataba al accionante, éste gozaba de fuero de estabilidad laboral reforzada derivado de su supuesta

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Radicación n.° 93600 condición de padre cabeza de familia y, por tal razón, de[bía] ser declarado ineficaz el referido finiquito contractual laboral. Para dar respuesta a tal planteamiento precisó que, no eran objeto de controversia los extremos temporales de la relación contractual, el cargo desempeñado por el actor y su salario. Seguidamente trajo a colación el artículo 2º de la Ley 82 de 1993, según el cual para «ser considerado como madre o padre cabeza de familia» debían acreditarse los siguientes supuestos: i) Ser soltera(o) o casada (o). ii) Tener bajo cargo, económica o socialmente, de forma permanente, hijos menores propios u otras personas en situación de discapacidad imposibilitadas para trabajar, que pertenezcan a su núcleo familiar. Y, que la jurisprudencia constitucional había establecido como presupuestos para tal condición:

1. Que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar.

2. Que la responsabilidad sea de carácter permanente. Es decir, se excluyen las responsabilidades temporales.

3. Que en caso de existir cónyuge o compañero permanente, éste cese en el cumplimiento de sus obligaciones como padre sin justificación alguna.

4. Que, en caso de existir cónyuge o compañero permanente, esté presente materialmente en el domicilio de familia, más no asuma sus responsabilidades, en razón de una situación de discapacidad física o sensorial.

5. Que el sostenimiento del hogar recaiga totalmente en la madre o padre (subrayado del texto original).

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Radicación n.° 93600 En ese sentido anunció que, el demandante para ser titular de la protección reclamada debía demostrar «el cuidado real de las personas a cargo y que es el responsable de todas las labores relacionadas con el hogar de tipo económico, moral y desarrollo social, que permitan la adecuada protección de los miembros del grupo familiar». Igualmente, advirtió acorde con las sentencias CC T460-2017 y CC T325-2018 que, en el sector privado no existía una regulación como la Ley 790 de 2002 que consagrara la estabilidad laboral reforzada en los empleados públicos, pero que ello no era óbice para que, sí se «consta[taba] la vulneración de los derechos fundamentales a la seguridad social, al trabajo y la igualdad de un trabajador del sector privado» se aplicaran los «valores y principios constitucionales», motivo por el cual según tales lineamientos podía «extender[se] el beneficio del retén social (mecanismo de

estabilidad laboral reforzada que tienen los servidores públicos) a quienes laboran en el sector privado». Aplicando las anteriores directrices al sub examine, dijo: […] para el momento en que se desvaneció el nexo contractual que existía entre las partes, esto es, 29 de junio de 2016 f.°145, NO detentaba la calidad de padre cabeza de familia invocada en el libelo, en la medida que si bien es cierto se encuentra acreditado que es padre de la menor […] –f.°134-, quien padece parálisis cerebral con un grado de discapacidad calificada por su EPS en 81.5 % –f.°136 y 137y cuenta con su apoyo económico, también lo es que no se demostró que su acompañante sentimental y madre de su hija, esto es, la señora ALIX ESTHER ÁLVAREZ ANTEQUERA hubiere cesado en el cumplimiento de sus obligaciones como progenitora sin justificación alguna, o, no asumiera sus responsabilidades, en razón de una situación de

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Radicación n.° 93600 discapacidad física o sensorial, pues, por el contrario, de las declaraciones rendidas por el mismo demandante y los testigos CÉSAR EDUARDO ANDRADE SÁNCHEZ y ANA MARÍA JIMENO ANTEQUERA, se tiene noticia que el actor convive con la señora ALIX ESTHER ÁLVAREZ ANTEQUERA, quien se encuentra a cargo del cuidado de la menor, infiriendo la Sala, que cumple con las responsabilidades que le corresponden como madre, pues nada se dijo en contrario. Por consiguiente, se reitera, el actor no exhibía la condición de padre cabeza de familia, en los términos

dispensados por la jurisprudencia constitucional y, por tanto, la empresa demandada no estaba en la obligación de mantenerlo en su empleo ya que no gozaba de estabilidad laboral reforzada, ora algún fuero derivado del llamado retén social, de ahí que, su decisión de finiquitar de manera unilateral el contrato está dotada de eficacia a los ojos del ordenamiento jurídico laboral. Tesis que reforzó transcribiendo un fragmento de las providencias CC T420-2017 y CSJ SL4707-2018.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Milex Enrique Martínez Rodríguez, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la del juzgado y, en su lugar, acceda a lo reclamado (f.°4 recurso extraordinario, demanda de casación, expediente digital).

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron objeto de réplica y, que se proceden a estudiar, por cuestiones de método, inicialmente el segundo y, si es del caso, proseguir con el primero.

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VI. CARGO SEGUNDO Acusa al fallo dictado por el colegiado de violar la ley sustancial por la vía indirecta debido a que «aplicó de manera indebida las normas escogidas para solucionar el caso, a saber: arts. 2 de la Ley 82 de 1993 (modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008), sentencia SU-388 de 2005

referente a la madre cabeza de familia» e infringió directamente los «arts. 13, 48 y 53 de la Constitución Nacional; art. 21 y 51 del CST, art.165 del CGP por remisión de los art. 145 del CPL , sentencia SU-389 de 2005 referente al padre cabeza de familia». Expone que, la transgresión endilgada se debió a que el operador judicial incurrió en los siguientes yerros fácticos: Primero.- No haber dado por demostrado, estándolo, que el demandante es padre cabeza de familia. Segundo.- No haber dado por demostrado, estándolo, que los recursos económicos de mí representado resultan totalmente indispensables para la atención de su hija menor enferma por discapacidad. Tercero.- No haber dado por demostrado, estándolo, que la menor […] médicamente requiere la presencia de la madre permanentemente. Cuarto.- No haber dado por demostrado, estándolo , que su hija menor discapacitada, está a su cuidado, que vive con él, depende económicamente de él y realmente es la persona que le brinda el cuidado y el amor que la niña requiere para su adecuado desarrollo y crecimiento. Quinto.- No haber dado por demostrado, estándolo, que se trata de una persona que tiene el cuidado y la manutención exclusiva de su hija.

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Radicación n.° 93600 Sexto.- No haber dado por demostrado, estándolo que mi prohijado es el responsable de todas las labores relacionadas con el hogar de tipo económico, moral y desarrollo social, para la adecuada protección de los miembros del grupo familiar

(negrillas propias del texto original). Afirma que los errores de hecho enrostrados fueron consecuencia de que el administrador de justicia no apreció: a. Las declaraciones rendidas por el demandante y los testigos

CÉSAR EDUARDO ANDRADE SÁNCHEZ y ANA MARÍA JIMENO

ANTEQUERA.

b. Historia clínica de la menor […] de fecha 12/03/2013, folio 135 del expediente digital.

Al igual que: 1) Declaraciones extraprocesales, inserta a folio 128 al 130 del expediente digital. 2) Fallo de la Acción de tutela, que obra de folio 121 al 125 del expediente digital. 3) Copia del reporte de semanas cotizadas en pensión de la señora ALIX ESTHER ÁLVAREZ ANTEQUERA (f.°56 y 126 del expediente digital). 4) Constancia del SISBEN sobre el núcleo familiar, que obra a folio 61 y 133 del expediente digital. 5) Copia de pasajes aéreos para tratamiento de la menor, que aparecen entre los folios 140 al 141 del expediente digital. 6) Respuesta al derecho de petición por la demandada adiado 22/09/2016 folio 128 del expediente digital. 7) Documentos y factura de los exámenes realizados a la menor en Bogotá folios 142 al 144 del expediente digital. 8) Copia de correos electrónicos enviados a la demandante (sic) folios del 217 al 219 y 222 al 225 del expediente digita Para desarrollar el embate asevera que de la totalidad de los elementos de convicción denunciados se desprende que es padre cabeza de familia ya que, la llamada a juicio «da

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Radicación n.° 93600 cuenta en respuesta al derecho de petición del cumplimiento al fallo de tutela» en el que se determinó que ostentaba tal condición, lo cual tuvo como soporte los requisitos dispuestos en el fallo CC C389-2005. Expone que, tanto las declaraciones extra procesales como los testimonios que se rindieron fueron coincidentes en expresar que «la señora ALIX ESTHER ÁLVAREZ ANTEQUERA, se dedica al cuidado de la niña porque tiene que hacerle todo, que por su discapacidad requiere de la madre incluso las 24 horas»; que el Tribunal no accedió a lo deprecado, porque no observó la documental de f.°126, 133, 140 a 144 del cuaderno principal pues de haberlo hecho, habría revocado la decisión del juzgado al encontrar acreditados los presupuestos establecidos en la sentencia CC SU389-2005 y evidenciar que la llamada a juicio al acatar la orden de tutela «no solo conocía de la situación de mi poderdante, sino que el mismo fallo le indicaba las razones por las cuales se consideraba padre cabeza de familia» (f.°9-12 recurso extraordinario, demanda de casación, expediente digital).

VII. RÉPLICA Dice que los cargos presentados son incompatibles toda vez que se soportaron en las mismas disposiciones pero se enderezaron por vías diferentes; que las sentencias no constituyen normas sustanciales al igual que los preceptos constitucionales; que se asemejan a un alegato de instancia y que no se ajustan a la modalidad de violación de la ley alegada; que para su sustentación se acude a pruebas no

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Radicación n.° 93600 calificadas; que el fallo de tutela «muestra una protección temporal a un debatido derecho fundamental pero no constituye ser objeto de indebida o ausencia de apreciación». En ese mismo hilo argumentativo señala que el «c) reporte de semanas cotizadas, afiliación al sisben, 8 tiquetes aéreos, facturas de servicios médicos y correos electrónicos, no constituyen documento auténtico objeto de estudio en el proceso» de forma tal que, el recurrente no cumplió la carga de probar los hechos de la disposición cuyos efectos persigue; que el error que se le endilga al colegiado debe ser protuberante y manifiesto para que tenga la capacidad de quebrar el fallo que se pretende cuestionar. Afirma que, acorde con la técnica que impone el recurso extraordinario, la censura debe derruir la presunción de acierto y legalidad de la que gozan las decisiones judiciales, lo que el sub examine no aconteció, motivos por los cuales la acusación no debe prosperar (f.°1-11 recurso extraordinario, oposición, expediente digital)

VIII. CONSIDERACIONES Lo primero que advierte la Sala, es que no le asiste razón a la oposición cuando alega que resulta una impropiedad acudir a las mismas normas en la proposición jurídica al estar dirigidos los ataques por diferentes vías de vulneración y en acusaciones separadas, pues contrario a ello, es la forma como la Corte ha señalado se debe proceder cuando la decisión del Tribunal se soporta tanto en premisas jurídicas

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Radicación n.° 93600 como fácticas (CSJ SL4186-2022). Lo mismo sucede con el reproche que le hace a la denuncia de normas constitucionales puesto que, se ha admitido su denuncia en el recurso extraordinario teniendo en cuenta que « goza[n] de fuerza normativa vinculante y de aplicación directa» (CSJ SL4092-2022), finalmente frente a la inclusión de jurisprudencia, si bien es cierto no son preceptos sustantivos la Corporación ha admitido su referencia por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea cuando la providencia fustigada se soporta en ella (CSJ SL3660-2022). Aclarado lo previo y, no obstante, el embate se orientó por la vía indirecta no es objeto de discusión que: i) el recurrente acreditó la condición de progenitor de la menor M.A.M.A; ii) esta padece parálisis cerebral con un grado de discapacidad calificada por su EPS en 81.5 %; iii) aquel es quien le brinda el apoyo económico y iv) la madre se encuentra a cargo de su cuidado cumpliendo con las responsabilidades que le corresponden por ostentar tal condición. Siendo así las cosas desde ya advierte la Sala que, a partir de la senda probatoria elegida, el sentenciador no incurrió en los errores de hecho que se le endilgan pues contrario a ello y, conforme al despliegue argumentativo que se hizo en el ataque, encontró acreditados los presupuestos atrás mencionados, a pesar de lo cual estimó que, el petente no era padre cabeza de familia en atención a que «su acompañante sentimental y madre de su hija, esto es, la

señora ALIX ESTHER ÁLVAREZ ANTEQUERA [no cesó] en el

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Radicación n.° 93600 cumplimiento de sus obligaciones como progenitora sin justificación alguna, o, no [asumió] sus responsabilidades, en razón de una situación de discapacidad física o sensorial», supuesto fáctico que quedó indemne, ya que no se derruye con las apreciaciones probatorias a la que acude la censura como pasa a detallarse a continuación:

1. El hecho de que en el fallo de tutela se hubiese declarado la condición ahora reclamada y que en la respuesta al derecho de petición al que se alude en el embate, la demandada «da cuenta» de su cumplimiento, no implica per se que sea inmodificable o inmutable; puesto que, en dicha determinación se dejó establecido expresamente (f.°59-63 primera instancia, cuaderno principal, expediente digital) que: SEGUNDO: TUTELAR, MILEX los derechos fundamentales invocados por el señor MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, de manera transitoria como lo estipula el Art. 8 del Decreto 2591 de 1991, indicándole al accionante señor MILEX MARTINEZ RODRIGUEZ que este fallo de tutela permanecerá vigente, durante cuatro (4) meses máximos, para que ejerza las acciones correspondientes ante la Jurisdicción ordinaria, respecto al despido sin justa causa (subrayado fuera del texto original).

2. Las declaraciones extra procesales y los testimonios en principio no pueden ser analizadas por la Sala; ya que no son prueba calificada en el recurso extraordinario por virtud

de lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 16 de 1969, según el cual tienen dicha naturaleza el documento auténtico, la confesión judicial o la inspección ocular, de manera que, las primeras solo podrán ser estudiadas si contienen confesión y, ambas en caso de que se logre acreditar un error

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Radicación n.° 93600 manifiesto en un medio hábil, que no aconteció en el presente asunto. En todo caso lo alegado por el recurrente a partir de los aludidos medios probatorios, esto es que «la señora ALIX ESTHER ÁLVAREZ ANTEQUERA, se dedica al cuidado de la niña porque tiene que hacerle todo, que por su discapacidad requiere de la madre incluso las 24 horas» fue precisamente lo que tuvo por evidenciado el colegiado.

3. Respecto de la documental de folios 126, 133, 140 a 144 del cuaderno principal no se ofreció ningún discurso tendiente a demostrar cómo su falta de apreciación condujo al operador judicial a incurrir en las falencias que se le endilgan, lo que resulta ajeno a un cargo que se dirigió por la vía indirecta, el cual implica como se enseñó en la providencia CSJ SL4299-2021: […] (iii) explicar cómo la falta o la defectuosa valoración probatoria, lo condujo a los desatinos que tienen esa calidad y determinar en forma clara lo que la prueba en verdad acredita, y

(iv) la demostración debe hacerse mediante un análisis ponderado y crítico de las probanzas, confrontando la conclusión que se deduzca de este proceso intelectual de argumentación con

las conclusiones acogidas en la resolución judicial […] Luego entonces al haber quedado incólume tales premisas, la presunción de acierto y legalidad que abriga a las providencias judiciales no se desquicia. Acerca de tal exigencia valga iterar que esta Sala en proveído CSJ SL14742021, recordó lo adoctrinado en el fallo CSJ SL4299-2021, en el que se dijo:

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Radicación n.° 93600 Se hace necesario que la parte recurrente “controvirtiera todos los fundamentos de hecho o de derecho en que se basó la sentencia acusada, pues es inane su embate, si en este solo se atacan algunas de las razones soporte de la decisión impugnada o distintas de las expresadas por el juzgador de segundo nivel, como se evidencia es lo sucedido. Decisión en que también se trajo a colación la CSJ SL3326-2019, que reiteró lo dicho en la CSJ SL16794-2015, en la que se sostuvo: […] Teniendo en cuenta la presunción de acierto y legalidad de que está revestida la sentencia de segunda instancia, al recurrente le corresponde derruir todos y cada uno de los fundamentos en que se soporta la decisión, so pena de que ésta permanezca incólume. Al respecto, la Corte ha sostenido que «no son suficientes las acusaciones parciales, de tal suerte que es carga del recurrente en casación destruir todos los soportes del fallo impugnado, pues aquél que se deje libre de cuestionamiento será suficiente para mantener en pie la decisión que se impugna,

que bien se sabe, llega al estrado. De todas formas, no sobra anotar que en la foliatura referida en el cargo reposan los siguientes elementos probatorios: 3) Copia del reporte de semanas cotizadas en pensión de la señora ALIX ESTHER ÁLVAREZ ANTEQUERA (f.°56 y 126 del expediente digital) 4) Constancia del SISBEN sobre el núcleo familiar, que obra a folio 61 y 133 del expediente digital . 5) Copia de pasajes aéreos para tratamiento de la menor, que aparecen entre los folios 140 al 141 del expediente digital. Cuya falta de apreciación no conduce a la configuración de ninguno de los yerros fácticos endilgados, pues se insiste, el motivo por el cual el juez plural no concedió lo pretendió por el reclamante fue porque la madre de la menor se ocupa de su cuidado, lo que es aceptado y resaltado por el propio recurrente.

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Radicación n.° 93600 En consecuencia, sin necesidad de mayores planteamientos el ataque no sale avante.

IX. CARGO PRIMERO La proposición jurídica la formula así: […] La providencia acusada infringe por la vía directa, la ley sustantiva nacional y constitucional que crearon los siguientes derechos de los padres cabeza de familia: A la igualdad, a ser vinculados mediante contrato de trabajo, primacía de la realidad, debilidad manifiesta al momento del despido.

La infracción se presenta dado que: a) La sentencia aplicó de manera indebida las normas escogidas para solucionar el caso, a saber: arts. 2 de la Ley 82 de 1993

(modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008), sentencia SU-388 de 2005 referente a la madre cabeza de familia. y, b) La sentencia dejó de aplicar las disposiciones que convenían al mismo, de las cuales destacan: arts. 13, 48 y 53 de la Constitución Nacional; art. 21 del CST, sentencia SU-389 de 2005 referente al padre cabeza de familia. Para desarrollar el embate trascribe un fragmento del proveído acusado relativo a los requisitos legales y constitucionales a los que hizo alusión el sentenciador a fin de que, el demandante acreditara la condición deprecada, para alegar que «extralimitó [el] ámbito de aplicación» del artículo 2º de la Ley 82 de 1993, modificado por el 1º de la 1232 de 2008, puesto que tales preceptos se refieren es a la «jefatura femenina del hogar», lo que estima se corrobora con el texto de la providencia CC SU388-2005 que sirvió de soporte de la decisión fustigada y que tiene «un punto muy importante respecto a la ampliación que realizó la Corte

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Radicación n.° 93600 Constitucional vía jurisprudencial a los padres cabeza de familia». Asevera que el juez plural pasó por alto que, en la citada providencia, como una de las causas para ser titular de la protección por él requerida era: (ii) Que no tenga alternativa económica, es decir, que se trate de una persona que tiene el cuidado y la manutención exclusiva de los niños y que en el evento de vivir con su esposa o compañera,

ésta se encuentre incapacitada física, mentalmente o moralmente, sea de la tercera edad, o su presencia resulte totalmente indispensable en la atención de hijos menores enfermos, discapacitados o que médicamente requieran la presencia de la madre (subrayado del texto original) Lo previo, porque como lo dejó establecido la decisión controvertida «se encuentra acreditado que es padre de la menor […] –f.° 134-, quien padece parálisis cerebral con un grado de discapacidad calificada por su EPS en 81. 5% –f.°136 y 137» (f.°4-9 recurso extraordinario, demanda de casación, expediente digital).

X. RÉPLICA Plantea que, por los argumentos ofrecidos en el embate se debió acudir a la interpretación errónea (f.°1-11 recurso extraordinario, oposición, expediente digital).

XI. CONSIDERACIONES El Tribunal fundamentó su decisión básicamente en que conforme al artículo 2º de la Ley 82 de 1993, modificado

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Radicación n.° 93600 por 1º de la Ley 1232 de 2008, en armonía con los lineamentos jurisprudenciales establecidos por la Corte Constitucional, particularmente los contenidos en la sentencia CC SU388-2005, para ostentar la calidad reclamada por el actor, este requería acreditar «el cuidado real de las personas a cargo y que es el responsable de todas las labores relacionadas con el hogar de tipo económico, moral y desarrollo social, que permitan la adecuada protección de los miembros del grupo familiar».

Bajo las anteriores directrices estimó que, no resultaba procedente conceder las pretensiones deprecadas en el escrito primigenio, toda vez que si bien el petente demostró que «que es padre de la menor […] –f.°134-, quien padece parálisis cerebral con un grado de discapacidad calificada por su EPS en 81.5 % –f.°136 y 137y cuenta con su apoyo económico» no acreditó que «su acompañante sentimental y madre de su hija, esto es, la señora ALIX ESTHER ÁLVAREZ ANTEQUERA hubiere cesado en el cumplimiento de sus obligaciones como progenitora sin justificación alguna, o, no asumiera sus responsabilidades, en razón de una situación de discapacidad física o sensorial», pues por el contrario acorde a la declaración de parte y lo afirmado por los testigos «CÉSAR EDUARDO ANDRADE SÁNCHEZ y ANA MARÍA JIMENO ANTEQUERA», se tenía que «[…] la señora ALIX ESTHER ÁLVAREZ ANTEQUERA, quien se encuentra a cargo del cuidado de la menor, [de forma tal], que cumple con las responsabilidades que le corresponden como madre», como se dejó precisado al resolver el cargo anterior.

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Radicación n.° 93600 El distanciamiento de la censura con la providencia fustigada radica esencialmente en que el juez colegiado incurrió en una serie de yerros jurídicos al no tener en cuenta que la mamá de la menor «se dedica al cuidado de la niña porque tiene que hacerle todo, que por su discapacidad requiere [de su presencia] las 24 horas», que lo condujo a

infringir directamente las normas enlistadas en la proposición jurídica y lo establecido por la Corte Constitucional, especialmente en cuanto a que una de las circunstancias que dan lugar a ser titular de la condición reclamada era que, el peticionario: ii) no tenga alternativa económica, es decir, que se trate de una persona que tiene el cuidado y la manutención exclusiva de los niños y que en el evento de vivir con su esposa o compañera, ésta se encuentre incapacitada física, mentalmente o moralmente, sea de la tercera edad, o su presencia resulte totalmente indispensable en la atención de hijos menores enfermos, discapacitados o que médicamente requieran la presencia de la madre (subrayado del texto original). En tal virtud le corresponde determinar a la Sala si el Tribunal incurrió en la transgresión de la ley denunciada al haber establecido que el accionante no era padre cabeza de familia debido a su compañera se encargaba del cuidado de la menor de forma tal que, cumplía con las responsabilidades que le corresponden como progenitora. Para dar respuesta a dicha problemática resulta pertinente traer a colación artículo 2º de la Ley 82 de 1993 modificado por el 1º de la 1232 de 2008, según el cual: Para los efectos de la presente ley, entiéndase por "Mujer Cabeza de Familia", quien siendo soltera o casada, tenga bajo su cargo,

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Radicación n.° 93600 económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física,

sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar. […]. Y en cuanto al alcance de tal precepto, así como en relación con los presupuestos que se deben acreditar para ostentar la condición deprecada por el convocante a juicio, la Sala desde la sentencia CSJ SL496-2014 ha señalado: […]Sin embargo, para la Corte el concepto de «madre [o padre] cabeza de familia» debe integrarse armónicamente con el de «mujer [u hombre] cabeza de familia», a la que el