CSJ - SL1183-2024

MARIRRAQUEL RODELO NAVARRO Magistrada ponente SL1183-2024 Radicación n.° 96884 Acta 16 Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticuatro (2024). La Corte decide el recurso de casación presentado por CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A.S. - COVIANDES S.A.S. y CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.A.S. contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá el 30 de marzo de 2022, dentro del proceso ordinario laboral seguido por DIEGO ARMANDO MEDINA CHARRY contra las empresas recurrentes y TRADECO INFRAESTRUCTURA SUCURSAL COLOMBIA. Proceso en el que se llamó en garantía a LIBERTY SEGUROS S.A. y a

la demandada TRADECO INFRAESTRUCTURA SUCURSAL

COLOMBIA.

Se reconoce personería adjetiva al abogado Arturo Sanabria Gómez con TP No. 64.454 del CSJ, para actuar como apoderado de Liberty Seguros S.A, en los términos y

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Radicación n.° 96884 para los efectos del poder que obra en el cuaderno digital de la Corte.

I. ANTECEDENTES Diego Armando Medina Charry promovió demanda ordinaria laboral para que se condene a Tradeco Infraestructura Sucursal Colombia y solidariamente a las demás codemandadas, a cancelarle los valores adeudados por concepto de cesantías e intereses a las cesantías causados entre el 1 de enero de 2015 y el 9 de febrero de

2016; vacaciones por el tiempo laborado entre el 28 de octubre de 2013 y el 9 de febrero de 2016; prima de servicios por el periodo de trabajo en 2016; indemnización por despido sin justa causa; salarios entre el 15 de diciembre de 2015 y el 9 de febrero de 2016; indemnización moratoria por falta de pago de las prestaciones sociales debidas al término de la vinculación laboral y las costas del proceso. Para sustentar estas pretensiones, manifestó, por un lado, que en agosto de 1994 se celebró el contrato de concesión 444 entre Invias y Coviandes SAS, para ejecutar los estudios, diseños definitivos, obras de rehabilitación, de construcción, operación y mantenimiento del sector Bogotá– Cáqueza km55+000 y el mantenimiento y operación del sector km500+000 –Villavicencio y , por otro, que el 21 de octubre de 2010, se subcontrató dicha concesión entre Coviandes SAS y la Constructora de Infraestructura Vial SAS -Coninvial SAS.

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Radicación n.° 96884 Dijo que el 7 de noviembre de 2013, entre la Constructora de Infraestructura Vial SAS -Coninvial, como subcontratista de la concesión, y la constructora Tradeco Infraestructura Sucursal Colombia, como constructor, se suscribió el convenio de construcción n.° 123 OT 032-001 relativo a los estudios y diseños fase III construcción de una calzada nueva en el sector 4A Chirajara (km60+575 al km61+300), de la carretera Bogotá – Villavicencio.

Afirmó que se vinculó laboralmente con Tradeco Infraestructura Sucursal Colombia, para el cumplimiento de este último convenio de construcción, y ejerció el cargo de coordinador general HSEQ y social entre el 28 de octubre de 2013 y el 9 de febrero de 2016, fecha en que fue despedido sin justa causa. Refirió que el lugar donde prestó sus servicios fue el municipio de Guayabetal – Cundinamarca, y que para los años 2015 y 2016 percibió un salario de $6.241.000. Señaló que estaba obligado a cumplir un horario de trabajo que excedía la jornada máxima legal, que no le fueron reconocidas ni pagadas las prestaciones y acreencias laborales reclamadas; motivo por el que solicitó la cancelación de estos rubros, empero, Tradeco Infraestructura Sucursal Colombia no accedió a ello. Agregó que aun cuando informó de esta falta de pago a Coninvial SAS y a Coviandes SAS, no obtuvo respuesta y, explicó que, las actividades realizadas por su empleadora

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Radicación n.° 96884 eran necesarias para que estas dos últimas empresas pudiesen desarrollar su objeto social. Tradeco Infraestructura Sucursal Colombia contestó la demanda, con oposición a lo pretendido. Aceptó los hechos relativos a la relación contractual entre las demandadas, el vínculo laboral con el actor, su vigencia, el objeto del contrato de trabajo, el cargo desempeñado, el sitio de trabajo, el salario devengado, así como la falta de pago de las vacaciones y la indemnización por despido injusto reclamadas; de los demás aseguró que no eran ciertos o no

le constaban. En su defensa explicó que la falta de pago de algunas de las acreencias laborales reclamadas obedeció a la situación de iliquidez económica y financiera de la empresa, derivada de la controversia contractual que se suscitó con Coninvial, quien decidió dar por terminado el contrato comercial a partir del 14 de enero de 2016, de manera anticipada y unilateral. Por tanto, aseguró que no podía considerarse que obró de mala fe, ya que su comportamiento no pretendía un provecho o la violación de los derechos laborales del actor. No formuló excepciones. La Concesionaria Vial de los Andes Coviandes SAS y la Constructora de Infraestructura Vial Coninvial SAS contestaron la demanda en escrito separado, a través del mismo apoderado judicial y en iguales términos. Ambas demandadas se opusieron a las pretensiones y afirmaron que los hechos no eran ciertos o no les constaban.

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Radicación n.° 96884 Como argumento de defensa expusieron que la responsabilidad solidaria reclamada no era procedente, toda vez que esta únicamente se predicaba entre el contratista independiente y el beneficiario del trabajo, cuando se ejercían actividades normales al giro ordinario de la empresa o negocio; lo que no se daba en este asunto, como quiera que las labores a cargo de Coviandes SAS y de Coninvial SAS diferían de las tareas eminentemente técnicas y especializadas para las cuales fue contratado el demandante, y en todo caso, estas empresas no eran las beneficiarias de la obra. Propusieron las excepciones de buena fe, inexistencia

de las obligaciones, falta de título y causa en el demandante, cobro de lo no debido, pago, prescripción, compensación y enriquecimiento sin causa. La Concesionaria Vial de los Andes -Coviandes SAS, llamó en garantía a Liberty Seguros S. A. para que asumiera el pago de las condenas que eventualmente pudieran serle impuestas. Lo anterior, en atención a la póliza 2281692 suscrita con la sociedad Tradeco Infraestructura Sucursal Colombia cuyo amparo era el pago de salarios y prestaciones sociales, y estuvo vigente del 8 de noviembre de 2013 al 8 de enero de 2020. De igual manera, la Constructora de Infraestructura Vial SAS -Coninvial SAS llamó en garantía a la también demandada Tradeco Infraestructura Sucursal Colombia,

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Radicación n.° 96884 para que pagara las condenas que le fueran impuestas, en virtud de la cláusula de indemnidad pactada en el contrato de construcción 123 – OT 032-001. Estos dos llamamientos fueron admitidos por la juez de primer grado, mediante auto del 18 de enero de 2018 (folio 569). Sin embargo, Tradeco Infraestructura Sucursal Colombia no se pronunció frente a ello, razón por la cual el a quo lo tuvo por no contestado en el auto del 11 de diciembre de 2019 (folio 622). Liberty Seguros S. A. contestó la demanda y se opuso al llamamiento en garantía. Explicó que aun cuando la póliza 2281692 fue tomada por Tradeco Infraestructura Sucursal Colombia y el asegurado o beneficiario era la

Constructora de Infraestructura Vial SAS, pero no era procedente el amparo por concepto de salarios, prestaciones y/o indemnizaciones derivadas del contrato de trabajo, toda vez que Coninvial SAS no ostentó la calidad de empleador del actor ni era responsable solidaria. Aclaró que el riesgo cubierto era el estipulado por las partes, sin que fuera dable extenderlo a amparos no previstos. En relación con la demanda inicial y el llamamiento en garantía, Liberty Seguros S. A. se opuso a lo pretendido y adujo que no le constaban los hechos, por tratarse de solicitudes y supuestos fácticos que no se dirigen contra ella y le son ajenos.

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Radicación n.° 96884 Formuló, en su defensa las excepciones que denominó inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido (restricción de la póliza), límite del valor asegurado, vigencia de la póliza, prescripción laboral y compensación. II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia dictada el 30 de abril de 2021 resolvió: PRIMERO. DECLARAR que existió un contrato de trabajo entre el demandante DIEGO ARMANDO MEDINA CHARRY en calidad de trabajador y la demandada TRADECO INFRAESTRUCUTRA SUCURSAL COLOMBIA, en calidad de empleadora, entre el 28 de octubre de 2013 y el 9 de febrero de 2016 devengando como salario final la suma de $6.241.000. SEGUNDO. CONDENAR a la demandada TRADECO

INFRAESTRUCUTRA SUCURSAL COLOMBIA al pago de salarios entre el 15 de noviembre de 2015 y el 9 de febrero de 2016 por la suma de $11.233.800 a favor del demandante DIEGO ARMANDO MEDINA CHARRY, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO. CONDENAR a la demandada TRADECO INFRAESTRUCUTRA SUCURSAL COLOMBIA al pago de vacaciones por la suma de $3.952.633,33 a favor del demandante DIEGO ARMANDO MEDINA CHARRY por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. CUARTO. CONDENAR a la demandada TRADECO INFRAESTRUCTURA SUCURSAL COLOMBIA al pago de prima de servicios del año 2016 por la suma de $676.180 a favor del demandante DIEGO ARMANDO MEDINA CHARRY por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. QUINTO. CONDENAR a la demandada TRADECO INFRAESTRUCTURA SUCURSAL COLOMBIA al pago de cesantías del año 2016 por la suma de $676.180 a favor del demandante DIEGO ARMANDO MEDINA CHARRY por 1as razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEXTO. CONDENAR a la demandada TRADECO INFRAESTRUCTURA SUCURSAL COLOMBIA, al pago de intereses a las cesantías del año 2016 por la suma de $185.254

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Radicación n.° 96884 a favor del demandante DIEGO ARMANDO MEDINA CHARRY por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SÉPTIMO. CONDENAR a la demandada TRADECO

INFRAESTRUCTURA SUCURSAL COLOMBIA al pago de la indemnización por despido sin justa causa de que trata el artículo 64 del CST, por la suma de $11.961.916 a favor del demandante DIEGO ARMANDO MEDINA CHARRY, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. OCTAVO. CONDENAR a la demandada TRADECO INFRAESTRUCTURA SUCURSAL COLOMBIA, al pago de la indemnización de que trata el artículo 65 del CST, por la suma de $149.784.000 a favor del demandante DIEGO ARMANDO MEDINA CHARRY, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. NOVENO. CONDENAR a la demandada TRADECO INFRAESTRUCUTRA SUCURSAL COLOMBIA a pagar las costas del proceso, incluyendo como agencias en derecho la suma de $10.000.000. DÉCIMO. DECLARAR solidariamente responsable a COVIANDES SAS Y CONINVIAL SAS del pago de las condenas impuestas a TRADECO INFRAESTRUCTURA SUCURSAL COLOMBIA, en favor del demande DIEGO ARMANDO MEDINA

CHARRY.

DÉCIMO PRIMERO. CONDENAR a COVIANDES SAS Y CONINVIAL SAS a responder solidariamente del pago de las condenas impuestas a TRADECO INFRAESTRUCTURA SUCURSAL COLOMBIA, en favor de DIEGO ARMANDO

MEDINA CHARRY.

DÉCIMO SEGUNDO. CONDENAR a LIBERTY SEGUROS al responder por el pago de las condenas impuestas, derivada de la póliza n.° 22811692 a excepción del valor correspondiente a vacaciones.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá conoció el recurso de apelación presentado por las tres demandadas y por la aseguradora; motivo por el que mediante decisión proferida el 30 de marzo de 2022 resolvió:

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Radicación n.° 96884

PRIMERO: MODIFICAR el numeral 12 de la sentencia proferida el 30 de abril de 2021 por el Juzgado 29 Laboral del Circuito de Bogotá, para en su lugar CONDENAR a LIBERTY SEGUROS S.

A. a que haga efectiva la póliza de cumplimiento para particulares número 2281692 únicamente sobre la cobertura exclusiva de los riesgos amparados y hasta el máximo del valor asegurado, conforme a lo considerado.

SEGUNDO: MANTENER incólume en lo demás la sentencia apelada.

TERCERO: CONDENAR en costas en esta instancia a favor del actor y a cargo de Tradeco Infraestructura Sucursal Colombia,

Coninvial SAS, Coviandes SAS y Liberty Seguros S. A. Precisó que las partes no cuestionaron las conclusiones relativas a: i) la existencia del contrato de trabajo vigente entre el 28 de octubre de 2013 y el 9 de febrero de 2016, ii) la labor ejercida por el actor, iii) su salario de $6.241.000, iv) la falta de pago de prestaciones sociales, salarios, vacaciones e indemnización por despido injusto al término de la relación laboral. Señaló que, de acuerdo con lo expuesto en las apelaciones, los problemas jurídicos radicaban en determinar si la a quo se equivocó al: i) condenar al pago de

la indemnización moratoria contemplada en el artículo 65 del CST; ii) concluir que Coviandes SAS y Coninvial SAS eran solidariamente responsables de las condenas en los términos del artículo 64 del CST y; iii) considerar que la póliza de seguros amparaba el pago de las indemnizaciones. Respecto a la indemnización moratoria, recordó que la jurisprudencia nacional ha establecido que no se trataba de una respuesta judicial automática frente al hecho objetivo

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Radicación n.° 96884 de falta de pago, sino que era necesario establecer si la conducta del empleador fue ceñida al principio de buena fe, en los términos de las sentencias CSJ SL, 5 mar. 2009, rad. 32529 y CC T459-2017. Estimó que era acertada la decisión de la a quo al condenar por este concepto, por cuanto no se advertía ninguna justificación plausible para considerar que la empleadora actuó de buena fe al no cancelar las prestaciones sociales al término de la relación de trabajo, máxime cuando no probó que su obrar fue ceñido a dicho principio. Aclaró que, contrario a lo señalado por la apelante Tradeco, no fue demostrado que a la finalización del contrato la empresa presentara una deficiencia económica que la pusiera en incapacidad de pagar las prestaciones sociales. Explicó que la certificación expedida por la contadora general de la sociedad, invocada en la alzada, no podía tenerse en cuenta dado que nadie podía elaborar su propia prueba para beneficiarse de ella. En todo caso, señaló que aún de admitirse que al

momento del finiquito laboral la empleadora se encontraba en situación económica difícil, lo cierto era que tal circunstancia no la eximía de sufragar la indemnización moratoria, como se precisó en la decisión CSJ SL168842016.

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Radicación n.° 96884 Concluyó, en suma, que la condena por indemnización moratoria era procedente ya que no existía elemento de prueba alguno que indicara que la conducta de la empresa contratante fue de buena fe, por cuanto las razones expuestas por esta se quedaron en simples afirmaciones. En relación con la responsabilidad solidaria, recordó la teleología de esta institución prevista en el artículo 34 del CST y precisó los supuestos de hecho que esta norma exigía para que fuera procedente, los que eran: i) la existencia de un contrato no laboral entre el contratista y el beneficiario de la obra; ii) que la obra contratada guardara relación con las actividades normales de la empresa o negocio del beneficiario; iii) un contrato de trabajo entre el contratista y el demandante, y iv) que el contratista o subcontratista no cancelen las obligaciones laborales a sus trabajadores. Resaltó que en este caso no se discutió la existencia de la relación laboral entre el actor y Tradeco Infraestructura Sucursal Colombia. Además, se demostró que entre esta sociedad y Conivial SAS se celebró el contrato de construcción 123-OT-032-001 del 7 de noviembre de 2013, con el objeto de realizar estudios y diseños definitivos fase III, construcción de una calzada nueva en el sector 4 A Chirajara (k60+575 – k61+300.5) de la carretera Bogotá –

Villavicencio. También se estableció que el 5 de noviembre de 2010, Conivial SAS y Coviandes SAS pactaron el contrato general de obras n.° 444-123-10 para la construcción de una nueva

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Radicación n.° 96884 calzada en el tercio medio de la carretera Bogotá – Villavicencio sector El Tablón – Chirajara, la construcción de obras en el corredor actual, y el mejoramiento de la carretera antigua. Así las cosas, consideró necesario determinar la relación de causalidad entre estos dos vínculos contractuales, pues para que operara la solidaridad se requería que el contratista y el beneficiario de la obra tuvieran similar o igual giro ordinario de negocios. Aunque esto no quería decir que el contratista independiente realizara labores idénticas a las del beneficiario, ni tampoco, que cualquier actividad daba lugar a la aplicación del artículo 34 del CST, pues lo relevante era que las actividades desarrolladas coincidieran con el fin o propósito que perseguía el empresario, tal como se explicó en la decisión CSJ SL14540-2014. Resaltó que existía un punto de convergencia en el objeto social de las tres demandadas, relacionado con la actividad de construcción de obras públicas o privadas que ejercía tanto Coninvial SAS como Coviandes SAS., por lo que podía considerarse que tenían un mismo fin. Por tanto, el Tribunal consideró que las actividades del subcontratista no le eran ajenas a los beneficiarios del contrato de prestación de servicios, por lo que emergía sin dubitación alguna el elemento de la solidaridad establecido en el

artículo 34 del CST.

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Radicación n.° 96884 Refirió que el a quo no se equivocó al declarar la responsabilidad solidaria de estas dos sociedades demandadas, dado que las actividades realizadas y contratadas por Coviandes SAS con Coninvial SAS, y esta última con Tradeco Infraestructura Sucursal Colombia, eran conexas y esenciales para el desarrollo de sus objetos sociales y de los contratos de obra pactados entre ellas. Además, las funciones que realizó el demandante también eran afines a la actividad de construcción. Finalmente aclaró que también se estableció que el vínculo laboral estuvo vigente durante la ejecución de los contratos 444-123-10 y 123-OT-032-001, sin que se hubiese allegado prueba de la terminación de estos dos nexos antes de la finalización de las labores ejercidas por el actor. En relación con el llamamiento en garantía de Liberty Seguros S. A., luego de recordar el contenido del artículo 64 del CGP que regula esta forma de intervención procesal, y de aclarar su procedencia dentro del proceso ordinario laboral con base en múltiples precedentes de esta corporación, adujo que la póliza de cumplimiento para particulares n.° 2281692 solo amparaba los riesgos generados respecto de las obligaciones surgidas en desarrollo de la ejecución de la obra, únicamente sobre el cumplimiento del contrato, la estabilidad de la obra, los salarios y prestaciones (folios 365 a 368).

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Radicación n.° 96884 Por tanto, advirtió que la a quo incurrió en error al

concluir que la aseguradora también debía amparar el riesgo derivado de las condenas por concepto de las indemnizaciones por despido injusto y moratoria y, en consecuencia, modificó el numeral décimo segundo de la sentencia de primer grado para que la aseguradora hiciera efectiva la póliza de cumplimiento n.° 2281692, únicamente sobre la cobertura exclusiva de los riesgos amparados y hasta el máximo del valor asegurado. En lo atinente al llamamiento en garantía de Tradeco Infraestructura Sucursal Colombia, el ad quem, transcribió el contenido de la cláusula 36 del contrato de construcción 123-OT032-001, en virtud de la cual la empleadora del actor se comprometió a mantener indemnes y libres de daños a Coninvial SAS y Coviandes SAS, por causa de las acciones u omisiones en que incurriera el constructor. Señaló que, pese a tal acuerdo de indemnidad, esa circunstancia no justificaba la exoneración de la responsabilidad solidaridad, dado que tal convenio resultaba contrario a las garantías mínimas laborales que el legislador previó en este tipo de asuntos. En efecto, resaltó que el propósito del artículo 34 del CST era precaver que el contrato de obra o de servicios no sea utilizado por las empresas para evadir las obligaciones sociales, tal como lo explicó la sentencia CSJ SL181-2022.

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Radicación n.° 96884 Por tanto, consideró que la solicitud de la apelante relacionada con dar eficacia a la cláusula 36 contractual no era aceptable, puesto que desconocía abiertamente la

intención del legislador en estos temas y constituía una limitante para que el trabajador recaudara el valor de los salarios, prestaciones e indemnizaciones a que tenía derecho. Luego, concluyó que tal cláusula resultaba ineficaz en los términos del artículo 13 del CST.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue presentado por Concesionaria Vial de los Andes -Coviandes SAS y Constructora de Infraestructura Vial SAS, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Las recurrentes formularon el recurso de casación de manera conjunta, a través del mismo apoderado. Pretenden que esta Sala case parcialmente la decisión de segundo grado, en cuanto: i) ordenó el pago de la indemnización moratoria; ii) modificó la condena impuesta a la llamada en garantía Liberty Seguros S. A., y iii) negó la condena al llamado en garantía Tradeco Infraestructura Sucursal

Colombia. En sede de instancia, solicita que se revoque la condena por indemnización moratoria y la absolución a Tradeco Infraestructura Sucursal Colombia en calidad de

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Radicación n.° 96884 llamada en garantía, y confirme la condena contra Liberty Seguros S. A. Con tal propósito, formulan tres cargos por la causal primera de casación, los cuales son replicados por el demandante y por Liberty Seguros S. A. y se resolverán a continuación en el orden en que fueron propuestos.

VI. CARGO PRIMERO Acusan la decisión de segundo grado por ser violatoria de la ley sustancial por la senda indirecta en la modalidad

de aplicación indebida de los artículos 34 y 65 del CST, 51 del CPTSS, 165 y 252 del CGP (violación medio). Refieren que el colegiado incurrió en los siguientes errores fácticos:

1. No dar por demostrado estándolo, que la demandada Tradeco Infraestructura Sucursal Colombia experimentó serias dificultades financieras a partir de enero de 2016.

2. No dar por demostrado, estándolo, que finalizado el contrato de trabajo Tradeco Infraestructura Sucursal Colombia fue cancelando al demandante las acreencias laborales adeudadas en la medida que sus dificultades financieras se lo permitieron.

3. No dar por probado estándolo, que la demandada Tradeco Infraestructura Sucursal Colombia en forma alguna buscó o intentó desconocer, ocultar o distraer la existencia de valores pendientes de pago a favor del demandante por concepto de acreencias laborales.

4. No dar por probado estándolo, que la demandada Tradeco Infraestructura Sucursal Colombia actuó con real y manifiesta buena fe respecto del demandante y el reconocimiento de las acreencias laborales adeudadas.

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Radicación n.° 96884 Dicen que estos yerros obedecieron a la falta de valoración de las siguientes pruebas:

1. Liquidación final de acreencias laborales (folio 9 y 142).

2. Certificados de existencia y representación legal de Tradeco Infraestructura Sucursal Colombia emitidos el 4 de abril, 24 de noviembre y 16 de diciembre de 2016 (folios 11 a 18, 75 a 83, 408 a 431).

3. Abono de nóminas pendientes del demandante por valor de

$3.438.910 pagado el 24 de mayo de 2016 por parte de Tradeco Infraestructura Sucursal Colombia. (folios 147 y 148).

4. Pago de cesantías de 2015 con fecha 25 de mayo de 2016 por $6.241.000 efectuado por Tradeco Infraestructura Sucursal Colombia. (folios 149 y 150).

5. Póliza de cumplimiento para particulares tomada por Tradeco Infraestructura Sucursal Colombia con Liberty Seguros (folios 511 a 520).

6. Confesión de Tradeco Infraestructura Sucursal Colombia contenida en su contestación de demanda (folios 155 a 158).

7. Confesión del demandante y del representante legal de Tradeco Infraestructura Sucursal Colombia en su interrogatorio de parte.

8. Declaración del testigo Luis Hernando Ávila.

Así como la indebida apreciación de la certificación emitida por Olga Liliana Ariza Naranjo como contador general de Tradeco Infraestructura Sucursal Colombia, el 13 de diciembre de 2016 (folio. 143). Señalan que las pruebas denunciadas permiten establecer que la empleadora demandada actuó con real y manifiesta buena fe frente a las obligaciones contraídas con el demandante, por las siguientes razones:

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Radicación n.° 96884 a) Desde diciembre de 2015, presentó dificultades financieras que obstaculizaron el pago completo y oportuno de sus obligaciones laborales. Indican que este hecho se acredita con lo informado en los diferentes certificados de existencia y representación legal de la empresa empleadora. En efecto, aduce que a folios 11 a 18 se evidencia que para diciembre de 2015 los

Juzgados Dieciséis y Treinta y Cuatro Civiles del Circuito de Bogotá decretaron medidas de embargo del establecimiento comercial de Tradeco Infraestructura Sucursal Colombia. Correspondiendo una de estas a cerca de $3.000.000.000. Refieren que el certificado de folios 75 y ss, emitido el 24 de noviembre de 2016, muestra el deterioro de la situación financiera de la sociedad, dado que registra al menos 13 medidas de embargo ordenadas entre diciembre de 2015 y octubre de 2016, por varios miles de millones de pesos en contra de la empleadora del actor; circunstancia que se corrobora con el certificado aportado a folios 408 a 431 expedido el 16 de diciembre de 2016. Por tal razón, sí se acreditó su difícil situación económica para cuando finalizó el contrato de trabajo del demandante, hecho que también fue informado por el testigo Luis Hernando Ávila. También mencionan que la certificación emitida el 13 de diciembre de 2016 por la contadora general de Tradeco Infraestructura Sucursal Colombia, da cuenta de los problemas de liquidez de esta empresa presentados desde septiembre de 2015 a raíz de la terminación unilateral del

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Radicación n.° 96884 contrato 123 OT-032-001 por parte de Coninvial SAS. Sin que pueda considerarse una prueba proveniente de la misma parte demandada sino una declaración de un tercero, como quiera que la contadora no es representante legal de la sociedad ni obra en nombre del empleador. En esa medida, se trata de un medio probatorio válido en los términos de los artículos 165 y 262 del CGP.

b) Siempre reconoció y aceptó la existencia de obligaciones laborales pendientes de pago en relación con el demandante, y no pretendió ocultarlo o desconocerlo. Indican que con el escrito inicial se allegó una liquidación final de acreencias laborales a favor del promotor de la litis por $20.125.596, y al dar respuesta a la demanda, la empleadora aportó otra liquidación por valor superior, $23.127.652 (folios 9 y 142). Lo que evidencia que el empleador no tenía ánimo de desconocer las acreencias laborales adeudadas, cosa distinta es que su situación económica le impidiera cancelarlas de manera oportuna. Es más, al dar respuesta a los hechos 1, 16, 17, 18, 20 y 21 de la demanda, así como al absolver el interrogatorio de parte, Tradeco Infraestructura Sucursal Colombia confesó que existían acreencias pendientes de pagar; lo que se reiteró en el interrogatorio de parte del representante legal y coincide con lo dicho por el actor en su declaración.

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Radicación n.° 96884 c) Pese a las dificultades económicas, la empleadora realizó pagos parciales de acreencias laborales en la medida de sus capacidades. Señalan que este hecho se deriva de lo confesado en los interrogatorios «previamente citados», puesto que el actor reconoció que las cesantías e intereses causados por el tiempo laborado en el año 2015 le fueron pagadas en mayo de 2016, y que el salario de la quincena de diciembre de 2015 también le fue cancelado luego de presentar la demanda.

Ponen de presente que estos pagos parciales se infieren de los folios 147 y 148 en los que obra constancia de un abono de nómina pendiente por $3.438.910, efectuado el 24 de mayo de 2016 por parte de Tradeco Infraestructura Sucursal Colombia, cerca de tres meses después de la terminación del contrato de trabajo. Y el 25 de mayo de 2016, la empresa realizó el pago de las cesantías de 2015 en suma de $6.241.000 (folios 149 y 150). Por tanto, resaltan que a pesar de los diferentes embargos que se ordenaron en el primer semestre de 2016 contra la empresa empleadora, lo cierto es que esta continuó cancelando las obligaciones laborales reconocidas al actor, en la medida que el flujo financiero así lo permitía. Situación que prueba una conducta ajustada a la buena fe.

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Radicación n.° 96884 d) Tomó medidas preventivas suficientes para garantizar que a pesar de las dificultades económicas se cubrieran las obligaciones laborales insolutas. Manifiestan que la empresa empleadora tomó una póliza de seguros con Liberty Seguros S. A. para cubrir los salarios, prestaciones e indemnizaciones a favor del demandante en virtud de lo dispuesto en el artículo 34 del CST, tal como se precisa en la cláusula 1.5 de dicho contrato de seguro (folios 512 a 521). Siendo ello así, consideran equivocado que el Tribunal hubiese ordenado a la aseguradora asumir el pago de las acreencias laborales adeudadas al accionante con base en la póliza adquirida por la empleadora, pero al mismo tiempo

concluyera que no existía prueba de la buena fe con que actuó dicha sociedad y que no tomó medidas para cumplir sus obligaciones. Precisamente, el pago a través de la aseguradora evidencia las medidas adoptadas por Tradeco, que echó de menos el juzgador.

VII. RÉPLICA La parte actora formula oposición a este cargo. Frente a las pruebas denunciadas, asegura que la censura pretende atribuirles una vocación probatoria y