CSJ - SL1199-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL1199-2023 Radicación n.° 95874 Acta 018 Bogotá, D. C., treinta (30) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por GONZALO ALONSO RAMÍREZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 28 de febrero de 2022, en el proceso que promovió en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA

DE PENSIONES (COLPENSIONES).

I. ANTECEDENTES Gonzalo Alonso Ramírez demandó a la Administradora Colombiana de Pensiones – en adelante Colpensiones-, con el fin de que se ordenara el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación vitalicia, en los términos de la Ley 71 de 1988, a partir de sus 55 años de edad con una tasa de reemplazo equivalente al 75% del IBL; asimismo, fuera

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Radicación n.° 95874 condenada la entidad a reconocer y pagar a su favor las mesadas pensionales debidas desde su exigibilidad; las adicionales; los reajustes de ley; los intereses moratorios; la indexación; y los aportes en salud. Como «pretensiones subsidiarias de primer nivel», solicitó que se declarara el reconocimiento y pago de la pensión de vejez de que trata la Ley 100 de 1993 a partir de la fecha y en la cuantía correspondiente; de las mesadas pensionales debidas desde que el derecho se hizo exigible; las

adicionales; los reajustes; los intereses moratorios; la indexación y por los descuentos en salud. A su vez, deprecó como «de segundo nivel», la solicitud frente a la prestación de vejez plasmada anteriormente, pero de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990 y con una tasa de reemplazo equivalente al 90% del IBL. Para fundamentar sus peticiones, señaló que nació en el Municipio de Soacha el 1° de abril de 1954; alcanzó los 65 años de edad y, por tanto, al ser un adulto mayor, que se encuentra cobijado por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y que, prestó sus servicios para la Ladrillera Santa Fe desde el 11 de diciembre de 1972 hasta 1° de abril de 1974, periodo en el que fue inscrito al ISS, hoy Colpensiones. Agregó que, las relaciones laborales se desarrollaron de la siguiente manera: […] con el Empleador LADRILLERA SANTA FE por el período

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Radicación n.° 95874 comprendido entre el 11 de DICIEMBRE de 1972 y el 01 de ABRIL de 1974, tiempo durante el cual fue inscrito y/o afiliado al entonces ISS hoy COLPENSIONES; 6) Que ulteriormente se vincula para con el Empleador TEXMERALDA S.A. por el período comprendido entre el 27 de FEBRERO de 1974 y el 24 de NOVIEMBRE de 1978, apareciendo solo inscrito y/o afiliado al ISS hoy COLPENSIONES, por el

tiempo comprendido entre el 27 de FEBRERO de 1974 y el 23 de ENERO de 1977; 7) Que luego trabaja para con el Empleador NASSER LEZACA CIA. LTDA. por el tiempo del 01 de DICIEMBRE de 1978 y hasta el 31 de DICIEMBRE de 1981, habiendo sido solamente inscrito y/o afiliado al ISS hoy COLPENSIONES, entre el 01 de DICIEMBRE de 1978 y el 23 de ENERO de 1979; 8) Que posteriormente es contratado laboralmente con el Empleador LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN MATEO “COOPTRANSMATEO”, desde el 01 de ENERO de 2000 y 31 de DICIEMBRE de 2004, cuando solo fue inscrito por este, desde el 01 de ENERO de 2001; 9) Que subsiguientemente, se labora para con el Empleador ALCALDÍA DE SOACHA, desde el 11 de OCTUBRE de 2005 y de manera ininterrumpida y hasta el 03 de SEPTIEMBRE de 2020, fecha en la cual se le desvincula sin causa justa y sin haber obtenido el reconocimiento y pago de su PENSIÓN, amén de que este Empleador no procedió como era de Ley hacerlo. Manifestó que Colpensiones tenía pleno conocimiento de las irregularidades prestacionales, pues mediante derecho de petición le informó sobre las mismas; que respecto de aquellas se hizo caso omiso y no desplegó acción alguna para que tuvieran alguna solución. Indicó que el 23 de septiembre de 2020 solicitó ante la administradora, la prestación aquí reclamada, empero,

aquella no fue objeto de respuesta ni le fue concedido el derecho a su favor. Colpensiones se opuso a las pretensiones invocadas y al pronunciarse frente a los hechos, reconoció como cierto que el actor nació el 1° de abril de 1954 en el Municipio de

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Radicación n.° 95874 Soacha; su edad y la calidad de adulto mayor, así como la solicitud para el reconocimiento y pago de la pensión de vejez el 23 de septiembre de 2020. Frente a los demás, manifestó que no eran ciertos o no le constaban. En su defensa propuso como excepciones las que denominó: inexistencia del derecho al reconocimiento pensional; prescripción; buena fe; imposibilidad jurídica para cumplir con las obligaciones pretendidas e improcedencia de intereses moratorios.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta y Dos Laboral del Circuito de Bogotá mediante sentencia del 21 de octubre de 2021, resolvió: PRIMERO. DECLARAR PROBADA la excepción de Inexistencia del derecho al reconocimiento pensional, conforme las consideraciones expuestas.

SEGUNDO. ABSOLVER a la demandada ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por el demandante GONZALO ALONSO RAMÍREZ.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al resolver el grado jurisdiccional de consulta en favor del demandante, mediante sentencia del 28 de febrero de 2022, confirmó la de primera instancia.

Precisó los límites temporales relacionados con el régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley

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Radicación n.° 95874 100 de 1993, la modificación del 48 de la Constitución Política en virtud del «parágrafo transitorio 4 del Acto Legislativo 01 de 2005» y contrastó los documentos allegados por el actor con lo expuesto en las referidas normas. Así las cosas, como de la cédula de ciudadanía presentada se colegía que el accionante nació el 1° de abril de 1954, determinó que contaba con 40 años de edad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, haciéndose, en principio, beneficiario del régimen de transición y por tanto, analizó los requisitos necesarios para otorgar la prestación en los términos de la Ley 71 de 1988, del Acuerdo 049 de 1990 y posteriormente, de la Ley 100 de 1993. En primer lugar, sostuvo que del reporte de semanas cotizadas al ISS, hoy Colpensiones, no se vislumbraron aportes por la prestación de servicios en el sector público ni prueba documental alguna que acreditara cotizaciones a otra AFP, razón por la cual, al tenor del artículo 7 de la Ley 71 de 1988, concluyó que esta no le correspondía. En segundo lugar, acudió al Acuerdo 049 de 1990 aprobado mediante el Decreto 758 de 1990, y como este consagró que, para el reconocimiento pensional era necesario tener 60 años de edad en los hombres y 500 semanas cotizadas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento

de aquella o 1000 en cualquier tiempo; ante los 60 que cumplió al 1° de abril de 2014, debía acreditar 750 septenarios al 29 de julio de 2005, para lograr extender el beneficio del régimen de transición.

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Radicación n.° 95874 Dado lo anterior, revisó el número de semanas cotizadas por el afiliado, incluso las que el reclamante señaló como no contabilizadas por la administradora, y con base en ello, advirtió: En este orden de ideas, en relación con TEXMERALDA señala el accionante haber trabajado allí hasta el 24 de noviembre de 1978, aduciendo en su libelo, COLPENSIONES solo tiene en cuenta el periodo del 27 de febrero de 1974 al 23 de enero de 1977; advirtiendo la Sala, aun cuando aparecen unas cotizaciones en la historia laboral por dicho periodo -del 27 de febrero de 1974 al 23 de enero de 1977- (historia laboral, archivo 6 expediente digital págs. 25 a 33), con el empleador "SIN NOMBRE", podría entenderse que por lo menos el señor GONZALO ALONSO RAMIREZ para el 27 de febrero de 1974 pudo haber trabajado con el empleador TEXMERALDA, pues coincide la fecha inicial de cotización -27/02/1974con la señalada en el carné obrante en la página 42 del expediente digital, como fecha de ingreso a tal empresa -27/02/1974-; no obstante lo anterior, lo cierto es que no se acreditó en autos que con posterioridad al 23 de enero de 1977 (fecha última cotización reportada a

Colpensiones) y hasta el 24 de noviembre de 1978, periodo que se alega en la demanda como no cotizado, el actor tuviera un vínculo contractual con tal sociedad y en esa medida no se pueden agregar dichas semanas a su historia laboral. En relación con NASSER LEZACA CIA LTDA. el accionante solicita se incluyan las semanas correspondientes del 24 de enero de 1979 al 31 de diciembre de 1981, las cuales desde ya se negaran en tanto no se probó dentro del litigio la continuidad de las labores del demandante con tal empleadora hasta el 31 de diciembre de 1981 pues tan solo obran cotizaciones hasta el 23 de enero de 1979, sin que tampoco se reporte en la historia laboral algún tipo de mora que pudiera ser achacable a Colpensiones, de modo que no se suma tal lapso en las cotizaciones del actor. Frente a los aportes de COOTRASANMATEO se tiene que si bien en la certificación obrante en la página 41 del Archivo expediente digital, se indica que la vinculación del actor con la empresa dató desde ENERO del año 2000, lo cierto es que la afiliación al sistema de seguridad social en pensiones solo ocurrió en el enero del año 2001 y en esa medida ante la inexistencia de una afiliación para el año 2000 COLPENSIONES no podía ejercer acciones de cobro por los lapsos que en el reporte de semanas no figuran, por ende es claro que la falencia en la contabilización de

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Radicación n.° 95874 estas semanas en la historia laboral del promotor del litigio, en

manera alguna puede entenderse como una omisión de Colpensiones, situación que no se puede enmendar con la sola certificación que da cuenta de la existencia de un vínculo en los periodos reseñados en la demanda. Ello por cuanto los periodos en que no hubo afiliación NO pueden ser asimilados a aquellos en que, si hay afiliación, pero existe mora o pago tardío de los aportes, pues se tratan de situaciones jurídicas diferentes, que por ello conllevan también consecuencias diferentes para el empleador y para la entidad de pensiones. En los segundos, esto es, en los que se presenta mora patronal, se tiene establecido que es obligación de la administradora tenerlos en cuenta si no ejerció las correspondientes acciones de cobro (artículos 23 y 24 Ley 100 de 1993), pero, en el primero, cuando no hubo afiliación, caso que se presenta en autos, la entidad solamente puede tener en cuenta el tiempo siempre y cuando el empleador traslade el valor del cálculo actuarial a satisfacción, (literal d, parágrafo 1°, artículo 33 de la Ley 100 de 1993), situación que no es la que se está peticionando a través de ésta demanda. Al tema, puede consultarse la Sala de Casación Laboral de la CSJ, en sentencia SL 14388 del 20 de octubre de 2015, Rad. 431822. Teniendo en cuenta lo antedicho, no es posible incluir dentro de la historia laboral del actor los ciclos del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2000, que no figuran cotizados por el empleador COOTRASANMATEO. Iguales consideraciones se tomarán en relación con el vínculo

sostenido por el demandante con la ALCALDÍA DE SOACHA, quien alega haber iniciado sus labores desde el 11 de octubre del 2005, sin embargo tal vinculación no se encuentra acreditada, pues la afiliación se dio en septiembre del 2008 tal como así lo certifica tal entidad (pág. 40 Archivo 1 expediente digital) y en esa medida si la intención del demandante era probar que trabajó allí desde el 2005 así debió demostrarlo, iterando frente a dichos periodos reclamados -11/10/2005 a 31/08/2008no existió afiliación por parte de la ALCALDIA DE SOACHA y en ese orden como atrás se indicó la Administradora Colombiana de Pensiones no podía cobrar dichas cotizaciones. Así las cosas, afirmó que, de manera irrefutable, los periodos no contabilizados por Colpensiones, debían ser omitidos como ocurrió, quedando el actor con 415 semanas cotizadas al 29 de julio de 2005 y, por ende, sin cumplir con

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Radicación n.° 95874 el requisito inmerso en el Acto Legislativo 01 de 2005 para conservar el régimen de transición hasta el 31 de diciembre de 2014; no procedía el estudio del derecho pretendido bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990. Finalmente, del mismo caudal estableció que, tampoco le asistía derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez de conformidad con la Ley 100 de 1993, toda vez que a la fecha en que cumplió los 62 años de edad, solo contaba

con 890.37 semanas cotizadas, cuando la norma requiere como mínimo 1300 para quienes no son beneficiarios del régimen de transición.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que se case la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, se revoque la de primer grado y en su lugar, se le absuelva de todo lo incoado en su contra para que: […] en su defecto se dignará acceder a todas y cada una de las pretensiones esbozadas por el trabajador asegurado demandante en su demanda, esto es, se declare y se condene a la Demandada ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”, al reconocimiento y pago a favor del actor de la pensión vitalicia por VEJEZ, según las voces de lo normado por Ley (Acuerdo 049/90, aprobado por Decreto N° 758/90 y/o Ley 100 de 1993), a partir de la fecha que la misma determina, en la cuantía que por Ley proceda sin que pueda ser inferior al

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Radicación n.° 95874 salario mínimo vigente, más las mesadas adicionales y reajustes de Ley, más los interés moratorios y, en su defecto debidamente indexada; y, en subsidio la pensión decretada según la Ley 71 de 1988 en la cuantía que legal y realmente corresponde a su favor, en la cuantía que legal y realmente corresponde, a partir de la fecha que por Ley proceda, no inferior en la cuantía mensual que

así se señale, más las mesadas adicionales debidas y los reajustes de Ley (sic), más los intereses moratorios y, de manera subsidiaria debidamente indexada y, de resultar más favorable al trabajador. En tratándose de las Costas, se dignará la Honorable Corte Suprema de Justicia “Sala de Casación Laboral”, así determinar. Con tal propósito formula seis cargos, por la causal primera de casación, los cuales fueron objeto de réplica por parte de Colpensiones y se resuelven en conjunto a pesar de que se invocan por diferentes vías al compartir argumentos, objeto y elenco normativo.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de violar la ley sustancial de la siguiente manera: Por la VÍA DIRECTA en la modalidad de VIOLACIÓN DE MEDIO de los Artículos (sic) 48, 51 54ª, 60 y 61 del CPTSS, que concitó la aplicación indebida del Artículo (sic) 12 del Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de los Riesgos de Invalidez, Vejez y Muerte, adoptado por el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto N° 758 hogaño

(sic), se acusa la Sentencia impugnada de ser violatoria de la Ley sustancial, en relación con el Artículo (sic) 17 modificado por el Artículo (sic) 4° de la Ley 797 de 2003 y, Los (sic) Artículos 36 y 53 de la Ley 100 de 1993; Artículos (sic) 11, 12, 17 y 18 de la Ley 1581 de 2021; Artículos (sic) 15, 48 y 53 de la Norma Superior .

Todo lo anterior en relación con el Acto Legislativo 01 de 2005, así como lo señalado a través de la Sentencia SU 405 de 2021 de la Honorable Corte Constitucional y en cuanto señaló las Reglas (sic) para atender casos de inexactitudes o errores en la historial laboral. (Negritas del texto).

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Radicación n.° 95874 Sostiene que se equivoca el juzgador de segundo grado al pretender que sea el trabajador quien deba cumplir con los deberes y obligaciones propias de la entidad de seguridad social con relación al cobro de los aportes en mora patronal y del cálculo actuarial, desconociendo que fueron periodos de tiempo laborados y certificados por el empleador, pero respecto de los que no se tuvo afiliación ni cotización, pese a que la entidad demandada tenía pleno conocimiento de las situaciones prestacionales e hizo caso omiso a ellas. Lo anterior, soportado en el «Auto 096 de 2017 de la Corte Constitucional», del cual resalta, que:

233. Colpensiones, a su vez, trasladó a los empleadores y trabajadores la responsabilidad que le compete al Estado en la administración diligente y oportuna de la historia laboral de los afiliados. […]

234. Para la Sala esta postura no es admisible pues una vez el trabajador o el empleador reportan la afiliación a la entidad, esta tiene la carga de velar por el recaudo oportuno y correcto de los aportes, iniciar las acciones de cobro persuasivo o coactivo en los casos de mora, advertir al empleador y al trabajador las inconsistencias en el diligenciamiento de los formularios o la falta

de pago de los aportes, y trasladar al Ministerio del Trabajo la información sobre el empleador incumplido, para que este tome las medidas del caso, sin perjuicio de las acciones que deba emprender la administradora de pensiones.

235. Colpensiones manifestó que en los casos en que no es posible recuperar la cartera por la desaparición de la empresa, ofrece una alternativa a los afiliados consistente en el pago de los aportes por parte del trabajador, siempre y cuando demuestre el vínculo laboral que tuvo con el empleador moroso. […] Por lo anterior, arguye que no es cierta la inexistencia de la mora en el pago de aportes a cargo de quien lo contrato, pues era deber de la entidad perseguir y cobrar por los medios idóneos esas cotizaciones y que, «al no hacerlo, ello,

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Radicación n.° 95874 no es óbice para que al trabajador este ciclo de tiempo de trabajo se le compute o sume para los efectos que interesan». Refiere entonces que se deben tener en cuenta todos los tiempos relacionados en el escrito primigenio sin distinguir el tipo de empleador, así como en los certificados laborales que no valoró, toda vez que los tiempos servidos «son válidos para efectos pensionales, independientemente que hayan sido motivo o no de aportes para pensión». En soporte de ello, cita un extracto de la sentencia CSJ SL14426-2014, censura que se hubiera invertido la carga de la prueba como si el trabajador pudiera conminar al empleador para que cumpla su deber y con relación a los tiempos de cotización, trae a colación la decisión CSJ SL3276-2022 que a su vez memora

la CSJ SL1981-2020, de la cual resalta: “Para resolver, basta recordar que esta Sala de Casación venía sosteniendo que, a quien con apoyo en el régimen de transición pretendiera la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 para obtener su pensión de vejez, no se le podía sumar tiempos servidos en el sector oficial con las cotizaciones realizadas al ISS, porque ninguna norma de ese reglamento prevé esa posibilidad. No obstante lo anterior, en reciente sentencia la Corte consideró necesario revisar tal criterio jurisprudencial y resolvió cambiarlo para admitir, que las pensiones de vejez previstas en el Acuerdo 049 de 1990, aplicable por vía de la transición establecida en el art. 36 de le Ley 100 de 1993, sí se pueden causar con las semanas efectivamente cotizadas al ISS hoy Colpensiones y, la sumatoria de los tiempos laborados a entidades públicas y por ende, también es posible pretender su reliquidación ante la presencia de estos supuestos fácticos. Concluye que «al resultar valida la sumatoria de tiempos servidos en el sector público con las cotizaciones realizadas al ISS, […] el cargo prospera, y se casará el fallo

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Radicación n.° 95874 impugnado, relevándose la Corte del estudio del segundo embate que perseguía el mismo propósito».

VII. CARGO SEGUNDO Atribuye a la sentencia, el violar la ley sustancial, por: la VÍA INDIRECTA, en la modalidad de INTERPRETACIÓN

ERRÓNEA del Parágrafo transitorio 4° del Artículo 1° del Acto Legislativo N° 1 de 2005, en relación con el Artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en relación con el Artículo 7° de la Ley 71 de 1988, en relación con el Artículo 72 de la Ley 90 de 1946, en relación con el Artículo 48 ibídem, en relación con el Artículo 11 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de la misma anualidad, en relación con el Artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, en relación con el Artículo 33 de la mentada Ley 100 y del Artículo 9° de la Ley 797 de 203 (sic), en relación con el Artículo 9° numerales 2° y 6° y Artículo 47 de la misma Ley 90 de 1946, en relación con el Artículo 13 de la C.N., como violación de medio, en consonancia con el Artículo 259 y 260 del

C. S. del T., así como también con el numeral 6° del artículo 9° de la prenombrada Ley 90 de 1946. Todo lo anterior, en relación con el Decreto 2665 de 1988, en relación con el Artículo 13, 31 y 33 de la Ley 100 de 1993 y el Artículo 9° de la Ley 797 de 2003, así como los Artículos 48 y 53 de la Constitución Nacional.

Negrillas propias. En sustento de lo anterior, enlista once errores de hecho los cuales, dada la similitud de su contenido, se resumen así: i) no dar por demostrado, estándolo, que se cumplió

suficientemente con el número de semanas exigidas a la fecha de vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005; ii) no dar por demostrado, estándolo, que los periodos laborales deben tenerse en cuenta en su totalidad, debido a que la entidad «no logró desvirtuar por ningún medio a su alcance que los mismos no debían ser sumados con las semanas que se permitió certificar según las historias laborales arrimadas al

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Radicación n.° 95874 plenario del expediente digital»; iii) no dar por demostrado, estándolo, que los empleadores debieron hacer la afiliación correspondiente a la AFP y por el hecho de no cumplir con su obligación legal, no se le puede afectar el derecho pensional al excluir parte del tiempo laborado en debida forma y que, incluso, los mismos empleadores certificaron; iv) no dar por demostrado, estándolo, que se deben tener en cuenta todos los ciclos de trabajo para el reconocimiento y pago de la pensión deprecada, pues al 29 de julio de 2005 cumplió con las 750 semanas exigidas para tener derecho a que se le aplique el régimen de transición. Asimismo, vi) no dar por demostrado, estándolo, que es obligación de la entidad demandada realizar el cobro de los aportes debidos por los empleadores; y vii) no dar por demostrado, estándolo, que se excluye de responsabilidad al trabajador por el cumplimiento de las obligaciones legales de la entidad demandada, por lo que su omisión no puede afectar la solicitud de pensión de aquel. Afirma que los desaciertos fácticos surgen de la errónea

apreciación de la demanda, su contestación; de las certificaciones laborales arrimadas al proceso; las declaraciones extraprocesales que en virtud del art. 147 del CGP no requieren corroboración y, la historia laboral aportada por Colpensiones, puesto que «no se considera como cotizados verbi gracia el período de labores correspondiente al 01/01/2001 a 28/02/2001, cuando ha debido serlo y, por tanto, […] que el mismo equivale a NUEVE (9) SEMANAS que no se le están computando»

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Radicación n.° 95874 Igualmente, aduce que no se tuvieron en cuenta las probanzas que se desprenden de las certificaciones de la Alcaldía de Soacha, y de la historia laboral. En cuanto a las primeras, explica que dan fe de que la relación laboral comenzó bajo contratos de prestación de servicios, cuyos periodos deben computarse al total de semanas cotizadas, los cuales corresponden a: i) Contrato de prestación de Servicios 205, de 11 de octubre a 30 de diciembre de 2005; ii) Contrato de prestación de servicios 001, de 27 de enero a 26 de julio de 2006; iii) Contrato de prestación de servicios 155, del 10 de agosto al 29 de diciembre de 2006; y, iv) Contrato de prestación 006, de 30 de enero a 28 de diciembre de 2007. (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. C.P. Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO (CONJUEZ). FEB. 18 de 2021. Rad. N°

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO (CONJUEZ). Rad. N° 1100103-15-000-2020-05252-00(AC). Actor: (…)

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE

SANTANDER. Ref.: Acción de tutela. SENTENCIA DE PRIMERA

INSTANCIA).

Al mismo tenor, sostiene que, del contenido del historial laboral, en contraste con las certificaciones en cita, se deduce que por el periodo laborado para Profin de Colombia, alcanza más de las 1300 semanas de cotizaciones, exigidas. Indica que se desconocen los periodos trabajados para Texmeralda SA, Nasser Lezaca Cia Ltda, y Cooptransmateo, cuando de la documental allegada se acredita que se trabajó para dichos empleadores en los tiempos señalados, sin que la demandada desvirtuara dicha situación. En la demostración del cargo, insiste en la deficiente

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Radicación n.° 95874 valoración probatoria del colegiado, la necesidad de que se sumen los tiempos certificados y que al 29 de julio de 2005 contaba con 750 semanas cotizadas, al respecto, expone: Ha debido el Tribunal Superior con todo respeto, detenerse a mirar con detenimiento y detalle lo certificado pues al hacerlo como así se correspondía, incuestionablemente habría denotado la diferencia que existía entre lo enunciado por la propia encartada y correspondiente a dicho período de tiempo de labores y por ende de afiliación, y lo que ella así mismo certificaba como cotizado[…], pues no se entendería cómo y después de haber

laborado por más de VEINTICINCO (25) AÑOS, no accede a su pensión por causa y con ocasión de la omisión en que incurrió el correspondiente empleador y por cuanto la accionada no procedió como a ella correspondía, pues a sabiendas de que estos no actuaron como así debían hacerlo en su momento, hizo caso omiso en detrimento del trabajador de cobrar lo debido y recaudar mediante un cálculo actuarial lo que corresponde por Ley […]. En fundamento de lo anterior, convoca apartes de las sentencias CSJ SL646-2013, CSJ SL3565-2015 y CSJ SL14388-2015.

VIII. CARGO TERCERO Embiste la sentencia por violar la ley sustancial por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea de los siguientes artículos: […] 36 de la Ley 100de (sic) 1993, en consonancia con el Artículo (sic) 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto N°758 de la misma anualidad, en correlación con lo normado en el Artículo (sic) 53 de la Norma Superior, en armonía con lo señalado por el Parágrafo 1° Artículo (sic) 33 de la nombrada Ley 100 de 1993, en reciprocidad con el Artículo (sic) 13 literal f) ibídem, en consonancia con lo dispuesto por el Artículo (sic) 20 del citado Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto N°758 de 1990, en analogía con el Artículo (sic) 48 de la C.N. Todo lo anterior, en consonancia

con los Artículos (sic) 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 21, 23, 29, 33, 47, 48, 72 y 76 de la Ley 90 de 1946; Artículos (sic) 1°, 11, 12, 32, 33,

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Radicación n.° 95874 38, 39, 40, 43, 57, 59, 60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de 1966; Artículos (sic)1°, 12, 13, 15, 20, 21, 41, 44 y 45 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad y, Artículo (sic) 21 de la Ley 100 de 1993. Sustenta su reproche en que el juzgador plural pretende exigir que sea el trabajador quien se afilie a la administradora de pensiones y realice la cotización a todos los riesgos que ella cubre, en virtud del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, cuando eso no se ajusta a la interpretación correcta de la norma que prevé la corporación, ni es condición sine qua non para que pueda acceder al derecho pensional deprecado. Advierte que, No se ha negado por la actora de que no se estuvo inscrito con antelación a esta fecha al entonces ISS hoy COLPENSIONES, sin embargo, itero, una correcta e inteligente interpretación de la aludida norma, con todo respeto solo puede conllevar que a la luz

de la misma y de todas las otras enunciadas en el Cargo, procede aplicarla en su caso, precisamente por cuanto ello, no es obstáculo para que se le aplica la misma y por tanto, acceda a la pensión causada a la luz de dicha normativa (Artículo 12 Acuerdo 049/90, aprobado por Decreto N° 758/90 en consonancia con lo preceptuado en el Artículo 36 de la plurimencionada Ley 100 de 1993). […] la correcta interpretación no es otra que aquella que hace necesario precisamente que se deba estimar y tener en cuenta todos los períodos laborados por el actor, así no haya estado inscrito o afiliado, sin importar si el empleador correspondiente era del sector público o privado como ya se indicó. Censura entonces, que a partir del entendimiento que se dio a la norma se llegó a la conclusión errada del colegiado de, «que la encartada procedió como la reglada se lo demanda, bajo la considerativa de que el trabajador demandante debió estar inscrito y afiliado al entonces ISS

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Radicación n.° 95874 hoy COLPENSIONES y por tanto, debió igualmente cotizar para todos y cada uno de los riesgos cubiertos por esta Entidad» pues al no estarlo, no podía propender por el reconocimiento y pago de su pensión a la luz de la normativa enunciada en el ataque, siendo la verdadera intelección contraria a esta, bajo los postulados que ha mantenido la corporación, máxime cuando siempre ostentó la calidad de trabajador dependiente para con empleadores del sector privado y público.

IX. CARGO CUARTO Denuncia la violación de la ley sustancial en el siguiente tenor: POR LA VÍA DIRECTA en la modalidad de INFRACCIÓN DIRECTA del Artículo (sic) 230 de la Norma (sic) Superior (sic), en relación con los Artículos(sic) 234, 237 y 241 ibídem, en conformidad con los Artículos (sic) 12 y 20 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto N° 758 de la misma anualidad, en consonan