CSJ - SL120-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL120-2023 Radicación n.° 89612 Acta 01 Bogotá, D. C., veintitrés (23) de enero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación que interpuso ESNEIDER RAFAEL CORREA ROMERO contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el veinte (20) de mayo de dos mil veinte (2020), en el proceso ordinario laboral que promovió a la

JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ.

Se acepta impedimento manifestado por el Magistrado

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO.

I. ANTECEDENTES Esneider Rafael Correa Romero llamó a juicio a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, con el fin de que se declarara que las patologías de origen profesional se

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Radicación n.° 89612 cambiaron a común, por lo que estas últimas fueron «sobrevaloradas» y las laborales «infravaloradas»; que el Dictamen n.°1780960 del 10 de septiembre de 2013, elaborado por la accionada no agotó el estudio de su puesto de trabajo ni analizó el riesgo psicosocial al que estuvo expuesto; que, por tanto, le asistía responsabilidad por los perjuicios causados. En consecuencia, pidió que se condenara a la nulidad del referido dictamen, por violación del principio de la non reformatio in pejus; al pago de los perjuicios materiales causados por lucro cesante y daño emergente, así como los

morales; lo que se probara ultra y extra petita y las costas (f.° 231 a 232, cuaderno principal). En la demanda y su reforma, fundamentó sus peticiones, en que se vinculó a Carbones del Cerrejón antes Intercor el 31 de diciembre de 1984, en el cargo de herramentero; que en su examen médico de ingreso no se evidenciaron enfermedades de origen común o profesional; que fue ascendido a técnico de mantenimiento de vagones; que por las actividades realizadas en su trabajo desarrolló dolencias de tipo laboral, como síndrome miofacial del miembro superior derecho, diagnosticado en 1997; que mediante Oficio SECC.GA.M.CABSO 046 del 4 de junio del mismo año, el médico ocupacional del ISS recomendó su reubicación laboral; que en respuesta la división médica del Cerrejón manifestó que fue valorado por fisiatría, quien ratificó el padecimiento, pero no recomendó un cambio, porque una actividad sedentaria favorecía la atrofia muscular.

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Radicación n.° 89612 Argumentó que el 20 de noviembre de 2003 la Junta de Calificación de Invalidez del Magdalena lo valoró por síndrome miofacial dorsal, hipertensión arterial crónica, escoliosis dorsolumbar, epidimitis e hiperplasia prostática benigna, con una deficiencia del 7.40 %, discapacidad del 1.90 % y minusvalía del 11.50 % para un total de pérdida de capacidad del 20.80 %; transcribió lo dicho en la descripción de deficiencias de la valoración antedicha y señaló que

interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación; que mediante Acta 004 de 2004 se decidió no revocar y se concedió la alzada ante el superior. Aludió que con base en la PCL solicitó el 18 de febrero de 2004 su reubicación, ante lo cual el empleador le respondió que él se encontraba en incapacidad de más de 180 días por enfermedad de origen común y que la empresa solo estaba obligada a reubicar un trabajador cuando la afección era profesional, sin que fuera su caso, por lo que no había lugar a acoger su petición. Arguyó que la demandada, mediante Oficio n.° 8101JNCI requirió a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir para que remitiera el análisis del puesto de trabajo por Método Owas, con el objeto de complementar su valoración; que por Dictamen n.° 4210 del 12 de julio de 2005, determinó que tenía una deficiencia del 13.73 %, discapacidad del 3.90 % y minusvalía del 8.00 % para una PCL del 25.63 % con fecha de estructuración del 18 de marzo de 2004 de origen profesional.

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Radicación n.° 89612 Indicó que el 9 de agosto de 2005, se reincorporó a trabajar, pero no fue reubicado; continuó ejecutando las actividades de herramentero; que en la reinstalación no se hizo estudio del sitio de trabajo; que no se le asignaron funciones, sino que lo mantenían sentado sin ejecutar tarea alguna, lo que lo afectó anímicamente, pues seguía expuesto

al ambiente laboral que lo enfermó. Aseguró que el 9 de marzo de 2006, el programa de riesgos profesionales del ISS, mediante formato de «solicitud de reubicación y/o recomendaciones para el puesto de trabajo», informó a la empresa Carbones del Cerrejón un diagnóstico de estrés laboral y otras patologías derivadas de este y del riesgo ergonómico y psicosocial en el lugar de labor y recomendó la reubicación; que el 8 de junio 2007 se reiteró dicha recomendación. Precisó que el 17 de junio de 2008 la ARP Positiva mediante Dictamen n.° 2654, teniendo como diagnóstico: «lumbalgia Crónica 2, no acortamiento MID y Obesidad, escoliosis baja, trastorno depresivo», calificó las dolencias como de origen común; que recurrió esa decisión ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y mediante Dictamen del 13 de marzo de 2009, se confirmó el origen; que interpuso recurso de reposición ante la anterior determinación, la cual se ratificó por Acta n.° REP – 0774-2 y se concedió la apelación. Expresó que la encartada estableció que la Regional de Bogotá no tenía competencia por su lugar de residencia y remitió la actuación a la Junta Regional del César; quien el

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Radicación n.° 89612 12 de mayo de 2010, solicitó a la ARP Positiva calificar nuevamente el caso por el comité interdisciplinario, ya que el dictamen inicial fue elaborado por un solo médico; que el 22

de junio de 2010, la ARP consideró como de origen común todas las patologías. Indicó que el 17 de agosto del mismo año la Nueva EPS determinó que padecía: trastorno depresivo, fibromialgia, epididimitis, hiperlordosis lumbar, síndrome miofacial derecho, disfunción diastólica hipertensiva; acortamiento de miembro inferior derecho, hiperplasia prostática benigna, escoliosis cérvicodorsal, epicondololitis medial y que frente a estas las Juntas regionales y nacionales las consideraron como de origen común. Manifestó que mediante Dictamen n.° 10497 de fecha 2010/10/07 la ARP Positiva calificó la invalidez nuevamente y determinó que la PCL era de 56.34 % de origen común, reprodujo apartes de la sustentación; que la Junta de Calificación de Invalidez del César, el 12 de enero de 2011, valoró una pérdida de capacidad laboral total del 58.29 % y el mismo origen; que presentó recurso de reposición y, en subsidio apelación. Alegó en el recurso propuesto su inconformidad, entre otras razones, con la configuración definitiva del origen, por no tener en cuenta la JRC los fundamentos de derecho y jurisprudenciales en materia de calificación, haber sobrevalorado y subvalorado algunas de las deficiencias vulnerando su derecho al debido proceso al calificar de manera arbitraria y por fuera del contexto médico un origen

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Radicación n.° 89612 común, sin tomar en consideración los soportes aportados,

su cronología, temporalidad, secuencialidad y verdadera magnitud clínica, alegando que se desconoció que el manual dentro de sus consideraciones de orden fáctico establecía como idea central valorar el estado actual de salud del trabajador al practicar la experticia clínica y establecer la real condición de salud del calificado controvirtiendo las deficiencias evaluadas: «hipertensión clase disfunción diastólica controlada […], depresión mayor […], espondilodiscoartrosis, protusión disca de C-5. C.-6 cervicobraquialgia […]», luego transcribió la justificación propuesta en el recurso a folios 225 a 227 del cuaderno principal y argumentó que la Junta de Calificación de Invalidez del César ratificó su dictamen. Sostuvo que el día 30 de junio de 2011, la accionada, emitió Dictamen 17809604 y reprodujo in extenso las consideraciones del mismo, folios 227 a 229, en las cuales, en suma razonó que no hay relación causal entre la labor del trabajador y estas enfermedades; que al calificar la deficiencia determinó que la depresión correspondía al 20 % y se disminuyó el porcentaje al síndrome del túnel del carpo del 12,50 % al 4.65 %. Que, por solicitud suya, la Nueva EPS emitió una nueva valoración e indicó que los diagnósticos de discopatía dorsal, lumbalgia, espondilodiscartrosis L2-L3 L3-L4, síndrome miofacial dorsal, epicondilitis medial bilateral eran de origen no laboral, sin que se hubiera acreditado un estudio de

puesto de trabajo.

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Radicación n.° 89612 Expuso que, el 13 de diciembre de 2012 mediante Dictamen n.° 50854 la Junta Regional de Calificación determinó equivocadamente que las patologías eran de origen común, nuevamente sin un estudio del puesto de trabajo, el factor de riesgo psicosocial y ergonómico; que oportunamente interpuso recurso de apelación ante el superior, que dentro del trámite solicitó a las aseguradoras el referido estudio, pero nunca se llevó a cabo y pudo haber incidido en el concepto. Aseveró que en el Dictamen n.° 1780960 del 10 de septiembre de 2013, la enjuiciada determinó que el nivel de discapacidades correspondía al 5.60 %, la minusvalía a un 16.75 % y la deficiencia en un 31.96 % para un porcentaje total de PCL de 54.31 %, resaltó que la depresión correspondía al 20 % sin considerarla de origen laboral. Dijo que la accionada modificó lo correspondiente al túnel del carpo sin que hubiera sido objeto del recurso de apelación; con lo que se estructuró un error grave en el dictamen de 2013, por violación al principio del non reformatio in pejus afectando la calificación del origen y el porcentaje total de pérdida de capacidad; que debió respetar los porcentajes asignados a las patologías laborales e insistió en que sin verificar la exposición a los riesgos en el lugar de trabajo se sostuvo el origen común de la invalidez (f.° 3 a 22 y 217a 238, ibídem).

La demandada se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos aceptó el cargo desempeñado por el actor, que posee enfermedades laborales, pero solamente la

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Radicación n.° 89612 espondilodicartrosis y el síndrome del túnel del carpo; la evaluación efectuada por la Junta Regional del Magdalena y que fue recurrida sin que se revocara, que ofició para solicitar el estudio de puesto de trabajo, la valoración que emitió del 12 de julio de 2005; la que la Junta Regional resolvió la impugnación del dictamen de la ARP y se le calificaron los padecimientos como de origen común; que contra esa decisión el peticionario interpuso recursos y fue ratificada; que consideró la incompetencia de la Regional de Bogotá; la calificación de invalidez en su Dictamen n,° 10497 y su sustentación; la valoración dada por la Junta Regional del César, que fue recurrida y se confirmó; lo razonado por ella en el Dictamen 17809604 y las valoraciones respecto de discapacidad, minusvalía y deficiencia y el porcentaje total, que la depresión se calificó con 20 % sin llegar a ser de origen laboral y, que se disminuyó el porcentaje asignado respecto del túnel del carpo; que fue apelado y en el trámite requirió a las aseguradoras el estudio de puesto de trabajo. Propuso como excepciones de fondo las que denominó: […] legalidad de la calificación expedida por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez; legalidad de la calificación emitida:

calificación integral de la invalidez (sentencia C-425 de 2005) prevalencia de la realidad sobre las formalidades; la expedición del dictamen como ejercicio de la competencia legal como calificador de la última instancia no constituye perjuicio alguno; falta de legitimación como parte pasiva: entidades legalmente responsables de indemnizar los perjuicios en el sistema de riesgos laborales; inexistencia de obligación y de prueba, frente al perjuicio que se pretende: ilegalidad de la pretensiones por inexistencia de nexo causal entre los hechos que se aducen y el pago que se pretende; falta de requisitos legales para pedir: insustancialidad de las pretensiones pecuniarias incumplimiento de las exigencias de ley; inexistencia de obligación; improcedencia de las pretensiones respecto a la Junta Nacional de Calificación-Competencia del Juez Laboral; buena fe de la demandada y la excepción genérica (f.° 248 a 289, cuaderno de la Corte).

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Radicación n.° 89612

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 9 de julio de 2019 (f.° 311 CD y 312 Acta ibídem), absolvió a la demandada de todas las pretensiones y condenó en costas a la parte vencida en juicio.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá al conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, a través de sentencia del 20 de mayo de 2020 (f.°322 CD y Acta 323 cuaderno principal), confirmó la

decisión apelada y se abstuvo de imponer costas. Estableció como problema jurídico determinar si se debió valorar el dictamen pericial aportado por el demandante obrante a folios 294-304 del expediente; así como los argumentos del recurso de apelación interpuesto contra la experticia rendida por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del César, para definir si la entidad demandada disminuyó de manera indebida en la valoración atacada el porcentaje otorgado a la deficiencia síndrome del túnel del carpo y, en tal caso, si atendiendo al inicial determinado, teniendo en cuenta la calificación integral, habría lugar o no a tener como de origen profesional la invalidez del actor. Razonó que sobre la valoración probatoria de un dictamen pericial, la jurisprudencia ordinaria laboral ha

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Radicación n.° 89612 sostenido que uno de los requisitos que debía ofrecer, para que pudiera ser admitido como prueba dentro de los hechos sobre los cuales versa, consistía en que fuera debidamente fundamentado y que incumbía al juzgador apreciar con libertad dicha condición dentro de la autonomía que le era propia a él; no obstante, que no hubiera sido materia de tacha u objeción de las partes en el traslado correspondiente. Adujo que frente a la valoración del dictamen emitido el 16 de enero de 2017, por el médico especialista en salud ocupacional Ricardo Álvarez, que reposaba a folio 294 a 304 del expediente, había de indicarse que aun cuando es cierto que no fue controvertido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, conforme los artículos 58 del

CPTSS, 228 y 231 del CGP no se podía perder de vista que dicho escrito no reunía los requisitos de procedencia exigidos por el artículo 226 del CGP, aplicable en materia laboral, por remisión analógica del artículo 145 del CPTSS, en la medida en que no fue rendido bajo la gravedad del juramento, no se acompañó de los documentos que le sirvieron de fundamento al perito, ni de aquellos que acreditaran la idoneidad en el ejercicio y experiencia del profesional, tales como títulos académicos, certificaciones, listado de publicaciones, si las tuviera, relacionadas con la materia del peritaje, ni se mencionó los casos judiciales en donde ha sido designado como tal o si ha participado en la elaboración de dictámenes y si éstos han sido en contra de la misma entidad aquí demandada. Agregó que, la pericia que pretendía el apelante fuera valorada probatoriamente no contenía el número de

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Radicación n.° 89612 identificación de quien la rindió, ni éste manifestó si estaba en curso o no en causal alguna de las establecidas en el artículo 50 del CGP, tampoco explicó con detalle y de manera exhaustiva cuáles fueron los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones practicadas al señor Correa Romero, ni los argumentos técnicos y científicos, los antecedentes médicos del demandante y los fundamentos de derecho tenidos en cuenta para llegar a la conclusión de que el dictamen del 10 de septiembre de 2013, emitido por la Junta Nacional de Calificación de invalidez debía ser declarado nulo, como lo sostenía dicho profesional. Adicionalmente, hizo referencia a un Dictamen emitido

el 22 de julio de 2014 por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá, Cundinamarca, en el que aparentemente se estableció una pérdida de la capacidad laboral del 20.25 % de origen común y con fecha de estructuración, el 20 de enero de 2014, pero ese documento no fue aportado dentro de este proceso, situaciones estas, que consideró hacían que el dictamen del 16 de enero de 2017 rendido por el mencionado médico especialista en salud ocupacional, careciera de total validez y, por ende, no podía ser apreciado; de acuerdo con las reglas de la sana crítica, de conformidad con el artículo 61 del CPTSS. Aseguró que, si en gracia de discusión, se tuviera en cuenta dicha pericia, en la que se adujo que se realizaría una calificación integral, se observó que se soportó en los mismos argumentos expuestos por el demandante en el recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, que anexo al expediente y que obraba a folios 70 a 73 del mismo,

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Radicación n.° 89612 interpuesto el 28 de enero de 2011 contra el Dictamen n.° 1989 de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del César, sin indicar, de manera sólida, clara, exhaustiva y precisa, las valoraciones físicas y psicológicas, el examen del puesto de trabajo, los métodos, los experimentos y las investigaciones practicadas al aquí demandante, ni los

antecedentes médicos tenidos en cuenta para concluir que en aplicación de la sentencia CC C425-2005, él ostentaba una pérdida de la capacidad laboral del 53.29 % de origen laboral y con fecha de estructuración al 6 de octubre de 2010. Manifestó que, en todo caso, lo que observaba era que se incurrió allí en dos relevantes imprecisiones en torno a los diagnósticos que motivaron la calificación, que se atacaba respecto a la depresión cuando se adujo que no podía asignarse el 20 %, por cuanto el tiempo transcurrido entre la fecha de diagnóstico y la de estructuración de la PCL no superaba los 5 años, toda vez que este fue en el año 2009; sin embargo, a folios 34 y 35 del expediente, reposa el dictamen emitido el 6 de febrero de 2004 por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y el 17 de junio de 2008, en los que se refirió como diagnóstico motivo de calificación «trastorno depresivo». Sostuvo que, igualmente, en la valoración emitida el 12 de julio de 2005 por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, que no fue atacada por la vía ordinaria, se determinaron como de origen profesional los diagnósticos espondilitis, protrusión discal y síndrome del túnel carpiano bilateral leve y como de origen común, los demás, entre ellos,

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Radicación n.° 89612 el trastorno de depresivo, de dónde es claro, que resultaba errada la conclusión a la que se llegó. Razonó que cuando el dictamen pericial no cumplía con

los requisitos legales, por no estar adecuadamente sustentado o porque su contenido presentaba serios reproches en donde se hacían evidentes una equivocación grave, el juzgador podía apartarse de su contenido, aun cuando este no hubiera sido objetado por las partes, tal como lo ha dicho esta Sala en reiterada e inveterada jurisprudencia, entre otras, las sentencias CSJ SL30902014, CSJ SL17053-2014 y CSJ SL12905-2017, como aquí sucedió, toda vez que al momento de proferir fallo, subsistía la obligación de valorar los elementos de convicción en el marco de la libertad probatoria, con arreglo a los principios que informaban la crítica de la prueba para darle o restarle el mérito respectivo, sin que el juez pudiera desconocer este deber legal como garantía del debido proceso de las partes, toda vez que era el juzgador y no el perito quien tenía la plena facultad de dirimir la controversia con base en el convencimiento que se formó de su valoración. Refirió que en lo que tenía que ver con los argumentos del recurso de apelación interpuesto contra el dictamen rendido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del César, para anular el dictamen proferido el día 10 de septiembre de 2013 por la Sala Cuarta de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, era preciso señalar que como el artículo 13 del Decreto 1352 de 2013, compilado en el Decreto 1072 de 2015, en consonancia con el 41 de la Ley 100 de 1993 y modificado por los 52 de la Ley 962 de 2005,

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Radicación n.° 89612 142 del Decreto 19 de 2012 y 18 de la Ley 1562 de 2012, establecía que la Junta Nacional conocía de la determinación del grado de invalidez y el origen de las contingencias en segunda instancia, de los medios probatorios allegados en juicio y que debía resultar lo suficientemente fidedignos y certeros, para concluir que tal ente, conformado por un cuerpo colegiado integrado por un grupo interdisciplinario, que contaba con especiales conocimientos en salud ocupacional y experiencia profesional, incurrió en yerro por no ceñirse a los parámetros normativos dispuestos en el manual único de calificación de invalidez, siendo el aplicable, en este caso, el previsto en el Decreto 917 de 1999, el cual fue derogado por el 1507 de 2014, en concordancia con la tabla de enfermedades laborales acogidas por el 2566 de 2009, vigente para la época y que hoy fue derogado por el Decreto 1477 de 2014. Dijo que con base en lo anterior, no encontró material probatorio idóneo del cual se pudiera concluir que, en efecto, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez se equivocó en su pericia, pues tal circunstancia no se podía colegir de las únicas pruebas allegadas para efectos de controvertir el dictamen cuestionado los cuáles son la consulta de cardiología, informe de evaluación psiquiátrica, recomendaciones de reubicación de puesto de trabajo, respuestas emitidas por la división médica del CerrejónBarranquilla, porque no dan cuenta del grado de PCL del

demandante para la época en que se efectuó la calificación debatida; así como, tampoco permitían determinar si el dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez adolecía de las falencias alegadas en la alzada.

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Radicación n.° 89612 Agregó que, […] en cuanto al origen de las patologías, tal como lo adujo la Junta en ese dictamen, así como en él proferido el 30 de junio de 2011, fue determinado en el emitido el 12 de julio de 2005, en decisión que estaba en firme y que no fue controvertida por la vía ordinaria, pues la que aquí se controvirtió fue la emitida el 10 de septiembre de 2013. Arguyó que, quien pretendiera controvertir la invalidez de un dictamen emitido por una Junta de Calificación de Invalidez debía respaldar las afirmaciones en las que se fundó la acción con prueba idónea emitida por un organismo de naturaleza similar a ella, por tratarse de una temática específica técnica y especializada en la que confluyen no solo conocimientos de índole jurídico sino, además médicos, de salud ocupacional y psicológicos, los cuales escapan a los del juez laboral. Expone que, de acuerdo con el criterio sostenido, por esta Sala, entre otras, la sentencia CSJ SL4571-2019, donde se manifestó que los jueces del trabajo y de la seguridad social si tenían plena competencia y aptitud para examinar los hechos realmente demostrados que contextualicen la invalidez establecida por las juntas a fin de resolver las controversias que ellos formulen al respecto y por supuesto

no llega hasta reconocerle potestad al sentenciador de dictaminar en forma definitiva sin el apoyo de los conocedores de la materia, si el trabajador está realmente incapacitado o no y cuál era la etiología de su mal, como tampoco cuál era el grado de invalidez ni la distribución porcentual de las discapacidades y minusvalías.

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Radicación n.° 89612 Coligió que no le era dable a la juez a quo, sin contar con el apoyo científico, remitirse a los parámetros dispuestos en el manual de calificación de invalidez y determinar el origen de la pérdida de la capacidad laboral del demandante, resultando insuficiente, en todo caso, el dictamen efectuado por el médico especialista en salud ocupacional Ricardo Álvarez que reposa a folios 294 a 304 del expediente, en los términos ya expresados. Indicó que, pese a asistirle, razón a la parte demandante, en cuanto a que el dictamen emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez en septiembre de 2013, así como en el expedido el 30 de junio de 2011, se modificó el porcentaje asignado por la Junta Regional del César al síndrome del túnel del carpo bilateral leve del 12.5% indicando que, de acuerdo con el Decreto 917 de 1999, Tabla 2.7, correspondía al 4.41 % y por eso se ajustaría el porcentaje a la norma técnica, empeorando con ello la situación del apelante único, cuando lo controvertido fue el mayor peso de las enfermedades de origen laboral, frente a

aquellas comunes que, en la calificación integral debía dar lugar a la determinación del origen profesional de la invalidez, realizado el cálculo aritmético respectivo, teniendo como porcentaje asignado al síndrome del túnel del Carpo bilateral leve el determinado por la Junta Regional del César del 12.5 %, se estableció que, por las dos deficiencias, la sumatoria combinada ascendería a 17.18 % de origen profesional y por las patologías de origen común al 28.37 %, concluyendo igual que lo hizo la demandada, que las afecciones que mayor peso tenían en la deficiencia siguen siendo las de origen común.

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Radicación n.° 89612 […] Que, aun cuando no existía en este proceso ninguna razón para modificar el porcentaje asignado desde la deficiencia, depresión mayor, lo anterior, resultaba similar si se le asignará el 10% a esta patología, como lo pretendió el demandante y se adujo en el dictamen allegado, pues en tal caso de las deficiencias de origen común se obtenía una sumatoria combinada del 21.66%, esto es, superior a las de origen laboral y, en total, ascenderían en ese escenario, a 26.53%, resultando que, sumado a la discapacidad es del 5.6% y las minusvalías del 16.75%, suponiendo que lo anterior, no afectará esos porcentajes, daría como similar si se le asignara el 10% a esa patología, como lo pretendió el demandante y se adujo en el dictamen allegado, pues, en tal caso de las deficiencias de origen común se obtenía una sumatoria combinada del 21.66%, esto es, superior a las de origen

laboral y en total ascendería en este escenario a 26.53%, resultado que sumado a la discapacidad es del 5.6% y la minusvalía del 16.70 % y 16.75 % suponiendo que, lo anterior no afectará esos porcentajes, daría como un resultado final de la pérdida de la capacidad laboral el 48.88% inferior al necesario para establecer el estado de invalidez, lo que deviene necesariamente en detrimento de los intereses del actor, por tanto, confirmó la sentencia apelada.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que esta Sala case la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, revoque totalmente el fallo de primer grado y, en su lugar, declare que las patologías son de origen laboral y que el Dictamen n.° 1780960, de septiembre 10 de 2013, es nulo por haber sido emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez sin agotar el estudio del puesto de trabajo y sin analizar el riesgo psicosocial a que estuvo expuesto y, como consecuencia de ello, al declarar que existió responsabilidad de la accionada frente a los perjuicios causados, se condene a la demandada

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Radicación n.° 89612 al pago de los morales y materiales (daño emergente y lucro cesante), así como ultra o extra petita y se provea en costas como corresponde. Con tal propósito, por la causal primera de casación

laboral, formula cuatro cargos, los cuales no fueron objeto de réplica y se estudiarán de manera conjunta por perseguir el mismo fin.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia impugnada, de ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa por aplicación indebida: […] los artículos 58 del CPTSS, 228 y 221 del CGP, 226 del mismo estatuto, en relación con los artículos 13 del Decreto 1352 de 2.013, compilado en el Decreto 1072 de 2015, en relación con el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 52 de la Ley 962 de 2.005, 142 del Decreto 19 de 2.012 y 18 de la Ley 1562 de 2.012” dentro de la preceptiva del artículo 51 del Decreto 2651 de 1.991.

Expone que basta leer el texto de las disposiciones, que el Tribunal llamó a operar para quitarle validez al dictamen del Dr. Álvarez, para darse cuenta del grave error jurídico en que incurrió el sentenciador de segunda instancia, pues si bien es cierto algunas de dichas normas se refieren a los dictámenes periciales, no menos lo es que, en ninguna de ellas se establece que el dictamen no tenga validez por no reunir requisitos del artículo 226 del CGP (léase declaraciones e informaciones) sino que, como fácilmente se observa, el artículo 58 del CPTSS consagra es la tacha del perito y su oportunidad, así como la tacha de testigos, lo cual no es el caso, en tanto que el artículo 221 del CGP dispone

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Radicación n.° 89612 las reglas para la recepción del testimonio que tampoco lo es. Adujo que si bien es cierto, que el art. 228 estatuye el derecho a solicitar la comparecencia del perito para los efectos de contradicción del dictamen, nótese que allí nada se habla del cumplimiento de requisitos de procedencia como los califica el fallador de alzada, ni de las consecuencias por no contener las declaraciones e informaciones de que trata el art. 226 del mismo estatuto, sino de la citación de aquel para ser interrogado en la audiencia a cerca de su idoneidad e imparcialidad, así como sobre el contenido del dictamen y las sanciones al mismo frente a la inasistencia, que no es otra a que él no tenga valor. Indicó que, de lo anterior, claramente se tiene que el Colegiado aplicó indebidamente las normas arriba mencionadas, ya que, como