CSJ - SL120-2024

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL120-2024 Radicación n.°84126 Acta O2 Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticuatro (2024). El 17 de enero de 2024 fue notificado vía correo electrónico lo decidido en segunda instancia por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, sentencia de tutela CSJ STC13308-2023, dictada el 29 de noviembre de 2023, dentro de la acción de amparo instaurada por HDI Seguros S.A., antes Generali Colombia Seguros Generales S.A., contra la Sala de Casación Laboral de Descongestión n.° 1, trámite al que fueron vinculadas las autoridades judiciales, partes e intervinientes dentro del proceso ordinario laboral radicado bajo el n.°05360310500220150011401; acción constitucional en la que en primera instancia la Sala de Casación Penal en el fallo CSJ STP11773-2023, resolvió:

1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de HDI SEGUROS S.A.

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Radicación n.°84126

2. DEJAR SIN EFECTO la sentencia proferida el 22 de marzo de 2023 (SL583-2023 Rad. 84126) por la Sala de Descongestión

No. 1 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

3. ORDENAR a la autoridad accionada que, en el término de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta providencia,

resuelva nuevamente el recurso de casación formulado contra la sentencia del 7 de diciembre de 2018 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

4. NOTIFICAR este proveído conforme al artículo 16 del Decreto 2591 de 1991.

5. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnado.

En ese orden, la Sala procede a dar cumplimiento a la acción de amparo y se dispone a dictar la nueva sentencia de casación, así: Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por GENERALI COLOMBIA SEGUROS GENERALES S.A., hoy HDI SEGUROS S.A., contra la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2018 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario laboral que instauraron DORA MARÍA GUTIÉRREZ

GONZÁLEZ, AURA ROSA, MARTHA MARGARITA, LUIS

NORBERTO, JUAN DE DIOS, JOSÉ MANUEL, GUILLERMO LEÓN y PEDRO MARÍA LÓPEZ ALZATE contra INCODI LTDA., trámite al que fue llamada en garantía la aseguradora recurrente.

I. ANTECEDENTES

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Radicación n.°84126 Los citados accionantes convocaron a juicio a Incodi Ltda. con el propósito que se declare la culpa «empresarial» de la demandada, en el accidente de trabajo ocurrido el 4 de junio de 2014, que le ocasionó la muerte al señor Gustavo

Adolfo López Alzate, por haber incurrido en una violación de las obligaciones legales y contractuales de protección y seguridad, al consentir que su trabajador «laborase en condiciones inseguras, peligrosas […] para el momento en que se encontraba realizando la actividad que le habían asignado para ese día». Como consecuencia de lo anterior, solicitaron que la demandada fuera condenada al pago de daños morales y a la vida en relación, en los siguientes valores:

DAÑOS MORALES

DEMANDANTE RELACIÓN CANTIDAD VALOR ACTUAL

DORA MARÍA GUTIERREZ GONZALEZ Cónyuge sobreviviente 100 SMLMV $ 64.435.000

AURA ROSA LÓPEZ ÁLZATE Hermana 50 SMLMV $ 32.217.500

MARTHA MARGARITA LÓPEZ ÁLZATE Hermana 50 SMLMV $ 32.217.500

LUIS NORBERTO LÓPEZ ÁLZATE Hermano 50 SMLMV $ 32.217.500

JUAN DE DIOS LÓPEZ ÁLZATE Hermano 50 SMLMV $ 32.217.500

JOSÉ MANUEL LÓPEZ ÁLZATE Hermano 50 SMLMV $ 32.217.500

GUILLERMO LEÓN LÓPEZ ÁLZATE Hermano 50 SMLMV $ 32.217.500

PEDRO MARÍA LÓPEZ ÁLZATE Hermano 50 SMLMV $ 32.217.500

TOTAL 450 SMLMV $ 289.957.500

DAÑOS A LA VIDA EN RELACIÓN

DEMANDANTE RELACIÓN CANTIDAD VALOR ACTUAL

DORA MARÍA GUTIERREZ GONZALEZ Cónyuge sobreviviente 50 SMLMV $ 32.217.500

AURA ROSA LÓPEZ ÁLZATE Hermana 25 SMLMV $ 16.108.750

MARTHA MARGARITA LÓPEZ ÁLZATE Hermana 25 SMLMV $ 16.108.750

LUIS NORBERTO LÓPEZ ÁLZATE Hermano 25 SMLMV $ 16.108.750

JUAN DE DIOS LÓPEZ ÁLZATE Hermano 25 SMLMV $ 16.108.750

JOSÉ MANUEL LÓPEZ ÁLZATE Hermano 25 SMLMV $ 16.108.750

GUILLERMO LEÓN LÓPEZ ÁLZATE Hermano 25 SMLMV $ 16.108.750

PEDRO MARÍA LÓPEZ ÁLZATE Hermano 25 SMLMV $ 16.108.750

TOTAL 225 SMLMV $ 144.978.750

Así mismo, reclamaron, por concepto de daño emergente, que les fueran cancelados «los gastos

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Radicación n.°84126 funerarios», los cuales pidieron se sufragaran al actor José Manuel López Alzate en la suma de $3.000.000; que el monto de las condenas se pagara debidamente indexado; y que se impusieran costas a cargo de la demandada. Fundamentaron sus pretensiones, básicamente, en que Gustavo Adolfo López Alzate nació el 20 de mayo de 1970; que se vinculó mediante un contrato laboral con la empresa Incodi Ltda. en el cargo de «operario»; que falleció en accidente de trabajo ocurrido el 4 de junio de 2014 y, que, según el informe de la ARL, se produjo como consecuencia de ser «PRENSADO POR MÁQUINA

INDUSTRIAL».

Relataron que el causante devengaba un «salario base» mensual de $614.000; que la demandada no realizó el pago correspondiente a la liquidación final del subordinado fallecido; y que la ARL Sura le reconoció una pensión de sobrevivientes, en un 100% a la cónyuge del difunto. Manifestaron que en la investigación del accidente de trabajo quedó establecido que al momento del infortunio el trabajador se encontraba solo, sin que nadie le prestara auxilio, no había ningún compañero ni estaba el supervisor, «quien es el garante dentro de una empresa del correcto comportamiento a la hora de manipular y realizar producciones con las máquinas industriales». Precisaron que la empleadora incumplió las obligaciones legales y contractuales de protección y

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Radicación n.°84126 seguridad al permitir que Gustavo Adolfo López Alzate laborara en condiciones inseguras y peligrosas, y por no supervisar la actividad que le habían asignado el día de los hechos; y que tampoco se tomaron las medidas de protección necesarias «para tal evento». Aseguraron que existe un nexo causal entre el suceso fatal ocurrido en el puesto de trabajo y la labor desarrollada por el subordinado, pues ocurrió un «atrapamiento entre grapas y moldes de la máquina sopladora; produciéndose accidente de trabajo» y la muerte. Insistieron en que la llamada a juicio actuó con negligencia y no observó las normas de protección y de seguridad; de ahí que debía responder por los perjuicios de orden moral, material y «de

carácter jurídico producido en los demandantes», por ello reclamaron el pago de los daños relacionados en las pretensiones. La sociedad Incodi Ltda., al dar respuesta a la demanda inicial, se opuso a las súplicas incoadas. En cuanto a los hechos, aceptó la fecha de fallecimiento de Gustavo Adolfo López Alzate, su vinculación laboral con esa empresa, el cargo desempeñado, la ocurrencia del accidente de trabajo y la causa del óbito. Frente a los demás supuestos fácticos, dijo que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa, adujo que conforme a la «prueba documental aportada al expediente» era posible concluir que el accidente laboral que terminó con la vida del señor López

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Radicación n.°84126 Alzate ocurrió por «culpa del trabajador», quien de manera inexplicable e incumpliendo las normas «básicas y elementales de seguridad», decidió introducir su cuerpo a la máquina que se encontraba en plena operación, sin que exista explicación de por qué lo hizo y la razón por la cual no se apagó dicho equipo. Reiteró que el infortunio acaeció por un «grave descuido del trabajador», pues nada habría ocurrido si aquel hubiese acatado y cumplido las disposiciones de seguridad industrial, que insistió «eran elementales». Formuló como excepciones de mérito las que denominó: «culpa exclusiva de la víctima excluyente de responsabilidad y exposición imprudente al daño»; ausencia de culpa del empleador; prescripción; y buena fe.

La convocada a juicio, en escrito separado y fechado el 21 de mayo de 2015 (f.°119 a 121), llamó en garantía a la sociedad Generali Colombia Seguros Generales S.A., en virtud del contrato de seguro de responsabilidad civil extracontractual que existía; solicitud que fue aceptada por el a quo en auto del 29 de septiembre de 2014 (f.°537 y 538). Generali Colombia Seguros Generales S.A., hoy HDI Seguros S.A., al dar respuesta a la demanda, se opuso a todas las pretensiones. Frente a los hechos aseveró que ninguno le constaba.

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Radicación n.°84126 Argumentó como razones de defensa que los documentos aportados al proceso demostraban que no existió una culpa «patronal» atribuible al empleador demandado, dado que el deceso del trabajador se produjo por su exclusiva responsabilidad, pues a pesar de estar adecuadamente capacitado y de conocer los métodos seguros para detener la máquina sopladora, no lo hizo, «situaciones que indudablemente son la causa del accidente de trabajo». Formuló las excepciones de ausencia de culpa de Incodi Ltda. en la ocurrencia del accidente de trabajo; «causa extraña; hecho exclusivo de la víctima»; reducción del monto indemnizable en virtud del comportamiento culposo; indebida reclamación de perjuicios extrapatrimoniales y excesiva tasación de los mismos; «los perjuicios extrapatrimoniales no son susceptibles de ser indexados»; pago total de las obligaciones a cargo del empleador; ausencia de responsabilidad patronal del asegurado;

inexistencia de siniestro bajo el amparo de responsabilidad «civil patronal» y límites a la indemnización. En cuanto a las pretensiones del llamamiento en garantía, adujo que solicitaba dar estricta aplicación a los términos del contrato de seguro instrumentado en la póliza N° 4000161 y, en consecuencia, en el remoto caso de que Incodi Ltda. fuera condenada al pago de las indemnizaciones que pretendían los demandantes, imploraba se tuvieran en cuenta los términos del contrato de seguros para efectos de determinar las prestaciones

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Radicación n.°84126 económicas a las que tenía derecho la asegurada y/o beneficiaria en virtud del seguro de cumplimiento. Agregó que, en el evento de proferir condena, se tuviera en cuenta lo siguiente: a. La póliza que fundamenta este llamamiento en garantía, las normas legales y los principios generales de los seguros de daños describen de manera precisa los amparos, coberturas y límites dentro de los cuales opera el contrato de seguro de responsabilidad civil extracontractual celebrada entre Incodi Ltda. como tomadora y Generali en calidad de aseguradora. b. El contrato de seguros que fundamenta este llamamiento en garantía y el Código de Comercio contemplan exclusiones convencionales y legales de la cobertura. En caso de encontrase probado en el proceso un hecho que constituya una exclusión convencional o legal, solicito al despacho declararla probada. Respecto a los hechos del llamamiento en garantía, aceptó que entre Incodi Ltda. y Generali Colombia Seguros

Generales S.A. se suscribió un contrato de seguro de responsabilidad civil extracontractual, instrumentalizado a través de la póliza n. 4000161, la cual se encontraba vigente para el 4 de junio 2014. Dijo que la cobertura del citado seguro debía ser entendida con absoluta fidelidad a las cláusulas pactadas por las partes contractuales, «las cuales están contenidas en el clausulado general de la Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual y en la carátula de la respectiva vigencia». Como excepciones del llamamiento en garantía planteó las de ausencia de responsabilidad patronal del asegurado; inexistencia de siniestro bajo el amparo de responsabilidad civil patronal; y «Límites a la indemnización».

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Radicación n.°84126 II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí, al que correspondió dirimir el trámite de la primera instancia, con fallo del 22 de noviembre de 2017, resolvió: PRIMERO: Se DECLARA probadas las excepciones de ausencia de culpa del empleador formulada por la sociedad accionada y ausencia de culpa de Incodi en la ocurrencia de at (sic) formulada por la llamada en garantía, como se explicó en la parte motiva.

SEGUNDO: Se ABSUELVE al (sic) sociedad INCODI LTDA. de todas y cada una de las pretensiones formuladas en su contra por los demandantes, tal como se dijo en las consideraciones.

TERCERO: Se CONDENA EN COSTAS a la parte demandante

[…]

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al conocer del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de los demandantes, mediante sentencia proferida el 7 de diciembre de 2018, decidió: PRIMERO: REVOCAR la sentencia materia de apelación proferida el 22 de noviembre de 2017 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí, para en su lugar, DECLARAR que INCODI LTDA. es responsable del accidente de trabajo acaecido el 04 de junio de 2014 al señor GUSTAVO ADOLFO LÓPEZ ALZATE (q.e.p.d.), configurándose la culpa patronal del artículo 216 del CST, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR a INCODI LTDA. a pagar a título de perjuicios morales a favor de DORA MARÍA GUTIERREZ GONZALES como cónyuge el valor de $40.000.000; para cada uno de los hermanos del causante AURA ROSA LOPEZ ALZATE el valor de $ 15.000.000; para MARTHA MARGARITA LOPEZ ALZATE el valor de $15.000.000; para LUIS NORBERTO LÓPEZ

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Radicación n.°84126 ALZATE el valor de $15.000.000; para JUAN DE DIOS LOPEZ ALZATE el valor de $15.000.000; para JOSÉ MANUEL LOPEZ ALZATE el valor de $15.000.000; para GUILLERMO LEON LOPEZ ALZATE el valor de $15.000.000; y para PEDRO MARIA

LOPEZ ALZATE el valor de $15.000.000, valores que deben ser indexados desde la fecha de esta sentencia hasta el momento efectivo del pago de la obligación.

Parágrafo: Del valor que una vez indexado por este concepto reconozca INCODI LTDA. a los demandantes, la llamada en garantía GENERALI COLOMBIA SEGUROS GENERALES S.A. procederá a reconocer y pagar a favor de INCODI LTDA. el valor de la obligación que se encuentra cubierto por la póliza No. 4000161 previo el descuento del 10% por concepto de deducible.

TERCERO: ABSOLVER a las entidades demandadas, de las demás pretensiones incoadas en su contra, y DECLARAR no probadas las excepciones propuestas.

CUARTO: COSTAS en esta instancia a cargo de INCODI LTDA. […] El juez plural, conforme a lo planteado en el recurso de apelación, estableció que el problema jurídico a resolver consistía en dilucidar si en el presente caso había lugar a declarar la culpa patronal de la accionada en los términos del artículo 216 del CST y, como consecuencia de ello, definir si era procedente condenar al pago de la «indemnización plena o total ordinaria de perjuicios».

Memoró que la culpa patronal es un régimen de responsabilidad subjetiva «por culpa probada del empleador» y para que opere deben converger los elementos estructurantes de la misma, a saber: i) el hecho dañoso, que se evidencia con la ocurrencia del riesgo profesional, esto es, el accidente de trabajo o una enfermedad profesional; ii) la culpa suficientemente comprobada del empleador; y iii) el

nexo de causalidad entre los primeros dos elementos.

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Radicación n.°84126 Dijo que en este asunto el primer aspecto se suscitaba por un riesgo profesional, pues el hecho fatal ocurrió el 4 de junio 2014, tal y como se detallaba en el informe de accidente de trabajo del empleador elaborado por la ARL Sura S.A. (f.°45 a 47). El colegiado explicó, en cuanto a la culpa suficientemente comprobada del empleador, que según el criterio de la Corte la carga de la prueba para su demostración, en principio, recaía en el trabajador o sus herederos, a quienes les correspondía probar la ocurrencia del siniestro o de la afectación de salud, pero cuando se denunciaba el incumplimiento de las obligaciones de cuidado y de protección se invertía esa carga probatoria y era el empleador quien asumía la obligación de acreditar que actuó con diligencia y precaución a la hora de resguardar la salud y la integridad de sus colaboradores. Señaló que de acuerdo con la documental de folios 123 a 126, el riesgo en el que estaba clasificada la empresa por la ARL era del nivel 3 y, de manera específica, en el artículo 4 del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial «se estableció que entre otros riesgos, los trabajadores están expuestos a riesgos mecánicos por máquinas o herramientas», situación que, tal como se describía en el artículo 1 ibidem, «La empresa se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una adecuada y

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Radicación n.°84126 oportuna prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales». Esgrimió que la directriz aplicable era la Resolución 2400 de 1979 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, en relación con el manejo de máquinas, motores o dispositivos mecánicos, la que estipulaba en su artículo 267 que: Los órganos móviles de las máquinas, motores, transmisiones, las piezas salientes y cualquier otro elemento o dispositivo mecánico que presente peligro para los trabajadores, deberán ser provistos de la adecuada protección por medio de guardas metálicas o resguardos de tela metálica que encierre éstas partes expuestas a riesgos de accidente. Refirió que el artículo 273 de la misma resolución determinaba: Cualquier parte de las máquinas o equipos que debido a su movimiento o funcionamiento mecánico ofrezca riesgo al personal, tales como tuberías de conducción de vapor u otras substancias calientes, conductores o cables eléctricos desnudos, equipos, materiales o piezas afiladas o salientes, deberán estar resguardadas adecuadamente. Los resguardos deberán ser diseñados, construidos y utilizados de tal manera que suministren protección efectiva y prevengan todo acceso a la zona de peligro. Los resguardos no deberán interferir con el funcionamiento de la máquina, ni ocasionar un riesgo para el personal. Adujo que en el sub examine la máquina sopladora n.° 1, que ocasionó la muerte de Gustavo Adolfo López Alzate no estaba provista de los mecanismos adecuados de

protección por medio de «guardas metálicas o resguardas de tela metálica», ya que ese elemento fue implementado después del acaecimiento del fatídico accidente, pues así lo

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Radicación n.°84126 mencionó el representante legal de Incodi Ltda., señor Nicolás Restrepo Uribe. Puntualizó que el referido representante de la demandada aseveró que las reformas a la máquina se efectuaron después de un análisis de lo sucedido, colocando un sensor que abarcara un espacio más amplio que el que tenía originalmente, así como también una reja metálica en la puerta. Agregó el ad quem que, de conformidad con la Resolución 2400 de 1979, la empleadora no debió esperar a que ocurriera un infortunio para proceder a instalar dichos dispositivos tendientes a resguardar dicho equipo con la reja metálica y los sensores, pues, por seguridad industrial, para prevenir accidentes laborales, tenían que haberse colocado tiempo atrás. Especificó que no se desconocía que la máquina sopladora n.° 1 tenía un sistema de seguridad con el que contaba desde fábrica, como el sensor lineal y un panel de control con botones que al oprimirse la paran o la colocan en posición manual, en caso de realizar alguna operación al interior de esta (f.°409 a 413); que, no obstante, debía tenerse en cuenta que el artículo 274 de la aludida Resolución 2400 de 1979 establecía, que: Se deberán tomar todas las medidas para resguardar adecuadamente el punto de operación de las máquinas, cuando esta condición pueda crear un riesgo para el operador. Toda

máquina de tipo antiguo que no posea la protección debida será objeto de estudio para, adaptar un resguardo adecuado en el punto de operación. Los funcionarios de la División de Salud Ocupacional podrán dictar otras medidas necesarias para la construcción e instalación de los resguardos de maquinarias.

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Radicación n.°84126 Aseveró que ante tal riesgo para los trabajadores que operaban la máquina sopladora, lo mínimo que debía hacer el empleador, quien conocía esa normativa por ser el estatuto de seguridad industrial, tal como lo manifiesta la misma empresa demandada en la documental de folios 144 a 165, contentivo del Sistema de Gestión de la Seguridad Social y Salud en el TrabajoSGSST, elaborado en el año 2013, en acatamiento de tal disposición, era instalar en ese equipo la malla de seguridad o la reja metálica, que le fue colocada con posterioridad al suceso. Detalló que la empresa demandada acreditó los reportes de mantenimiento de las máquinas con que contaba para la producción (f.°252 a 352) y que, efectivamente, la sopladora n.°1 no presentaba ninguna falla mecánica o funcional en la revisión semanal antes del accidente (f.°313), pero que ello no era suficiente para prohijar que la empresa haya adoptado todas las medidas necesarias y adecuadas de protección del trabajador, pues lo que se reprochaba era la falta de acatamiento a lo dispuesto en el artículo 267 de la Resolución 2400 de 1979, esto es, la instalación de una malla o reja de seguridad que solo fue implementada, se itera, después de ocurrido el

siniestro. Refirió que en la investigación de incidentes y accidentes de trabajo realizada por la ARL (f.°32 a 42), en las observaciones se estipulaban las acciones adelantadas después del suceso, puntualizando que «se ha decidido,

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Radicación n.°84126 hacer una revisión a toda la planta en todo lo referido a guardas y sistemas de protección»; pero que, en todo caso, la máquina sopladora n.°.1 no contaba con la guarda o malla de seguridad de que trataba la resolución en comento. Del mismo modo, puntualizó que en la aludida investigación se dispuso como causas y conclusiones el «inadecuado uso de la máquina y herramienta», «ingreso a sistemas peligrosos y en movimiento» y que «no se verifican los dispositivos de seguridad de la tarea»; que también a folio 414 se presentaba por el empleador un «árbol» de causas, aduciendo, además de lo dicho, una posible perturbación emocional del difunto y preocupación por problemas como situaciones familiares, de acoso emocional, pero, a decir del juzgador, esas causas no se encontraban acreditadas suficientemente en el plenario para tener por cierto que el accidente de trabajo ocurrió por un actuar voluntario del trabajador, presionado por circunstancias externas. El ad quem añadió que, si bien el actor llevaba más de 15 años ejerciendo la misma labor, ello por sí solo no exoneraba de la responsabilidad a la entidad empleadora, pues el accidente se produjo en ejercicio de sus funciones

por instrucciones del empleador y no por su propia cuenta, sin que la máquina sopladora estuviera provista de todos los dispositivos de seguridad aludidos, por ejemplo, guardas metálicas o resguardas de tela metálica, tal como lo exigía la citada Resolución 2400 de 1979.

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Radicación n.°84126 Arguyó que tal circunstancia llevaba a inferir que durante todo su desempeño laboral el causante siempre estuvo expuesto al riesgo, el cual debía minimizar y prevenir el empleador en beneficio de sus colaboradores, quienes exponían su integridad física en la operación de la máquina sopladora utilizada para la producción en la empresa demandada. Puso de presente que el representante legal de la sociedad demandada, al absolver el interrogatorio de parte, aseveró que el extrabajador, al tener vasta experiencia, logró esquivar el sensor e ingresar a la máquina sopladora; pero que esas afirmaciones no contaban con sustento probatorio alguno; que además le competía al empleador, bajo las normas de seguridad industrial, precaver cualquier injerencia del trabajador en ese equipo, es decir, resguardarlo con guardas metálicas o tela metálica que hicieran que el operario ni siquiera estuviera autorizado a abrir la rejilla y manipular su interior, tal como lo disponía el artículo 270 de la aludida Resolución 2400 de 1979. Reseñó el juez de segundo grado, en cuanto a la inspección judicial practicada a través de despacho comisorio, que se podía apreciar que esa diligencia se adelantó en las instalaciones de Incodi Ltda., ubicadas en el

municipio del Guarne, pero que el accidente laboral acaeció cuando la empleadora tenía su sede de producción en el Municipio de la Estrella, lo que le restaba fuerza persuasiva en punto a la verificación de las medidas de seguridad

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Radicación n.°84126 industrial para la época, en el sitio donde ocurrió el infortunio y, por el contrario, lo que se observaba en el video era que a las máquinas sopladoras utilizadas por la empresa les colocaron una reja de seguridad y un sensor adicional moderno y efectivo, pero tales medidas fueron adoptadas tiempo después del suceso y no antes. En este punto el juez plural aseguró que en la misma inspección judicial, de manera improvista la máquina sopladora que estaba siendo inspeccionada presentó una falla y se observaba que la reacción inmediata del operario no fue avisar al supervisor, sino abrir la reja de seguridad y extraer con su mano el material o «manga» que se utiliza en la producción, lo que permitía deducir que aun colocando la malla de seguridad no era suficiente para prevenir de manera eficiente el riesgo laboral, pues tal medida de prevención, en esa clase de equipo, no se suplía solo con resguardarlo con malla de seguridad sino también evitando que el operario de cualquier forma abriera la reja y la manipulara, lo cual solo debía hacerlo el supervisor o técnico respectivo. De otra parte, el juez de alzada expuso que no se desconocía que la empresa demandada efectuó capacitaciones a sus trabajadores, incluido Gustavo Adolfo López Alzate (f.°166 a 186) en temas relacionados con seguridad industrial, en las que se advertía que los

operarios no podían manipular directamente los equipos y debían reportar las fallas en su funcionamiento al supervisor; que sin embargo, esto no era suficiente, ya que

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Radicación n.°84126 pese a dichas capacitaciones, el riesgo para los trabajadores era latente, dado que las máquinas sopladoras antes de la ocurrencia del accidente laboral no contaban con la reja de seguridad referida, que solo fue instalada de manera posterior a la muerte del trabajador. Explicó que en la eventualidad de que el trabajador hubiera decidido por su propia voluntad manipular la máquina donde perdió la vida, bien sea por una causa externa familiar o porque lo hizo sin avisar al supervisor, ello no exoneraba de responsabilidad al empleador omiso que no adecuó el equipo conforme las instrucciones de seguridad industrial de que trata la Resolución 2400 de 1979, pues la jurisprudencia establecía que la concurrencia de culpas no hace desaparecer la responsabilidad del contratante. Indicó que llamaba la atención que la demandada no allegara el material probatorio alusivo al momento que ilustraba las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el accidente de trabajo, pues a folio 88, el señor Nicolás Restrepo Uribe, representante legal de Incodi Ltda., le comunicó a la apoderada judicial de los demandantes que «Me permito informarle que los registros del accidente de trabajo pertenecen a las cámaras de seguridad de la empresa, ya que forman parte Integral de la información global y del funcionamiento interno de la compañía y son de su uso privativo», aspecto que denotaba la presencia de

registros fílmicos, pues no se negó su existencia, sino que

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Radicación n.°84126 restringió su suministro; pero tampoco fueron aportados al proceso. En lo que hace a la prueba testimonial el operador judicial de segunda instancia manifestó que, si bien los deponentes dieron cuenta de que la empresa capacitaba a sus trabajadores y que el personal operario no estaba autorizado para manipular la máquina sopladora n.° 1, lo cierto era que, además de que el referido artefacto no tenía las medidas necesarias de protección, el testigo Yesid Alfonso Rodríguez Ríos, quien para el momento fungía como supervisor técnico, narró que en la producción estaba asignado un supervisor dando rondas; no obstante, «el supervisor asignado Antonio Ramírez Salazar» al testificar relató que se encontraba dando su ronda y vio al señor Gustavo Adolfo López atrapado en la máquina sopladora. Destacó que tal supervisor no solo estaba cumpliendo con su función de hacer rondas, sino también «relevando la sopladora 8» tal como se evidenciaba a folio 449, lo que llevaba a inferir que no se dio cumplimiento a las medidas de supervisión al momento de la ocurrencia del siniestro, pues quién debía estar en esa función estaba al tiempo ejerciendo otra labor. Respecto a la documental de folios 385 a 387, contentiva del archivo de la averiguación preliminar por parte de la Dirección Territorial de Antioquia del Ministerio del Trabajo, argumentó que de ninguna manera allí se determinaba la responsabilidad del empleador en el

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Radicación n.°84126 accidente de trabajo, pues ello le competía a la jurisdicción ordinaria laboral; además, esa entidad inició la investigación con «el fin de verificar el cumplimiento del artículo 4 del Decreto 1530 de 1996, concordado con la Resolución 1401 de 2007», disposiciones que hacen alusión a la obligación que tiene el empleador de realizar la investigación en conjunto con el Comité Paritario de Salud Ocupacional de los accidentes laborales donde fallezcan trabajadores, aspecto formal que acreditó la empresa ante el referido ente, pero que nada decía en relación a la posible culpa patronal. Del anterior análisis probatorio el juez plural coligió que estaba acreditada en el plenario la negligencia o actitud omisiva del empleador en el accidente de trabajo, al faltar a sus obligaciones de supervisión, inspección, verificación y acat