CSJ - SL1210-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL1210-2023 Radicación n.° 92881 Acta 18 Bogotá, D. C., treinta (30) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por

CÉSAR BEJARANO, CIPRIANO ALBERTO OLARTE

GAVIRIA, FARID OMAR ACEVEDO, GILBERTO ARTURO

VARGAS VALLEJO, GUILLERMO ALONSO RIVERA

OSORNO, GUILLERMO ANTONIO GONZÁLEZ NARANJO,

GUSTAVO ANDRÉS TOBÓN ALVIAR, JESÚS ELIÉCER

BETANCUR GÓMEZ, JHON JAIRO JARAMILLO, JHON

JAIRO JIMÉNEZ ÁLVAREZ, RUBÉN DARÍO ARANGO TABARES, SANDRA PATRICIA LONDOÑO LORZA y WILSON ALBERTO QUIRAMA MUÑOZ contra la sentencia proferida el 6 de febrero de 2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario laboral que instauraron los recurrentes

contra ZANDOR CAPITAL S.A. COLOMBIA y FRONTINO

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Radicación n.° 92881 GOLD MINES LIMITED quien tiene como sucesora procesal

a la FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

I. ANTECEDENTES Los citados demandantes convocaron a juicio a Frontino Gold Mines Limited y Zandor Capital S.A. Colombia con el propósito que se declare que entre estas dos empresas

hubo una sustitución patronal; que entre ellos y las demandadas existen aún sendos contratos de trabajo a término indefinido; que las sumas de dinero que les fueron sufragadas por Frontino Gold Mines Limited por concepto de «indemnizaciones y liquidaciones» son inválidas por la inexistencia de la finalización de las relaciones laborales y en consecuencia deben ser asumidas como «pérdidas» a cargo de las accionadas. Por lo anterior, solicitaron que se ordenara su reintegro, sin solución de continuidad, al cargo que venían desempeñando al momento en que se produjo su despido, junto con el pago de los salarios causados desde esta fecha hasta su reinstalación efectiva; las cesantías y sus respectivos intereses; la prima de servicio; las vacaciones; el equivalente en dinero de lo que les corresponde por concepto de dotación de vestido y calzado; los aportes a los sistemas de salud y pensiones; el subsidio familiar; las prestaciones derivadas de la convención colectiva de trabajo; la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del CST; y las costas del proceso.

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Radicación n.° 92881 Como pretensiones subsidiarias, reclamaron que se condene al pago de las diferencias prestacionales e indemnizatorias entre lo que las compañías demandadas les reconocieron en la liquidación final y lo que les han debido pagar según la convención colectiva de trabajo; la indemnización moratoria contemplada en el artículo 65 ibidem; la indexación de las sumas adeudadas; lo que resulte probado ultra o extra petita; y las costas.

En sustento de sus pretensiones, manifestaron que laboraron como operarios mineros al servicio de Frontino Gold Mines Limited, a través de contratos a término indefinido que terminaron el 19 de agosto de 2010; que a su cargo estaba la extracción de oro y de piedras para moler, actividades que ejecutaban al interior de túneles o socavones en el municipio de Segovia – Antioquia, devengando como último salario la suma de $508.137. Relataron que, para poner fin a sus nexos contractuales, la sociedad Frontino Gold Mines Limited invocó la «autorización de liquidación» y el consecuente despido colectivo lo confirió el entonces Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio del Trabajo, con las Resoluciones 00158, 960 y 4933 de 2007; que, no obstante, dicha empresa no fue liquidada sino vendida a Zandor Capital S.A. Colombia, por medio de una «operación de venta de activos». Aseveraron que, entre esas dos sociedades en realidad ocurrió una sustitución de empleadores, toda vez que la

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Radicación n.° 92881 última continúa adelantando idéntica actividad económica que la primera, en el mismo lugar en que lo hacía Frontino Gold Mines Limited, en los mismos yacimientos, maquinaria de operación y oficinas, de manera que lo único que cambió fue la razón social. Finalmente, afirmaron que la Superintendencia de Sociedades mediante auto 2010-01134804 que ordena el levantamiento de medidas cautelares, en sus antecedentes, corroboró que lo que existió fue la venta de Frontino Gold

Mines Limited como «unidad por enajenación especial» a Zandor Capital S.A. Colombia. Zandor Capital S.A. Colombia al contestar la demanda se opuso a todas las pretensiones incoadas por los demandantes. En cuanto a los hechos, dijo que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa, refirió que los actores no fueron empleados suyos; que Frontino Gold Mines Limited al encontrarse en proceso de liquidación obligatoria llevó a cabo una enajenación especial de activos, representada en la venta de un título minero, bajo la vigilancia del juez del concurso y la Superintendencia de Sociedades. Enfatizó que no adquirió a la otra empresa como tal, por ende, cualquier reclamación laboral se debe hacer ante la empleadora. Formuló las excepciones previas de falta de legitimación en la causa por pasiva, inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones y pleito pendiente con respecto

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Radicación n.° 92881 a Guillermo Antonio González y Jhon Jairo Jaramillo. De fondo, las que denominó falta de identidad entre la demandada Zandor Capital S.A. y los actores; falta de requisitos del contrato de trabajo; diferenciación de las empresas Frontino Gold Mines Limited (E.L.O.) y Zandor Capital S.A. Colombia; compra-venta de activos bajo la figura de enajenación especial de activos regulada en la Ley 222 de 1995; naturaleza del vínculo contractual y partes; responsabilidad exclusiva de un tercero – Frontino Gold Mines Limited (E.L.O.); calidad de juez de la Superintendencia de Sociedades en eventuales acreencias reclamadas; inexistencia de sustitución patronal; buena fe; y

prescripción. La demandada Frontino Gold Mines Limited dio respuesta al escrito genitor a través de curador ad litem, el cual se opuso a todas las pretensiones y manifestó que ninguno de los supuestos fácticos le constaban. Como razones de defensa, expuso que la parte actora lo primero que debía probar era si hubo o no sustitución patronal entre la Frontino Gold Mines y Zandor Capital S.A. Colombia, ya que la primera habla de una compraventa de activos, como son los bienes muebles e inmuebles que tuvo la vendedora, en tanto que una sustitución patronal es un cambio de empleador por otro, subsistiendo la identidad del establecimiento, es decir, «que una simple compraventa de activos no es sustitución patronal». No presentó excepciones.

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Radicación n.° 92881 Posteriormente y dentro de la oportunidad procesal correspondiente, los demandantes presentaron reforma a la demanda inicial (f.°360 a 381), en la cual reiteraron las pretensiones principales y subsidiarias mencionadas, pero añadieron los siguientes supuestos fácticos: Relataron que devengaban un salario básico mensual que oscilaba entre $635.160 y $730.050 para el momento del despido; es decir, un salario diario aproximado de $21.172 y $24.335; que conforme la cláusula 11 de la CCT 2003-2004 el salario «mínimo convencional» a partir del 1 de enero de 2003 era de $18.070 diarios y que esa estipulación extralegal consagró que desde el 1 de enero de 2004 el aumento salarial

sería en un porcentaje igual al IPC certificado por el DANE para el 2003, más dos puntos porcentuales; lo que significaba que para el 2010, año en que se produjo los despidos el salario mínimo convencional equivalía a $29.513 diarios. Consecuente con lo anterior indicaron que, para la liquidación final de prestaciones sociales, el empleador ignoró la aplicación de la CCT vigente, dado que no incluyó todos los factores convencionales que conformaban la base salarial de liquidación. La empresa Zandor Capital S.A. Colombia (f.° 384 a 410) contestó la reforma a la demanda, se opuso a todas las pretensiones y en cuanto a los hechos novedosos referentes a los salarios devengados, manifestó que tal aspecto no le constaba, pues correspondía a un presupuesto fáctico «no

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Radicación n.° 92881 relacionado con la empresa»; insistió que nunca ha tenido vínculo laboral alguno con los promotores del proceso y jamás suscribió alguna CCT de la cual se deriven los derechos reclamados. Propuso las mismas excepciones de la contestación. El juez de conocimiento en auto del 30 de septiembre de 2015 (f.°455), consideró pertinente «enterar de la existencia del presente proceso» a la Fiduciaria de Occidente S.A. en calidad de sucesor procesal de la demandada Frontino Gold Mines Limited, toda vez que conforme el auto n.° 400-015767 del 28 de octubre de 2014 emitido por la Superintendencia de Sociedades, se declaró terminado el proceso de liquidación respecto de la llamada a juicio. En

cumplimiento de lo anterior, se libró la comunicación respectiva (f.°457 y 458). En audiencia de trámite desarrollada el 16 de febrero de 2016 (f.°515 a 516), el a quo declaró no probada la excepción previa de pleito pendiente y respecto de las demás dijo que serían resueltas al poner fin a la instancia.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió dirimir el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 4 de octubre de 2018, resolvió: PRIMERO: ORDÉNASE a la FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A., acorde con el contrato fiduciario suscrito con ZANDOR CAPITAL S.A, COLOMBIA, a reconocer y pagar por concepto de reajuste a la indemnización por despido a favor de CÉSAR BEJARANO, la

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Radicación n.° 92881 suma de $672.675, CIPRIANO ALBERTO OLARTE GAVIRIA la suma de $4.806.206, y en favor de GUSTAVO ANDRÉS TOBÓN ALVIAR la suma de $1'048.383 y asimismo a reconocer y pagar el respetivo título o cálculo actuarial con destino a la Administradora de Fondo de Pensiones donde se encuentre afiliado conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia, lo propio frente al señor CÉSAR BEJARANO, es decir, a pagar el respetivo título o cálculo actuarial por el tiempo de vinculación sin afiliación ni cotizaciones al SGSS; a reconocer y

pagar al señor JESÚS ELIECER BETANCUR GÓMEZ, la suma de $276.206 por concepto de reajuste de indemnización por despido al señor JHON JAIRO JARAMILLO por igual concepto la suma de $5.235.991, al señor RUBÉN DARÍO ARANGO TABARES la suma de $1.986.864, y al señor WILSON ALBERTO QUIRAMA MUÑOZ la suma de $483.289, como reajuste a la indemnización por despido sin justa causa. Sumas que deberán ser indexadas al momento del pago efectivo de dicha obligación.

SEGUNDO: ABSUÉLVASE a la empresa ZANDOR CAPITAL S.A de todos los cargos formulados en su contra por los aquí demandantes.

TERCERO: ABSUÉLVASE a las demandadas de todos los cargos formulados en su contra por FARID OMAR ACEVEDO,

GILBERTO ARTURO VARGAS VALLEJO, GUILLERMO ALONSO

RIVERA OSORNO, GUILLERMO ANTONIO GONZÁLEZ

NARANJO, JHON JAIRO JIMÉNEZ ÁLVAREZ y SANDRA

PATRICIA LONDOÑO LORZA.

CUARTO: CONDÉNASE en costas a la FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A y en favor de CÉSAR BEJARANO, CIPRIANO

ALBERTO OLARTE GAVIRIA, GUSTAVO ANDRÉS TOBÓN

ALVIAR, JESÚS ELIECER BETANCUR GÓMEZ, JHON JAIRO JARAMILLO, RUBÉN DARÍO ARANGO TABARES, WILSON ALBERTO QUIRAMA MUÑOZ, fijándose como agencias en

derecho el equivalente al 15% de la obligación aquí reconocida. Se exonera de costas a ZANDOR CAPITAL S.A COLOMBIA, así mismo se condena en costas y en favor de la FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A, EN EL EQUIVALENTE A ½ SMMLV, a cargo de

FARID OMAR ACEVEDO, GILBERTO ARTURO VARGAS

VALLEJO, GUILLERMO ALONSO RIVERA OSORNO,

GUILLERMO ANTONIO GONZÁLEZ NARANJO, JHON JAIRO

JIMÉNEZ ÁLVAREZ y SANDRA PATRICIA LONDOÑO LORZA.

QUINTO: DECLÁRASE no probadas las demás excepciones formuladas con la contestación de la demanda.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, con sentencia fechada 6 de febrero de 2020, decidió: PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero de la Sentencia proferida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, el 4 de octubre de 2018, en cuanto que a los demandantes CÉSAR BEJARANO, CIPRIANO ALBERTO OLARTE GAVIRIA y JESÚS ELIÉCER BETANCUR GÓMEZ, se les adeuda por concepto de reajuste de la indemnización por despido injusto, la suma de $997.675; $6.005.648; y $1.914.260, respectivamente,

según las razones expuestas.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás.

TERCERO: Costas Procesales en esta instancia a cargo de los

demandantes WILSON ALBERTO QUIRAMA MUÑOZ, RUBÉN

DARÍO ARANGO TABARES, GUSTAVO ANDRÉS TOBÓN ALVIAR,

FARID OMAR ACEVEDO, GILBERTO ARTURO VARGAS

VALLEJO, GUILLERMO ALONSO RIVERA OSORNO,

GUILLERMO ANTONIO GONZÁLEZ NARANJO, JOHN JAIRO JIMÉNEZ ALVÁREZ, SANDRA PATRICIA LONDOÑO LORZA y JHON JAIRO JARAMILLO, en favor de las demandadas. Agencias en derecho $50.000 a cargo de c/u de ellos. Y a cargo de las demandadas en favor de los demandantes CÉSAR BEJARANO, CIPRIANO ALBERTO OLARTE GAVIRIA y JESÚS ELIECER BETANCUR GÓMEZ. agencias en derecho 1/2 SMLMV. El juez plural indicó que eran dos los problemas jurídicos a resolver, de una parte, determinar si entre las demandadas Frontino Gold Mines Limited y Zandor Capital S.A. Colombia existió o no una sustitución patronal y, de otro lado, establecer si las sumas condenadas por el juez de instancia por concepto de indemnizaciones por el despido injusto fueron o no bien liquidadas.

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Radicación n.° 92881 Para resolver, puso de presente que el artículo 67 del CST explica que la sustitución supone el «cambio de un

empleador por otro», por cualquier causa, siempre que subsista la identidad del establecimiento en el giro de sus actividades. Señaló que, de conformidad con lo sostenido por la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral, entre otras, en sentencia CSJ SL3161 -2017, para que se configure dicho fenómeno deben reunirse tres elementos: cambio de empleador, continuidad de la empresa y del trabajador en la prestación de servicios. Señaló que en los términos de los artículos 68 a 70 ibídem, la sustitución de empleadores no extinguía, suspendía o modificaba los contratos de trabajo existentes y que, si bien el antiguo y el nuevo empleador pueden acordar modificaciones de sus propias relaciones, éstas no afectan los derechos consagrados en favor de los subordinados, siendo responsables solidarios de las obligaciones laborales causadas al momento de la sustitución. Aseveró que en el sub judice se aportaron las copias de los contratos de trabajo (f.° 564 a 635, 640, 668, 670, 672, 674, 683, 685, 712, 739, 750 y 754); las cartas de terminación de los mismos dirigidas a los demandantes por el liquidador de la demanda Frontino Gold Mines Limited (f.°33, 34 y 36 a 45) y las copias de las liquidaciones de prestaciones sociales en las que se le reconoció a cada uno de ellos la indemnización por despido injusto (f.° 609, 638, 664, 669, 671, 673, 682, 684, 692, 720, 752, 756 y 771); probanzas que permitían tener por demostrado, en primer

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Radicación n.° 92881 lugar, que entre los accionantes y la referida sociedad existieron sendos convenios laborales a término indefinido. Especificó que en el expediente obraba copia de la compraventa suscrita entre las demandadas Frontino Gold Mines Limited y la Zandor Capital S.A. Colombia desde el 31 de marzo 2010 (f.°70, 75 y 302 a 314); así como el acta de perfeccionamiento de la misma, en la que se lee que la última adquirió bienes que conformaban los activos, títulos mineros y licencias de exploración o de explotación de la primera. Manifestó que no obstante, los actores no aportaron prueba de que el contrato de trabajo que cada uno tenía con Frontino Gold Mines Limited se hubiera mantenido más allá del 19 de agosto de 2010, ni que prestaron sus servicios en favor de la codemandada Zandor Capital S.A. Colombia, pues Darío Alberto Roa Aristizábal, excompañero de trabajo y directivo sindical en la empresa, a quien citaron como testigo, afirmó que los contratos con la empleadora habían terminado por decisión unilateral del liquidador de la sociedad, el 19 de agosto de 2010 cuando le cedieron o le vendieron, «los activos de la Frontino Gold a Zandor Capital y a Gran Colombia Gold». La colegiatura luego de transcribir algunas preguntas y respuestas del aludido declarante, arguyó que no existía prueba de la continuidad de la prestación de los servicios de los actores «mediante el mismo contrato de trabajo», en favor de Zandor Capital S.A. Colombia; pues por el contrario, en los hechos 4, 2, 6 y 7 de la demanda inaugural y en su

reforma, se confesó que el 19 de agosto 2010 «se les terminó

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Radicación n.° 92881 el contrato de trabajo por parte de la Frontino Gold», bajo el argumento de que se expidieron las autorizaciones por parte del Ministerio de Protección Social, a través de las Resoluciones 158, 964 y 4933 de 2007, sin que nuevamente se hubieran vinculado directamente a la mencionada Zandor Capital S.A. Colombia, pues algunos lo hicieron fue con otras empresas de servicios temporales. Por lo anterior, estimó que al no concurrir uno de los requisitos para la procedencia de la sustitución patronal invocada por los accionantes en la sustentación del recurso de alzada, no procedía tal declaración; por lo que, en este punto confirmaría la decisión absolutoria del a quo. Agregó, que no había lugar a analizar si «se disfrazó o no la contratación realizada por la codemandada Zandor Capital S.A. Colombia», en la medida que, como lo puso de presente el a quo, tal presupuesto ni siquiera fue planteado en los supuestos fácticos de la demanda inicial, configurándose un hecho nuevo que no fue debatido en la primera instancia. En cuanto al tema de la liquidación de la indemnización por despido injusto, puso de presente que los demandantes solicitaban que se revisaran las liquidaciones efectuadas en la sentencia de primer grado, y que para estos precisos efectos había aportado un documento con base en el cual argumentaban que en algunos casos coincidían tales conceptos y en otros se presentaban diferencias, advirtiendo

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Radicación n.° 92881 que como la referida prueba se allegó en segunda instancia, es decir, extemporáneamente, no podía tenerse en cuenta. Adujo que la convención colectiva de trabajo obrante en el CD de folio 815, con las formalidades exigidas por el artículo 469 del CST, esto es, fecha de firma y depósito, la cual fue acogida por el a quo sin reparo alguno por las partes, para lo que interesa al objeto de debate, establece en la cláusula 107 que en el caso de despido la empresa debe pagar al trabajador, como indemnización, la prevista en el número 4 del artículo 8 del Decreto 2351 de 1965 o los salarios básicos correspondientes a la escala allí fijada, según el tiempo de servicio. Añadió que el juzgador de primer grado liquidó las indemnizaciones tomando un salario mínimo convencional de $29.451 para el año 2010, «el cual obtuvo al sumar dos puntos porcentuales al IPC de cada año a partir del año 2004 en los términos de la cláusula 11 de la Convención Colectiva de trabajo». Dijo que, efectuados los cálculos aritméticos de rigor, con base en los tiempos de servicio laborados por cada uno de los demandantes, en los términos de la referida cláusula 107 y con base en este último salario, a los actores les asistía el derecho al pago de la indemnización convencional, así: i) César Bejarano $5.742.945, se le pagó $4.745.270, existiendo una diferencia de $997.675.

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1. Cipriano Alberto Olarte Gaviria $21.440.328 se le canceló $15.434.680, siendo la diferencia de $6.005.648. iii) Jesús Eliecer Betancur Jaramillo $29.068.137 se le sufragó la suma de $27.153.877, habiendo una diferencia de $1.914.260; que así se modificaría la sentencia de primera instancia.

Aseveró que, en los casos de Wilson Alberto, Rubén Darío y Gustavo Andrés, realizadas las liquidaciones respectivas en los términos antedichos, se obtuvo un resultado igual al impuesto para el juez de conocimiento; y frente a los demandantes Farid Omar, Gilberto Arturo, Guillermo Alonso, Guillermo Antonio, John Jairo y Sandra Patricia, se encontró que se le reconoció por la empleadora una indemnización incluso superior a la que convencionalmente les correspondía. De ahí que, en ese aspecto sería confirmada la sentencia objeto de impugnación. Finalmente, refirió que respecto al accionante John Jairo Jaramillo la indemnización por despido ascendía al valor de $18.642.483 y se le sufragó el monto de $13.424.752, existiendo una diferencia de $5.217.731, sin embargo, el a quo impuso un reajuste superior por valor de $5.235.991; aspecto que no podría ser objeto de modificación en virtud del principio de la no reforma en peor por tratarse de apelante único, por ende, en ese aspecto sería confirmada la sentencia apelada.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por los demandantes, concedido por el

Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretenden los recurrentes que esta corporación case «totalmente» la sentencia impugnada, en cuanto desconoció que había sustitución patronal, para que, en sede de instancia revoque la decisión del a quo y, en su lugar, declare su existencia y conceda todos los derechos laborales que de ella se derivan de acuerdo a lo solicitado.

Con tal propósito, por la causal primera de casación laboral, formula tres cargos que obtienen réplica de la demandada Zandor Capital S.A. Colombia, los cuales se pasan a estudiar en el orden propuesto.

VI. CARGO PRIMERO Acusan la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 67, 68, 69 y 70 del

CST. En el desarrollo del cargo, luego de afirmar que están de acuerdo con las conclusiones fácticas contenidas en el fallo de segundo grado, transcriben el artículo 67 del CST, para decir que en su texto no se contempla la continuidad

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Radicación n.° 92881 del servicio por parte del trabajador, de donde se sigue que es creación jurisprudencial. Arguyen que la exigencia de ese elemento habilita a los empleadores para eludir la sustitución patronal, en tanto pueden despedir a los empleados antes de que el nuevo empresario se haga cargo del negocio. En tal dirección, subrayan que la disposición normativa citada, en su tenor literal, solo conjuga el cambio de empleador y la continuidad del negocio, pero no la ininterrupción del vínculo. Por

consiguiente, de reunirse estos dos elementos, es «imperativo que el trabajador debe permanecer incólume en su relación laboral». Explican que la autorización de despido colectivo que emitió la autoridad administrativa del trabajo se obtuvo con el pretexto de la liquidación de la sociedad; pero, «curiosamente», al día siguiente de la terminación de la relación laboral de los trabajadores, la sociedad Zandor Capital S.A. Colombia continuó con la exploración y explotación de material aurífero. En ese contexto, se preguntan si «¿acaso la intención del legislador no era y es que si continua con la misma actividad, los mismos trabajadores continúen? Claro que sí». Afirman que la sustitución patronal no puede estar supeditada al momento que ocurra el cambio de empresarios. Citan la sentencia «T. 3249447» de 2012 proferida por la Corte Constitucional, para sostener que es indispensable analizar la realidad de lo ocurrido y no aplicar de manera

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Radicación n.° 92881 automática el precedente de esta corporación; «es decir, no basta mirar, simplemente la desvinculación antes o después del cambio de empleador», pues, en todo caso, resulta importante tener en cuenta si ello ocurrió un día antes de la llegada del nuevo patrono. Insisten en que la empresa nunca se liquidó, sino que vendió sus activos un día antes de la llegada del nuevo empleador. Piden a la Sala modificar su posición jurídica actual sobre la sustitución de empleadores, a fin de privilegiar «la supremacía de la realidad sobre las formas». Y concluyen señalando que:

La correcta interpretación es, aun aceptando el nuevo elemento introducido por la CORTE SUPREMA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, de la continuidad de la labor del trabajador, es que cada caso en concreto debe ser examinado para establecer la SUPREMACÍA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMAS CONTRACTUALES, (el papel aguanta todo), y, no mirar simplemente si hubo o no continuidad?, y si no hubo, analizar por qué razón de la interrupción de esa continuidad, y en caso de haber sido una farsa, un medio o ardid, para esquivar la institución de la SUSTITUCIÓN PATRONAL, era su deber declarar su existencia y conceder todos los derechos que de ella se derivan. (Mayúsculas y negrillas propias del texto).

VII. LA RÉPLICA La opositora se opone al éxito de esta primera acusación, aduce que los recurrentes cometen el error de controvertir las deducciones de hecho del Tribunal, pese a haber orientado la acusación por la senda jurídica, pues incurren en la impropiedad de mezclar alegatos de ambas vías, lo que debe conducir a la desestimación.

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Radicación n.° 92881 De otro lado, pone de presente que en los documentos incorporados al proceso lo que quedó demostrado es la cesión de los derechos que formalizó Frontino Gold Mines Limited en favor de Zandor Capital S.A. Colombia, la cual «sólo tuvo vigencia respecto de los derechos derivados del Título Minero RPP 140», pero en modo alguno frente a las obligaciones laborales que la primera de las sociedades indicadas tuviere

consolidadas con sus propios trabajadores, jamás asumidos por la segunda. De manera que no puede ser de recibo la hipótesis planteada de la sustitución patronal.

VIII. CONSIDERACIONES La Sala advierte que no le asiste razón a la opositora en relación a la supuesta mezcla de vías que contiene el cargo, toda vez que de lo discurrido se evidencia un cuestionamiento de legalidad relativo a la interpretación del precepto legal que regula la sustitución pensional y, si bien se hace una somera mención a algunos aspectos fácticos, no es con el propósito de configurar un reproche probatorio, sino de contextualizar la acusación jurídica.

Aclarado lo anterior, se tiene que para los recurrentes los únicos requisitos que se necesitan para que opere una sustitución de empleadores, conforme al artículo 67 del CST, es la continuidad de la empresa y el cambio de un empleador por otro, sin que se requiera que el trabajador siga prestando el servicio al nuevo empresario, como erradamente, en su decir, lo exigió el Tribunal.

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Radicación n.° 92881 Así las cosas, el problema jurídico que debe elucidar esta corporación consiste en establecer si el juez de alzada se equivocó al considerar que, para que exista «sustitución patronal» es necesario, además de la permanencia de la empresa y el cambio de empleador, la continuidad en la prestación del servicio por parte del trabajador. Pues bien, el artículo 67 del Código Sustantivo del Trabajo define dicha figura de la siguiente manera: Art. 67. Definición. Se entiende por sustitución de patronos todo

cambio de un patrono por otro, por cualquier causa, siempre que subsista la identidad de establecimiento, es decir, en cuanto éste no sufra variaciones esenciales en el giro de sus actividades o negocios. Ahora, no se advierte que el juez plural le hubiera dado un entendimiento equivocado a la citada normativa al indicar que para predicar que en este asunto existió sustitución patronal era necesario que concurrieran, además del cambio de empleador y la invariabilidad en el giro ordinario de las actividades del nuevo empresario, la continuidad en la prestación del servicio por parte de los trabajadores; pues, para la Sala, la alzada se atiene con rigor a la regla que inveteradamente ha sostenido la Corte, relativa a que para que opere dicha figura jurídica, es necesario que confluyan esos tres elementos, pues con uno solo que falte es suficiente para colegir que aquella no se presentó. Lo anterior, por cuanto si bien, de una interpretación literal del artículo 67 del CST, podría en principio entenderse

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Radicación n.° 92881 que el legislador solo previó la concurrencia de los dos primeros elementos, lo cierto es que de manera reiterada se ha explicado que el tercero, relativo a la continuidad de la prestación del servicio, está implícitamente consagrado en la misma expresión «sustitución de patronos», pues solo así y por mera lógica, se justificarían los efectos de la norma ante el cambio de empleador dentro de la relación de trabajo. Al resolver similares cuestionamientos a los que la censura le hace a la sentencia del Tribunal, por no haber declarado la sustitución de empleadores alegada en la

demanda inicial, esta corporación en sentencia CSJ SL45302020, adoctrinó: Una lectura textual del citado artículo lleva a deducir que los requisitos de la sustitución de empleadores son el cambio de titularidad de la empresa, establecimiento o entidad económica, por cualquier causa (cesión, venta, arrendamiento, fusión, etc.), y la subsistencia de la identidad del negocio. No obstante, para la Sala el tercer elemento que tradicionalmente ha introducido la jurisprudencia -continuidad en la prestación del servicioestá implícito en la noción de «sustitución de patronos» prevista en el artículo 67 ibidem, que supone una sucesión de empleadores o un cambio en la posición jurídica subjetiva empresarial en la ejecución de una relación de trabajo. Por otro lado, es en el contexto de la relación laboral y su continuidad con otro empleador, en el que esta figura tiene pleno sentido o, más bien, en donde se activan sus garantías consistentes en que los términos de los contratos de trabajo no varíen, se mantenga la antigüedad laboral de los trabajadores y la transferencia de empresa no afecte la solvencia de pago de los créditos laborales adquir