CSJ - SL1259-2023

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO Magistrada ponente SL1259-2023 Radicación n.° 92829 Acta 16 Bogotá, D. C., diez (10) de mayo de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación que ROGER MAURICIO SANABRIA ROBLES interpuso contra la sentencia proferida el 17 de junio de 2021, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el interior del proceso ordinario laboral que el recurrente adelanta contra C. B. I. COLOMBIANA S. A. EN

LIQUIDACIÓN JUDICIAL.

I. ANTECEDENTES El actor solicitó que se declarara que estuvo vinculado con la sociedad demandada mediante un contrato de trabajo, entre el 2 de mayo de 2013 y el 5 de septiembre de 2014, momento en el que fue desvinculado pese a que se encontraba en «estado de incapacidad». Como consecuencia,

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Radicación n.° 92829 pidió que se decretara la ineficacia del despido y se dispusiera su reintegro al cargo que desempeñaba, así como que se condenara a la enjuiciada al pago de todos los salarios, prestaciones sociales y demás acreencias laborales dejadas de percibir, junto con la sanción prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Por otra parte, requirió que se declarara que la «bonificación de asistencia» y los auxilios convencionales pagados por la demandada tenían carácter salarial, así como que el «incentivo adicional convención colectiva» correspondía

en realidad a la remuneración por horas extras, rubros que habían sido excluidos como factor para la liquidación de varios beneficios. En tal sentido, pidió que se condenara a la demandada a reliquidar sus salarios, primas, cesantías e intereses sobre las mismas, aportes a la Seguridad Social y vacaciones disfrutadas y compensadas. En subsidio, suplicó que se reconociera a su favor la indemnización por despido sin justa causa y se decretara el carácter salarial de la «bonificación de asistencia», auxilios convencionales e incentivo adicional convención colectiva, con todas sus consecuencias, junto con el pago de la indemnización establecida en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Finalmente, en lo que denominó «pretensiones conjuntas», solicitó que se declarara que la Refinería de Cartagena era solidariamente responsable del pago de todas

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Radicación n.° 92829 sus acreencias y se ordenara la indexación de todas las sumas debidas. En el capítulo de fundamentos de hecho, en la parte que interesa a la definición del recurso de casación, indicó que le había prestado sus servicios a CBI Colombiana S. A. en Liquidación Judicial entre el 2 de mayo de 2013 y el 5 de septiembre de 2014, cuando fue despedido de manera unilateral e injusta, a pesar de que se encontraba en estado de incapacidad y sin que se hubiera requerido autorización al Ministerio de Trabajo. Señaló, en ese sentido, que durante el ejercicio de sus funciones padeció un dolor lumbar que se exacerbaba con la

actividad física, y que por esa razón le fue diagnosticado un «lumbago no especificado», que le representó varias incapacidades y restricciones laborales como no levantar objetos pesados. Igualmente que, en definitiva, esa condición le causaba «dolores insoportables que le impedían trabajar en condiciones de normalidad», así como que el empleador conocía su padecimiento y, pese a ello, le dio por terminado su contrato de trabajo. Por otra parte, manifestó que su remuneración estaba compuesta por un salario básico, fijado en la suma de $1.974.100.oo, junto con una «bonificación de asistencia», por valor de $876.195.oo, que era habitual y fundada en la prestación de sus servicios. Agregó que en la cláusula quinta de su contrato de trabajo estaba establecido que los beneficios extralegales no eran constitutivos de salario, y que

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Radicación n.° 92829 tales estipendios no fueron incluidos en la liquidación del trabajo extra o suplementario ni de las demás prestaciones sociales y de los aportes al Sistema de Seguridad Social. Finalmente, indicó que la demandada era una contratista independiente de la Refinería de Cartagena S. A. y que, por desarrollar labores propias de su objeto social, se configuraba la solidaridad prevista en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. La sociedad CBI Colombiana S. A. en Liquidación Judicial se opuso a la prosperidad de las súplicas de la demanda. Admitió la vinculación laboral con el actor, pero

aclaró que se había regido por un contrato de trabajo a término fijo y que no se había configurado despido alguno, sino una terminación del vínculo por cumplimiento del plazo fijo pactado. Agregó que los hechos relativos a la condición de salud del trabajador no le constaban, por tratarse de supuestos personales sometidos a reserva, y, finalmente, precisó que no eran ciertos los supuestos que soportaban la naturaleza salarial de algunos pagos, salvo que se había pactado la exclusión respecto de los beneficios extralegales. En su defensa, expuso que, además de que no se había presentado despido alguno, el actor no reunía las condiciones para ser sujeto de estabilidad, en los términos de la Ley 361 de 1997 y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Asimismo, que la bonificación por asistencia no tenía naturaleza salarial y así lo dejaron sentado las propias partes, en los términos del

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Radicación n.° 92829 artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo. Propuso las excepciones de buena fe y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Tramitada la primera instancia, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena profirió fallo el 12 de diciembre de 2017, por medio del cual, en su numeral primero, declaró la condición de salario de la bonificación HSE y cumplimiento o bono de asistencia y, como consecuencia, en los numerales segundo y tercero, condenó a la demandada al pago de diferencias salariales por

$349.374 y diferencias prestacionales por valor de $60.257, debidamente indexados en la fecha de cumplimiento de la decisión, así como al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en pensiones, por las diferencias expuestas, con autorización a la demandada para hacer el descuento del aporte correspondiente al actor. En el numeral cuarto impuso costas, en el quinto declaró probada la excepción de buena fe y en el sexto absolvió a la sociedad demandada de las restantes pretensiones elevadas en la demanda.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver los recursos de apelación interpuestos por los apoderados de las partes, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, a través de sentencia del 17 de junio de 2021, revocó los numerales

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Radicación n.° 92829 primero, segundo, tercero y cuarto de la decisión emitida por el juzgador de primer grado y, en su lugar, absolvió a la demandada «[…] de las pretensiones de la declaratoria de naturaleza salarial de la bonificación de asistencia, reliquidación de trabajo suplementario, prestaciones sociales y aportes a pensión […]». Confirmó la sentencia apelada en todas sus restantes resoluciones. Para darle soporte a su decisión, el Tribunal se refirió en primer lugar a la naturaleza salarial del «bono de asistencia». En tal sentido, se remitió al artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo y precisó que todo lo que el trabajador recibe en dinero o en especie constituye salario, a menos de que se trate de rubros como: prestaciones sociales; importes

entregados para el desempeño cabal de las funciones; sumas ocasionales o concedidas por mera liberalidad del empleador; pagos que por disposición legal no son salario o no tienen carácter retributivo; y beneficios ocasionales o habituales otorgados en forma extralegal, cuando las partes hubieran pactado que no constituye salario, en los términos del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo. En torno a este último aspecto, es decir, la posibilidad de que las partes excluyeran la naturaleza salarial de un pago, con fundamento en la jurisprudencia emanada de esta Corporación, extrajo las siguientes conclusiones:

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1. Es salario todo pago que reciba el trabajador como contraprestación directa de sus servicios.

2. No es posible para las partes en la relación de trabajo a la luz del artículo 128 del CST, despojar de naturaleza salarial un pago que por esencia lo es.

3. El artículo 128 del CST habilita a las partes a establecer beneficios con exclusión salarial, potestad no absoluta, cuando recaiga sobre beneficios extralegales (pagos adicionales al salario básico) y no desconozcan derechos laborales, limitada a dos eventos: (i) para señalar que no es salario pagos no retributivos directamente del servicio, o (ii) para señalar que pagos aun siendo retributivos del servicio y sin que pierdan ese carácter, no tengan incidencia en la liquidación y pago de otras acreencias laborales.

Destacó que esta Corporación había analizado esa interpretación en sede de tutela y concluyó que no resultaba descabellada, de manera que al juez le correspondía analizar

si un determinado pago retribuía el servicio, si era habitual y si no mediaba pacto de exclusión salarial, analizando las condiciones de cada caso particular. Dicho lo anterior, advirtió que en el contrato de trabajo las partes habían pactado que la remuneración del actor estaría compuesta por una asignación básica y una bonificación mensual cuya causación estaría determinada por dos indicadores: i) el aporte del empleado al cumplimiento del cronograma de su equipo de trabajo; y ii) el desempeño del trabajador y de su equipo en las disposiciones de salud, higiene y medio ambiente. Asimismo, que dicho beneficio no integraría la base de liquidación de ninguna acreencia, específicamente por trabajo suplementario, prestaciones sociales, vacaciones,

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Radicación n.° 92829 indemnizaciones y aportes al Sistema de Seguridad Social, entre otros. Agregó que esa política salarial había sido acordada entre la demandada y la Refinería de Cartagena S. A., además de que el actor la había aceptado, sin que se alegara o demostrara algún vicio en el consentimiento. Establecido lo anterior, coligió que la bonificación de asistencia era efectivamente retributiva del servicio, por estar ligada a la asistencia y cumplimiento laboral del actor, aparte de que era habitual, por darse en forma de pago mensual. Con todo, destacó que el pacto de exclusión salarial no había pretendido restarle carácter salarial a un pago que evidentemente tenía esa connotación: […] dado que el convenio suscrito consistió en acordar que, el bono de asistencia no integraría la base de liquidación para la remuneración de recargos por trabajo suplementario, nocturno,

dominical, festivo y las vacaciones disfrutadas en tiempo, lo cual se acompasa a una de las hipótesis de desalarización enseñadas por la jurisprudencia, esto es, a pesar de ser retributivo del servicio, no se desconoció la naturaleza salarial del pago, sino que se determinó no tenerlo en cuenta para ciertos pagos (trabajo suplementario y vacaciones disfrutadas en tiempo). Resaltó también que el pago era de naturaleza extralegal y no dejaba en evidencia el desconocimiento de los derechos laborales del actor, pues la exclusión se había hecho frente a «conceptos de menor incidencia», pero sí tenía influencia en el cálculo de prestaciones sociales (cesantías, intereses y primas de servicios), aportes a la seguridad social, parafiscales, indemnizaciones y vacaciones, que eran «conceptos de mayor notabilidad».

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Radicación n.° 92829 Aclaró que su postura no reñía con lo expuesto por esta Sala en la sentencia CSJ SL2018-2021, pues: […] la exclusión aplicada por la demandada no recae sobre la naturaleza salarial del bono, sino que lo descarta de la base de liquidación de ciertos pagos, lo cual es acorde a la interpretación y alcance del artículo 128 del CST, reiterado en la citada sentencia, que “pagos que son salario pueden no obstante excluirse de la base de cómputo para la liquidación de otros beneficios laborales”, que resulta ser la hipótesis advertida en el caso bajo estudio. Finalmente, señaló que el juzgador de primer grado había errado al no advertir que la liquidación del bono debía

hacerse con arreglo al pacto, de manera que, una vez causada, se debía generar por mes laborado y en proporción al tiempo de servicio. Concluyó, entonces: […] al estar demostrado que el pago por bonificación por asistencia era retributivo del servicio, se daba de manera habitual, pero a pesar de su carácter retributivo, el instrumento que lo consagró (contrato de trabajo) no desconoció el carácter salarial del pago sino que lo excluyó de la base de liquidación de trabajo suplementario y vacaciones disfrutadas en tiempo, lo cual es permisible a la luz de la interpretación enseñada por la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en cuanto al alcance de la parte final del artículo 128 del CST, esta Sala concluye que dicha exclusión resulta válida y vinculante para ambas partes, imponiéndose revocar la decisión que ordenó la reliquidación, para en su lugar absolver a la demandada de dicha pretensión. Ante este panorama, resulta inane referirse a los reparos plasmados por el demandante en su recurso sobre la procedencia de la sanción moratoria. Decantado lo anterior, frente a la estabilidad laboral reforzada, indicó que dicha garantía estaba consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y amparaba a las personas en condición de discapacidad, para que no fueran

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Radicación n.° 92829 desvinculadas por razón de su limitación, de conformidad con lo señalado por esta corporación en la sentencia CSJ SL2586-2020.

Igualmente, advirtió que para que procediera tal garantía era necesario que el trabajador padeciera un estado de discapacidad, independientemente de su origen; que el empleador tuviera conocimiento de esa condición; que se realizara un despido de manera unilateral y sin justa causa; y que no se requiriera autorización al Ministerio de Trabajo. Todo ello, de conformidad con lo expuesto en la sentencia de esta corporación CSJ SL3772-2018. Dicho lo anterior, en torno al primer presupuesto, de acreditación de la situación de discapacidad, resaltó que la terminación del vínculo laboral se había dado en el año 2016, de manera que: […] no es procedente dar aplicación a los grados de discapacidad señalados en el artículo 7º del Decreto 2463 de 2001, por haber sido derogado mediante el Decreto 1352 de 2013, sino que conviene abordarse la discapacidad a la luz de las Leyes 1346 de 2009 y 1618 de 2013, vigentes al momento de la terminación del contrato de trabajo (15 de diciembre de 2016) (sic), normativa esta última que define a las personas con discapacidad o en situación de discapacidad como aquellas “personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”. Al compás de esta precisión y «[…] los nuevos abordajes y conceptos sobre los derechos de las personas con discapacidad […]», destacó que en todo caso el trabajador

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Radicación n.° 92829 estaba en la obligación de acreditar al menos una limitación física, psíquica o sensorial que dé lugar a la protección, no solo a través de los dictámenes de las juntas de calificación, por no operar tarifa legal, sino a partir de distintos medios de prueba. Acotó también que, de acuerdo con lo dispuesto en la sentencia CSJ SL1360-2018, una vez demostrada la situación de discapacidad, operaba una presunción a favor del trabajador de que su despido había sido discriminatorio, de manera que al empleador le correspondía la demostración de «las justas causas alegadas», pues, de lo contrario, la terminación de la relación laboral sería ineficaz y procedería el reintegro, con la indemnización prevista en la Ley 361 de 1997. Para este caso, precisó que el actor aportó pruebas (f.os 43 a 53) que daban cuenta de que: i) había acudido a consulta externa el 15 de julio de 2014, por dolor en la región lumbar, que le significó incapacidad de dos días; ii) ante la persistencia del dolor, fue tratado el 18 y 29 de julio, aparte de que recibió incapacidades por dos (2) y cero (0) días, con recomendaciones de higiene postural, levantamiento de peso y alimentación balanceada; iii) el 12 de agosto de 2014 recibió diagnóstico de lumbago, a tratar con seis (6) sesiones de terapia física; y iv) el 6 de septiembre recibió incapacidad por tres (3) días. Dicho esto, explicó que, a pesar de la existencia del

diagnóstico de lumbago, no había prueba de que ese hecho

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Radicación n.° 92829 se hubiera puesto en conocimiento de la demandada, pues no había constancia de recibido de los documentos y, en la contestación, la sociedad había indicado que estos supuestos no le constaban. Por otra parte, señaló que, además de la acreditación del diagnóstico, era preciso demostrar que «[…] la patología constituye un verdadero obstáculo en la prestación de los servicios para los que fue contratado el actor […]» y que, en este caso, cuando el trabajador recibió consulta ya había sido preavisado antes de la decisión de no prorrogar su contrato de trabajo, «[…] lo cual descarta que la intención de no prorrogar el contrato estuviere revestido de tintes discriminatorios, pues solo en estos eventos es que se está obligado a brindar la protección de estabilidad laboral». Finalmente, subrayó que el actor había sido calificado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar, que le dictaminó una pérdida de la capacidad laboral del 11,1%. No obstante, añadió que, «[…] la fecha de estructuración dictaminada por la Junta corresponde al 15 de septiembre de 2014, cuando ya el vínculo había fenecido, sin que de las demás pruebas aportadas pueda desvirtuarse la fecha de estructuración señalada por la Junta».

IV. RECURSO DE CASACIÓN Fue interpuesto por el apoderado de la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, que procede a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el impugnante que la Corte case totalmente la sentencia recurrida para que, en sede de instancia, revoque la decisión emitida por el juzgador de primer grado y, en su lugar, condene a la demandada de acuerdo con las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formula cuatro cargos, por la causal primera de casación laboral, que no fueron replicados y que pasan a ser examinados por la Sala. La Corte resolverá conjuntamente los dos primeros cargos, igual que el tercero y el cuarto, debido a que denuncian la infracción de las mismas normas y se refieren a los mismos tópicos de la decisión del Tribunal.

VI. CARGO PRIMERO Se formula de la siguiente manera: Acuso la sentencia impugnada en casación de ser violatoria por vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 127 del CST, en relación con los artículos 12, 14, 24, 43, 128, 139 y 65 del CST, 13 y 53 de la Constitución Política, 51, 52, 60, 61, 77 y 145 del CPTSS, 164, 165, 166 y 167 del CGP, lo cual argumento en los siguientes errores en que incurrió el Tribunal: Errores notorios

1. No dar por demostrado, estándolo, que los pagos efectuados por la empresa CBI Colombiana S. A. a favor del demandante, denominado bonificación de asistencia, constituye esencialmente parte del salario.

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2. Dar por demostrado contra el tenor literal del contrato de

trabajo que el empleador no pretendió desconocer la incidencia salarial del pago denominado Bonificación de asistencia.

3. Dar por demostrado que existió un pacto de exclusión salarial válido entre el empleador y el trabajador, en virtud del cual un pago esencialmente salarial como lo era la bonificación de asistencia, podía ser desatendido en el ejercicio de calcular los pagos correspondientes a horas extras, trabajo suplementario, recargos por dominicales y festivos y vacaciones.

Alega que dichos yerros fueron producto de la indebida valoración del contrato de trabajo, la contestación de la demanda de CBI Colombiana S. A., la liquidación del contrato de trabajo, la política salarial de la Refinería de Cartagena, el certificado de aportes a cesantías y las constancias de pagos al Sistema de Seguridad Social. En desarrollo de la acusación, el censor arguye que la bonificación de asistencia reclamada en la demanda sí era esencialmente representativa del salario, en la medida en que se trataba de un pago de carácter remuneratorio, que se suministraba en proporción al tiempo de servicio, conforme se había establecido en el contrato de trabajo, especialmente en sus cláusulas 4 y 5. Expone, en tal orden, que en este caso estaba plenamente probada la relación de causalidad entre la prestación del servicio y el pago de la bonificación y, de allí, su carácter salarial, como, entre otras cosas, lo ha definido el propio Tribunal Superior de Cartagena y la Sala de Descongestión Laboral de esta Corporación, en anteriores oportunidades.

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Cita fragmentos de la sentencia CSJ SL5159-2018 y advierte que el Tribunal erró al no tener en cuenta que la bonificación se pagaba de manera mensual y que, de cualquier manera, era la parte demandada la que tenía a su cargo el deber de demostrar que tenía otra destinación diferente a retribuir el servicio del trabajador, de manera que, al no hacerlo, debía atenderse su carácter de salario, con todos los efectos que ello conllevaba. Destaca que el contrato de trabajo, el artículo 12 de la Convención Colectiva de la «USO» y los comprobantes de nómina permitían demostrar el carácter periódico del pago de la bonificación, mes a mes, así como que dependía de los días laborados por el trabajador, además de que, por otra parte, la liquidación del contrato dejaba en evidencia que la demandada excluyó este rubro de los factores salariales, desmejorando la posición del demandante.

VII. CARGO SEGUNDO Se formula en los siguientes términos: Se acusa la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial, por lo cual invoco la causal primera de casación laboral establecida en el artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, artículo subrogado por el artículo 60 del Decreto 528 de 1964.

Existe violación por vía directa por indebida aplicación de la carga probatoria, al desconocer la sucesiva normatividad: Constitución Política de Colombia, artículo 1º, 2º, 4º, 13, 25, 26, 53, 93 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 1º, 5º, 9º, 10,

13, 14, 15, 21, 43 y en especial el artículo 127, 128, 130 y 65 del CST. Igualmente, desconoce el Convenio 95 de la OIT relativo a la protección del salario, ratificado por la Ley 54 de 1992, lo cual conjunto [sic] a la interpretación errónea del artículo 127 y 128

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Radicación n.° 92829 del CST y en especial el artículo 167 del CGP, que establece las cargas probatorias. En desarrollo de la acusación, pone de presente que la demandada suscribió un pacto encaminado a desconocer el carácter salarial del bono de asistencia y que, pese a ello, tal beneficio era pagado de manera mensual, junto con el salario. Igualmente, que ese específico rubro no fue tenido en cuenta para el pago del trabajo suplementario y para la liquidación de las prestaciones sociales finales, con lo que la demandada actuó de mala fe, desmejoró las condiciones del trabajador, se enriqueció sin justa causa e incurrió en mora. Indica también que la sociedad demandada actuó de mala fe: […] al reconocer solo para unas cosas (liquidación del contrato laboral e indemnizaciones) mas no para el pago de las prestaciones sociales y el trabajo suplementario del trabajador, haciéndose acreedora naturalmente de la sanción moratoria e intereses moratorios que contemplan la ley sustancial en la materia, por haberse configurado la mala fe de que trata y exige la norma para endilgar tal concepto. Situación que el Tribunal y el juzgado conocedor del proceso, pasó por alto […]

VIII. CONSIDERACIONES

Los cargos primero y segundo, que la Corte decide estudiar conjuntamente, están enfocados en defender la naturaleza salarial de la denominada «bonificación de asistencia», pagada por la demandada al demandante.

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Radicación n.° 92829 Para tales efectos, el censor sostiene que el Tribunal habría desconocido que dicho rubro era un componente esencial del salario devengado por el actor. En primer lugar, desde el punto de vista fáctico, propio del primer cargo, destaca que, conforme a las pruebas calificadas que considera valoradas inadecuadamente por el ad quem, estaba plenamente demostrado el carácter retributivo, habitual y periódico de la bonificación, de manera que se cumplían todas las condiciones para considerarla salario. En segundo lugar, desde el punto de vista jurídico, plantea que el pacto confeccionado por las partes en torno a su forma de causación y pago no podía restarle la naturaleza salarial a la bonificación y, adicionalmente, estima que tampoco era posible tener en cuenta esa condición salarial solo para unas cosas, de manera que se negara para otras, como el cómputo del trabajo suplementario y las vacaciones. Le compete entonces a la Sala examinar las reflexiones del Tribunal en orden a determinar si incurrió en algún error de naturaleza fáctica o jurídica al revocar la decisión de primer grado, que había declarado el carácter salarial de la «bonificación de asistencia» y había dispuesto la consecuente reliquidación de prestaciones sociales y aportes a la Seguridad Social. Para tal efecto, lo primero que debe advertir la Corte es

que, al analizar detenidamente los componentes

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Radicación n.° 92829 argumentativos de la decisión de Segunda Instancia, es posible evidenciar enseguida que gran parte de los esfuerzos discursivos de la censura carecen de efecto práctico, pues el Tribunal nunca desconoció que la denominada «bonificación de asistencia» tuviera carácter salarial y, contrario a ello, coligió expresamente que era un pago con esa naturaleza, luego de resaltar que era retributivo del servicio, por requerir el despliegue de la fuerza del trabajador, así como que era cancelado de manera habitual, mes a mes. Es decir que si la Sala examinara las pruebas cuyo examen exige la censura en el primer cargo, tales como el contrato de trabajo, en su cláusula cuarta; la liquidación del contrato de trabajo; la contestación de la demanda; y los certificados de aportes al Sistema de Seguridad Social, encontraría acreditados los mismos supuestos fácticos que tuvo en cuenta el Tribunal y que curiosamente reivindica la censura, esto es, que las partes habían pactado el pago de una bonificación mensual, determinada por factores como el rendimiento y la asistencia del trabajador, y que, dado que retribuía el servicio y era de carácter periódico, debía reputarse como parte del salario. Así las cosas, hasta este punto, no existe alguna disparidad fáctica entre las conclusiones del Juez de segundo grado y las premisas que defiende la censura, que pudiera ser sujeto de decisión por esta Corporación. Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, lo que

entendió el ad quem fue que, a pesar de la naturaleza salarial

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Radicación n.° 92829 de la bonificación, las partes bien podían establecer que no fuera tenida en cuenta para liquidar ciertas acreencias laborales, como el trabajo suplementario, nocturno, dominical y festivo y las vacaciones, pues esa era una de las intelecciones válidas del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo. Tal ejercicio hermenéutico fue el que condujo al Tribunal a concluir que la bonificación de asistencia sí tenía connotación salarial, pero podía dejar de ser tenida en cuenta para liquidar otras acreencias laborales menores, como el trabajo suplementario y las vacaciones, por así haberlo establecido las partes, a partir de un pacto plenamente válido, según los términos del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo. Para la Corte tal intelección resulta equivocada, como lo denuncia la censura en el segundo cargo y como pasa a verse. En efecto, a partir de la interpretación de los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo esta Corporación ha confeccionado una serie de reglas, condensadas en la sentencia CSJ SL5146-2020, de la siguiente manera:

1. Por regla general, en los términos de los artículos 127 del Código Sustantivo del Trabajo y 1.º del Convenio 95 de la OIT, constituye salario todo aquello que recibe el trabajador, en dinero o en especie, como contraprestación directa de sus servicios, sea cualquiera la forma o la denominación que se adopte (CSJ SL, 27

nov. 2012, rad. 42277).

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Radicación n.° 92829 Dicha retribución, constituida como elemento esencial del trabajo subordinado y que sirve de fuente principal de sostenimiento para el trabajador y su familia, actúa además como parámetro fundamental para la liquidación de las prestaciones sociales, vacaciones, indemnizaciones y aportes a la seguridad social, de modo que es de cardinal importancia su definición y delimitación en cada caso concreto. […]

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, por excepción, no constituyen salario «las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador», así como «lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones». Al respecto, en la sentencia CSJ SL5159-2018 se explicó: (…) no son salario las sumas que entrega el empleador por causa distinta a la puesta a disposición de la capacidad de trabajo. De esta forma, no son tal, (i) las sumas recibidas por el trabajador en dinero o en especie, no para su beneficio personal o enri