CSJ - SL1260-2024

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL1260-2024 Radicación n.° 99383 Acta 17 Bogotá, D. C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por FLOR RAMÍREZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el 30 de septiembre de 2022, en el proceso ordinario laboral que instauró la recurrente contra la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

(COLPENSIONES).

I. ANTECEDENTES Flor Ramírez demandó a Colpensiones, con el propósito de obtener, el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, en calidad de compañera permanente de Francisco García, a partir del «1 de junio de 2009», fecha de su deceso, junto con los intereses

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Radicación n.° 99383 moratorios, la indexación de las sumas adeudadas, lo que resulte probado en virtud de las facultades extra o ultra petita y las costas del proceso. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que Francisco García estuvo vinculado laboralmente con la Gobernación de Santander, desde el 1 de enero de 1996 hasta el 2 de enero de 2000; falleció el 30 de mayo de 2009; como independiente, cotizó del 1 de septiembre de 2002 al 30 de mayo de 2009; acumuló un total de 636,58 semanas; que convivió con el causante por espacio de 30 años hasta

su muerte, fecha en la que dependía económicamente de él y que era su beneficiaria en la seguridad social. Manifestó que pidió el reconocimiento pensional de sobrevivientes el 27 de julio de 2016 y que Colpensiones mediante Resolución GNR 280921 del 22 de septiembre del mismo año, la negó con el argumento de que no acreditó que el señor García hubiera cotizado 50 semanas en los últimos tres años inmediatamente anteriores a su deceso, de acuerdo con lo establecido en la Ley 797 de 2003. Así mismo, que no demostró, que, en el último año anterior a la entrada en vigor de dicha normatividad, esto es, entre el 29 de enero de 2002 y el 29 de enero de 2003, tener 26 semanas cotizadas, por lo que no cumplía con las exigencias para que se diera aplicación al principio de la condición más beneficiosa, determinación que recurrió sin obtener respuesta favorable, a través de acto administrativo VPM 45716 del 27 de diciembre de la misma anualidad.

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Radicación n.° 99383 Colpensiones se opuso a todas las pretensiones y, en cuanto los hechos, admitió la vinculación laboral del afiliado con la Gobernación de Santander; que cotizó como independiente al sistema de seguridad social en pensiones; la fecha del fallecimiento de Francisco García; la solicitud pensional elevada por la actora y su resultado negativo; sobre los demás, dijo no constarle. En su defensa adujo que el fallecido no cotizó la densidad de semanas exigidas por la Ley 797 de 2003, para

dejar causada la pensión de sobrevivientes. Señaló, además, que el causante no reunió los presupuestos para aplicar el principio de la condición más beneficiosa en la medida que tampoco reunió las exigencias de la Ley 100 de 1993. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, prescripción sin reconocimiento de la obligación y buena fe. II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bucaramanga, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 24 de noviembre de 2020, resolvió: PRIMERO: ABSOLVER a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONESde todas las pretensiones incoadas en su contra por la demandante.

SEGUNDO: CONSÚLTESE esta providencia ante la Sala Laboral

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Radicación n.° 99383 del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, si la misma no fuera apelada por la demandante.

TERCERO: Sin costas en esta instancia.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante, mediante fallo del 30 de septiembre de 2022, confirmó la decisión de primer grado y lo gravó con las costas de segunda instancia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el ad quem delimitó el problema jurídico en establecer si la juez de instancia acertó o no, al negar la pensión de

sobrevivientes al encontrar que la demandante no es beneficiaria de la figura de la condición más beneficiosa ante la imposibilidad de aplicar el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, bajo el argumento de que la muerte del causante aconteció en vigencia de la Ley 797 de 2003. Inicialmente, señaló que no era materia de discusión los siguientes supuestos fácticos i) el causante estuvo afiliado al ISS; ii) que a la accionante se le reconoció indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes por tener la condición de compañera permanente del afiliado; iii) que este en los últimos tres años anteriores al fallecimiento cotizó un total de 37,58 semanas, según lo refiere la pasiva en la Resolución GNR 280921 del 22 de septiembre de 2016.

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Radicación n.° 99383 La autoridad de segundo grado, tras precisar que la norma aplicable al asunto era el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, dada la fecha del deceso, explicó que no se cumplieron los requisitos para dejar causada la pensión de sobrevivientes, toda vez que aquel no reunió 50 de semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la muerte, pues en dicho interregno, solamente cotizó 236 días, equivalentes a 37,57 semanas. Después, trajo a colación la sentencia CSJ SL4152022, en la que esta Sala reiteró lo planteado en la decisión CSJ SL039-2018, que memoró la CSJ SL21546-2017, en

las cuales se adoctrinó la imposibilidad de tener en cuenta lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990, en los casos en que el afiliado muera en vigencia de la Ley 797 de 2003, para determinar que: Se aparta del test de procedencia señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU 005-2018, pues resulta evidente que los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año, no devienen al caso bajo análisis, en tanto, tal y como se dejó visto, no es viable hacer una búsqueda de legislaciones anteriores a fin de determinar cuál se ajusta a las condiciones particulares del sub judice que le resulte ser más favorable, en razón de que las leyes sociales son de aplicación inmediata, y en principio, rigen hacia futuro. Criterio reiterado por nuestro máximo órgano de cierre en las sentencias CSJ SL771-2021, CSJ SL1742-2021 y CSJ SL142-2020, precedente vertical que no puede ser desconocido por esta Corporación, pues de hacerlo, incurrirá́ protuberante en desconocimiento del principio de la igualdad y buena fe, así como, el derecho al debido proceso, así́ lo ha manifestado la Corte Constitucional en las sentencias de la Corte Constitucional T-102 de 2014, T-267 de 2013.

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Radicación n.° 99383 Seguidamente, señaló que frente a la queja planteada por la demandante contra la decisión de primera instancia por no darle aplicación al principio de la condición más beneficiosa, toda vez que, en su decir, el fallecido había

cotizado más de 300 semanas antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993; el juez plural estableció que la decisión del a quo no era descabellada, pues se acoplaba a la línea de pensamiento de esta Corte para lo que puso de presente la sentencia CSJ SL2567 de 2021. Indicó, en primer lugar, que no era posible invocar el concepto de la condición más beneficiosa porque la muerte del afiliado acaeció el 30 de mayo de 2009, esto es, por fuera del límite temporal establecido en la jurisprudencia mencionada, que tenía como fecha máxima el 29 de enero de 2006, luego, dijo, aflora de manera clara que no tenía una situación jurídica concreta que pudiera protegerse a través de la condición más beneficiosa. En segundo lugar, adujo que el fallecido no era acreedor de la garantía precitada, por cuanto en el momento del tránsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, no estaba cotizando al sistema, tampoco contaba con 26 semanas entre el 29 de enero de 2002 y 29 de enero de 2003 y únicamente tenía cumplido uno de los requisitos, esto es, el número de semanas en el año inmediatamente anterior al fallecimiento; sin embargo, como lo ha señalado la jurisprudencia, lo anterior no era suficiente para la aplicación del principio de la condición más beneficiosa.

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Radicación n.° 99383 Finalmente, expuso que si bien la jurisprudencia admitió la viabilidad de reconocer una pensión de sobrevivientes cuando el afiliado cotizó 300 o más semanas

antes de la vivencia del estatuto de la seguridad social, lo cierto fue que ello ocurrió con la condición de que el deceso fuera en vigencia de la Ley 100 de 1993; presupuesto que en el presente asunto no sucedió, pues, reiteró que el óbito aconteció el 30 de mayo de 2009, cuando estaba en pleno vigor la Ley 797 de 2003, que modificó aquella normativa en lo atinente a la pensión de sobrevivientes. Por lo tanto, estimó, no era dable realizar un estudio histórico de las legislaciones antecedentes para ver cuál era la que mejor se acomodaba a la situación de la persona reclamante, para efectuar una aplicación plusultractiva de la ley.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Sala case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia «acceder a las pretensiones de la demanda».

Con tal propósito por la causal primera de casación

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Radicación n.° 99383 formula un cargo, el cual es replicado.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia impugnada de violar por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 46 y 48 de la Ley 100 de 1993 modificados por el «artículo 10 de la Ley 797 de 2003», originada por error de hecho manifiesto en la falta de apreciación y apreciación errónea de los elementos probatorios obrantes en el

expediente que demuestran «la aplicación del derecho viviente en las condiciones particulares del causante (q.e.p.d) FRANCISCO GARCIA y de su beneficiaria de pensión de sobreviviente FLOR RAMÍREZ, en calidad de compañera permanente». Indica que el Tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho:

1.1.1 NO DAR POR DEMOSTRADO, ESTÁNDOLO, LAS

CIRCUNSTANCIAS DE SALUD, POR LAS CUALES EL

CAUSANTE (q.e.p.d) FRANCISCO GARCIA NO PUDO COTIZAR DE MANERA REGULAR EN LOS ULTIMOS AÑOS DE VIDA, quien falleció el 30 de mayo de 2009 afiliado al sistema general de seguridad social en pensiones, falleció en vigencia de la Ley 797 de 2003, sin cumplir las 50 semanas de cotización en los últimos 3 años, pero si cumplió con los Requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, al cotizar con anterioridad al 1 de abril de 1994, ( cambio de régimen) un total de 2.127 días, esto es 303.85 semanas y que también cotizó al Sistema de Seguridad Social un total de 636.58 semanas, debidamente certificadas. 1.1.2 NO DAR POR DEMOSTRADO estándolo que FLOR RAMIREZ es una persona que hace parte del grupo especial de protección constitucional por tener 60 años de edad y estar sometida a la pobreza, analfabetismo.

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Radicación n.° 99383

1.1.3 NO DAR POR DEMOSTRADO estándolo el desconocimiento de la pensión de sobreviviente a favor de FLOR RAMIREZ afecta directamente su mínimo vital, al estar demostrado que dependía económicamente del causante, por haber sido mujer dedicada al hogar procreadora de 4 hijos HENRY, SERGIO, EDGAR FABIAN Y CLARA, GARCIA RAMIREZ y, sin otra profesión.

1.1.4 NO DAR POR DEMOSTRADO ESTANDOLO QUE EL

CAUSANTE SI ESTABA COTIZANDO AL SISTEMA DE

SEGURIDAD SOCIAL, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (sic),

ESTO ES ANTES DEL TRANSITO LEGISLATIVO DE LA LEY 797

DEL 28 DE ENERO DE 2003 Y POR TANTO CUMPLIA EL

REQUISITO DE 26 SEMANAS COTIZADAS EN CUALQUIER

TIEMPO PARA ACCEDER AL BENEFICIO DE PENSION DE

SOBREVIVIENTE.

Seguidamente, de cara a las pruebas denunciadas, inicialmente, la censura alude a la falta de valoración de las siguientes:

[…] FALTA DE VALORACIÓN DEL REGISTRO CIVIL DE

DEFUNCION QUE ESTABLECIO QUE LA MUERTE DEL

CAUSANTE FUE POR MOTIVOS DE SALUD (sic).

[…] FALTA DE VALORACION, QUE EL CAUSANTE ANTES DE

SU FALLECIMIENTO, SI ACREDITA EL NUMERO DE SEMANAS

COTIZADAS QUE EXIGÍA EL ACUERDO 049 DE 1990

(DECRETO 758 DE 1990) PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSION DE SOBREVIVIENTE (sic), antes de la derogatoria por

la ley 100 de 1993 y su modificación por la Ley 797 de 2003,

CUMPLIENDO REQUISITOS MUCHO MAS EXIGENTES QUE

OTROS AFILIADOS QUE CON REQUISITOS MENOS

EXIGENTES TIENEN DERECHO AL BENEFICIO DE PENSION

DE SOBREVIVIENTE (sic).

[…] FALTA DE VALORACIÓN DE LA NEGACION DEL

OPERADOR JUDICIAL PARA ESTABLECER LAS CONDICIONES

DE SALUD, DEL CAUSANTE AL MOMENTO DE MORIR (sic).

[…] FALTA DE VALORACION DE PRUEBA TESTIMONIAL DE

ANGELA PEREZ y ORTENCIA ARDILA, EN RELACION CON LA

PRUEBA DOCUMENTAL ACREDITADA DEL REGISTRO CIVIL

DE NACIMIENTO DE FLOR RAMIREZ , QUE DEMUESTRA QUE

FLOR RAMIREZ ES UNA PERSONA VULNERABLE, POR EDAD

Y POR POBREZA, POR ANALFABETISMO, MERECEDORA DE

LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA CONDICION MAS

BENEFICIOSA EN EL SENTIDO DE APLICAR DE MANERA

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Radicación n.° 99383 ULTRACTIVA (sic), las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990 – o regímenes anterioresen cuanto al requisito de las semanas de cotización, para efectos de valorar el otorgamiento de LA PENSIÓN DE SOBREIVIENTE, aunque la condición de la muerte del afiliado hubiese acaecido en vigencia de la Ley 797 de 2003

[…] FALTA DE VALORACION DE LA EXPECTATIVA A FAVOR

DE LA DEMANDANTE POR HABER REALIZADO EL AFILIADO

LOS APORTE DE LEY, BAJO (sic) el Acuerdo 049 de 1990, en cuanto al requisito de las semanas de cotización, para efectos de valorar el otorgamiento de LA PENSIÓN DE SOBREIVIENTE, aunque la condición de la muerte del afiliado hubiese acaecido en vigencia de la Ley 797 de 2003.

[…] FALTA DE VALORACION DE LOS APORTES QUE EL

CAUSANTE HIZO AL SISTEMA DE SEGURIDA SOCIAL DE LOS APORTES DEL AFILIADO BAJO EL REGIMEN DE (sic) los aportes del afiliado, bajo dicho régimen del Acuerdo 049 de 1990, régimen anterior en cuanto al requisito de las semanas de cotización, dieron lugar a una expectativa que, por las circunstancias particulares de LA DEMANDANTE (sic). Y luego, enlista como pruebas no valoradas las siguientes: - Falta de valoración del registro civil de nacimiento de Flor Ramírez que indica que la demandante pertenece a un grupo de especial protección constitucional en quien confluye riesgos de analfabetismo y su edad de 62 años […]. - Falta de valoración de los testimonios de las señoras ANGELA PÉREZ y ORTENCIA ARDILA, prueba relacionada con la documental acreditada de CERTIFICADOS CIVILES DE NACIMIENTO […] - Falta de valoración del CERTIFICADO DE SEMANAS COTIZADAS donde se observa que el señor FRANCISCO GARCÍA fue un afiliado que realizó cotizaciones al sistema general de seguridad social desde el año 1982 habiendo cotizado al momento de su muerte la totalidad de 636,58 semanas, de las cuales 331.01 fueron realizadas con anterior

(sic) a la vigencia de la Ley 100 de 1993 […] En el desarrollo del cargo, la parte recurrente comienza por exponer que el ad quem no tuvo en cuenta en su decisión el registro civil de nacimiento de Flor Ramírez,

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Radicación n.° 99383 el cual evidencia que la promotora del litigio es una persona vulnerable que pertenece a un grupo especial de protección constitucional donde confluye el riesgo de analfabetismo y tiene una edad avanzada de 62 años; presupuestos que, desde su punto de vista, deben tenerse en cuenta en la presente discusión pensional. Más adelante, reprocha la falta de valoración del «CERTIFICADO DE SEMANAS COTIZADAS» del afiliado fallecido, en el cual se observa que aquel se vinculó al Sistema General de Seguridad Social desde el año 1982; que a la fecha de su muerte había cotizado 636,83 semanas de las cuales 331,01 fueron sufragadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y que contrario a lo afirmado por el ad quem, dicho reporte de cotizaciones demostraba que «el afiliado causante en el momento del tránsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, SI ESTABA COTIZANDO AL SISTEMA, puesto que su última cotización fue el 31 de diciembre de 2022, como independiente, que pagan mes vencido». Puntualmente, frente a esta prueba, asegura que se observa lo siguiente:

1. Que el causante FRANCISCO GARCIA fue un afiliado que realizó cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social desde el año de 1982.

2. Que cotizó hasta el momento de su muerte la totalidad de 638.86 semanas.

3. Que de su cotización 331.01 fueron realizadas con anterior a la vigencia de la ley 100 de 1993.

4. Que bajo el imperio de la Ley 100 de 1993, cotizó de manera

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Radicación n.° 99383 continua desde el 1 de enero de 1996 hasta el 31 de enero de 2000, fecha que en la cual La Gobernación de Santander realizó una restructuración y desvinculó al causante.

5. Que al entrar en vigencia la Ley 797 del 28 de enero de 2003, el causante era cotizante al mes de diciembre de 2002, y siguió en el mes de febrero de 2002, SIN QUE HAYA NOVEDAD DE RETIRO DEL SISTEMA […] En tal sentido, considera que «como el causante era cotizante, la garantía del artículo 46 de la original Ley 100 de 1993, concedía el beneficio de la pensión de sobreviviente, con haber cotizado 26 semanas, en cualquier tiempo».

Por lo expuesto, afirma que si bien el causante, no puede acreditar las 50 semanas mínimas exigidas antes del fallecimiento, en vigencia de la Ley 797 de 2003, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es procedente la aplicación del principio constitucional de la condición más beneficiosa, derivada del artículo 53 de la Constitución Política, cuando la muerte del causante sucede en vigencia de dicha norma, evento en el cual es aplicable la normatividad del artículo 25 del Acuerdo 049 de 1990,

como lo ha manifestado en la sentencia CC SU005-2018 se modificó el alcance del principio de la condición más beneficiosa para los casos de pensiones de sobrevivientes. Finalmente, expone que se presentó una falta de evaluación de los testimonios de las señoras Ángela Pérez y Ortencia Ardila, relacionadas con la documental acreditada de certificados civiles de nacimiento, ya que estas declarantes señalaron ser vecinas de la pareja y dieron fé de

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Radicación n.° 99383 una convivencia mayor a 30 años durante los cuales procrearon cuatro hijos, como se demostró con los registros civiles de nacimiento de cada uno, adjuntos a la demanda y, además de la convivencia, se acreditó que la actora se dedicó al hogar, sin estudios, solo sabe firmar y dependía totalmente de su compañero fallecido.

VII. LA RÉPLICA Colpensiones asegura que, si bien el denominado alcance de la impugnación incluye la proposición jurídica, la denuncia de los errores de hecho y la demostración de éste y sólo en el aparte final de su escrito «solicitó muy respetuosamente se sirva casar la sentencia del ad quem y en sede de instancia acceder a las pretensiones de la demanda».

Dice que salta a la vista la deficiencia de técnica en que incurrió la casacionista al solicitar que una vez casada la sentencia del Tribunal, se adentre en «sede de casación», lo cual, desde su punto de vista, es equivocado, ya que «es precisamente actuando en esa posición que deberá proceder a la casación –parcial o totalde la providencia del juez de

apelaciones, empero, una vez ello esta corporación deberá constituirse como fallador de instancia», por lo que el recurrente no cumplió con el deber de direccionar a la autoridad judicial su actuar respecto de la providencia de primer grado, esto es, si la confirma, revoca o modifica y no como se plantea en el recurso.

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Radicación n.° 99383 Seguidamente aduce que respecto de la acusación planteada por la actora contra la sentencia de segundo grado, por no acceder a la pensión de sobrevivientes con fundamento en lo planteado en el Acuerdo 049 de 1990, a pesar de que el causante cotizó más de 300 semanas antes del 1 de abril de 1994 o en su defecto, 26 semanas acumuladas en cualquier tiempo; esta corporación la ha definido insistido en que la aplicación del principio de la condición más beneficiosa busca proteger las expectativas legitimas de los beneficiarios de un afiliado que fallece en vigencia de la norma posterior pero que cotizó al sistema la densidad de semanas establecidas en la ley precedente. Y agrega que el postulado en mención no es absoluto e ilimitado en el tiempo, por lo que se estableció que en el tránsito legislativo entre la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003, la condición más beneficiosa en lo relativo a la pensión de sobrevivientes tiene una temporalidad de tres años, es decir, que aplica desde el 29 de enero de 2003 hasta el 29 de enero de 2006, solo para quienes tenían una expectativa legítima de acceder a la prestación bajo las

condiciones de la norma inmediatamente anterior, lo que no acaeció en el presente asunto, si se tiene en cuenta que Fernando García falleció el 30 de mayo de 2009. Por lo tanto, afirma, el juez colegiado no incurrió en los errores de hecho endilgados por la accionante, por no tener una situación jurídica concreta que se tuviera que proteger a través del postulado de la condición más

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Radicación n.° 99383 beneficiosa. Dicho esto, resalta que no es de recibo, como lo pretende la recurrente, que baste con tener 26 semanas de cotización en cualquier tiempo para dejar causado el derecho prestacional, debido a que la jurisprudencia al desarrollar el citado principio ha advertido que la norma aplicable resulta ser la vigente al momento del deceso, en este caso, la Ley 797 de 2003, misma que demanda la acreditación de 50 semanas en los tres años anteriores al deceso; siempre y cuando el fallecimiento ocurra antes del 29 de enero de 2006 y como en este asunto se superó tal límite, el de cujus no fue acreedor de la aplicación del citado principio y, por consiguiente, no dejó causada la pensión de sobrevivientes reclamada.

VIII. CONSIDERACIONES Lo primero que debe advertir la Sala es que la crítica que hace la réplica sobre el alcance de la impugnación, porque no se indica la manera acertada la labor que debe desplegar esta Sala con relación a la sentencia de primer grado, luego de ser casada la proferida por el Tribunal, esto

es, si revocarla, modificarla o confirmarla, es una imprecisión que se torna superable, pues se entiende que lo realmente pretendido es que una vez quebrada la providencia de la alzada y ubicada la Corte en sede instancia, revoque la decisión del a quo que no accedió a las súplica de la demanda inaugural.

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Radicación n.° 99383 Claro lo anterior, ha de recordarse que el juez de segundo grado consideró, de cara al asunto que fue materia de apelación, que no era posible conceder la pensión de sobrevivientes solicitada por Flor Ramírez al amparo del principio de la condición más beneficiosa, porque la muerte del afiliado acaeció el 30 de mayo de 2009, esto es, por fuera del límite temporal establecido en la jurisprudencia desarrollada por esta Sala de Casación Laboral, para invocar la normativa anterior a la Ley 797 de 2003; de tal manera que para quienes fallecieron después del 29 de enero de 2006, aflora de manera clara que no tenían una situación jurídica concreta que pudiera protegerse a través de la condición más beneficiosa, y que no procedía el test de procedencia a que alude la Corte Constitucional. En segundo lugar, porque el afiliado al momento del tránsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, no estaba cotizando al sistema, tampoco contaba con 26 semanas entre el 29 de enero de 2002 y 29 de enero de 2003 y únicamente tenía cumplido uno de los requisitos,

esto es, el número de semanas en el año inmediatamente anterior al fallecimiento; sin embargo, como lo ha señalado la jurisprudencia, lo anterior no era suficiente para la aplicación del principio de la condición más beneficiosa. Y finalmente, precisó que, si bien la Sala ha admitido la viabilidad de reconocer una pensión de sobrevivientes cuando el afiliado cotizó 300 o más semanas antes de la vigencia del estatuto de la seguridad social, lo cierto era que ello ocurría en el evento de que el deceso hubiera

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Radicación n.° 99383 acontecido en vigencia de la Ley 100 de 1993; presupuesto que en el presente asunto no se cumplía. La censura por su parte cuestiona la decisión absolutoria del juez de alzada, dado que, en su criterio, es dable aplicar el principio constitucional de la condición más beneficiosa. Afirma que en este asunto hubo una errónea valoración probatoria que condujo al ad quem a no dar por demostrado, estándolo, que la demandante tenía derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a su favor, ya que el causante sí estaba cotizando al sistema de seguridad social al 31 de diciembre de 2002, esto es, antes del tránsito legislativo de la Ley 797 del 28 de enero de 2003 y, por lo tanto, cumplía el requisito de 26 semanas cotizadas en cualquier tiempo para acceder a la prestación económica deprecada. Así mismo, reprocha que no se hubiera advertido por parte del fallador, que la solicitante de la pensión de

sobrevivientes se encuentra en un estado de especial protección, por razones de analfabetismo y su edad (62 años), presupuestos que hacen viable el otorgamiento del derecho pensional en cuestión, inclusive bajo el amparo del Acuerdo 049 de 1990, al superar el test de procedencia como se ha explicado en la sentencia CC SU005-2018. Finalmente, aduce que con la prueba testimonial el juez de segundo grado no tuvo en cuenta que en el presente litigio quedó plenamente demostrado el requisito de convivencia entre la pareja, por lo cual, debía haberse

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Radicación n.° 99383 concedido el derecho solicitado. Pues bien, delimitado el meollo del asunto bajo examen, la Sala procede a estudiar si el colegiado incurrió en un yerro fáctico al considerar que no era viable aplicar, bajo el principio de la condición más beneficiosa, el Acuerdo 049 de 1990 o, en su defecto, la Ley 100 de 1993 en su redacción original y abstenerse de reconocer la prestación económica de sobrevivientes reclamada, aduciendo que no procede el test de procedencia que establece la Corte Constitucional. Para tal efecto, por cuestión de método, la Sala inicialmente expondrá unas nociones jurídicas previas frente a la aplicación de la condición más beneficiosa tratándose de la pensión de sobrevivientes y, luego, conforme dicho referente jurídico, se examinarán las pruebas denunciadas y debidamente desarrolladas por la censura. De cara a la temática que es objeto de examen por

parte de la Corte, es preciso memorar que es criterio pacífico de esta corporación que el derecho a la pensión de sobrevivientes debe ser dirimido conforme a la norma vigente a la fecha de la muerte del afiliado o pensionado (CSJ SL7358-2014) lo que, para este asunto, al haber ocurrido el 30 de mayo de 2009, correspondía al artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993.

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Radicación n.° 99383 Así mismo, resulta valioso recodar que la Corte también tiene adoctrinado que en los casos en los que el óbito del causante ocurre en vigencia de la Ley 797 de 2003, es posible acudir al principio de la condición más beneficiosa, respecto de la norma inmediatamente anterior, que para el caso es la Ley 100 de 1993, en su redacción primigenia. Igualmente, es preciso anotar que esta Sala no comparte la aplicación del test de procedencia utilizado por la Corte Constitucional en la sentencia SU 005-2018, en la medida que aquel operó en acciones de tutela en las que las decisiones tienen efectos interpartes; además porque hacer una búsqueda en legislaciones anteriores, a fin de determinar cuál se ajusta a las condiciones particulares de cada caso puesto a consideración de la jurisdicción laboral, constituye el desconocimiento de la norma vigente y correlativamente la aplicación de otra de manera plus ultractiva, afectando el principio de seguridad jurídica y la financiación del sistema pensional; así se dijo, entre otras

en las sentencias CSJ SL1742-2021, CSJ SL142-2020 y

CSJ SL771-2021.

Hechas las anteriores y necesarias precisiones, es conveniente decir que, sobre la discusión propuesta por la censura, esto es, la aplicación de la condición más beneficiosa, la corporación en múltiples sentencias se ha pronunciado, entre ellas, en la CSJ SL2567-2021, reiterada recientemente en la decisión CSJ SL857-2024 al resolver un asunto similar, en la que la se adoctrinó lo siguiente:

SCLAJPT-10 V.00 19

Radicación n.° 99383 […] es criterio reiterado de esta Corporación que la regla general es la de que la contingencia está cobijada por la norma de seguridad social vigente al momento de la ocurrencia del evento según la prestación pensional correspondiente, esto es, para la pensión de sobrevivientes, la que esté en vigor a la calenda de la muerte del afiliado o pensionado. Cumple a ese propósito memorar que la Corte en sentencia CSJ SL, 11 de jun. 2014, rad. 46780, sostuvo que «tal como lo tiene señalado la jurisprudencia de esta Sala, la regla general es que el derecho a la pensión de sobrevivientes debe ser dirimido a la luz de la normatividad vigente al momento del deceso del afiliado o pensionado. (CSJ SL 10 Jun 2009, Rad. 36135; 1° Feb 2011, Rad. 42828; 23 Mar 2011, Rad. 39887; y 3 de May 2011, Rad. 37799, entre otras)».

Es claro que, además de ampararse el instituto jurídico del derecho adquirido, esta premisa respeta tanto el amplio margen de configuración que tiene sobre el sistema el Congreso de la República como las razones de necesidad, oportunidad y equidad que m