CSJ - SL1284-2024

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL1284-2024 Radicación n.° 96066 Acta 12 Bogotá, D. C., veintinueve (29) de abril de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AVIADORES CIVILES ACDAC - CAXDAC contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el nueve (9) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) en el proceso que le instauró FLORA ESTHER RAMÍREZ DE SILVA, trámite al que se vinculó como litis consorte necesario a FELIPE SILVA GÓMEZ y al que se acumuló el presentado por DORA INÉS GÓMEZ

PALACIOS.

I. ANTECEDENTES Flora Esther Ramírez de Silva llamó a juicio a la Caja de Auxilios y Prestaciones de ACDACCAXDAC, para que se

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Radicación n.° 96066 le condenara al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por el deceso de Luis Felipe Silva Barrero, a partir del 18 de marzo de 2016, en igual valor que venía recibiendo el causante, con las mesadas adicionales, los incrementos de ley, los intereses moratorios y las costas. Fundamentó sus peticiones, en que el 1° de julio de 1953 contrajo matrimonio con Luis Felipe Silva Barrero,

con quien compartió techo, lecho y mesa de forma permanente desde tal momento hasta el año 1989; que el Tribunal Superior de Bogotá por sentencia del 6 de septiembre de 1998, decretó «la separación indefinida de cuerpos y liquidación de la sociedad conyugal»; que, pese a lo anterior, el vínculo siguió vigente, ya que no se tramitó el divorcio o cesación de efectos civiles de aquél; que procrearon cuatro hijos, mayores de edad, llamados Jaime Felipe, María Cristina, Gloria Amparo y Martha Liliana; que también el de cujus tuvo un descendiente fuera de dicha unión, de nombre Felipe Silva Gómez; que el señor Silva Barrero falleció el 18 de marzo de 2016, siendo pensionado de CAXDAC. Narró que el 13 de abril de dicho año, solicitó la pensión de sobrevivientes por el deceso de su consorte, que se negó por Comunicado n.° 2016—01-454 del 8 de junio siguiente, porque se había liquidado la sociedad conyugal y efectuado separación de cuerpos (f.° 5 a 13 del cuaderno digital 1° del juzgado).

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Radicación n.° 96066 ACDAC CAXDC rechazó las pretensiones y de los hechos admitió las fechas en que se consumaron las nupcias, se dio la cohabitación y el deceso del señor Silva Barrero, los hijos de la pareja Silva Ramírez y el extramatrimonial, la reclamación pensional y su rechazo. De los restantes, afirmó que no eran verídicos.

Planteó como mecanismos exceptivos de fondo los de inexistencia de la obligación, buena fe y la genérica (f.° 56 a 64, ibidem). Mediante auto del 20 de abril de 2017 (f.° 110 y 111, ibidem), se vinculó en calidad de litis consorte necesarios a Felipe Silva Gómez y a Dora Inés Gómez. Tales partes se resistieron a las súplicas y de los supuestos fácticos: Dora Inés Gómez aceptó la existencia de los descendientes del fallecido, la negativa del derecho por CAXDAC y el estatus de jubilado del causante. En cuanto a los otros, adujo que no eran reales ni de su certeza. Felipe Silva Gómez admitió los hijos que tuvo el causante, la fecha de deceso de su padre y la negativa del derecho a la actora, así como el carácter de pensionado del causante. De los restantes sostuvo que no eran ciertos o no le constaban.

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Radicación n.° 96066 Presentaron como medios de defensa perentorios: la primera, los de «carencia del derecho reclamado en su totalidad por la demandante por falta de requisitos legales» (f.°157 a 163, ibidem), mientras que el segundo el de «carencia del derecho reclamado en su totalidad por la demandante por falta de requisitos legales» (f.° 198 a 204, ibidem). Por providencia del 11 de enero de 2018 (f.° 151 a 153, ibidem), se ordenó la acumulación del presente proceso con aquél identificado con radicado n.° 2017-090 que inició la

señora Dora Inés Gómez Palacios contra la misma convocada a juicio, en el que deprecó la pensión de sobrevivientes desde el deceso de Luis Felipe Silva Barrero, lo probado ultra y extra petita, más las costas Sostuvo que el 16 de febrero de 1989 contrajo matrimonio con el causante, vínculo del que nació Felipe Silva Gómez; que la convocada le otorgó pensión de vejez a su pareja el 1° de junio de 1971; que viajaron a EEUU para tramitar la residencia y a ella le fue imposible regresar, pero su esposo volvió por la edad y porque en ese país no tenía servicio médico; que en ese lapso le remitía dinero a él y a su hijo; que convivieron por más de doce años; que aunque se separó de cuerpos no hubo ruptura del lazo afectivo, ni se disolvió la unión; que el 10 de abril de 2016 peticionó la pensión de sobrevivientes a CAXDAC, que se respondió por Oficio n.° COS 2016-002-703 del 1° de noviembre de 2016 de forma negativa (f.° 52 a 58 del cuaderno digital 2° del juzgado).

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Radicación n.° 96066 ACDAC CAXDAC se resistió a los pedimentos y aceptó la consumación del matrimonio con la señora Dora Inés Gómez Palacios, la procreación del sucesor, el reconocimiento de la prestación de vejez, la no disolución del matrimonio, la petición pensional de sobrevivientes y su

rechazo, mientras que de los restantes afirmó que no le constaban o no eran reales. Expuso como excepciones de mérito las de buena fe, inexistencia de la obligación y la genérica (f.° 87 a 95, ibidem). Sin embargo, sea de advertir que de dicha respuesta se dijo en providencia del 13 de septiembre de 2017: «sería del caso realizar el estudio de la contestación de la demanda de no ser porque se evidencia que a folio 68 obra solitud del Juzgado 24 Laboral del Circuito de Bogotá en el que se solicita información acerca del estado en el que se encuentra el presente proceso» (f.° 97, ibidem). II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado 24 Laboral del Circuito de Bogotá, el 28 de junio de 2021 (f.° 258 acta y CD, ibidem), resolvió: PRIMERO: CONDENAR a la CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC CAXDAC al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a la señora FLORA ESTHER RAMÍREZ en un 74,87 % de la mesada pensional que venía percibiendo el señor LUIS FELIPE SILVA BARRERO (Q.E.P.D) y a la señora DORA ÍNES GÓMEZ, en un 25,13 % a partir del 18 de marzo de 2016, valores a los que deberán hacerse los

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Radicación n.° 96066 reajustes legales correspondientes, lo anterior de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: AUTORIZAR a la demandada CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC a que realice los respectivos descuentos en favor del Sistema General en Salud sobre las sumas ordenadas anteriormente, conforme a lo considerado.

TERCERO: DECLARAR NO probados los hechos sustento de las excepciones propuestas por la parte demandada.

CUARTO: ABSOLVER a la CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC CAXDAC de las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Sin condena en costas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al conocer los recursos interpuestos por las señoras Flora Esther Ramírez de Silva, Dora Inés Gómez Palacios y ACDAC CAXDAC, el 9 de diciembre de 2021 (f.° 6 a 36 del cuaderno digital del Tribunal), dispuso: PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 28 de junio de 2021 por el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Bogotá, en el sentido de absolver a la demandada CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC - CAXDAC, del reconocimiento a la sustitución pensional deprecada por la señora DORA INÉS GÓMEZ PALACIOS, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC - CAXDAC a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes a la señora

FLORA ESTHER RAMÍREZ DE SILVA en un 100 % de la mesada pensional que venía percibiendo el causante señor LUIS FELIPE SILVA BARRERO (q.e.p.d.), a partir del 18 de marzo de 2016, prestación pensional a la que deberá efectuársele los reajustes legales correspondientes.

TERCERO: AUTORIZAR a la CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC - CAXDAC realizar los respectivos

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Radicación n.° 96066 descuentos en salud sobre la orden impartida en el numeral anterior.

CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, fijó como problema jurídico determinar si asistía derecho a las demandantes al pago de la sustitución pensional por el fallecimiento del señor Luis Felipe Silva Barrero y, de prosperar ello, establecería los porcentajes de tal beneficio. Planteó como fuera del debate que al señor Luis Felipe Silva Barrero, la Caja de Auxilios y Prestaciones de ACDACCAXDAC le reconoció pensión de jubilación por Resolución n.° PVJ 024-71 del 24 de junio de 1971, a partir del 1° de junio de dicho año, en cuantía inicial de $11.148 y que falleció el 18 de marzo de 2016. Arguyó que atendiendo a la fecha del óbito, las disposiciones que regulaban el asunto eran los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, que modificaron los 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 (CSJ SL2075-2021), los que

contemplaron como beneficiarios a la cónyuge o compañera permanente de forma vitalicia, si acreditaba vida marital con el causante y convivencia por no menos de cinco años continuos antes del deceso, para lo que citó las sentencias CSJ SL1399-2018 y CSJ SL1730-2020; esta última con especial énfasis, ya que el requisito mentado de temporalidad era exigido para jubilados. También, acudió a la decisión CSJ SL41537-2012, en la cual se «sentó la postura atinente a que la cónyuge con

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Radicación n.° 96066 vínculo matrimonial vigente con separación de hecho tiene derecho a la pensión de sobrevivientes bastándole con acreditar los cinco años de convivencia en cualquier tiempo», la que se ha mantenido de forma pacífica, por lo menos para jubilados, como se reiteró en providencia CSJ SL20152021. Por tanto, aseveró que la cónyuge con vínculo marital vigente y separada de hecho con el pensionado, debía acreditar una convivencia de cinco años en cualquier tiempo, independientemente que existiera una compañera permanente. En cuanto a la señora Flora Esther Ramírez de Silva sostuvo que: i) Contrajo matrimonio católico con el causante el 1° de julio de 1953, conforme registro civil de matrimonio (f.° 21 cuaderno digital 1° del juzgado), que contenía la anotación: «mediante sentencia de fecha 6 de febrero de 1998 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá se decretó la separación indefinida de cuerpos de los esposos a

los que se refiere esta acta según Oficio no. 0924 de fecha 19 de abril de 1989 de dicho Tribunal Santafé de Bogotá julio 9 de 1988». ii) Por Escritura Pública n.° 3154 del 17 de octubre de 1987 (f.° 55 a 68, ibidem), se realizó separación de bienes.

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Radicación n.° 96066 De lo previo aseveró que «el vínculo matrimonio de la pareja se encontraba vigente para la fecha de deceso del causante en el entendido que no exist[ía] cesación de efectos civiles». Además, adujo que dentro del plenario estaban las declaraciones extraproceso de Graciela Inmaculada Jinete de Gonzáles y Mariela Giraldo López (f.° 18 a 20, ibidem), el interrogatorio de parte de la señora Ramírez de Silva, los testimonios de Luz Marina Amaya Chitiva, Carmen Lilia Carranza Campos, los cuales sintetizó. De la señora Dora Inés Gómez Palacios argumentó que celebró matrimonio con el de cujus el 16 de febrero de 1989 en Venezuela «documento del que no [advirtió] una protocolización» en Colombia, como extrajo del registro civil de matrimonio (f.° 14 y 15 del cuaderno digital 2° del juzgado). Frente a su pretensión, memoró que estaban: a) las declaraciones extrajuicio rendidas por Pedro Antonio Muriel Meneses y Ruth Patricia Peña Suárez; b) el interrogatorio de parte del representante de la Caja de Auxilios y Prestaciones de ACDACCAXDAC, así como el de la señora

Dora Inés Palacios; c) los testimonios de Pedro Antonio Muriel Meneses, Felipe Silva Gómez y María Isabel Moreno Rincón, los que resumió.

De lo preliminar extrajo que:

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Radicación n.° 96066 i) Con la señora Flora Esther Ramírez de Silva, a la fecha del deceso, existía separación de cuerpos, estaba liquidada la sociedad conyugal, pero «en ningún momento se configuró una cesación de los efectos civiles del matrimonio», por lo que su derecho pensional debía estudiarse como una cónyuge supérstite del pensionado. De la valoración de la prueba, conforme al canon 61 del CPTSS, coligió que se acreditó «convivencia permanente e ininterrumpida con el causante desde el 1° de julio de 1953, fecha en que contrajo matrimonio, hasta el mes de octubre de 1987», pues así lo derivó del interrogatorio de parte de la demandante, además: […] las declaraciones rendidas por las señoras LUZ MARINA AMAYA CHITIVA y CARMEN LILIA CARRANZA CAMPOS, las mismas fueron espontáneas en sus dichos en resaltar que conocieron a la pareja desde el año de 1975 y 1970 respectivamente, siendo concordantes en precisar que en efecto la pareja se separó para el año de 1987; pero que a pesar de ello, el causante y la señora FLORA ESTHER RAMÍREZ DE SILVA en todo momento permanecieron juntos, comportándose como un verdadero vínculo matrimonial revestido de techo, lecho y mesa, incluso asistían a reuniones familiares durante dicho interregno donde siempre se les vio como verdaderos

esposos, así como que de dicha unión se procrearon cuatro hijos. Es por ello que a la mentada prueba testimonial se le asigna plena credibilidad, más aún, si guardan repleta congruencia con las declaraciones extraproceso rendidas por las señoras GRACIELA INMACULADA JINETE DE GONZÁLEZ y MARIELA GIRALDO DE LÓPEZ rendidas el 6 y 7 de abril de 2021 [Fls. 18 a 20), las cuales expusieron la continuidad permanente del vínculo matrimonial, sumado al hecho que se encuentra soporte documental de que la convivencia de la pareja abarcó hasta el mes de octubre de 1987, pues así se acredita de la Escritura Pública No. 3154 del 17 de octubre de 1987 (Fls. 55 a 68), la cual evidencia que el causante y la señora FLORA ESTHER RAMÍREZ DE SILVA realizaron separación de bienes para esa data, aspectos todos que conducen a determinar sin dubitación

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Radicación n.° 96066 alguna que la actora acreditó el requisito de la convivencia con el fallecido de cinco (5) años en cualquier tiempo, lo que da lugar al reconocimiento del derecho pensional, por lo que la sentencia de primer grado se confirmará sobre este puntualísimo aspecto. Con relación a Dora Inés Gómez Palacios, arguyó que el estado civil, como es el caso del matrimonio en el exterior, resultaba ser un aspecto inalienable de las personas a la luz del Código Civil, en tanto era una situación que determinaba derechos y obligaciones de cada

individuo. Citó la providencia CSJ SC, 29 jul. 2011, rad. «25286-3184-001-2007-00152-01», para sostener que cuando se trata de tales celebraciones en el extranjero, se requería la ratificación en Colombia. Ultimó que dicho rito no podía tenerse como un contrato que producía efectos en este país, pues era necesario la protocolización por autoridad competente, de acuerdo con el artículo 67 del Decreto 1260 de 1970. Mencionó que, consonante con las declaraciones de Pedro Antonio Muriel Meneses, Felipe Silva Gómez y María Isabel Moreno Rincón, la convivencia de aquélla con el fallecido se dio solo hasta el 2000, cuando viajó a EEUU, por lo que no fue antes del 18 de marzo del 2016, fecha del deceso. Posterior a ello, condenó al pago de la prestación en un 100 % a favor de la señora Ramírez de Silva, desde el momento del óbito y autorizó los descuentos en salud.

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Radicación n.° 96066

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuestos por Dora Inés Gómez y la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles – ACDAC CAXDAC, concedidos por el Tribunal y admitidos por la Corte (Auto del 7 de diciembre de 2022), se procede a resolver únicamente el de esta última, en tanto que el de la primera se declaró desierto mediante providencia CSJ AL140-2023.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende que se case totalmente la decisión de segundo grado, para que, en sede de instancia, se revoque la del juzgado y, en su lugar, se absuelva de las pretensiones formuladas en su contra y se condene «en costas ejemplares» (f.° 6 de la demanda de casación del cuaderno digital de la Corte). Con tal propósito, formula dos cargos, por la causal primera de casación, los cuales fueron replicados únicamente por Flora Esther Ramírez de Silva y se estudian a continuación de forma conjunta, ya que, pese a que se encauzan por vías disímiles, denuncian igual elenco normativo, presentan argumentos afines, tienen conexidad temática y buscan el mismo objetivo.

VI. CARGO PRIMERO

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Radicación n.° 96066 Acusa la determinación del colegiado de violar la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de la siguiente normativa: […] los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, modificatorio éste del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 2°, 4°, 48, 228 y 230 de la Carta Política; 15, 16 y 17 de la Ley 1ª de 1976, (Modificatorios los artículos 165, 166 y 167 del CC respectivamente); artículos 28, 1502, 1505, 1603 y 1618 del Código Civil; 51, 61 y 145 del CPLSS:; artículos 175, 176, 177, 187, 197, 244, 245, 246, 250, 260 y 281 del CGP;

artículos 2°, 42, 48, 53, 228, 230 de la Carta Política y la jurisprudencia contenida en las sentencias de la Honorable Corte Suprema de Justicia con radicados CSJ SL2075-2021 con Radicado 84457, CSJ SL45779-2018, 77327 – CSJ SL17302020, 81130CSJ SL2015-2021, CSJ SL41637-2012, CSJ SL2015 con radicado 81113 de 2021, referidas al derecho por convivencia no menos de 5 años en cualquier tiempo. En la demostración, afirma que erró el operador judicial al concluir que era suficiente la conformación del matrimonio y una convivencia en cualquier tiempo de más de cinco años entre Flora Esther Ramírez Silva y Luis Felipe Silva, pese a que se dio «la separación judicial de cuerpos en 1988 y la existencia de la disolución y liquidación en 1987», dado que ante la configuración de «la liquidación de la sociedad conyugal la demandante no podría recibir el beneficio pensional […] como lo exige el artículo 13, literales a) y c) de la Ley 797 de 2003». Sostuvo que la exégesis de la norma realizada por el juez de alzada fue equivocada, ya que argumentó que el derecho a la pensión de sobrevivientes nacía con el fallecimiento del cónyuge de la actora; que era acreedora de él, porque «había hecho vida marital con el causante y convivido con el fallecido no menos de cinco años continuos

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Radicación n.° 96066 con anterioridad a su muerte» y, que estaba vigente el

vínculo nupcial para la fecha del deceso porque «no existía cesación de los efectos civiles del matrimonio», no obstante evidenciar que mediante «providencia del 6 de febrero de 1988 del Tribunal Superior de Bogotá, se decretó la separación indefinida de cuerpos de los esposos y con antelación en 1987 se realizó la separación de bienes». Estimó que en realidad el inciso 3° del literal b) del canon 13 de la Ley 797 de 2003, armonizado en lo pertinente con el literal a) dispone que: […] si al fallecer un pensionado, existe convivencia simultánea entre cónyuge y compañera o compañero permanente, la pensión es para el esposo o esposa. Pero si no hay convivencia simultánea y está vigente la unión conyugal, pero hay “separación de hecho” el compañero o compañera permanente puede reclamar una cuota parte proporcional al tiempo convivido con el fallecido que no puede ser inferior a cinco (5) años antes del fallecimiento del pensionado conforme al literal a), infiriéndose como exigencia perentoria, que la compañera o compañero permanente debe demostrar la convivencia de no menos de cinco (5) años inmediatamente anteriores a la muerte del causante, en tanto que la cónyuge supérstite esos cinco (5) años o más de convivencia pueden contarse en cualquier tiempo para reclamar la pensión respectiva, pero eso sí, siempre y cuando esté vigente las sociedad conyugal al fallecimiento del causante como reza la norma. Arguye que tal mandato no admite discusión cuando categóricamente exige, en la parte final del tercer inciso de

literal b), que «la otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente”; es decir, que para tener derecho la cónyuge a la pensión de sobrevivientes es requisito o condición sine qua non, el no

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Radicación n.° 96066 haber disuelto y liquidado la sociedad conyugal como en este asunto ocurrió». Reitera que como el ad quem no tuvo en cuenta que la señora Ramírez de Silva se había separado de cuerpos por sentencia judicial, así como que disolvió y liquidó la sociedad conyugal, no podía conceder la prestación por muerte del pensionado. Incluso, menciona que el fallador no entendió que se dio fue una «separación de cuerpos indefinida» en presencia de la disolución de la sociedad conyugal y no una «separación de hecho», lo cual es diferente ya que con lo primero «se consolidó el quebrantamiento permanente y definitivo de la convivencia porque así lo acordaron los esposos, con la intención libre y espontánea de no continuar juntos». Cita la providencia CSJ SL1399-2018 y concluye que es necesario que al momento del deceso esté vigente la «sociedad conyugal», lo que no se dio en el sub lite, ya que la determinación que declaró la separación definitiva de cuerpos, así como disolvió y liquidó la «sociedad conyugal» fue del 6 de septiembre de 1998, mientras que el fallecimiento ocurrió el 18 de marzo de 2016 (f.° 7 a 15 de la demanda de casación del cuaderno digital de la Corte).

VII. CARGO SEGUNDO Endilga a la providencia de segundo grado el quebrantamiento de la ley sustancial por la vía indirecta, en

la modalidad de aplicación indebida de:

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Radicación n.° 96066 […] los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, modificatorio éste del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 1ª de 1976, (Modificatorios de los artículos 165, 166 y 167 del CC respectivamente); artículo IX del concordato aprobado por la Ley 20 de 1974, en relación con los artículos 28, 1502, 1505, 1603 y 1618 del Código Civil; artículo 25 de la Ley 1ª de 1976; 51, 61 y 145 del CPLSS; artículos 175, 176, 177, 187, 197, 244, 245, 246, 250, 260 y 281 del CGP; artículos 42, 48, 53, 228, 230 de la Carta Política.

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Radicación n.° 96066 Indica que el juez de alzada incurrió en los siguientes errores evidentes, protuberantes y manifiestos de hecho: […] 1. No dar por demostrado estándolo, que por sentencia judicial del Tribunal, calendada el 6 de septiembre de 1988 se declaró la separación indefinida de cuerpos entre los esposos LUIS FELIPE SILVA BARRETO (Q.E.P.D) y la demandante

FLORA ESTHER RAMÍREZ de SILVA, así como la disolución y liquidación de la sociedad conyugal. […] 2. No dar por evidente estándolo que por escritura pública No, 314 de octubre 16 de 1987 de la Notaría 13 de Bogotá, se liquidó la sociedad conyugal. […] 3. No dar por probado estándolo, que desde septiembre 6 de 1988, por sentencia judicial se declaró rota la convivencia por separación de cuerpos definitiva, y se disolvió la sociedad conyugal, no dando lugar al derecho pensional de sobrevivientes con el fallecimiento del esposo Silva B. en marzo 18 de 2016. […] 4. No dar por cierto, optando por desconocerlo que con apoyo en los anteriores actos jurídicos, la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles CAXDAC, no es responsable del reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes reclamada, por no estar vigente la sociedad conyugal a la muerte del causante esposo Silva Barreto, momento donde nace el derecho a la prestación económica pensional y por haber desaparecido absolutamente la convivencia material sustancial desde hacía 28 años a la muerte del causante. Lo anterior, como consecuencia de la indebida apreciación de: […] 1. La confesión surgida de la demanda de folios 104 a 112 del cuaderno principal. […] 2. Acta de Registro Notarial de defunción del señor Luis Felipe Silva Barreto (fs. 20 y 75 del C. Ppal.) […] 3. Sentencia judicial de septiembre 6 de 1988, declarando la

separación definitiva de cuerpos de la demandante con el esposo, obrante a folios 54 y 5 de los autos.

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Radicación n.° 96066 […] 4. Escritura pública n.° 3154 de octubre 16 de 1987, contentiva de la disolución y liquidación de la sociedad conyugal. (Fs.56 a 69 de los autos). […] 5. Acta de registro notarial del matrimonio católico de Luis Felipe Silva B. y Flora Esther Ramírez Molina con nota de separación de cuerpos indefinida declarada por sentencia judicial.(Fs.25 de los autos). […] 6. Testimonios indebidamente valorados de los señores Graciela Inmaculada Jinete, Mariela Giraldo de López, Luz Marina Amaya Ch, Carmen Lilia Carranza C., Pedro Antonio Muriel M. y Luis Felipe Silva G. Fundamenta que la demandante deprecó la pensión de sobrevivientes por la muerte de su esposo, pese a que, por sentencia del 6 de septiembre de 1988, emitida por «el Tribunal Superior de Bogotá» se declaró la separación definitiva de cuerpos y por Escritura Pública n.° 3154 del 16 de octubre de 1987 se dispuso la disolución y liquidación, por lo que se concedió ilegalmente el beneficio pensional aplicando indebidamente el mandato 13 de la Ley 797 de 2003. Esgrime que el juez de apelaciones cometió el despropósito de no haberle dado el importe que correspondía a la prueba documental, apenas mencionándola como existente en los autos, sin analizarla,

tanto que llevó a catalogar irregularmente a la demandante como «separada de hecho».

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Radicación n.° 96066 La jurisprudencia que sirvió de soporte en segunda instancia refiere a casos en donde se dio una separación de hecho entre los cónyuges, pero con lazo marital vigente (CSJ SL2015-2021), que no corresponde al sub lite en el que se trata de «esposos que en derecho estaban separados definitivamente de cuerpos, habían disuelto y liquidado la sociedad conyugal y se había roto la convivencia desde hacía 28 años», lo que resultaba de los siguientes medios de convicción indebidamente apreciados: i) La sentencia emitida por el Tribunal Superior de Bogotá, el 6 de septiembre de 1988 (f.° 54 del cuaderno digital 1° del juzgado), evidencia que se declaró la «separación indefinida de cuerpos de los cónyuges atados por matrimonio católico Luis Felipe Silva B. y Flora Esther Ramírez», donde se decidió que «quedan dispensados de cohabitar y pueden residir en forma separada». Lo anterior se valoró erróneamente pues optó el ad quem por considerar que se trataba de una separación de hecho. ii) La Escritura n.° 3154 del 16 de octubre de 1987 (f.° 55, ibidem), contentiva de la disolución y liquidación de la sociedad conyugal, en donde se repartieron los bienes y deudas, que no fue apropiadamente apreciado, ya que esto ratificaba la inexistencia de la convivencia.

1. El certificado de registro notarial de matrimonio católico (f.° 25, ibidem), que presenta como nota al margen «haberse separado indefinidamente de cuerpos mediante sentencia judicial», prueba que no se estimó debidamente.

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Radicación n.° 96066 Asevera que de haberse leído correctamente los elementos referenciados y cotejado con el acta de defunción (f.° 75, ibidem), habría concluido que la demandante no tenía derecho a la prestación de sobrevivientes, ya que desde 1988 culminó la convivencia y un año antes, esto es, el 17 de octubre de 1987, se disolvió la «sociedad conyugal con liquidación de los bienes», la cual debía estar vigente a la muerte del jubilado para acceder al derecho, siguiendo el canon 13 de la Ley 797 de 2003. Puntualiza que acreditado error con prueba calificada, procede a abordar la equivocada valoración de los testimonios de Graciela Inmaculada J, Mariela Giraldo de López, Luz Marina Amaya Ch. Carmen Lilia Carranza C., Pedro Antonio Muriel y Luis Felipe Silva, así como el interrogatorio de parte de las demandantes Flora Esther Ramírez de Silva y Dora Inés Gómez Palacio. Alega una imprecisión del ad quem, ya que aquellos solo aseguran «que hasta la separación de cuerpos en 1987 hubo convivencia sólida, pero después de este año nada saben [...] obviamente los 5 años de convivencia cierta, real y

estable lógicamente se dieron antes de la separación de cuerpos y liquidación de la sociedad conyugal en 1987 y 1988 respectivamente», por lo que al no estar vigente la sociedad conyugal a la muerte del causante el 18 de marzo de 2016, no había derecho a otorgar la pensión de sobrevivientes.

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Radicación n.° 96066 En suma, sostiene que: […] de las declaraciones de los deponentes Pedro A. Muriel M (minuto 1:33:10), Felipe Silva Gómez (minuto 2:24:40), Dora Inés Gómez Palacio (minuto0:32:43) y el interrogatorio de Flora Esther Ramírez de Silva (1:00:05), se colige que a partir de la separación definitiva de cuerpos por sentencia judicial y la disolución de la sociedad conyugal con liquidación por Escritura Pública No. 3154 de octubre 16 de 1987, la demandante y el finado Silva Barrero jamás tuvieron ninguna relación de convivencia. Por el contrario la relación de convivencia lo fue con la compañera Dora Inés Gómez con quien procreó al hijo de nombre Felpe Silva Gómez (f.° 15 a 25 de la demanda de casación del cuaderno digital de la Corte).

VIII. RÉPLICA Expresa que está en disputa uno de los derechos más sensibles del sistema jurídico colombiano, aunado a que es un sujeto de especial protección ya que su único sustento es la prestación de sobrevivencia y es una persona de la tercera edad.

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