CSJ - SL1326-2023

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Sala de Desconoeslión N. 3 JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO Magistrada ponente SL1326-2023 Radicación n.° 95290 Acta 19 Bogotá D.C., catorce (14) de junio de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por JOSÉ OMAR HURTADO ROJAS, contra la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2021, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en el proceso que adelantó contra la ASOCIACIÓN PROBIENESTAR DE

LA FAMILIA COLOMBIANA PROFAMILIA.

I. ANTECEDENTES José Omar Hurtado Rojas, llamó ajuicio a la Asociación Probienestar de la Familia Colombiana - Profamilia (f.°4 a

20Vto,), para que se declarara: la existencia de un contrato de trabajo desde el 2 de enero de 2011 y hasta el 31 de mayo de

2017. Consecuencialmente, pidió condenarla a pagarle: auxilio de cesantía, intereses, vacaciones compensadas, primas de servicios, lo correspondiente a riesgos laborales,

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Radicación n.°95290 pensiones, salud, subsidio familiar; sanciones moratorias de los artículo 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990; la «devolución de los aportes a seguridad social que le obligaron a cancelar»; la «indemnización moratoria del parágrafo 1 del Art. 65 del CPT y de la SS (...)», es decir, un día de salario por

cada día de retardo en la entrega de los comprobantes de pago al sistema de seguridad social, desde el 1 de junio de 2017; la indemnización por despido sin justa causa; la indexación; y las costas. Como fundamentos fácticos de sus pedimentos, relató que: se vinculó con la llamada a juicio para prestar sus servicios como urólogo, desde el 2 de enero de 2011 y hasta el 31 de mayo de 2017, en un horario de 2:00 p.m., 6:00 p.m., los días miércoles y viernes, que fue establecido por ella, sin embargo, fue vinculado mediante contratos de prestación de servicios, debía presentar cuentas de cobro para recibir el pago de la retribución, no obstante que siempre prestó el servicio de manera personal, subordinada y con los implementos que suministró la demandada. Afirmó que la empleadora de manera injustificada, terminó el vínculo el 31 de mayo de 2017, con carta de 24 del mismo mes y ario, pero con posterioridad levantó un acta de terminación y liquidación del contrato CS0246 con fecha 27 de julio de 2017, que ambos suscribieron y en la cual la declaró a pa7 y salvo.

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Radicación n.°95290 Dijo que, para obtener el pago del salario, debía pagar su seguridad social junto con las cuentas de cobro, la cual se liquidaba sobre el 40% de la remuneración. Aseveró que oel último salario devengado (...) promediaba la suma de $3.000.000., o sea $54.488.00 hora laborada». Para finalizar

afirmó que no le entregó los comprobantes de pago a la seguridad social y parafiscales de los últimos tres meses. La Asociación Probienestar de la Familia ColombianaProfamilia, al responder la demanda (f.°191 a 223), se opuso a las pretensiones. De los hechos, aceptó: la prestación de servicios como urólogo; los extremos de la vinculación que cumplió mediante un contrato de prestación de servicios; la presentación de cuentas de cobro; y que los implementos de trabajo era propiedad de la institución. En su defensa argumentó que el actor quería inducir a error al despacho, al invocar elementos de un contrato de trabajo inexistente, dado que realmente existieron sucesivos contratos de prestación de servicios suscritos a partir del 2 de enero de 2011, para la prestación de servicios de medicina general, con plena autonomía, pues en razón de la naturaleza de la actividad contratada, no existió, ni podía haber subordinación laboral. Propuso las excepciones de prescripción, pago, compensación, y las que llamó: temeridad, mala fe de la parte actora, cobro de lo no debido, enriquecimiento sin causa y buena fe.

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Buenaventura, concluyó el trámite y emitió fallo el 13 de abril de 2021, en el que decidió: PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de fondo de inexistencia de la obligación lo que hace innecesario el estudio de las demás excepciones propuestas, en consecuencia, se absolverá

a la parte demandada de las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante (...).

TERCERO: En el evento de no ser apelada la presente decisión, consúltese al superior por haber sido adversa a la parte demandante.

CUARTO: La presente providencia se notificará a las partes en estrados (...).

Disconforme, el demandante apeló.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Para resolver el recurso, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, profirió fallo el 15 de diciembre de 2021, en el que decidió: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 13 de abril de 2021, proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Buenaventura, en donde obra como demandante el señor JOSE OMAR HURTADO ROJAS (...) y demandada la ASOCIACIÓN PROBIENESTAR DE LA FAMILIA COLOMBIANA - PROFAMILIA (• • •)• SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante, sin agencias en derecho en esta instancia; se confirma el sentido de las de primera.

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Radicación n.°95290 Para comenzar, afirmó: «el problema jurídico que debe resolverse es la procedencia de la declaratoria del contrato de trabajo en atención a lo dispuesto en los artículos 22 a 24 del CST», de prosperar, examinaría las otras peticiones. Aseveró que se debía tener en cuenta que el contrato de trabajo se configuraba en virtud de la concurrencia de los elementos de los numerales 1 y 2 del artículo 23 y el artículo

43 del CST, 53 de la CN, los que privilegian la primacía de la realidad, y el artículo 24 del CST, que «consagra una disposición protectora del trabajo, como es privilegiar la realidad de la ejecución de la labor y la presunción acerca de la subordinación», en concordancia con el fallo CSJ SL66212017. Sostuvo que la «existencia de la relación de trabajo deviene (sic) de aquella prestación personal del servicio en beneficio de las necesidades, actividad o empresa de quien se alega como empleador», pues acreditada la prestación personal ola subordinación se presume conforme [al] artículo 24 del CST (...)». Advirtió debidamente acreditada la prestación personal del servicio y, se remitió a estudiar el objeto del contrato de prestación de servicios, en el que señaló estipularon: Por medio de este contrato EL CONTRATISTA de manera independiente, es decir sin que exista subordinación jurídica ni vínculo laboral de ninguna naturaleza, se obliga para con LA CONTRATANTE, a prestar directamente a los usuarios de los servicios de salud ofrecidos por la CONTRATANTE, sus servicios profesionales en el campo de: Urología, todo ello de acuerdo con la propuesta de servicios de fecha 27 de Diciembre de 2010, presentada por el CONTRATISTA y que forma parte integral del presente contrato. Las actividades descritas en la citada 5

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Radicación n.°95290 propuesta serán desarrolladas por el contratista en forma independiente y con total autonomía técnica, administrativa y financiera, con sus propios medios, de todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el texto del presente contrato;

dejando de presente que tales actividades deberán ser desarrolladas en los lugares y/o sitios en donde así lo requiera la CONTRATANTE, con el respeto y apego a las normas Constitucionales (...). (f.°245) Luego enunció que ese contrato «se prorrogó a través del tiempo a través de otro sí al suscrito inicialmente el 2/0 1/1 1 y hasta el 31/0 5/ 17» (f.°21 a 22, 228 a 241). Manifestó que tratándose de la existencia de contratos de trabajo en profesiones liberales, era pertinente estudiar las particularidades de su ejecución para dar aplicación a la presunción atrás aludida, pues esta Corporación, había explicado que la libertad e independencia del sujeto que la ejerce es característica en ese tipo de labores, debido a que, media autodeterminación frente a la tarea que se lleva a cabo, porque el profesional cuenta con autonomía, que se deriva del contenido estrictamente intelectual, según el título obtenido y la lex aras en el desempeño, por lo que para acreditar una relación de trabajo en este tipo de profesiones era necesario «analizar los conceptos jurídicos de ajenidad y dependencia, ante la evidente dificultad de encontrar reglas de subordinación laboral debido a la manifiesta autonomía intelectual de estas profesiones», como había enseriado el fallo

CSJ SL1021-2018.

Reflexionó en que lo adoctrinado por la Corte, conducía a que en el análisis del contrato de trabajo en profesiones 6

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Radicación n.°95290 liberales, se deba «diferenciar el trabajo autónomo del

subordinado», para lo cual, de acuerdo con el fallo, «serán concluyentes, indicadores como los de si el ejercicio de esa profesión libre se hace compatible con otras tareas, si la persona tomó a otros profesionales (...)», o si por ejemplo, en la actividad médica se limitó a la escogencia del tipo de medicamentos que debió utilizar y el régimen de responsabilidad. Argumentó que, en armonía con el precedente aludido, como en las profesiones liberales existía autonomía técnica en la ejecución de la labor, ello «exige delj uzgador revisar en detalle la presencia de la subordinación», sin que, dentro de este elemento se enmarque la coordinación de actividades entre contratante y contratista, el cumplimiento de un turno o la inversión de tiempo en el desarrollo del objeto contractual, o recibir instrucciones, reportar informes, como se extractaba de los fallos CSJ SL13020-2017 y SL190452017, por lo que era necesario revisar las condiciones bajo las cuales fueron prestados los servicios. En armonía, destacó que sin desconocer el artículo 24 del CST, «la determinación del número de pacientes o el uso de las instalaciones de la entidad en salud, instrumentos y sala de cirugía, son condiciones que se derivan de las funciones dentro del servicio de salud», sin que de ello se pudiera deducir el elemento de subordinación o dependencia, «cuando se trata de labores profesionales, de conocimiento y práctica especializada, pues no de otra manera podría darse cumplimiento al objeto contractual».

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Radicación n.°95290 Explicó que, no encontró en el estudio que se hubiera

desbordado la finalidad del convenio, al punto que la coordinación se convirtiera en subordinación, pues así quedó probado con la declaración de Guadalupe Amparo Mosquera Nieva (min. 11:58), quien laboró para Profamilia dentro del extremo fijado en la /itis, e informó con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar del vínculo, mientras que Sandra Milena Muñoz (min. 58:38), solo estuvo vinculada hasta el 2009. A renglón seguido, subrayó que: «De la declaración» aquí referida y las respuestas entregadas por el demandante al absolver cuestionario que le fue formulado en audiencia (hora 1, min. 16, seg. 28), advertía que, «dentro del particular no estuvo presente el elemento esencial propio del contrato de trabajo», aunque de acuerdo con el clausulado, se limitó la cesión del contrato y el lugar de prestación del servicio, quedó acreditado que mediaron unas ofertas de disponibilidad presentadas por el actor a la beneficiaria del servicio, previa suscripción del contrato primigenio y sus prórrogas (f.°228 a 241), los deponentes dieron cuenta que no conocieron ningún llamado de atención por inasistencia o incumplimiento de sus horarios (min. 22:21; 33:07; 33:49; y 37:56). Resaltó que tampoco hubo órdenes por parte de la demandada o sus representantes (min 28:05), y sobre las consecuencias por la no prestación del servicio, solo mencionaron la reprogramación del procedimiento o atención 8

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Radicación n.°95290 del usuario en la agenda (min. 34:41 y 35:29), toda vez, que

Mosquera Nieva expresó que presenció la modificación del horario de prestación del servicio del accionante debido a que, en otra IPS, se le había prolongado la prestación del servicio, por lo que no alcanzaba a cumplir la agenda programada en Profamilia (31:17), aunado a que el promotor del juicio expresó que ola ampliación del servicio de urología era atractiva para ambas partes (min: 1:56:23)0, el horario era fijado de común acuerdo (f.°1:57:30; 2:01:35; 2:02:24; 2:03:42; 2:08:28) y que, para no acudir solo bastaba con que el profesional informara la no comparecencia, sin que ello motivara llamado de atención o sanción (2:05:04, 2:07:28, 22:02, 22:21, 33:07, 37:56, 2:09:20: 2:09:57, 2:10:20, 2:10:35). Para concluir, argumentó que la temporalidad y excepcionalidad, alegada en la apelación, se refería exclusivamente a lo contemplado en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, mientras que, en «este escenario, quedó puesto de relieve que la demandada logró desvirtuar la presunción de existencia del contrato de trabajo, como de manera acertada se concluyó en la sentencia impugnada (...)».

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal, admitido por la Corte y sustentado en tiempo, se procede a resolverle.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Solicita la casación del fallo censurado y, en sede de instancia, «proceda la Corporación a pronunciarse respeto (sic) del recurso de apelación formulado por el extremo activo de la litis, y a conceder las pretensiones de la demanda».

Con tal propósito, propone 2 cargos que no recibieron réplica y se analizarán de manera conjunta, por compartir algunos razonamientos, ser complementarios y dirigidos a la misma finalidad.

VI. CARGO PRIMERO Por la vía jurídica, acusa interpretación errónea de los artículos 22, 23, y 24 del CST, que condujo a la violación de los artículos 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 37, 38,43, 45, 47, 56,57, 59, 61, 62,127,128, 139, 141,142, 143,186, 187, 189,192, 193, 249,250,253,254, 260, 266, 306, 307, 340, y 342 del CST, 32 numeral 2, y parágrafo 2, 60 y 61 del CPTSS, 95, 250, y 305, del CPC, «dentro de los parámetros fijados por los artículos», 1, 11, 13, 25, 26, 29, 48, 53, 58, 332 y 336 de la CN.

En el desarrollo transcribe el artículo 24 del CST,

reprocha que el Tribunal haya dicho que para los casos de profesiones liberales debía matizarse de acuerdo con las particularidades de su ejecución. Copia párrafos del fallo y aduce que, a pesar de haber comenzado su análisis desde la presunción de existencia del contrato de trabajo, «ingresó en 10

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Radicación n.°95290 una zona de confusión», puesto que en «procura de hallar evidencias que desvirtuaran la presunción consagrada en el Art. 24 del CST, dirigió su esfuerzo en diferenciar las formas de prestación personal del servicio». En armonía con lo aludido, indica que en principio, entendió adecuadamente el artículo 24 del CST, pues consideró que «la prestación personal del servicio impone asumir la existencia del contrato de trabajo», pero desacertó cuando comenzó a especular que no toda prestación personal podía encuadrarse en ese canon y «lo que hizo tácitamentef ue incorporar el elemento de subordinación con el de prestación». Manifiesta que la jurisprudencia ha reiterado que a la parte que solicita la declaratoria del vínculo laboral, le compete acreditar la prestación personal del servicio, con lo que activa la presunción referida, siendo el empleador el llamado a desvirtuarla mediante la comprobación de la independencia o autonomía del asalariado en la ejecución de las tareas, como lo enserió esta Sala en fallo CSJ SL40272017. Indica que, el ad quem «nunca estudió el acervo probatorio de cara a verificar la ausencia de autonomía e

independencia de la demandante, sino a constatar la calidad de servicio prestado», cuando el análisis debió encaminarse a establecer, si se había logrado desvirtuar la presunción. Alude a la sentencia CSJ SL3345-2021, en la que se hicieron precisiones sobre las profesiones liberales, en

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Radicación n.°95290 particular los médicos, a partir de este precedente aduce que también a esta profesión le es aplicable lo ordenado en el artículo 24 del CST, y para el mismo efecto, transcribe párrafos del fallo CSJ SL1439-2021.

VII. CARGO SEGUNDO Por la vía indirecta, acusa aplicación indebida de los artículos 22, 23, y 24 del CST, que condujo a la violación de los artículos 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 37, 38,43, 45, 47, 54,56,57, 59, 61, 62, 127, 128, 139, 141, 142,143, 186, 187,189, 192, 193, 249,250,253, 254,260,266,306,307, 340, y 342 del CST, 53 de la CN, 1324, 1325, 1341, 1342, y 1344 del Código de Comercio, 1494, 1502, 1618 y 1760 del CC, y el 191 del CGP, este último como violación medio.

Como causa eficiente de la violación, enuncia los

siguientes dislates:

1. No dar por demostrado estándolo que entre el demandante, JOSÉ OMAR HURTADO ROJAS y la entidad ASOCIACIÓN PROBIENESTAR DE LA FAMILIA COLOMBIANAPROFAMILIA, existió un contrato de trabajo desde el 02 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2017.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que el señor JOSÉ OMAR HURTADO ROJAS y la entidad ASOCIACIÓN PROBIENESTAR DE LA FAMILIA COLOMBIANA - PROFAMILIA, se configuró un contrato de prestación de servicios desde el 02 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2017.

3. No dar por demostrado estándolo que la sujeción jurídica mediante la cual prestó el servicio el demandante desde el entre

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Radicación n.°95290 desde (sic) el 02 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2017, es la subordinación propia de una relación laboral.

4. Dar por demostrado, sin estarlo que el vinculo contractual que ligó a las partes del entre el (sic) 02 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2017, no se caracterizó por una marcada subordinación o dependencia.

Como pruebas erróneamente valoradas enunció: contrato de prestación de servicios junto con sus prórrogas (f.°21 a 22, 228 a 245, expediente electrónico); confesión parte demandada; confesión del accionante; ofertas de servicios que presentó el accionante; testimonio de Guadalupe Amparo Mosquera Nieva.

Invoca como prueba no valorada el certificado de existencia y representación legal de la sociedad llamada a juicio. Inicialmente alude al contrato de prestación de servicios y sus prórrogas, dice que no se apreció que allí se estableció que, en la ejecución de sus labores como especialista, estaba supeditado al acatamiento de los reglamentos de la entidad contratante, así como las sedes y los equipos proporcionados por esta, llegando incluso a definir la manera como se debía realizar la praxis médica, sobre la forma como se debía atender el paciente, diligenciamiento de las historias clínicas, los protocolos médicos, todo ello escapa a cualquier grado de autonomía e independencia. Agrega que en el contrato se pactó por un ario, con posibilidad de prorrogarse indefinidamente, por eso desde el inicio se aceptó que era a término indefinido, lo que es propio

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Radicación n.°95290 de los nexos de naturaleza laboral, sumado a que el objeto de la encartada es la prestación de servicios de salud, como obraba en el certificado de existencia. Menciona que, a partir de las ofertas de disponibilidad presentadas por el actor a la beneficiaria, el contrato de prestación de servicios y sus prórrogas, el ad quem, sostuvo que el nexo era contractual civil, lo que no es de recibo, porque el trabajador es la parte débil de la relación laboral y se ve compelido por necesidad de obtener una fuente de ingresos a aceptar condiciones alejadas de las que en estricto rigor se presentan, por lo que la forma del contrato y los documentos consecuenciales a él, no logran derruir la subordinación, dado que como lo adoctrinó esta Sala en

fallos CSJ SL27711-2006 y 17981-2017, se impone la prevalencia de los hechos sobre los documentos. Luego de una disertación jurídica sobre el artículo 24 del CST, alega que desde el contrato de prestación de servicios se vislumbra que estuvo supeditado a la entidad contratante, y remite a la cláusula tercera, la cual transcribe. Posteriormente, afirma que ((las cláusulas 5 y 6 del referido convenio son una evidencia de la forma como estaba sometido el actor», y copia dichas estipulaciones. Con asidero en estas estipulaciones, dice que salta a la vista que Hurtado Rojas, debía atender protocolos médicos de la entidad contratante, sin que fuera autónomo en su propio acto médico, ni siquiera en el diligenciamiento de la historia clínica, pues debía cumplir pautas fijadas por la 14

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Radicación n.°95290 empleadora, lo que no es propio de una contratación civil, sino laboral. Esboza que la sentencia CSJ SL3221-2022, enserió que no obstante la titulación del negocio jurídico, el marco obligacional puede ser ajeno al contrato, y en esta situación, son evidentes las imposiciones de la contratante a las normas y reglamentos, no solo las de la profesión, sino las que regían internamente en la institución. Anota que la supuesta supervisión a través de un interventor a cargo de la institución, no resulta consonante con el ejercicio de la simple comprobación del cumplimiento del objeto del contrato, sino que al estar supeditado al

seguimiento y acatamiento de normas, se constituye en un ejercicio de direccionamiento, vigilancia y control, propio del poder disciplinario, dado que se controló desde la forma de atender al paciente, el diligenciamiento de las historias clínicas, el cumplimiento de protocolos fijados por la convocada al litigio. Destaca que el objeto misional permanente de Profamilia, según el certificado de existencia y representación legal, era el de la prestación del servicio de salud. Rechaza que el actor hubiese emitido alguna confesión, porque el Tribunal no reparó que expresó siempre la necesidad de pedir permiso para las modificaciones en sus horarios; enuncia que se limitó a decir que suscribió un contrato de prestación de servicios, y que la prestación se daba en función de las necesidades de Profamilia, obteniendo los dos contratantes

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Radicación n.°95290 un beneficio, pero el sentenciador no tuvo en cuenta que la modificación en el horario, requería la aquiescencia de Profamilia, lo que denota subordinación, sin que se aprecie confesión en los términos del artículo 191 del CGP., mientras que la parte demandada a través del apoderado emitió confesión al pronunciarse sobre los hechos asintió la prestación de los servicios desde el 2 de enero de 2011 y hasta el 31 de mayo de 2017. Refiere que «quebrado el fallo», con las pruebas calificadas, es viable estudiar el testimonio de Guadalupe Amparo Mosquera, quien declaró que la fijación de horarios y turnos, se hacía con el permiso de la entidad contratante,

quien señalaba la fecha y lugares para el servicio. También hace énfasis en que ella detalló que las intervenciones quirúrgicas, se realizaban de acuerdo con la autorización de Profamilia y fijación de fecha de esta institución, dado que, era la demandada quien adecuaba las instalaciones y prestaba el personal necesario para la ejecución de las tareas, que siempre se realizaban los viernes y sábados, situaciones que no valoró el sentenciador plural. A continuación, expone disquisiciones jurídicas atinentes a la diferencia entre el contrato de prestación de servicios y el de trabajo, alega que en el fallo CSJ SL14392021, se identificaron «algunos indicios relacionados en la Recomendación N.° 198 de la OIT», útiles para identificar la relación de trabajo subordinada, dentro de los que se hallan: 16

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Radicación n.°95290 Control y supervisión de otra persona (CSJ SL44792020); la exclusividad (CSJ SL460-2021); disponibilidad del trabajador (CSJ SL2585-2019); concesión de vacaciones (CSJ SL6621-2017); aplicación de sanciones disciplinarias (CSJ SL2555-2015); cierta continuidad (CSJ SL981-2019); el cumplimiento de jornada u horario (CSJ SL981-2019); trabajo el locales definidos por el beneficiario del servicio (CSJ SL4344-2020); suministro de herramientas y materiales (CSJ SL981-2019); la existencia de un solo beneficiario (CSJ SL4479-2020); la integración del asalariado a la organización de la empresa (CSJ SL4479-2020 y

SL5042-2020), entre otros. Para concluir afirma que, si en gracia de discusión existiera duda del carácter dependiente de la actividad médica en todo caso se encuentra para respaldar las pretensiones lo ordenado en el artículo 24 del CST, que «en apariencia dijo aplicar el colegiado».

VIII. CONSIDERACIONES Inicialmente es importante enunciar que, aunque el segundo cargo se orientó por la vía indirecta, en su desarrollo se observan varios razonamientos jurídicos, los que pueden ser estudiados dada la acumulación para análisis conjunto de los embates, toda vez, que constituyen un complemento armónico.

De acuerdo con los planteamientos del recurrente, debe la Corte en primer lugar, revisar desde la arista jurídica, si

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I 7 Radicación n. ' 95290 como lo afirma en los dos embates, el Tribunal incurrió en la interpretación errónea de los artículos 22, 23 y 24 del CST, especialmente en lo que concierne a la presunción dispuesta en la última normativa. Se advierte que, en varios pasajes del fallo, el sentenciador de segundo grado afirmó que estaba debidamente demostrada la prestación personal del servicio del médico, lo que conducía a la aplicación del artículo 24 del CST, sin embargo, de manera confusa, procedió a auscultar si en el plenario estaba acreditado el elemento de la subordinación jurídica laboral, lo que permite vislumbrar el dislate jurídico que enuncia la censura. Para corroborar la equivocación, resulta pertinente recordar algunos segmentos de la sentencia: En relación con los conflictos de existencia del contrato de trabajo, es tesis sostenida por esta Sala que debe tenerse en

cuenta que este se configura en virtud de los elementos indicados en el numeral 1 del artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo y atendiendo el artículo 53 de la Constitución Política (...) conjunto en que el artículo 24 consagra una disposición protectora del trabajo, como es privilegiar la realidad de la ejecución de la labor y la presunción acerca de la subordinación (• -)• Ahora, frente a la existencia de contratos de trabajo en profesiones liberales es menester estudiar las particularidades de su ejecución para dar aplicación a la presunción atrás aludida (...) resulta necesario analizar los conceptos jurídicos de ajenidad y dependencia, ante la evidente dificultad de encontrar reglas de subordinación laboral debido a la manifiesta autonomía intelectual de estas profesiones. (• •. ) Consecuentemente con el precedente en cita, se predica de las profesiones liberales una autonomía técnica en la ejecución de 18

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Radicación n.°95290 sus labores, que exige del juzgador revisar en detalle la presencia de subordinación (...). En lo pertinente que no se esté desconociendo la existencia de la prestación personal del servicio o la presunción consagrada en el articulo 24 del CST, sino que la determinación del número de pacientes o el uso de las instalaciones de la entidad en salud (...) Sin que de ello se pueda deducir inexorablemente el elemento de subordinación o dependencia (...). De la declaración aquí referida y las respuestas entregadas por el promotor de la acción al absolver el cuestionario formulado en la audiencia de práctica de pruebas (min. 1:16:28), advierte la Sala

que dentro del particular no estuvo presente el elemento esencial propio del contrato de trabajo como se viene exponiendo. De lo transcrito, fluye nítida la equivocación jurídica, pues como se reiteró en el fallo CSJ SL1639-2022, el artículo 24 del CST, «asigna un paliativo probatorio al trabajador, a quien le basta demostrar la ejecución personal para que opere en su favor la existencia del vínculo laboral, mientras que el empleador deberá desvirtuar el hecho presumido», lo anterior, mediante «elementos de convicción que avalen que el servicio se ejecutó bajo una relación jurídica autónoma e independiente». Por lo descrito, no debió divagar en hallar la subordinación jurídica laboral, sino concentrarse en analizar si la presunción había sido infirmada. Lo precedente conduce a que en punto a la hermenéutica errónea del artículo 24 del CST, los cargos resulten fundados, pero, no prósperos toda vez, que al constituirse en sede de instancia la Sala encuentra que, el empleador logró desvirtuar la presunción, pues probó que el demandante ejecutó la función contratada de manera autónoma, como pasa a detallarse:

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Radicación n.°95290 Al absolver el interrogatorio de parte, el profesional demandante confesó que: el horario en que acudía a Profamilia a atender pacientes fue concertado con esa Institución, de acuerdo con su disponibilidad de tiempo, pues también prestaba sus servicios en un hospital; cuando no podía acudir a atender la consulta en Profamilia, llamaba e informaba (registro 2:04:50), sin que esa inasistencia

acarreara alguna consecuencia (registro 2:10:00). En torno a lo anterior, resaltó el deponente, que «tenemos que ser francos, consecuencias como tal no habían, por la misma modalidad de la prestación de servicios, pero hay un compromiso de tipo laboral, personal y de común acuerdo, que eso le obligaba a uno a cumplir horarios». De lo confesado puede corroborarse que la presunción de contrato de trabajo, se ve derruida con las expresiones espontáneas del actor, pues evidencian la autonomía con la que actuó, incluso en lo que dice acerca de que desde que se gestó y acordó el vínculo, entre ellos operó la libre discusión de sus condiciones y términos, toda vez, que fue él mismo quien propuso cuándo podía acudir a prestar su servicio de consulta especializada como urólogo en la institución, sumado a que en la ejecución de las obligaciones, era tan autónomo, que si no podía acudir por algún motivo, bastaba con que llamara, sin que su inasistencia tuviera consecuencias advers