CSJ - SL1332-2023

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ Magistrado ponente SL1332-2023 Radicación n.° 94674 Acta 05 Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de anulación interpuesto por la UNIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS BANCARIOS «UNEB», el SINDICATO DE TRABAJADORES DE ENTIDADES FINANCIERAS «SINTRAENFI» y la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. contra el laudo arbitral proferido por el Tribunal de Arbitramento el 5 de julio de 2022, con ocasión del conflicto colectivo suscitado entre la

UNION NACIONAL DE EMPLEADOS BANCARIOS «UNEB»,

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LOS FONDOS DE

PENSIONES DEL SECTOR BANCARIO Y FINANCIERO

«AFONPEBF», ASOCIACION DEMOCRÁTICA DE

SCLAJPT-07 V.00

Radicación n.°94674

EMPLEADOS DEL SECTOR BANCARIO Y FINANCIERO

«ADEBAN», UNIÓN DE TRABAJADORES DEL SECTOR

FINANCIERO «UTRAFÍN», SINDICATO DE

TRABAJADORES DE ENTIDADES FINANCIERAS

«SINTRAENFI», UNIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES BANCARIOS Y DE ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO «UNIBANCARIOS» y el SINDICATO DE TRABAJADORES DEL GRUPO SANTANDER Y DEL SECTOR FINANCIERO «SINTRASANTANDER» y la ADMINISTRADORA DE

FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCIÓN S.A.

I. ANTECEDENTES De la documentación remitida por el Tribunal de Arbitramento, se infiere que la Unión Nacional de Empleados Bancarios «Uneb», la Asociación de Trabajadores de los Fondos de Pensiones del Sector Bancario y Financiero «Afonpebf», la Asociación Democrática de Empleados del Sector Bancario y Financiero «Adeban», la Unión de Trabajadores del Sector Financiero «Utrafín», el Sindicato de Trabajadores de Entidades Financieras «Sintraenfi», la Unión Sindical de Trabajadores Bancarios y de Entidades del Sector Financiero «Unibancarios» y el Sindicato de Trabajadores del Grupo Santander y del Sector Financiero «Sintrasantander», todos ellos sindicatos de primer grado y de industria, formularon un pliego de 23 peticiones a la sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., sin que se hubiese alcanzado entre éstos solución alguna en la etapa de arreglo directo y razón por la cual el Viceministerio de Relaciones Laborales e Inspección

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Radicación n.°94674 del Ministerio del Trabajo, ante petición de las agremiaciones sindicales, aprobada previamente en asamblea general de sus afiliados, mediante Resolución n.° 986 de 25 de marzo de 2022, ordenó la constitución de un tribunal de arbitramento para que dirimiera el conflicto colectivo de trabajo así generado e irresoluto. El Tribunal de Arbitramento quedó debidamente integrado e instalado el 04 de mayo de 2022, obtuvo la

prórroga solicitada para pronunciarse, pasando luego a proferir el laudo cuya anulación se pretende, mediante los recursos sobre los que aquí se decide.

II. LAUDO ARBITRAL El respectivo Laudo Arbitral fue proferido el 05 de julio de 2022.

El Tribunal de Arbitramento, una vez señaló un capítulo de antecedentes del caso y actuaciones del colegiado ser competente, en principio, para pronunciarse sobre todos los puntos del pliego no resueltos, asentó que en sus decisiones fueron tenidas en cuenta tanto las documentales allegadas al Tribunal por las organizaciones sindicales y las documentales presentadas por la empresa, así como las intervenciones de las partes, la legislación y jurisprudencia vigente; y que el laudo se profería en equidad, por tratarse de un conflicto colectivo de carácter económico, sin afectar derechos de los partes reconocidos en la Constitución, la ley

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Radicación n.°94674 o la propia convención colectiva. Así las cosas, el Tribunal se pronunció sobre los puntos del pliego de peticiones que no se estudiaron por carecer de competencia para ello y, luego, sobre los puntos que fueron negados u otorgados parcial o totalmente, después de lo cual resolvió el pliego de peticiones de la agremiación sindical en dieciocho (18) artículos, debidamente numerados, distinguidos por su título así:

PRIMERO: AUMENTO SALARIAL.

SEGUNDO: PRIMA SEMESTRAL EXTRALEGAL.

TERCERO: PRIMA DE VACACIONES.

CUARTO: PRIMA DE ANTIGÜEDAD.

QUINTO: AUXILIO EDUCATIVO.

SEXTO: AUXILIO PARA EDUCACIÓN ACADÉMICA ESPECIAL.

SEPTIMO: AUXILIO DE NACIMIENTO.

OCTAVO: AUXILIO DE ANTEOJOS.

NOVENO: AUXILIO DE VIVIENDA.

DECIMO: PRESTAMO DE VIVIENDA.

DECIMO PRIMERO: PLAN ADICIONAL DE SALUD Y / O POLIZA

DE HOSPITALIZACIÓN Y CIRUGIA.

DECIMO TERCERO: PERMISOS SINDICALES.

DECIMO CUARTO: AUXILIO SINDICAL.

DECIMO QUINTO: GASTOS DE NEGOCIACIÓN.

DECIMO SEXTO: VIGENCIA LAUDO ARBITRAL.

DECIMO SEPTIMO – PUNTOS NEGADOS

DECIMO OCTAVO – DECLARATORIA DE FALTA DE

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

Frente al pronunciamiento del Tribunal, el sindicato Sintraenfi solicitó aclaración del laudo, pues, en su sentir: i) en cuanto a la prima semestral extralegal, no era claro si el ingreso al que hacía referencia el laudo era el valor del sueldo básico del trabajador comercial o la sumatoria total del que percibía, junto con el de las comisiones y demás prestaciones a que se tenía derecho; ii) en la parte resolutiva del laudo no

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Radicación n.°94674 aparecía relacionado lo decidido sobre el seguro de vida; y iii) en el mismo punto, no aparecía nada del tema de «préstamo como anticipo». La solicitud mencionada en precedencia fue despachada desfavorablemente por el Tribunal a través de auto calendado 13 de julio de 2022, habida cuenta de que

«los términos utilizados en el laudo son suficientemente claros, expresos y precisos que no generan confusión y además actuó dentro del campo de su competencia y motivó suficientemente sus decisiones como se encuentra en las partes considerativas y resolutivas».

III. RECURSO DE ANULACIÓN DE LA EMPRESA Protección S.A. solicita la anulación y modulación parcial del laudo respecto de algunas cláusulas particulares, cuyos reproches se precisarán más adelante, pero que como introducción cabe mencionar, así: sobre el aumento salarial para el 2023 y 2024, toda vez que el Tribunal no atendió los resultados financieros y las amenazas del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, situaciones que conllevan a que las comisiones de administración bajen sustancialmente y las utilidades de la compañía se reduzcan.

En lo que toca con la prima semestral extralegal, solicita la anulación del artículo segundo del laudo arbitral, porque se torna inequitativo que los empleados comerciales con altos niveles de productividad perciban en promedio un salario básico más comisiones de $7,570.000, mientras que los

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Radicación n.°94674 empleados administrativos, que tienen una baja productividad en ventas debido a no realizan la gestión comercial, devengan salarios en promedio de $2,743.000, sin contar con la posibilidad de generar mayores ingresos. Solicita la modulación de los artículos que regularon la prima de vacaciones, la prima de antigüedad, el auxilio educativo pregrado grupo familiar para carreras

universitarias de los hijos de los trabajadores, el auxilio educativo para educación básica, preescolar, primaria y bachillerato y el auxilio de vivienda, pues considera que la decisión adoleció de los criterios de razonabilidad y equidad frente a la Compañía, el Pacto Colectivo y el estatuto de beneficios que le aplica a los demás empleados que no están afiliados, porque simplemente han optado por no ejercer el derecho de asociación. Depreca la anulación del punto relativo a la concesión del Auxilio educativo de idiomas del trabajador, pues las capacitaciones y certificaciones asumidas por la Compañía deben corresponder a los requisitos de idoneidad exigidos por la Superintendencia Financiera de Colombia, dentro de los cuales no se encuentra el idioma inglés, por lo que resulta inequitativa y falta de razonabilidad la previsión contenida en el numeral quinto del Laudo arbitral, respecto de la cual el Tribunal debió «argumentar la razón o motivo que lo llevaba a no apreciar los principios de equidad, proporcionalidad y equilibrio financiero que debió haber atendido». Implora la modulación del «plan adicional de salud y/o

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Radicación n.°94674 póliza de hospitalización y cirugía», por cuanto el Tribunal marginó cualquier análisis de razonabilidad, proporcionalidad, racionabilidad y equidad sobre tal plan, y debió tener «…en cuenta que el incremento propuesto es una oferta muy competitiva para el mercado laboral y especialmente para el mercado de los Fondo de Pensiones y Cesantías».

En un acápite adicional, presenta un análisis en el que proyecta el impacto en el equilibrio financiero de la empresa la aplicación del laudo arbitral que, en su sentir, hace inviable el cumplimiento de los incrementos allí consagrados, por la asunción de responsabilidad económica en razón del incumplimiento de la rentabilidad mínima publicada por la Superintendencia Financiera para los Fondos de Pensiones Obligatorias y de Cesantías, así como por la incidencia de la valorización de la denominada «Reserva de Estabilización» que deben constituir las Administradoras de Fondos de Pensiones con recursos de su propio patrimonio, equivalente ésta al 1% del valor de cada uno de los Fondos Administrados de Pensiones Obligatorias y Cesantías, situación que ubica a la empresa con una utilidad negativa en COP $67,610 millones, con corte a junio de 2022, generando un decrecimiento del 148% contra el mismo período del año 2021. Arguye que la aplicación de los incrementos establecidos por el laudo, al ser contabilizados dentro del gasto operativo, incrementarán el desfase del ingreso que genera la operación, en relación con los gastos, afectando en

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Radicación n.°94674 mayor medida el margen operativo, ya bastante comprometido con un decrecimiento del 22%, lo que significa un riesgo para la sostenibilidad financiera de la compañía, además de un aumento de la brecha en la competitividad con respecto a la industria.

IV. RÉPLICA DE LA UNIÓN NACIONAL DE

EMPLEADOS BANCARIOS «UNEB»

La Unión Nacional de Empleados Bancarios «Uneb»

plantea su oposición a la prosperidad de la anulación y/o modulación de los puntos impugnados por Protección S.A. y, en lo atinente a los incrementos salariales y la prima semestral extralegal, luego de señalar que el Tribunal de Arbitramento se abstuvo de adoptar una decisión que al menos resguardara el statu quo salarial existente entre las partes al momento de inicio del conflicto, precisa que la anulación propuesta por el empleador no se inclina a garantizar la equidad entre las partes, pues si se anulan las actualizaciones salariales se perdería el poder adquisitivo de la remuneración de los trabajadores de este conflicto. No está de acuerdo con la modulación del punto concerniente a la prima de vacaciones y la prima de antigüedad, pues al solicitar la equiparación del beneficio concedido con el reconocido en el pacto colectivo o en el plan de beneficios, hace nugatoria la generación de la convención colectiva de trabajo, invocando como fundamento, que la «Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo» contempla la posibilidad de que

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Radicación n.°94674 la negociación colectiva posibilite convenir salarios justos y condiciones de trabajo adecuadas. Finalmente, solicita desestimar la petición de modulación de las cláusulas denominadas: auxilio educativo para educación básica, preescolar, primaria y bachillerato, auxilio de vivienda y plan adicional de salud y/o póliza de hospitalización y cirugía, pues considera que no constituyen una desproporción atentatoria de la estabilidad financiera de

la empresa, sólo una mera actualización de sus valores, de forma tal que no genera una nueva subvención ni de una disposición exorbitante .

V. RECURSOS DE LAS AGREMIACIONES

SINDICALES

VI. DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE ENTIDADES FINANCIERAS «SINTRAENFI» Discrepa del criterio adoptado por los árbitros en cuanto a la vigencia del aumento salarial, pues en su parecer debe tomarse es a partir del día 01 de noviembre de 2020 y así sucesivamente, hasta que quede en firme el fallo de anulación, en la medida en que no tiene sentido esperar hasta el 1° de enero de 2023 para que sea aplicado, conociéndose también el alto costo de vida y la situación de la empresa, la cual sostiene se adaptó con relativa facilidad a la virtualidad por su experiencia en el teletrabajo, lo que hizo de la modalidad del trabajo en casa algo más fácil para

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Radicación n.°94674 la Empresa. En cuento a la prima semestral, considera que la decisión tomada por el Tribunal se alejó de la intención expresada en el pliego de peticiones, que era la de que todos los trabajadores obtuvieran el mismo monto de la prima de junio como de la de diciembre, tanto para trabajadores administrativos como para comerciales. Sobre los gastos notariales arguye que deben ser reconocidos, pues con ello se alivia un poco más el bolsillo del trabajador. Repara en la negativa del Tribunal respecto de los incrementos sobre la indemnización por despido sin justa causa, habida cuenta de que dicho valor fue «pauperizado» por la Ley 789 de 2002, solicitando que sea reconsiderado, a

fin de que se atienda la petición frente a la indemnización por despido sin justa causa y se le conceda al trabajador una mediana garantía de estabilidad laboral ante el desempleo. En lo referido al reconocimiento de las comisiones por gestión comercial, solicita que sea concedido, toda vez que el Tribunal pudo buscar un equilibrio en cuanto a los acuerdos sobre los asuntos económicos y las comisiones recibidas por los trabajadores en su labor comercial. Frente al auxilio de alimentación, Sintraenfi sostiene que este beneficio se hace más necesario el día de hoy, por razón del elevado costo de vida, que se refleja mucho más en

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Radicación n.°94674 el valor de los alimentos de la canasta familiar. En cuanto al teletrabajo, trabajo remoto, en casa, semipresencial o a distancia, solicita su reconsideración, al considerar necesario reconocer el beneficio económico para que el trabajador cuente con el reembolso de los gastos directos asumidos para el desempeño de la labor desde su hogar, que serían el costo de los servicios públicos y los implementos y aplicaciones utilizadas, tales como programas, computador, antivirus y medidas de seguridad. Para rematar, solicita que sea reconsiderada la petición sobre la «bonificación por firma del pliego» para los trabajadores afiliados a los sindicatos, toda vez que «esta bonificación sería el único factor diferenciador y con valor agregado como afiliados a los sindicatos, que sería de buen recibo por los trabajadores y estímulo a la afiliación y fidelidad sindical».

VII. RECURSO DE LA UNIÓN NACIONAL DE

EMPLEADOS BANCARIOS «UNEB»

Reclama a la Corte que adopte las disposiciones que propone en el recurso, de modo que se permita al laudo adquirir regularidad, anulándose parcialmente el artículo «décimo séptimo» en lo que respecta a la negativa del reconocimiento real de las comisiones por gestión comercial y del teletrabajo, trabajo remoto, trabajo en casa o

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Radicación n.°94674 semipresencial. En cuanto a la prima semestral extralegal del mes de diciembre señala que es evidente una desigualdad prestacional injustificada y arbitraria, en la medida en que desde la convención colectiva que precede este conflicto se acordó reconocérseles la mitad del valor dado a los trabajadores del área administrativa, sin que se hubiere enunciado una justificación para tal diferencia, la cual se acentuó en la cláusula arbitral, pues estableció que los trabajadores comerciales que tengan un ingreso de hasta 2.5 smmlv. eran los que tenían derecho a su pago. Para la apremiación, no son entendibles las razones de equidad que se expusieron en el laudo para posponer los incrementos salariales, pues éstos deben ser concedidos a partir de la fecha de su vigencia, que lo es el 05 de julio de 2022. Se queja de la negativa del Tribunal de Arbitramento del reconocimiento real de las comisiones por gestión comercial, toda vez que el propósito sindical fue el de fijar unas reglas de juego y condiciones claras de la remuneración de las comisiones, que se descartó por parte de los árbitros al

alterar «la situación de las distintas condiciones económicas de los diferentes trabajadores y las facultades legales del empleador».

Frente a la petición denominada: «teletrabajo y/o trabajo remoto o en casa, o semipresencial», considera el

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Radicación n.°94674 sindicato impugnante que el punto fue mal negado, porque aun cuando es cierto que la Ley 1221 de 2008 reguló esta variedad de prestación de servicios laborales, resulta contrario a la contratación colectiva que los sindicatos puedan admitir que sus afiliados estén regulados por disposiciones que supriman la jornada máxima de trabajo.

VIII. CONSIDERACIONES Atendidos los motivos de las impugnaciones propuestas, tanto por los sindicatos como por la empresa recurrente, tal cual ya se verá cuando se aborde el capítulo correspondiente, importa a la Corte recordar que de conformidad con la jurisprudencia y el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, su competencia en este recurso extraordinario está restringida a verificar la regularidad del laudo arbitral en los aspectos recurridos para establecer si el Tribunal al dictarlo: (i) extralimitó el objeto para el cual se le convocó; (ii) afectó derechos o facultades reconocidos por la Constitución a las partes del conflicto; (iii) afectó derechos o facultades reconocidos a las mismas por las leyes; (iv) o por normas convencionales.

Además, por la naturaleza de la decisión adoptada por esta especial clase de Tribunales, que es en equidad, (v) si con ello se produjo la violación de tan trascendental principio

rector de las relaciones surgidas entre empleadores y trabajadores (artículo 1.º del CST).

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Radicación n.°94674 Excepcionalmente compete a la Corte, cuando hallare que no se decidieron todas las cuestiones indicadas en el decreto para el cual se le convocó, (vi) devolver el expediente a los árbitros, a fin de que se pronuncien sobre ellas, señalándoles plazo al efecto, sin perjuicio de que ordene, si lo estima conveniente, la resolución de lo ya decidido (artículo 143 del CPTSS). Lo anterior traduce que la Corte al resolver los recursos de anulación interpuestos contra el laudo arbitral, en atención a esa misma naturaleza y a su particular propósito que es el de generar enunciados de carácter obligacional o normativo para regular las futuras condiciones del trabajo, y no el de dirimir controversias jurídicas sobre los alcances, interpretación o posible integración de sus enunciados normativos, tarea que sabido es corresponde de ordinario a los jueces del trabajo como jueces que son en derecho, está limitada a anular o no anular las disposiciones adoptadas en el laudo, sin que, por ende, pueda dictar preceptivas de reemplazo o pueda reenviar al tribunal de arbitramento el asunto para que adopte las que la Corte crea son las que proceden, pues la anulación de la disposición del laudo agota el procedimiento arbitral, salvo que, en lo que ha dado en llamar por la jurisprudencia «modulación» de una disposición del laudo, que permite su subsistencia pero atada a un entendimiento particular o específico para impedir la total pérdida de sus efectos, cuestión ésta que solamente es

predicable de cláusulas positivas, es decir, de las que crean derechos, no de aquellas en que se niega una de las peticiones del pliego que dio origen al conflicto, pues ello

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Radicación n.°94674 traduciría que la Corte asumiera el rol de árbitro del laudo. Con dicha introducción viene al caso advertir que los árbitros al resolver el asunto del epígrafe, dispusieron crear un cuerpo normativo con las disposiciones que consideraron necesario incluir para regular las relaciones laborales entre empresa, trabajadores y sindicato, desestimando las que concluyeron no deberían hacer parte de dicho estatuto y no sin antes consignar las razones para tal proceder, de manera que, al final, de los 23 puntos del pliego de peticiones del laudo éste quedó reducido a 18 artículos, debidamente numerados y distinguidos por la titulación impartida a cada uno. Por razones metodológicas se estudiarán, en primer lugar, las cláusulas que fueron impugnadas comunmente por todos los recurrentes, luego se analizará el recurso impetrado por la empresa y, posteriormente, se atenderá la cláusula impugnada por las dos organizaciones sindicales, para, por último, estudiar las cláusulas impugnadas por Sintraenfi y las elevadas por la Uneb.

1. Las cláusulas cuya anulación, modulación o devolución es solicitada por todos los

impugnantes en anulación: 1.1. Aumento Salarial 1.1.1. Pliego de Peticiones

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Radicación n.°94674 ARTÍCULO 3°-AUMENTO SALARIAL A partir del primero (1°) de noviembre de 2020, PROTECCIÓN PENSIONES Y CESANTIAS S.A., incrementará el salario de sus trabajadores en un 10% (diez por ciento). No obstante, si el aumento que decrete el gobierno en el salario mínimo a diciembre de 2020 es superior a lo que aquí se pacte, Protección ajustará los aumentos salariales al mayor porcentaje. 1.1.2. Laudo Arbitral PRIMERO: AUMENTO SALARIAL: La Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A., incrementará los salarios básicos de los trabajadores afiliados a las organizaciones

sindicales: UNION NACIONAL DE EMPLEADOS BANCARIAS

“UNEB”, ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LOS FONDOS

DE PENSIONES DEL SECTOR BANCARIO Y FINANCIERO

“AFONPEBF”, ASOCIACION DEMOCRATICA DE EMPLEADOS

DEL SECTOR BANCARIO Y FINANCIERO “ADEBAN”, UNION DE

TRABAJADORES DEL SECTOR FINANCIERO “UTRAFIN”,

SINDICATO DE TRABAJADORES DE ENTIDADES FINANCIERAS

“SINTRAENFI”, UNION SINDICAL DE TRABAJADORES

BANCARIOS Y DE ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO

“UNIBANCARIOS” Y SINDICATO DE TRABAJADORES DEL

GRUPO SANTANDER Y DEL SECTOR FINANCIERO “SINTRASANTANDER”, así: Para el periodo comprendido entre el primero (1) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) en el

equivalente al índice de precios al Consumidor (IPC) Nacional certificado por el DANE a 31 de diciembre de 2022, más un punto (1.0%) adicional. Para el periodo comprendido entre el primero (1) de enero y el cinco de julio de dos mil veinticuatro (2024), un incremento de salario equivalente al índice de precios al consumidor (IPC) Nacional certificado por el DANE a 31 de diciembre de dos mil veinte veintitrés (2023) más uno punto cinco (1.5%) adicional. Estos incrementos se harán a partir del primero de enero de cada año. 1.1.3. Argumentos de Protección S.A. Se recuerda, Protección solicita la modulación del incremento salarial de los años 2023 y 2024, en el sentido de

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Radicación n.°94674 que se limite al IPC certificado por el DANE a 31 de diciembre del respectivo año anterior, habida cuenta de que los incrementos del laudo no atendieron sus resultados financieros y desconocieron las amenazas del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, que impone la necesidad de acumular provisiones importantes, por no encontrarse una oferta en el mercado asegurador que garantice un seguro previsional que cubra los riesgos de pensión de invalidez, de sobrevivencia y las rentas vitalicias, situación que impacta el equilibrio y la sostenibilidad financiera de la empresa. Además, porque las comisiones derivadas de la administración del régimen de pensiones obligatorias se han visto afectadas por factores como el desempleo, la informalidad, el incremento de siniestros por pandemia y el

aumento del salario mínimo, fenómenos que tienen un efecto directo sobre las provisiones que la administradora debe realizar, por ejemplo, para el año 2022, del 3% que puede percibir por comisión de administración, el 2,21% debe ser destinado al pago del seguro previsional y para las provisiones, es decir, el margen de utilidad es ínfimo. Por otro lado, la competencia entre las diferentes Administradoras de Fondo de Pensiones y Cesantías y los traslados del Régimen de ahorro individual al Régimen de Prima Media han conducido a la reducción sustancial de las comisiones de administración. 1.1.4. Réplica de la UNEB

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Radicación n.°94674 Para la UNEB, los trabajadores no tienen la obligación de compartir con el empleador los riesgos empresariales de la competencia en el mercado, ni de la recesión y los inherentes al mercado del sistema de capitalización (Art. 28 CST), pues ello deteriora y produciría la pérdida de la capacidad adquisitiva de sus salarios. Alude a la sentencia CC T-1021995 para aseverar que el salario se traduce en un valor adquisitivo que siempre debe tener soluciones jurídicas para readquirir el equilibrio perdido. Agrega que a la Corte Sala no le es dable subsanar este yerro acusado, pues no le es posible dictar una providencia de reemplazo y que, de anular la cláusula, el laudo arbitral quedaría desprovisto de la actualización salarial que procuraría la conservación del poder adquisitivo de la remuneración de los trabajadores de este conflicto.

1.1.5. Argumentos de Sintraenfi Cuestiona la decisión adoptada por los árbitros en lo que tiene que ver con la vigencia del aumento, pues el laudo lo reconoció a partir del 1° de enero de 2023 sin tener en cuenta que en el pliego de peticiones fue solicitado a partir del 01 de noviembre de 2020, y no es imputable a los sindicatos negociantes la demora del trámite del conflicto colectivo. Refiere las decisiones de esta Sala, CSJ SL 19 jul. 1982 Rad. 8637, CSJ SL, 26 jul. 2011, Rad. 50469 y CSJ SL 18 may. 2016 Rad 66575, en donde se manifestó que es procedente que la decisión arbitral se expida con carácter retrospectivo en materia salarial.

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Radicación n.°94674 1.1.6. Argumentos de la UNEB La organización recurrente discrepa de la decisión arbitral pues, en su sentir, no se exponen las razones de equidad para posponer los incrementos salariales a una fecha posterior a su vigencia, teniendo en cuenta que la crisis originada en la pandemia mundial no se reflejó en los balances de la empresa, aportados en el trámite ante el Tribunal, incluso, el empleador no sufrió padecimientos económicos en el período anterior a la expedición del laudo. Así, suplica la anulación parcial del punto para que, en su lugar, la Sala disponga que los incrementos salariales tienen efecto a partir de la fecha de vigencia establecida en el laudo, que lo fue a partir del 5 de julio de 2022.

1.1.7. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Importa advertir, de entrada, que la «interpretación de los estados financieros» presentada por la recurrente Protección S.A., se limitó a incorporar unas cifras globales de la incidencia de los gastos de operación en el total del ingreso, un análisis de tendencia y un aumento de la reserva de estabilización, situaciones todas ellas que carecen de un parámetro real y efectivo de estudio; y que están desprovistas de cifras discriminadas y concretas, quedando sin explicación alguna desatendido en la alegación el valor real que la compañía debería suplir al no encontrar el asegurador con el cual se constituya el seguro previsional, en contraste con la reserva constituida en los ejercicios fiscales 2020 y 2021, más aún cuando quiera que se certificó que en el

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Radicación n.°94674 primer trimestre de 2022 se produjo un aumento en el total de las inversiones, el cual refleja una recuperación económica asociada al avance en el proceso de vacunación Covid19, mayor demanda externa, mejoras en términos de intercambio, los respaldos fiscales en las economías desarrolladas y estímulos económicos que realizaron de forma continua los diferentes países del orbe. También, no aparece respaldo sólido en el grado de certidumbre sobre el hecho de que se ha presentado una disminución en el número de afiliados, lo que comportaría una reducción del valor del fondo y, por ende, de los montos mínimos de la reserva de estabilización. Situación que, en todo caso, es una razón de mercado que hace parte del objeto

social de la administradora de pensiones y que, obviamente, no hacer relación directa a la dinámica laboral, luego, no es argumento válido a la hora de elucidar la equidad o inequidad del incremento dispuesto en el laudo que, por lo demás, luce proporcionado y razonable a efectos de mantener la capacidad adquisitiva de los trabajadores. No es desatinado decir que el reconocimiento de incrementos salariales no es por sí mismo indicativo directo de un desequilibrio económico en las relaciones de trabajo, cuando quiera que sobrepasan mínimamente el incremento anual de precios al consumidor, por el contrario, tal situación se constituye en un estímulo sobre las finanzas empresariales que obliga al empleador a adoptar alternativas que le permitan atravesar con éxito los momentos de crisis del mercado; y, por supuesto, no puede olvidarse que las

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Radicación n.°94674 peticiones de los trabajadores deben ser consideradas dentro de las estrategias empresariales, dado que no solamente hacen parte de éstas la solución de sus demás obligaciones o la financiación de los proyectos empresariales. La alegación de falta de equidad en estos conflictos ha insistido la Corte, no involucra exclusivamente contenidos aritméticos, pues también comprende otra serie de factores que dependen de determinadas circunstancias, necesidades, méritos o condiciones de las partes, lo que implica una serie de valoraciones que deben ser ponderadas por el Tribunal de Arbitramento al tomar su decisión (CSJ SL3349-2020). Así, es nutrido el criterio delimitado por la Corporación en

relación con los requisitos para censurar el criterio de equidad del laudo, por su faceta negativa: la inequidad manifiesta, para lo cual basta memorar el contenido de las sentencias CSJ SL1944-2021, CSJ SL2360-2022 CSJ SL1794-2022, CSJ SL2192-2022, que fue reiterado en la sentencia CSJ SL2881-2022, en los siguientes