CSJ - SL1337-2024

MARIRRAQUEL RODELO NAVARRO Magistrada ponente SL1337-2024 Radicación n.° 95904 Acta 18 Bogotá, D. C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala los recursos de casación presentados

por la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S. A. ESP

ELECTRICARIBE S. A. ESP EN LIQUIDACIÓN y MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S. A., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el 24 de noviembre del 2021, en el proceso ordinario laboral que instauraron EUSEBIO ÁLVAREZ MORENO y ANETH CECILIA GONZÁLEZ PINO contra la electrificadora casacionista y UNIELÉCTRICOS ARP LTDA, en la que fueron llamadas en garantía la aseguradora recurrente y

SEGUROS DEL ESTADO S. A.

Se reconoce personería adjetiva a la abogada Samira del Pilar Alarcón Norato, con tarjeta profesional 83.390 del

C. S. de la Judicatura, como apoderada de Mapfre Seguros

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 95904 Generales de Colombia S. A., en los términos y para los efectos del poder que obra en el cuaderno digital de la Corte. Se reconoce personería adjetiva al abogado Eden A. Álvarez Tatis, con T.P. 71.475 del CSJ, como apoderado judicial de la parte actora, en los términos y para los efectos del poder sustitución allegado. Se reconoce personería adjetiva a la abogada Yolanda

Ximena Casas del Castillo, con T.P. 151.855, como apoderada judicial de Electricaribe S. A. ESP en Liquidación, en los términos y para los efectos del poder sustitución aportado ante esta corporación.

I. ANTECEDENTES Eusebio Álvarez Moreno y Aneth Cecilia González Pino convocaron a juicio a la sociedad Unieléctricos ARP Ltda. y solidariamente a la Energía Social de la Costa, con el fin de que se declare que el primero de los actores tuvo con la primera de las sociedades un contrato de trabajo verbal a término indefinido desde el 1 de mayo del año 2004 hasta el «30 de diciembre del 2015», relación que finalizó sin justa causa. Adicionalmente, que se reconozca la responsabilidad plena por los perjuicios sufridos en el accidente de trabajo.

En consecuencia, que sean condenadas al pago de la indemnización por despido injusto, cesantías e intereses, primas, vacaciones, sanción e indemnización moratorias

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 95904 previstas por los artículos 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990, por no haber cancelado las prestaciones sociales, no efectuar la correspondiente liquidación definitiva y abstenerse de consignar las cesantías. Además, deprecó que se ordenara cancelar la diferencia en los aportes con base en el salario realmente devengado a través de un cálculo actuarial a favor de la ARL Positiva, Protección S. A. Colfondos S. A., la EPS Coomeva y la Caja de Compensación Familiar, así como las contribuciones realizadas al Sena, ICBF y Fondo de Solidaridad Pensional.

De otra parte, solicitaron la condena por concepto de la indemnización por daño emergente y lucro cesante consolidado y futuro por la culpa patronal en el accidente de trabajo, en cuantía de $600.000.000; los perjuicios fisiológicos; y adicionalmente, los daños morales objetivados y subjetivados que sufrió él, su compañera e hijos. Por último, pidieron que se ordenara que los valores reconocidos fueran indexados, junto con los intereses corrientes y moratorios pertinentes. Como sustento de estas pretensiones narraron que el señor Álvarez Moreno celebró de manera verbal un contrato a término indefinido con la sociedad Unieléctricos ARP Ltda. el 1 de mayo del 2004, nexo que se extendió hasta el 30 de diciembre de 2015. Señalaron que desempeñó funciones en el cargo de liniero técnico con un horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.,

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.° 95904 jornada que se extendía hasta las 10:00 p. m., y que era remunerado de la siguiente manera: Período Salario 1 may. 2004 – 30 dic. 2009 $900.000 1 en. 201030 sep. 2012 $1.200.000 1 oct. 2012 – 30 dic. 2015 $1.250.000 Sostuvieron que la empresa Energía Social de la Costa

S. A. ESP era beneficiaria de las labores realizadas por su empleadora, y que las actividades eran indispensables para el cumplimiento del objeto social de la primera.

Así mismo, dijeron que los aportes a pensión, salud y

riesgos profesionales se hicieron por debajo del salario real devengado, además, los realizados ante la ARL se efectuaron con un riesgo inferior. Adujeron que no estuvo afiliado a una administradora de fondo de cesantías, y nunca se le pagó el valor del auxilio correspondiente e intereses mientras perduró la relación laboral; que desde el 1 de septiembre de 2004 hasta el 30 de diciembre de 2009 no le fueron canceladas las prestaciones sociales ni las vacaciones, posteriormente, del 1 de enero de 2010 al «30 de diciembre de 2014» los referidos beneficios fueron calculados con un salario inferior. Agregó que «el día 30 de diciembre de 2015 la empresa Unieléctricos ARP LTDA le da por terminado unilateralmente y sin justa causa el contrato de trabajo».

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.° 95904 De otra parte, expresaron que el día 17 de septiembre del año 2012, mientras llevaba a cabo las labores encomendadas en el barrio Olaya Herrera sector Once de Noviembre, sufrió un accidente de trabajo ocurrido así: Se encontraba el demandante desempeñando sus labores, el cual consistía en subirse en el poste de luz a una altura aproximada de 12 metros, para conectar un puente en líneas de media tensión (caja donde se pone y quita la luz), estando realizando sus labores, sufre una descarga eléctrica de 13.200 voltios y quedó pegado a la línea de alta tensión por el brazo izquierdo, por espacio de varios segundos, con un fuerte dolor e instinto de supervivencia, que para poder desprenderse, se le

ocurrió sacar el pie de la escalera y meter la pierna derecha para poder desconectarse. Indicaron que quedó colgado del poste durante más de 40 minutos, hasta que la comunidad lo auxilió y lo ayudó a bajar. Producto de tal suceso, estuvo hospitalizado durante 52 días, de los cuales 19 fueron en cuidado intensivo, y, posteriormente, fue incapacitado por más de dos años. Narró que luego de llevar a cabo las cirugías, tratamientos y terapias quedó con las siguientes secuelas: a) Amputación dedo 2 mano izquierda. b) Amputación infracondilea pierna izquierda. c) Limitación codo izquierdo. d) Limitación movimiento muñeca izquierda. e) Limitación movimiento dedo 1 mano izquierda. f) Limitación movimiento dedo 3, 4, 4 (sic) dedo mano izquierda g) Anestesia en territorio de ulnar (sic) en mano izquierda – disminución fuerza muscular. h) Hipoestesia en territorio de mediano antebrazo y mano izquierdadisminución fuerza muscular). Quemadura grado I reg. Palmar 1 al 4 artejo mano derecha. i) Quemadura grado III región dorsal antebrazo y mano izquierda.

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 95904 Sostuvieron que la ARP Positiva le dio una calificación de pérdida de capacidad laboral del 37,49% por accidente de origen laboral, posteriormente, la Junta Regional de Calificación de Invalidez le dictaminó una PCL del 42,06% y, por último, al desatar el recurso de apelación, la Junta

Nacional de Calificación le asignó una PCL del 50,27%, estructurada el 20 de febrero de 2014. Aseguraron que el accidente ocurrió por culpa de las empresas demandadas, por cuanto: i) no fue capacitado para realizar la labor ejecutada ni en los riesgos eléctricos; ii) la actividad debía ser desarrollada con otro trabajador que tuviera conocimiento en electricidad, pero su compañero era el conductor; iii) no le fueron suministrados los elementos de protección idóneos, tal como el vehículo grúa con canasta de aislamiento, dado que aunque la solicitó le informaron que las existentes estaban ocupadas; iv) el trabajo debía ser realizado sin energía, por lo que se comunicó con el CLD (torre de control que dirige todos los circuitos de energía), pero el ingeniero le ordenó trabajar y que él llamaría, lo que no hizo, y vi) la puesta a tierra que le había sido entregada estaba en mal estado y, por consiguiente, no la pudo utilizar. Así, afirmaron que el accidente de trabajo se produjo por el descuido y negligencia de las demandadas, ya que los hechos ocurridos eran previsibles y prevenibles, además, estuvieron originados en la violación de medidas de seguridad industrial y en el programa de salud ocupacional.

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 95904 Por último, expresaron que el trabajador tenía la condición de padre cabeza de familia; convivía con su compañera permanente Aneth Cecilia González Pino y sus hijos, los cuales han padecido moral y materialmente, aunado a que él sufre de «perjuicios de carácter fisiológico (daños en la salud)», lo que le ha imposibilitado realizar

actividades vitales que hacían más agradable su existencia (f.os 1 a 21). Al dar respuesta a la demanda, la empresa Unieléctricos ARP Ltda. se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó los concernientes al cargo desempeñado, la subordinación, la labor encomendada, el beneficiario de sus funciones, su condición de empleador directo, que el trabajador estaba afiliado a la ARL Positiva, EPS Coomeva y la AFP, la no consignación de una liquidación definitiva de prestaciones sociales, haciendo la salvedad de que se le consignó a la cuenta de ahorros un valor mayor por tal concepto. También admitió la ocurrencia del accidente de trabajo, las incapacidades, la calificación emitida por la ARL y la que resolvió el recurso de apelación. Frente a los demás hechos, adujo no ser ciertos o no constarle. Como argumento de su defensa, sostuvo que, al momento del accidente, el demandante estaba con su ayudante eléctrico, quien avisó de inmediato de la eventualidad y prestó su ayuda con los transeúntes; que fue el señor Álvarez Moreno quien por decisión propia no quiso usar las puestas a tierra, pese a que tenía dos, que

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 95904 los trabajadores habían tenido capacitaciones en salud ocupacional, y que siempre actuó dentro del contrato y las normas laborales, respetando los derechos y garantías. En tal dirección, sustentó que el accidente sucedió por culpa exclusiva del trabajador, quien actuó con imprudencia y negligencia por exceso de confianza, pues de

haber acatado las órdenes y funciones no hubiera ocurrido el lamentable hecho. Propuso las excepciones de mérito denominadas inexistencia de culpa del empleador, culpa exclusiva de la víctima, cumplimiento de las normas de salud ocupacional y de las medidas de seguridad por parte del empleador, buena fe de la demandada, prescripción, pago, compensación, falta de causa para pedir y otras excepciones genéricas (f.os 262 a 273). En cuanto a Energía Social de la Costa S. A. ESP, hoy Electricaribe S. A. ESP en Liquidación, por la absorción de la primera sociedad, se opuso a todas las pretensiones. Respecto de los hechos del escrito inaugural, expresó que no eran ciertos, no le constaban o que no tenían la condición de supuestos fácticos. En su defensa, planteó que no operaba la solidaridad del artículo 34 del CST, dado que tenía como objeto social el de comercializar energía eléctrica en todo el territorio nacional, especialmente en «barrios subnormales» y zonas especiales de la costa atlántica, mientras que el empleador

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.° 95904 (Unieléctricos ARP Ltda.) tenía por objeto la interventoría de obras civiles, eléctricas, instrumentaciones y servicios varios. Así, estimó que las labores de dicha empresa eran extrañas a las actividades que ella desarrollaba. Propuso como excepciones de mérito las de inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva, prescripción y la innominada o genérica (f.os 509 a 521). Llamó en garantía a las entidades Mapfre Seguros

Generales de Colombia S. A. y a Seguros del Estado S. A., con fundamento en que la empleadora tomó pólizas únicas de seguro de cumplimiento para particulares, con miras a garantizar los salarios, prestaciones e indemnizaciones del personal de Unieléctricos ARP Ltda., debido al contrato que celebraron (f.os 429 y 430). A través de proveído del 22 de septiembre de 2017, se admitió el llamamiento en garantía a Mapfre Seguros Generales de Colombia S. A. y a Seguros del Estado S. A. (f.° 524). Mapfre Seguros Generales de Colombia S. A. al dar respuesta a la demanda inicial, dijo no oponerse ni allanarse, en tanto desconocía la situación de fondo presentada entre los demandantes y las demandadas. Frente a los hechos, adujo que no le constaban.

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.° 95904 Formuló como excepciones el incumplimiento de los requisitos para acceder a las pretensiones de la demanda, la inexistencia de la obligación por parte de Energía Social de la Costa S. A. ESP, improcedencia de la sanción moratoria del artículo 65 del CST, la ausencia de prueba que permita acreditar la culpa de Energía Social de la Costa

S. A. ESP en el accidente de trabajo, indebida tasación del lucro cesante, prescripción y la genérica (f.os 605 a 622).

En cuanto al llamamiento en garantía, se opuso a su prosperidad. Al respecto, admitió la existencia de la póliza de cumplimiento, de la cual era beneficiaria Energía Social de la Costa S. A. ESP, con una vigencia del 1 de septiembre

de 2010 al 31 de octubre de 2015; sin embargo, aclaró que no era cierto que amparara el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones al personal que laboraba al servicio de Unieléctricos ARP Ltda. Planteó las excepciones de falta de cumplimiento de los requisitos para afectar la póliza de cumplimiento expedida por Mapfre Seguros Generales de Colombia S. A., improcedencia de afectación de la póliza de cumplimiento expedida, falta de cobertura por inexistencia del nexo entre el trabajador y el contrato amparado por la aseguradora, falta de cobertura temporal de la póliza expedida, improcedencia del pago de la sanción moratoria a cargo de la aseguradora, improcedencia de la afectación de la póliza de responsabilidad civil extracontractual, suma asegurada como límite máximo de la responsabilidad de la

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.° 95904 aseguradora, y reducción del valor asegurado (f.os 576 a 588). Por su parte, Seguros del Estado S. A. se opuso a las pretensiones del escrito inicial y al llamado en garantía. Frente a los hechos, admitió que el salario era pagado por la empresa demandada, en calidad de empleadora, así como la afiliación a la EPS y AFP. Respecto de los demás, dijo no constarle. En su defensa, explicó que la póliza suscrita no cubría el riesgo derivado de la culpa patronal, ya que no se encontraba asegurado. Formuló como excepciones las que denominó inexistencia de la obligación porque el riesgo asegurado y trasladado a la compañía no hace parte de la pretensión de

la demanda, la indemnización tiene como tope la suma asegurada, reconocimiento de la subrogación contra el deudor contratista, pago total de la obligación y compensación (f.os 644 a 656).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cartagena, mediante sentencia proferida el 22 de marzo del 2019, aclarada en el numeral décimo primero en la misma fecha,

resolvió:

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 95904 PRIMERO. DECLARAR que entre UNIELÉCTRICOS ARP LTDA., y el señor EUSEBIO ÁLVAREZ MORENO, existió un contrato de trabajo desde el 1 de mayo de 2004 hasta el 30 de diciembre de 2015, en donde la última modalidad contractual fue a término fijo bajo las anotaciones dadas en la sentencia. SEGUNDO. DECLARAR probada la excepción de prescripción respecto de las primas de servicios, intereses del auxilio de cesantías y compensación de vacaciones causadas desde el 1 de septiembre de 2004 hasta el 30 de diciembre del 2010 y de la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por la no consignación de las cesantías causadas desde el 1 de mayo de 2004 hasta el 30 de diciembre de 2009 bajo las anotaciones dadas en esta sentencia. TERCERO. DECLARAR no probada la excepción de prescripción respecto del auxilio de cesantías causadas desde el 1 de mayo del 2004 hasta el 30 de diciembre de 2009, a la liquidación definitiva de prestaciones sociales, y a la sanción

moratoria del artículo 65 del C. S.T. bajo las anotaciones dadas en esta sentencia. CUARTO. CONDENAR a UNIELÉCTRICOS ARP LTDA., a reconocer y pagar al señor EUSEBIO ÁLVAREZ MORENO, $4.072.645, por auxilio de cesantías, causado desde el 1 de mayo de 2004 hasta el 30 de diciembre de 2009, bajo las anotaciones dadas en esta sentencia. QUINTO. CONDENAR a UNIELÉCTRICOS ARP LTDA., a reconocer y pagar al señor EUSEBIO ÁLVAREZ MORENO, $1.528.272, por liquidación definitiva de prestaciones sociales, esto es, auxilio de cesantías, intereses del auxilio de cesantías, primas de servicios y compensación de vacaciones, ocasionados desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015. Anotando que a esta suma ya se le descontó el valor de $320.385. Bajo las anotaciones dadas en esta sentencia. SEXTO. CONDENAR a UNIELÉCTRICOS ARP LTDA., a reconocer y pagar al señor EUSEBIO ÁLVAREZ MORENO, la indexación de las vacaciones que asciende a $325,755 de la liquidación final de prestaciones sociales bajo las anotaciones dadas en esta sentencia. SÉPTIMO. CONDENAR a UNIELÉCTRICO ARP LTDA., a reconocer y pagar al señor EUSEBIO ÁLVAREZ MORENO, un día de salario por cada día de retardo, atendiendo a que el día de salario corresponde a la suma de $21.478 por cuanto devengaba el salario mínimo legal vigente para el 2015,

$644.350, desde el 1 de enero de 2016 hasta cuando se cancele el auxilio de cesantías y primas de servicios de la liquidación definitiva de prestaciones sociales y el auxilio de cesantías

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 95904 causados desde el 1 de mayo de 2004 hasta el 30 de diciembre de 2009 bajo las anotaciones dadas en esta sentencia.

OCTAVO. CONDENAR a ENERGIA SOCIAL DE LA COSTA S.A.

E.S.P. HOY ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN, a responder solidariamente de las condenas que se imponga en esta oportunidad a partir de julio de 2010, esto es, de la liquidación definitiva de prestaciones sociales y de la indemnización moratoria contemplada en los numerales quinto y sexto bajo las anotaciones dadas en esta sentencia.

NOVENO. ABSOLVER a UNIELÉCTRICO ARP LTDA. y

solidariamente a ENERGIA SOCIAL DE LA COSTA S.A. E.S.P. HOY ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN, de las restantes pretensiones formuladas por el señor EUSEBIO ÁLVAREZ MORENO bajo las anotaciones dadas en esta sentencia. DÉCIMO. CONDENAR a MAFRE SEGUROS GENERALES, responde por las condenas que se imponga de manera solidaria ENERGÍA SOCIAL DE LA COSTA S.A. E.S.P. NIT 830.129.895 -1 hoy ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN, en esta sentencia, por concepto de salarios,

prestaciones sociales e indemnizaciones, causadas desde septiembre de 2010 hasta el 31 de octubre de 2015. En todo caso se debe atener a lo establecido en la póliza suscrita entre las partes. Bajo las anotaciones dadas en esta sentencia. DÉCIMO PRIMERO. CONDENAR a SEGUROS DEL ESTADO responder por las condenas que se están imponiendo de manera solidaria a ENERGÍA SOCIAL DE LA COSTA S.A. E.S.P. NIT 830.129.895-1 hoy ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN, en esta sentencia, por concepto de prestaciones sociales e indemnizaciones, causadas desde 21 de noviembre de 2012 hasta el 30 de junio de 2018, atendiendo a la póliza de cumplimiento que se encuentra en el folio 659 que ya se hizo referencia. En todo caso se debe atener a lo establecido en la póliza suscrita entre las partes. DÉCIMO SEGUNDO. CONDENAR a UNIELÉCTRICO ARP LTDA y a ENERGÍA SOCIAL DE LA COSTA S.A. E.S.P. hoy ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN, al pago de las costas del proceso y dentro de las mismas se fijan agencias en el 7% de las condenas que se está imponiendo en esta sentencia, a favor del señor EUSEBIO ÁLVAREZ MORENO, conforme a lo preceptuado en el artículo 19 de la ley 1395 de 2010 y el Acuerdo No. PSAAl6-10554 de 5 agosto de 2016 (f.os 895 y 896).

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.° 95904

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena al resolver el recurso de apelación interpuesto por el actor, las demandadas y las llamadas en garantía, mediante sentencia del 24 de noviembre de 2021 dispuso: PRIMERO. REVOCAR el ordinal noveno de la sentencia apelada de fecha 22 de marzo de 2019, proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cartagena en el proceso ordinario laboral instaurado por EUSEBIO ÁLVAREZ MORENO contra UNIELECTRICOS ARP LTDA y OTROS y en su lugar se dispone: a) DECLARAR que existió culpa del empleador UNIELÉCTRICOS ARP LTDA en el accidente laboral que sufrió el demandante el día 17 de septiembre de 2012, en

consecuencia, se dispone:

1. CONDENAR a las demandadas UNIELÉCTRICOS ARP LTDA y ELECTRICARIBE S. A ESP de manera solidaria, a pagar al demandante la suma de $131.289.860.oo, por concepto de lucro cesante consolidado y futuro. ii. CONDENAR a las demandadas UNIELÉCTRICOS ARP LTDA y ELECTRICARIBE S.A ESP de manera solidaria, a pagar al demandante, por perjuicios morales, la suma de CINCUENTA

[50] salarios, mínimos, legales, mensuales vigentes a la fecha de esta sentencia, los cuales se deberán indexar al momento del pago. iii. CONDENAR a las demandadas UNIELÉCTRICOS ARP LTDA y ELECTRICARIBE S.A ESP de manera solidaria, a pagar al demandante por concepto de perjuicios fisiológicos la

suma de CINCUENTA [50] salarios, mínimos, legales, mensuales vigentes a la fecha de esta sentencia, los cuales se deberán indexar al momento del pago. iv. ABSOLVER a las demandadas del pago de perjuicios morales por los familiares y daño emergente pedidos en la demanda. SEGUNDO. CONFIRMAR en la sentencia en los demás puntos apelados referidos al extremo final de la relación laboral, modalidad contractual, salario real devengado, prescripción de prestaciones sociales, solidaridad de ELECTRICARIBE S.A E.S.

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 95904 P, responsabilidad de las llamadas en garantía, absolución de indemnización por despido injusto y sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta la parte motiva de esta decisión. TERCERO. COSTAS en segunda instancia a cargo de las demandadas, se tasan en la suma de cuatro [04] SMLMV en favor del demandante. CUARTO. TENGASE a la Dra. ANDREA MUNIVE BELTRÁN como apoderada sustituta de MAPFRE SEGUROS GENERALES

DE COLOMBIA S.A.

QUINTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, devuélvase oportunamente al juzgado de origen. (f.os 79 a 92 del cuaderno del Tribunal). El colegiado fijó los siguientes problemas jurídicos: (i) Cuál fue la modalidad de contrato que unió a las partes, si fue un contrato a término fijo o indefinido, o existieron ambas. (ii) Cuál fue la fecha de terminación del vínculo contractual. (iii) Si hay lugar al pago de la indemnización por despido

injusto o si, por el contrario, el vínculo finalizó por justa causa. (iv) Si se probó que el demandante percibió un salario superior al MLMV, que dé lugar a que, las condenas impuestas de cesantías, pago de diferencia en prestaciones sociales, pago de diferencias de aportes al sistema de ARL, Caja de Compensación familiar e ICBF deban reliquidarse. (v) Si existió prescripción parcial frente a las prestaciones sociales de intereses de cesantías, vacaciones y primas de servicios declarada por el A-quo. (vi) Si hay lugar al pago de ambas indemnizaciones moratorias, la del 65 del CST y la del artículo 99 de la ley 50 de 1990, por falta de consignación de cesantías en un fondo, al existir mala fe de la demandada en el no pago oportuno de éstas y si la del 65 del CST debe limitarse solo hasta los 24 meses y a partir del mes 25 debe ordenarse solo el pago de los intereses moratorios. (vii) Si existió culpa suficientemente comprobada del empleador en el accidente de trabajo ocurrido el día 17 de diciembre de 2012, que dé lugar al pago de la indemnización plena de perjuicios solicitada en la demanda.

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 95904 (viii) Si hay lugar a declarar la solidaridad de ELECTRICARIBE S.A ESP sobre las condenas impuestas, y a partir de qué fecha operaría dicha solidaridad. (ix) Si hay lugar a condenar a las llamadas en garantía

MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.S y

SEGUROS DEL ESTADO S.A a que respondan sobre las condenas impuestas de acuerdo con las pólizas de cumplimiento tomadas y que reposan en el expediente. (x) Si deben modificarse las costas del proceso, al ser éstas, según la apelante, irrisorias frente a las condenas impuestas. El fallador luego de analizar el acervo probatorio consideró que el contrato de trabajo tuvo una modalidad a término fijo y que finalizó el 30 de diciembre de 2015. Esto último porque si bien no obraba algún escrito en donde constara la intención de la demandada de darlo por finiquitado, lo cierto era que el empleador efectuó la última cotización en diciembre de 2015, por lo que en ese momento cesó con las obligaciones de pagos de aportes al sistema de seguridad social. Por ende, confirmaría el extremo final definido en la decisión de primera instancia. Negó la indemnización por despido sin justa causa con fundamento en que no se aportó prueba del hecho del finiquito, y lo que emergía era la culminación por mutuo acuerdo. Arguyó frente al sueldo devengado, que, si bien el demandante alegaba ganar más del salario mínimo, ello no fue acreditado dentro del plenario, razón por la cual no era procedente el recurso de apelación respecto de las prestaciones sociales, cesantías, aportes a la seguridad social, pensión, caja de compensación familiar e ICBF.

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 95904 Estimó que para la procedencia de la sanción moratoria prevista por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990

era necesaria la acreditación de mala fe. Consideró que el hecho de que fueran pagadas año tras año de forma directa correspondía a una conducta de buena fe. En cuanto a la indemnización moratoria regulada por el artículo 65 del CST, explicó que, como el actor devengaba el salario mínimo, procedía el otorgamiento de un día de salario por cada día de retardo hasta que se verificara el desembolso de lo adeudado. Agregó que la empleadora no dio explicaciones frente a la mora en el pago de las prestaciones sociales al momento de la terminación del contrato el 30 de diciembre de 2015, y si bien efectuó un giro parcial, solo correspondió hasta marzo de ese año, cuando el vínculo laboral seguía vigente, sin que hubiera realizado la cancelación total y oportuna de tales prerrogativas y que «no pagó ninguna prestación social durante los años 2004 – 2009, hecho que en nada puede verificarse como un acto de buena fe». De ahí que confirmaría la condena por este concepto. De otra parte, frente a la existencia de culpa patronal, aludió al artículo 216 del CST e indicó que para evaluar si el empleador actuó con negligencia o no, y si acató los deberes de velar por la seguridad y protección de sus trabajadores para evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, debía verificarse la existencia de la culpa leve.

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 95904 Tras explicar las reglas de la prueba en el tópico analizado, afirmó que estaba probado que el convocante sufrió un accidente de trabajo el 17 de septiembre de 2012,

que, según el informe, ocurrió a las 11:00 a. m. cuando «el trabajador estaba conectando un puente en líneas media tensión, sufre una descarga eléctrica, quedando suspendido ocasionando quemaduras en múltiples partes del cuerpo». Al revisar la ocurrencia del incumplimiento de los deberes de protección y cuidado denunciados por la parte actora, halló lo siguiente: - Sobre la ausencia de capacitaciones en riesgos eléctricos, encontró que, si bien el actor recibió formación sobre salud ocupacional, uso adecuado de elementos de seguridad, reglamento interno de trabajo, «no le hicieron capacitaciones sobre riesgos eléctricos». Subrayó que el empleador tenía el deber de instruir a los trabajadores sobre las tareas realizadas, máxime que el actor se desempeñaba como liniero, debido a lo cual realizaba actividades de trabajos en líneas desenergizadas. Puntualizó que las capacitaciones no solo debían efectuarse sobre los temas de salud ocupacional o tópicos generales, sino que le correspondía prepararlo en las funciones específicas desempeñadas. Adicionó que, conforme al artículo 2 de la Resolución 5018 de 2019 expedida por el Ministerio de Trabajo y Protección Social, respecto de los procesos de generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica, disponía que las

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 95904 actividades de mantenimiento las debía realizar el personal competente previamente advertido y capacitado sobre riesgos eléctricos. Concluyó que existió negligencia de la empleadora

porque el accidente sucedió cuando sufrió una descarga eléctrica mientras reparaba un daño en un poste de luz, y no hubo capacitación concreta sobre el particular. - En torno a la omisión en la entrega de elementos de protección (canasta grúa y puesta a tierra en mal estado), reseñó los testimonios rendidos por José Ignacio Marín y Ariel Puello. Encontró que fueron contestes, coherentes y responsivos, al ser compañeros de trabajo del actor conocían de manera directa la forma en que se realizaba la labor, y ambos fueron enfáticos en señalar que de haber contado con el carro canasta, no hubiera sucedido el accidente, así como que tal elemento fue solicitado pero la empleadora no lo envió, destacando que «Ariel Puello fue claro al decir que se encontraba al lado del actor cuando llamó y solicitó el mismo, manifestándole que no se lo podían mandar, situación que para esta Sala prueba la negligencia del empleador». Aludió a la declaración rendida por Ángel Beatriz Peñaranda, integrante del área de salud ocupacional, quien manifestó que se hacía una revisión mensual de los equipos de puesta a tierra, y que desconocía si las que ella revisó y aval