CSJ - SL1344-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL1344-2023 Radicación n.° 85074 Acta 20 Bogotá, D.C., catorce (14) de junio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por MANUEL ALEJANDRO AMORTEGUI BELTRÁN contra la sentencia proferida el 30 de octubre de 2018 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral promovido por el recurrente contra el BANCO GNB SUDAMERIS S.A.

I. ANTECEDENTES Manuel Alejandro Amortegui Beltrán llamó a juicio al Banco GNB Sudameris S.A., para que se declare: i) que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido, el cual se desarrolló del 15 de agosto de 2002 al 2 de julio de 2013, y finalizó de manera unilateral y sin justa causa; y ii) que la entidad accionada le generó un

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Radicación n.° 85074 perjuicio al dar referencias negativas y afectar de esta manera su buen nombre y el derecho al trabajo. Como consecuencia de lo anterior, se condene a la demandada al pago de la indemnización por despido sin justa causa; los perjuicios materiales y morales; la indexación; lo que resulte probado ultra o extra petita; y las costas del proceso. En respaldo de tales pretensiones narró que se vinculó laboralmente al HSBC Colombia S.A. hoy Banco Sudameris S.A.; que el nexo se desarrolló del 15 de agosto de 2002 al 2

de julio de 2013; que ocupó diferentes cargos, siendo el último el de gerente; y que el salario promedio que tenía para el momento de la finalización del contrato correspondió a la suma mensual de $6.912.635. Manifestó que la empleadora lo despidió, para lo cual invocó una supuesta justa causa consistente en el presunto incumplimiento a los procedimientos establecidos en el banco, al omitir «registrar a una cliente» en la categoría denominada «cliente especial del Banco»; que ese motivo de ruptura del vínculo no se compadece con la realidad, por cuanto, según los manuales de la entidad, tal actuación recaía, tanto en la coordinadora de fuerza de ventas externa, como en la persona que efectuó la vinculación del cliente, a quienes les correspondía registrar el cargo público que tenía esa usuaria y realizar la consulta del «C35», aunado a que a la Gerencia de «Compliance» debía validar los datos y cruzarlos con las listas «restrictivas de

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Radicación n.° 85074 prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo». Expuso que en su condición de gerente desembolsó el crédito a la cliente, conforme lo aprobó la gerencia de operaciones del Banco, empero, al darse cuenta de que era congresista, procedió a diligenciar el formulario de «categoría especial» y le entregó el cheque correspondiente a la usuaria, quien cumplió con todas sus obligaciones. Arguyó que nunca le llamaron la atención ni se le impuso alguna sanción disciplinaria; que después de lo ocurrido la demandada impartió nuevas instrucciones para

el manejo de los clientes especiales; que no hubo inmediatez entre la ocurrencia de los hechos y el finiquito contractual; que luego de su retiro participó en un proceso de selección laboral en otra empresa, por esto se comunicaron con el anterior empleador a solicitar referencias personales, quien, sin su autorización, dijo que él había faltado a las normas y procedimientos establecidos, con lo cual le impidieron el acceso a un nuevo empleo, generándole unos perjuicios como trabajador y a su grupo familiar. La accionada al dar respuesta a la demanda se opuso a la prosperidad de las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó la existencia del contrato de trabajo, sus extremos temporales, el último cargo desempeñado y que la cliente a la cual se le otorgó un préstamo cumplió con sus obligaciones. Respecto de los demás supuestos fácticos, dijo

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Radicación n.° 85074 que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa, argumentó que la finalización de la relación laboral obedeció a los graves incumplimientos del actor de sus obligaciones y procedimientos, situación que se le explicó en la misiva con la cual se le puso fin al nexo. Adujo que el accionante inobservó las disposiciones reglamentarias y contractuales del caso, pues se evidenció que pese a que verificó que no se cumplieron con los «procedimientos internos» para establecer si la persona a la cual se le autorizó el crédito era un cliente especial, continuó con el proceso sin informarlo a la empleadora; y que el Banco no vulneró el derecho al buen nombre del

actor. Propuso las excepciones de inexistencia de las obligaciones, cobro de lo no debido, existencia de justa causa para la terminación del contrato de trabajo, buena fe, mala fe del demandante, improcedencia de la cancelación de la indemnización por despido injusto, prescripción, pago, compensación y la genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 18 de enero de 2018, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre la demandada BANCO GNB COLOMBIA S.A. y el demandante señor MANUEL ALEJANDRO AMORTEGUI BELTRÁN existió una relación laboral entre el 15 de agosto de 2002 y el 2 de julio de 2013 en el cargo de gerente devengando como salario la suma de $6.912.635, de

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Radicación n.° 85074 conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR que la demandada BANCO GNB COLOMBIA S.A. terminó sin justa causa el contrato de trabajo al demandante MANUEL ALEJANDRO AMORTEGUI BELTRÁN.

TERCERO: CONDENAR a BANCO GNB COLOMBIA S.A. a pagar al Demandante MANUEL ALEJANDRO AMORTEGUI BELTRÁN como indemnización por despido sin justa causa la

suma de:

INDEMNIZACION POR DESPIDO SIN JUSTA CAUSA

$152.193.180,58.

CUARTO: ABSOLVER a la demandada BANCO GNB COLOMBIA S.A. de los perjuicios morales solicitados por la

demandante.

QUINTO: CONDENAR a los demandados a pagar las costas del proceso incluyendo las agencias del derecho la suma de

$5.000.000.

SEXTO: CONDENAR a BANCO GNB COLOMBIA S.A. a indexar la indemnización respectiva de acuerdo al IPC certificado por el DANE al momento de su pago.

(Negrillas propias del texto).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la accionada, conoció la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, quien, con sentencia del 30 de octubre de 2018, revocó la decisión de primer grado y, en su lugar, absolvió a la demandada de la totalidad de las súplicas. Impuso costas en primera instancia a cargo de la parte vencida.

Dijo que el problema jurídico se centraba en determinar si era procedente ordenar el reconocimiento y pago de la indemnización por despido sin justa causa a favor del señor Manuel Alejandro Amortegui Beltrán.

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Radicación n.° 85074 Expresó que no existía controversia en cuanto a la existencia de la relación laboral entre las partes y sus extremos temporales, por cuanto se probó que el demandante suscribió un contrato a término indefinido con la demandada, el cual se desarrolló del 15 de agosto de 2002 al 2 de julio de 2013, y que desempeñó como último cargo el de gerente, tal como se acreditaba del documento contractual (f.o 813 a 815), la liquidación final de prestaciones sociales (f.o 19), la certificación laboral (f.o 20)

y la carta determinación del nexo (f.o 17 y 18). Adujo que al trabajador le correspondía acreditar el hecho del despido, y al empleador la ocurrencia de los motivos invocados para el finiquito, a efectos de que el juez los ubique en las causales que señala la ley para tener o no como justa esa determinación. Señaló que estaba probado con la carta de terminación del contrato el hecho del despido, de allí que en la accionada recaía la carga de demostrar que las causas invocadas estaban ajustadas a derecho. Expresó que a folios 17 y 18 obraba la misiva de finalización del vínculo, en la cual se le atribuyó al actor el haber cometido una falta grave, y el ad quem procedió a citar, en su totalidad, el contenido de la aludida comunicación. Indicó que de esa documental se colegía que el empleador adujo como justa causa para la terminación del vínculo, la infracción grave a los deberes previstos en los

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Radicación n.° 85074 numerales 2, 4 y 6 del literal a) del artículo 7 del Decreto 2351 de 1965, norma qué subrogó el artículo 62 del CST; especificó que esa causal consagra dos situaciones: la primera una vulneración grave a las obligaciones o prohibiciones que incumben al trabajador de acuerdo a los artículos 58 y 60 ibidem; y la segunda, cualquier falta calificada como grave en pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos; evento último en el cual al juzgador solo le corresponde determinar si el extrabajador incurrió o no en la falta, sin

entrar a valorar su gravedad, contrario a lo que ocurre con la primer situación, en donde se debe efectuar ese análisis. En apoyo citó un aparte de la sentencia CSJ SL, 28 ag. 2012, rad. 38855. Destacó que debía analizarse si efectivamente ocurrió la falta endilgada, consistente en que el trabajador omitió el cumplimiento del procedimiento establecido para la vinculación y desembolso de un crédito de una posible cliente de nombre Teresita García Romero, quien no fue identificada «como cliente especial». El juez de apelaciones se remitió a la diligencia de descargos practicada al actor y manifestó que allí aceptó que conocía el reglamento interno de la compañía, el BIM Código de Ética y Conducta, el BIM SARLAFT, junto con las normas internas del banco y del grupo HSBC; así mismo que la vinculación de una persona natural con categoría especial tiene un procedimiento específico por el riesgo reputacional para la entidad, de modo que se debe realizar

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Radicación n.° 85074 una entrevista, identificando el cargo, ya sea funcionario público o político, y de inmediato hacer el reporte del cliente y diligenciar el formato «KYC», por cuanto, previo a su vinculación, debe existir el visto bueno del área de «compliance», quien eleva la consulta al «oficial de cumplimiento», y luego de tener el formato debidamente de diligenciado y firmado, se realiza la vinculación del cliente. Esgrimió que en esa diligencia el demandante expresó que respecto a la señora Teresita García Romero solo tuvo

conocimiento de que ostentaba un cargo público hasta el 16 de abril de 2013, cuando él, como empleado del Banco, recibió el cheque correspondiente al desembolso del crédito aprobado, por lo que el día 18 de ese mes lo entregó en la oficina personalmente a la señora García Romero, ello en atención a que no se había adelantado el debido proceso «SCC», pues a él no se le informó que era una congresista, a efectos de que los ejecutivos de la oficina hicieran la marcación de cliente «SCC», de modo que él fue directamente realizar la entrevista y diligenciar el formulario correspondiente. El juez colegiado expuso que allí el accionante manifestó que «en el proceso de vinculación no estuvo involucrado» refiriéndose al de la cliente, y que como ella ya estaba vinculada y el crédito desembolsado, además que la congresista salía de la ciudad, no tenía razón alguna o justificación para no entregarle el cheque, máxime que le había indicado que podía pasar por su desembolso y, por

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Radicación n.° 85074 consiguiente, «aprovechó la entrega del desembolso para hacer la entrevista con el cliente». El ad quem puso de presente que se allegó el reglamento interno de trabajo (f.o 43 a 58) y el Manual BIM Conocimiento, Vinculación y Relación con Clientes, el cual en el numeral 6 establece el procedimiento para la identificación de clientes de categoría especial «SCC» e indica que es responsabilidad del gerente de oficina, gerente de cuenta o coordinador de fuerza de ventas y del asesor de

servicio o venta, identificar que la persona que se está presentando a solicitar el producto es un cliente de categoría especial, de acuerdo a lo contemplado en el BIM del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo SARLAFT. Explicó que en el referido BIM SARLAFT en el punto 8.2.10 se dice que los gerentes y funcionarios encargados deben cumplir todos los procedimientos efectivos para identificar satisfactoriamente a los clientes antes de efectuar cualquier vinculación, negocio y operación. El juez de segundo grado aludió a lo expuesto por las partes en los interrogatorios absueltos; y al testimonio de Diana Carolina Beltrán, quien era la superior jerárquica del accionante, y en su declaración dijo que efectuó la verificación de las anomalías en el proceso de la señora Teresita García Romero para la aprobación y desembolso de un crédito con el banco, por cuanto el procedimiento era realizar, de manera previa, una visita personal a la posible

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Radicación n.° 85074 cliente, se debía diligenciar un formato donde se expone la visita y el contacto con ese usuario; lo cual se omitió, pues eso se hizo con posterioridad a la vinculación, autorización y entrega del desembolso; y que la asesora de venta externa debía tener claro que esa cliente debía ser remitida a un funcionario interno del banco, lo que tampoco se cumplió, por cuanto se adelantó el trámite directamente por dicha asesora externa. Precisó que la deponente igualmente informó que de esa irregularidad solo se advirtió «cuando llegó a la oficina

del gerente», quien se dio cuenta de la situación y procedió a visitar a la cliente, imprimiéndole continuidad al proceso de entrega de cheque, pero que ese proceder no fue adecuado, pues debió notificar que el procedimiento no se había realizado acorde con el manual interno del banco, puesto que, si bien se autorizó el desembolso del crédito, no se había formalizado su entrega a dicha cliente, debiéndose haber detenido el proceso para regularizarlo al interior del banco y escalar al área de cumplimiento para continuar con la gestión, lo que no se hizo. Añadió que la testigo narró que el incumplimiento de esas normas exponen al banco a multas por lavado de activos y riesgos reputacionales; que el gerente de oficina tiene la responsabilidad frente a todos los clientes que se vinculan, pues a pesar de que el área de fuerza de venta externa está autorizada para inscribirlos, lo cierto es que las personas que son de categoría especial deben ser remitidas a funcionarios que trabajan directamente con el

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Radicación n.° 85074 banco; que el procedimiento de vinculación es un trámite previo a la creación del producto a favor del cliente; y que en el asunto solo hasta que llegó la documental al gerente de oficina para proceder con la autorización de la entrega del cheque se tuvo conocimiento de lo acontecido. De la valoración de esas probanzas, el Tribunal arguyó que si bien el documento denominado Manual BIM Conocimiento Vinculación y Relación con Clientes establece que el gerente de oficina, el asesor de servicio y ventas o el gerente de cuenta tienen la responsabilidad, antes de la

vinculación del cliente, de efectuar la respectiva consulta en la listas restrictivas con el fin de determinar si presenta o no coincidencias en las mismas, lo cierto es que con el testimonio de Diana Carolina Beltrán se lograba acreditar que el demandante, en su calidad de gerente de oficina, omitió el procedimiento interno impuesto por el banco, del cual tenía pleno conocimiento, por cuanto la visita a la cliente Teresita García Romero se realizó de forma posterior a su vinculación, cuando lo correcto era detener el trámite, alertar la situación y notificar la omisión del procedimiento interno, máxime que todas las actuaciones adelantadas hasta el momento de las cuales fue informado el señor Amortegui Beltrán habían sido internas, por tanto podían ser suspendidas, lo que se omitió. En este orden, el juez plural infirió que el demandante reconoció que tenía a su cargo la vinculación de los clientes; es por esto que estaba demostrado el no cumplimiento del procedimiento en el caso de Teresita García Romero,

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Radicación n.° 85074 situación que comportaba una «falta grave», en razón a que el trámite se encontraba relacionado directamente con el ejercicio de las funciones que competían al actor como gerente de oficina, tal como se colegía de los documentos denominados Gerencia de Compleance, BIM Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo - SARLAFT, BIM Código de Ética y Conducta numeral 6.2, Políticas de SARLAFT y Riesgo Reputacional Circular Básica Jurídica Título I Capítulo XI. Conforme a lo anterior, concluyó que se demostró la

conducta endilgada al accionante como justa causa de despido; y si bien no quedó acreditado el daño económico que se produjo al banco demandado, la entidad fue puesta en peligro, a pesar de la amplia experiencia en los procedimientos que deben acatar los trabajadores, y que fueron previamente suministrados e informados al actor, quien no los respetó al momento en que acaecieron los hechos que dieron lugar a la terminación del contrato laboral.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que esta corporación case la sentencia de

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Radicación n.° 85074 segundo grado, para que, en sede de instancia, confirme la decisión del a quo. Con tal propósito, formula un cargo, que no es replicado por la demandada.

VI. CARGO ÚNICO Sostiene que la sentencia recurrida es violatoria por la vía indirecta, bajo la modalidad de aplicación indebida de los artículos 22, 55, 57, 58, 60, 61 y 62 literal a) modificado por el 7 del Decreto 2351 de 1965, 64, 66 y 128 del CST; 51, 60 y 61 del CPTSS; 1602 y 1614 del CC; 164, 165, 167, 176, 184, 191, 194, 196, 198, 225, 243 y 245 del CGP.

Afirma que tal violación se dio a causa de haber incurrido el ad quem en los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante VINCULÓ a la cliente TERESITA GARCÍA ROMERO, al Banco demandado.

2. Dar por demostrado sin estarlo que era obligación del demandante realizar la entrevista a la cliente TERESITA GARCÍA ROMERO e identificarla como cliente de categoría especial del Banco, al momento de su vinculación.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante omitió el procedimiento interno establecido por el banco demandado, «...teniendo en cuenta que la visita a la cliente Teresita García fue realizada posterior a la vinculación de la misma y autorización de desembolso....» (Minuto 37:54 grabación de audio de la audiencia de Fallo de la Sala Laboral del Tribunal Superior de

Bogotá.)

4. Dar por demostrado sin estarlo que el demandante estaba autorizado para detener la entrega del cheque de un crédito aprobado, cuyo desembolso había sido ordenado por la

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Radicación n.° 85074 dependencia competente para ello, esto es, el Área de Operaciones.

5. Dar por demostrado sin estarlo que respecto del demandante, «...su calidad de Gerente de Oficina obligaba al mismo, por ser la cabeza de la sucursal del banco demandado, tener bajo su responsabilidad la vinculación de los clientes...».

6. Dar por demostrado sin estarlo «...que la omisión del procedimiento en la vinculación de la cliente Teresita García comporta una falta grave, si se tiene en cuenta que el procedimiento tanto para la vinculación como para la autorización de la entrega del desembolso, se encontraba relacionado directamente con el ejercicio de las funciones que competían al

actor como Gerente de Oficina...».

7. Dar por demostrado sin estarlo «...que la conducta del actor comporta una falta grave, tal y como puede colegirse de los documentos denominados Gerencia de Compliance BIM Sistema de Administración del Riesgo Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo SARLAFT, BIM Código de Ética y Conducta numeral 62 políticas de SARLAFT y Riesgo Reputacional Circular Básica Jurídica de Titulo Primero capítulo 11 y el BIM de SARLAFT en la Vinculación de Procesos de

Clientes de Categoría Especial».

8. Dar por demostrado sin estarlo, que la conducta del demandante puso en riesgo a la Entidad Bancaria y su reputabilidad.

9. Dar por demostrado sin estarlo que el demandante incurrió en conductas que pueden considerarse «…a la luz de lo previsto en el artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo y de lo previsto en el Reglamento Interno de Trabajo, como justas causas de terminación del contrato artículo 67, entre ellas el no cumplimiento oportuno del procedimiento establecido en los

Manuales Internos del Banco Demandado Gerencia de Compliance, BIM Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo SARLAFT, BIM Código de Ética y Conducta Numeral 6.2 políticas de SARLAFT y Riesgo Reputacional, Circular Básica Jurídica Titulo Primero Capitulo 11 y el BIM de SARLAFT en la Vinculación de Procesos de Clientes de Categoría Especial, las prescripciones que para la seguridad del Banco incumbe, tal como las operaciones con los dineros y/o valores de la empresa, o que en

ella se manejan, impartan las autoridades del banco previsto en el literal D, si se tienen en cuenta las precisas prescripciones y/o directrices existentes en la entidad demandada, al poner en riesgo a la Entidad Bancaria y su reputabilidad».

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10. No dar por demostrado estándolo que la vinculación de la cliente Teresita García Romero al Banco demandado, la realizó la Fuerza de Ventas Externa del mismo.

11. No dar por demostrado estándolo, que la vinculación de la cliente Teresita García Romero al Banco demandado, la realizaron las señoras SANDRA BONILLA Y OLGA LUCÍA SALAZAR, pertenecientes a la Fuerza de Ventas externa del mismo banco.

12. No dar por demostrado estándolo que la identificación de un cliente de categoría especial es responsabilidad del Coordinador de Fuerza de Ventas Externa, cuando dicho cliente ha sido vinculado por personal de dicha Fuerza de Ventas.

13. No dar por demostrado estándolo que la señora Olga Lucía Salazar y la asesora Sandra Bonilla, eran las personas obligadas a informar y solicitar al Gerente de Oficina, la realización de la Entrevista personal de la cliente Teresita

García Romero.

14. No dar por demostrado estándolo que el demandante, al no haber vinculado a la cliente Teresita García Romero, no estaba obligado a realizar la entrevista personal, a identificar la cliente como de categoría especial y diligenciar el formulario de cliente especial C35, al momento de su vinculación.

15. No dar por demostrado estándolo, que el crédito otorgado a

la CLIENTE TERESITA GARCÍA ROMERO pertenecía a una clase especial llamada CRÉDITOS SKANDIA para los cuales la demandada tenía previsto un procedimiento parcial y excepcionado de algunos requisitos.

16. No dar por demostrado estándolo que dentro de los reglamentos manuales e instrucciones de la demandada, NO se había establecido el procedimiento específico para el Trámite de los Créditos Skandia, cuando el cliente era vinculado por la

Fuerza de Ventas Externa.

17. No dar por demostrado estándolo que sólo hasta el 22 de mayo de 2013, es decir con posterioridad al desembolso del crédito de la señora Teresita García Romero ocurrido el 16 de abril de 2013, la demandada estableció el procedimiento para el caso de la vinculación de clientes de Créditos Skandia y el diligenciamiento del formulario C35 por parte de la Fuerza de

Ventas Externa.

18. No dar por demostrado estándolo, que el demandante una vez realizó la entrevista personal de la cliente TERESITA GARCÍA ROMERO y diligenció los documentos pertinentes, estaba obligado a entregarle el CHEQUE del crédito cuyo desembolso había sido ordenado por el Área de Operaciones.

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19. No dar por demostrado estándolo que ni el AREA DE CRÉDITO, NI EL AREA DE OPERACIONES NI EL AREA DE COMPLIANCE ni ninguna otra autoridad del Banco demandado, para la fecha de entrega del cheque a la cliente, habían ordenado la suspensión del desembolso del crédito de la señora TERESITA GARCÍA ROMERO o de la entrega misma del cheque

del crédito.

20. No dar por demostrado, estándolo que la omisión o demora por parte del demandante, en la entrega del cheque del crédito cuyo desembolso se había ordenado, podía causar sanciones o perjuicios al banco demandado, por estar cobrando intereses a un cliente sobre dineros que no se le habían entregado.

Asevera que tales yerros se cometieron por la valoración errónea de las siguientes pruebas: los interrogatorios absueltos por las partes; el contrato de trabajo; el acta de descargos del actor y de las señoras Olga Lucía Salazar y Gina Lizeth Agudelo; la carta de despido; el «registro sistematizado de la demandada correspondiente a creación de la obligación 011109303300»; el formulario de vinculación de la cliente Teresita García Romero; el reglamento interno de trabajo; tres manuales BIM de: Conocimiento Vinculación y Relación con Clientes, de Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, y de Código de Ética y Conducta; la circular básica jurídica; el correo electrónico remitido por Diana Ariza y el testimonio de Diana Carolina Beltrán. En la demostración del cargo, cita el primer yerro endilgado, y aduce que del formulario de vinculación de la cliente Teresita García Romero, las diligencias de descargos denunciadas, los manuales BIM, la circular básica jurídica (título I, capitulo XI), los interrogatorios de parte y la

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Radicación n.° 85074 declaración de Diana Carolina Beltrán, se colige que fueron otras las personas que vincularon a la señora García

Romero. Dice que el «formulario de vinculación» fue signado por Sandra Bonilla y Olga Lucía Salazar, al punto que fue la fuerza de ventas la que cumplió esa labor; situación que ratificó el demandante en su diligencia de descargos, en particular, al dar respuesta a las preguntas 17, 19 y 23 en las que manifestó que no participó en ese proceso, de allí que no se podía derivar de esa documental «una confesión». Expone que la anterior situación se evidencia también con los descargos rendidos por Olga Lucía Salazar y Gina Lizeth Agudelo, de los que se desprende que le correspondía a la fuerza de ventas identificar la categoría de cliente especial y, si era del caso, informarle al gerente de la oficina en la cual se radicaba el crédito. Pasa a transcribir los puntos 4.3, 6.1.8. y 6.1.10 del Manual BIM Conocimiento, Vinculación y Relación con Clientes; y considera que, si hubo una omisión en la identificación del cliente, no se le puede responsabilizar de ello, máxime cuando, en su decir, no se estipuló de forma clara y expresa que al gerente le correspondiera entrevistar al cliente para la obtención de créditos con Skandia, como aquí ocurrió. Especifica que no es dable estimar que el accionante se apartó de lo establecido en el Manual BIM Sistema de

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Radicación n.° 85074 Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, como tampoco del Manual de Ética y de la Circular Básica Jurídica, por la potísima razón

de que no vinculó a la cliente y tampoco se le informó de su categoría especial ni de la necesidad de realizarle una entrevista personal. Arguye que en el interrogatorio de parte el representante legal de la demandada incurrió en unas contradicciones al responder las preguntas 4 y 5, respecto a la persona que vinculó a la señora Teresita García Romero; y que el Tribunal estimó con error el interrogatorio que se le practicó al demandante, quien de manera insistente explicó que no vinculó a esa cliente y que no estaba obligado a realizarle alguna entrevista, además que no era el superior del personal de fuerza de ventas, que lo ocurrido fue que al consultar unos datos en el sistema, advirtió que no se había diligenciado el formulario de cliente especial, motivo por el cual detuvo la entrega del cheque y contactó a la asesora que la vinculó, a fin de entrevistar a la señora Teresita, efectuar la marcación como cliente especial y proceder con la entrega del título valor. Añade la censura que, al demostrarse la primera equivocación, es dable el estudio del testimonio de Diana Carolina Beltrán, del cual reproduce un aparte y colige que ratifica lo expuesto por el accionante. Frente al segundo error de hecho denunciado, el recurrente aduce que con las anteriores probanzas se

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Radicación n.° 85074 evidencia también que «Si al momento de la vinculación de la cliente Teresita García Romero el demandante no tuvo conocimiento de su existencia, no realizó su vinculación, no fue informado oportunamente por la Fuerza de Ventas Externa de dicha vinculación y de la necesidad de la

entrevista personal», resultaba desacertado «exigírsele que la hubiera realizado y menos aún que la identificara como cliente de categoría especial». Esgrime que, si el promotor del proceso no vinculó a la cliente, no se le podía pedir que le realizara una entrevista, obligación que, en todo caso, no existía para los clientes de Skandia que fueron vinculados por la fuerza de ventas externa. Afirma que también está acreditado el tercer error de hecho, resaltando que, si se considera que la entrevista a la cliente fue inoportuna, por haberse realizado con posterioridad a la vinculación, ello no fue culpa del accionante. Transcribe la cuarta equivocación fáctica, y asevera que en ninguno de los manuales allegados al proceso se dice que el demandante estaba autorizado para detener la entrega de un crédito aprobado y que se ordenó su desembolso por el área de operaciones, lo cual consta en los registros sistematizados y en los documentos «anexos a la solicitud del crédito»

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Radicación n.° 85074 Se refiere al testimonio de Diana Carolina Beltrán y resalta que lo expresado por la declarante respecto al proceder del actor, consistente en que debió detener el proceso, no es más que