CSJ - SL1400-2024

MARIRRAQUEL RODELO NAVARRO Magistrada ponente SL1400-2024 Radicación n.° 87503 Acta 19 Bogotá, D. C., cinco (5) de junio de dos mil veinticuatro (2024). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por DIEGO FERNEY SÁNCHEZ MEJÍA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 16 de octubre de 2019, en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente contra la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA -ESUy el MUNICIPIO DE MEDELLÍN.

I. ANTECEDENTES Diego Ferney Sánchez Mejía llamó a juicio a la Empresa para la Seguridad Urbana y al Municipio de Medellín, con el fin de que se declare que entre él y la primera existió una relación laboral que inició el 1 de

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 87503 febrero de 2010 y feneció el 30 abril de 2011, por decisión unilateral de los codemandados, y sin justa causa. En consecuencia, pidió que se condene a las demandadas «de manera conjunta, solidaria o separadamente», a pagar las cesantías, intereses de cesantías, primas de navidad, primas de vacaciones, vacaciones, indemnización por despido, el monto descontado por concepto de retención en la fuente, los aportes a la seguridad social en salud y pensiones, las sanciones moratorias contempladas en el artículo 1 del Decreto 797 de 1949 y la Ley 50 de 1990, la indexación, las

costas y agencias en derecho, y todo lo que resulte probado en uso de las facultades ultra y extra petita. Subsidiariamente, solicitó que en caso de no declararse que la relación laboral fue con la ESU, se reconociera con el Municipio de Medellín, en los mismos extremos temporales. Como fundamentos fácticos, alegó que desde el 1 de febrero de 2010 inició una relación laboral con Metroseguridad, hoy Empresa para la Seguridad Urbana y/o el Municipio de Medellín; que su labor benefició a ambos; que el vínculo acabó el 30 de abril de 2011, cuando procedieron unilateralmente y sin justa causa a darlo por terminado. Narró que siempre prestó sus servicios en la ciudad de Medellín, principalmente en el centro, recibiendo órdenes e

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 87503 instrucciones de la ESU; que su incorporación se dio mediante contratos de prestación de servicios, entre ellos, el n.° 20100966 de 2010, que tenía como objeto ejercer la actividad de «defensor del espacio público», cuyas funciones eran, entre otras, tener el control del amoblamiento urbano y de las mercaderías, trasladar los elementos retenidos a las bodegas que para tal fin designara la secretaría de gobierno, verificar permanentemente los permisos de las ventas ambulantes o estacionarias, rendir informes semanales, llevar datos estadísticos, asistir permanente a los lugares donde se requería, reportar la ubicación de los habitantes de calle, sacar trago adulterado de los negocios con apoyo de rentas departamentales, y decomisar piratería de discos

de música. Explicó que esas tareas no requieren conocimientos científicos, y que sirvió personalmente, con subordinación, remuneración y cumpliendo un horario, siendo dirigido, supervisado y coordinado por los codemandados, pero principalmente por la ESU, entidad que fue la que le dio por escrito los detalles de su incorporación. Afirmó que todos los días recibía órdenes e instrucciones para laborar por parte de los supervisores y dependientes de los llamados a juicio; que las herramientas de trabajo las compraba y suministraba la empresa, las cuales consistían en un uniforme, radio de comunicación, papelería, guantes, tapabocas, botas, pico, pala, machete, barra, cizalla, destornillador, alicate, cortafríos y almádanas.

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.° 87503 Adujo, que firmó una lista extensa de contratos titulados como de prestación de servicios, de los que solo pudo obtener siete, y que, entre la terminación de uno y la rúbrica del otro, no había solución de continuidad, toda vez que seguía trabajando, y a los quince días, o incluso un mes, se legalizaba el nuevo arreglo. Finalmente, sostuvo que no es trabajador oficial, empleado público, o funcionario de hecho, pues el cargo no existe en la planta de personal, y mucho menos un acto administrativo o acta de posesión donde se le haya vinculado en tales calidades; aseveró entonces, que tuvo una relación laboral regida por un contrato de trabajo realidad. Al contestar la demanda, el Municipio de Medellín se opuso a las pretensiones formuladas, y con respecto a los

hechos, reconoció los que se refieren a la contratación que tuvo el actor con la sociedad encausada, dijo que no eran ciertos los que lo ligaban con el demandante, y que no le constaban otros. Como fundamento de su defensa, alegó que los aludidos convenios civiles los suscribió el señor Sánchez Mejía con Metroseguridad, hoy Empresa para la Seguridad Urbana, la cual es independiente al ente territorial, pues se trata de una empresa industrial y comercial del Estado, con autonomía administrativa y patrimonio propio.

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.° 87503 Refirió, que el demandante no trabajó mediante contratos simulados, y que estos se dieron en el marco normativo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y el Convenio 14541 del año 2009, que tuvo como objeto la defensa del espacio público en diferentes puntos de la ciudad de Medellín. Arguyó que no existió la alegada continuidad, y que, en cambio, cada uno de los acuerdos que se celebraron fueron autónomos, y se liquidaron en debida forma. También manifestó que no hubo terminación unilateral, ni mucho menos despido sin justa causa; que lo que sucedió fue que el 30 de abril de 2011 se agotó el plazo establecido en el compromiso escrito, fecha acordada por ambas partes. Indicó que las labores de vigilancia del espacio público que desarrollaba el demandante no podían ser desempeñadas por personal de planta del municipio, por consiguiente, dijo, se presentaba una imposibilidad jurídica al no poder nombrar a una persona para dicho cometido

estatal, y que el contratista aceptó voluntariamente el cumplimiento de las cláusulas pactadas, sin que hubiese razón para que reclame el pago de prestaciones sociales, toda vez que se trató de labores transitorias. Consideró que, si a través del proceso se logra establecer que el demandante realizaba funciones propias de un trabajador oficial, el municipio no puede asumir esa

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 87503 responsabilidad, ya que se pactó una cláusula contractual en la que se le exigió a Metroseguridad que se ciñera a los postulados legales. Por último, anotó que obró de buena fe, ya que celebró los convenios interadministrativos con Metroseguridad, empresa que tiene dentro de sus funciones la de apoyar las labores que tienden a la seguridad ciudadana, actividades que son de carácter civil, más no laboral, porque no están bajo subordinación alguna. Propuso las excepciones de mérito de prescripción, falta de legitimación en la causa por pasiva, falta de causa para pedir, compensación, pago, y buena fe. Por su parte, la Empresa para la Seguridad Urbana también se opuso a las pretensiones de la demanda, y con relación a los hechos, dijo que no eran ciertos, y que otros no le constaban. En su defensa, expuso que al señor Sánchez Mejía se le elaboraron contratos de prestación de servicios, previa solicitud escrita por parte de la Subsecretaría del Espacio Público del municipio de Medellín, y debido a ello, ejerció sus labores a esa entidad territorial, y no a la empresa. Comentó que entre esa compañía y el Municipio de Medellín se suscribieron varios «convenios

interadministrativos de administración delegada de recursos», por medio de los cuales la ESU se comprometió a

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 87503 realizar apoyo logístico a esa municipalidad, que es la única obligada por disposición legal y constitucional a la de defensa y control del espacio público. Que en ejercicio de esos acuerdos, el municipio le enviaba oficios señalando el personal que debía emplear, relacionando el nombre, la cédula, el objeto, los honorarios, el plazo y la modalidad; posterior a ello, la sociedad procedía a elaborar los correspondientes contratos, ciñéndose a lo establecido en esas cartas, y una vez proyectados, eran firmados por los contratistas y por el representante legal, para que se dirigieran a la Subsecretaría de Espacio Público para dar inicio a su ejecución; agregó que, en las consideraciones de los instrumentos ya rubricados, se indicaba el número del convenio y el radicado del oficio. Explicó que de acuerdo con el rol de administrador que asumió la Empresa para la Seguridad Urbana, debía destinar y ejecutar el dinero trasladado, tal y como el ente territorial se lo estableciera; que por ello se fijó el 10% como honorarios, y se determinó además que los excedentes que con ocasión al arreglo se llegaren a generar, debían ser devueltos, obligándose la sociedad a tener el valor total de los recursos en una cuenta bancaria separada. Reiteró, que en la planta de personal de la ESU no existen ni pueden existir puestos de trabajo que se relacionen directa o indirectamente con la protección del

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 87503 espacio público, por no ser esta una potestad o función asignada por la Ley. Finalizó diciendo, que la empresa jamás se benefició de los servicios del demandante, y que nunca lo subordinó; e insistió en que el contrato se celebró por solicitud expresa del Municipio de Medellín, y que igualmente se remuneró con cargo al mencionado convenio, previo visto bueno por parte del interventor. Presentó las excepciones de fondo de inexistencia de relación laboral frente a la ESU; existencia de convenios interadministrativos de administración delegada de recursos celebrados entre la Empresa para la Seguridad Urbana y el Municipio de Medellín; ineficacia de la cláusula de exclusión de la relación laboral con el municipio de Medellín; buena fe de la empresa para la seguridad urbana; y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 6 de diciembre de 2016, resolvió: PRIMERO: SE DECLARA la existencia de una vinculación laboral entre el Señor DIEGO FERNEY SANCHEZ MEJIA, identificado con C.C. 8.436.012 y la Empresa para la Seguridad Urbana, representada legalmente por el Doctor MANUEL RICARDO SALGADO PINZÓN o quien haga sus veces; este como un verdadero empleador, la existencia de una relación laboral que inicio el día 01 de febrero del año 2010 y que concluyo (sic) sin ninguna manifestación el día 30 de abril del año 2011.

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.° 87503

SEGUNDO: SE IMPONE cargo de la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA “ESU”, cancelar a favor del demandante las siguientes prestaciones; derivadas del vínculo laboral del que se entendió prescribió parte de algunas obligaciones no reclamadas con anterioridad y surgidas a partir del 03 de febrero del año 2011, hasta la finalización del vínculo ocurrida el día 30 de abril del año 2011. Declarando prospera la excepción parcial de prescripción, se impone a la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA “ESU” a favor del demandante el pago de las cesantías; cuantificadas en un valor igual a $295.778 pesos, intereses a las cesantías igual a $8.676 pesos, prima de servicios igual a $295.778 pesos y vacaciones igual a $752.898 pesos, para un total de prestaciones derivadas por esta relación laboral; que equivale a una suma de pesos

$1.353.121.

TERCERO: EN RELACION CON LOS PAGOS A REEMBOLSAR, se impone el valor a reembolsar de $1.207.045 pesos, que equivale a los aportes efectuados directamente por el demandante a PROTECCION, valor que debe devolverse por el empleador; quien no asumió su importe y devolverse al demandante la cuota parte correspondiente, que se ha cuantificado en $1.207.045 pesos.

CUARTO: EN RELACION CON LOS DEMAS REEMBOLSOS solicitados por el demandante, el despacho absolvió de estas pretensiones a las demandadas; por las razones que quedaron anotadas en las consideraciones elaboradas en la audiencia.

QUINTO: SE ABSUELVE a la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD

URBANA “ESU” y al Municipio de Medellín, a esta última de todas las pretensiones formuladas en su contra por el demandante y a la primera de las restantes pretensiones solicitadas por este demandante, por las razones que quedaron anotadas es las consideraciones orales que el Despacho agoto (sic).

SEXTO: SE IMPONEN COSTAS a cargo de la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA “ESU” y a favor del demandante y la cuantificó en un valor igual a $1.378.910 pesos.

SEPTIMO: SE IMPUSO Y CUANTIFICÓ la indemnización por despido ilegal e injusto, de acuerdo con los extremos de vinculación laboral y del salario deducido al demandante, un valor igual a $3.089.981 pesos.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.° 87503 Por apelación del demandante y la empresa demandada, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín se pronunció mediante fallo del 16 de octubre de 2019, en el que resolvió: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por el señor DIEGO FERNEY SÁNCHEZ MEJÍA identificado con c.c. 8.436.012, en contra de LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANAESU, en los siguientes términos: PRIMERO: REVOCA la ABSOLUCION y CONDENA al MUNICIPIO DE MEDELLÍN como solidariamente responsable de

todas las condenas impuestas a la ESU.

SEGUNDO: REVOCA la declaratoria de prescripción respecto a las cesantías por lo que MODIFICA la liquidación de las mismas, las cuales ascienden a la suma de $1.662.495

TERCERO: REVOCA ABSOLUCIÓN y CONDENA a la ESU y al MUNICIPIO DE MEDELLIN a reconocer y pagar al demandante la prima de vacaciones por valor de $ 756.250 y la prima de navidad en la suma de $407.535

CUARTO: REVOCA y ABSUELVE de prima de servicios.

QUINTO: En los demás aspectos se confirma la decisión de primera instancia.

SEXTO: Sin costas en esta instancia.

Para llegar a esa conclusión, el Tribunal consideró que los problemas jurídicos que debía solucionar consistían en: i) determinar si fue acertada la providencia de primera instancia respecto de la declaratoria del contrato de trabajo; ii) establecer si existía solidaridad por parte del Municipio de Medellín; iii) verificar si operó la prescripción; iv) constatar si era procedente la condena por pago de la prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad, y

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.° 87503 sanciones moratorias de que tratan los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 1º del Decreto 797 de 1949; y v) de considerar que el ente territorial debía ser condenado, revisaría en consulta lo que no fue objeto de apelación. Al resolver esos planteamientos, indicó que se encontraba de acuerdo con el criterio del a quo en cuanto a la declaratoria del contrato de trabajo directamente con la

Empresa para la Seguridad Urbana, dada la presunción que generaba la prestación personal del servicio, así como la prueba testimonial recogida en el juicio, con la que se probó la subordinación. Consideró el ad quem, que las pruebas valoradas en conjunto permitían concluir que el actor no podía desarrollar sus labores de forma independiente y autónoma, con sus propios recursos, manejando libremente su tiempo, ni eligiendo el lugar de trabajo, teniendo que acatar los horarios y zonas que le fueran asignadas por sus superiores; además, resaltó el hecho de que era la empresa la que reconocía y pagaba sus honorarios; de igual forma, encontró acreditado que esa sociedad y el Municipio de Medellín celebraron convenios para la protección del espacio público, en aras de recuperar el centro de la ciudad, y que contrario a lo argumentado, se demostró que el objeto social de la ESU era la prestación del servicio de seguridad. Así mismo, trajo a colación los convenios interadministrativos y la cláusula vigesimosegunda, relacionada con la indemnidad a favor del municipio,

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 87503 exponiendo que era claro que la ESU actuó en nombre propio, ejerciendo acciones de un verdadero empleador, en aras de cumplir el objeto pactado. Con relación a la solidaridad, explicó que el cuidado del espacio público es una función del Estado, y que la misión de la ESU de prestar seguridad al centro de la ciudad claramente estaba relacionada con los fines del ente territorial, citando como soporte la «sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, del 26 de

septiembre de 2000, Magistrado Ponente Luis Gonzalo Toro Correa». En lo que hace a la sanción moratoria de que trata el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, consideró que era improcedente porque esa disposición «no hace parte de las reformas del Código Sustantivo del Trabajo, normatividad que entonces no es aplicable en este caso, por tratarse de un trabajador oficial»; precisó como fundamentos «las sentencias 371389 de 2012, 44931 de 2013 y 43833 de 2013», sin mayor detalle. Relativo a la sanción del artículo 1 del Decreto 797 de 1949, dijo que esta no era automática, y que debían examinarse las situaciones de cada caso para determinar si existían razones suficientes por las cuales el empleador incumplió con el pago de las prestaciones, y que en el asunto en particular, como la vinculación se dio a través de contratos de prestación de servicios, entonces «era lógico» que la empresa pensara que no podían reconocerse

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 87503 preventas propias de un trabajador oficial, máxime cuando en su planta de personal no tenían el cargo desempeñado por el actor. Destacó también, que el programa de defensoría se ejecutaría inicialmente por actividades temporales que eran dirigidas por la Subsecretaría del Espacio Público del Municipio de Medellín, sin que la demandada pudiera elegir libremente al personal, lo cual permitía entender que se había actuado de buena fe, no siendo procedente la condena deprecada. Añadió que la conducta asumida por la empleadora es producto del acatamiento de los preceptos legales bajo los

cuales se adelantaron los contratos; y que al momento de la terminación del vínculo (en el año 2011) ese era el criterio vigente, por tanto, se presumía la buena fe; apuntó que, «si la empresa persistiera» en esa forma de contratación, entonces sí podría ser merecedora de la sanción. Finalmente, en ejercicio del grado jurisdiccional de consulta, examinó el monto de las prestaciones reconocidas, diciendo que se encontraban ajustadas a derecho.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por esta Sala, por lo que se pasa a resolver.

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.° 87503

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La parte actora pretende que la Corte case parcialmente la sentencia impugnada, y en consecuencia revoque «la parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia que absolvió de la sanción moratoria contemplada en el Decreto 797 de 1949», para que, en su lugar, se condene a la Empresa para la Seguridad Urbana, y solidariamente al municipio de Medellín, a su pago «hasta el 21 de noviembre de 2019», fecha en la cual la empleadora sufragó las prestaciones sociales al trabajador; además, se reconozca la indexación, y las costas del proceso.

Con tal propósito, formula un cargo por la causal primera de casación, que no obtiene réplica.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia de violación de la ley sustancial por vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida del

Preámbulo, y de los artículos 1, 25, 29, 83, 53, 211, 228 y 229 de la Constitución Política; adicionalmente, de los artículos 1 del Decreto 797 de 1949; 1, 2, 3, 11, 20, 26 numeral 9, 47, 48, 49, 50, 51 у 52 de la Ley 6 de 1945; artículos 1, 2, 3, 5, 11, 19, 20, 37, 40, 43 del Decreto 2127 de 1945; artículos 9, 1502, 1508, 1513, 1514 del Código Civil; artículos 1, 16, 19, 21, 57 numeral 4, 65, 140, 249, 260, 435, 467, 468, 469 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo; artículos 1, 2, 3, 4 del Decreto 1876 de 1994;

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 87503 artículos 17, 25, 29, 40, 45 del Decreto 1045 de 1978; artículos 42, 45, 58, 59 del Decreto 1042 de 1978; y artículos 5, 11 del Decreto 3135 de 1968. Refiere que el Tribunal incurrió en errores fácticos «por apreciación equivocada de las pruebas o por falta de apreciación de alguna o algunas de las pruebas, o inadvertidas, o errónea apreciación». Alega que los errores de hecho consistieron en:

PRIMERO: No dar por demostrado, estándolo, al pasar inadvertido que en varios de los Contratos de Prestación de servicios pactados entre el actor y la codemandada EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA E.S.U. se encontraba acordado la subordinación.

SEGUNDO: DOCUMENTO CON AMENAZA DE SANCIONES DISCIPLINARIAS. No dar por demostrado, estándolo, al pasar inadvertido que en un Documento que reposa en el Plenario (El Protocolo para el Buen Uso del Uniforme). Se encontraba expresamente prueba documental de orden escrita que demuestra la Subordinación del actor. (sic) TERCERO: SENTENCIAS AUTENTICADAS DE CASOS SIMILARES. No dar por demostrado, estándolo, al pasar inadvertido que en varias Sentencias que se arrimaron en Copia Autenticada al Cartulario, se probó hasta la saciedad que la codemandada EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA E.S.U. se dio cuenta que esos Contratos de Prestación de Servicios los estaban declarando sin validez jurídica y como consecuencia de ello, los Jueces estaban declarando Una Relación Laboral entre los Defensores del Espacio Público y la codemandada EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA E.S.U. y a pesar de que la hoy codemandada se dio cuenta, siguió con sendos contratos de prestación de servicios, haciendo caso omiso a las Sentencias

Judiciales. (sic) CUARTO: PRUEBA DOCUMENTAL DECRETO 178 DE 2002. No dar por demostrado, estándolo, al pasar inadvertido el documento donde reposa el Decreto 178 de 2002, donde se prueba que la vinculación del actor debió ser por un Contrato

de Trabajo como Trabajador Oficial y no con un Contrato de Prestación de Servicios.

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 87503

QUINTO: PRUEBA DOCUMENTAL CONTRATO INTER ADMINISTRATIVO # 4600030362 DE 2011: No dar por demostrado, estándolo, al pasar inadvertido el documento donde reposa el Contrato Inter Administrativo # 4600030362 de 2011, donde se prueba que se pactó entre ambas codemandadas una Delegación de la Defensoría del Espacio Público y que la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA tuvo amplio margen de contratación de personal a su libre albedrio.

Para demostrar el cargo, trae a colación las cláusulas segunda, octava y décima del contrato de prestación de servicios No 20100966, y primera, segunda, octava y décima del documento No 2012254, para concluir que en estas se impartieron directrices claras sobre las funciones que debía desempeñar el demandante, demostrándose el elemento subordinación, propio de un contrato de trabajo, pues, por ejemplo, no gozaba de autonomía administrativa para escoger a su voluntad las herramientas de trabajo. En forma similar, cita el documento denominado «protocolo para el buen uso del uniforme», exponiendo que ahí se le advirtió a él y a sus compañeros de sanciones disciplinarias por el uso inadecuado del uniforme, lo cual es contrario a los principios básicos del contrato de prestación de servicios, denotándose la sumisión que ejercía la empresa empleadora. Asegura que, si al particular no le está permitido excusarse por el desconocimiento de la ley, mucho menos

para el empleador público es justificable que ignore el ordenamiento jurídico, procediendo como lo hizo, esto es, disfrazando contratos de trabajo bajo la modalidad de

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 87503 prestación de servicios, presuntamente regulados por la Ley 80 de 1993. Sostiene, que el Tribunal hizo caso omiso de los fallos de fechas 19 de agosto de 2008 y 19 de marzo de 2010, que aportó en copias, con los que se prueba la mala fe con que obró la demandada, porque, no obstante tener conocimiento de esas decisiones, quebrantó sus derechos laborales. También se refiere a que en el Decreto 178 de 2002, que se agregó al expediente, se contemplan los estatutos de la Empresa para la Seguridad Urbana, donde viene clara y especifica la vinculación de sus trabajadores, entre ellos, la del actor como trabajador oficial, con lo cual, dice, también se prueba la mala fe, ya que pudiéndolo incorporar como debía ser, eligió libre y espontáneamente hacerlo a través de un contrato de prestación de servicios. Posteriormente, expone que le parecía de «suma gravedad» que no se tenga en cuenta que, con la firma del contrato interadministrativo, las dos entidades del Estado estaban en la obligación de dar cumplimiento al canon 209 de la Constitución Política. Por último, cita varias sentencias de esta corporación, relacionadas con la indemnización deprecada.

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 87503

VII. CONSIDERACIONES Previo a desatar el recurso extraordinario, conviene

memorar que esta Corte tiene dicho que la vía correcta para atacar la sentencia de segunda instancia, cuando en ella se analizan los elementos de prueba obrantes en el proceso para valorar el actuar del empleador, es efectivamente la vía indirecta, pues los reparos deben ir dirigidos a cuestionar el estudio del acervo probatorio que el operador tuvo en cuenta para encontrar acreditada la buena fe del empleador moroso, tal como lo propuso el censor. Ahora, tampoco es que el cargo comporte un modelo, pues en la redacción inicial del recurso no se hace mayor distinción acerca de qué pruebas se estiman mal valoradas, y cuáles dejadas de analizar; sin embargo, como el cargo cumple con los estándares mínimos que permiten su estudio, ya que de su desarrollo es posible hacer esa precisión, entonces es factible superar los defectos de técnica, teniendo presente que una pieza demostrativa no puede ser erróneamente apreciada y dejada de evaluar al mismo tiempo. Lo anterior importa destacarlo, porque eso determina la forma en la que se deberá abordar el estudio del recurso, que, por la exposición del cargo, se encauzará entonces a establecer si el sentenciador de segundo grado se equivocó, desde la óptica fáctica, al considerar improcedente la indemnización moratoria establecida en el artículo 1o del Decreto 797 de 1949.

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 87503 Siguiendo ese norte, se recuerda que el Tribunal al resolver sobre el punto recurrido, consideró que la precitada indemnización no era automática, y que por tanto debía

examinar las razones que tuvo el empleador para el impago de las prestaciones pertinentes, tarea que concluyó con establecer que, como la vinculación se dio a través de contratos de prestación de servicios, entonces «era lógico» que la empresa pensara que no podían reconocerse emolumentos propios de un trabajador oficial, máxime cuando en su planta de personal no tenían el cargo desempeñado por el actor, y el programa de defensoría se ejecutaría por actividades temporales dirigidas por la Subsecretaría del Espacio Público del Municipio de Medellín, sin que la demandada pudiera elegir libremente a sus operarios. Ahora, según la tesis que sostiene el recurrente, la falta de apreciación y mala valoración de las aludidas piezas probatorias impidió que se verificara que la empresa demandada actuó de mala fe, pues, en su decir, de estas se percibía que la empleadora conocía que la vinculación que realizó a través de los contratos de prestación de servicios no estaba acorde con la realidad, y que la relación que los ligaba era de índole laboral y no civil. Pues bien, por cuestiones de método, se adentra la Sala en el estudio de cada uno de estos elementos, en el siguiente orden:

SCLAJPT-10 V.00 19

Radicación n.° 87503 1 . Sobre la falta de valoración de las sentencias que se arrimaron al proceso en copias Alega la censura que el Tribunal desconoció que en el expediente se aportó a folios 199 a 209 la sentencia del 19 de agosto 2008, «expedida por el Juzgado Primero Laboral

del Circuito de Medellín, radicado 05001310500120070061100 donde le reconocen los derechos laborales y declaran obrero al señor Juan Carlos Zapata»; y a folios 210 a 242, la providencia del 19 de marzo de 2010, «proferida por el Juzgado Segundo Adjunto del Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, radicado 05001310500920080123200 juicio promovido por Nelson De Jesús Cardona Jiménez donde es condenada la E.S.U.», de las que se podía colegir que la ESU tenía conocimiento de la manera errada en la que se le contrató, y por ello era factible comprender que la empresa había actuado de mala fe al no reconocer y pagar los emolumentos laborales que le correspondían. Aquí, conviene resaltar preliminarmente, que en este caso el recurrente no discute la aplicación de un precedente contenido en esas decisiones, pues, si ese fuera, la senda indicada era la directa y no la indirecta; entiende la Sala, que lo que se invoca es que supuestamente la colegiatura no se percató de que el contenido de esos fallos le permitían a la entidad conocer, sin lugar a equívocos, la manera idónea en la que se debía incorporar al personal que trabajaba para esa sociedad, dadas las condenas ahí impuestas por hechos similares, lo cual es una alegación

SCLAJPT-10 V.00 20

Radicación n.° 87503 fáctica. Pues bien, efectivamente logra percibirse que el ad quem no hizo alusión específicamente a esas documentales, ya que al respecto solo comentó, de manera genérica, que las decisiones allegadas no servían para probar la mala fe,

porque «eran fallos posteriores al año 2011», y que dada la fecha en la que se terminó la relación laboral entre las partes, no era razonable pensar que la empleadora estaba advertida de su mal actuar, considerando incluso que «si la empresa persistiera» en esa forma de contratación entonces sí podría ser condenada por la sanción moratoria. En ese sentido, es claro que el Tribunal solo tuvo presente las sentencias anexas con la demanda que fueron proferidas con posterioridad al año 2011, dejando de referirse