CSJ - SL1420-2024

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL1420-2024 Radicación n.° 99333 Acta 19 Bogotá D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por

MARÍA ADELA PATIÑO SALABARRIETA, LYDA JULIANA,

PAOLA ANDREA, LEIDY ROCÍO, JESSICA LICETH, SANDRA JUDITH, VILMA YAMILE y LUZ MIREYA CASTILLO PATIÑO, contra la sentencia proferida por la Sala Civil – Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil el 31 de marzo de 2023, en el proceso que instauró JOSÉ ARTURO ESPITIA GONZÁLEZ contra las recurrentes y los HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS de RAIMUNDO JOSÉ CASTILLO DÍAZ, al cual fue integrado como hijo del causante, judicialmente reconocido, JOSÉ RAIMUNDO

CASTILLO MEJÍA.

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 99333

I. ANTECEDENTES Demandó José Arturo Espitia González a las personas arriba mencionadas, procurando que se declarara la existencia de un contrato de trabajo entre él y Raimundo José Castillo Díaz, desde el 10 de junio de 1985 y hasta el 27 de enero de 2009, pues luego del deceso de este último, ocurrido el 4 de julio de 2006, continuó prestando servicios en beneficio de la cónyuge supérstite y herederos.

Además, solicitó que se declarara que los empleadores

omitieron su afiliación al Sistema de Seguridad Social y a un fondo de cesantías, incumpliendo también con el reconocimiento de sus prestaciones sociales. En consecuencia, pretendió el pago de las cesantías y sus intereses, las primas de servicios y las vacaciones, causadas entre los extremos temporales de la relación laboral, las sanciones moratorias de los artículos 99 de la Ley 50 de 1990, del 65 del Código Sustantivo del Trabajo y 5º del Decreto 116 de 1976, sumas que debían ser indexadas. Por último, solicitó que se les condenara a pagar, solidariamente, el valor total del cálculo actuarial que elaborara Colpensiones, por la omisión de la afiliación pensional, durante todo el tiempo de vigencia del vínculo laboral, teniendo como ingreso base de cotización (IBC) el equivalente a un salario mínimo mensual legal.

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Radicación n.° 99333 Fundamentó sus pretensiones, en que el 10 de junio de 1985 celebró con el señor Castillo Díaz un contrato verbal de trabajo, mediante el que se comprometió a prestarle servicios en diferentes fundos de su propiedad, tales como las fincas El Higuerón, Cañaveral, Majavita y Encino, donde principalmente se producían, para su posterior comercialización, café y caña de azúcar. Relató que se desempeñó como obrero del campo, ejecutando funciones como alzar caña, trapichar, desyerbar y abonar los cultivos, arreglar cercas, aplicar matamalezas y arriar las mulas de una finca a otra, las cuales realizaba

desde las 5:00 am hasta las 5:00 pm, de lunes a sábados y algunos domingos. Informó que aun cuando su empleador falleció el 4 de julio de 2006, su cónyuge supérstite María Adela Patiño Salabarrieta asumió la administración de las fincas y siguió contando con sus servicios, bajo las mismas condiciones en que los prestaba, hasta el 27 de enero de 2009, fecha en la que sufrió un accidente en la cara anterior de su rodilla izquierda, al no tener una evolución adecuada, le impidió seguir laborando de manera continua, aunque lo hizo de forma intermitente hasta el 20 de julio de 2013. Agregó que el salario que siempre recibió era el mínimo mensual legal vigente; nunca le pagaron prestaciones sociales ni lo afiliaron a Seguridad Social en Pensiones, por lo que radicó un derecho de petición ante Colpensiones

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Radicación n.° 99333 para que se hiciera el cálculo actuarial, sin obtener una respuesta concreta al respecto. Finalmente dijo que mediante la escritura pública n.º 1018, otorgada el 19 de septiembre de 2008 en la Notaría Segunda del Círculo del Socorro, se protocolizó la sucesión del señor Castillo Díaz. En su respuesta a la demanda, María Adela Patiño Salabarrieta y sus hijas Lyda Juliana, Paola Andrea, Leidy Rocío y Jessica Liceth Castillo Patiño, se opusieron a todas las pretensiones y negaron los hechos relacionados con la existencia de un vínculo laboral entre el demandante y su esposo y padre. Admitieron que la fecha del deceso fue el 4

de julio de 2006 y que desde entonces la primera asumió la administración de las fincas El Higuerón y Majavita, porque ni Cañaveral ni Encino eran de propiedad del causante. Reconocieron la protocolización de la sucesión, y que en dicho acto se les otorgó su calidad de herederas. Frente a los demás, dijeron que no eran ciertos o que no les constaban. Enfatizaron que no se configuró el contrato de trabajo con su padre y menos aún con María Adela Patiño Salabarrieta, pues si no existía el primero era imposible que se cumplieran los requisitos para una sustitución patronal. Al tiempo, destacaron que no tuvieron conocimiento del vínculo laboral con el demandante, pues siempre lo vieron trabajando como jornalero en fincas del sector.

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Radicación n.° 99333 Propusieron las excepciones que denominaron «Inexistencia de vínculo contractual de carácter laboral entre las partes, correspondiente al período comprendido desde el año 1985 a 2009, por no cumplirse los presupuestos taxativos del art. 22 y 23 del C.S.T.», cobro de lo no debido, mala fe por parte del demandante y prescripción. Sandra Judith, Vilma Yamile y Luz Mireya Castillo Patiño también se opusieron a las pretensiones. Admitieron la fecha del fallecimiento de su padre, la calidad de cónyuge supérstite de su madre y que protocolizaron la sucesión. De los demás dijeron que no eran ciertos. Explicaron que nunca existió una relación de carácter laboral entre el demandante y sus padres, pues aquel tenía

la simple calidad de «mejoratario» en un predio de propiedad de estos, donde explotaba cultivos de caña de azúcar y café, para su propio beneficio, sin que entregara cuentas de la parte del producido que les correspondía a aquellos. Se remitieron al acta de transacción que suscribieron el demandante y Sandra Judith Castillo Patiño el 29 de marzo de 2019, en la que hubo acuerdo sobre la existencia de unas mejoras en el predio «El Milagrito», donde habitaba el señor Espitia González, consistentes en un cultivo de caña de azúcar de aproximadamente 5.000 metros cuadrados de extensión y otro de café, con 1.000 matas, por los cuales recibió la suma de $1.000.000 y declaró que no existía ninguna relación laboral con ellos.

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Radicación n.° 99333 En su defensa propusieron las excepciones de inexistencia del vínculo laboral y de los presupuestos sustanciales para que se configure una relación de trabajo, existencia de aparcería o mejoras en predio ajeno, cobro de lo no debido, falta de legitimación en la causa por pasiva y prescripción. El curador ad litem de los herederos indeterminados del causante se opuso a la totalidad de las pretensiones y, de los hechos, dijo que ninguno le constaba. Propuso como excepción de mérito la de prescripción. Mediante auto proferido el 9 de diciembre de 2019, el juzgado de conocimiento, ordenó integrar en la parte pasiva, a José Raimundo Castillo Mejía, hijo del causante, reconocido judicialmente, quien en su respuesta a la

demanda también se opuso a la totalidad de las pretensiones y negó los hechos relacionados con la presunta existencia del contrato de trabajo entre el demandante y su padre. De los demás dijo que no le constaban. Expuso, que para la fecha de los hechos era un niño, que no tenía ningún vínculo con las demás demandadas ni con su padre, razón por la cual, en caso de prosperar las pretensiones, tendrían que ser asumidas por quienes se beneficiaron económicamente.

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Radicación n.° 99333 Propuso las excepciones de fondo que denominó «Improcedencia para condenar por pago de acreencias por parte de José Raimundo Castillo Mejía» e «Inexistencia contractual entre mi representado y el demandante, por falta de requisito y fundamento jurídico para demandar». La misma autoridad judicial, a través de proveído del 23 de julio de 2020, admitió la reforma del escrito inicial, en la que únicamente se adecuaron las pretensiones para incluir al nuevo demandado y se desagregó en cinco hechos lo relacionado con la petición y trámite efectuado ante Colpensiones, lo que no mereció respuesta. En la audiencia prevista por el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, José Raimundo Castillo Mejía concilió con el señor Espitia González y fue excluido del debate procesal. II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Civil del Circuito de Socorro, mediante fallo del 11 de febrero de 2022, resolvió lo siguiente: PRIMERO: NEGAR LAS TACHAS a las declaraciones

testimoniales propuestas por los abogados de la parte demandada de los testigos de la parte demandante.

SEGUNDO: ACEPTAR LA TACHA presentada por el abogado de la parte demandante a las declaraciones rendidas por IVÁN

FLÓREZ CASTILLO, ANA ROSA SUÁREZ SUÁREZ, REINALDO

ROJAS CARDOZO.

TERCERO: DECLARAR PROBADA parcialmente la excepción de "PRESCRIPCIÓN" de todas las pretensiones de la demanda,

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Radicación n.° 99333 salvo la pretensión relativa a los aportes al sistema de seguridad social.

CUARTO: DECLARAR NO PROBADA las excepciones denominadas por las demandadas SANDRA JUDITH CASTILLO

PATIÑO, VILMA YAMILE CASTILLO PATIÑO y LUZ MIREYA

CASTILLO PATIÑO, denominadas: "INEXISTENCIA DEL

VÍNCULO LABORAL EXISTENCIA APARCERÍA O MEJORAS EN

PREDIO AJENO", "INEXISTENCIA DE LOS PRESUPUESTOS

SUSTANCIALES PARA QUE SE CONFIGURE UNA RELACIÓN

DE TRABAJO" Y "FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR

PASIVA" QUINTO: DECLARAR PARCIALMENTE PROBADA la excepción perentoria planteada por las todas las demandadas, denominada: "COBRO DE LO NO DEBIDO", porque se accede a la pretensión de la seguridad social, a los aportes de la seguridad social.

SEXTO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de fondo formuladas por las demandadas LYDA JULIANA CASTILLO

PATIÑO. PAOLA ANDREA CASTILLO PATIÑO, LEIDY ROCIO

CASTILLO PATIÑO, JESSICA LICETH CASTILLO PATIÑO y

MARÍA ADELA PATIÑO DE CASTILLO que denominaron:

"INEXISTENCIA DE VÍNCULO CONTRACTUAL DE CARÁCTER

LABORAL ENTRE LAS PARTES, CORRESPONDIENTE AL

PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL AÑO 1985 a 2009 POR

NO CUMPLIRSE LOS PRESUPUESTOS TAXATIVOS DEL ART 22

Y 23 DEL C.S.T." y "MALA FE POR PARTE DEL DEMANDANTE".

SÉPTIMO: DECLARAR que entre el demandante JOSÉ ARTURO

ESPITIA GONZÁLEZ y RAIMUNDO JOSÉ CASTILLO DIAZ

(Q.E.P.D.); existió un Contrato de Trabajo, de manera verbal a término indefinido cuya vigencia comprendió entre el 10 de junio de 1985 al 4 de julio de 2006, fecha de su fallecimiento, y continúa este contrato de trabajo sin solución de continuidad con la señora MARÍA ADELA PATIÑO SALABARRIETA desde el 05 de julio de 2006 al 27 de enero de 2009.

OCTAVO: CONDENAR a las demandadas, MARÍA ADELA PATIÑO SALABARRIETA y las Herederas Determinadas, hijas del causante: RAIMUNDO JOSÉ CASTILLO DIAZ (Q.E.P.D.),

señoras: SANDRA JUDITH CASTILLO; VILMA YAMILE

CASTILLO PATIÑO; LUZ MIREYA CASTILLO PATIÑO; LYDA

JULIANA CASTILLO PATIÑO; PAOLA ANDREA CASTILLO

PATIÑO; LEIDY ROCIO CASTILLO PATIÑO Y JESSICA LICETH CASTILLO PATIÑO, a prorrata de lo que hayan recibido a título de herencia en la forma como lo establece al artículo 1411 del C.C. a realizar el pago del cálculo actuarial que realice la Administradora de Fondo de Pensiones COLPENSIONES, por concepto de aportes para la cotización de Pensión del señor

JOSÉ ARTURO ESPITIA GONZÁLEZ.

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Radicación n.° 99333

Parágrafo: Condenar a pagar a MARÍA ADELA PATIÑO SALABARRIETA solidariamente, con los aportes causados y no pagados al sistema de seguridad social en pensiones a favor de JOSÉ ARTURO ESPITIA GONZÁLEZ desde el 10 de junio de 1985 a 4 de julio de 2006.

NOVENO: OFICIAR a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, por ser el fondo elegido por el demandante; para que aquella entidad realice el cálculo actuarial del monto de la cotización a Pensión que las señoras

MARIA ADELA PATIÑO SALABARRIETA; SANDRA JUDITH

CASTILLO PATIÑO; VILMA YAMILE CASTILLO PATIÑO; LUZ

MIREYA CASTILLO PATIÑO; LYDA JULIANA CASTILLO PATIÑO; PAOLA ANDREA CASTILLO PATIÑO; LEIDY ROCIO CASTILLO PATIÑO y JESSICA LICETH CASTILLO PATIÑO, deben hacerle al señor JOSÉ ARTURO ESPITIA GONZÁLEZ, […]

correspondiente a los extremos temporales comprendidos entre el 10 de junio de 1985 al 27 de enero de 2009. Para el efecto se tendrá en cuenta como salario base de liquidación, el salario mínimo mensual vigente para cada anualidad. De igual manera, se deberá determinar el monto de los intereses y las sanciones a que haya lugar.

DÉCIMO: NEGAR, las demás pretensiones de la demanda.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver los recursos de apelación interpuestos por las demandadas, la Sala Civil – Familia – Laboral del

Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, mediante fallo del 31 de marzo de 2023, resolvió:

Primero: CONFIRMAR los numerales Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Décimo y Décimo Primero, de la sentencia del 11 de febrero de 2022 proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito del Socorro, acorde con la anterior motivación.

Segundo: CONFIRMAR pero con la siguiente MODIFICACIÓN los numerales séptimo, octavo y noveno de la sentencia recurrida los cuales quedaran así: SÉPTIMO: DECLARAR que entre el demandante José Arturo Espitia González y Raimundo José Castillo Díaz, existió un Contrato de Trabajo, de manera verbal a término indefinido

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Radicación n.° 99333 cuya vigencia comprendió entre el 30 de diciembre de 1990 al 4 de julio de 2006, fecha de su fallecimiento, y continua este contrato de trabajo sin solución de continuidad con la señora María Adela Patiño Salabarrieta y los herederos aquí

demandados Raimundo José Castillo Díaz desde el 05 de julio de 2006 al 01 de febrero de 2007.

OCTAVO: CONDENAR a las demandadas, María Adela Patiño Salabarrieta y las herederas Determinadas, hijas del causante:

Raimundo José Castillo Díaz, señoras: Sandra Judith Castillo; Vilma Yamile Castillo Patiño; Luz Mireya Castillo Patiño; Lyda Juliana Castillo Patiño; Paola Andrea Castillo Patiño; Leidy Rocio Castillo Patiño Y Jessica Liceth Castillo Patiño. A prorrata de lo que hayan recibido a título de herencia en la forma como lo establece al artículo 1411 del C.C. a realizar el pago del cálculo actuarial que realice la Administradora de Fondo de Pensiones COLPENSIONES, por concepto de aportes para la cotización de Pensión del señor JOSÉ ARTURO ESPITIA

GONZÁLEZ.

Parágrafo: Condenar a pagar a MARÍA ADELA PATIÑO SALABARRIETA solidariamente, con los aportes causados y no pagados al sistema de seguridad social en pensiones a favor de JOSÉ ARTURO ESPITIA GONZÁLEZ desde el 30 de diciembre de 1990 al 04 de julio de 2006.

NOVENO: OFICIAR a la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, por ser el fondo elegido por la demandante; para que aquella entidad realice el cálculo actuarial del monto de la cotización a Pensión que las señoras

María Adela Patiño Salabarrieta; Sandra Judith Castillo; Vilma Yamile Castillo Patiño; Luz Mireya Castillo Patiño; Lyda Juliana

Castillo Patiño; Paola Andrea Castillo Patiño; Leidy Rocío Castillo Patiño y Jessica Liceth Castillo Patiño. Deben hacerle al señor José Arturo Espitia González, identificado con la c.c. 5'702.055 correspondiente a los extremos temporales comprendido entre el 30 de diciembre de 1990 al 01 de febrero de 2007. Para el efecto se tendrá en cuenta como salario base de liquidación, el salario mínimo mensual vigente para cada anualidad. De igual manera, se deberá determinar el monto de los intereses y las sanciones a que haya lugar. El Tribunal centró el problema jurídico en establecer si con las pruebas recaudadas y de cara al artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, existió una relación laboral

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Radicación n.° 99333 entre el demandante y Raimundo José Castillo, y si se dio la sustitución patronal con María Adela Patiño Salabarrieta. Empezó por transcribir la norma y un aparte de la sentencia CSJ SL, 21 de septiembre de 2010, radicación 39065, antes de mencionar los elementos del contrato de trabajo, en la forma como los tiene previstos el artículo 23 del mismo estatuto. Enseguida, consideró que el reparo de las demandadas frente a la existencia de la relación laboral resultaba improcedente «[…] dado que, del material probatorio allegado, especialmente del testimonio de los señores Edgar Ardila, Juan de Dios Calderón Arenas, Gabriel Santos, Sara Garnica Tarazona y del señor Nicolás Espitia González, se extrae la existencia de los elementos propios de la relación

laboral». Así lo explicó: 5.1.- En relación con la presencia del primer elemento para que se constituya un contrato de trabajo, esto es, la actividad personal del trabajador, se tiene que, de acuerdo a los testimonios del señor Edgar Ardila —trabajador del señor Raimundo José Castillo desde el año 1990 hasta el año 2007; se desempeñó como mayordomo desde el año 1995 hasta el año 2003-, este mencionó que junto al señor Arturo Espitia laboró desde el año 1990 hasta el año 2007 en las fincas del señor Raimundo José Castillo y que, el acá accionante desempeñó diversas labores, entre ellas refirió lo siguiente: «Arturo Espitia era un trabajador muy bueno, un alzador de caña, un descogollador, un cortador de caña, como trapichero sabia el oficio del trapiche, la trepechanza, ayudaba a recolectar café... cuando yo estuve hasta el 2007, entonces era un obrero de los berracos que tenía disponibles, era el obrero disponible que tenía la finca como suplente de que todo lo que tocaba que se iba un cortero, Arturo Espitia deje las mulas y váyase a cortar caña, Arturo Espitia se fue un trapichero, deje la alcería de caña o lo que estuviera haciendo y váyase a hacer las cosas en las

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Radicación n.° 99333 que fallaba el obrero, porque el sabia el oficio, un señor muy berraco para trabajar […]». Así mismo, el señor Juan De Dios Calderón Arenas —trabajador de las fincas el Higuerón y Majavita desde el año 1987 hasta el

año 2000al ser preguntado sobre la frecuencia con la que veía al señor Arturo Espitia trabajando mientras laboró para el señor Raimundo José Castillo, este contestó «Siempre lo veía allá trabajando, cuando no era el oficio de muchas veces que llegaba uno hacer apero, estaba aperando las bestias para irse alzar palma para las bestias, echarle de comer a las bestias o muchas veces para ir, aperando las bestias para ir alzar caña, muchas veces trabajando, lavando los fundos, distintos oficios». Concordante con lo anterior, el señor Leonicio Daza — trabajador del señor Raimundo José Castillo del año 1992 a 1995 y quien es vecino de la finca El Higuerón desde hace 40 añosal ser interrogado por el apoderado de la parte demandante manifestó que, «APODERADO: Del 92 del 95 que usted refiere ¿qué labores, pudo ver usted que realizaba el señor Arturo Espitia? LEONICIO DAZA: El digamos alzaba caña, esto, era palmero, cortaba caña, o sea, él compartía con nosotros mucho trabajo, ahí íbamos y nos encontrábamos». De otra parte, el señor Gabriel Santos - trabajador de las fincas el Higuerón y Majavita desde el año 1990 hasta el año 2000manifestó que en el transcurso de sus años al servicio de[l] señor Raimundo evidenció la presencia del señor Arturo Espitia y su desempeño en las diversas labores propias de las Haciendas El Higuerón y Majavita, actividades que según este, en su testimonio ante el a quo, se hacían consistentes en descogollar, cortar caña, entre otras, tal y como lo referenció al

apoderado de la parte demandante «APODERADO: ¿usted pudo evidenciar si en ese tiempo le tocaba al señor Arturo realizar otras actividades distintas al manejo de bestias? GABRIEL SANTOS: claro, cuando le tocaba descogollar, cortar caña, entonces el simplemente se encargaba de descogollar y marcar caña». Testimonio que guarda concordancia con lo expuesto por la señora Sara Garnica Tarazona —vivió en la finca el Higuerón desde el año 1990 hasta el año 2005quien al preguntársele si evidenció que el señor Arturo Espitia trabajó en la finca el Higuerón, esta respondió Sic: «SARA GARNICA:... él trabajó toda la vida ahí, con ellos, alzaba caña, cuando no había lo de la caña, se hacía lo de la abonada, fumigaba la caña, la maleza que es la hierba, el café, el talaba, mejor dicho el hacia todos los oficios y el día domingo que lo hacía con mi padre, traía las mulas a majavita, yo fui testigo porque yo viví ahí en el predio que el señor Raimundo nos había dado y el día domingo él se venía para majavita a traer las mulas con mi padre».

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Radicación n.° 99333 Y por último, dentro del testimonio rendido por el señor Nicolás Espitia Gonzales (sic)- hermano menor de José Arturo Espitiaeste manifestó que su hermano laboraba para el señor Raimundo José Castillo en la finca el Higuerón, desempeñando

diversas actividades, tal y como consta en la respuesta dada ante los cuestionamientos hechos por el apoderado del demandante, a quien refirió «APODERADO: ¿usted iba y lo encontraba allá trabajando? NICOLAS ESPITIA: allá trabajando sí señor, cuando no era descogollando, era encarrando caña, cuando no era encarrando caña era cortando, cuando no era cortando era alzando caña, él le jalaba a todo, él era muy bravo para esa vaina del trapiche, la alzadera de caña y toda esa vaina. APODERADO: ¿en dónde específicamente el realizaba esas labores? NICOLAS ESPITIA: todo más en el higuerón, en el higuerón fue donde más ejecutaba trabajos, en el higuerón. A partir de los anteriores testimonios, concluyó que no había duda alguna sobre la existencia de la actividad personal del demandante en favor de Raimundo José Castillo, siendo claro que desempeñó labores como «alcería de caña, desherbar, arrear mulas, cortar maleza, desyerbar, labores de café» y demás labores agrícolas o pecuarias en las fincas El Higuerón, Majavita y El Encino. Sostuvo que en cuanto al segundo elemento esencial del contrato de trabajo, esto es, la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, de acuerdo con las declaraciones rendidas en el proceso, lograba concluir que el señor Espitia González estaba bajo continuas órdenes de Raimundo José Castillo o, en su defecto, del mayordomo de la finca el HiguerónEdgar Ardila-, tal y como se puede establecer con la

siguiente respuesta: APODERADO: Manifiéstele al despacho si siendo usted mayordomo de esa finca, ¿tenía usted bajo su mando al señor Arturo Espitia González? EDGAR ARDILA: Cuando el patrón estaba ordenaba el patrón, como costumbre cuando el patrón

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Radicación n.° 99333 no estaba en la finca pues me daba órdenes a mí para mandar a Arturo a Espitia y a dichos obreros más, pero desde que estaba Raimundo José Castillo estaba presente en la finca, él mandaba, él ordenaba y después me daba órdenes a mi cuando él no estaba, me decía hay que hacer esto, hay que hacer desherbar hay que tirar caña, hay que sembrar, hay que no sé cuándo, hay que abonar, entonces ahí es muy allegada la pregunta de cuándo él estaba, el coordinaba los obreros, cuando él no estaba me tocaba a mí, el mayordomo que él tenía, que eso está por visto en todas las haciendas doctor. Indicó que esa misma conclusión se extrae de las demás declaraciones de los testigos. Por tanto, precisó que no había duda sobre la configuración de ese segundo elemento, respecto del señor Castillo Díaz hasta la fecha de su fallecimiento y, luego, respecto de María Adela Patiño Salabarrieta. Prosiguió el estudio de los elementos esenciales del contrato de trabajo, estableciendo que también se acreditó testimonialmente la existencia de un pago como retribución del servicio. Para sustentarlo, destacó que las declaraciones de Edgar Ardila, Juan de Dios Calderón Arenas, Leonicio

Daza Chacón y Gabriel Santos, coinciden en sostener que este se hacía semanal o quincenalmente, de acuerdo con la actividad que estuvieran desempeñando en las fincas El Higuerón o Majavita. Además, que eran efectuados conforme al salario vigente para la fecha, en la modalidad de «jornal redondo» donde la alimentación era proporcionada por el empleador y se hacía en efectivo. Destacó de la declaración del mayordomo Edgar Ardila las siguientes respuestas:

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Radicación n.° 99333

APODERADO: Usted manifiesta que le pagan un salario, pero la pregunta es que si usted sabe ¿si a Arturo Espitia le pagaban un salario por los trabajos que el realizaba?

EDGAR ARDILA: sí, al día lo que ganaba, igual que nosotros, a él le pagaban el día, semanalmente le pagaban, a como estaba corriendo el mínimo, sobre el mínimo.

APODERADO: […] usted mencionó haber visto que se le pagaba al hoy demandante, le puede por favor mencionar usted a este despacho ¿cómo era ese pago salarial del que usted manifestó?

EDGAR ARDILA: En efectivo, el señor Raimundo me pagaba en efectivo.

APODERADO: Le puede por favor usted mencionar al despacho ¿cada cuánto se hacia este pago?

EDGAR ARDILA: Semanalmente, terminaba la semana y pagaba, cuando mucho era la molienda eran quince días de apero y de la semana de molienda, cada quince días, no le retenía más si no que pagaba semanalmente, cuando eran semanas de molienda si se retenía quince días porque era

semana de apero y semana de molienda. Y resaltó que de las declaraciones se desprendía que el salario presentaba variaciones cuando el oficio a desempeñar implicaba el tener a cargo mulas -de propiedad del señor Raimundo José Castillo-, pues se pagaba un excedente por la responsabilidad que esto acarreaban. Dijo que, no obstante, como se demostró la prestación de los servicios personales, estaba a cargo de los demandados probar que no fue subordinada, aspecto que no aparece dentro del proceso. Agregó que, en esta clase de vinculaciones laborales, «[…] ciertamente es usual, no solo en nuestra región, sino muchas otras partes del país, que no se hicieran afiliaciones al sistema de seguridad social o los pagos se hicieran por medios bancarizados o similares para efectos de su constatación», lo que implica que la prueba

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Radicación n.° 99333 generalmente dependa de las propias manifestaciones de sus interesados o de los testigos que conocieron los pormenores del caso. Por todo lo anterior, concluyó que no existía duda en cuanto a que el demandante sí laboró para Raimundo José Castillo Díaz, y que se dieron los presupuestos propios para la existencia del contrato de trabajo, por lo cual correspondía ahora analizar el tema de sus extremos temporales. Para ello, y contrario a como lo entendió la jueza, consideró que, del estudio de los testimonios rendidos en el curso del proceso, no se lograba constatar con grado de certeza la prestación del servicio entre 1985 y 1989, pues si bien Nicolás Espitia —hermano del demandante-, manifestó

que en 1985 el accionante le informó que laboraba para el señor Castillo Díaz, Juan de Dios Calderón Arenas dijo que este no ejercía labores permanentes y manifestó que conoció que lo hacía desde 1989. Acudiendo a la jurisprudencia de esta Corporación (CSJ SL2696-2015 y CSJ SL4816-2015) tuvo como acreditada la existencia de la relación laboral entre el 30 de diciembre de 1990, fecha indicada por el mayordomo de las fincas, y el 4 de julio de 2006, momento del fallecimiento del señor Castillo Díaz. Sin embargo, aclaró que con fundamento en el mismo testimonio (Edgar Ardila), el demandante hizo presencia en la finca El Higuerón hasta el mes de febrero de 2007, lo que conducía a entender que el

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Radicación n.° 99333 vínculo expiró el 1º de febrero de esa anualidad. En respaldo, citó la sentencia CSJ SL1479-2020. En cuanto al segundo problema jurídico mencionado, esto es, la sustitución patronal de María Adela Patiño Salabarrieta, indicó el Tribunal que se abstenía de estudiarlo y resolverlo, pues no fue planteado en el recurso interpuesto, sino en el escrito presentado por el apoderado de Luz Mireya, Sandra Judith y Vilma Yamile Castillo Patiño, quien no tenía legitimación en la causa para hacerlo. Frente al reparo de no dar validez a las tachas de los testigos, propuestas por las demandadas, expuso lo siguiente: […] le asiste razón a la Juzgadora de la Primera Instancia […]

toda vez que, como allí se explica en ámbito procesal laboral, tal clase de cuestionamientos tiene una oportunidad procesal precisa, en los términos que se prevén por art. 58 del CPTLSS, en su inc. 2º, cuando señala que «las tachas del perito y las de los testigos se propondrán antes de que aquél presente su dictamen o sea rendida la respectiva declaración; se acompañará la prueba sumaria del hecho en que se funde y se resolverá de plano, si la tacha fuere contra el perito, o en la sentencia definitiva si fuere contra los testigos», es decir, que la oportunidad en que se detentaba para ello no fue aprovechada. Siendo entonces objetivamente constatable que no se presentó en el momento exigido por la normativa procesal especial aplicable. En ese orden de ideas, consideró que la versión dada por los testigos «[…] de la parte demandante», resultaba creíble y ajustada a la realidad, porque señalaron con precisión y claridad, circunstancias de tiempo, modo y lugar de la forma en que se desarrolló el contrato de trabajo reclamado, tal y como lo expuso Edgar Ardila —trabajador

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Radicación n.° 99333 del señor Raimundo José Castillo desde el año 1990 hasta el 2007; quien se desempeñó como mayordomo desde 1995 hasta 2003-, razón por la cual, no resulta creíble lo expuesto por los testigos de la parte demandada, pues si bien es cierto en principio señalaron que el señor Espitia González nunca fue obrero o trabajador de Raimundo José Castillo Díaz, posteriormente fueron contradictorios y

refirieron que en ocasiones lo veían trabajar. De esa forma, no advirtió yerro alguno en la decisión de la juez, de darle mayor validez a ese grupo de testigos según lo señalado en la sentencia CSJ S