CSJ - SL1427-2024

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL1427-2024 Radicación n.° 99709 Acta 18 Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veinticuatro (2024). La Sala decide el recurso de casación que la FUNDACIÓN PRO SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA interpuso contra la sentencia que la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta profirió el 30 de noviembre de 2022, en el proceso que JAVIER ENRIQUE ABELLO RODRÍGUEZ instauró contra la recurrente y la FUNDACIÓN

BIOSIERRA.

AUTO Se reconoce personería al abogado José Rodolfo Martínez Camargo, identificado con cédula de ciudadanía 1.082.895.389 y tarjeta profesional 246.953, para actuar

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Radicación n.° 99709 como apoderado de Javier Enrique Abello Rodríguez, en los términos del poder presentado.

I. ANTECEDENTES Javier Enrique Abello Rodríguez demandó a las Fundaciones Biosierra (en adelante Biosierra) y Pro Sierra Nevada de Santa Marta (en adelante Pro Sierra), con el fin de que se declarara que (i) entre ellas existe unidad de empresa, (ii) prestó sus servicios personales a Biosierra desde el 12 de junio de 2018 a través de un contrato de trabajo, (iii) el último salario devengado fue de $8800.000,

(iv) a la terminación de la relación, Biosierra no pagó todas sus acreencias laborales y, (v) las demandadas son

solidariamente responsables por sus derechos laborales. Como consecuencia de ello, solicitó que se les condenara a pagar:  Los saldos de los salarios de octubre y noviembre que le adeudan, así como los de diciembre de 2019 hasta el 18 de mayo de 2020 que no le fueron pagados;  El auxilio de las cesantías causadas entre el 1º de enero de 2019 y el 18 de mayo de 2020;  La sanción por el no pago de ellas;  Las primas desde junio de 2019;  Las vacaciones causadas durante toda la relación laboral;

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Radicación n.° 99709  Las indemnizaciones por despido sin justa causa y moratoria por el no pago de salarios y las prestaciones sociales a la terminación de la relación laboral y,  La indexación de las condenas. Fundamentó sus peticiones en que desde el 12 de junio de 2018 estuvo vinculado mediante un contrato de trabajo con Biosierra en el cargo de «director-representante legal» y el último salario que devengó fue de $8800.000. Narró que el 7 de mayo de 2020 informó que, a partir de 12 de junio siguiente, no continuaría ejerciendo el cargo encomendado; no obstante, la empleadora le comunicó que su contrato culminaría el 18 de mayo de la misma anualidad. Sostuvo que fue despedido sin justa causa y que no le pagaron la liquidación. Refirió que en el mes octubre Biosierra le pagó $7`700.000 y en los siguientes meses no le sufragaron ni el salario ni las prestaciones sociales causadas.

Afirmó que Pro Sierra reconoció su salario durante la relación laboral, era la fundadora y aportante del patrimonio de Biosierra, razón por la cual dependía de aquella. Manifestó que el objetivo de la última era apoyar, coadyuvar y financiar el sostenimiento y cumplimiento de los propósitos de la primera. Aseguró que Pro Sierra tenía a su cargo la dirección y administración de Biosierra, designaba su director ejecutivo y compartían integrantes de sus juntas directivas, nóminas

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Radicación n.° 99709 de trabajadores y dirección física, pese a que en el certificado de existencia y representación se registraban domicilios distintos. Contó que el 26 de junio de 2020 solicitó el pago de sus derechos laborales; sin embargo, las demandadas guardaron silencio, razón por la cual presentó acción de tutela, mecanismo en el que se les ordenó emitir respuesta. Relató que fue despedido en medio de la pandemia del Covid 19 y pese a que intentó obtener el pago de sus acreencias laborales no fue posible. Indicó que acudió a la Cámara de Comercio para que se «[…] cancelaran de manera inmediata las facultades como representante legal de Biosierra»; pero a la fecha de presentación de la demanda no se había actualizado el certificado de existencia y representación de la empresa. Al contestar la demanda, Biosierra se opuso a la prosperidad de las pretensiones relativas a las sanciones e indemnizaciones y, en cuanto a los hechos, aceptó el inicio de la relación laboral y su terminación, el último salario devengado, el cargo desempeñado, la omisión en el pago de

las acreencias laborales, la creación de la entidad, la acción de tutela, su resolución y los trámites ante la Cámara de Comercio. Negó los restantes. Refirió que pagaría los derechos laborales que adeudaba que se causaron durante la relación laboral y precisó que la omisión en la que incurrió no fue un acto de

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Radicación n.° 99709 mala fe, sino que no había tenido ingresos económicos desde hacía más de un año. En su defensa, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, prescripción, cobro de lo no debido, buena fe y falta de título y causa. Por su parte, Pro Sierra al contestar la demanda pidió que se desestimaran todas las súplicas elevadas en su contra. Frente a los hechos, negó que fuera la aportante del capital de Biosierra, que tuviera a su cargo la dirección y administración de esta, designar su director ejecutivo, compartir sede física y nómina de trabajadores, pagar el salario durante la relación laboral y que fuera solidariamente responsable de las acreencias adeudadas al demandante; de los demás indicó que no le constaban. Presentó las excepciones de inexistencia de la obligación, prescripción, cobro de lo no debido y falta de título y causa. II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Santa Marta, mediante fallo de 14 de junio de 2022, resolvió: PRIMERO: DECLARAR unidad de empresa entre la Fundación Pro Sierra Nevada de Santa Marta y la Fundación Biosierra en

los términos del artículo 194 del C S T y de conformidad con las razones expuestas en la parte emotiva de este proveído.

SEGUNDO: como consecuencia de lo decidido en el numeral

anterior DECLARAR a la Fundación Pro Sierra Nevada de Santa

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Radicación n.° 99709 Marta y la Fundación Biosierra solidariamente responsables frente a todos los derechos laborales del demandante.

TERCERO: DECLARAR que entre Javier Enrique Abello Rodríguez y la Fundación Biosierra existió un contrato de trabajo que inició el 12 de junio de 2018 y culminó el 18 de mayo de 2020 de conformidad con las razones expuestas en la parte emotiva de este proveído.

CUARTO: CONDENAR a la Fundación Biosierra y solidariamente a la Fundación Pro Sierra Nevada de Santa Marta a reconocer y pagar a favor de Javier Enrique Abello Rodríguez los siguientes conceptos de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

Saldo del salario correspondiente al mes de octubre del 2019 la suma de $1.800.000. Saldo del salario correspondiente al mes de noviembre del 2019 la suma de $3.300.000. Salario correspondiente al mes de diciembre del 2019 la suma de $8.800.000. Salarios correspondientes a los meses enero a mayo del 2020 la suma de $40.480.000.

Cesantías: $12.148.888

Intereses de cesantías: $1.457.866

Prima de servicios: $12.148.888

Vacaciones: $8.506.666

QUINTO: CONDENAR a la Fundación Biosierra y

solidariamente a la Fundación Pro Sierra Nevada de Santa Marta a reconocer y pagar a favor de Javier Enrique Abello Rodríguez por el concepto de indemnización por el no pago de intereses de cesantías establecidos en el artículo quinto del Decreto 116 de 1976 la suma de $1.457.866.

SEXTO: CONDENAR a la Fundación Biosierra y solidariamente a la Fundación Pro Sierra Nevada de Santa Marta a reconocer y pagar a favor de Javier Enrique Abello Rodríguez por concepto de indemnización de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 la suma de $27.280.000.

SÉPTIMO: CONDENAR a la Fundación Biosierra y solidariamente a la Fundación Pro Sierra Nevada de Santa Marta a reconocer y pagar a favor de Javier Enrique Abello Rodríguez por concepto de indemnización moratoria establecida

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Radicación n.° 99709 en el artículo 65 del C.S.T. la suma diaria de $293.333 que desde inclusive el 19 de mayo de 2020 y hasta el 19 de mayo de 2022 haciende (sic) a la suma de $211.200.000. A partir de la iniciación del mes 25 y hasta cuando se verifique el pago deberá pagar intereses moratorios a la tasa máxima de crédito de libre asignación certificado por la superintendencia financiera. […] NOVENO ABSOLVER a las demandadas Fundación Biosierra y Fundación Pro Sierra Nevada de Santa Marta de las demás pretensiones de la demanda conforme a las consideraciones.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver la apelación presentada por las demandadas, mediante fallo de 30 de noviembre de 2022, la

Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta confirmó la decisión proferida en primera instancia. Precisó que los problemas jurídicos a resolver consistían en determinar si (i) existió unidad de empresa entre las demandadas y si por tal razón era procedente el pago solidario de las acreencias laborales del demandante y, (ii) había lugar al pago de las sanciones e indemnizaciones impuestas. Así las cosas, se adentró en el estudio de la primera figura, para lo cual transcribió el artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo, así como apartes de las sentencias

CSJ SL15966-2016 y CSJ SL3248-2022.

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Radicación n.° 99709 De ahí sostuvo que el predominio económico de una compañía frente a la otra es fundamental para declararla y por ello, procedió al estudio de las pruebas del expediente. Indicó que en el certificado de existencia y representación legal de Biosierra se mencionó que su patrimonio se formaría, entre otros, por los aportes en dinero o especie de Pro Sierra Nevada de Santa Marta. Igualmente, que el documento de «constitución – estatutos» de Biosierra certificaba que el director ejecutivo y representante legal de Pro Sierra Nevada de Santa Marta constituyó aquella y que su patrimonio inicial fue aportado por esta. Afirmó que si bien la testigo Luz Dary Mendoza de Moya mencionó que las fundaciones solo tenían nexos en su contabilidad, lo cierto es que de sus demás respuestas se comprobaba que tenían una relación mucho más

estrecha, pues al preguntársele si Pro Sierra le transfería dineros al demandante, manifestó que Biosierra tuvo una demanda con la posibilidad de embargo y para no afectar su operación se realizaron pagos a través de aquella. De lo anterior, el juzgador tuvo por probado el predominio económico. Al analizar lo relativo al segundo requisito, esto es, que las empresas tengan actividades similares, conexas o complementarias, refirió que sus certificados de existencia y representación daban cuenta de ello, toda vez que el objeto

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Radicación n.° 99709 social de ambas iba dirigido a «[…] velar por el patrimonio ecológico y cultural de la Sierra Nevada de Santa Marta». Así mismo, reseñó que en el artículo 5º del documento de «constitución – estatutos» de Biosierra se estipuló que su objeto era «[…] apoyar, coadyuvar y financiar el sostenimiento y cumplimiento del objeto y los propósitos de la Fundación Pro Sierra Nevada a través de la prestación de servicios, la comercialización de productos y el desarrollo de proyectos sociales, económicos y ambientales en la Sierra Nevada de Santa Marta y sus áreas de influencia». Precisó que la testigo Luz Dary Mendoza de Moya aseguró que Pro Sierra trabajaba en el desarrollo de proyectos en campo social, ambiental y de reforestación con campesinos e indígenas y que Biosierra aportaba su ayuda para comercializar productos como café, miel, mochilas o de cualquier tipo. De ahí concluyó que ambas entidades desarrollaban proyectos ambientales en la Sierra Nevada de Santa Marta.

En ese orden, puntualizó: […] sí existió unidad de empresa entre las accionadas, y a pesar que el recurrente FUNDACIÓN PROSIERRA NEVADA DE SANTA MARTA señala que el patrimonio dado por ésta a la FUNDACIÓN BIOSIERRA fue a título de donación, más no a título de beneficio económico alguno, dicha apreciación no es de recibo para esta Sala, así como tampoco, se pasa por alto las injerencias administrativas que tiene la primera sobre la segunda, aunado a que lo que se alega en su recurso en cuanto a que se logró probar el señor Javier Abello fue contratado por la FUNDACIÓN BIOSIERRA y no por PROSIERRA, y que las funciones desarrolladas fueron con plena autonomía como Director de la FUNDACIÓN BIOSIERRA en su momento, pues

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Radicación n.° 99709 esta Sala ya realizó precedentemente el estudio que conduce a esta decisión en cuanto a confirmar la decisión dada por el juez de primera instancia en lo que a este punto respecta, y así será expuesta en el resuelve, declarándose en todo caso la solidaridad de las empresas demandadas en el pago de las obligaciones adeudadas. Finalmente, en cuanto a la condena de las sanciones e indemnizaciones por el no pago de las acreencias laborales, el fallador dijo que la empleadora no demostró su buena fe porque no adelantó acciones dirigidas a cubrir sus compromisos laborales con el demandante y que su mala situación económica no debía afectarlo, pues el trabajador podía participar de las ganancias pero no de las pérdidas de

la empresa.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Pro Sierra, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver en los términos en que es presentado y los alcances propios del recurso extraordinario.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case parcialmente el fallo recurrido para que, en sede de instancia, REVOQUE la sentencia del Juzgado de conocimiento, el Tercero (3°) Laboral del Circuito de Santa Marta, en lo referente a la recurrente FUNDACIÓN PRO SIERRA DE SANTA MARTA, si así lo considera procedente, revocando el numeral primero, porque NO EXISTE UNIDAD DE EMPRESA en los términos del artículo 194 del CST con relación a la FUNDACIÓN BIOSIERRA; y en consecuencia se revocan los siguientes numerales, porque NO HAY SOLIDARIDAD entre ambas fundaciones frente a la

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Radicación n.° 99709 relación laboral del actor ABELLO RODRIGUEZ (sic), en consecuencia se condene en costas al actor en todas las instancias. Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, los cuales son replicados por el demandante y se resuelven conjuntamente, porque contienen una proposición jurídica semejante, se sustentan en consideraciones similares y persiguen la misma finalidad.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea del artículo 194 del Código

Sustantivo del Trabajo, en armonía con el 34, 35, 36 y 69 ibidem; 53 de la Constitución Política; 633 y 637 del Código Civil y 260 y 261 del Código de Comercio. En la demostración del cargo afirma que el Tribunal erró al analizar las normas que regulan los requisitos para conformar las fundaciones, corporaciones y empresas, lo que derivó en una interpretación errónea del artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo, pues es un fenómeno jurídico que no puede predicarse de las fundaciones. A continuación, transcribe la mencionada disposición, así como los artículos 633 y 637 del Cóodigo Civil y 98, 260, 261 del Código de Comercio y precisa que las fundaciones son personas jurídicas civiles y no comerciales, toda vez que

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Radicación n.° 99709 se trata de entidades sin ánimo de lucro, surgen por aportes y no por inversiones de capital, además no poseen socios. Asegura que los aportes, que son la base de la existencia de las fundaciones, no constituyen una retribución para quienes los otorgan, en la medida que la razón de ser de las fundaciones es el «servicio» y no el «lucro». Para fundamentar su dicho, reproduce una «[…] publicación efectuada por la Cámara de Comercio de Medellín». Indica que, según lo adoctrinado por esta Corte, en la sentencia CSJ SL2338-2016, para declarar la mencionada unidad, debe recurrirse «[…] a las presunciones de subordinación señaladas en el artículo 261 del Código de Comercio»; no obstante, en el caso de una fundación, ello no

es posible, en la medida que no tienen un capital sino un aporte, no cuentan con socios y no son sociedades. Puntualiza que las empresas se rigen por la legislación comercial, mientras que las fundaciones lo hacen a la luz de la civil, pues las primeras tienen como objeto generar utilidades a sus socios, mientras que las segundas no tienen ánimo de lucro ni para ellas ni para sus aportantes. De ahí que, en su sentir, no es posible referirse a predominio económico o de capital ni unidad de propósito y dirección.

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Radicación n.° 99709 Menciona que el fallador incurrió en un error al tomar los aportes en dinero y especie que hizo Pro Sierra «[…] como si se tratara de una empresa aportante para la constitución de otra empresa», además que los asimiló a los aportes societarios mercantiles, con lo que -insiste-, interpretó erróneamente el artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo. Aduce que al no existir una empresa, sino una fundación, no es viable considerar predominio económico o de capital ni relación de dependencia económica, pues estos se dan en aquellas reguladas por el Código de Comercio. Finalmente, sostiene que al no existir unidad, no es posible predicar la solidaridad de Pro Sierra frente a las acreencias laborales adeudadas al demandante.

VII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo, en armonía con el 34, 35, 36 y 69 ibidem; 53 de

la Constitución Política; 633 y 637 del Código Civil y 96, 260 y 261 del Código de Comercio. Señala que el Tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho: PRIMERO: No dio por probado, que la unidad de empresa fue declarada en ausencia de los requisitos fundamentales, y si

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Radicación n.° 99709 estableció, no estándolo, que existe responsabilidad solidaria entre las Fundaciones, por el hecho de haber declarado la existencia de una unidad de empresa.

SEGUNDO: No tuvo por acreditado, que no existe ninguna participación económica de la Fundación Pro Sierra de Santa Marta, respecto de la Fundación Bio Sierra.

TERCERO: Se dio por demostrado, sin estarlo que existe predominio económico de la Fundación Pro Sierra de Santa

Marta sobre la Fundación Bio Sierra. Como pruebas indebidamente apreciadas menciona (i) los certificados de existencia y representación legal de las demandadas y, (ii) sus documentos de constitución – estatutos. En la demostración del cargo reitera los mismos argumentos que ya expuso, y añade que el fallador indicó que el director ejecutivo y representante legal de Pro Sierra constituyó a Biosierra y que el patrimonio inicial sería de $43.000.000 aportados por aquella; no obstante, desconoció la naturaleza jurídica de los aportes y los asimiló a «[…] aportes societarios para la creación de las empresas comerciales». Igualmente, asegura que frente al requisito relativo a que ambas empresas deben cumplir con actividades similares, conexas o complementarias, el juzgador «[…]

aterriza a una conclusión forzada, para decir que sus objetivos son similares», con base en lo consignado en los certificados de existencia y representación de las demandadas.

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Radicación n.° 99709 Precisa que si bien Biosierra tiene como objetivo apoyar, coadyuvar y financiar el sostenimiento y cumplimiento de los propósitos de Pro Sierra, a través de prestación de servicios, comercialización de productos y desarrollo de proyectos sociales, económicos y ambientales, «[…] no necesariamente se está desnaturalizando la fundación como tal y transformándola en una empresa comercial, para que encaje en los presupuestos del artículo 194 del C.S.T.».

VIII. RÉPLICA Javier Enrique Abello Rodríguez asegura que si bien las demandadas figuran como fundaciones, lo cierto es que realizan negocios jurídicos vinculantes y lucrativos, independientemente del fin que se le dé a los recursos.

Sostiene que aunque no dividen sus utilidades, sí las recibe, pues realiza negocios o inversiones tendientes a acrecentar su patrimonio, tal como lo estipulan sus estatutos. Afirma que la recurrente considera que una empresa necesariamente conlleva un «ánimo de lucro»; no obstante, el entendido debe ser distinto y «[…] escapar de lo llano», en la medida en que las fundaciones pueden realizar actividades y de ellas recibir recursos, aunque sea para fines altruistas. Para fundamentar su dicho, trascribe apartes de la sentencia CC C-287 de 2012 y del concepto emitido por la

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Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 26 de julio de 2016, radicación 2286. Así mismo, indica que en el acápite denominado «aclaración información de capitales, patrimonio y socios» del certificado de existencia y representación de Pro Sierra se lee que su patrimonio puede estar conformado, entre otros, por «[…] las retribuciones que obtenga por prestación de servicios». Y en las facultades y limitaciones del representante legal está la de, […] autorizar los actos y contratos que tiendan a enajenar o gravar los bienes muebles e inmuebles de la Fundación, e indicar el destino que se dará al producto de tales negociaciones. Los recursos provenientes de la enajenación de estos bienes ingresarám a un fondo de inversión, con el fin de adquirir nuevos activos. En ese orden, destaca que las demandadas fueron creadas para realizar negocios jurídicos y prestar servicios tendientes a producir recursos independientemente del destino que se les dé; luego, existe una explotación económica concertada entre ellas. Manifiesta que, pese a que las empresas se regulan por la legislación comercial y las fundaciones por la civil, respecto de las segundas, se puede declarar «[…] unidad de propósito y dirección» de conformidad con el inciso 2º del artículo 28 de la Ley 222 de 1995. Reseña que, […] todos y cada uno de los objetivos de la FUNDACIÓN BIOSIERRA han sido señalados desde su constitución por su

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fundadora la FUNDACIÓN PRO-SIERRA NEVADA DE SANTA

MARTA, a fin de lograr la realización del objeto de esta última. Entendamos, pues, que en este gran marco la FUNDACIÓN PRO-SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA está actuando como matriz y que la FUNDACIÓN BIOSIERRA queda realmente subordinada intelectual y materialmente […]. Por otra parte, menciona que de la revisión del acta de su constitución se advierte el predominio de capital, en la medida que Pro Sierra es su aportante número uno, aunado a que esta socorrió a aquella al pagarle el salario al demandante «[…] en tiempos de crisis económica». Sostiene que las convocadas comparten dirección física, pues aunque en el certificado de existencia y representación aparecen direcciones diferentes, es porque sus sedes están en una construcción ubicada en el centro de Santa Marta con dos salidas distintas «[…] cuyo interior comparten sin distinción alguna». Además que su correo electrónico registrado en la Cámara de Comercio es biosierra@prosierra.org. De ahí, considera que actúan como si fueran distintas, pero en realidad Pro Sierra se sirve de las actividades de Biosierra; luego, no se trata de entidades diferentes, sino del «[…] engranaje necesario para que funcione y se desarrolle el objeto social de ambas». Aduce que el principio de la realidad sobre las formas debe estar por encima de cualquien intención dirigida a desconocer los derechos laborales del trabajador y que estos deben ser respaldados no solo por quien figura como su

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Radicación n.° 99709 empleadora, sino tambien por quien asumió el pago de su salario y emitió las órdenes.

Manifiesta que la Superintendencia de Sociedades ha considerado que las entidades sin ánimo de lucro tienen la facultad de pertenecer a un grupo empresarial, pues pueden (i) visualizarse como una sociedad matriz y, (ii) ser subordinadas de un conjunto o de otra entidad de las mismas características. Refiere que no existe punto de discusión en que las demandadas son fundaciones y no sociedades y que se constituyen como entidades sin ánimo de lucro; no obstante, ello no desconoce que realicen actos de naturaleza mercantil o comercial, pues su diferencia con una sociedad es la destinación de las rentas obtenidas. Es decir, que la denominación sin ánimo de lucro no se predica del patrimonio de la entidad, sino de sus socios, pues lo que se persigue es que no exista distribución de las utilidades, «[…] línea que, en todo caso, franquean las entidades accionadas por cuanto en los estatutos de la FUNDACIÓN BIOSIERRA se deja claro que su fin es destinar el excedente económico del desarrollo de su actividad u objeto social a su fundadora la FUNDACIÓN PRO-SIERRA

NEVADA DE SANTA MARTA».

Afirma que el porcentaje del 50% establecido en el artículo 27 de la Ley 222 de 1995, para que exista subordinación de una empresa respecto de otra es un «[…]

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Radicación n.° 99709 concepto llano para demostrar si hay o no situación de control», pero que esto es propio del derecho comercial. Manifiesta que como la Fundación Biosierra fue creada para acrecentar el patrimonio y desarrollar el fin altruista de Pro Sierra, debe entregar los excedentes de sus

actividades comerciales a esta, máxime si se tiene en cuenta que esta última le aportó los equipos para iniciar la explotación económica y así obtener sus rendimientos. Asegura que a diferencia de lo considerado por el recurrente, sí existe solidaridad en el pago de las condenas declaradas, porque Pro Sierra se sirve de ella para ejercer las labores tendientes a desarrollar su objeto. Finalmente, indica: […] teniendo en cuenta que el hoy recurrente es abogado de las demandadas, cómo podemos interpretar el hecho de que interponga el recurso de casación como apoderado de la FUNDACIÓN PRO SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA y no lo interponga también a favor de la FUNDACIÓN BIOSIERRA? Será posible que la respuesta al interrogante que se plantea tenga su sustento en que la FUNDACIÓN BIOSIERRA haya presentado estados de cuenta críticos, con lo que los derechos reconocidos a favor del actor y en contra de la FUNDACIÓN BIOSIERRA quedarían enmarcados en una sentencia imposible de ejecutar y que, por el contrario, la FUNDACIÓN PRO-SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA cuenta con todo el factor económico para respaldar el pago de las condenas a que hubo lugar [...] ver certificado de existencia y representación de la FUNDACIÓN PRO-SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA: activo total: $1.862.437.000, y que ha obtenido $2’712.096.000 en desarrollo de las actividades reportadas con código M7220, que corresponde a “investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades”; razón por la

que es urgente desvincularla de este proceso.

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Radicación n.° 99709 Como se ve, no fue que la FUNDACIÓN PRO-SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA únicamente fraccionara su capital, sino que practicamente empleó una figura de tercerización, para realizar actividades en su beneficio, haciendo uso de un personal que al momento de demandar, como ha sucedido en este caso, encontraría las arcas vacías y un velo jurídico que cubriera la fachada a la que realmente debe acudir en pro de hacer valer los derechos laborales de los trabajadores, como el señor JAVIER ENRIQUE ABELLO RODRÍGUEZ, quien prestó sus servicios de buena fe y ha sido tristemente defraudado por una maniobra desarrollada por estas fundaciones que, supuestamente, tienen un fin altruísta en beneficio de la Sierra Nevada de Santa Marta.

IX. CONSIDERACIONES La Sala encuentra que la recurrente discute desde el punto de vista jurídico, (i) el entendimiento que el Tribunal le dio al artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo y,

(ii) desde lo fáctico, que de las pruebas anunciadas, no es viable considerar que existe unidad de empresa y, por tal razón, no hay lugar a condenarla solidariamente al pago de las condenas decretadas a favor del demandante. Para resolver estos planteamientos, esta Corporación analizará las siguientes cuestiones: (i) la figura en discusión, (ii) viabilidad de aplicar el artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo a las fundaciones y, iii) análisis de las pruebas denunciadas.

1. SOBRE LA UNIDAD DE EMPRESA Al respecto, debe decirse que esta figura se encuentra prevista en el mencionado artículo, que en sus numerales

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Radicación n.° 99709 1º y 2º, de la modificación introducida por el 32 de la Ley 50 de 1990, señala:

ARTÍCULO 194. DEFINICIÓN DE EMPRESAS.

1. Se entiende como una sola empresa, toda unidad de explotación económica o las varias unidades dependientes económicamente de una misma persona natural o jurídica, que correspondan a actividades similares, conexas o complementarias y que tengan trabajadores a su servicio.

2. En el caso de las personas jurídicas existirá unidad de empresa entre la principal y las filiales o subsidiarias en que aquella predomine económicamente, cuando, además, todas cumplan actividades similares, conexas o complementarias; pero los salarios y prestaciones extralegales que rijan en la principal al momento de declarase la unidad de empresa solamente se aplicarán en las filiales o subsidiarias cuando así lo estipule la respectiva convención colectiva de trabajo, o cuando la filial o subsidiaria esté localizada en una zona de condiciones económicas similares a las de la principal, a juicio del Ministerio o del juez del trabajo.

Así las cosas, para demostrar la existencia de la unidad de empresa, es necesario acreditar que concurren dos elementos a saber: (i) el predominio económico sobre las subsidiadas o filiales y, (ii) la concurrencia de actividades similares, conexas o complementarias entre sí. Esta es propia del derecho del trabajo y tiene como fin impedir el deterioro de la situación laboral,