CSJ - SL1436-2024

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Magistrado ponente SL1436-2024 Radicación n.° 96533 Acta 20 Bogotá D.C., once (11) de junio de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JOHN ALEXANDER BRAND PATIÑO contra la sentencia proferida el 23 de mayo de 2022 por la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso que le sigue a POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. (POSITIVA S.A.), al que fueron vinculados MANPOWER PROFESSIONAL LTDA. y MANPOWER DE COLOMBIA LTDA. como litisconsortes necesarios.

I. ANTECEDENTES Accionó el demandante contra Positiva S.A., para que se declarara: la ineficacia de la terminación de su contrato de conformidad con el numeral 1° del artículo 11 de la Ley 1010 de 2006, en consecuencia, que se reintegrara al cargo

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Radicación n.° 96533 que ocupaba o a uno de idéntica o mejor condición sin solución de continuidad, junto al pago de salarios y prestaciones sociales dejados de recibir desde el 3 de noviembre de 2013, con sus respectivos incrementos, y los aportes a la seguridad social y, subsidiariamente, que Positiva S.A. también fue su verdadero empleador en el tiempo que fue enviado en misión a dicha sociedad entre el 3 de noviembre de 2009 y 31 de octubre de 2012, y que las

labores durante tal periodo en realidad correspondieron a las del cargo asistente administrativo grado II, por lo tanto, solicitó la nivelación salarial y las diferencias por sueldo y las cotizaciones al Sistema General de Pensiones, así como las prestaciones sociales como trabajador oficial o su reliquidación, si ya se hubieren pagado. También pidió que se dijera que el contrato suscrito el 1º de noviembre de 2012 con Positiva S.A., se extendió hasta el 3 de noviembre de 2013 y que terminó sin justa causa por extensión del plazo presuntivo. Reclamó en consecuencia la indemnización por despido injusto, así como la moratoria consagrada en el artículo 1 del Decreto 797 de 1949, tanto por el no pago de esta indemnización, como por las diferencias prestacionales y salariales exigidas o, en su defecto, la indexación de las condenas. En sustento de sus pretensiones, manifestó que laboró para Positiva S.A. como trabajador en misión suministrado primero por Manpower Professional Ltda. del 3 de noviembre de 2009 al 30 de noviembre de 2011, y después por Manpower de Colombia Ltda. del 1º de diciembre de 2011 al 31 de octubre de 2012, mediante contratos de

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Radicación n.° 96533 prestación de servicios que dichas entidades suscribieron con la aseguradora. Dijo que el objeto de esos convenios civiles fue la prestación de servicios para atender las necesidades de administración, mantenimiento y venta de productos de la compañía usuaria mediante el envío de trabajadores; que

por esa razón fue suministrado a Positiva S.A. durante 2 años y 363 días bajo la modalidad contractual de obra o labor determinada; que cumplía un horario establecido por aquella, así como las instrucciones que le impartía, y con los elementos que le suministraba. Sostuvo que siempre desempeñó el cargo de auxiliar administrativo Positiva Compañía de Seguros R II, pero, conforme al manual específico de funciones y competencias laborales, en la planta de personal existía un cargo equivalente denominado asistente administrativo grado 2 con una asignación básica superior. Relató que el 1º de noviembre de 2012 suscribió de manera directa un contrato de trabajo con la pasiva, en calidad de trabajador oficial, para desempeñar un cargo distinto al que venía ejecutando, esto es, técnico administrativo grado 3 (técnico de canales); que su último salario fue de $1.760.328; que el 13 de octubre de 2013 le fue comunicada la terminación de su vínculo laboral a partir del 2 de noviembre del mismo año, y que le liquidaron las prestaciones causadas entre el 1º de noviembre de 2012 y el 3 de noviembre de 2013, fecha para

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Radicación n.° 96533 la cual regía un pacto colectivo del que era beneficiario, el cual consagró un plazo presuntivo de doce meses. Narró que antes de su despido formuló queja de acoso ante el comité de convivencia laboral, de lo cual dicho organismo dejó constancia en el acta n. ° 015 del 11 de octubre de 2013; que frente a la misma aquel no realizó

actividad alguna distinta a la lectura, pretermitiendo las obligaciones previstas en las resoluciones 2646 de 2008 y 652 de 2012 del Ministerio del Trabajo. Adujo que la pasiva no adoptó medida alguna para su protección, sino que, por el contrario, tomó acciones en retaliación; bloqueó el correo y los aplicativos desde el 18 de octubre de 2013 hasta su terminación, necesarios para el desarrollo de sus funciones y lo despidió mediante carta suscrita por el presidente de Positiva S.A.; que puso en conocimiento de la empresa el bloqueo y que en respuesta se le indicó entregara el puesto de trabajo; que interpuso acción de tutela, la que fue denegada en dos instancias y; que el 23 de octubre de 2013 al entregar su cargo, dejó constancia de la queja de acoso. Finalmente, alegó que radicó el reclamo administrativo el 10 de octubre de 2014, y que la enjuiciada lo negó el 24 del mismo mes. Mediante auto del 6 de febrero de 2017, el juzgado tuvo por no contestada la demanda por parte de Positiva S.A., y se dispuso la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Asimismo, mediante proveído

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Radicación n.° 96533 del 10 de octubre de la misma anualidad, ordenó integrar el contradictorio con Manpower de Colombia Ltda. y Manpower Professional Ltda., en calidad de litisconsortes necesarios, las cuales, en escritos separados, se resistieron a las pretensiones. En cuanto a los hechos, la primera de ellas admitió

que vinculó al demandante mediante contrato de trabajo por duración de la obra o labor, y que en su calidad de empresa de servicios temporales, lo suministró a Positiva S.A. en los períodos identificados por aquel. Aceptó también el valor del salario mencionado en la demanda. Sobre los demás enunciados fácticos dijo que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa alegó que el vínculo finalizó por la renuncia irrevocable del trabajador. También afirmó que en el contrato no se especificó el cargo a desempeñar en la empresa usuaria, pues tan solo se refirió en la descripción de la obra «ejecutar las funciones inherentes a su cargo…»; que solo le constaban los hechos durante el periodo en que fue su trabajador. Propuso las excepciones de buena fe, pago, temeridad, mala fe, hecho de un tercero, inexistencia de la obligación y prescripción. A su turno, Manpower Professional Ltda. aceptó la relación laboral en virtud de un contrato de obra y los extremos temporales. Dijo que no le constaban los demás, o que no eran ciertos. Desmintió ser una empresa de servicios temporales, pues realmente era una prestadora de servicios, con el objeto contractual de prestar apoyo en diversas

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Radicación n.° 96533 necesidades en áreas comerciales. Formuló idénticas excepciones que Manpower de Colombia Ltda.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo del 14 de mayo de 2019 resolvió:

PRIMERO: DECLARAR que entre el señor JHON ALEXANDER BRAND PATIÑO, con C.C. No. […] y POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., existió una relación laboral sin solución de continuidad entre el 03/11/2009 y el 31/10/2012, en la que las sociedades MANPOWER PROFESSIONAL LTDA. y MANPOWER DE COLOMBIA LTDA., fungieron como simples intermediarias, y en consecuencia SE DECLARA que entre el demandante y la entidad accionada POSITIVA CÍA (sic) DE SEGUROS S.A., existió un solo vínculo laboral en la fechas antes indicadas, el cual se prorrogó del 1 de noviembre de 2012 «hasta el día 31 de octubre de 2013». (subrayado de esta

Sala).

SEGUNDO: CONDENAR de forma solidaria a las demandadas, a pagar al señor BRAND PATIÑO, los siguientes conceptos y valores, así; Diferencia salarial; $10.197.

Prima de Navidad $5.280.984. Prima semestral $880.164. Vacaciones $2.670.491. Cesantías $5.280.984. Intereses a las cesantías $653.718

TERCERO: CONDENAR a las demandadas solidariamente, a pagar el reajuste en los aportes al sistema pensional a favor del demandante, entre el 3 de noviembre de 2009 y el 31 de octubre de 2012, en la AFP PROTECCIÓN S.A., junto con los intereses moratorios que liquide la entidad de seguridad social por el pago extemporáneo respecto del mayor valor de los aportes, de

conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO: Declárense no probadas las excepciones propuestas.

QUINTO: SE ABSUELVE a las demandadas, de las restantes pretensiones impetradas en su contra por el demandante, de acuerdo a lo analizado en el cuerpo de esta providencia.

SEXTO: SE CONDENA en costas a cargo de las demandadas y a favor del demandante, por haber resultado vencida en juicio.

Al efecto, se fijan agencias en derecho en la suma de

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Radicación n.° 96533 $2.700.OOO.

SÉPTIMO: SE ORDENA remitir el expediente a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín para que se surta el grado jurisdiccional de la CONSULTA.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al conocer los recursos de apelación interpuestos por las partes, la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, a través de

sentencia del 23 de mayo de 2022, decidió: PRIMERO: Se MODIFICA la Sentencia de Primera Instancia, de la fecha y procedencia conocidas, que por vía de Apelación se revisa, en el proceso ordinario laboral donde es demandante el señor JOHN ALEXANDER BRAND PATIÑO, siendo demandada POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. y vinculadas como Litisconsorte Necesario por Pasiva MANPOWER PROFESSIONAL LTDA. y MANPOWER DE COLOMBIA LTDA.; REVOCÁNDOSE la condena al pago de $10.197.268 por concepto de reajuste de salarios, así como, el reajuste de aportes al Sistema de Pensiones, desde el 3 de noviembre de

2009 hasta el 30 de octubre de 2012; en su lugar, se ABSUELVE a las codemandadas de estas pretensiones; CONFIRMÁNDOSE la Sentencia de Primera Instancia en lo demás, incluyendo lo relativo a la condena en Costas; conforme a lo indicado en la parte considerativa de esta Sentencia.

SEGUNDO: No se condena en Costas en esta Segunda Instancia, según lo explicado en la parte motiva. […] En lo que al recurso de casación importa, recordó que en materia laboral prevalece la realidad sobre las formas, y que a la luz del artículo 24 del CST y las sentencias CSJ SL859-2021 y SL1702-2021, una vez acreditada la prestación personal del servicio, se traslada la carga de la prueba al demandado de demostrar que el vínculo no fue subordinado.

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Radicación n.° 96533 Enseguida, con base en los preceptos 45 y 47 ibidem, y en las providencias CSJ SL4936-2021, SL2600-2018 y SL2176-2017, explicó que en los contratos de trabajo por duración de la obra esta debe determinarse y delimitarse con claridad y especificidad, o que indiscutiblemente su carácter temporal se desprenda de la naturaleza de la labor, pues de lo contrario, se entenderá de manera residual que su término es indefinido. Recordó el concepto de empresa de servicios temporales y los términos para el suministro de personal contenidos en los artículos 71 y 77 de la Ley 50 de 1990, respectivamente, y las consecuencias que se derivan de su inobservancia, conforme extensamente se ha explicado por

la jurisprudencia de esta Sala, para cuyos efectos asistió a los precedentes CSJ SL2043-2021, SL4162-2021, SL45382021, SL4330-2020, SL467-2019 y SL1228-2018. A continuación se adentró en las pruebas, y advirtió la acreditación de los contratos civiles n.° 000851, 000471 y 000900 celebrados entre Positiva S.A., Manpower Professional Ltda. y Manpower de Colombia Ltda., (f.° 29 a 40) y que estos, a su vez, vincularon respectivamente al demandante para que laborara en favor de la aseguradora «por duración de la obra o labor contratada», del 3 de noviembre de 2009 al 30 de noviembre de 2011 con la primera (f.° 461 a 463), y del 1º de diciembre de 2011 al 31 de octubre de 2012, con la segunda (f.° 400, 401 y 403). De la prueba testimonial dedujo que, en la ejecución de dichos contratos, el actor cumplió de forma permanente

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Radicación n.° 96533 las funciones en las instalaciones de Positiva S.A., quien le suministró los implementos y equipos necesarios, cumplió horarios fijados y estuvo bajo subordinación y directrices de la gerente regional, mientras que la intervención «de las codemandadas del Grupo Manpower» se limitó a la suscripción formal del contrato, administración de nómina y liquidación, sin ejercer subordinación ni autonomía técnica y administrativa. Destacó que se desbordó el plazo máximo de un año

como duración de este tipo de contratos, omitiéndose la prohibición de celebrar uno nuevo con la misma o con diferente empresa de servicios temporales, conforme a lo consagrado en el artículo 77 de la Ley 50 de 1990, y el parágrafo del artículo 6 del Decreto 4369 de 2006, razón por la cual concluyó que la usuaria se convirtió en la verdadera empleadora, y las de servicios temporales pasaron a ser unas simples intermediarias que responden de manera solidaria. Advirtió que si bien el contrato celebrado a través de Manpower de Colombia Ltda. duró once meses, y no trece como lo indicó el a quo, ello no desvirtuaba que las codemandadas sobrepasaron el término máximo permitido para este tipo de contratos. Además, en nada incidía la categoría de outsourcing que Manpower Professional Ltda. adujo ostentar, habida cuenta de que ambas compañías conformaban un mismo grupo empresarial, sumado a que no hubo solución de continuidad entre las vinculaciones del demandante a cada una de ellas, por lo que dedujo que el cambio fue meramente formal, en la medida en que aquel

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Radicación n.° 96533 continuó prestando el mismo servicio, a igual empleador y la función desempeñada correspondía al giro ordinario y permanente del objeto social de la empresa usuaria. A continuación, expresó que no había lugar a asumir el estudio de la pretensión de reintegro derivada del acoso laboral denunciado por el actor, ni a emitir pronunciamiento al respecto, toda vez que carecía de competencia para ello conforme al artículo 12 de la Ley

1010 de 2006. Lo anterior, como quiera que el demandante tenía la calidad de servidor público en la modalidad de trabajador oficial, y por lo tanto, el conocimiento es asignado por la ley al Ministerio Público, y de hecho, aquel lo puso en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, tal como lo dijo en su interrogatorio de parte, y como se consignó en el acta n.° 0147-2014 del comité de convivencia de Positiva S.A., fechado el 24 de febrero de 2014. Por otro lado, observó que como en los contratos que celebró el accionante con las referidas intermediarias no se determinó con claridad la supuesta obra o labor para la que fue vinculado, debía entenderse que eran de duración indefinida. De igual naturaleza fue el que suscribió con Positiva S.A. Frente a ello, destacó que según el artículo 40 del Decreto 2127 de 1945, el contrato celebrado por término indefinido se entiende pactado por el plazo presuntivo de 6 meses. En esa medida, como quiera que la vinculación inició el 3 de noviembre de 2009, entonces a la finalización

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Radicación n.° 96533 de los primeros 6 meses se fue renovando sucesivamente por el mismo lapso, de modo que el plazo presuntivo expiraba el 2 de noviembre de 2013. A partir de lo expuesto concluyó que en esta fecha el contrato no terminó por despido, sino por una causal legal contemplada en el literal a) del precepto 47 ibidem, esto es, la expiración del plazo

presuntivo. Revocó la equiparación salarial ordenada por el juzgado, pues consideró que no estaban demostradas las condiciones exigidas por la ley y la jurisprudencia para que fuera procedente, luego de analizar los testimonios, el manual específico de funciones y competencias laborales para los cargos de trabajador oficial de Positiva Compañía de Seguros S.A., y la Resolución n.º 923 del 16 de julio de 2012. Para arribar a esa decisión manifestó que si bien los testigos afirmaron que algunas de las funciones desarrolladas por el demandante tenían similitud con las asignadas al cargo de asistente administrativo grado 2, ello no demostraba que cumpliera exactamente las mismas, como por ejemplo, las de conocer, cumplir y participar en actividades de sistemas integrales de gestión, o la de participar en el proceso de identificación, medición y control de riesgos operativos, respecto de las cuales nada dijeron los declarantes. Por último, respaldó la absolución del juez primario por la indemnización moratoria, en tanto advirtió que esta no se genera de manera automática, sino que debe

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Radicación n.° 96533 analizarse la conducta del empleador, y solo por la omisión en el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones al momento de finalización de la relación laboral, algo que no ocurrió en el caso estudiado, toda vez que Positiva S.A. liquidó al demandante su contrato de trabajo. Precisó que si bien el a quo condenó por concepto de diferencias de salarios por la pretensión de nivelación, la misma fue revocada en virtud de la apelación.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la del a quo, y en lugar de las condenas dispuestas, acceda al reintegro solicitado en los términos del libelo.

En subsidio pide que case la sentencia, y en sede de instancia, […] confirme las condenas del fallo de 1ª instancia por la liquidación deficitaria que se practicó respecto de la vinculación como trabajador en misión que tuvo el demandante desde el 3 de noviembre de 2009 hasta el 31 de octubre de 2012, modifique la sentencia del a quo en cuanto manifestó que hubo un contrato sin solución de continuidad entre el 3 de noviembre de 2009 y el 31 de octubre de 2012 y en su lugar declare que el contrato de trabajo que en calidad de trabajador oficial suscribió el demandante con la sociedad demandada el 1° de noviembre de 2012 y que se extendió hasta el 3 de noviembre de 2013, terminó sin justa causa, como consecuencia de lo cual, se le debe reconocer y pagar también la indemnización por despido sin justa causa y condenar a la entidad demandada a pagar al demandante la sanción moratoria por el no pago

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Radicación n.° 96533 oportuno y completo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a la terminación de la vinculación contractual (cargo tercero). Con tal propósito formula tres cargos, por la causal

primera de casación, replicados por Positiva S.A., Manpower Professional Ltda. y Manpower de Colombia Ltda. Se resuelven en conjunto pues, aunque se proponen por senderos disímiles, se soportan en similares argumentos, y acuden a normatividad concurrente.

VI. CARGO PRIMERO Lo formula así: […] acuso la sentencia, por la vía directa, por la infracción directa del art. 2° (modificado por el art. 2° de la Ley 712 de 2001) del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social

(violación de medio), en concordancia con los arts. 6, 93, 116, 117, 122, 228 de la Constitución Política, con el art. 12 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia), el art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en razón de la aplicación indebida del artículo 12 de la Ley 1010 de 2006 (violación de medio) en concordancia con el art. 10 de la misma ley, violaciones que conllevaron a la infracción directa de las normas sustanciales contenidas artículo 11 de la citada Ley 1010 de 2006. Arguye que el Tribunal confundió las medidas sancionatorias consagradas en el artículo 10 de la Ley 1010 de 2006 con las garantías contra las retaliaciones reguladas en el 11 ibidem, lo que lo llevó a «un error de subsunción» al aplicar el precepto 12 sobre la competencia del juez laboral, en tanto lo que pide es la aplicación de las primeras y no las

segundas. Añade que, en todo caso, tratándose de un trabajador oficial, el juez competente cuando se solicitan esas garantías es el laboral y no otro, al tenor del artículo 2 del CPTSS.

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Radicación n.° 96533 Sostiene que no puede aplicarse la competencia que la ley atribuye al Ministerio Público exclusivamente para aplicar las sanciones (art. 12), haciéndola extensiva también a las garantías, pues en materia de competencias y facultades, la interpretación de las normas es restrictiva, donde estas no son implícitas ni supuestas conforme al precepto 6 de la CP. Cita los proveídos CC A491-2021 y CC A314-2021 para remarcar que los conflictos sobre un contrato de trabajo y las consecuencias de su terminación, son un asunto jurisdiccional, y recuerda que el Ministerio Público no define derechos ni controversias jurídicas, en tanto es un órgano de control.

VII. CARGO SEGUNDO Lo expone de la siguiente forma: […] acuso la sentencia, por la vía indirecta, por aplicación indebida del artículo 12 de la Ley 1010 de 2006 (violación de medio) en concordancia con el art. 10 de la misma ley, de la cual se derivó la infracción directa del art. 2° (modificado por el art. 2° de la Ley 712 de 2001) del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (violación de medio), en concordancia con los arts. 6, 93, 116, 117, 122, 228 de la Constitución

Política, con el art. 12 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia), el art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, violaciones que conllevaron a la infracción directa de las normas sustanciales contenidas artículo 11 de la citada Ley 1010 de 2006. Le enrostra al Tribunal los siguientes yerros fácticos:

1. No dar por demostrado, estándolo, que en la demanda se solicitó la aplicación de las garantías contra actitudes retaliatorias (sic) conforme a lo expresado en la pretensión principal en la que se pidió que “Se declare que carece de todo efecto la terminación del contrato de trabajo, de conformidad con

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Radicación n.° 96533 lo dispuesto por el artículo 11 numeral 1° de la Ley 1010 de 2006”.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que en la demanda se solicitó la aplicación de las sanciones a que se refiere el art. 10 de la Ley 1010 de 2006.

3. No dar por demostrado, estándolo, que el actor sufrió actos constitutivos de acoso laboral.

4. No dar por demostrado, estándolo, que POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. no adoptó medida alguna en protección del trabajador respecto de la queja por acoso laboral que éste formuló.

5. No dar por demostrado, estándolo, que POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. llevó a cabo actitudes retaliatorias (sic) en

contra del demandante.

6. Dar por demostrado, sin estarlo, que el contrato de trabajo que el demandante celebró con POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. en calidad de trabajador oficial tuvo como fecha inicial el 3 de noviembre de 2009.

7. No dar por demostrado, estándolo, que el contrato de trabajo que el demandante celebró con POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. en calidad de trabajador oficial tuvo como fecha inicial el 1° de noviembre de 2012.

8. Dar por demostrado, sin estarlo, que el contrato de trabajo que el demandante celebró con POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. en calidad de trabajador oficial terminó por la expiración del plazo presuntivo.

9. No dar por demostrado, estándolo, que para la fecha de terminación del contrato de trabajo que el demandante celebró con POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. en calidad de trabajador oficial, ya estaba en curso el segundo año de vigencia del contrato.

10. No dar por demostrado, estándolo, que POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. dio por terminado unilateralmente, sin justa causa, el contrato de trabajo que tenía celebrado con el demandante.

Asevera que estos errores los cometió el ad quem por haber apreciado erróneamente los siguientes medios de prueba: - Demanda (corregida conforme dispuso el despacho a quo): Primera Instancia Cuaderno Principal 1 Parte 1 páginas 156 a 173 del expediente digitalizado.

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Radicación n.° 96533 - Contrato de trabajo celebrado por el actor con POSITIVA

COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. Primera Instancia Cuaderno Principal 1 Parte 1 página 76 a 77 del expediente digitalizado. - Carta de terminación del contrato de trabajo de fecha octubre 15 de 2013: Primera Instancia Cuaderno Principal 1 Parte 1 página 78 del expediente digitalizado - Resolución 001933 del 25 de noviembre de 2013 por medio de la cual le fueron liquidadas las prestaciones sociales al demandante: Primera Instancia Cuaderno Principal 1 Parte 1 páginas 79 a 81 del expediente digitalizado. - Contestación de la demanda presentada por POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. Primera Instancia Cuaderno Principal 1 Parte 1 páginas 219 a 240 del expediente digitalizado También afirma que el colegiado dejó de valorar los siguientes: - Comunicación fechada el 24 de octubre de 2014 por medio del cual POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. resolvió negativamente la reclamación realizada: Primera Instancia Cuaderno Principal 1 Parte 1 páginas 135 a 138 del expediente digitalizado. - Acta No 015-2013 del Comité de Convivencia de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. correspondiente a la sesión del día 11 de octubre de 2013: Primera Instancia Cuaderno Principal 1 Parte 1 páginas 83 a 87 del expediente digitalizado. - Correos electrónicos en los que se formula queja por acoso laboral y se da cuenta del bloqueo de correo y aplicativos del demandante: Primera Instancia Cuaderno Principal 1 Parte 1 páginas 90 a 100 del expediente digitalizado.

• Acta de entrega de puesto de trabajo suscrita el 23 de octubre de 2013: Primera Instancia Cuaderno Principal 1 Parte 1 páginas 126 a 129 del expediente digitalizado. - Entrevista de egreso suscrita el 23 de octubre de 2013 en la que se dejó constancia de la queja formulada por acoso laboral: Primera Instancia Cuaderno Principal 1 Parte 1 páginas 130 a 131 del expediente digitalizado.

En la demostración, insiste en que de la simple lectura de la demanda resultaba evidente que no solicitó la aplicación de las sanciones a que alude el artículo 10 de la Ley 1010 de 2006, sino la aplicación de las garantías contra las retaliaciones que se consagran en el 11 ibidem, lo que a

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Radicación n.° 96533 su vez llevó a la incorrecta valoración de la contestación de la pasiva a tal hecho, así como a los enunciados fácticos 12, 14, 17 a 23, y 25, alusivos al asunto relacionado con el acoso laboral, y más exactamente a que instauró una queja antes de la terminación del contrato. Aduce que el colegiado incurrió en un yerro ostensible en cuanto a la fecha de inicio del contrato de trabajo celebrado con Positiva S.A. y, por ende, en cuanto a la fecha de expiración del plazo presuntivo, pues afirmó que el contrato inició el 3 de noviembre de 2009, pese a que en el acuerdo laboral claramente se observa que está fechado el 1º de noviembre de 2012, algo además admitido en la contestación por la pasiva, y que se reafirma en la

liquidación final de las prestaciones, y en la respuesta a la reclamación administrativa. Alega que dicha equivocación le hizo incurrir en el error de no dar por demostrado, estándolo, que su despido fue sin justa causa, en tanto si el contrato de trabajo tuvo como fecha inicial el 1 de noviembre de 2012, entonces para el 3 de noviembre de 2013, cuando fue liquidado, ya estaba en curso el segundo año de vigencia del vínculo contractual, el que se extendía hasta el 31 de octubre o el 1º de noviembre de 2014. Agrega que según se desprende del acta n.° 015-2013 del comité de convivencia de Positiva S.A., no hubo ninguna investigación sobre la queja de acoso, ni se llamó a las partes para escucharlas. Por si fuera poco, el funcionario acusado no fue citado para que diera su versión, y no se

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Radicación n.° 96533 llevó a cabo una reunión entre las partes para buscar un acercamiento o un acuerdo conciliatorio, sino que solo se concluyó con una alusión genérica acerca del clima laboral de la sucursal, pero nada que estuviera en orden a atender su caso concreto. Asegura que de los correos electrónicos y sus respuestas se infiere que Positiva S.A. reconoció que él sí puso de presente la situación, pero aquella no aportó prueba alguna de que atendiera la queja, o que hiciera algo al respecto, sino que se limitó a poner en duda sus afirmaciones. Agrega que si bien en la contestación de la demanda la empleadora adujo no conocer el correo del 18

de octubre de 2013, tampoco lo tachó ni se opuso a que fuera valorado. Advierte que el acta suscrita el 23 de octubre de 2013, y el mencionado correo electrónico, acreditan que el empleador le exigió la entrega de puesto de trabajo con varios días de anticipación, ante lo cual él dejó la constancia de que no lo pudo hacer porque tenía bloqueado el computador. Agrega que ese mismo día también informó que había formulado una queja por acoso laboral. Enseguida, sostiene que aquellos actos fueron puestos inicialmente en conocimiento de la empresa a través del respectivo comité de convivencia, sin embargo, Positiva S.A. se abstuvo de verificar los hechos denunciados y buscar las alternativas para la solución de la situación planteada por el trabajador y, peor aún, lo persiguió en virtud de su denuncia.

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VIII. CARGO TERCERO Por la vía indirecta acusa la sentencia por aplicación indebida de los artículos 40, 47, y 51 del Decreto 2127 de 1945, así como el 1 del Decreto 797 de 1949.

Le atribuye al colegiado los errores de hecho que a continuación se enumeran:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el