CSJ - SL144-2024

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL144-2024 Radicación n.° 81389 Acta 03 Bogotá, D. C., seis (6) de febrero de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por JUAN CARLOS SALAZAR TIQUE contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 9 de febrero de 2018, en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente contra

HALLIBURTON LATIN AMERICA S. R. L. SUCURSAL

COLOMBIA.

I. ANTECEDENTES Juan Carlos Salazar Tique demandó a Halliburton Latín América S. R. L. Sucursal Colombia, con el fin de que se declare que entre ellos «existe» un contrato de trabajo desde el 13 de diciembre de 2010, cuya terminación unilateral por decisión del empleador, materializada el 11

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Radicación n.° 81389 de febrero de 2013, es ineficaz, pues para ese momento se encontraba en estado de «debilidad manifiesta» originada en la Hernia Discal L5 S1 con Radiculopatía L5, sin que para dicho despido hubiera mediado autorización del Ministerio del Trabajo. En consecuencia, solicitó se condenara a la entidad demandada a reintegrarlo al cargo que desempeñaba o a uno de igual o superior categoría, junto con el pago de los salarios y prestaciones sociales (prima de servicios, cesantías e intereses sobre estas); aportes a la seguridad

social, vacaciones, y demás emolumentos dejados de percibir desde el despido hasta que se haga efectiva la reinstalación; así mismo, la indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997; todo a lo que haya lugar en aplicación de las facultades ultra y extra petita, y las costas procesales. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que laboró para la demandada mediante contrato de trabajo a término indefinido para desempeñar el cargo de operador I de filtración, en el municipio de Yopal (Casanare), labor por la que recibió como último salario la suma de $1.740.892. Precisó que la empleadora le dio por terminado el vínculo el 11 de febrero de 2013, sin justa causa y le entregó la liquidación definitiva de las prestaciones sociales. Precisó que durante el ejercicio laboral no fue suspendido ni sancionado por faltas derivadas de un posible incumplimiento de sus obligaciones, pues, por el contrario,

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Radicación n.° 81389 siempre las atendió a cabalidad, bajo los parámetros establecidos por la empresa. Destacó que sufría de una patología denominada «Hernia Discal L5S con Radiculopatía L5 POP Disectormía L5 S1», de la cual conocía la entidad accionada, ya que le presentó las diferentes incapacidades médicas que se le extendieron por esa circunstancia. Explicó que el 14 de noviembre de 2011 ingresó a urgencias de la Clínica Casanare porque presentaba fuertes dolores de cintura, que le generaron una incapacidad de cinco días; que el 8 de

febrero de 2012, en la Clínica Uros S. A. se le diagnosticó «Hernia Discal en las áreas L5 y S1 de su columna vertebral», dolencia por la que le dieron veinte días de incapacidad y le ordenaron terapias; que el 3 de abril del mismo año, el médico tratante le impartió instrucciones consistentes en «no levantar objetos pesados» y «no permanecer durante un tiempo prolongado en una sola posición», ordenando su reubicación laboral. Precisó que tanto las restricciones médicas como el mandato de «recolocación» fueron informadas a la empleadora mediante el correo electrónico del 3 de abril de 2012, dirigido a «un coordinador». Agregó que el 10 de mayo siguiente, le practicaron una cirugía de columna en la Clínica del Country; que después de su recuperación, el 19 de junio de la misma anualidad, le comunicaron que podía reintegrarse a su trabajo, pero con restricciones, pues tenía que evitar permanecer más de

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Radicación n.° 81389 dos horas de pie y abstenerse de levantar peso por encima de 25 kilogramos; y que la pasiva, al evidenciar que no era viable su recuperación en un 100%, decidió darle por terminado el contrato el 11 de febrero de 2013, de forma unilateral y sin justa causa, sin solicitar autorización al Ministerio del Trabajo. Añadió que en mayo de 2013 inició el trámite de calificación de pérdida de capacidad laboral ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila, quien emitió dictamen el 17 de septiembre del mismo año, en el que se le

informó que tenía una PCL de 24,95%, estructurada el 12 de mayo de 2012, de origen profesional. Acotó que la enfermedad surgió con ocasión de las actividades que desarrollaba para la empresa; que cuando ingresó a trabajar se encontraba en perfectas condiciones de salud; y que sus padecimientos le «generan» limitaciones para la realización de actividades de la vida cotidiana. Alegó que para el momento de la presentación de la demanda no se encontraba laborando debido a sus limitaciones, por lo que su familia se vio afectada económicamente; que el 16 de junio de 2014 solicitó información y documentación a la demandada, sin que le entregaran todo lo pedido, por lo que tuvo que presentar una acción de tutela que fue decidida de manera favorable por el Juzgado Dieciocho Penal Municipal con Control de Garantías, en la que se «tutelaron sus derechos». Al dar respuesta a la demanda inicial (f.° 215), la parte

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Radicación n.° 81389 accionada se opuso a las pretensiones; y en cuanto a los hechos, aceptó la suscripción del contrato de trabajo a término indefinido, para desempeñar el cargo de «Svc Operador I Filtración», la terminación del vínculo sin justa causa, la entrega de la liquidación de las prestaciones sociales, y el no haber solicitado autorización al Ministerio para desvincular al demandante. Frente a los demás supuestos fácticos dijo que no eran ciertos, no le constaban o se trataba de «meras apreciaciones subjetivas carentes de respaldo fáctico».

En su defensa adujo que canceló al actor todas las acreencias laborales causadas en vigencia de la relación laboral; y que, si bien el contrato de trabajo terminó sin justa causa, dio cumplimiento a lo previsto en el artículo 64 del CST. Explicó que para la fecha en que se produjo la finalización del vínculo el trabajador no había sido calificado con pérdida de capacidad laboral alguna, por lo que no estaba en la obligación de solicitar permiso al Ministerio del Trabajo, máxime que no conocía de la situación de salud que refleja el dictamen proferido por la Junta de Calificación de Invalidez del Huila con posterioridad a la desvinculación. Que, por tanto, no se cumplían los presupuestos establecidos en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, pues una simple incapacidad no permitía considerar a un trabajador como sujeto de estabilidad laboral reforzada por

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Radicación n.° 81389 razones de salud. Al efecto, propuso las excepciones que denominó inexistencia de las obligaciones demandadas y cobro de lo no debido, falta de título y causa en el demandante, enriquecimiento sin justa causa, pago, compensación, prescripción, buena fe, improcedencia del reintegro y la genérica. II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta y Cinco Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 2 de diciembre de 2015, resolvió: PRIMERO: CONDENAR a la demandada HALLIBURTON LATIN AMÉRICA SRL a reintegrar al señor JUAN CARLOS SALAZAR

TIQUE, al cargo del cual fue desvinculado o a otro de igual o superior jerarquía, siempre que sean compatibles con el estado de salud del demandante, sin que, para todos los efectos salariales, prestacionales y de seguridad social, haya existido solución de continuidad en la prestación del servicio.

SEGUNDO: CONDENAR a la empresa HALLIBURTON LATIN AMÉRICA SRL, a reconocer y pagar al señor JUAN CARLOS SALAZAR TIQUE, el salario básico, sus argumentos legales y/o convencional, además de las prestaciones sociales legales, extralegales, convencionales y cualquier monumento de carácter laboral dejados de percibir desde la fecha del despido, esto es, desde el 11 de febrero de 2013 y hasta que se haga efectivo el reintegro.

TERCERO: CONDENAR a HALLIBURTON LATIN AMÉRICA SRL al reconocimiento y pago de $8.022.402 por concepto de la sanción contenida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

CUARTO: CONDENAR en costas a la parte demandada; por tanto, se fija a su cargo la suma de $4.500.0000 como agencias en derecho.

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SEXO: (sic) DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la demandada HALLIBURTON LATIN AMÉRICA SRL.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 9 de febrero de 2018, al resolver el recurso de alzada interpuesto por la demandada, decidió revocar la sentencia del Juzgado y, en

su lugar, absolver a la accionada de todas las pretensiones incoadas en su contra, sin imponer costas en la instancia. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal delimitó el problema jurídico a «verificar si se dio una terminación laboral de un trabajador protegido mediante la estabilidad laboral […] por encontrarse enfermo y con una pérdida de capacidad laboral y, en consecuencia, establecer si procedían los salarios y prestaciones sociales adeudados desde el momento en que finalizó el vínculo laboral, así como el reconocimiento y pago de la sanción prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Frente a la estabilidad laboral reforzada dijo que constituía uno de los principios mínimos fundamentales consagrados en el artículo 53 de la Constitución Política, el cual no era absoluto, pero que adquiría connotación de fundamental tratándose de sujetos de especial protección, dado que el Estado debía resguardar especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o

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Radicación n.° 81389 mental, se encontraran en debilidad manifiesta. Señaló que, según la jurisprudencia de esta Corte, especialmente, la vertida en la sentencia CSJ SL, 29 jun. 2016, rad. 42451, «no es suficiente por sí solo el quebrantamiento de la salud de la trabajadora, o el encontrarse en incapacidad médica, para merecer la especial protección de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, pues debe acreditarse que el asalariado al menos tenga una limitación física, psíquica o sensorial, y con el carácter de

moderada», esto es, que se enmarque dentro de los porcentajes de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 15 %, y que el empleador conozca del estado de salud del trabajador para el momento del despido. Añadió que la sola circunstancia de que el trabajador se encontrara incapacitado no acreditaba la limitación física dentro de los porcentajes mencionados, «requiriéndose una prueba científica como sería el respectivo dictamen o calificación». Agregó que, de acuerdo con la sentencia CSJ SL, 29 jun. 2016, rad. 42451, se requería que el subordinado sufriera de una limitación moderada, que correspondiera a una PCL entre 15 y 25% o más; que, además, el empleador conociera del estado de salud, y que la relación laboral terminara por razón de esa limitación física, sin previa autorización del Ministerio. Al efecto, aludió de manera extensa a la providencia referida de la cual transcribió los siguientes apartes:

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Radicación n.° 81389 También, que el empleador conozca del estado de salud, y que termine la relación laboral por razón de su limitación física, (resalto) y sin previa autorización del Ministerio de la Protección Social, el Tribunal no incurrió en los desaguisados que la censura le enrostra, toda vez que en verdad no desconoció la existencia de las diferentes incapacidades médicas, sino que estimó que el dictamen de la junta de calificación de invalidez, por medio del cual se estructuró la pérdida de la capacidad laboral en un 55.60%, a partir del 8 de agosto del 2004, le fue

notificado a la actora el 28 de junio del 2005, es decir, con posterioridad a la terminación del contrato de trabajo, que lo fue por vencimiento del plazo inicialmente pactado, luego, para ese momento el empleador no tenía conocimiento de la discapacidad de la actora. También es cierto que las incapacidades por sí solas no acreditan que la persona se encuentre en la limitación física y dentro de los porcentajes anteriormente mencionados para efectos de ser cobijada por la protección a la que se refiere el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. La empleadora desconocía de la limitación al momento de la terminación del vínculo contractual por expiración del plazo, en la medida en que para la fecha de terminación de la relación laboral el 30 de noviembre del 2004, la promotora del litigio no había sido calificada como inválida y con limitación física, dado que este estado solo se produjo por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez el 24 de junio del 2005. El estrés laboral que padecía la actora y la solicitud de reubicación laboral que se le formuló al empleador no son suficientes para considerarla como una trabajadora con limitación física, psíquica o sensorial en los grados a que se refiere la norma en cita, máxime que en el sub judice, como lo destacó el mismo juzgador de la apelación, la demandante no fue incapacitada ni se le diagnosticó médicamente discapacidad alguna para el momento de su desvinculación”. Adujo que la Corte Constitucional había dicho que era procedente el reintegro cuando el trabajador estuviera

protegido por fuero laboral reforzado, debido a las limitaciones físicas o psíquicas que padeciera o que estuviera momentáneamente incapacitado o en tratamiento médico, siempre y cuando se probara que el despido había obedecido a esas razones.

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Radicación n.° 81389 Así las cosas, señaló que, en el caso bajo estudio, para el momento de la desvinculación del trabajador «además de no encontrarse incapacitado, tampoco se conocía el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del mismo, dado que no se encontraba calificado, pues el dictamen fue proferido el 17 de septiembre del año 2013, es decir, 7 meses después de haberse producido el despido». Con fundamento en lo dicho, concluyó que no había lugar al reintegro, por no haberse acreditado que el nexo causal por el que fue despedido el actor hubiera sido la enfermedad que padecía, pues ni siquiera esta le daba el carácter de sujeto protegido a través del principio de estabilidad laboral reforzada. Por consiguiente, debía revocar la sentencia proferida por el Juzgado y en su lugar absolver a la demandada de todas las súplicas de la demanda.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que se case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, confirme la del Juzgado y provea en costas como corresponda.

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Radicación n.° 81389 Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, frente a los que se presenta réplica. La acusación se resolverá de manera conjunta, pues a pesar de que están orientados por vías disímiles, se acusan similares disposiciones, su argumentación se complementa y se persigue el mismo fin.

VI. CARGO PRIMERO Imputa por la vía indirecta la aplicación indebida de los artículos 13, 47 y 53 de la Constitución Política; 1 y 55 del Código Sustantivo del Trabajo; 66 del Código Civil; 166 y 167 del Código General del Proceso; 26 de la Ley 361 de 1997; y 1 de la Ley 1618 de 2013.

Se atribuye al sentenciador haber incurrido en los siguientes errores de hecho:

1. No dar por demostrado, estándolo, que, al momento de la terminación del contrato de trabajo, la empresa HALLIBURTON LATIN AMERICA S. R. L. conocía la existencia de las condiciones de salud del trabajador JUAN CARLOS SALAZAR TIQUE que limitaban su capacidad de trabajo, a tal punto que lo reubicó y reasignó funciones durante la vigencia del contrato de trabajo.

2. No dar por demostrado, estándolo, que al momento de la terminación del contrato de trabajo JUAN CARLOS SALAZAR TIQUE, materialmente tenía más del 24% de pérdida de capacidad laboral, como efectivamente lo acreditó la fecha de estructuración en la calificación realizada por la entidad competente Junta Regional de Calificación de invalidez.

3. No dar por demostrado, estándolo, que la terminación del contrato de trabajo efectuado por la empresa HALLIBURTON

LATIN AMERICA S. R. L. no tenía ninguna causa objetiva o

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Radicación n.° 81389 justa, diferente a la limitación de salud que padecía el señor JUAN CARLOS SALAZAR TIQUE, lo que implicó indiscutiblemente un acto de discriminación.

4. No dar por demostrado estándolo, que para la fecha de terminación de la relación laboral el señor JUAN CARLOS SALAZAR TIQUE era un sujeto de especial protección y por lo tanto gozaba de estabilidad laboral reforzada, por lo tanto, la empleadora HALLIBURTON LATIN AMERICA S. R. L. estaba en la obligación de solicitar permiso al Ministerio de Trabajo para dar por terminado su contrato de trabajo.

5. Dar por demostrado sin estarlo que no se acreditó el nexo causal entre el despido y la enfermedad padecida, la cual no le daba la protección de estabilidad laboral reforzada.

Como pruebas indebidamente apreciadas denuncia las siguientes:

1. Confesión surgida en el interrogatorio de parte del representante legal de la compañía HALLIBURTON LATIN AMERICA S. R. L. que se llevó a cabo en la audiencia de práctica de pruebas de fecha 19 de octubre de 2015.

2. Copia de la calificación de origen, pérdida de capacidad laboral y fecha de estructuración emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila de fecha 13 de septiembre de 2013. (fls. 39 a 41).

3. Copia de la Historia Clínica del señor JUAN CARLOS

SALAZAR. (fls.76 a 325).

4. Copia de concepto médico emitido por el médico Oscar Mauricio Sandoval el 8 de febrero de 2012.

5. Copia de incapacidad emitida por la Clínica UROS S. A. al señor Juan Carlos Salazar Tique de 15 de febrero de 2012.

6. Copia de recomendaciones emitidas al señor Juan Carlos Salazar Tique emitida por la Clínica Bello Horizonte al señor Juan Carlos Salazar Tique de 3 de abril de 2012. (fl. 80).

7. Copia del Estudio de la Resonancia Magnética de columna Lumbar realizada por la clínica Media laser el día 30 de enero de 2012.

8. Copia de incapacidad médica emitida por la Unidad Médica Nueva Clínica del Country del 9 de junio de 2012. (fl. 49).

9. Copia del diagnóstico clínico de la Unidad Médica Nueva

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Radicación n.° 81389 Clínica del Country del 11 de mayo de 2012. Como medio de convicción «no apreciados» denuncia la carta de terminación del contrato de trabajo de fecha 11 de febrero de 2013 (f.° 9); el examen médico de ingreso practicado al actor (f.° 326); y el manual de funciones del cargo operador I de filtración de la empresa demandada (f.° 381). Argumenta la censura que las conclusiones fácticas a las que arribó el sentenciador de segundo grado son contrarias a lo que reflejan los medios de convicción obrantes en el expediente, toda vez que de su análisis

integral se evidencia el conocimiento que la empresa empleadora tenía del estado de salud del trabajador para el momento de la terminación, razón por la cual gozaba de la estabilidad laboral reforzada. Añade que el sentenciador se equivocó al considerar que la accionada no conocía el porcentaje de pérdida de capacidad y que no se encontraba incapacitado e incluso, que su última incapacidad fue presentada siete meses antes de la finalización del vínculo laboral. Agrega que el Tribunal se limitó a examinar la fecha de notificación del dictamen de PCL, dejando de lado el análisis integral de la patología diagnosticada, el origen y la data de estructuración, la cual se dio en vigencia de la relación laboral y como consecuencia directa del riesgo ergonómico al que estaba expuesto por la ejecución de su labor como operador I de filtración.

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Radicación n.° 81389 Añade que, de la historia clínica que reposa en el plenario se desprende que las afectaciones a la salud del asalariado databan del año 2011, que aquellas le generaron incapacidades prolongadas de quince y hasta veinte días, las cuales resultaban «imposible desconocer por parte del empleador dada la extensión del tiempo de ausencia del trabajador en sus labores», sumado a que las recomendaciones médicas y la orden de reubicación fue atendida por la empresa. Dice que el representante legal de la compañía empleadora confesó que conocía del estado de salud y de la existencia y cumplimiento de las recomendaciones médicas a favor del actor; sin embargo, el Tribunal consideró que por el solo hecho de no encontrarse incapacitado para el

momento del despido no era sujeto de la protección implorada. También alega que la sentencia desconoce lo señalado en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, según el cual, la terminación de un contrato de trabajo de un subalterno con discapacidad debe contar con la aprobación del inspector de trabajo; que la empresa empleadora admitió que no solicitó permiso a la autoridad administrativa del trabajo, despidiéndolo sin justa causa, circunstancia que no fue valorada, «y en consecuencia, la procedencia de la presunción de discriminación y la obligación de solicitar autorización al Ministerio de Trabajo».

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Radicación n.° 81389 Finaliza con el argumento de que la empresa no demostró una justa causa para despedir al accionante, por lo que operó en su favor la presunción de discriminación, razón que conduce a que su despido sea considerado como ineficaz.

VII. RÉPLICA La entidad opositora señala que el cargo no debe prosperar porque adolece de algunos reparos técnicos, tales como que, la acusación de normas procesales no permite fundamentar la existencia de alguna causal de casación en materia laboral; que se imputa la vulneración de la Ley 1618 de 2013, disposición que entró en vigor después de haber ocurrido la terminación del contrato del actor; y que la calificación de PCL corresponde a un dictamen, medio de convicción no hábil en sede extraordinaria.

Con relación al fondo del asunto, dice que como el concepto técnico de calificación es de casi siete meses después de la terminación del contrato, es evidente que la

entidad empleadora no conocía de la PCL del demandante para el momento del despido, por lo que no puede argüirse que este fue discriminatorio. Alega que la valoración de las pruebas realizada es la que corresponde.

VIII. CARGO SEGUNDO

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Radicación n.° 81389 Acusa por la vía directa la interpretación errónea de los artículos 26 de la Ley 361 de 1997, 66 del Código Civil, y 166 y 167 del Código General del Proceso. Afirma que el sentenciador se equivocó en la consecuencia jurídica que otorgó a la primera disposición denunciada, dado que le confirió «una virtud no contenida en la norma, específicamente en generar un requisito de calificación que no existe». Que se le pidió el cumplimiento de un requisito adicional al que contempla la norma, por lo que se le dio una interpretación errónea, pues exigió una carga que no estaba en cabeza del actor, y que así el Tribunal excedió el contenido del precepto acusado. Añade que al tenor del artículo 26 de la ley 361 de 1997, se requiere indispensablemente demostrar la existencia de una discapacidad, pero en manera alguna la norma establece «un medio de prueba único obligatorio». Por tanto, esta interpretación llevó a que no se le otorgara la consecuencia jurídica frente a la situación de discapacidad que estaba demostrada con la historia clínica y las restricciones y la orden de reubicación del trabajador. Aduce que el error se materializó cuando el juez de la alzada exigió el requisito consistente en que para el

momento del despido «no se encontraba calificado por parte de la entidad competente», pues, itera, de ninguna manera esa particularidad, esto es, la existencia de un dictamen de pérdida de capacidad laboral constituye un presupuesto para la protección de una persona en estado de

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Radicación n.° 81389 discapacidad. Afirma que también se desconoció el precedente jurisprudencial de esta Corte consignado en la sentencia CSJ SL1360-2018, según el cual: (b) … si, en el juicio laboral, el trabajador demuestra su situación de discapacidad, el despido se presume discriminatorio, lo que impone al empleador la carga de demostrar las Justas causas alegadas, so pena de que el acto se declare ineficaz y se ordene el reintegro del trabajador, junto con el pago de los salarios y prestaciones insolutos, y la sanción de 180 días de salario. En consecuencia, asevera, el Tribunal desconoció la presunción a partir de la cual al demandante le corresponde únicamente demostrar su discapacidad, trasladando la carga de la prueba al demandado respecto de la existencia de una justa causa para el despido, máxime que en el presente asunto la terminación del contrato fue injusta, para lo cual la empleadora le reconoció la indemnización correspondiente. Itera que el juez de alzada se abstuvo de analizar la presunción de discriminación del trabajador, a pesar de que está demostrado que el despido fue injustificado, circunstancia que materialmente ni siquiera fue objeto de debate probatorio.

IX. RÉPLICA

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Radicación n.° 81389 La opositora señala que en la proposición jurídica se incluyen normas procesales sin que se haya acudido a la violación medio; y que la censura no comparó la interpretación hecha por el Tribunal con la que en su entender corresponde. En cuanto al fondo de la controversia, afirma que la exégesis dada a la norma acusada es la que corresponde, máxime que la empleadora conoció del estado de salud del actor casi siete meses después de haber operado la terminación del contrato. X.CONSIDERACIONES Sea lo primero advertir que las falencias de orden técnico que la réplica le imputa a la censura, no impiden el análisis de los cargos; pues aunque es cierto que se denuncian normas procedimentales sin referir que su transgresión fue en condición de violación medio, y se denuncia el dictamen médico, siendo una prueba no hábil en sede extraordinaria; ello no desdibuja que en la acusación se atribuya la violación de disposiciones de orden sustantivo ni tampoco que además de la experticia, la censura se haya referido a otros medios de convicción, estos sí calificados, que ya por su apreciación equivocada o su falta de análisis, en criterio del recurrente, influyeron desfavorablemente en el sentido del fallo. Claro lo anterior, hay que recordar que el sentenciador de segundo grado, desde la perspectiva jurídica, consideró,

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Radicación n.° 81389 esencialmente, que para que hubiera lugar a la protección foral incoada, no era suficiente, por sí solo, establecer la

precariedad del estado de salud del trabajador o que aquel se encontrara en incapacidad médica; sino que debía acreditarse que al momento de la ruptura contractual «el asalariado al menos tenga una limitación física, psíquica o sensorial, y con el carácter de moderada», esto es, una PCL igual o superior al 15 %, circunstancia que además debía ser conocida por el empleador, y constituirse en la razón de la ruptura contractual sin que previamente se contara con la autorización del Ministerio de Trabajo. Aseveró que, entonces, para imponer la garantía foral se requería de una «prueba científica como sería el respectivo dictamen o calificación», la cual, en el presente caso, no hallaba pues «además de no encontrarse incapacitado, tampoco se conocía el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del mismo, dado que no se encontraba calificado», en la medida que la experticia en que aquel se apoyaba, se había emitido siete meses después de la finalización del contrato, y que además no había prueba del nexo causal entre el despido y la discapacidad que se pregonaba. Por tanto, no era dable considerar que la razón del despido hubiese sido la enfermedad que aquel padecía. Por su parte, la censura considera que la hermenéutica de la norma acusada es desacertada, pues, en su criterio, no podía exigirse «un requisito de calificación», ya que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 reclama solamente la demostración de una discapacidad, sin que

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para ello consagre la obligación de contar con un medio de prueba exclusivo, esto es, el dictamen de la PCL. También dice que el sentenciador, desde el puro derecho, desconoció el precedente que consagra la interpretación de la referida norma y la presunción a partir de la cual le corresponde al trabajador probar únicamente su discapacidad, y al demandado, a quien se traslada la carga de la prueba, la existencia de una justa causa para el despido; máxime que en el presente asunto la terminación del contrato no se apoyó en alguna justa causa, ya que, al contrario, hubo el pago de una indemnización. Así mismo, desde la perspectiva fáctica, sostiene el censor que el sentenciador se equivocó al considerar que la accionada no conocía el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, dejando de lado el análisis integral de la patología diagnosticada, el origen y la data de estructuración de dicha pérdida, como consecuencia directa del riesgo ergonómico al que estaba expuesto el trabajador por la ejecución de su labor como operador I de filtración. De cara a los planteamientos del recurrente, le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal, desde la perspectiva jurídica, se equivocó al considerar que Salazar Tique no gozaba de estabilidad laboral reforzada, en virtud a que al momento del despido no contaba con una calificación de pérdida de capacidad laboral superior al 15%, que fuera conocida por su empleador.

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Radicación n.° 81389 Y bajo un análisis fáctico, le incumbe a la Corte

establecer si también el juez plural erró al no haber dado por demostrado que el promotor del proceso era sujeto de especial protección, especialmente, al considerar que la accionada no conocía el porcentaje de pérdida de capac