CSJ - SL1445-2024

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL1445-2024 Radicación n.° 98655 Acta 18 Bogotá, D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veinticuatro (2024). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por CELMIRA DE JESÚS GONZÁLEZ ESPINOSA contra la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2022 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por la recurrente contra LABORATORIO LAPROFF S.A.

I. ANTECEDENTES Celmira de Jesús González Espinosa llamó a juicio a Laboratorio Laproff S.A. para que se declare la existencia de un contrato de trabajo, que se ejecutó entre el 1 de septiembre de 2014 y el 3 de agosto de 2017, fecha última en la que renunció por causas imputables al empleador.

Como consecuencia de lo anterior, pretendió la cancelación

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Radicación n.° 98655 de las prestaciones sociales por todo el tiempo de servicios, las que debían liquidarse con un salario de $4.000.000. Igualmente, pidió la indemnización por despido indirecto, las moratorias por omisión en la cancelación de los derechos sociales y la falta de consignación de las cesantías, así como por el incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social, lo que se pruebe ultra y extra petita y las costas del proceso. En respaldo de las súplicas incoadas, relató que fue contratada por la demandada el 1 de septiembre de 2014

para implementar el sistema de inventarios; que por tal labor se le retribuiría por hora trabajada $30.000, con la obligación de que por lo menos debía desempeñar su actividad durante tres días a la semana, como efectivamente lo hizo. Dijo que teniendo en cuenta que el horario resultaba insuficiente para cumplir sus tareas, la jornada se le incrementó a todos los días de la semana de 7:30 a.m. a 1:30 p.m., o en horas de la tarde de 1:00 pm a 4 p.m.; que la remuneración inicial ascendió a la suma mensual de $1.250.000, la que fue aumentada para el año 2016 a la cuantía de $2.000.000; y que para el cabal cumplimiento de las labores asignadas y dada la magnitud de la empresa, se le asignaron recursos y empleados que la apoyaran. Explicó que a partir del 1 de febrero de 2017 suscribió un contrato de trabajo a término indefinido, con una remuneración de $4.000.000 mensuales, pero la empresa

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Radicación n.° 98655 dispuso que dicha asignación se le pagaría de la siguiente manera: $2.000.000 como salario y los restantes $2.000.000 por retribución por prestación de servicios, suma última que era cancelada por cuentas de cobro que pasaba su hijo a título de servicio de transporte, aunque tal valor le era consignado en la cuenta Bancolombia a nombre de ella. Sostuvo que el laboratorio demandado siempre trató de evadir sus responsabilidades laborales y desconocer los efectos y consecuencias del «contrato realidad» que tenía

celebrado con la demandante; que ante el descubrimiento que hizo de las falencias, caos y desorden administrativo que existían en la empresa, la superior jerárquica inició en su contra una serie de actos, recriminaciones, desautorizaciones y críticas constantes, las cuales la obligaron a dar por terminado unilateralmente el 3 de agosto de 2017 la relación laboral por hechos imputables al empleador ante el acoso laboral ejercido. Laboratorio Laproff S.A. al contestar la demanda se opuso a todas las pretensiones. Frente a los supuestos fácticos, aceptó los referidos al vínculo de prestación de servicios que inicialmente la unió con la demandante y que finalizó en diciembre de 2016; al igual admitió la existencia del contrato de trabajo suscrito a partir de febrero de 2017 y que terminó el 3 de agosto de esa misma anualidad; sobre los demás dijo que no eran ciertos.

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Radicación n.° 98655 En su defensa, en síntesis, negó la existencia de una relación de trabajo en los extremos temporales señalados por la actora, en razón a que en un comienzo fue vinculada para una asesoría externa, por lo que tenía total libertad de horario y gozaba de autonomía en el desempeño de sus actividades y, además, se le cancelaban honorarios. Arguyó que la accionante para esa época celebró múltiples contratos de asesoría con otras empresas en Medellín, Itagüí y el municipio de San Pedro de los Milagros, al punto que tenía autorización abierta en la portería de la empresa

para su ingreso cuando así lo determinara y estuviera disponible, de ahí que mal podía sostenerse que desde el 1 de septiembre de 2014 estuvo vinculada por medio de un acuerdo laboral subordinado. Explicó que, a partir del mes de febrero de 2017, efectivamente fue vinculada mediante un contrato de trabajo a término indefinido. Precisó que si bien la demandante tenía un ingreso mensual de $4.000.000, la distribución y forma como se le cancelaba obedeció a una petición especial que realizó la propia trabajadora, quien manifestó que para efectos de impuestos, en especial de retención en la fuente y debido a los diferentes contratos de prestación de servicios que tenía con otras empresas, el pago se le hiciera de forma fraccionada, esto es, $2.000.000 por nómina como salario y $2.000.000 como prestación de servicios, suma esta que se le debía cancelar a la persona que ella misma designara, que lo era su hijo y a título de servicio de transporte, quien efectivamente pasaba las cuentas de cobro por tal valor, que de todas maneras le era

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Radicación n.° 98655 consignado en la cuenta de Bancolombia a nombre de la promotora del litigio. Finalmente, hizo énfasis en que ese convenió culminó por decisión libre y voluntaria de la accionante. Formuló las excepciones que denominó existencia del contrato de prestación de servicios, inexistencia de la obligación de pago de salarios, indemnización y aportes a la seguridad social, mala fe y temeridad, utilización de información confidencial y de uso exclusivo de la empresa,

tacha por falsedad ideológica, delito de injuria y calumnia.

II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Laboral del Circuito de Envigado, mediante fallo del 28 de septiembre de 2021, resolvió: 1.- Se condena a la parte demandada LABORATORIOS LAPROFF S.A. a cancelar a la señora demandante CELMIRA DE

JESÚS GONZÁLEZ ESPINOZA la suma de:

Cesantías: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL

DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS

($1.222.222,22).

Interés Cesantías: SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS

NOVENTA Y SEIS PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS

($62.696,29).

Prima de Servicios: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES

CENTAVOS ($183.333,33).

Vacaciones: QUINIENTOS ONCE MIL CIENTO ONCE PESOS

CON ONCE CENTAVOS ($511.111,11).

Todo ello teniendo de base el contrato celebrado entre las partes desde el primero (01) de febrero de 2017 y el ocho (08) de agosto

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Radicación n.° 98655 de 2017. A favor de la señora demandante y con un salario por mes de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000).

2. Se ordena cotizar para el riesgo de vejez desde el primero (01) de febrero hasta el ocho (08) de agosto de 2017. A favor de la

señora demandante y con un IBL de DOS MILLONES DE

PESOS ($2.000.000).

3. Las excepciones propuestas quedan implícitamente resueltas.

4. Se absuelve a LABORATORIOS LAPROFF S.A. de las demás pretensiones formuladas en su contra.

5. Las costas son a cargo de la parte demandada y como agencias en derecho se fijan (sic) la suma de UN MILLON

NOVECIENTOS MIL PESOS ($1.900.000).

6. No proceden las tachas interpuestas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de ambas partes, conoció la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante sentencia calendada el 14 de diciembre de 2022, confirmó en su integridad la decisión de primer grado. Se abstuvo de imponer costas en la alzada.

Comenzó por precisar que, vistos los recursos de apelación, los problemas jurídicos a resolver estaban centrados en establecer si la prestación personal del servicio desde septiembre de 2014 comportaba una relación laboral subordinada; de igual forma, determinar los efectos de la remuneración fraccionada a partir del 1 de febrero de 2017 y las consecuencias que ello generaba. Recordó lo previsto por los artículos 23 y 24 del CST y la línea de pensamiento de esta corporación en punto a la

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Radicación n.° 98655 presunción del contrato de trabajo y a las cargas probatorias para desvirtuar una relación subordinada. Sostuvo que la demandada desde un comienzo argumentó que el nexo que unió a las partes antes del mes

de febrero de 2017 era de naturaleza comercial a través de un contrato de prestación de servicios. Sobre el particular indicó que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que el elemento diferenciador de esos vínculos era la subordinación del trabajador respecto del empleador, entendida como la posibilidad que tiene aquel de ejercer control y vigilancia sobre las labores del dependiente, imponiendo órdenes que deben ser cumplidas; en contraste con una relación de naturaleza civil que se caracteriza por la independencia o autonomía que tiene el contratista para ejecutar la actividad convenida, lo que no obsta para que el contratante disponga de ciertas instrucciones y ejerza vigilancia. Manifestó que se trata de una situación que debe analizarse en cada caso concreto «sin que exista una tarifa legal o compendio de conductas que deban demostrarse para derruir la presunción a través de la prueba de la falta de subordinación», pues no todos los eventos objeto de debate presentan un panorama diáfano de subordinación, en tanto hay múltiples formas de prestación de servicios, de ahí que para despejar tales zonas dudosas, era perfectamente procedente acudir a los indicios de laboralidad previstos por la recomendación 198 de la OIT y precisados por la jurisprudencia entre otras, en las sentencia CSJ SL3126SCLAJPT-10 V.00 7 Radicación n.° 98655 2021, que a su vez se remitía a lo dicho por la Corte en la decisión CSJ SL5042-2020.

Luego sostuvo que: […] en tratándose de disciplinas liberales, entre ellas la contabilidad o asuntos financieros, donde predominan las

labores intelectuales, que se encomienda la realización de una labor específica o la consecución de un resultado, en ocasiones conforme a la usanza y prácticas profesionales estas se realizan de forma independiente, permitiendo cierto grado de autonomía para su ejecución, pudiendo el profesional determinar los tiempos, lugares, forma e incluso valiéndose de terceros para lograr el fin contratado. Pese a esta posibilidad de ejercicio liberal o autónomo, tales disciplinas no están exentas de la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, ya que esta opera en “toda relación de trabajo personal” por tanto la carga probatoria de derruir la presunción es del resorte de aquel reputado como empleador a través de probanzas serias y suficientes sin que baste la remisión a elementos formales como la existencia de un contrato de naturaleza civil o comercial, o la simple manifestación de tratarse de una actividad liberar, accidental o ajena al objeto social del accionado, consideración expuesta por la Corte Constitucional en sentencia C 665 de 1998 y reproducida por la Sala de Casación Laboral de la CSJ en sentencia SL 225 de 2020 que indica: […] A continuación, analizó el caso en concreto y tras verificar el material probatorio, concluyó que Laboratorios Laproff S.A. logró derruir la presunción de la existencia de un vínculo laboral a través de la demostración de una relación exenta de subordinación en el periodo que antecedió al 1 de febrero de 2017. Puntualizó que los testigos Víctor Augusto Hernández Cuartas, Lucía Cristina Peñalosa Hoyos, Margarita Henao

Posada y Johnny Alexander Osorio Tobón daban cuenta de que el nexo que unió a las partes con anterioridad al 1 de

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Radicación n.° 98655 febrero de 2017 estaba exento de dependencia y/o subordinación, pues al «unísono refirieron» que la accionante fue vinculada como asesora, tenía libertada para prestar sus servicios, no cumplía horario y se le pagaba por medio de honorarios. Aunado a ello, era la propia demandante quién confesó que tenía «libertad para la prestación del servicio a la empresa en el lapso previo al 01/02/2017». Además, la actora aceptó que para la fecha de vinculación con la demandada tenía asesorías con otras empresas, razón por la cual quedó en libertad para prestar sus servicios, y añadió que: «la empresa a mí no me obligaba, para mí era tan importante ese trabajo que cuando no tenía que ir a “carrocerías” yo me iba desde las 7 am hasta las 3 pm para la empresa»; igualmente, cuando se le interrogó por su vínculo con la empresa «carrocerías» respondió que le prestaba servicios por horas. Destacó que además ella misma aludió que no pagaba seguridad social porque no era rentable, que tenía una afiliación como beneficiaria de su cónyuge, por tanto, propuso que durante el tiempo que durara el contrato de asesoría se le realizara el pago de los honorarios por intermedio de su esposo Nicolás Ramírez. Aclaró que en el mes de diciembre de 2016 se fue de la empresa una semana porque estaba agobiada de tantos problemas e indicó: «ya

terminé, las bodegas ya están listas, yo me voy. Llamé a la Dra. Margarita, le presenté un diagnóstico de lo que habíamos hecho y lo que faltaba». En ese orden, dijo, es la misma demandante la que aceptó que su primera

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Radicación n.° 98655 vinculación no era de naturaleza laboral subordinada, sino de asesoría independiente, la que terminó en diciembre de 2016. También encontró que las documentales allegadas al proceso revelaban que la actora presentaba informes de hallazgos y ofrecía soluciones (f.° 60 a 83 y 187 a 191), que entregaba cuentas de cobro (f.° 126), que el ingreso de la accionante a las instalaciones de la empresa quedaba consignado en una planilla para terceros y visitantes, no de empleados subordinados, registros que reflejaban que no existía un estándar de asistencia ni de los días, pues no había una constante en la hora de ingreso, como tampoco en el tiempo de permanencia, aunado a que en todos los eventos se plasmaba la condición de independiente y como motivo de visita se indicaba «inventario».

Por todo lo anterior concluyó: En suma, desvirtuado el presupuesto de subordinación y por el contrario demostrado el cumplimiento de una tarea con libertad de ejecución, sin sujeción a horario y dirigida por el cumplimiento de un objetivo, mismo que marcó para la actora la finalización del vínculo para Laproff en diciembre de 2016 se concluye que esta relación no fue de naturaleza laboral, conclusión a la que arribó el fallador de instancia y que se

confirma por esta corporación. En seguida, abordó la inconformidad de la demandada alusiva a las condenas impuestas por reliquidación del contrato de trabajo del año 2017. Sobre el particular, indicó que no existía discusión respecto a los extremos temporales de esa relación subordinada, del 1 de febrero al 3 de agosto

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Radicación n.° 98655 de 2017, hecho aceptado por la pasiva desde la contestación de la demanda inaugural; tampoco se discutía que la remuneración era de $4.000.000, fraccionados en $2.000.000 como porción salarial e igual cantidad bajo la denominación de servicios de transporte, así se aceptó en la contestación a la demanda, explicando que esto obedeció a que: […] basada en la buena fe y confianza que regulaba la relación con la señora Celmira González Espinosa, laboratorios Laproff aceptó las condiciones que la señora González impuso al laboratorio con el objetivo de que asumiera el cargo de jeje de Almacenes, entre ellas pagar como salario $2000.000 y $2 000.000 adicionales por concepto de servicios de transporte consignados a su cuenta de ahorro personal, pero soportada con factura que ella misma firmaba a nombre de su supuesto

hijo NICOLÁS DE JESÚS JARAMILLO LÓPEZ […].

El colegiado infirió que los argumentos planteados en el recurso de apelación de la demandada para solicitar la revocatoria de las condenas por reajuste de prestaciones, eran insuficientes para rebatir la conclusión del fallador de

primera instancia, toda vez que la empresa de forma abierta reconoce que una porción del salario se le pagaba a la accionante por cuentas de cobro de su hijo, sin que pueda aducirse que la accionada se vio compelida o engañada por la trabajadora, en tanto el contrato de trabajo no comporta un acto de sometimiento para el empleador. Aseveró que eran imprósperos los reclamos de la pasiva, por tanto, era procedente confirmar de forma integral las condenas impuestas por el a quo, sin que fuera del caso entrar a revisar sus montos, ya que las partes no presentaron inconformidad en este puntual aspecto.

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Radicación n.° 98655 A continuación, in extenso, se ocupó del tema referido al despido indirecto alegado por la demandante, para con ello arribar a la conclusión que la terminación del contrato fue una decisión unilateral de la trabajadora, sin que probara que esa determinación fue provocada por el empleador, de ahí que era impróspera la súplica de condena por indemnización por despido indirecto. Por último, se adentró en el estudio de si eran procedentes las condenas de la sanción por la no consignación de las cesantías conforme lo establece el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la indemnización moratoria por falta de pago de las acreencias laborales a la terminación del vínculo laboral como lo prevé el artículo 65 del CST, sobre las que explicó que no son de aplicación automática, por cuanto se hallan mediadas por la demostración de un obrar de mala fe de la empresa. En relación con la primera, esto es, la sanción prevista

por el citado artículo 99 de la Ley 50 de 1990, señaló que no había lugar a ella, en tanto la norma castiga la omisión en la consignación de las cesantías, que se liquida anualmente al 31 de diciembre y cuyo depósito se debe realizar a más tardar el 15 de febrero del año siguiente, condición esta que no se satisfizo en este caso, en tanto la relación laboral inició el 1 de febrero de 2017 y culminó en agosto del mismo año con el pago directo a la trabajadora de este emolumento, sin que fuera menester su depósito en un fondo, por ello la citada sanción no estaba llamada a la prosperidad.

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Radicación n.° 98655 De otra parte, en cuanto a la indemnización por falta de pago de las acreencias laborales contempladas por el artículo 65 del CST, consideró que resultaba necesario «detenerse en los contornos propios de este evento», donde la condena no corresponde a una evasión total de las obligaciones laborales, sino a un reajuste, al desconocer una porción salarial, situación de la cual la pasiva no logró excusarse a fin de exonerarse de la condena por este concepto. No obstante, arguyó que el pago a través de un tercero fue solicitado por la propia demandante, quien desde la vinculación en el año 2014 refirió que como independiente no realizaría los aportes a la seguridad social, pues ello afectaba su ingreso; por tanto, sugirió que los pagos se hicieran por conducto de su esposo, lo que también se produjo con la vinculación laboral subordinada iniciada en febrero de 2017, pues si bien la porción de $2.000.000

ingresaba a la cuenta bancaria de la actora, la misma era legalizada con unas cuentas de cobro que elaboraba a nombre de su hijo. Especificó que tal situación, referente a la forma de pago de la asignación, según la testigo Margarita Henao, fue solicitada por la accionante, quien propuso que su vínculo como jefe de almacén fuera por honorarios, lo que denota una vez más el interés de la trabajadora de reducir los descuentos o aportes a la seguridad social en la relación que la ató con la demandada.

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Radicación n.° 98655 Estimó que la evasión de una porción salarial trae efectos adversos y favorables a la actora; por una parte redujo su ingreso base de cotización para el sistema pensional y liquidación de prestaciones sociales, condición que ya se remedió con la respectiva condena impartida por el juez de primer grado, pero a la vez cumplía el mismo propósito que señaló en el año 2014, cuál era obtener un ingreso neto superior, pues de esta forma los descuentos para el sistema pensional eran inferiores y su retribución mayor. Coligió que existió un obrar incorrecto del empleador, pero no resultaba claro que este respondiera a un actuar de mala fe que se sanciona con la imposición de la correspondiente indemnización y menos aparecía que estuvo movido por el propósito de defraudar a la trabajadora; por el contrario, se evidenciaba un acuerdo entre las partes a efectos de favorecerla, por lo cual lo correcto era absolver a la entidad de la moratoria prevista por el artículo 65 del CST.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por esta corporación, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case parcialmente la decisión recurrida, para que una vez constituida en sede de

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Radicación n.° 98655 instancia, se sirva «revocar la absolución respecto a la indemnización moratoria prevista por el artículo 65 del C.S del T, modificado por el artículo 29 de la ley 789 de 2002 y en su lugar acceder a ella». Con tal propósito formula dos cargos que son replicados por la demandada, los cuáles al estar dirigidos por la vía directa, acusar similar normatividad, perseguir igual cometido se estudiarán de manera conjunta.

VI. CARGO PRIMERO Asegura que la sentencia recurrida es violatoria por la senda directa, en la modalidad de: […]interpretación errónea de los artículos 9, 13, 14, 21, 65 modificado por el artículo 29 de la ley 789 de 2002, 127 modificado por el artículo 4 de la ley 50 de 1990, artículo 128 modificado por el artículo 15 de la ley 50 de 1990, 136, 142, 186, 192, 249, 306, del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con sus artículos 53 y 228 de la C.N.

En la demostración comienza por reproducir los considerandos de la decisión impugnada que soportan la absolución de la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del CST, modificado por el artículo 29 de la Ley

789 de 2002. Igualmente, reproduce el contenido de los artículos 9, 13 y 14 del CST, para luego expresar que: Estos preceptos se deben interpretar en armonía con el artículo 127 y 128 del C.S del T., modificados en su orden por el artículo 4 y 15 de la Ley 50 de 1990, donde se deduce de manera clara que los pagos que se le efectúan a un trabajador por la prestación de su servicio son salario, de ahí la errónea interpretación que hace el Tribunal al concluir que los pagos que se le efectuaron a la trabajadora en porción de dos millones

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Radicación n.° 98655 de pesos ($2.000.000,oo) que si bien ingresaban a su patrimonio y se legalizaban por parte de la empresa como un pago a un hijo por transporte como honorarios, desquicia la ley el fallador de segunda instancia, por cuanto las partes en virtud de la autonomía de la voluntad no podían excluir un pago que retribuía del servicio y mucho menos desconocer el catálogo de garantías y mínimos laborales, pactos que son ineficaces por tener un objeto y causa ilícita al ir en contravía de la legislación laboral. Sostiene que la autonomía de la voluntad no puede ser utilizada de manera abusiva, libre, inconstitucional, ilegal y arbitraria, para suprimir o desnaturalizar el carácter salarial de ciertos conceptos, que por esencia y por sus condiciones reales, tienen esa naturaleza. Que el acuerdo de voluntades que le resta connotación salarial a un pago que en verdad lo es, deviene en insuficiente para desvirtuar su condición remuneratoria directa del servicio, pues esa

determinación no está sujeta al arbitrio de las partes, sino que lo determina la ley y, en consecuencia, las partes se tienen que sujetar a ella. Dice que si un pago cumple las condiciones previstas en la ley para ser salario, seguirá predicándose como tal, a pesar de su denominación, pues, lo cancelado habitualmente que retribuyen directa y realmente el servicio, configura ese elemento del contrato laboral y no pueden dejar de serlo, por acuerdo entre las partes, máxime si ese convenio de voluntades pretende burlar la ley, hacer renunciar al trabajador de lo irrenunciable y defraudar, entre otros, lo cubierto por aportes a la seguridad social. Explica que el Tribunal no podía «despojar de incidencia salarial la porción de pago de dos millones de

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Radicación n.° 98655 pesos ($2.000.000,oo) que de manera habitual, permanente y periódica recibió durante toda la vinculación laboral la accionante», bajo el supuesto de que las partes habían celebrado un pacto restándole incidencia retributiva a los mismos, pues al hacerlo entró en completa contradicción con el artículo 127 del CST. A continuación, expresa: De igual manera el entendimiento que el ad quem debió darle a las normas citadas, es que ese acuerdo de exclusión salarial celebrado por las partes resultaba ser ineficaz, pues con el mismo lo que se pretendió fue restarle incidencia salarial a parte importante de la remuneración recibida; además, el hecho de que se ocultara o encubriera el pago mediante una tercerización tampoco le quita su carácter salarial. El empleador como responsable y pagador del salario no podía

escudarse en un acuerdo a todas luces ineficaz para no pagarle a la trabajadora en debida forma su salario y su incidencia prestacional. Esta maniobra ineficaz le impidió a la recurrente acceder a la reliquidación de sus prestaciones sociales, vacaciones y aportes al sistema de la seguridad social según su remuneración, que tienen el carácter de irrenunciables. Destaca que el juez de alzada se equivocó en la exégesis del artículo 65 del CST, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, al indicar que el empleador obró de manera incorrecta al no pagar el salario completo, pues parte de ese concepto lo recibía la trabajadora por conducto de un hijo; sin embargo, infirió que la empresa no actuó de mala fe, ni movida con la finalidad de defraudar a la demandante, sino por el contrario para favorecerla; además, que:

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Radicación n.° 98655 […] de la hermenéutica del referido precepto no se colige, para objeto de la sanción que el empleador haya tenido la intención de defraudar a la trabajadora o que la “favorezca” desalarizando un pago que es salario, lo que persigue la norma es que el empleador por ningún motivo le pague de manera deficitaria los salarios y prestaciones al trabajador al momento de terminar el contrato de trabajo. Asegura que para exonerarse la demandada de la indemnización moratoria debía acreditar un actuar de buena fe, es decir que su comportamiento estuvo precedido de razones serias, pues, aunque la sanción no es automática, debe haber motivos serios o atendibles de que

su proceder fue correcto. Especifica que la demandada al restarle incidencia salarial a un concepto que efectivamente era salario, en realidad resulta ser una maniobra de mala fe, al dividir el pago de esos dineros para que no se tuviera en cuenta una porción para el cálculo de los derechos laborales de la accionante, es decir, le sufragaba a la trabajadora el salario, pero distorsionando su incidencia prestacional, lo cual a la postre quien se beneficia de esta conducta es el propio empleador, al cancelar cifras menores a la trabajadora por prestaciones y la seguridad social. Manifiesta que el juez plural también erró en la hermenéutica del citado precepto, al indicar que la sanción solo operaba cuando se debe la totalidad de salarios o prestaciones al trabajador, más no cuando se le paga de manera parcial o deficitariamente; dicho juzgador «desquició la norma» por cuanto esta indemnización moratoria se

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Radicación n.° 98655 producía no solo en los casos en que el empleador no realiza el pago completo de salarios y prestaciones, sino también cuando los cubre en parte o en porciones de manera deficitaria o parcial, al no tener en cuenta el salario realmente devengado por el trabajador, como sucedió en este caso. Concluye que el razonamiento del Tribunal desconoce el correcto entendimiento de las normas enlistadas en la proposición jurídica y desacata abiertamente la línea jurisprudencial elaborada por el superior funcional que es la Sala de Casación Laboral. Cita en su apoyo lo dicho por la Corte en sentencia CSJSL 4463-2021.

VII. CARGO SEGUNDO Manifiesta que la sentencia recurrida es violatoria por vía directa, en la modalidad de: […]aplicación indebida de los artículos 9, 13, 14, 21, 65 modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, 127 modificado por el artículo 4 de la ley 50 de 1990, artículo 128 modificado por el artículo 15 de la ley 50 de 1990, 136, 142, 186, 192, 249, 306, del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 53 y 228 de la C.N.

La demostración del ataque es igual a la del cargo que precede, solo que hace énfasis en la aplicación indebida de las disposiciones señaladas en la proposición jurídica, por ello y por economía procesal, la Sala se remite a lo acabado de sintetizar en la primera acusación.

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VIII. LA RÉPLICA Laboratorios Laproff S.A. realiza la oposición de manera conjunta para los dos cargos, señalando que el colegiado no incurrió en los yerros jurídicos enrostrados por la censura, pues la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del CST, modificado por el 29 de la Ley 789 de 2002, no es de imposición inexorable o automática cada vez que se produce una sentencia que reconozca salarios y prestaciones sociales al finalizar el contrato de trabajo, pues para su imposición debe hacerse un análisis desde el desarrollo del contrato y a su finalización, de ahí que si hay

signos de buena fe contractual, regulada en el artículo 55 del CST, es improcedente su imposición, que fue lo que aconteció en el caso bajo