CSJ - SL1448-2024

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL1448-2024 Radicación n.° 79711 Acta 19 Bogotá, D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la DISTRIBUIDORA DE TEXTILES Y CONFECCIONES S.A. -DIDETEXCO contra la sentencia proferida el 19 de julio de 2017 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario laboral que adelanta ÁNGELA PATRICIA HOYOS CASTAÑO contra

la EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. - EPS SURA, SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A. - ARL SURA y la sociedad recurrente.

I. ANTECEDENTES Ángela Patricia Hoyos Castaño inició proceso ordinario laboral con el fin de que se declare que a través de un

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Radicación n.° 79711 contrato de trabajo a término indefinido, prestó sus servicios para la Distribuidora de Textiles y Confecciones S.A. -Didetexco, el cual finalizó el 8 de enero de 2012 sin mediar justa causa; que desde diciembre de 2010 se encuentra en «estado de debilidad manifiesta que le impide realizar su actividad laboral en las mismas condiciones» en que las venía ejecutando; y que la enfermedad lumbar que padece es de origen laboral. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se califique su pérdida de capacidad laboral y que se condene

a la empleadora, y de forma solidaria a los codemandados, a «reintegrarla» al cargo que desempeñaba, junto con el pago de los salarios, prestaciones sociales, vacaciones y aportes al sistema de seguridad social integral; la indemnización prevista en la Ley 361 de 1997; la indexación; y las costas. Peticionó que en el evento en que no proceda el reintegro, se cancele la correspondiente indemnización por despido sin justa causa y la moratoria consagrada en el artículo 65 del CST. En sustento de sus pretensiones manifestó que a través de un contrato de trabajo a término indefinido laboró para la Distribuidora de Textiles y Confecciones S.A. - Didetexco del 13 de julio de 2009 al 8 de enero de 2012, cuando fue despedida sin justa causa; y que se desempeñó como auxiliar operativa de bodega.

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Radicación n.° 79711 Expuso que en marzo de 2010 tuvo un accidente laboral al caerle una caja de aproximadamente cinco kilos en su espalda, incidente que fue reportado a la ARL Sura, pero no se realizó algún tipo de gestión adicional; que en noviembre del mismo año sufrió un «trauma tipo latigazo a raíz de un movimiento brusco ocurrido en un bus de servicio público», por lo cual consultó a la EPS Sura e inició un tratamiento médico; que en el mes siguiente presentó dolor cervical posterior; y que luego, un estudio de rayos X, arrojó anterolistesis mayor de 3mm y pérdida de paralelismo en la

articulación, por lo que comenzó un proceso de rehabilitación. Expresó que en el 2011 fue hospitalizada; que la incapacitaron por 30 días y le ordenaron diferentes terapias; relacionó algunas consultas y procedimientos médicos efectuados entre ese año y febrero de 2013, y dijo que nunca le calificaron el grado de pérdida de capacidad laboral ni su origen; que después de finalizada su última incapacidad retomó sus labores, pese a ello el empleador no adoptó las recomendaciones y restricciones médicas; y que fue despedida sin justa causa el 8 de enero de 2012, sin percibir la correspondiente indemnización. Agregó que la liquidación final de prestaciones sociales se realizó dos meses después, pero le fue retenida y compensada con unos valores adeudados en un fondo de empleados del grupo Éxito, al cual se encontraba afiliada.

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Radicación n.° 79711 Distribuidora de Textiles y Confecciones S.A. al contestar la acción se opuso a las pretensiones, excepto a que se declarara la existencia del nexo de trabajo. En cuanto a los hechos, aceptó la relación laboral regida por un contrato a término indefinido, los extremos temporales, el cargo desempeñado y la afiliación al fondo de empleados. De los demás supuestos fácticos expuso que no eran ciertos o no le constaban. Como argumentos de defensa adujo que el vínculo se desarrolló de forma continua, sin informar de algún tipo de incapacidad; y que para el momento de su finalización a la actora no se le había calificado la pérdida de capacidad laboral, por ende, no gozaba de estabilidad laboral

reforzada. Formuló las excepciones de prescripción, inexistencia de la obligación, pago, compensación, restitución, cumplimiento del derecho y buena fe. Por su parte, EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A. al dar contestación a la demanda, se opuso a las pretensiones dirigidas en su contra y, en cuanto a los hechos, aceptó que la accionante efectuó una consulta en esa entidad por un padecimiento que presentó. De los demás dijo que no le constaban. Como razones de defensa manifestó que la calificación de la pérdida de capacidad laboral le correspondía a la ARL o a la AFP, según el origen, de allí que no tenía

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Radicación n.° 79711 responsabilidad alguna frente a las súplicas de la demanda inicial. Propuso la excepción de petición antes de tiempo. Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A. también se opuso a las súplicas incoadas en su contra. En cuanto a los supuestos fácticos, adujo que no eran ciertos o no le constaban. Arguyó como defensa que, si bien la accionante estuvo afiliada a esa entidad en determinados periodos, nunca fue reportado un infortunio de tipo laboral. Presentó las excepciones de inexistencia de accidente de trabajo, enfermedad de origen común, falta de legitimación en la causa por pasiva y prescripción. II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Laboral del Circuito de Envigado, mediante decisión del 10 de julio de 2015, absolvió a las accionadas de la totalidad de las súplicas; ordenó que se surtiera el

grado jurisdiccional de consulta en el evento en que no fuera recurrida la decisión; y condenó en costas a la parte vencida.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

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Radicación n.° 79711 Apeló la demandante y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, con sentencia del 19 de julio de 2017, resolvió: […] CONFIRMA la decisión que se revisa en apelación en cuanto

absolvió a la EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERIGANA

S.A. EPS SURA y a SEGUROS DE RIESGOS LABORALES

SURAMERICANA S.A. -ARL SURA. Y la REVOCA, así: SE CONDENA a la DISTRIBUIDORA DE TEXTILES Y CONFECCIONES S.A. -DIDETEXCO a reintegrar sin solución de continuidad a la señora ANGELA PATRICIA HOYOS CASTAÑO al cargo que desempeñaba al momento de su despido o a otro de igual categoría, teniendo en cuenta sus condiciones de salud. Y al reconocimiento y pago de: - Todos los salarios y demás derechos laborales causados desde la fecha del despido hasta la fecha del reintegro, debidamente indexados a la fecha de su pago. - La indemnización establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, consistente en ciento ochenta días de salario, equivalente a $4.449.000,οo. - Las costas de la primera instancia. (Negrillas propias del texto). El juez colegiado comenzó por referirse a los artículos 13 y 47 de la Constitución Política, y expresó que en

cumplimiento del mandato previsto en la última disposición se expidió la Ley 361 de 1997. Aludió al artículo 26 de esa normativa, resaltando que a través de sentencia CC C531-2000 se declaró su exequibilidad condicionada, bajo el entendido de que carecía de efecto jurídico la finalización del contrato de trabajo de una persona por razón de su limitación, cuando

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Radicación n.° 79711 no existiera autorización de la oficina del trabajo que constatara la existiera la justa causa. Esgrimió que esa protección se ha extendido a los trabajadores que padecían una afectación de su salud y no podían realizar, en condiciones normales, sus funciones, sin que fuera necesario que «exista una calificación previa que acredite su condición»; y que se presumía que el finiquito contractual fue por razón del estado de salud cuando la terminación era sin justa causa y el empleador conocía de la situación médica, lo anterior en razón a que sería una carga desproporcionada exigirle al trabajador su acreditación, y expresó que lo anterior quedó expuesto en diferentes decisiones de tutela de la Corte Constitucional. Mencionó la providencia CC C824-2011 y dijo que a partir de ese pronunciamiento se fijaron unas reglas para verificar cuando se estaba en presencia de un posible desconocimiento del derecho a la estabilidad laboral de una persona vulnerable por su condición física o psicológica, así: i) que pueda considerarse que está en situación de discapacidad o en estado de debilidad manifiesta; ii) que el

empleador tenga conocimiento de ello; y iii) que el despido se lleve a cabo sin permiso de la oficina del trabajo. Descendió al caso en concreto y expresó que la prueba documental de folios 40, 41, 44 a 143, 183 a 189, 212 a 216 y 273 a 276 daba cuenta de lo siguiente:

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Radicación n.° 79711 i) Que el 13 de julio de 2009, a través de un contrato de trabajo a término indefinido, la accionante se vinculó con la empresa Distribuidora de Textiles y Confecciones S.A.-Didetexco; ii) que el cargo desempeñado era auxiliar operativo bodega; iii) que el 8 de enero de 2012 fue despedida sin justa causa; iv) que en vigencia del nexo de trabajo fue atendida por la EPS Sura el 12 de febrero, 10 y 21 de diciembre de 2010; 15 y 26 de enero, 23 de febrero, 31 de marzo, 18 de abril, 9 de julio, 27 de septiembre y 28 de diciembre de 2011, debido a un cuadro clínico de evolución de dolor cervical posterior, relacionado a un «trauma de tipo latigazo»; v) que en esas consultas se señaló como causa externa una enfermedad general y como diagnóstico principal el denominado «m542 servicalgia confirmado»; vi) que la promotora del proceso fue incapacitada por la EPS mencionada el 24 y 25 de agosto y el 14 de diciembre de 2009; el 25 y el 26 de enero, 15 y 16 de febrero, 9 de abril, del 9 al 15 de junio, del 26 al 28 de

julio, 15 y 16 de septiembre, 1 de octubre, del 17 al 19 de noviembre, 7, 9 y 16 de diciembre de 2010; el 3, 6, 7, 13 y 14 de enero, del 15 de ese mes al 11 de febrero, el 28 de febrero, el 9 de julio, del 28 y el 30 de septiembre, y del 28 al 30 de diciembre de 2011, debido a una enfermedad común. Igualmente, que: vii) el 25 de febrero de 2011 el señor Rodrigo Loaiza Castaño, empleado de Distribuidora de Textiles y Confecciones S.A. - Didetexco, le solicitó al doctor Mauricio Posada Maya, médico en salud ocupacional de

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Radicación n.° 79711 Almacenes Éxito, una cita para la evaluación de la demandante, por cuanto: […] ha tenido varias incapacidades por diferentes motivos, la última la tuvo hace un mes y esta incapacidad le dio para estar hospitalizada y la razón que dio era que tenía problemas de columna y que el médico le sugirió cuidarse mucho de movimientos bruscos y no levantar objetos muy pesados, cuando le dijimos que se retirara de la brigada nos contestó que no que el médico le dijo que ella no tenía problemas para seguir perteneciendo a la brigada. Del mismo modo, viii) que a lo anterior el especialista dio respuesta así: «tiene limitación para trabajos que superen el transporte de 12 Kilogramos igualmente no deberá asistir de colgar las prendas en los rack de sedi vega, no debe hacer uso de motocicletas, en su puesto ella deberá tener

pausas activas, no debe continuar perteneciendo a la brigada de bomberos»; y ix) que de acuerdo al dictamen médico laboral «emitido en este proceso» por la Facultad Nacional de Salud Pública el 23 de septiembre de 2014, la demandante padece fibromialgia, cervicobraquialgia y depresión mayor que le generan una pérdida de capacidad laboral del 41,80% de origen común estructurada el 10 de octubre de 2012. Luego aludió a las declaraciones de Martha Alicia Mora Gil, quien era auxiliar de taller, y Álvaro León Bolívar Muñoz, en su condición de jefe de gestión humana de la accionada; y el ad quem expresó: A juicio de la Sala, en este caso se cumplen los presupuestos señalados por la jurisprudencia constitucional para dar por establecida la vulneración del derecho a la estabilidad laboral de la demandante, pues, además de que la prueba recaudada evidencia que el empleador tuvo conocimiento de los problemas

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Radicación n.° 79711 lumbares padecidos por la mencionada, de sus incapacidades, de su hospitalización y del diagnóstico que emitió el médico de salud ocupacional acerca de la limitación que la trabajadora tenía para desempeñar normalmente sus funciones, la Facultad Nacional de Salud Pública, Laboratorio de Salud Ocupacional, Área de Salud Ocupacional dictaminó en este juicio que la señora padece fibromialgia, cervicobraquialgia y depresión mayor que le generan una pérdida de capacidad laboral del

41,80% y aun así no se obtuvo el permiso de la oficina de trabajo para despedir a la mencionada. Teniendo en cuenta entonces las condiciones de salud de la actora, la situación de desempleo de esta por el despido, la falta de cobertura de los servicios de salud a que la mencionada está expuesta, los cuales requiere para mantener el tratamiento que necesita para aminorar su enfermedad y continuar con los controles médicos que necesita, es indudable que se trata de una persona que se haya en estado de debilidad manifiesta y de evidente vulnerabilidad por ende carece de todo efecto jurídico la terminación del contrato de trabajo de la señora Ángela Patricia Hoyos Castaño. Por lo anterior condenó al reintegro solicitado, junto con el reconocimiento y pago de los salarios y demás derechos laborales causados desde la calenda del despido hasta la fecha en que se materializara la orden, debidamente indexados, y la indemnización establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 consistente en 180 días de salario.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la Distribuidora de Textiles y Confecciones S.A., concedido por el Tribunal y admitido por la Sala, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

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Radicación n.° 79711 Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia de segundo grado, y una vez constituida en sede de instancia, confirme el fallo del a quo. Con tal propósito formula un cargo, que no es replicado, el cual se procede a estudiar a continuación.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia de infringir la ley sustancial, por la

vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida del siguiente elenco normativo: […] artículos 13 y 47 de la Constitución Nacional y artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y, por falta de aplicación de los artículos: 83, 113, 114 y 230 de la Constitución Nacional; artículo 1º de la Ley 361 de 1997; artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el 29 de la Ley 789 de 2002; artículos 66 y 769 del Código Civil, y como violación de medio por falta de aplicación de los artículos: 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 193 del Código General del Proceso. Sostiene que el Tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho: Dar por demostrado, sin estarlo, que la señora ÁNGELA PATRICIA HOYOS CASTAÑO estaba calificada como discapacitada para la fecha en que DISTRIBUIDORA DE TEXTILES Y CONFECCIONES S.A. "DIDETEXCO” finalizó el contrato de trabajo. No dar por demostrado, estándolo, que para la fecha en que

DISTRIBUIDORA DE TEXTILES Y CONFECCIONES S.A

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Radicación n.° 79711 "DIDETEXCO puso fin al contrato de trabajo de la señora ÁNGELA PATRICIA HOYOS CASTAÑO, no tenía calificada la pérdida de capacidad laboral, ni el origen de la enfermedad, ni tampoco había sido estructurada la fecha de la misma. Dar por demostrado, sin estarlo, que la señora ÁNGELA PATRICIA HOYOS CASTAÑO, se encontraba en condición de

debilidad manifiesta" o de "vulnerabilidad" al momento del fenecimiento del contrato de trabajo, sin causa justa, por parte

de DISTRIBUIDORA DE TEXTILES Y CONFECCIONES S.A.

"DIDETEXCO".

No dar por demostrado, estándolo, que la señora ÁNGELA PATRICIA HOYOS CASTAÑO, no estaba en condición de debilidad manifiesta" o de "vulnerabilidad" al momento de la ruptura del contrato de trabajo, sin causa justa, por parte de

DISTRIBUIDORA DE TEXTILES Y CONFECCIONES S.A.

"DIDETEXCO".

Dar por demostrado, sin estarlo, que DISTRIBUIDORA DE TEXTILES Y CONFECCIONES S.A. "DIDETEXCO", conocía la "condición de debilidad manifiesta" o de "vulnerabilidad de la señora ÁNGELA PATRICIA HOYOS CASTAÑO, al momento del despido sin causa justa. No dar por demostrado, estándolo, que DISTRIBUIDORA DE TEXTILES Y CONFECCIONES S.A. "DIDETEXCO", no conocía la condición de debilidad manifiesta" o de "vulnerabilidad" de la señora ÁNGELA PATRICIA HOYOS CASTAÑO, al momento del despido sin causa justa. Dar por demostrado, sin estarlo, que la "condición de debilidad manifiesta" o de "vulnerabilidad" de la señora ANGELA PATRICIA HOYOS CASTAÑO, es objeto de presunción. No dar por demostrado, estándolo, que la "condición de debilidad manifiesta" o de "vulnerabilidad" de la ANGELA PATRICIA HOYOS CASTAÑO no es objeto de presunción.

No dar por demostrado, estándolo, que, asumido que la "condición de debilidad manifiesta" o de "vulnerabilidad" de la señora ÁNGELA PATRICIA HOYOS CASTAÑO, es objeto de presunción, la misma admite prueba en contrario y fue desvirtuada en el proceso por DISTRIBUIDORA DE TEXTILES Y

CONFECCIONES S.A. "DIDETEXCO”.

Dar por demostrado, sin estarlo, que la denominada "condición de debilidad manifiesta" o de "vulnerabilidad" tiene consagración en la legislación colombiana. No dar por demostrado, estándolo, que la denominada "condición de debilidad manifiesta o de "vulnerabilidad" no tiene consagración en la legislación colombiana.

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Radicación n.° 79711 Dar por demostrado, sin estarlo, que la señora ÁNGELA PATRICIA HOYOS CASTAÑO contaba con recomendaciones para laborar, al momento en que DISTRIBUIDORA DE TESTILES Y CONFECCIONES S.A. "DIDETEXCO", finalizó el contrato de trabajo. No dar por demostrado, estándolo, que la señora ANGELA PATRICIA HOYOS CASTAÑO no contaba con recomendaciones para laborar, en la fecha de la ruptura del contrato de trabajo por parte de DISTRIBUIDORA DE TEXTILES Y

CONFECCIONES S.A "DIDETEXCO".

Dar por demostrado, sin estarlo, que para finiquitar el contrato de trabajo de la señora ANGELA PATRICIA HOYOS CASTAÑO, el empleador DISTRIBUIDORA DE TEXTILES Y

CONFECCIONES S.A. "DIDETEXCO", requería permiso previo de la Oficina del Trabajo. No dar por demostrado, estándolo, que DISTRIBUIDORA DE TEXTILES Y CONFECCIONES S.A. "DIDETEXCO", no requería permiso de la Oficina del Trabajo para despedir a la señora ÁNGELA PATRICIA HOYOS CASTAÑO Dar por demostrado, sin estarlo, que la señora ANGELA PATRICIA HOYOS CASTAÑO, tenía derecho a la indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. No dar por demostrado, estándolo, que la señora ANGELA PATRICIA HOYOS CASTAÑO, no tenía derecho a la indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1996. Considera que esos yerros se cometieron por la falta de apreciación de las siguientes probanzas: 1.1. Interrogatorio de parte absuelto por la señora ÁNGELA PATRICIA HOYOS CASTAÑO, minuto 16:28 y siguientes del audio de la audiencia de trámite y juzgamiento del dieciocho (18) de junio de dos mil quince (2015), llevada a cabo en la primera instancia. 1.2. Poder otorgado por la señora ÁNGELA PATRICIA HOYOS CASTAÑO a la abogada DANIELA VÉLEZ URREGO, para demandar, entre otras pretensiones, la calificación del origen de la contingencia padecida y la calificación de pérdida de la capacidad laboral (Folios 2 y 3 del expediente)

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Radicación n.° 79711 Y por la defectuosa valoración de los medios de convicción y piezas procesales que se pasan a relacionar: 2.1. Demanda presentada por la señora ÁNGELA PATRICIA HOYOS CASTAÑO, en cuanto contiene la confesión, por apoderado judicial de que, no se le calificó la enfermedad ni la merma de capacidad laboral, durante la vigencia de la relación laboral, por lo cual incluye dichos pedimentos en el libelo introductor (Folios 4 a 17 del expediente) 2.2. Documento de folios 63, al cual le atribuye el Tribunal el presunto conocimiento, por parte de la empleadora, de los problemas lumbares padecidos por la demandante, de sus incapacidades, hospitalización y "diagnóstico" que, emitió el médico de Salud Ocupacional acerca de la limitación que tenía la trabajadora, para desempeñar normalmente sus funciones. 2.3. Documentos de folios 89; 92 a 93; 98 y 275, expedidos por el Instituto Colombiano del Dolor y, 132 a 133 con origen en Samein. 2.4. Escrito de la apoderada de la demandante por medio del cual subsana requisitos de la demanda e insiste en la pretensión de que se ordene la calificación de merma de capacidad (folios 136 a 140 del expediente) 2.5. Segundo poder otorgado por la señora ÁNGELA PATRICIA HOYOS CASTAÑO a la abogada DANIELA VÉLEZ URREGO, mara demandar, entre otras pretensiones, la calificación de la pérdida de la capacidad laboral (Folios 141 y 142 del

expediente) 2.6. Folios 207, relación de incapacidades presentadas por la sociedad demandada con la respuesta a la demanda, tenidas en cuenta en la sentencia. 2.7. Dictamen pericial de pérdida de capacidad laboral (folios 265 a 267 vuelto) Añade que la alzada también se equivocó en la valoración de la prueba no calificada, consistente en los testimonios de Marta Alicia Mora Gil y Álvaro León Bolívar Muñoz.

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Radicación n.° 79711 En el desarrollo del cargo la censura transcribe un aparte de la decisión de segundo grado, y arguye que el dictamen pericial rendido por el Área de Salud Ocupacional de la Universidad de Antioquia (f.o 265 a 267), fue expedido el 11 de febrero de 2015, y corresponde a la valoración efectuada el 23 de septiembre de 2014 y allí no se incluyó en las «discapacidades y minusvalías» la depresión mayor, pese a que el Tribunal consideró que era una afectación que sufría la accionante. Dice que ese documento da cuenta que el porcentaje de pérdida de capacidad laboral es del 41,8% con fecha de estructuración 10 de octubre de 2012, calenda en la que fue diagnosticada por el Instituto del Dolor con fibromialgía y depresión mayor, y que ulterior al despido, de modo que, a juicio de la recurrente, se equivocó el juez colegiado, quien no advirtió que la «fibromialgia y cervicobraquialgia» fueron patologías «posteriores», de lo cual también da

cuenta la documental de folios «89, 92 a 93, 98, 132 a 133 y 275», Se remite al interrogatorio de parte que rindió la promotora del proceso, y asevera que allí confesó que durante la vigencia de la relación laboral no le fue calificada la pérdida de capacidad laboral, lo que se corrobora en el poder conferido (f.o 2, 3, 141 y 142), como también en la demanda inicial y su posterior subsanación (f.o 4 a 17 y 136 a 140).

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Radicación n.° 79711 Expone que esos medios de convicción muestran que la empresa desconocía de la discapacidad y su calificación y, por tanto, no era viable exigirle que obtuviera un permiso de la oficina de trabajo para el finiquito contractual, como tampoco que este obedeció a la situación de salud de la trabajadora. Considera que los problemas «lumbares», incapacidades y hospitalización fueron eventos temporales, de modo que son insuficientes para inferir un estado de discapacidad o de «debilidad manifiesta», máxime que no quedó demostrado que produjeron de manera «necesaria y categórica una limitación, para desempeñar normalmente las labores que ejecutaba la actora». Alude al documento de folio 63 y dice que allí no consta que el mismo le fue entregado a la accionada, además que proviene de un «tercero» Dr. Mauricio Posada, y no del médico tratante o de salud ocupacional de la empleadora, y que el diagnóstico que aparece se fundamentó en los dichos de la propia demandante,

aunado a que las supuestas limitaciones para el desempeño de determinadas funciones, «no están corroboradas en la foliatura como actividades propias del cargo». Expresa que lo que realmente está acreditado es que la médica tratante el 23 de febrero de 2011 estimó que la accionante no tenía contraindicaciones o restricciones para laborar, pues así lo confesó en el hecho 8.2 de la demanda inicial.

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Radicación n.° 79711 Por otra parte, trae a colación los artículos 13 y 47 de la CP, y esgrime que no son aplicables al asunto, en la medida que consagran obligaciones para el Estado y no respecto de los particulares, además que tampoco es dable que el juez acuda a principios y valores, que no son absolutos, y se abrogue facultades de legislar según su criterio. Considera que la Ley 361 de 1997 no consagró la «condición de debilidad manifiesta» o «vulnerabilidad» como conceptos o criterios de protección que el Tribunal le atribuyó a la demandante; y que si bien en sentencia CC C531-2000 se declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en el sentido de que carece de efectos el despido sin autorización de la Oficina de Trabajo, lo que se debe inferir es que no procede la indemnización de 180 días que inicialmente se contempló en esa norma. Al respecto puntualiza que: Frente a lo que se ha dado en llamar "condición de debilidad manifiesta" o "vulnerabilidad", no está establecida en la legislación vigente ninguna sanción pecuniaria (180 días de

salario), ni el presupuesto de obtener autorización previa de la Oficina del Trabajo para fenecer el contrato; imponer una y otra es un desconocimiento del artículo 230 de la Constitución Nacional. La sanción del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 fue establecida por el legislador en su versión original como una penalidad por la ruptura del contrato de una persona en condición de discapacidad sin el permiso de la Oficina del Trabajo, pero en el entendido que con ella se subsanaba la falta de autorización y por consiguiente, permanecía vigente, incólume, la imposición del despido. Con las modificaciones que realizó la Corte Constitucional, que le quitó validez al despido, resulta lógico entender que la sanción impuesta por el

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Radicación n.° 79711 legislador no tiene razón de ser, pues, surgiría ya no de la ley sino de una imposición judicial, de la creación del juez, apartándose del mandato del artículo 230 del Constitución Política. El soporte de la sanción de 180 días frente a la constitucionalidad condicionada de la norma legislada por la Corte Constitucional, resulta un evidente contrasentido. Alega que ordenar el reintegro junto con el pago de una indemnización, constituye la imposición de una «doble pena», generándose un enriquecimiento sin causa, pues son incompatibles. Estima que las incapacidades de folio 207 no muestran una condición de debilidad o vulnerabilidad, la cual no se puede presumir; y que de los testimonios tampoco se colige la existencia de una discapacidad de la

trabajadora ni el conocimiento de esa situación por parte de la empleadora, como equívocamente se discurrió en la decisión de segundo grado. Finalmente rememora la sentencia CSJ SL19506-2017 y concluye: Es claro, en el caso concreto que, la señora ÁNGELA PATRICIA HOYOS CASTAÑO no estaba calificada como discapacitada al momento del despido y, como es apenas lógico entender, el empleador no conocía dicho evento, circunstancia esta última que no puede derivarse del otorgamiento de incapacidades esporádicas con diferentes diagnósticos, por haber asistido a consultas médicas, ni por haber sido hospitalizada temporalmente, condiciones que no subsistían al momento del rompimiento del contrato de trabajo.

VII. CONSIDERACIONES

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Radicación n.° 79711 Advierte la Sala que pese a que el cargo se dirige por la senda de los hechos, la censura se refiere inapropiadamente a discernimientos propios de la vía jurídica, al cuestionar el alcance de los artículos 13 y 47 de la CP y 26 de la Ley 361 de 1997, en particular: i) si la legislación colombiana consagra «la denominada “condición de debilidad manifiesta” o de “vulnerabilidad”»; ii) si la última disposición referida prevé una presunción relativa a que la finalización sin justa causa de un trabajador en estado de discapacidad, se considera que lo fue por su situación de salud; y iii) si es dable condenar a una indemnización equivalente a 180 días de trabajo, cuando se ordena el reintegro del trabajador.

Tal proceder no es de recibo, en tanto no es dable entremezclar aspectos de cada sendero, de allí que su formulación y sustentación debe ser por separado, tal como se dijo en la sentencia CSJ SL, 25 mar. 2003, rad. 20026, reiterada en la decisión CSJ SL3125-2022. No obstante, resulta viable dejar de lado esas argumentaciones de puro derecho y abordar el estudio de fondo del ataque desde una perspectiva puramente fáctica, toda vez que se esgrime que, en el plenario, según las pruebas a que se refiere en el desarrollo del cargo, no se demostró la afectación de salud de la demandante y, menos aún, que el empleador conocía de ello con antelación al finiquito contractual. Reproche que se fundamenta en que los medios de convicción denunciados acreditan que, para el 8 de enero

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Radicación n.° 79711 de 2012, fecha del despido, no existía ninguna calificación de pérdida de la capacidad laboral que permitiera acreditar el conocimiento la sociedad de esa situación y, por ende, no se podía declarar la ineficacia de la terminación de la relación subordinada como lo hizo el ad quem, si se tiene en cuenta que el dictamen se practicó tiempo después, esto es, en el curso del proceso laboral. Así las cosas, le corresponde a la Sala resolver si conforme a las pruebas acusadas, el Tribunal se equivocó desde el punto de vista fáctico, al considerar que la demandante era titular del fuero de salud, con fundamento en el cual se ordenó su reintegro a la demandada.

Previo a efectuar el estudio correspondiente, cabe destacar que, pese a que el ataque se orientó por la senda indirecta, no son materia de di