CSJ - SL1451-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL1451-2023 Radicación n.° 93394 Acta 21 Bogotá, D. C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por EDNA JULIETH CALDERÓN ROA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 30 de abril de 2021, en el proceso ordinario laboral que instauró contra ACTIVOS SAS.

I. ANTECEDENTES Edna Julieth Calderón Roa demandó a la sociedad Activos SAS, con el fin de que se declare la ineficacia de la terminación unilateral del contrato de trabajo que las unió y, en consecuencia, la existencia sin solución de continuidad de una relación laboral en la modalidad de obra o labor desde el 26 de febrero de 2013 «hasta la fecha»; y que se disponga su reintegro al mismo cargo que desempeñó o a uno de

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Radicación n.° 93394 mejores condiciones. Como corolario, deprecó condenar a la accionada a pagarle las «acreencias laborales» desde el 22 de enero de 2014 hasta la fecha en que se haga efectivo el reintegro; específicamente, salarios, auxilio de cesantías, sanción por su no consignación, intereses sobre el auxilio de cesantía, indemnización prevista en el Decreto 116 de 1976, vacaciones, primas de servicios legales y extralegales, dotación, aportes para pensión y la «indemnización de que

trata el artículo 239-3» del CST, «reparación de perjuicios morales» causados por el despido, indexación de las sumas adeudadas, los derechos ultra y extra petita, y las costas procesales. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que se vinculó laboralmente con la empresa demandada el 26 de febrero de 2013, a través de un contrato escrito del que no se le facilitó copia; que, al día siguiente, en horas de la tarde, la jefe de recursos humanos le comunicó que la labor para la cual había sido contratada había culminado por lo que procedía a su liquidación. Que por escrito solicitó que le informaran los motivos reales del despido, la reintegraran al cargo porque era titular de estabilidad laboral reforzada por su estado de embarazo, así como que le entregaran reproducción del acuerdo y de la historia clínica, sin que para la data de presentación de la demanda se las hubieran dado.

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Radicación n.° 93394 Afirmó que, ante los hechos narrados, acudió a la acción de tutela que se tramitó en el Juzgado Cuarenta y Tres Civil Municipal de Bogotá, despacho que la negó por improcedente; que frente la impugnación que presentó, el Jugado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 16 de agosto de 2013, la revocó y ordenó su reintegro sin solución de continuidad en un término máximo de 48 horas, razón por la cual entró a ocupar el cargo de coordinadora auditora outsourcing nóminas, el mismo que

estaba ejerciendo cuando ingresó a licencia de maternidad, la cual disfrutó del 16 de octubre de 2013 al 21 de enero de

2014. Precisó que el menor nació el 19 de octubre de 2013.

Agregó que se reincorporó a sus labores el 22 de enero de 2014, fecha en la que fue citada por la Gerencia de Recursos Humanos de la empresa para notificarle la terminación del contrato con motivo de la finalización de la labor contratada, circunstancia que le generó grave depresión que afectó su salud física y emocional, así como la estabilidad de su entorno familiar, por cuanto su esposo no contaba con trabajo remunerado. Al dar respuesta a la demanda inaugural (f.° 80), la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó que la demandante presentó una petición, pero que la misma fue contestada oportunamente. También admitió lo relacionado con la acción de tutela y los fallos emitidos, cumpliendo con lo ordenado en segunda instancia; y que la demandante disfrutó de la licencia de maternidad en las fechas señaladas.

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Radicación n.° 93394 Argumentó que el contrato de trabajo no finalizó por la comisión de alguna falta o infracción, sino que fue por terminación de la labor para la cual fue contratada. En su defensa propuso las excepciones previas de indebida representación del demandante e inepta demanda, las cuales fueron declaradas no probadas en audiencia del 1 de noviembre de 2018 (f.º 461); así mismo, impetró las de mérito

que denominó: prescripción, inexistencia de la obligación, cesación de los efectos de la protección impuesta por el juez de tutela, causa legal y objetiva para la terminación del contrato de trabajo de la demandante, pago, compensación, buena fe y la genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta y Tres Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 9 de agosto de 2019, resolvió así: PRIMERO: DECLARAR que el despido del 22 de febrero de 2014 fue discriminatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 241 del CST y que como consecuencia de ello, la relación laboral que une a EDNA JUDITH CALDERÓN ROA y ACTIVOS SAS se encuentra vigente y sin solución de continuidad.

SEGUNDO: CONDENAR a ACTIVOS SAS (sic) a reintegrar a la demandante EDNA JUDITH CALDERÓN ROA a un cargo de Igual o superior categoría a aquél para el que fue contratada dentro de la planta de ACTIVOS SAS.

TERCERO: DECLARAR no probada la excepción de prescripción planteada por la demandada junto con la excepción de Inexistencia de la obligación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: CONDENAR a ACTIVOS SAS a cancelar a la demandante debidamente Indexados, los salarlos y prestaciones

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Radicación n.° 93394 dejadas de percibir desde el 22 de febrero de 2014 y hasta la fecha de su reintegro, así como a cancelar en su favor, los

respectivos aportes a pensión al fondo de pensiones al cual se encuentra afiliada o en el que ésta Indique.

QUINTO: CONDENAR a ACTIVOS SAS a cancelar a la demandante la Indemnización contemplada en el artículo 239 del CST, equivalente a 60 días de salario debidamente indexados a la fecha de pago.

SEXTO: CONDENAR a la demandada ACTIVOS SAS a cancelar a la demandante la sanción por no pago de Intereses a las cesantías correspondiente al periodo comprendido entre el 22 de enero de 2014 y la fecha de reintegro, debidamente Indexada.

SÉPTIMO: ABSOLVER a la demandada de las demás pretensiones Incoadas en su contra por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

OCTAVO: COSTAS de esta Instancia a cargo de la demandada ACTIVOS SAS, como agencias en derecho el despacho señala

SEIS (6) SMLMV.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 30 de abril del 2021 decidió lo siguiente: PRIMERO: REVOCAR (sic) la sentencia de primera instancia, en su lugar DECLARAR que la demandante es beneficiaría del fuero de maternidad que reclama.

SEGUNDO: CONDENAR a la demandada ACTIVOS SAS. a pagar a la demandante EDNA JULIETH CALDERON ROA las siguientes sumas y conceptos causados entre el 23 de enero de 2014 y el 19 de abril de 2014: a) por concepto de salarios insolutos la suma de $5.447.256; b) por concepto de cesantías la suma de

$457.688; c) por concepto de intereses a las cesantías la suma de $13.425; d) por concepto de prima de servicios la suma de $457.688; e) por concepto de la indemnización prevista en el artículo 239 del CST la suma de $3.744.720, sumas de dinero que deberán cancelarse debidamente indexadas de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: CONDENAR a la demandada a pagar al fondo que se encuentre afiliada la demandante y a favor de ésta, los aportes al

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Radicación n.° 93394 Sistema de Seguridad Social en Pensiones causados entre el 23 de enero de 2014 y el 19 de abril de 2014, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: DECLARAR no probada la excepción de prescripción.

QUINTO: COSTAS de primera instancia a cargo de la demandada. Sin costas en esta instancia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal circunscribió el problema jurídico en determinar si al momento del despido, esto es, el 22 de enero de 2014, la demandante estaba protegida por el fuero de estabilidad reforzada por maternidad. Consideró que no había controversia en cuanto a que existió contrato de trabajo que ató a las partes en la modalidad de «obra o labor entre el 26 y el 27 de febrero de 2013»; que la demandante instauró acción de tutela en contra de la sociedad convocada por encontrarse en estado de embarazo a la terminación del vínculo; y que el Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogotá falló a su favor

ordenando el reintegro al cargo que desempeñaba o a uno mejor, sin solución de continuidad, junto con el valor de los salarios y prestaciones causados desde el despido. Que Activos SAS hizo efectivo la reincorporación de la actora mediante acta de fecha 23 de agosto de 2013 al cargo de coordinadora de nómina; que el parto ocurrió el 19 de octubre de 2013, por lo que la trabajadora disfrutó de licencia de maternidad desde el 16 de octubre de 2013 hasta el 21 de enero de 2014; y que la demandada dio por terminado el contrato aduciendo la finalización de la obra o labor

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Radicación n.° 93394 contratada, a partir del día siguiente. Al centrarse en el estudio atinente al fuero de maternidad consideró que el artículo 239 del CST prohibía el despido por motivo de embarazo o lactancia; que se presumía que aquel había ocurrido por esas causas cuando se producía durante la gestación o en los tres meses posteriores al parto, evento en el cual al empleador le correspondía desvirtuar la presunción probando la justa causa legal; «pero si ésta se da en el trimestre siguiente, la carga de la prueba de acreditar que el móvil del despido obedeció a su estado de embarazo o lactancia, le corresponde a la demandante» (CSJ SL5566-2019); y que era necesario que el empleador conociera del embarazo para que operara la presunción. También recordó que la jurisprudencia constitucional ha definido que cuando la finalización del contrato laboral de una mujer gestante o lactante se produce «antes de la

terminación de la obra o labor contratada», sin calificación previa de la justa causa por parte del inspector del trabajo, «se debe aplicar la protección derivada del fuero de maternidad y la lactancia consistente en la ineficacia del despido y el consecuente reintegro, junto con el pago de las erogaciones dejadas de percibir». Añadió que también la Corte ha señalado que si la desvinculación se da luego del vencimiento del contrato «alegando como justa causa la terminación de la obra contratada, el empleador debe acudir previamente ante Ministerio del trabajo, para que determine si subsisten las

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Radicación n.° 93394 causas objetivas que le dieron origen», que en tal caso deberá extenderlo durante el periodo del embarazo y los tres meses posteriores; por el contrario, si éstas no se mantienen, el contrato podrá darse por finalizado, debiendo cancelarse las cotizaciones que garanticen el pago de la licencia de maternidad. Agregó que si el empleador no acude ante la autoridad administrativa procede el reconocimiento de las cotizaciones durante el periodo de gestación y que «sólo habrá lugar a la renovación del contrato, si se demuestran que sus causas no desaparecieron, imponiéndose además ante el incumplimiento de dicha obligación, el pago de la sanción correspondiente a 60 días de salario, prevista en el artículo 239 del C.S.T.». Con cimiento en lo dicho, concluyó: […] la estabilidad laboral reforzada por maternidad constituye una protección temporal, en la medida que procede desde el momento en que la trabajadora se encuentra en estado de

gestación hasta que finaliza el periodo de lactancia; que para acceder a esta garantía es necesario que acredite que en vigencia de la relación laboral y previa terminación del contrato se encontraba en estado de embarazo o dentro de los tres meses siguientes al parto, y que su empleador conocía de su estado o éste era notorio para que opere la presunción referida a que la terminación del contrato se dio por causas discriminatorias relacionadas con el estado de embarazo. Con fundamento en el análisis de los medios de convicción, arguyó que la terminación del contrato se dio en el segundo trimestre posterior al parto y, por ello, la demandante contaba con la protección del fuero de maternidad; pero que, de acuerdo con la jurisprudencia, aquella debía acreditar que su contrato finalizó por causas

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Radicación n.° 93394 discriminatorias por su condición de lactante. Acto seguido, determinó que la accionante se vinculó con la demandada a través de un contrato de trabajo por obra o labor determinada, aspecto sobre el que no existía controversia; que «no había prueba de que el objeto de la vinculación de la actora hubiera finalizado» e incluso, refirió que el representante legal de la sociedad, al absolver el interrogatorio de parte había admitido que la contratación de la accionante se dio para un cargo existente en su planta de personal, para manejar la nómina de los empleados enviados en misión y la de las personas vinculadas con la empresa. Añadió que la prueba documental allegada, esto es, la liquidación del contrato n° 60, suscrito entre la demandada y Colpensiones, sus modificaciones, las cartas de

terminación de los contratos del personal en misión, y las liquidaciones de otros trabajadores, etc., no tenía la entidad suficiente para demostrar que el incremento de la producción o de las labores administrativas de nómina, actividad a la que presuntamente estaba ligada a la obra o labor para la que fue contratada la actora, hubieran finalizado. También esbozó que del contenido del contrato de obra o labor mediante el cual se vinculó a la demandante no se podía establecer que el objeto fuera atender el incremento de la nómina generado por la celebración del contrato de suministro de personal suscrito entre la accionada y Colpensiones y, que, por tanto, «si el empleador no cumplió con la obligación de definir con claridad el objeto de la obra o

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Radicación n.° 93394 labor en el contrato», debía asumir las consecuencias de esas imprecisiones, pues en esa medida ha debido aportar prueba suficiente que acreditara su dicho. Por otro lado, determinó: Además de lo anterior, dicha circunstancia no se desvirtúa como lo entiende la demandada, con el hecho de que el despido inicial de la trabajadora durante el estado de gestación al día siguiente de haber ingresado al servicio y que motivó su reintegro en cumplimiento de una orden constitucional, correspdonda a una situación anterior a la aquí debatida, pues si bien por sí sola no permite soportar que la terminación actual del contrato obedeciera o estuviera motivada en el estado de embarazo o lactancia de trabajadora, lo cierto es que si constituye un indicio en contra de la accionada, que aunado a la prueba recaudada en el proceso, refuerza la conclusión de que el despido de la

trabajadora durante el periodo de protección si tuvo un móvil discriminatorio, dando lugar al amparo del fuero de maternidad que reclama. Por todo lo anterior, concluyó que se habían configurado los presupuestos necesarios para acceder al beneficio de la garantía de estabilidad laboral reforzada. Sin embargo, recordó que el amparo no era indefinido en el tiempo, pues su propósito consistía en garantizar a la mujer embarazada o lactante un ingreso que le permitiera el goce del derecho al mínimo vital, por lo que solo operaba durante el periodo de gestación y hasta que finalizara el de lactancia, más aún, atendiendo las circunstancias particulares del caso, en el que el despido de la demandante había ocurrido el 22 de enero de 2014 y solo hasta en el año 2017 se había incoado el reintegro, momento para el que ya se había superado el periodo de protección.

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Radicación n.° 93394 Por consiguiente, limitó la protección hasta el 19 de abril de 2014, esto es, seis meses después del nacimiento del hijo de la actora, ordenando el pago de salarios, prima de servicios, cesantías e intereses sobre cesantías desde el 23 de enero y hasta el 19 de abril de 2014, teniendo como base un salario de $1.872.360. Igualmente, confirmó la condena por la indemnización del artículo 239 del CST y ordenó la indexación de todos los valores. En contraste, revocó la sanción por no cancelación de los intereses a las cesantías, pues estos se pagaron a la terminación del contrato y no se habían causado aún los

derivados de la condena impuesta. A su vez, modificó la decisión en cuanto a los aportes para pensión, determinando su procedencia dentro de los extremos temporales ya referidos. Finalmente, resolvió negativamente la excepción de prescripción, dado que no pasaron tres años entre la finalización del contrato, 22 de enero de 2014, y la presentación de la demanda inaugural, 19 de enero de 2017.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Edna Julieth Calderón Roa, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que se case parcialmente la

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Radicación n.° 93394 sentencia fustigada en cuanto: […] condena a la demandada al pago de salarios insolutos por la suma de $5.447.256, cesantías por la suma de $457.688, intereses a las cesantías por la suma de $13.425 y por concepto de primas de servicios por la suma de $457.688; todos los anteriores causados entre el 23 de enero de 2014 y el 19 de abril de 2014. Así mismo, en cuanto condena a la empresa demandada al pago de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones causados entre el 23 de enero de 2014 y el 19 de abril de 2014. Igualmente, pide que, en sede de instancia, se confirme la sentencia proferida en primer grado. Con tal propósito formula un cargo por la causal primera de casación, frente al cual Activos SAS presenta oposición.

VI. CARGO ÚNICO

Acusa por la vía directa la aplicación indebida de los artículos 1, 13, 29, 43, 93 y 230 de la Constitución Política; 45, 239 (modificado por el artículo 2 de la Ley 1822 de 2017), 240 (modificado por el artículo 2 de la Ley 2141 de 2021) y 241 del CST; 71 y 77 de la Ley 50 de 1990; 45 del CPTSS y 194 y 195 del CPC. Luego de afirmar que no cuestiona los supuestos fácticos que dio por acreditados el sentenciador de segundo grado, arguye que el motivo central de la controversia estriba en la aplicación de los efectos legales derivados de un despido «prohibido», conforme al artículo 241 del Código Sustantivo del Trabajo.

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Radicación n.° 93394 Al efecto, trae a colación la sentencia CSJ SL47912015, la cual cita de manera extensa, resaltando el siguiente fragmento así: Así, se ha considerado que no produce efectos el despido perpetrado en el momento del embarazo o durante los tres meses posteriores al parto, presumiéndose que tal actuación obedece a un acto discriminatorio por causa o en razón del embarazo, cuando no se cuenta con la debida autorización del inspector del trabajo, al tenor de lo preceptuado por el art. 239 del C. S. del T. (Resaltado no es del texto). Aduce que los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, que reconocen derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno; por tanto, la normatividad

que otorga protección a las mujeres en estado de embarazo y lactancia hace parte del denominado bloque de constitucionalidad y en tal virtud, prevalece sobre cualquier disposición interna constitucional y legal, y con mayor razón, sobre la jurisprudencia. Acto seguido, cita literalmente los artículos 43 de la CP y 239, 240 y 241 del CST, disposiciones a las que se alude en la providencia CSJ SL4791-2015, para señalar que bajo ese compendio normativo se concluye que las mujeres en estado de embarazo o en lactancia gozan de protección especial, dado que se prohíbe al empleador despedir a la mujer «durante tal periodo (embarazo y lactancia) sin autorización previa del Ministerio de Trabajo (artículo 239 del C.S.T.) so pena que el despido efectuado bajo la citada prohibición sea nulo», por lo que no produce «ningún efecto legal», de acuerdo con lo previsto en el artículo 241 del CST

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Radicación n.° 93394 y, en consecuencia, procede su reintegro en las mismas condiciones en las que se encontraba antes del despido, el cual fue considerado como discriminatorio por parte del sentenciador. Resalta que de acuerdo con la providencia CSJ SL, 21 mar. 2018, rad. 51585, la garantía de estabilidad para trabajadoras embarazadas y durante la lactancia tiene un objetivo mayor que es en últimas la protección de un bien superior constitucional, esto es, la familia. Que, por lo tanto, la presunción de que el despido se da por causa del embarazo o la lactancia, si ocurre dentro de los

tres meses siguientes al parto sin autorización de la autoridad administrativa, lo que busca es «liberar de cargas a la madre gestante durante tal crucial periodo, invirtiéndose la carga de la prueba». También recuerda que la consecuencia legal de un despido en los términos mencionados es que «no produce efecto alguno». Aduce que las consecuencias jurídicas de la nulidad de un acto jurídico están reguladas por el artículo 1746 del Código Civil, según el cual cuando se declara esta figura, las partes tienen derecho a ser «restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto nulo». También trae a colación jurisprudencia constitucional (CC T200-2019), conforme a la cual el despido de una persona «bajo protección de estabilidad laboral reforzada en razón a su situación de salud», extensible por analogía a las

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Radicación n.° 93394 mujeres en las circunstancias mencionadas, carece de efecto jurídico. Increpa que, aunque el Tribunal declaró que la trabajadora es «beneficiaria del fuero de maternidad, que declara la ineficacia del despido, se abstuvo de ordenar su reintegro, siendo reprochable la aplicación que dio al mencionado artículo 241 del CST, «al condicionar los efectos de la nulidad del despido a una temporalidad», ordenando el pago de salarios y prestaciones entre el 23 de enero y el 19 de abril de 2014, data última en la que terminó el periodo de lactancia. Finaliza diciendo que el sentenciador cometió un error

grave, pues, en su sentir, debe distinguirse el fuero de estabilidad laboral reforzada por embarazo y las consecuencias de un despido prohibido, ya que, a estos últimos, la normativa no les otorga límite temporal. Itera que estando plenamente demostrado que su despido durante el periodo de lactancia fue discriminatorio por razón de su estado, procede la ineficacia absoluta y, por tanto, tiene derecho a que su contrato se retrotraiga al mismo estado en que se encontraría si no hubiese existido el acto de desvinculación.

VII. RÉPLICA Activos SAS se opone al cargo indicando que el reintegro que se solicita, que corresponde a la ineficacia del despido,

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Radicación n.° 93394 normado por el artículo 241 del CST, no es de aplicación automática ni indefinida y que su alcance persigue la protección del mínimo vital y salud de la trabajadora en estado de embarazo o lactancia.

VIII. CONSIDERACIONES Dada la senda escogida por la censura, se tienen por indiscutidos los supuestos fácticos que encontró acreditados el sentenciador de segundo grado, a saber: i) Entre las partes existió un contrato de trabajo «en la modalidad de obra o labor» que se desarrolló entre el 26 y el 27 de febrero de 2013; ii) La demandante instauró acción de tutela en contra de la sociedad accionada por encontrarse en estado de embarazo a la terminación del vínculo, la cual fue decidida por el Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogotá,

quien ordenó su reintegro al cargo, sin solución de continuidad, junto con el pago de salarios y prestaciones sociales; iii) Activos SAS dio cumplimiento a lo dispuesto por el juez constitucional, dejando constancia de ello en el acta del 23 de agosto de 2013, reincorporando a la trabajadora al cargo de coordinadora de nómina. iv) El parto ocurrió el 19 de octubre de 2013.

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Radicación n.° 93394 v) La promotora del proceso disfrutó de licencia de maternidad desde el 16 de octubre de 2013 hasta el 21 de enero de 2014. vi) La empresa dio por terminado nuevamente el contrato aduciendo la finalización de la obra o labor contratada, a partir del 22 de enero de 2014, es decir, en el segundo trimestre posterior al parto. vii) La accionada no demostró que «el objeto de la vinculación de la actora hubiera finalizado», pues la contratación de la actora se dio para desempeñar un cargo existente en la planta de personal, esto es, para manejar la nómina de los empleados enviados en misión y de las personas vinculadas con la sociedad. De cara a los planteamientos de la censura, le corresponde a la Sala determinar, desde la perspectiva jurídica, si el Tribunal, incurrió en una equivocación al considerar que la protección a la trabajadora en estado de maternidad es temporal, cubriendo solamente los periodos de gestación y de lactancia; por lo que revocó el reintegro ordenado en primera instancia para en su lugar condenar al pago de salarios entre el 23 de enero y el 19 de abril de 2014.

De entrada, se advierte que la postura jurídica del sentenciador no tiene respaldo jurisprudencial ni normativo, pues al establecer que entre las partes en realidad operó un contrato a término indefinido ya que no estaba acreditado que «el objeto de la vinculación de la actora hubiera

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Radicación n.° 93394 finalizado», consideró que era viable aplicar la protección a la accionante en los mismos términos de aquellos eventos en los que la finalización del contrato de trabajo se da por vencimiento del plazo pactado por las partes; como pasa a explicarse. En primer lugar, es importante recordar que el texto normativo que prevé la prohibición de despedir a una mujer gestante o lactante, denunciados por la censura como presuntamente vulnerados en la sentencia confutada, presupone la configuración del despido, que, tratándose de ese tipo de sujetos, puede resultar discriminatorio. En efecto, el artículo 239 del CST dispone: PROHIBICIÓN DE DESPIDO. Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 1822 de 2017. El nuevo texto es el siguiente:

1. Ninguna trabajadora podrá ser despedida por motivo de embarazo o lactancia sin la autorización previa del Ministerio de Trabajo que avale una justa causa.

2. Se presume el despido efectuado por motivo de embarazo o lactancia, cuando este haya tenido lugar dentro del período de embarazo y/o dentro de los tres meses posteriores al parto.

3. Las trabajadoras que trata el numeral uno (1) de este artículo, que sean despedidas sin autorización de las autoridades competentes, tendrán derecho al pago adicional de una indemnización igual a sesenta (60) días de trabajo, fuera de las

indemnizaciones y prestaciones a que hubiere lugar de acuerdo con su contrato de trabajo.

4. En el caso de la mujer trabajadora […] A su vez el precepto 240 ibídem consagra lo siguiente: ARTICULO 240. PERMISO PARA DESPEDIR. 1. <Numeral CONDICIONALMENTE exequible> Para poder despedir a una trabajadora durante el período de embarazo o los

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Radicación n.° 93394 tres meses posteriores al parto, el {empleador} necesita la autorización del Inspector del Trabajo, o del Alcalde Municipal en los lugares en donde no existiere aquel funcionario.

2. El permiso de que trata este artículo sólo puede concederse con el fundamento en alguna de las causas que tiene el {empleador} para dar por terminado el contrato de trabajo y que se enumeran en los artículos 62 y 63. Antes de resolver, el funcionario debe oír a la trabajadora y practicar todas las pruebas conducentes solicitadas por las partes. 3. […] Finalmente, el artículo 241 del mismo estatuto laboral preceptúa que: ARTICULO 241. NULIDAD DEL DESPIDO. <Artículo modificado por el artículo 8o. del Decreto 13 de 1967. El nuevo texto es el siguiente:>

1. El empleador está obligado a conservar el puesto a la trabajadora que esté disfrutando de los descansos remunerados de que trata este capítulo, o de licencia por enfermedad motivada por el embarazo o parto.

2. No producirá efecto alguno el despido que el empleador comunique a la trabajadora en tales períodos, o en tal forma que, al hacer uso del preaviso, éste expire durante los descansos o

licencias mencionados. (Subrayas de la Sala). De las anteriores normas se colige que la protección legal otorgada a las mujeres trabajadoras en embarazo o lactantes consiste en que estas no puedan ser despedidas mientras se encuentren en ese estado o durante los tres meses posteriores al parto. De presentarse la desvinculación unilateral por parte del empleador, en principio, se presume que tal actuación obedece a un acto discriminatorio por causa del embarazo, cuando no se cuenta con la debida autorización del inspector

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Radicación n.° 93394 del trabajo. En efecto, tal presunción no opera en la misma forma cuando las relaciones laborales culminan por el cumplimiento de la obra o labor contratada, que cuando se está frente a un contrato a término indefinido, ya que en el primer evento y en estricto sentido, no se configura un despido, sino el modo o forma legal de ponerle fin al vínculo contractual previsto en el literal d) del artículo 61 del CST, subrogado por el artículo 5 de la Ley 50 de 1990; como se precisó en la sentencia CSJ SL3535-2015, rad. 38239, en la que se reiteró lo analizado en las providencias CSJ SL, 8 feb. 2011, rad. 37502 y CSJ SL, 27 abr. 2010, rad. 38190, al puntualizar: Es por ello que la expiración del plazo pactado no constituye una terminación unilateral del contrato, con o sin justa causa, sino un modo, modalidad o forma de ponerle fin a un vínculo contractual, previsto en el literal c) del artículo 6