CSJ - SL1462-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL1462-2023 Radicación n.° 68397 Acta 21 Bogotá, D. C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide los recursos de casación formulados por AGUAS DEL HUILA S. A. ESP y por los demandantes LINDA SARID ALARCÓN ARTUNDUAGA representada legalmente por Natali Artunduaga Vega; RUBY SANDOVAL SOLIS en nombre propio y en representación de sus hijos CRISTIAN ENRIQUE, YULY VANESSA y MICHELLE DAYANNA ZAMBRANO SANDOVAL; LUZ YANETH HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, en nombre propio y en representación de sus

hijos JESÚS ALBERTO, CRISTIAN ANDRÉS, YOJAN y

DERLY DAYANA DAZA HERNÁNDEZ y FARID RICARDO

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ; INÉS TOLEDO ORTÍZ y REINALDO VACA CUELLAR; y EXILDA PENAGOS TOVAR en nombre propio y en representación de sus hijos LUIS ERNEY, EDNA YULIETH y ROSA ICELA TRUJILLO PENAGOS contra la sentencia proferida por la Sala Laboral

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Radicación n.° 68397 de Descongestión del Tribunal Superior de Cali el 29 de noviembre de 2013, en el proceso ordinario laboral seguido por los recurrentes y MARÍA DE JESÚS ALARCÓN contra LUIS ERNEY CASTRO VALENZUELA y el CONSORCIO RP 2006; y solidariamente contra HÉCTOR WILLIAM ROJAS

DURÁN y LEONEL RAÚL POVEDA HERNÁNDEZ, en calidad de socios del CONSORCIO RP 2006, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA, el DEPARTAMENTO DEL HUILA, el MUNICIPIO DE SUAZA y la entidad también recurrente. Trámite al que se vinculó como llamada en garantía a la COMPAÑÍA ASEGURADORA

DE FIANZAS CONFIANZA S.A.

I. ANTECEDENTES Las siguientes personas llamaron a juicio a los demandados a través de diferentes procesos, así: i) Natali Artunduaga Vega en nombre y en representación de la menor Linda Sarid Alarcón Artunduaga, en calidad de causahabiente de Rafael Antonio Alarcón Oviedo. (2008-00355); ii) María de Jesús Alarcón, como causahabiente de Rafael Antonio Alarcón Oviedo. (20090068); iii) Luz Yaneth Hernández Sánchez en nombre propio y en representación de los menores Jesús Alberto, Cristian Andrés, Yojan, Derly Dayana Daza Hernández y Farid Ricardo Hernández Sánchez como beneficiarios de Jesús

Gregorio Daza. (2008-00382); iv) Inés Toledo Ortiz y Reinaldo Vaca Cuellar, causahabientes de Jorge Luis Vaca Toledo. (2008-00343); v) Ruby Sandoval Solis en nombre propio y en

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Radicación n.° 68397 representación de los menores Cristian Enrique, Yuly y Michelle Zambrano Sandoval causahabientes de Luis Carlos Zambrano Perdomo (2008-00478) y, vi) Exilda Penagos Tovar en nombre propio y en representación de los menores Luis

Erney, Edna Yulieth y Rosa Icela Trujillo Penagos beneficiarios de Dumar Trujillo Núñez (2008-00360). Cada grupo de causahabientes presentó demanda de manera separada. Mediante auto del 5 de abril de 2010, el Juzgado Primero Laboral de Neiva dispuso acumular al proceso 2008-355, los procesos radicados bajo los números 2009-068, 2008-382, 2008-343, 2008-478 y 2008-360, adelantados por los demás demandantes ya referidos, en contra de las mismas demandadas (folio 665 y 666 cuad. 4). Igualmente, cada uno de los accionantes solicitó que se declare que entre los causantes Rafael Antonio Alarcón Oviedo, Jesús Gregorio Daza, Jorge Luis Vaca Toledo, Luis Carlos Zambrano Perdomo, Dumar Trujillo Núñez y el demandado Luis Erney Castro Valenzuela existió un contrato de trabajo, que terminó por la muerte de los trabajadores el 25 de abril de 2008, generada por un accidente de trabajo que ocurrió por culpa del empleador, por cuanto no adoptó las medidas de prevención y no suministró los elementos de seguridad para el desarrollo de la labor. Como consecuencia de lo anterior, la actora María de Jesús Alarcón únicamente solicitó que se condene a Luis Erney Castro Valenzuela, y a los demás accionados como responsables solidarios, a pagar a su favor la indemnización

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Radicación n.° 68397 plena de perjuicios consistente en los daños morales y en la vida de relación.

Los demás demandantes solicitaron que se condene a Luis Erney Castro Valenzuela, a pagar a su favor la indemnización plena y ordinaria de perjuicios, así: lucro cesante consolidado y futuro, perjuicios morales y los daños a la vida de relación, la indexación y los intereses legales; el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, los intereses moratorios y la indexación. Igualmente reclamaron declarar que los demás demandados son solidariamente responsables por las condenas que se impongan al empleador Luis Erney Castro Valenzuela. Los hechos en que los accionantes sustentaron sus pretensiones resultan similares, dado que todos coincidieron en señalar que los causantes trabajaron al servicio de Luis Erney Castro Valenzuela, mediante contrato verbal, percibiendo como contraprestación un salario mínimo legal mensual vigente, entre los siguientes extremos temporales: Trabajador Desde Hasta Rafael Antonio Alarcón Oviedo 13 y/o 21 de marzo de 25 abril de 2008 2008 Jesús Gregorio Daza 13 de marzo de 2008 25 abril de 2008 Jorge Luis Vaca Toledo 22 de abril de 2008 25 abril de 2008 Luis Carlos Zambrano Perdomo 13 de marzo de 2008 25 abril de 2008 Dumar Trujillo Núñez 22 abril de 2008 25 abril de 2008 Señalaron que durante la relación laboral no fueron afiliados al sistema de seguridad social integral ni a un fondo de cesantías. Explicaron que mediante convenio

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Radicación n.° 68397 interadministrativo 1146 del 28 de noviembre de 2005, el

Departamento del Huila, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, Aguas del Huila S. A. ESP y el municipio de Suaza en «calidad de dueños de la obra», ordenaron la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de la zona urbana del municipio de Suaza, y se encargó su gestión a Aguas del Huila S. A. ESP. En virtud de ello, esta entidad suscribió el contrato de obra civil 443 del 3 de noviembre de 2006 con el Consorcio RP 2006 a quien se le adjudicó la obra el 20 de octubre de 2006. Afirmaron que el 13 de marzo de 2008, el mencionado consorcio subcontrató a Luis Erney Castro Valenzuela para la terminación de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Suaza. El 25 de abril de 2008 los trabajadores Rafael Antonio Alarcón Oviedo, Dumar Trujillo Núñez, Jorge Luis Vaca Toledo, Jesús Gregorio Daza y Luis Carlos Zambrano, se encontraban laborando en las instalaciones de la mencionada planta de tratamiento, bajo las órdenes y subordinación de Luis Erney Castro Valenzuela, en desarrollo del convenio celebrado por este subcontratista con el Consorcio RP 2006. Mencionaron que en dicha oportunidad el empleador les ordenó a los trabajadores desocupar el tanque de agua, que estaba inundado 1,5 metros aproximadamente, y sacar un tapón de la cañería, para lo cual les indicó que debían ubicar una escalera de «guadua hechiza» e introducir una motobomba para sacar el agua del tanque. Precisaron que

dicha motobomba estuvo prendida dentro del tanque cerca

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Radicación n.° 68397 de una hora hasta cuando se apagó y tras expedir monóxido de carbono que se acumuló en ese lugar ocasionando que los trabajadores resultaran intoxicados produciéndose su muerte «al caer por ahogamiento». Indicaron que para cuando ocurrió el accidente ni el subcontratista ni el contratista tenían un programa de salud ocupacional; no informaron ni capacitaron al personal sobre los posibles riesgos laborales y tampoco suministraron los elementos necesarios para desempeñar la actividad de limpieza del tanque. A los trabajadores tampoco les suministraron overoles, gafas, máscaras para gases, casco, botas, arnés, cuerdas de línea de vida, entre otros elementos de labor. Informaron que según la investigación adelantada por la Fiscalía 21 Seccional de Garzón-Huila, los causantes fallecieron por «ahogamiento por inmersión. Secundario a inhalación de monóxido de carbono». Afirmaron que el grave accidente y posterior fallecimiento padecido por los causantes generó en sus familiares, hoy demandantes, un estado de shock, tristeza e incertidumbre y un gran sufrimiento que desencadenó en «problemas de respiración, taquicardia, sudoración, trastornos de sueño y pérdida de apetito» que han deteriorado su salud física y mental. Relataron que los trabajadores destinaban sus ingresos a sufragar los gastos de alimentación, vestido, vivienda y salud de ellos y de sus causahabientes. Por último,

aseguraron que agotaron la «vía gubernativa» ante el Departamento del Huila, la Corporación Autónoma Regional

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Radicación n.° 68397 del Alto Magdalena, la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Aguas del Huila SA ESP y el municipio de Suaza. Cada una de las demandas fue contestada por los accionados en similares términos, que se condensan así: Luis Erney Castro Valenzuela, se pronunció frente a las demandas, salvo a la presentada por María de Jesús Alarcón (2009-068) según auto del 28 de julio de 2009 (folio 263 del cuaderno 17). Se opuso a las pretensiones y en cuanto a los hechos aceptó la vinculación laboral de los causantes, el monto del salario, el convenio interadministrativo y las contrataciones de obra civil celebradas entre las entidades demandadas, así como el contrato celebrado por él con el Consorcio RP 2006; que el 25 de abril de 2008 los trabajadores laboraban bajo sus órdenes en desarrollo del mencionado contrato de obra civil; la causa de la muerte determinada en la investigación de la Fiscalía; la no afiliación de esos servidores al sistema general de seguridad social y al fondo de cesantías y la reclamación administrativa; de los demás indicó que no eran ciertos. En su defensa, reconoció que los causantes laboraron a su servicio en trabajos varios en la Planta de Aguas Residuales del Municipio de Suaza. Dijo que no les ordenó que desocuparan el tanque de agua, o que colocaran una escalera en su interior ni que introdujeran una motobomba o quitaran el tapón de la cañería, pues no eran labores para

las que hubiesen sido contratados. Por tanto, si se intoxicaron, fue porque ingresaron al tanque bajo su propia

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Radicación n.° 68397 cuenta y riesgo, no porque se les hubiese ordenado como parte de las actividades asignadas o porque contaran con autorización. Frente a la demanda presentada por Dumar Trujillo Núñez, explicó adicionalmente, que a este trabajador solamente le pidió el favor de prender la motobomba, quien luego de hacerlo volvió a sus labores habituales. Sin embargo, este operario regresó a apagar dicha máquina, y aunque el demandado le insistió en que saliera del tanque, el trabajador permaneció allí, intentando sacar el tapón, se cayó y los demás trabajadores acudieron a auxiliarlo. Propuso como excepción de mérito la que denominó inexistencia de responsabilidad imputable al patrono. Héctor William Rojas Durán, en su calidad de socio del Consorcio RP 2006, se opuso a las pretensiones. Frente a los hechos, aceptó la suscripción del contrato de obra civil con Aguas del Huila S. A. ESP, la subcontratación con Luis Erney Poveda Hernández y la causa de la muerte de los trabajadores; de los demás indicó que no eran ciertos o no le constaban. En su defensa señaló que el Consorcio RP 2006 se conformó con Leonel Raúl Poveda Hernández, quien asumió su representación legal, dirección y la responsabilidad en el desarrollo del objeto contractual.

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Radicación n.° 68397 Como excepciones propuso las que denominó «subrogación de las obligaciones derivadas de reclamaciones laborales y de responsabilidad civil como desarrollo del contrato de obra civil n° 443/06 en cabeza del representante legal del consorcio RP-2006 y/o Leonel Raúl Poveda Hernández» e inexistencia de las obligaciones derivadas del contrato de obra civil n° 443/06 por reclamación del orden laboral o de responsabilidad civil en cabeza del consorciado Héctor William Rojas Durán. Leonel Raúl Poveda como integrante del Consorcio RP 2006 y éste, dieron respuesta a las demandas en un solo escrito, salvo en el proceso 2009-0068 (folio 263, cuaderno 17) con oposición a las pretensiones. En cuanto a los hechos aceptaron la celebración del convenio interadministrativo, el contrato de obra civil con Aguas del Huila y el contrato de mano de obra con Luis Erney Castro Valenzuela, la reclamación administrativa y la falta de afiliación de los trabajadores al sistema de seguridad social. Como defensa argumentaron que el subcontrato firmado con Luis Erney Castro Valenzuela tenía como objeto la construcción de andenes de cemento y de andamios y colocación de tubería, no la limpieza de tanques, labor que tampoco fue autorizada a los trabajadores que fallecieron. Argumentaron que el contratista podía responder solidariamente por el pago de salarios y prestaciones sociales, pero no por indemnizaciones por accidente de trabajo, más cuando, en este caso, no existió culpa del empleador. Como excepciones propusieron las de

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Radicación n.° 68397 inexistencia de la obligación reclamada respecto del contratista, cobro de lo no debido y falta de legitimación en la causa por pasiva. La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, también se opuso a las pretensiones. Aceptó la suscripción del convenio interadministrativo 1146 de 2005 y la reclamación administrativa; de los demás dijo que no eran ciertos o no le constaban. En su favor afirmó que no tuvo la calidad de dueño de la obra y que fue Aguas del Huila la encargada de ejecutar las obras y, por ende, la beneficiaria de la obra, no la Corporación, por lo que no es dable predicar la responsabilidad solidaria. Planteó como excepciones las de inexistencia de los presupuestos legales para que opere la responsabilidad e inexistencia de relación de causalidad entre el daño reclamado y la suscripción del convenio n° 1146 de 2005 por parte de la CAM. El municipio de Suaza dio respuesta a las demandas, salvo la correspondiente al proceso 2008-00478. Objetó lo pretendido y frente a los hechos admitió los contratos celebrados entre Aguas del Huila S. A. ESP y el Consorcio RP 2006 y entre este y Luis Erney Castro Valenzuela, y que para el día del accidente los trabajadores laboraban al servicio del municipio; de los demás indicó que no le constaban o no eran ciertos.

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Radicación n.° 68397 Para sustentar su oposición, señaló que no existió vínculo laboral con los operarios ya fallecidos, y de llegar a

existir tal relación, lo sería con los demandados Luis Erney Castro Valenzuela, Consorcio RP 2006 y Aguas del Huila S. A.ESP, encargados de vincular el personal para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio. Frente a la demandante María de Jesús Alarcón propuso como excepciones las de inexistencia de solidaridad por parte del municipio de Suaza e improcedencia de las pretensiones. En relación con las demás demandas formuló las excepciones de inexistencia del contrato de trabajo y de vínculo laboral entre las partes y falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del municipio. El Departamento del Huila se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó la celebración del convenio interadministrativo 1146 de 2005 y del contrato de obra civil n.° 443 de 2006, de los demás indicó que no le constaban. En relación con la demanda formulada en el proceso 200800382 adujo que no le constaba ningún hecho. Sostuvo que no tuvo ningún vínculo contractual con los trabajadores que fallecieron, ni con Luis Erney Castro o con el Consorcio RP 2006, por lo que la eventual responsabilidad perseguida debe ser asumida por Aguas del Huila S. A. ESP y el municipio de Suaza, por ser las entidades que se beneficiaron de la obra. Frente a las demandas presentadas en los procesos 2008-00355 y 2008-00478, propuso las excepciones de

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Radicación n.° 68397 indebida acumulación de pretensiones y trámite inadecuado; frente a las demás acciones presentó las excepciones de

inexistencia de la relación laboral, falta de legitimación en la causa por pasiva e inexistencia de solidaridad del Departamento del Huila. La Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Aguas del Huila S. A. ESP se opuso a las pretensiones. En relación con los hechos, aceptó la suscripción de convenio Interadministrativo y el contrato de obra civil con el Consorcio; de los demás afirmó que no eran ciertos o no le constaban. En su favor alegó que, en desarrollo del convenio interadministrativo, el 3 de noviembre de 2006 celebró un contrato de obra civil con el Consorcio RP 2006 que tenía por objeto la «construcción del sistema de manejo y tratamiento de aguas residuales zona urbana del Municipio de SuazaDepartamento del Huila». Sin embargo, aclaró que este contrato de obra civil fue suspendido por incumplimientos del contratista, por lo que, a partir del 26 de febrero de 2008 no existía autorización alguna para seguir realizando las obras. Por tanto, el contrato de mano de obra con Luis Herney Castro Valenzuela fue suscrito sin su aprobación. Formuló la excepción previa la de falta de competencia y/o jurisdicción, y de mérito las que denominó de «inexistencia relativa a responsabilizar a la Sociedad Aguas del Huila S. A. ESP por los perjuicios que reclaman los actores, por vía de la solidaridad contemplada en el Art. 34 del CST»;

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Radicación n.° 68397 causa extraña que se deriva de la fuerza mayor por los hechos que originaron el suceso que se predica en la presente

acción; inexistencia de las obligaciones reclamadas; cobro de lo no debido; falta de causa para pedir; buena fe y prescripción. La Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Aguas del Huila S. A. ESP llamó en garantía a la Compañía Aseguradora de Fianzas S. A. Confianza S. A., con fundamento en que, por la suscripción del contrato de obra civil n.° 443 de 2006 con el Consorcio RP 2006, este grupo y la llamada en garantía el 11 de noviembre de 2006 celebraron unos contratos de seguro de responsabilidad civil extracontractual y de cumplimiento, por lo que la aseguradora expidió las respectivas pólizas en las que figura Aguas del Huila como asegurada, y que los beneficiarios «pueden ser los accionantes». Esta petición fue admitida por el a quo, únicamente en los procesos 2008-00355 (causahabientes de Rafael Antonio Alarcón) y 2008-00478 (beneficiarios de Luis Carlos Zambrano) y denegada en los trámites 2008-00382 (causante Jesús Gregorio Daza Méndez) y 2008-00343 (causante Jorge Luis Vaca Toledo). Así se evidencia a folios 298 cuaderno 2; 312 cuaderno 14; 386 cuaderno 37; 367 y 389 cuaderno 8 y 26 a 34 cuaderno 12. Una vez vinculada en debida forma en los dos primeros procesos, Confianza S. A. se opuso a las pretensiones de las demandas principales, adujo que no le constaban los hechos,

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Radicación n.° 68397 y aclaró que no había tenido una relación de tipo comercial o civil con los demandantes o con los trabajadores fallecidos. Se opuso al llamamiento en garantía, aceptó los hechos en que se sustentaba y explicó que la obligación indemnizatoria no es automática y que las pólizas no eran exigibles, toda vez que no se pretendía amparar la responsabilidad civil por daños a terceros o incumplimientos de la obra, sino la indemnización por un accidente de trabajo. Además, los perjuicios morales estaban expresamente excluidos del aseguramiento convenido.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva, mediante sentencia del 27 de octubre de 2010, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre los señores RAFAEL ANTONIO

ALARCÓN OVIEDO, DUMAR TRUJILLO NUÑEZ, JORGE LUIS VACA TOLEDO, JESÚS GREGORIO DAZA y LUIS CARLOS ZAMBRANO PERDOMO, como trabajadores y LUIS ERNEY CASTRO VALENZUELA, como empleador, se verificaron sendos contratos de trabajo verbales de duración indefinida que rigieron así: Rafael Antonio Alarcón Oviedo: del 13 al 25 de abril del 2008.

Dumar Trujillo Núñez: del 22 al 25 de abril del 2008.

Jorge Luis Vaca Toledo: del 22 al 25 de abril del 2008.

Jesús Gregorio Daza: del 13 al 25 de abril del 2008.

Luis Carlos Zambrano Perdomo: del 13 al 25 de abril del 2008.

SEGUNDO. DECLARAR que Rafael Antonio Alarcón Oviedo, Jorge Luis Vaca Toledo, Jesús Gregorio Daza y Luis Carlos Zambrano Perdomo, fallecieron por riesgo común el día 25 de abril del 2008. TERCERO. NEGAR todas las restantes pretensiones de los causahabientes demandantes de Rafael Antonio Alarcón Oviedo, Jorge Luis Vaca Toledo, Jesús Gregorio Daza y Luis Carlos Zambrano Perdomo.

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CUARTO: DECLARAR que Dumar Trujillo Núñez falleció en accidente de trabajo ocurrido el 25 de abril del 2008, estando laborando para el señor LUIS ERNEY CASTRO VALENZUELA quien tuvo culpa en su ocurrencia.

QUINTO: CONDENAR al señor LUIS ERNEY CASTRO VALENZUELA a pagarle a los hijos del señor Dumar Trujillo Nuñez, a saber: Luis Erney Trujillo Penagos, Edna Yulieth Trujillo Penagos y Rosa Icela Trujillo Penagos, a cuenta de indemnización plena de perjuicios por su culpa patronal en la ocurrencia del mentado accidente de trabajo los siguientes valores:

a. LUIS ERNEY TRUJILLO PENAGOS. -. Por perjuicios morales 50 salarios mínimos -. Por perjuicios de vida de relación 50 salarios mínimos. b. A EDNA YULIETH TRUJILLO PENAGOS - Por perjuicios morales 50 salarios mínimos - Por perjuicios de vida de relación 50 salarios mínimos.

c. A ROSA ICELA TRUJILLO PENAGOS:

• Por perjuicios morales 50 salarios mínimos. - Por perjuicios de vida de relación 50 salarios mínimos.

SEXTO: CONDENAR al señor LUIS ERNEY CASTRO VALENZUELA, a pagarle a los hijos del señor Dumar Trujillo Núñez, a saber: Luis Erney Trujillo Penagos, Edna Yulieth Trujillo Penagos y Rosa Icela Trujillo Penagos, una pensión de sobrevivientes por el equivalente al smlmv, dividida en partes iguales, exigible desde el día 25 de abril del 2008 y hasta cuando completen 18 años de edad o 25 años si acreditan estudios. Tal pensión se incrementará con dos mesadas, una en junio y otra en diciembre de cada año y será objeto de actualización anual sin que sea inferior al salario mínimo legal.

SÉPTIMO: CONDENAR al señor LUIS ERNEY CASTRO VALENZUELA, a afiliar para salud a los hijos del señor Dumar Trujillo Núñez, a saber, Luis Erney Trujillo Penagos, Edna Yulieth Trujillo Penagos y Rosa Icela Trujillo Penagos, para el efecto se descontará el porcentaje de ley para pensión, esto desde la ejecutoria de este fallo.

OCTAVO: ABSOLVER al señor LUIS ERNEY CASTRO VALENZUELA, de los intereses de mora reclamados a cuenta de la pensión de sobreviviente del señor DUMAR TRUJILLO NÚÑEZ, y condenarlo al pago indexado de las mesadas insolutas.

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NOVENO: CONDENAR a responder en forma solidaria con las

anteriores condenas ordenadas en contra del señor LUIS ERNEY

CASTRO VALENZUELA, a los señores HÉCTOR WILLIAM ROJAS

DURÁN y LEONEL RAÚL POVEDA HERNÁNDEZ.

DÉCIMO: ABSOLVER a la SOCIEDAD DE ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO Y ASEO -AGUAS DEL HUILA SA ESP-, al

DEPARTAMENTO DEL HUILA, a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM-, al DEPARTAMENTO DEL HUILA y al MUNICIPIO DE SUAZA de todas las pretensiones de los demandantes y por no ser necesario no decidir sus excepciones.

DECIMOPRIMERO: ABSOLVER a la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. de su llamado en garantía, y por no ser necesario no decidir sus excepciones.

DECIMOSEGUNDO: CONDENAR solidariamente HÉCTOR WILLIAM ROJAS DURÁN, LEONEL RAÚL POVEDA HERNÁNDEZ Y LUIS ERNEY CASTRO VALENZUELA a pagar las costas del proceso a los causahabientes del señor DUMAR TRUJILLO HERNÁNDEZ al resultar favorables sus pretensiones.

DECIMOTERCERO: CONDENAR a los restantes demandantes a pagarles las costas del proceso a Héctor William Rojas Durán,

Leonel Raúl Poveda Hernández y Luis Erney Castro Valenzuela, a la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A Confianza S.A, a la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo – Aguas del Huila S.

A. ESP-, al Departamento del Huila, a la Corporación Autónoma

Regional del Alto Magdalena – CAM, y al Municipio de Suaza.

DECIMOCUARTO: CONDENAR a los causahabientes del señor DUMAR TRUJILLO HERNÁNDEZ, al resultar desfavorables sus pretensiones, a pagarles las costas del proceso a la Sociedad de Acueducto Alcantarillado y Aseo – Aguas Del Huila S. A. ESP-, al Departamento del Huila, a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, y al Municipio de Suaza.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Cali, conoció el recurso de apelación de la parte actora, y mediante sentencia proferida el 29 de noviembre de 2013,

resolvió:

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Radicación n.° 68397

PRIMERO: REVOCAR parcialmente, por las razones expuestas en precedencia, el numeral DÉCIMO de la parte resolutiva de la sentencia del 27 de octubre de 2010, emitida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva, en el proceso ordinario laboral acumulado que NATALI ARTUNDUAGA VEGA Y OTROS, adelantaron en contra de LUIS ERNEY CASTRO VALENZUELA Y OTROS, en cuanto a la absolución que allí se dispuso para AGUAS DEL HUILA SA ESP. En su lugar, se dispone que la SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADOS Y ASEO AGUAS DEL HUILA SA ESP, responda solidariamente por todas las condenas impuestas en la sentencia de primer grado.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la referida sentencia,

objeto de apelación.

TERCERO: Sin costas en esta instancia, por no haberse causado.

Identificó tres problemas jurídicos a resolver: i) determinar si el accidente sufrido por Rafael Antonio Alarcón Oviedo, Jorge Luis Vaca Toledo, Jesús Gregorio Daza y Luis Carlos Zambrano Perdomo, se podía catalogar como accidente de trabajo ocasionado por culpa del empleador, al haber dado voz de auxilio; ii) establecer si la condena por perjuicios a raíz del fallecimiento de Dumar Trujillo Núñez debía ser incrementada a 100 SMLMV para cada uno de sus causahabientes demandantes y; iii) definir si las condenas debían extenderse solidariamente a las demás accionadas.

Así razonó el Tribunal: Accidente de trabajo: Adujo que le incumbía determinar el origen del accidente sufrido por Rafael Antonio Alarcón Oviedo, Jorge Luis Vaca Toledo, Jesús Gregorio Daza y Luis Carlos Zambrano Perdomo, ante el llamado de auxilio de un compañero de trabajo que se estaba ahogando.

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Radicación n.° 68397 Explicó que según la «ley y la jurisprudencia», es accidente de trabajo: i) todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional o psíquica, invalidez o la muerte; ii) aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante o la realización de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo; iii) el que se produzca durante el

traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo y viceversa; iv) el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, siempre que se produzca en cumplimiento de tal labor; y v) el que se presente en desarrollo de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe en representación del empleador. Encontró que según las pruebas allegadas, el fallecimiento de Rafael Antonio Alarcón Oviedo, Jorge Luis Vaca Toledo, Jesús Gregorio Daza y Luis Carlos Zambrano Perdomo, obedeció a las «circunstancias de auxilio» que ellos prestaron, uno tras otro, ante el ahogamiento que estaba presentando su compañero de trabajo, Dumar Trujillo Núñez (folios 510, 511, 575 a 577), «comportamientos que se consideran atinentes a sus propios riesgos», dado que la actividad de estos trabajadores no era la de socorristas y no estaban formados para ello, o al menos no se demostró. Afirmó que la voz de auxilio expresada por el empleador, de haber tenido lugar, no implica una orden de realizar una labor; ese llamado de ayuda se presentó en circunstancias especiales, ante una situación impactante como la ocurrida

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Radicación n.° 68397 al trabajador Dumar Trujillo Núñez, y por su carácter imprevisto no conllevaba el ejercicio de la potestad subordinante. De hecho, si alguno de los causantes se hubiese negado a prestar la ayuda, no hubiese surgido ningún reproche para él, por lo menos en el ámbito laboral, salvo que fuese integrante de la brigada de atención de

emergencias, para lo cual debía estar entrenado y contar con los elementos necesarios; solo en este último evento podría establecerse la obligación de atender la situación urgente para la vida de su compañero de labores. Así, consideró que no estaban demostrados los elementos que establecieran que existió una orden del empleador, quien estaba presente en el lugar de los hechos, por lo que no se podía concluir que el accidente ocurrió en atención a una actividad de obligatorio cumplimiento. Por tanto, el accidente sufrido por Rafael Antonio Alarcón Oviedo, Jorge Luis Vaca Toledo, Jesús Gregorio Daza y Luis Carlos Zambrano Perdomo en el que perdieron la vida no se dio con ocasión o a causa del trabajo o por la ejecución de órdenes del empleador, sino como producto de la voluntad de ayudar sucesivamente, a los compañeros que fueron cayendo en el pozo al que sí fue enviado el primero de los trabajadores accidentados. Aclaró que, aunque se encontraban en el horario y lugar de labor, el comportamiento de los operarios obedeció al riesgo en que estaba su compañero Dumar Trujillo Núñez; razón por la cual, el a quo no se equivocó al establecer que la muerte de aquellos no se originó en un accidente laboral. Así,

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Radicación n.° 68397 explicó que Rafael Antonio Alarcón Oviedo, Jorge Luis Vaca Toledo, Jesús Gregorio Daza y Luis Carlos Zambrano Perdomo se separaron de sus funciones, que no tenían que ver con el pozo en donde cayeron, para acudir al lugar de los hechos y brindar socorro a su compañero, quien sí estaba

trabajando en el sitio del siniestro. De ahí que, al dejar sus labores y asumir un riesgo propio en un rescate, para el que no tenían orden, el cuestionamiento de los apelante