CSJ - SL1464-2025

SCLAJPT-10 V.00

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ Magistrado ponente SL1464-2025 Radicación n.° 76001-31-05-018-2021-00421-00 Acta 11 Bogotá D. C., dos (2) de abril de dos mil veinticinco (2025). La Corte resuelve el recurso de casación interpuesto por PATRICIA SALINAS ÁVILA , contra la sentencia de la Sala Laboral el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, proferida el 28 de junio de 2024, dentro del proceso promovido por la recurrente a la UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES

PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP).

I. ANTECEDENTES Patricia Salinas Ávila persiguió mediante demanda ordinaria laboral (cuaderno primera instancia 2024111655774 f.° 5 – 35) que se declare que, en su condición de trabajadora oficial del ISS y afiliada al Sindicato Sintraseguridadsocial, tiene derecho al reconocimiento de laRadicación n.° 76001-31-05-018-2021-00421-00

SCLAJPT-10 V.00 2 pensión de jubilación consagrada en el artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo del ISS, a partir del 1.° de octubre de 2011.

En consecuencia, solicitó que se condene a la UGPP al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación; a indexar la primera mesada pensional; a pagar el retroactivo pensional y los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; subsidiariamente, a indexar las sumas de dinero reclamadas al momento del pago, costas y agencias en derecho. Fundamentó sus pretensiones, principalmente en que: i) nació el 01 de agosto de 1960, por lo que cumplió los 50 años el mismo día y mes del año 2010; ii) se vinculó laboralmente con el ISS el 11 de julio de 1988 en calidad de trabajadora oficial; iii) era beneficiaria de las convenciones colectivas suscritas entre el ISS y el sindicato Sintraseguridadsocial para la vigencia del 01 de noviembre de 1996 al 31 de octubre de 1999, prorrogada en virtud de la ley hasta el 31 de octubre de 2001, y la convención para los años 2001 - 2004, con efectos pensionales más allá del año 2017; iv) por medio del Decreto 1750 de 2003, el Instituto de Seguro Social se escindió, y en su lugar se creó la ESE Antonio Nariño; v) como resultado, a partir del 26 de junio de 2003, pasó a ser trabajadora de la planta de personal de la ESE Antonio Nariño; vi) la relación laboral terminó el 30 de septiembre de 2011; vii) conforme al parágrafo del artículo 17 del Decreto 1750 de 2003, los tiempos del ISS y la ESE deben

ESE Antonio Nariño; vi) la relación laboral terminó el 30 de septiembre de 2011; vii) conforme al parágrafo del artículo 17 del Decreto 1750 de 2003, los tiempos del ISS y la ESE deben ser computados como uno solo; viii) así mismo, el artículo 28Radicación n.° 76001-31-05-018-2021-00421-00 SCLAJPT-10 V.00 3 del Decreto 2013 de 2012 dispuso que la UGPP debía reconocer las pensiones convencionales a los antiguos trabajadores del ISS; ix) el 01 de agosto de 2010 cumplió 50 años, completando así los requisitos para acceder a la pensión de jubilación convencional; x) el 24 de octubre de 2014 solicitó ante la UGPP el reconocimiento de la pensión convencional conforme a los artículos 2 y 98 de la Convención Colectiva de Trabajo; xi) mediante Resolución RPD 6633 del 18 de febrero de 2015, la UGPP negó el reconocimiento; xii) interpuso los recursos de reposición y apelación, los cuales fueron resueltos negativamente, mediante Resoluciones RDP 15481 de 31 de abril de 2015 y RDP 20281 de 22 de mayo de 2015; y xiii) Colpensiones,

mediante resolución SUB 173039 del 28 de agosto de 2017, le reconoció pensión de vejez, a partir del 01 de agosto de 2017, en cuantía de $1.291.430. Al dar respuesta a la demanda (cuaderno primera instancia 2024111655774 f.° 314 – 321), la UGPP se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió como ciertos aquellos referentes a la fecha de nacimiento y edad de la accionante, los extremos contractuales, la fecha de vinculación a la ISS, que se escindió el ISS y en su lugar se formó la ESE Antonio Nariño, la fecha de terminación del vínculo laboral con la ESE Antonio Nariño, la solicitud interpuesta ante la UGPP, la resolución que negó la solicitud, la reposición, apelación y posterior confirmación de ésta. Respecto de los demás, manifestó que no le constaban o que no eran hechos.Radicación n.° 76001-31-05-018-2021-00421-00

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En su defensa, argumentó que la demandante no cumplió los requisitos contemplados en el artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo cuya vigencia terminó el 31 de julio de 2010, conforme con el Acto Legislativo 01 de 2005 y la sentencia del 23 de enero de 2009, Radicado n.° 30077 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en donde se estableció que todos los pactos, convenciones o laudos con disposiciones convencionales

de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en donde se estableció que todos los pactos, convenciones o laudos con disposiciones convencionales respecto a las pensiones de jubilación tendría vigencia hasta la mencionada fecha. En ese orden, sostuvo que la demandante no acreditó el requisito de la edad, dado que tenía 49 años para el 31 de julio de 2010.

Propuso como excepciones: inexistencia de la obligación demandada y cobro de lo no debido, carencia del derecho por indebida interpretación normativa por quien reclama el derecho, buena fe de la entidad demandada, prescripción y la innominada (cuaderno primera instancia 2024111655774 f.° 318 – 320).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Cali, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante el fallo de 26 de octubre de 2021 (cuaderno primera instancia 2024111655774 f.° 339 – 342), resolvió: PRIMERO: DECLARAR PROBADAS las excepciones propuestas por la UGPP, por las razones expuesta en la parte motiva de esta providencia.Radicación n.° 76001-31-05-018-2021-00421-00

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SEGUNDO: ABSOLVER a la UGPP de todas y cada una de las pretensiones incoadas por PATRICIA SALINAS AVILA (sic), por las razones expuesta en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandante como

SEGUNDO: ABSOLVER a la UGPP de todas y cada una de las pretensiones incoadas por PATRICIA SALINAS AVILA (sic), por las razones expuesta en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandante como parte vencida y en favor de la entidad demandada, las cuales se liquidarán en los términos del artículo 365 y 366 del Código General del Proceso. Se señalan como agencias en derecho la suma de $227.131.

CUARTO: Si no fuera apelada la presente providencia, remítase el proceso para ante la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali con el propósito de que se surta el Grado Jurisdiccional de Consulta respecto de la demandante, por resultar totalmente adversa a sus pretensiones.

La anterior sentencia queda notificada en estrados.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali conoció de la apelación interpuesta por la parte demandante y, mediante fallo del 28 de junio de 2024 (cuaderno segunda instancia 2024111728285 f.° 22 – 29), dispuso: PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia 372 del 26 de octubre de 2021, proferida por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de

Cali. SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la demandante y en favor de la demandante (sic). Se fijan como agencias en

derecho la suma de un salario mínimo legal mensual vigente (1 smlmv). Las costas impuestas serán liquidadas conforme el Art. 366 del C.G.P. Así las cosas, el Tribunal determinó que el problema jurídico a resolver radicaba en establecer si la demandante tenía derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación en los términos del artículo 98 de la Convención Colectiva deRadicación n.° 76001-31-05-018-2021-00421-00

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Trabajo 2001 – 2004 suscrita entre el ISS y el sindicato Sintraseguridadsocial, para lo cual debía examinar si cumplía con el requisito de tiempo de servicio. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como fundamento de su decisión que la actora no acreditó el tiempo de servicios necesario para adjudicar la prestación pretendida. Aseguró que la sumatoria de tiempos de servicios prestados al ISS y a la ESE Antonio Nariño con el propósito de acreditar el tiempo de servicio necesario para acceder a la pensión de jubilación no era procedente conforme con lo dispuesto en la sentencia CSJ SL859-2024, de la cual transcribió algunas apartes. Dedujo que, respecto de la interpretación de la norma convencional, «[…] la suma de tiempo de servicio prestado al extinto ISS y a las Empresas Sociales del Estado para efectos de acreditar los requisitos del artículo 98 de la convención colectiva del trabajo (sic) 2001 – 2004, celebrada entre el ISS y SINTRASEGURIDADSOCIAL […] no es procedente» , en

de acreditar los requisitos del artículo 98 de la convención colectiva del trabajo (sic) 2001 – 2004, celebrada entre el ISS y SINTRASEGURIDADSOCIAL […] no es procedente» , en armonía con lo reglado por el artículo 17 del Decreto 1750 de 2003, en lo concerniente a los sujetos respecto de la naturaleza de su vinculación: Los servidores que sin ser directivos desempeñen funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y de servicios generales conservarán la calidad de trabajadores oficiales, sin solución de continuidad.Radicación n.° 76001-31-05-018-2021-00421-00

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Así mismo, sostuvo que la Corte dejó claro que los trabajadores oficiales del ISS que pasaron sin solución de continuidad a las ESE, dejaron de ser trabajadores oficiales para ser empleados públicos. Explicó, además, que acorde con el criterio de la Corte Suprema de Justicia plasmado en la providencia CSJ SL3751-2020, no había lugar al desconocimiento de derechos adquiridos en materia de pensiones convencionales cuando el vínculo jurídico del trabajador oficial transmuta a empleado público, en la medida en que la prestación pretendida correspondía a una pura expectativa por consolidar. Consideró que de acuerdo con la certificación expedida por la ESE Antonio Nariño y que milita en el expediente, Patricia Salinas Ávila prestó sus servicios al ISS desde el 22

consolidar. Consideró que de acuerdo con la certificación expedida por la ESE Antonio Nariño y que milita en el expediente, Patricia Salinas Ávila prestó sus servicios al ISS desde el 22 de julio de 1988 hasta el 25 de junio de 2003, en calidad de trabajadora oficial y, a partir del 26 de junio del 2003, fue incorporada de forma automática a la ESE Antonio Nariño en calidad de empleada pública, en virtud de lo dispuesto por el Decreto 1750 de la misma fecha que escindió al ISS, vinculación que se mantuvo vigente hasta el 30 de septiembre de 2010, de acuerdo con la Resolución 000401 del 06 de agosto del mismo año. Discurrió el Tribunal en que Patricia Salinas Ávila prestó sus servicios desde el 11 de junio de 1988 hasta el 30 de septiembre del 2010, para un total de 22 años, de los cuales 14,84 fueron en calidad de trabajadora oficial y 7,16Radicación n.° 76001-31-05-018-2021-00421-00 SCLAJPT-10 V.00 8 como empleada pública, sin que hubiese lugar a «[…] sumar los tiempos laborados como empleado público a los prestados como trabajador oficial a efecto de reunir los presupuestos convencionales […]» . En consecuencia, concluyó que la demandante no logró acreditar el requisito del tiempo de servicio contemplado en el artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo 2001 – 2004. En virtud de lo anterior, el Tribunal confirmó la decisión

servicio contemplado en el artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo 2001 – 2004. En virtud de lo anterior, el Tribunal confirmó la decisión del a quo, y condenó en constas a la parte demandante.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante en instancias, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque «la sentencia No 372 del 26 de octubre de 2.021, proferida por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Cali, que había negado las pretensiones de la demanda, y en su lugar acceder a las pretensiones de la demanda inicial».

Con tal propósito formula dos cargos, los cuales fueron oportunamente replicados y se estudiaran conjuntamente, dado que pese a estar formulados por vías diferentes,Radicación n.° 76001-31-05-018-2021-00421-00 SCLAJPT-10 V.00 9 denuncian el mismo conjunto normativo, esgrimen argumentos similares y buscan la misma finalidad.

VI. CARGO PRIMERO En el primer cargo, acusa la sentencia de ser violatoria, […] de la ley sustancial por la vía indirecta a causa de la

aplicación indebida de los siguientes preceptos legales: Artículos 467, 468, 469, 470 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo y 53 de la C.N. en relación con el artículo 1 del acto legislativo 01 de 2005, el artículo 141 de la ley 100 de 1993, los artículos 98 y 101 de la convención colectiva de trabajo pactada entre el ISS LIQUIDADO y el sindicato SINTRASEGURIDAD SOCIAL, el parágrafo del artículo 17 del Decreto 1750 de 2003, el articulo (sic) 18 de la misma disposición, y los artículos 2, 3, 98 y 101 de la convención colectiva de trabajo pactada entre el ISS LIQUIDADO y el sindicato SINTRASEGURIDAD SOCIAL. Afirma que el Tribunal incurrió en los siguientes errores evidentes de hecho «en la apreciación de las pruebas»: No dar por demostrado estándolo, que el artículo 2 de la Convención Colectiva de Trabajo (2001-2004), suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales, y el sindicato “SINTRASEGURIDADSOCIAL”, consagró una vigencia general de tres años del 01 de noviembre de 2001 al 31 de octubre de 2004, y una especial hasta el año 2017, para efectos pensionales. No dar por demostrado estándolo, que los derechos incorporados en los contratos de trabajo de los ex trabajadores oficiales del Instituto de Seguros Sociales que en virtud del Decreto 1750 de 2003, pasaron sin solución de continuidad a una cualquiera de las Empresas Sociales del Estado, como los derivados de la

Instituto de Seguros Sociales que en virtud del Decreto 1750 de 2003, pasaron sin solución de continuidad a una cualquiera de las Empresas Sociales del Estado, como los derivados de la Convención Colectiva 2001-2004, deben respetarse hasta que esta permanezca vigente. No dar por demostrado estándolo, que según el parágrafo del Decreto 1750 de 2003, “El tiempo de servicio de los servidoresRadicación n.° 76001-31-05-018-2021-00421-00 SCLAJPT-10 V.00 10 públicos que pasan del Instituto de Seguros Sociales a las Empresas Sociales del Estado, creadas en el presente decreto, se computará para todos los efectos legales, con el tiempo que sirvan en estas últimas, sin solución de continuidad.” No dar por demostrado estándolo, que conforme al artículo 18 del Decreto 1750 de 2003, el derecho a la pensión de jubilación de los extrabajadores oficiales del ISS, que pasaron sin solución de continuidad a las diferentes Empresas Sociales del Estado, no podía ser afectado, a pesar de que su calidad mutó, a la de empleados públicos. No dar por demostrado estándolo, que de acuerdo a la Sentencia C-314 de 2004, la Convención Colectiva, al regir contratos de trabajo, es una fuente de derechos adquiridos que debe respetarse y aplicarse por lo menos durante el tiempo de su vigencia. No dar por demostrado estándolo, que jurídicamente es viable,

trabajo, es una fuente de derechos adquiridos que debe respetarse y aplicarse por lo menos durante el tiempo de su vigencia. No dar por demostrado estándolo, que jurídicamente es viable, extender la Convención Colectiva de Trabajo (2001-2004), suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales y “SINTRASEGURIDADSOCIAL” 2001-2004, más allá de la vigencia del contrato de trabajo. No dar por demostrado estándolo, que el derecho pensional reclamado, tiene su origen en la vigencia de la Convención, y no en sus prórrogas. No dar por demostrado estándolo, que en la convención colectiva de trabajo suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales hoy Liquidado y el sindicato “SINTRASEGURIDAD SOCIAL” con vigencia general 2001 – 2004, se pactó una pensión de jubilación en beneficio de los trabajadores del ISS, que hubieren prestado 20 años de servicios en entidades del Estado, cuando cumplieran 50 años las mujeres y 55 los hombres. Dar por demostrado sin estarlo, que el tiempo de servicios y la edad requerida en la Convención Colectiva de Trabajo 20012004, debieron cumplirse ostentando la calidad de trabajador oficial hasta el 26 de junio de 2003. Dar por demostrado sin estarlo, que para tener derecho a la pensión convencional de jubilación establecida en los artículos

oficial hasta el 26 de junio de 2003. Dar por demostrado sin estarlo, que para tener derecho a la pensión convencional de jubilación establecida en los artículos 98 y 101 de la convención colectiva, no era posible computarRadicación n.° 76001-31-05-018-2021-00421-00 SCLAJPT-10 V.00 11 tiempos laborados en calidad de empleada publica, con los prestados como trabajadora oficial. No dar por demostrado estándolo que la actora consolidó el derecho a la pensión de jubilación convencional establecida en los artículos 98 y 101 de la Convención Colectiva, el 30 de septiembre de 2008, al completar 20 años de servicios en entidades del Estado. Dar por demostrado sin estarlo, que en el caso bajo estudio, la edad, es un requisito de causación y no de exigibilidad. No dar demostrado estándolo, que para todos los efectos la aplicación del acuerdo convencional es integral, excluyendo interpretaciones textualistas que atentan contra el principio de favorabilidad. No dar por demostrado estándolo que el demandante tiene derecho a los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, por la mora en el pago de su pensión. Como pruebas indebidamente apreciadas o dejadas de apreciar indica: (i) el registro civil y cédula de ciudadanía de Patricia Salinas Ávila y (ii) la constancia laboral del 10 de octubre de 2008, expedida por la ESE Antonio Nariño,

apreciar indica: (i) el registro civil y cédula de ciudadanía de Patricia Salinas Ávila y (ii) la constancia laboral del 10 de octubre de 2008, expedida por la ESE Antonio Nariño, mediante Oficio n.° ESEAN-ORH-1115-2008; (iii) los oficios n.° CTH-261-2010 del 04 de mayo de 2010, n.° CTH-1512011 del 14 de septiembre de 2011, n.° CTH-151-2011 del 12 de agosto de 2014, n.° 1520010763 del 05 de septiembre de 2014, n.° 3321000-154353 del 20 de septiembre de 2016, n.° 3321000-154353 del 20 de septiembre de 2016 y n.° 3321000-154353 del 20 de septiembre de 2016; (iv) las resoluciones n.° 000401 del 06 de agosto de 2010, n.° RDP 006633 del 18 de febrero de 2015, n.° RDP 015481 del 21 de abril del 2015 y n.° RDP 020281 del 22 de mayo de 2015; (v) la comunicación de supresión del cargo, expedida el 06 deRadicación n.° 76001-31-05-018-2021-00421-00 SCLAJPT-10 V.00 12 agosto de 2010; (vi) los recibos de pago de la demandante de los años 2008, 2009, 2010 y 2011 hasta el mes de septiembre; (vii) el oficio con fecha de radicación 15 de

los años 2008, 2009, 2010 y 2011 hasta el mes de septiembre; (vii) el oficio con fecha de radicación 15 de septiembre de 2011; (viii) los recursos de reposición y en subsidio apelación interpuestos por la demandante contra la resolución n.° RDP 006633 del 18 de febrero de 2015; (ix) los Cetil n.° 201912830053630974990248 del 10 de diciembre de 2019, n.° 202101830053630974590149 del 7 de enero de 2021 y n,° 202107830053630974420217 del 13 de julio de 2021; (x) la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados en la ESEAN n.° 202101830053630974921136 del 27 de enero de 2021; y (xi) la Convención Colectiva de Trabajo con certificación de nota de depósito, suscrita entre el ISS y el sindicato Sintraseguridadsocial, con vigencia 2001-2004 y sus respectivas denuncias. En la demostración del cargo asevera que el Tribunal violó el derecho pensional por imponer requisitos no establecidos en los artículos 2, 98 y 101 de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el ISS y Sintraseguridadsocial, los cuales transcribe. Aduce que el juez valoró de forma errónea las pruebas documentales como los CETILES del ISS y la ESE Antonio Nariño y aplicó una interpretación restrictiva de los mencionados artículos. Arguye que no se percató que las disposiciones

documentales como los CETILES del ISS y la ESE Antonio Nariño y aplicó una interpretación restrictiva de los mencionados artículos. Arguye que no se percató que las disposiciones pensionales de la convención conservaban vigencia hasta elRadicación n.° 76001-31-05-018-2021-00421-00 SCLAJPT-10 V.00 13 año 2017. A su vez, no tuvo en cuenta que la convención fue suscrita con anterioridad a la escisión del ISS, por lo cual, los beneficios convencionales debían sostenerse para los trabajadores que pasaron sin solución de continuidad a la ESE Antonio Nariño, independientemente de que su calidad hubiera mutado a empleado público, consecuencia de la imposibilidad generada por el Estado de ostentar la calidad de trabajador oficial. En ese sentido, omitió el parágrafo del Decreto 1750 de 2003 respecto al cómputo unificado del tiempo laborado, según las sentencias CC «C-314», C-349-2004 y SU-2412015).

Dice la censura: Al valorar de manera errónea la prueba documental de la convención colectiva de trabajo en sus artículos 2, 98 y 101, el Tribunal, omitió otorgar el valor correspondiente a los CETILES del ISS y la ESE ANTONIO NARIÑO, pues era obligación computar el tiempo de servicios de ambas entidades sin solución

de continuidad para efectos de la prestación reclamada, tal como lo señala el parágrafo del articulo (sic) 17 del Decreto 1750 de 2003, lo cual omitió el Ad-quem, computando sólo el del ISS, que le dio un total de 14.84 años y de haber incluido el de la ESE ANTONIO NARIÑO, habría aceptado que al 30 de septiembre de 2008, fecha en la cual estaba vigente la Convención Colectiva, la demandante había consolidado el derecho, al cumplir 20 años de servicios entre el ISS y la ESE, encontrándose pendiente sólo la exigibilidad del derecho al momento en que cumpliera la edad. Como resultado, el ad quem concluyó erróneamente que su tiempo de servicio equivalía a 14,84 años, sin tener en cuenta el tiempo laborado en ESE Antonio Nariño. De haber aplicado adecuadamente la normativa, «habría aceptado queRadicación n.° 76001-31-05-018-2021-00421-00 SCLAJPT-10 V.00 14 al 30 de septiembre de 2008, […] la demandante había consolidado el derecho, al cumplir 20 años de servicios entre el ISS y la ESE, encontrándose pendiente sólo la exigibilidad del derecho al momento en que cumpliera la edad». Asegura que situación similar sucede con la edad y la valoración de su registro civil. En este aspecto, el Tribunal de forma equivocada lo interpretó como un requisito para la consolidación del derecho y no para su exigibilidad, sin tener en cuenta que cumplió los 50 años de edad el 01 de agosto

de 2010, fecha para la cual constituía más de 20 años de servicio. Lo anterior concluyó en la indebida aplicación de los artículos 467, 468, 469, 470 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 53 de la CP (principio de favorabilidad), que fue ignorado por el Tribunal. Igualmente, señala que al confirmar la sentencia de primera instancia el Tribunal «violó por la vía directa» el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

VII. CARGO SEGUNDO En cuanto al segundo cargo, acusa la sentencia de ser violatoria de la […] ley sustancial por la vía directa a causa de la aplicación errónea de los siguientes preceptos legales: Artículos 416, 467, 468, 469, 470 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo y 53 de laRadicación n.° 76001-31-05-018-2021-00421-00

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C.N. en relación con el artículo 1 del acto legislativo 01 de 2005, el artículo 141 de la ley 100 de 1993, los artículos 98 y 101 de la convención colectiva de trabajo pactada entre el ISS LIQUIDADO y el sindicato SINTRASEGURIDAD SOCIAL, el parágrafo del artículo 17 del Decreto 1750 de 2003, el artículo 18 de la misma disposición, y los artículos 2, 3, 98 y 101 de la convención colectiva de trabajo pactada entre el ISS LIQUIDADO y el

sindicato SINTRASEGURIDAD SOCIAL.

Aunque la acusación es formulada por vía directa, cuyo

colectiva de trabajo pactada entre el ISS LIQUIDADO y el

sindicato SINTRASEGURIDAD SOCIAL.

Aunque la acusación es formulada por vía directa, cuyo objeto refiere al aspecto jurídico del asunto y no al fáctico o probatorio, la argumentación en su desarrollo es similar a la del cargo primero.

VIII. RÉPLICA Sostiene que contrario a lo afirmado por el recurrente, el Tribunal interpretó las normas y la convención correctamente, a la vez que valoró y apreció las pruebas de forma adecuada y completa.

En lo que se refiere al primer cargo, argumenta que: i) el Tribunal en la sentencia recurrida no abordó el tópico de la edad como un requisito de causación, por lo cual, el error acusado no se cometió; ii) el Colegiado no desconoció que en la convención se otorga una mesada pensional a favor del trabajador que cumpla con 20 años se servicio, sino que, simplemente, advirtió que el tiempo debe cumplirse en calidad de trabajador oficial (CSJ SL859-2024); y iii) conforme con los certificados CETIL y el certificado laboral de la ESE Antonio Nariño, la accionante estuvo vinculada y laboró como trabajadora oficial por 14 años.Radicación n.° 76001-31-05-018-2021-00421-00

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Aduce que la recurrente olvida que la acusación de valoración errada y no apreciación de las pruebas es contradictora, toda vez que los dos eventos no pueden ocurrir al mismo tiempo. Agrega que correspondía a la interesada

valoración errada y no apreciación de las pruebas es contradictora, toda vez que los dos eventos no pueden ocurrir al mismo tiempo. Agrega que correspondía a la interesada argumentar de forma taxativa el error cometido por el colegiado respecto a cada una de las 50 pruebas denunciadas, y cómo ello afectaba de forma gravosa la decisión judicial. Resalta que, en cuanto al alcance del artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo, la Corte Suprema de Justicia ha establecido una doctrina uniforme, consistente en que i) tiene una vigencia hasta el 2017, ii) la edad es una condición de exigencia y no de causación y iii) los tiempos de servicios que son requeridos para causar la prestación deberán ser acreditados como trabajadores oficiales, por lo que los períodos servidos como empleados públicos no podrán ser tenidos en cuenta, lo cual igualmente fue advertido en la sentencia CSJ SL2118 de 2024: En cuanto al cargo segundo sostiene que el Tribunal no cometió desacierto alguno al concluir que la demandante sólo acreditó 14,84 años de servicio en calidad de trabajadora oficial, sin dar lugar a conceder la pensión convencional pretendida.

IX. CONSIDERACIONES Aun cuando en los cargos se incluyen como

trasgredidas cláusulas de la Convención Colectiva de TrabajoRadicación n.° 76001-31-05-018-2021-00421-00

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ISS 2001 – 2004, que no son normas sustanciales de orden nacional, en el cargo primero se habla al unísono de pruebas no apreciadas o valoradas pero con error y en el cargo segundo se aduce la modalidad de «aplicación errónea», lo cierto es que se citan otras normas que permiten integrar adecuadamente la proposición jurídica, del desarrollo del cargo planteado por vía indirecta, entiende la Corte que se acusa la apreciación indebida del elenco probatorio referenciado y, en el cargo segundo, que se trata de la interpretación errónea de la ley. En ese escenario, corresponde a la Corte determinar si erró el Tribunal en la valoración de los medios de convicción denunciados, y en la interpretación del conjunto normativo acusado, lo que lo condujo a confirmar la sentencia de primera instancia que fue absolutoria respecto de la demandada. Previamente al estudio de los medios de convicción del proceso que se indican como equivocadamente apreciados, y atendida la vía por la cual se orienta uno de los cargos en la demanda, importa a la Corte recordar que en virtud de lo

dispuesto por el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, en los juicios del trabajo los jueces gozan de libertad para apreciar las pruebas, por lo que si bien el artículo 60 ibidem les impone la obligación de analizar todas las allegadas en tiempo, están facultados para darle preferencia a cualquiera de ellas sin sujeción a tarifa legal alguna, salvo cuando la ley exija determinada solemnidad ad sustantiam actus, pues en tal caso « no se podrá admitir suRadicación n.° 76001-31-05-018-2021-00421-00 SCLAJPT-10 V.00 18 prueba por otro medio», tal y como expresamente lo establece la primera de las citadas normas. Al respecto, resulta pertinente traer a colación lo reiterado en las providencias CSJ SL1643-2024 y SL7272024, afirmado inicialmente en la sentencia de 27 de abril de 1977, inédita, que fue ratificado por la Sala, entre otras, en sentencia CSJ SL, 05 nov. 1998, rad. 11111: "El artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral les concede a los falladores de instancia la potestad de apreciar libremente las pruebas aducidas al juicio, para formar su convencimiento acerca de los hechos debatidos con base en aquellas que los persuadan mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso. Todo ello, claro está, sin dejar de lado los principios científicos relativos a la crítica de la prueba, las circunstancias relevantes del litigio y el examen de la conducta de las partes durante su desarrollo.

formal que resulte del proceso. Todo ello, claro está, sin dejar de lado los principios científicos relativos a la crítica de la prueba, las circunstancias relevantes del litigio y el examen de la conducta de las partes durante su desarrollo. "Pueden, pues, los jueces de las instancias al evaluar las pruebas fundar su decisión en lo que resulte de