CSJ - SL1492-2024

MARIRRAQUEL RODELO NAVARRO Magistrada ponente SL1492-2024 Radicación n.° 96840 Acta 20 Bogotá, D. C., once (11) de junio de dos mil veinticuatro (2024). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por CABLE NOTICIAS TV S. A. S. contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 28 de febrero de 2022, en el proceso ordinario laboral que instauró el señor CÉSAR ARMANDO CORCHUELO SARMIENTO contra la sociedad recurrente.

I. ANTECEDENTES César Armando Corchuelo Sarmiento llamó a juicio a Cable Noticias Tv S. A. S., con el fin de que se declare que entre él y esta existió una relación laboral que inició el 5 de mayo de 2012 y terminó el 31 de diciembre de 2018.

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Radicación n.° 96840 En consecuencia, pidió que se condene a la demandada a pagar las cesantías, intereses de cesantías, primas de servicios, vacaciones, indemnización por despido, la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, así como la indemnización por no pago de prestaciones, las costas y agencias en derecho, y todo lo que resulte probado en uso de las facultades ultra y extra petita. Como fundamentos fácticos, alegó que desde el 5 de mayo de 2012 inició una relación laboral con la sociedad

demandada, la cual acabó el 31 de diciembre de 2018, cuando fue despedido sin justa causa. Narró que la empresa le hacía firmar contratos de prestación de servicios cada año, y que el salario devengado durante todo el tiempo fue de $75.000 diarios, para un total de $1.950.000 mensual. Afirmó que desempeñó el cargo de camarógrafo de reportería y de estudio, y cumplía un horario de trabajo de 2:00 p. m a 10:00 p. m, de domingo a domingo, estando bajo la dependencia y subordinación de la demandada. Adujo que la compañía no le consignó las cesantías del año 2012 a 2017, y que tuvo que afiliarse a la seguridad social en forma independiente.

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Radicación n.° 96840 Al contestar la demanda, la sociedad Cable Noticias TV

S. A. S. se opuso a las pretensiones formuladas, y con respecto a los hechos, dijo que no eran ciertos, o que no le constaban.

Como fundamento de su defensa, alegó que lo que sostuvo con el demandante fue un vínculo comercial que inició el 5 de julio de 2012, a través de varios contratos de prestación de servicios, siendo el último el n.° 411 del 1 de enero de 2018, el cual terminó por expiración del plazo fijo pactado, el 31 de diciembre de ese mismo año. Refirió que la prestación del servicio se dio sin periodicidad, pues no prestó los servicios todos los días ni todos los meses del año. Argumentó que la contratación de los camarógrafos se

realiza a través de contratos de trabajo o contratos de prestación de servicios, dependiendo si se dan los presupuestos legales para el efecto, en consideración a la capacidad de la compañía y las necesidades de esta para atender casos de sobreproducción o reemplazo de personal. Insistió en que al demandante se le contrató bajo la modalidad «freelance», lo que implica que se trata de un trabajador independiente que realiza actividades de manera autónoma para terceros, en campos y sectores variados, sin subordinación alguna, con manejo propio del tiempo y una baja inversión en la ejecución de labores.

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Radicación n.° 96840 En esa misma línea, aseguró que la prestación de sus servicios se realizó con total autonomía técnica, administrativa, financiera y asumiendo la obligación de hacerse cargo de todos los gastos necesarios para el desarrollo de su función. Explicó que el demandante decidía si para determinado momento prestaría sus servicios o no lo hacía, y notificaba a las asistentes de producción del canal, incluso el mismo día que se efectuaría una toma, sin que se le hiciera ningún cuestionamiento, sino que se buscaba otro camarógrafo. Afirmó que el actor ofrecía sus servicios como independiente, y que así lo publicaba en sus redes sociales, a través de su empresa o negocio denominado «Foto Corchuelo». También manifestó que en los contratos se dejó dicho de manera expresa que no había horario que cumplir, ni prestación exclusiva de los servicios, facilitándole que pudiera contratar con otras personas de forma libre y tranquila. Indicó, con respecto a los pagos de seguridad social,

que quedó establecido que el contratista debía presentar periódicamente la constancia de pago de las cotizaciones, las cuales no podían realizarse por debajo del 40% del valor de los honorarios percibidos, lo que el demandante siempre cumplió, en atención a su obligación legal de hacerlo.

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Radicación n.° 96840 Con relación a la remuneración, refirió que la contraprestación por la labor se pactó en forma diferente en cada contrato, y que se determinaba un valor mensual máximo a reconocer al contratista, de acuerdo con los días tentativos en que prestaría el servicio. Por último, anotó que la buena fe se presume de conformidad con lo instituido en el artículo 83 de la Constitución Política, y que, además, este fue un principio que siempre rigió la relación contractual con el demandante, por «el obrar claro y coherente» de las partes en su desarrollo, acatando las prescripciones de ley. Propuso las excepciones de mérito de inexistencia de relación o contrato laboral entre Cable Noticias Tv S. A. S. y el señor César Armando Corchuelo Sarmiento/inexistencia de contrato realidad; inexistencia de la obligación; falta de causa para pedir/cobro de lo no debido; prescripción; compensación y pago; buena fe de Cable Noticias Tv S. A. S.; y la genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 21 de julio de 2021, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre el demandante, el señor CESAR ARMANDO CORCHUELO SARMIENTO, y la demandada

CABLE NOTICIAS TV S.A.S., en aplicación del principio de la

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Radicación n.° 96840 primacía de la realidad sobre las formas, existió un contrato de trabajo vigente entre el cinco (5) de mayo del dos mil doce (2012) y el treinta y uno (31) de diciembre del dos mil dieciocho (2018) SEGUNDO: DECLARAR que el salario promedio devengado por el demandante CESAR ARMANDO CORCHUELO SARMIENTO, corresponde a la suma de un millón novecientos ocho mil sesenta y dos pesos con sesenta y siete centavos ($1’908.062,67) mensuales.

TERCERO: CONDENAR a la demandada CABLE NOTICIAS TV S.A.S. al reconocimiento y pago a favor del demandante CESAR ARMANDO CORCHUELO SARMIENTO las siguientes sumas y por los siguientes conceptos: Cesantías $ 8’883.088,00

Intereses a las Cesantías $ 228.967,00 Prima de Servicios $ 5’724.186,00 Vacaciones $ 3’816.124,00 Indemnización moratoria de la que trata el art 99 de la Ley 50 de1990 $68’690.160,00

CUARTO: CONDENAR a la demandada CABLE NOTICIAS TV S.A.S al reconocimiento y pago a favor del demandante CESAR ARMANDO CORCHUELO SARMIENTO, la indemnización de que trata el artículo 65 del C.S.T., que corresponde al pago de un día de salario fijado en la suma de sesenta y tres mil seiscientos dos pesos ($63.602,00) por cada día de retardo contado a partir del treinta y uno (31) de diciembre del dos mil dieciocho (2018)

y por los primeros 24 meses, estimados por el despacho en la suma de cuarenta y cinco millones setecientos noventa y tres mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos (45’793.488,00); y a partir del mes 25 se reconocerá y pagará el valor de los intereses corrientes certificados por la superintendencia financiera a la tasa máxima para los créditos de libre asignación y que se causaran hasta la fecha en que se verifique el pago total de la sumas impuestas en esta condena.

QUINTO: DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción propuesta por la demandada, la sociedad CABLE NOTICIAS TV S.A.S; y no probadas las demás excepciones.

SEXTO: CONDENAR en costas a la parte demandada; la sociedad CABLE NOTICIAS TV S.A.S; inclúyase en la liquidación de costas la suma equivalente a 2SMLMV, a favor del demandante CESAR ARMANDO CORCHUELO SARMIENTO, valor en que se estiman las agencias en derecho.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la empresa demandada, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, se pronunció mediante fallo del 28 de febrero de

2022, en el que resolvió:

1. MODIFICAR los numeral (sic) primero y segundo de la sentencia de primera instancia para, en su lugar, DECLARAR que el contrato de trabajo existente entre CÉSAR ARMANDO CORCHUELO SARMIENTO y CABLE NOTICIAS TV SAS., estuvo vigente del 5 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2018, y el

último salario mensual promedio fue de $1.907.812,67.

2. MODIFICAR el numeral tercero de la referida providencia para definir que la CONDENA a la demandada al pago de las primas de servicios asciende a $5.370.703, y el valor de la indemnización moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 asciende a $63.794.023, sin modificación en los demás rubros, acorde a lo motivado.

3. MODIFICAR el numeral cuarto de la referida providencia para definir que la CONDENA a la demandada al pago de la indemnización moratoria del artículo 65 del CST asciende a $45.787.504 por los primeros 24 meses de mora con base en un salario diario de $63.593,76, y, a partir del primer día del mes 25 y hasta el momento en que se verifique el pago corre como intereses a la tasa máxima para los créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera sobre los salarios y prestaciones adeudadas, acorde a lo motivado.

4. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia en lo demás.

5. COSTAS a cargo de la demandada.

Para llegar a esa conclusión, el Tribunal consideró que los problemas jurídicos que debía solucionar consistían en definir: i) si entre las partes existió relación laboral y los extremos temporales en los que se adelantó la misma; ii) cuál fue el salario percibido por el actor; iii) si se adeudaban prestaciones sociales, vacaciones y sanción por no

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Radicación n.° 96840 consignación, o si se encontraban prescritas; iv) si estaba

acreditada la buena fe de la demandada que la eximiera del pago de las indemnizaciones moratorias por no consignación de cesantías a un fondo y no pago de prestaciones y salarios; v) si había lugar a la condena en costas; y vi) si procedía la indexación de las condenas. Al resolver esos planteamientos, recordó la definición de contrato de trabajo y sus elementos, así como lo establecido en el artículo 24 del CPTSS y 167 del CGP con relación a la carga de la prueba, en virtud de la cual al demandado le correspondía probar que no existió subordinación. Luego, indicó que de acuerdo con las pruebas documentales que obran en el plenario y la confesión contenida en la contestación de la demanda, podía concluirse que el actor prestó sus servicios de manera continua a partir del 5 de julio de 2012, y no desde mayo de ese año, como lo había concebido el a quo. Aclaró que, contrario a lo afirmado por la sociedad apelante, en el presente asunto no se evidenciaba una interrupción real de la prestación del servicio, pues si bien no obran contratos suscritos para la totalidad del interregno reclamado, se percibía que en realidad no hubo solución de continuidad según las cuentas de cobro allegadas y debidamente aceptadas y canceladas por la pasiva.

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Radicación n.° 96840 Consideró el ad quem que, ni la inexistencia de una cláusula de exclusividad en los contratos suscritos, ni la certificación de afiliación a la Asociación de Cine y Televisión del Pacífico -ACIPA-, ni las capturas de pantalla

de las redes sociales del actor, eran suficientes para demostrar que este hubiera prestado sus servicios a terceros en el interregno que duró el vínculo entre las partes. Y que, en todo caso, conforme al artículo 26 del CST, la coexistencia de dos o más contratos de trabajo es permitida, a menos que se pacte lo contrario, por lo que, de haberse acreditado la alegada situación, ésta no sería concluyente para descartar la existencia de la relación laboral. Con respecto al argumento de que el trabajador podía ser reemplazado y que la prestación del servicio no era intuitu personae, refirió que en los respectivos contratos se pactó la prohibición de ceder a terceros la ejecución de las labores, dadas las especiales capacidades y cualidades personales y profesionales del demandante, por lo que esa aseveración era contraria a las obligaciones que tenía el promotor de la litis. Expuso que, de las funciones impuestas en los convenios se vislumbraba la dependencia e integración del accionante en la estructura jerárquica de la empresa, en la que incluso tenía un puesto de trabajo asignado, debía responder y estar presto a las instrucciones y los llamados de un superior.

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Radicación n.° 96840 Reseñó también el interrogatorio de parte del representante legal de la demandada, exponiendo que si bien afirmó que el actor era independiente en cuanto a la forma de prestar su labor, y podía decidir autónomamente cuándo asistir y cuando no, también señaló que era citado todos los días conforme a las necesidades del canal, y que

las labores desempeñadas eran idénticas a las que harían los camarógrafos de planta vinculados mediante contrato de trabajo, esto es, no podía entregar el producto que él quisiera, debía ceñirse a los criterios de lo que se estuviera grabando en el momento, bajo coordinación, utilizando los elementos proporcionados por la empresa como cámara, trípode, etc. Trajo a colación igualmente los testimonios de Édgar Eduardo Ramos Laverde, William Fernando Pineros Meza y Ana María Gómez Espinosa, excompañeros de trabajo del demandante, para indicar que estos dieron cuenta de que el señor Cesar Armando Corchuelo Sarmiento adelantaba idénticas funciones de los camarógrafos de planta, al punto que no era posible determinar quiénes estaban bajo una u otra modalidad contractual. Aludió al dicho de estos declarantes, para resaltar que, según estos, los turnos y horarios eran asignados y controlados por el área de producción; y que también determinaba los lugares a los que debían dirigirse a cubrir hechos noticiosos e imponía llamados de atención verbales.

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Radicación n.° 96840 Por otra parte, puntualizó que si bien las testigos Paula Andrea Rodríguez Celis, Mónica Paola Mendoza Rodríguez y Edna Margarita Mogollón Cobos fueron enfáticas en señalar que el actor era independiente y autónomo, dado su profesionalismo y conocimientos, que podía decidir cuándo prestaba o no sus servicios sin que la demandada le impusiera horarios, y que tenía la posibilidad de no asistir sin excusa o retirarse en cualquier momento

del lugar de grabación sin pedir autorización, lo cierto era que ninguna refirió un momento puntual en que ello hubiera sucedido sin repercusión para el demandante, por lo que no pasaba de ser una consideración subjetiva y sin fundamento en hechos concretos que realmente les pudieran constar. Por esas razones, concluyó que la demandada no pudo desacreditar la subordinación y, por tanto, estaban dados los elementos que conforman un contrato de trabajo realidad, procediendo en consecuencia a revisar los montos liquidados por el a quo, los cuales redujo en atención a que encontró que el extremó inicial del contrato lo era el 5 de julio de 2012 y no el 5 de mayo de dicha anualidad, y a reliquidar las prestaciones sociales debidas. En lo que hace a la sanción moratoria objeto de condena, esgrimió que declarada la relación de trabajo surgen en favor del trabajador los derechos que la ley define, entre ellos, el derecho al pago de las indemnizaciones que regulan los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del CST, que imponen el pago de un día de

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Radicación n.° 96840 salario por cada día de retardo en la consignación de las cesantías a un fondo, y por la mora en el pago completo de salarios y prestaciones causados al finalizar el vínculo laboral, respectivamente. Recordó sobre ese punto que, si bien dichas sanciones no operan de forma automática e inexorable, pues la demora u omisión del empleador puede estar revestida de buena fe, dicha situación solo se puede derivar de razones válidas para creer que no estaba obligado a la consignación

o al pago, o de sucesos sobrevinientes que le hicieran imposible cumplir tales compromisos, como el caso fortuito, o su inclusión en procesos de liquidación empresarial, pero que ninguno de esos escenarios se demostraron. Dijo que no era una razón plausible para negar el pago que se hubiera suscrito un contrato de prestación de servicios independientes, máxime cuando no se probó que su ejecución se haya desarrollado en términos de autonomía e independencia. Así las cosas, y dado a que se evidenciaron salarios inferiores al declarado en primera instancia, se modificaron los cálculos de las sanciones de que tratan los artículos 99 de la Ley 50 de 1990, y 65 del CST, aplicando el término prescriptivo indicado en primera instancia, por no haber sido objeto de reparo.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

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Radicación n.° 96840 El recurso fue interpuesto por la sociedad demandada, concedido por el Tribunal y admitido por esta Sala, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La entidad recurrente pretende que la Corte case parcialmente la sentencia impugnada, y en sede de instancia i) revoque los numerales tercero y cuarto de la sentencia de primer grado, en cuanto a las condenas impuestas por la indemnización moratoria por la no consignación de las cesantías, y por el no pago de prestaciones sociales; y ii) modifique el numeral quinto que declaró probada parcialmente la excepción de prescripción y no demostradas el resto, para que en su lugar se tenga por consolidada la excepción de buena fe propuesta.

Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, los cuales son replicados por el demandante, y pasan a resolverse.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de violación de la ley sustancial por vía directa por la interpretación errónea del artículo 65 del CST, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, y del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Refiere que el Tribunal en sede de segunda instancia realizó un ejercicio interpretativo en el que desconoció el

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Radicación n.° 96840 recto entendimiento de las normas legales consagratorias de las indemnizaciones moratorias, pasando por alto que su aplicación no es mecánica ni axiomática, sino que debe estar precedida de una indagación de la conducta del deudor. Aduce que la condena por ese concepto no depende exclusivamente de la declaratoria del contrato realidad, y que en este caso al ad quem solo le bastó con verificar que se reconoció el vínculo laboral y, sin más, infirió que las indemnizaciones resultaban procedentes. Considera que el Tribunal omitió los argumentos que presentó el empleador, relativos a la convicción de que se encontraba frente a un trabajador independiente; y que estos fundamentos pueden resultar «no viables», pero que ello no impide que puedan tenerse como «atendibles y justificables», en la medida en que razonablemente hubiesen tenido la certeza de que nada adeudaba por salarios o prestaciones.

VII. RÉPLICA El demandante opositor, respecto del primer cargo, indica que dentro del proceso se demostró que laboró para

la compañía, que estuvo subordinado, que percibió salario, y que la empresa tiene personal que ejerce el mismo cargo y goza de beneficios laborales, mientras que él no.

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Radicación n.° 96840 Trajo a colación los testimonios recogidos en el juicio, y reseñó que el representante legal no es ciudadano colombiano, no reside en Colombia, y que este informó que, en el desarrollo de la implementación del modelo laboral de la empresa, él prestaba sus servicios como freelancer, figura que no existe en la normatividad colombiana. Concluye diciendo que, en el presente caso no existe buena fe, porque Cable Noticias faltó a la verdad, ya que tenía pleno conocimiento de cómo se debería contratar al personal.

VIII. CONSIDERACIONES Al desatar la apelación promovida por la empresa demandada, el Tribunal, en lo que interesa al caso, estimó que el demandante tenía derecho al pago de las indemnizaciones que regulan los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del CST, dado que, si bien dichas sanciones no operan de forma automática e inexorable, la demora u omisión del empleador puede estar revestida de buena fe; y que en este caso no existía una razón meritoria para negar el reconocimiento de las prestaciones a favor del actor.

Por su parte, el recurrente arguye que el sentenciador de segunda instancia dio un errado entendimiento de los artículos 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990, por pasar por alto que su aplicación no es mecánica ni axiomática, sino que debe estar precedida de una indagación de la

conducta del deudor.

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Radicación n.° 96840 Pues bien, de cara a ese argumento le corresponde a la Corte definir, desde lo jurídico, si el colegiado erró en el entendimiento de la norma sustancial citada, y en consecuencia condenar a la demandada al pago de la indemnización moratoria. En esa tarea, se debe que señalar ab initio, que de la providencia fustigada no se advierte el yerro enrostrado por la censura, por cuanto el juzgador de segundo grado le dio a las normas acusadas justamente el sentido que se le echa de menos, relativo a que las sanciones moratorias objeto de condena no operan de manera automática, sino que requieren del análisis por parte del operador del actuar del empleador, para de ahí establecer si este actuó de buena o mala fe en el impago de los salarios y prestaciones sociales, o la falta de consignación de las cesantías, según fuera el caso. Véase que el fallo atacado expuso en sus consideraciones que: Si bien dichas sanciones no operan de forma automática e inexorable pues la demora u omisión del empleador puede estar revestida de buena fe, dicha situación solo se puede derivar del entendimiento plausible, es decir, con razones válidas del empleador de no estar obligado a la consignación o al pago, según corresponda, o de situaciones sobrevinientes que le hicieran imposible cumplir tales obligaciones, como el caso fortuito, o su inclusión en procesos de liquidación empresarial. Ninguna de las cuales se demostró en el expediente. No es una razón plausible para negar el pago, que se hubiera

suscrito un contrato de prestación de servicios independientes, máxime cuando la ejecución del mismo no probó haberse

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Radicación n.° 96840 desarrollado en los términos de autonomía e independencia alagados, como se dijo en acápites previos. En materia laboral prima la realidad sobre las formas y al trabajador le está vedado, por mandato constitucional, renunciar a los derechos que puedan surgir de esa realidad. (Negrillas de la Sala) Como se otea con luminosidad, el ad quem hizo alusión al discernimiento que se viene comentando, interpretando las normas acusadas conforme al criterio jurisprudencial que de vieja data ha sostenido esta corporación, según el cual: […] la sanción moratoria prevista en los arts. 65 del C.S.T. y 99 de la L. 50/1990, procede cuando quiera que, en el marco del proceso, el empleador no aporte razones satisfactorias y justificativas de su conducta. Para esto, se ha dicho que el juez debe adelantar un examen riguroso del comportamiento que asumió el empleador en su condición de deudor moroso, y de la globalidad de las pruebas y circunstancias que rodearon el desarrollo de la relación de trabajo, en aras de establecer si los argumentos esgrimidos por la defensa son razonables y aceptables. (CSJ SL8216-2016) Otra cosa es que no se esté de acuerdo con la conclusión a la que llegó el Tribunal una vez hecho ese estudio, porque se considere que las pruebas que obraban en el proceso sí inducían a dar por probada la buena fe, circunstancia que se pasará a analizar seguidamente por

cuenta del segundo cargo; empero, lo cierto es que, de acuerdo con lo reseñado en la decisión cuestionada, el juez plural dio una recta comprensión de las disposiciones que contemplan las sanciones moratorias criticadas. Así las cosas, refulge diáfano que el cargo planteado por la vía directa no está llamado a prosperar.

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IX. CARGO SEGUNDO Cuestiona la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta, por error de hecho, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 65 del CST, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, y del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Precisa que los yerros fácticos consistieron en:

1. DAR POR DEMOSTRADO SIN ESTARLO, que CABLE NOTICIAS TV S.A.S. no mantuvo una conducta apegada a la buena fe o que obró de mala fe, al omitir la consignación de cesantías en un fondo y al omitir el pago de prestaciones sociales al Sr. CESAR CORCHUELO.

2. NO DAR POR DEMOSTRADO ESTÁNDOLO que CABLE NOTICIAS TV S.A.S. contaba con razones serias y atendibles que justifican su actuar (omitir la consignación de cesantías en un fondo y al omitir el pago de prestaciones sociales al Sr. CESAR CORCHUELO)

3. NO DAR POR DEMOSTRADO ESTÁNDOLO que CABLE NOTICIAS TV S.A.S. tenía la convicción de haber obrado legítimamente y con ánimo exento de fraude.

Para sustentar el cargo, dice que el colegiado dio un equivocado entendimiento de los hechos, por la omisión en la apreciación de las pruebas que hacían parte del acervo, las cuales conducirían a la absolución por los conceptos de indemnización por falta de pago y sanción por mora en la consignación de las cesantías. Alega que en el transcurso del proceso se demostró que Cable Noticias Tv S. A. S. actuó con razones serias y atendibles que justificaban su actuar, por contar con la

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Radicación n.° 96840 convicción de haber obrado legítimamente y con ánimo exento de fraude. Insistió en que el juez de la alzada no efectuó el examen de su conducta, ni analizó el caudal probatorio de manera conjunta, armónica e integral, porque de hacerse, se podía verificar la ausencia de mala intención por parte del empleador. Concretamente refiere como pruebas dejadas de valorar, las siguientes:

1. Contratos de prestación de servicios aportados con la contestación a la demanda, visibles del folio 137 a 194 y del 200 a al 208. Dice que estos acreditaban que existen periodos de tiempo donde el actor no prestó servicios, independiente de la declaración judicial de unidad contractual «que tiene otros efectos»; igualmente, refiere que esta prueba documental certifica que no se pactó en dichos contratos exclusividad ni disponibilidad, lo que sí ocurría con los trabajadores de planta, a quienes, por tratarse de un canal de 24 horas, se les exigían estas condiciones especiales, como lo mencionaron las testigos Mónica

Mendoza y Paula Rodríguez, que también fueron dejados de apreciar.

2. Planillas de ingreso y salida a las instalaciones de la entidad, obrantes de la página 2 a la 18. Describe que estas dan cuenta de que el demandante no cumplía un horario establecido, como sí los camarógrafos de planta.

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3. Formato de solicitud de personal por prestación de servicios de persona natural, visibles a folios 210, 213, 214, 217, 218, 220, 221, 223, 224 y 226 al 229, que, señala, demuestran que las labores ejecutadas por el demandante entre los meses de julio de 2012 y agosto de 2013, era exclusivamente para efectuar reemplazos del personal de camarógrafos que sí estaban vinculados laboralmente, y que no podían realizar sus tareas por alguna circunstancia especial.

Comenta que con este formato -analizado en conjunto con los testimonios de Paula Rodríguez y Mónica Mendozase acredita que al señor Cesar Corchuelo se le llamaba y se coordinaba con él, previo a la prestación del servicio, es decir, que no asistía diariamente al canal, como sí lo hacían los trabajadores de nómina.

4. Cuentas de cobro elaboradas y suscritas por el demandante, en las que, dice, se refleja que este efectuó eminentemente reemplazos de personal y/o actividades muy puntuales, como lo fue el relevo a Leonardo Díaz, Carlos Melo, Juan Carlos Mendoza, y posteriormente a Jorge López, así como el evento «viaje a Girardot Danny

Hernández y cubrimiento reinado». Además, expone que estos instrumentos también prueban que no asistía diariamente al canal, y que existen periodos de tiempo donde no laboró, lo que se acompasa con los tiempos estipulados en los contratos suscritos, a

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Radicación n.° 96840 diferencia de la permanencia y constancia de quienes estaban vinculados laboralmente.

5. Histórico de ingresos y salidas por torniquete a las instalaciones de Cable Noticias, generadas por el sistema de seguridad, visible de la página 231 a la 236. Comenta que esa prueba permite denotar el ingreso y salida del demandante en un horario disímil y no determinado, que sugiere que la prestación de servicios no era como la desarrollada por los trabajadores incorporados por contrato de trabajo.

6. Documentos provenientes del demandante y relativos a sus redes sociales (Facebook y Liked in), que obran a folios 305 a 322. Alega que de ellos se extrae que la empresa no le exigía exclusividad, pues ejercía su labor de manera independiente para otras personas.

7. Certificado emitido por la Asociación de Cine y Televisión del Pacífico -ACIPA, que demuestra la prestación de servicios que efectuaba el demandante a esta entidad, ocupando un cargo en la junta directiva, como secretario e instructor de videografía.

8. Formato de determinación categoría tributaria año 2015, visto a folio 196, en el que el actor presentó una declaración mediante la cual adujo desarrollar una profesión liberal.

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9. Declaración del representante legal de la sociedad, del que, comenta, se desprendía que el demandante no laboró exclusivamente para