CSJ - SL1502-2025

SCLAJPT-10 V.00

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL1502-2025 Radicación n.° 11001-31-05-027-2015-00404-01 Acta 17 Bogotá D. C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veinticinco (2025). Procede la Corte a emitir el fallo de instancia, acorde con lo dispuesto en la sentencia CSJ SL1606-2021 proferida en el proceso promovido por REINALDO AYALA SUÁREZ

contra OLD MUTUAL ADMINISTRADORA DE FONDO DE

PENSIONES Y CESANTÍAS S. A. hoy SKANDIA PENSIONES

Y CESANTÍAS S. A.

I. ANTECEDENTES Reinaldo Ayala Suárez llamó a juicio a Old Mutual Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S. A. hoy Skandia Pensiones y Cesantías S. A., con el fin de que sea condenada i) al reajuste anual de la pensión de vejez a partir de l° de enero del 2015, de acuerdo con el IPC certificado por el DANE; ii) al pago de las diferenciasRadicación n.° 11001-31-05-027-2015-00404-01

SCLAJPT-10 V.00 2 pensionales y los intereses moratorios y iii) se le ordene que en lo sucesivo incremente la mesada de acuerdo con el IPC de cada año. El Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá, por sentencia del 19 de mayo de 2016, dispuso: PRIMERO: CONDENAR a la demandada OLD MUTUAL

de cada año. El Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá, por sentencia del 19 de mayo de 2016, dispuso: PRIMERO: CONDENAR a la demandada OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. a incrementar año por año la pensión de vejez del demandante señor REINALDO AYALA SUÁREZ, conforme al IPC certificado por el DANE, desde el 01 de enero de 2015 hasta cuando subsistan las causas que le dieron origen a la referida pensión, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR a la demandada OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. a PAGAR al señor REINALDO AYALA SUÁREZ la suma de $10.797.400, correspondiente a las mesadas pensionales causadas entre el 01 de enero de 2015 y el 30 de abril de 2016, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR no probadas las excepciones de inexistencia de la obligación, imposibilidad jurídica para cumplir con las obligaciones pretendidas, cobro de lo no debido, legalidad de la pensión de vejez reconocida por OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. al demandante bajo la modalidad de retiro programado, legalidad de los incrementos pensionales efectuados al demandante por parte de OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. buena fe de mi representada, mala fe de la parte demandante y prescripción.

CUARTO: CONDENAR en costas a OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., incluyendo como agencias en derecho la suma

PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. buena fe de mi representada, mala fe de la parte demandante y prescripción.

CUARTO: CONDENAR en costas a OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., incluyendo como agencias en derecho la suma de $2.000.000 por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Por apelación de las partes, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo delRadicación n.° 11001-31-05-027-2015-00404-01 SCLAJPT-10 V.00 3 30 de junio de 2016 (f.os 126 a 127, con respecto al CD y acta, del cuaderno principal), confirmó la decisión del a quo. En sentencia CSJ SL1606-2021, esta Sala casó la decisión proferida el 30 junio de 2016, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con los siguientes argumentos: Por consiguiente, frente a este aspecto, el Tribunal no incurrió en el yerro que se le endosa, pues determinó con aserto que sin importar el régimen al cual se encuentre vinculado el pensionado y la modalidad de prestación, el valor de la mesada debe incrementarse anualmente, conforme lo establece el artículo 14

de la Ley 100 de 1993. Ahora bien, de cara al incremento de la prestación de vejez, en la modalidad de retiro programado y la eventual descapitalización de la cuenta de ahorro individual, en la misma providencia, al ocuparse del tema, señaló: Como se sabe, con la expedición de la Ley 100 de 1993 se adoptó en el país un sistema de seguridad social que permitió a los particulares la prestación de dicho servicio público bajo la regulación, control y coordinación del Estado que, antes, lo asumían solo entidades estatales. En el sistema general de pensiones, ello implicó la creación de dos regímenes excluyentes, que, si bien se rigen por principios y algunas disposiciones comunes, tienen regulación diferente respecto de las condiciones de acceso, permanencia y beneficios: de un lado, el régimen de prima media con prestación definida que administra la entidad pública Colpensiones y, por el otro, el esquema de ahorro individual con solidaridad –RAIS, a cargo de administradoras de pensiones privadas. El primer esquema se caracteriza porque: (i) se funda en la solidaridad y establece un sistema de reparto o de apalancamiento generacional, pues las cotizaciones de los empleadores y de los trabajadores constituyen un fondo de naturaleza común; (ii) sus beneficios están definidos en la ley, así

como los requisitos para su reconocimiento –edad y semanas de cotización-; (iii) el valor de la mesada es proporcional al ingreso promedio aportado de los últimos diez años, o de toda la vida laboral en algunos casos; (iv) garantiza el pago de la pensión de vejez durante los años de vida del afiliado -años de disfrutecon extensión del beneficio a los miembros de su grupo familiar, y (v)Radicación n.° 11001-31-05-027-2015-00404-01 SCLAJPT-10 V.00 4 el Estado asume todos los riesgos derivados de los cambios en los parámetros para el cálculo de la prestación, así como los derivados del ciclo económico. En relación con el RAIS (artículos 59, 62 y 63 ibidem), está a cargo de administradoras de pensiones privadas que, entre otras, tienen las siguientes obligaciones (artículos 60 y 63 ibidem): (i) ofrecer diferentes «fondos de pensiones», en los que debe invertir los recursos de las cuentas de ahorro individual, cuyas condiciones y características determina el Gobierno Nacional en atención a las edades y los perfiles de riesgo de los afiliados; (ii) garantizar una rentabilidad mínima; (iii) informar a los afiliados sus derechos y obligaciones, de manera que puedan tomar decisiones informadas, y (iv) enviar a sus afiliados, al menos cada tres meses, un extracto que dé cuenta de las sumas depositadas, sus rendimientos y saldos. En el RAIS no existen beneficios predefinidos, pues se trata de un sistema de capitalización individual, en el que el valor de la prestación de vejez depende de las sumas acumuladas en la

sus rendimientos y saldos. En el RAIS no existen beneficios predefinidos, pues se trata de un sistema de capitalización individual, en el que el valor de la prestación de vejez depende de las sumas acumuladas en la cuenta de ahorro individual del afiliado, las cuales provienen de sus cotizaciones -obligatorias y voluntarias-, de las de sus empleadores, del bono pensional y de los subsidios del Estado si a ello hay lugar, así como del rendimiento de los saldos en el mercado financiero. En este modelo, para el cálculo del beneficio pensional existen variables determinantes como el sexo y factores demográficos que establecen los años de disfrute del mismo, y se mide contra la esperanza de vida del afiliado y de su grupo familiar al momento de comenzar a percibirlo. Igualmente, la prestación de vejez se reconoce cuando el afiliado reúne el capital necesario para financiarla, en los términos del aludido artículo 64, sin que sea necesario cumplir con otro requisito; cuando el afiliado no reúne tal suma, pero acredita cierta edad -57 mujeres o 62 hombresy un número mínimo de semanas cotizadas -1.150-, tiene derecho a la garantía de pensión mínima. Ahora, en el régimen de ahorro individual de manera general la Ley 100 de 1993 contempla las siguientes modalidades pensionales (artículos 79, 80, 81 y 82 ibidem): renta vitalicia inmediata, retiro programado y retiro programado con renta vitalicia diferida. En la primera, el afiliado o beneficiario contrata directa e

inmediata, retiro programado y retiro programado con renta vitalicia diferida. En la primera, el afiliado o beneficiario contrata directa e irrevocablemente con una aseguradora el pago de una renta mensual hasta su fallecimiento o por el tiempo legalmente establecido a favor de sus beneficiarios; en la segunda, el pago de la prestación lo efectúa la administradora de pensiones con cargo a la cuenta de ahorro individual del afiliado, de modo que de dicho saldo se hacen retiros periódicos para el pago de las mesadas y, en la última, se acuerda el pago de una pensión bajoRadicación n.° 11001-31-05-027-2015-00404-01 SCLAJPT-10 V.00 5 la modalidad de retiro programado por un tiempo determinado y, posteriormente, con una aseguradora, una renta mensual vitalicia, si el pensionado y sus beneficiarios continúan vivos. Las rentas perpetuas no pueden ser inferiores al valor de la pensión mínima vigente del momento en que se contrata. Por otra parte, retomando la explicación de la modalidad de retiro programado, el valor de la mesada mensual se calcula cada año y equivale a la doceava parte de una anualidad, la cual se establece al dividir el saldo de la cuenta de ahorro por el capital necesario para financiar una renta vitalicia para el pensionado y sus beneficiarios. Cuando un afiliado esté percibiendo una prestación de este tipo, el saldo de su cuenta no puede ser

necesario para financiar una renta vitalicia para el pensionado y sus beneficiarios. Cuando un afiliado esté percibiendo una prestación de este tipo, el saldo de su cuenta no puede ser inferior al capital que se requiere para financiar una renta permanente de un salario mínimo legal mensual vigente. Ello explica por qué cuando el afiliado escoge la modalidad de retiro programado, la ley impuso a las administradoras de pensiones la obligación de realizar controles de saldos de manera permanente respecto de las cuentas de ahorro individual, conforme al artículo 12 del Decreto 832 de 1996. Dicho precepto establece: Artículo 12. Control de saldos en el pago de pensiones bajo la modalidad de retiro programado . En los términos del artículo 81 de la Ley 100 de 1993, las AFP que ofrezcan el pago de pensiones bajo la modalidad Retiro Programado, deben controlar permanentemente que el saldo de la cuenta de ahorro individual, mientras el afiliado disfruta de una pensión pagada bajo tal modalidad, no sea inferior a la suma necesaria para adquirir una póliza de Renta Vitalicia. En desarrollo de tal previsión, con sujeción al Decreto 719 de 1994, y normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan, el afiliado informará por escrito a la AFP en el momento de iniciar el Retiro Programado, la aseguradora con la cual ésta deberá contratar la Renta Vitalicia en caso de que el saldo no sea suficiente para continuar recibiendo su pensión bajo la

el Retiro Programado, la aseguradora con la cual ésta deberá contratar la Renta Vitalicia en caso de que el saldo no sea suficiente para continuar recibiendo su pensión bajo la modalidad Retiro Programado, sin perjuicio de que su decisión pueda ser modificada posteriormente. En todo caso, la administradora contratará con la última aseguradora informada por el afiliado. La AFP deberá informar al pensionado con por lo menos cinco (5) días de anterioridad a la adquisición de la póliza, sobre la necesidad de continuar recibiendo su pensión bajo la modalidad Renta Vitalicia, así como las nuevas condiciones de pago de la misma. En todo caso deberá incorporarse en el contrato de retiro programado o en el reglamento respectivo, una cláusula que aluda al artículo 81 de la Ley 100 de 1993, el cual especifica queRadicación n.° 11001-31-05-027-2015-00404-01 SCLAJPT-10 V.00 6 el saldo de la cuenta individual, mientras el afiliado disfruta de una pensión bajo esta modalidad, no podrá ser inferior al capital requerido para financiar al afiliado y sus beneficiarios una Renta Vitalicia de un salario mínimo legal mensual vigente, indicando que por tal razón, en el momento en que el saldo deje de ser suficiente, deberá adquirirse una póliza de Renta Vitalicia.

Parágrafo Primero. Si el saldo final de la cuenta individual fuese inferior a la suma necesaria para adquirir una Renta Vitalicia y la AFP no tomó en su oportunidad las medidas necesarias para evitar esta situación, la suma que haga falta será a cargo de la AFP, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar por el incumplimiento a un deber legal (…). Conforme lo anterior, las administradoras de pensiones no solo deben ejercer un «control permanente» sobre los saldos de las cuentas de ahorro individual de los pensionados que opten por la modalidad de retiro programado, pues también tienen la obligación de tomar « medidas» eficaces y oportunas para evitar su descapitalización. No obstante, la posibilidad de que aquellas pueden adoptarse incluso hasta que la cuenta permita «financiar al afiliado y sus beneficiarios una Renta Vitalicia de un salario mínimo legal mensual vigente» puede generarle un perjuicio al pensionado, toda vez que en tal escenario su capital habrá disminuido considerablemente, circunstancia que, además, dificulta la contratación de una renta vitalicia con una aseguradora. Lo ideal sería que las AFP lleven a cabo acciones desde el momento en que adviertan una eventual descapitalización de la cuenta individual del pensionado, a fin de evitar que el valor de la prestación se disminuya a tal punto que llegue a esa suma mínima. Por ello, a juicio esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, conforme lo adoctrinó en sentencias CSJ SL2692-2020 y CSJ

la prestación se disminuya a tal punto que llegue a esa suma mínima. Por ello, a juicio esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, conforme lo adoctrinó en sentencias CSJ SL2692-2020 y CSJ SL2935-2020 al decidir sobre asuntos similares, le asiste razón al recurrente al afirmar que erró el Tribunal al confirmar la orden de incrementar el valor mensual de la prestación con base en el índice de precios al consumidor y de pagar el retroactivo, sin tomar las medidas necesarias que impidan la descapitalización de la cuenta de ahorro individual del demandante. Y es que no le bastaba al ad quem prever que, en caso de descapitalización de la cuenta de ahorro pensional, se debía contratar la póliza de renta vitalicia de que trata el artículo 12 del Decreto 832 de 1996, pues el déficit financiero compromete el pago de sus mesadas futuras e, incluso, podría afectar su mínimo vital. De manera que esa eventualidad debe ser estudiada por los jueces, quienes en su labor de administrar justicia tienen la obligación de abordar las situaciones particulares yRadicación n.° 11001-31-05-027-2015-00404-01 SCLAJPT-10 V.00 7 excepcionales y plantear soluciones en el marco de la Constitución Política y las regulaciones pensionales vigentes. Así las cosas, el Tribunal incurrió en el yerro que se le endilga. De manera que, siguiendo la línea actual de la Corte, se concluye que en lo que si se le haya razón a la censura es al sostener que

Así las cosas, el Tribunal incurrió en el yerro que se le endilga. De manera que, siguiendo la línea actual de la Corte, se concluye que en lo que si se le haya razón a la censura es al sostener que erró el Tribunal al confirmar la orden de incrementar el valor mensual de la prestación con base en el IPC certificado por el DANE, en los términos del artículo 14 de la Ley 100 de 1993, sin verificar las medidas necesarias que impidan la descapitalización de la cuenta de ahorro individual del demandante en los términos precisos señalados en la jurisprudencia. En tal contexto, se concluye que el ad quem incurrió en el yerro jurídico que se le enrostra y por ende las acusaciones prosperan, sin que sea necesario abordar el cargo tercero Para mejor proveer se ordenó oficiar a Old Mutual Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S. A., a fin de que: i) informe el valor inicial de la cuenta de ahorro individual al momento del reconocimiento de la prestación de vejez al demandante; así como sus saldos año a año y el valor de la prestación anual, desde dicha fecha hasta la actualidad; ii) indique en qué momentos identificó una eventual descapitalización de la cuenta de ahorro del pensionado, a qué obedeció esa situación y qué medidas tomó para contrarrestarla; iii) señale los saldos actuales de la cuenta de ahorro individual del señor Ayala Suárez y su proyección a futuro con base en la expectativa de vida de él y sus beneficiarios y, v) explique en detalle si ese valor permite o no a la fecha el otorgamiento de una

del señor Ayala Suárez y su proyección a futuro con base en la expectativa de vida de él y sus beneficiarios y, v) explique en detalle si ese valor permite o no a la fecha el otorgamiento de una renta vitalicia y a qué cuantía ascendería, para lo cual deberá hacer las cotizaciones pertinentes en mínimo tres compañías aseguradoras, conforme a la regulación vigente. Así mismo, al actor para que indicara «si en la actualidad presenta cambio de beneficiarios y, en caso afirmativo, las fechas de su nacimiento». En ese contexto, el demandante manifestó que es soltero, legalmente divorciado, con sociedad conyugalRadicación n.° 11001-31-05-027-2015-00404-01 SCLAJPT-10 V.00 8 disuelta y liquidada desde el 24 de enero de 2005 ante el Juzgado 21 de Familia de Bogotá y que no tiene relación conyugal de hecho ni compañera beneficiaria o heredera de su pensión. Igualmente, que tiene cuatro hijos todos ellos mayores de edad, sin ninguna limitación física y/o mental que amerite una sustitución pensional. Añadió, que el monto de su mesada inicial fue de $8.796.000, con trece mesadas a partir de julio de 2013, data para la cual en su cuenta de ahorro individual era de $1.528.241.227. Mencionó que ha recibido un gran total por pago de mesadas $975.297.794, sin embargo, su cuenta de ahorro individual no se ha descapitalizado, pues se ha mantenido

individual era de $1.528.241.227. Mencionó que ha recibido un gran total por pago de mesadas $975.297.794, sin embargo, su cuenta de ahorro individual no se ha descapitalizado, pues se ha mantenido sin que merite y/o permita pensar en una renta vitalicia por descapitalización a través de una aseguradora, advirtiendo que no lo acepta. Allegó los registros civiles de nacimiento de sus hijos, así como el de matrimonio con la nota marginal de divorcio, la certificación de Skandia sobre el saldo de capital para cálculo de la pensión inicial, certificaciones de pagos anuales de pensión y los extractos que advierte que la cuenta de ahorro individual no se ha descapitalizado, en tanto que se ha sostenido en suma no superior a $1.000.000.0001. Por su parte, Skandia S. A. suministró la misma información allegada por la parte demandante; añadió que

1 f.º 79 y ss., del cuaderno de la Corte.Radicación n.° 11001-31-05-027-2015-00404-01 SCLAJPT-10 V.00 9 cada año se debe realizar un proceso de recálculo que implica ajustar la mesada pensional teniendo en cuenta los resultados financieros y los demás parámetros técnicos normativos que rigen la modalidad de pensión, tales como interés técnico y la expectativa de vida del grupo familiar. Expresó que no se evidencia descapitalización de la cuenta en consideración a que el capital cubre una mesada mucho mayor que un salario mínimo. Advirtió, respecto al requerimiento de las cotizaciones

interés técnico y la expectativa de vida del grupo familiar. Expresó que no se evidencia descapitalización de la cuenta en consideración a que el capital cubre una mesada mucho mayor que un salario mínimo. Advirtió, respecto al requerimiento de las cotizaciones de renta vitalicia, que realizó los trámites pertinentes de cotización de dicha modalidad de pensiones a las compañías que tienen aprobado este ramo en el mercado tales como: Sura, Global Seguros, Bolívar, Positiva y Mapfre Colombia, de las cuales solo recibió respuesta en forma negativa de las Aseguradoras Positiva y Mapfre. Indicó, que las aseguradoras están en libertad de cotizar o no la renta vitalicia, sin que exista preceptiva que las obligue a cotizar2. De lo previo se corrió traslado a las partes, por el término de ley3, en el que el demandante refiere la ausencia en este asunto de la descapitalización de la cuenta de ahorro individual como lo confirmó Skandia S. A., y pide se confirme la decisión de primera instancia, en tanto que le asiste el derecho al incremento IPC de su mesada pensional4.

2 f.os 98 a 101, ib. 3 f.º 102, ib. 4 f.os 103 a 105, ib.Radicación n.° 11001-31-05-027-2015-00404-01

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II. CONSIDERACIONES Pues bien, deviene recordar que, en sede de casación, no fue materia de discusión que Old Mutual Pensiones y Cesantías S. A., hoy Skandia Pensiones y Cesantías S. A., le otorgó al actor una pensión de vejez, desde el 1° de mayo de

no fue materia de discusión que Old Mutual Pensiones y Cesantías S. A., hoy Skandia Pensiones y Cesantías S. A., le otorgó al actor una pensión de vejez, desde el 1° de mayo de 2013, en la modalidad de retiro programado, en cuantía de $8.796.000, la que, para el año de 2015, ascendió a $8.794.000. El a quo, para efectos de proferir su decisión estableció como problema jurídico a definir si debe «condenarse a Old Mutual Pensiones y Cesantías S. A., al reajuste anual de la pensión de vejez del señor Reynaldo Ayala Suárez, desde el 1.º de enero de 2015 y, en consecuencia, ordenar al pago de las diferencias correspondientes». Para resolver dicho cuestionamiento, refirió que la mesada para el año de 2014 fue incrementada según el IPC en $8.967.0005, para el 2015 disminuyó en la suma de $8.794.0006 y conforme al interrogatorio de parte que absolvió el actor informó que para el año de 2016 la recibió en un valor de $8.854.000. Recordó los artículos 48 y 53 7 de la CP, el Acto Legislativo 01 de 2005, 148 de la Ley 100 de 1993 y 41 9 del

5 f.º 24, del expediente del Juzgado. 6 f.os 30 y 31, ib. 7 Estado garantizara el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales 8 Reajuste de Pensiones

6 f.os 30 y 31, ib. 7 Estado garantizara el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales 8 Reajuste de Pensiones 9 Reajuste de PensionesRadicación n.° 11001-31-05-027-2015-00404-01

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Decreto 692 de 1994. Así mismo, destacó de cara a la pensión de vejez en el RAIS, los artículos 64 10 7911 y 8112 de la Ley 100 de 1993. Precisó, que sobre el no aumento de la mesada pensional, en sentencia CC T-1052-2008, se concluyó que: […] todos los pensionados independientemente del régimen al cual pertenezcan tienen derecho al reajuste anual de su mesada pensional, por lo que la decisión de las administradoras de fondos de pensiones de no incrementar de acuerdo con el IPC la pensión de vejez reconocida a los afiliados vulnera su derecho fundamental al mínimo vital, pues el reajuste anual de las pensiones permite corregir la desvalorización constante y progresiva de la moneda y mantener el poder adquisitivo de esa prestación económica, de aquí que si la pensión no es reajustada en las condiciones previstas en la ley necesariamente en términos reales se seguirá bien reducida o congelada debido a que progresivamente perderá su poder adquisitivo, por esto dado que el incremento anual de la pensión busca que su valor no se deteriora frente al costo de los bienes y servicios que el actor

progresivamente perderá su poder adquisitivo, por esto dado que el incremento anual de la pensión busca que su valor no se deteriora frente al costo de los bienes y servicios que el actor requiere para su subsistencia la omisión respecto a tal incremento implica la vulneración de su derecho fundamental al mínimo vital, debido a que cada año sus posibilidades de acceder a dichos bienes y servicios será más limitada, por lo anterior el grado de rentabilidad de la cuenta de ahorro individual de los pensionados no puede afectar el incremento anual de su pensión de vejez en concordancia con la variación porcentual del IPC, porque este es un derecho que involucra directamente la efectividad de su derecho fundamental al mínimo vital.

10 Requisitos para obtener la pensión de vejez 11 Las modalidades de las pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivientes. 12 Retiro Programado, es la modalidad de pensión en la cual el afiliado o los beneficiarios obtienen su pensión de la sociedad administradora, con cargo a su cuenta individual del ahorro pensional y al bono pensional a que hubiere lugar. Para efectos se calcula cada año una anualidad en unidades de valor constante, igual al resultado de dividir el salado de su cuenta de ahorro y bono pensional, por el capital necesario para financiar una unidad de renta vitalicia para el afiliado y sus beneficiarios. La pensión mensual corresponderá a la doceava parte de dicha anualidad. El saldo de la cuenta de ahorro pensional, mientras el afiliado disfruta de

beneficiarios. La pensión mensual corresponderá a la doceava parte de dicha anualidad. El saldo de la cuenta de ahorro pensional, mientras el afiliado disfruta de una pensión por retiro programado, no podrá ser inferior al capital requerido para financiar al afiliado y a sus beneficiarios una renta vitalicia de un salario mínimo legal mensual vigente. Lo dispuesto en el inciso anterior, no será aplicable cuando el capital ahorrado más el bono pensional si hubiere lugar a él, conduzca a una pensión inferior a la mínima, y el afiliado no tenga acceso a la garantía estatal de pensión mínima.Radicación n.° 11001-31-05-027-2015-00404-01

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También hizo referencia a la sentencia CC T-020-2011, cuya parte pertinente leyó y acorde con los derroteros jurisprudenciales ahí señalados, refirió que el reajuste anual de las pensiones superiores al salario mínimo con base en el IPC certificado por el DANE constituye un principio constitucional cuyo desconocimiento vulnera el derecho fundamental al mínimo vital, por esta razón, conforme a las normas legales las administradoras de fondos de pensiones están en la obligación de aumentar anualmente la pensión de vejez de su afiliados sin que las mismas distingan entre las administradoras del RPMPD y las del RAIS. Añadió, que: […] como lo explicó la Corte la sentencia en la que se sustenta esta decisión, no es justificación suficiente para desconocer el derecho de incremento pensional anual la necesidad recalcular la mesada pensional conforme al nuevo saldo de la cuenta de ahorro individual ni tampoco que en la modalidad de retiro

esta decisión, no es justificación suficiente para desconocer el derecho de incremento pensional anual la necesidad recalcular la mesada pensional conforme al nuevo saldo de la cuenta de ahorro individual ni tampoco que en la modalidad de retiro programado los afilados asuman los riesgos de extra longevidad y de mercado o rentabilidad de los recursos, pues la normativa que regula la de retiro programado es infraconstitucional y son la Constitución Política y la modificación que introdujo al artículo 48, el Acto Legislativo 01 de 2005, las normas que consagra el derecho al mínimo vital y el derecho de los pensionados a que su mesada pensional sea reajustada año tras año, conforme el IPC, si es superior al mínimo legal. Resaltó, que: […] el derecho al mínimo vital y móvil, así como la prohibición de congelar o de reducir el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho y la garantía del reajuste periódico de la pensión constituyen principios mínimos fundamentales de la seguridad social, amparados igualmente por el principio constitucional de la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, consagrado también en el artículo 53 de CP.Radicación n.° 11001-31-05-027-2015-00404-01

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En tales términos: […] condenó a la demandada a realizar el reajuste anual de la pensión de vejez del actor, desde el 1 de enero de 2015 y en consecuencia al pago de las diferencias pensionales correspondientes.

Sobre los intereses moratorios, hizo alusión al artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y dijo que: Conforme a lo expuesto para resolver el primer problema jurídico

consecuencia al pago de las diferencias pensionales correspondientes. Sobre los intereses moratorios, hizo alusión al artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y dijo que: Conforme a lo expuesto para resolver el primer problema jurídico planteado, se concluye que Old Mutual Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías S. A. omitió su deber legal de reajustar la pensión de vejez del señor Reynaldo Ayala Suárez sin justificación valida desde el 1.º de enero de 2015. No obstante, lo señalado en las premisas fácticas los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, están previstos para mora en el pago de las mesadas pensionales y no de sus reajustes. Además, como quiera que se efectuó la actualización de las mesadas pensionales desde el 1 de enero de 2015 hasta el 30 de enero de 2016, resulta improcedente además de la actualización imponer los intereses moratorios solicitados por lo que se niega esta pretensión. La demandada en su apelación expuso que el actor en mayo de 2013, escogió de manera libre y voluntaria el retiro programado y que ha cumplido a cabalidad con las normas legales, recuerda que el artículo 81 de la Ley 100 de 1993, habla sobre los efectos del retiro programado y que al desconocerse las normas jurídicas no solo se estarían vulnerando todas las disposiciones que establece la ley en cita, por cuanto si bien se está ordenando un aumento pensional anual, como en este caso al actor, que tiene una

vulnerando todas las disposiciones que establece la ley en cita, por cuanto si bien se está ordenando un aumento pensional anual, como en este caso al actor, que tiene una mesada de ocho millones y al escoger el retiro programado,Radicación n.° 11001-31-05-027-2015-00404-01 SCLAJPT-10 V.00 14 puede llegar a que su capital se disminuya a