CSJ - SL1521-2023

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Sala de Descongestión N. 3 JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO Magistrada ponente SL1521-2023 Radicación n.° 92904 Acta 22 Bogotá, D. C., cinco (5) de julio de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por PAOLA ANDREA CARDONA CHARRY, contra la sentencia proferida el 1 de julio de 2021, por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en el proceso que adelantó en contra del BANCO POPULAR SA.

I. ANTECEDENTES Paola Andrea Cardona Charry llamó a juicio al Banco Popular SA, para que se declarara, que: el contrato de trabajo a término indefinido que existió entre ellos finalizó «de manera unilateral, ilegal e injusta por parte de la demandada» y, que el proceso disciplinario que se le adelantó «fue violatorio del derecho fundamental al debido proceso»; en

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 92904 consecuencia, se condenara al reintegro al mismo cargo que ocupaba a la fecha de la desvinculación o a otro de igual o superior categoría, sin solución de continuidad y en iguales condiciones, el pago de los salarios sus incrementos, las prestaciones sociales compatibles y, los aportes a seguridad social y parafiscales, desde el despido y hasta que se haga efectiva la reinstalación. En forma subsidiaria reclamó la indemnización por despido contemplada en el artículo 4 de la Convención

Colectiva de Trabajo 1992, indemnización moratoria, «INTERESES» e indexación y, las costas. Como fundamento de sus peticiones expuso que, laboró en virtud de un contrato de trabajo a término indefinido al servicio de Banco Popular SA del 20 de febrero de 2006 al 10 de mayo de 2016, desempeñando el cargo de cajera principal en la Oficina San Juan Plazas en la ciudad de Neiva, con un último salario promedio mensual de $2.910.981.39 y, que desde su vinculación a la entidad bancaria se afilió a la organización sindical. Informó que el 10 de mayo de 2016, el demandado le comunicó la terminación de su contrato de trabajo, con justa causa, enumerándole una serie de hechos que fueron desvirtuados en el proceso disciplinario convencional que se le adelantó con antelación a la desvinculación y, con violación al debido proceso, derechos de defensa y contradicción de la prueba, toda vez que le citó a diligencia de descargos el 18 de abril de 2016 para el día siguiente alas

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 92904 10:00 am, sin que se le informara el objeto. No obstante, en esa misma calenda, a las 5:15 pm, se le envía una nueva comunicación en la que se le informa que el 21 de abril de 2016 se llevaría a cabo aquella diligencia. Señaló que, en esa última data, la inculparon de unos hechos ocurridos el 22 de febrero y 10 de marzo de 2016, «según observaciones de unos videos de seguridad., los que nunca fueron puestos a disposición de la demandante ni del

sindicato y que, con posterioridad, el 10 de mayo de ese ario, se le dio por terminado el contrato de trabajo con justa causa por los mismos hechos que fuera llamada a descargos. El Banco Popular SA, se opuso a las pretensiones. Aceptó la vinculación laboral, los extremos, el cargo desempeñado y, la terminación con justa causa del contrato de trabajo. En su defensa sostuvo que dio por terminado el vínculo contractual a la demandante con justa causa, dado el incumplimiento grave de sus obligaciones legales, contractuales, convencionales y reglamentarias, para lo cual cumplió lo dispuesto en el artículo 9 de la Convención Colectiva de Trabajo de 1990, al recibir el 18 de abril de 2016, informe de auditoría interna 952-00253-2016 de 14 de abril de ese ario, luego se le citó a descargos dentro de los 3 días siguientes -19 de abril de 2016-, decisión que igualmente se comunicó a la Subdirectiva Seccional Neiva de la UNEB con el fin de que asistieran a la trabajadora, organización sindical

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 92904 que solicitó su aplazamiento para el día 21 del mismo mes y ario, calenda en la que se llevó a cabo. Refirió que de aquella diligencia se elevó un acta en la que se relacionaron los hechos endilgados a la trabajadora, así como las respuestas que ella suministrara a cada una de las preguntas formuladas en ejercicio de sus derechos de defensa y contradicción y que fuera suscrita por quienes intervinieron, luego de lo cual, evaluado el informe de

auditoría y las justificaciones dadas por la demandante, mediante comunicación 389-000-173-2016 de 10 de mayo de 2016, procedió a informarle de la terminación de su contrato de trabajo con justa causa. Afirmó que Cardona Charry incumplió las medidas de seguridad establecidas para la custodia del efectivo en su taquilla como cajera principal, al alejarse de su casilla sin asegurar el efectivo que reposaba «en el taquillero superior de su caja de manera reiterativa»; realizó la apertura de la caja auxiliar de la oficina sin cerrar la puerta de acceso principal; realizó llamadas desde su celular personal en el sitio de trabajo; no cumplió con el control dual en la apertura de la caja auxiliar del compartimiento inferior; procesó un retiro de su plan futuro por la suma de $9.450.000 el 29 de febrero de 2016, día en el que por ser cierre de mes se practicaría arqueo del efectivo al final de la jornada y en el cual se presentaron inconsistencias, además de pasar por alto los controles de pago del CDT 300-389-0002 por la suma de $60.581.000 a favor de Elizabeth Alarcón de Ávila, tal como

SCLAPT-10 V.00 4

Radicación n.° 92904 dio cuenta el informe de auditoria rendido y recibido el 18 de abril de 2016. Propuso las excepciones de fondo de pago, compensación y prescripción y, las que llamó inexistencia de las obligaciones reclamadas, enriquecimiento sin causa, mala fe de la demandante, cobro de lo no debido y buena fe (f.° 468-484 cuaderno del juzgado).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva, mediante fallo de 23 de febrero de 2017 (link audiencia cuaderno n.° 3 del juzgado - expediente digital), resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre la señora PAOLA ANDREA CARDONA CHARRY como trabajadora, empleada y el BANCO POPULAR SA, se encuentra vigente el contrato de trabajo a término indefinido que la demandada terminó de manera ilegal e injusta y en consecuencia, declarar que se encuentra vigente el mismo y ordenar a la demandada REINTEGRE a la actora a la empresa en el cargo que venía desempeñando, o a uno de igual o mejor salario y categoría, con el pago de las prestaciones sociales legales y convencionales, seguridad social en salud y pensiones, y salario que venía devengando por razón de $2.113.177 mensual, desde el despido hasta el reintegro efectivo.

SEGUNDO: DECLARAR INFUNDADAS las excepciones propuestas por la demandada.

TERCERO: ABSTENERSE de condenar a la demandada por la sanción convencional por despido injusto y sanción moratoria de que trata el artículo 65 del CST.

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 92904

CUARTO: CONDENAR en costas a la parte demandada en favor de la parte actora, asignando como agencias en derecho la suma de $4.465.000.

Inconforme el Banco Popular, apeló.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, al desatar el recurso, con sentencia de 1 de julio de 2021 (f.° 26-43 cuaderno del Tribunal),

decidió: PRIMERO.- REVOCAR el numeral PRIMERO del fallo apelado y, en su lugar, DENEGAR las pretensiones de la demanda, conforme a lo motivado. SEGUNDO.- REVOCAR el numeral SEGUNDO del fallo de primer grado y, en su lugar, declarar probadas las excepciones denominadas "INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES RECLAMADAS"," PAGO" y "COBRO DE LO NO DEBIDO", sin que se necesario (sic) analizar las demás, de conformidad con lo 0 previsto en el inciso 3 del artículo 282 del CGP. TERCERO.- CONFIRMAR el numeral TERCERO en el entendido de que no hay lugar a condenar a la entidad demandada por sanción alguna, al resultar imprósperas la totalidad de las pretensiones de la demanda. CUARTO.- REVOCAR el numeral CUARTO de la sentencia de primer grado para, en su lugar, imponer condena en costas a la parte actora. Fíjense las agencias en derecho en por el juez (sic) de primera instancia. QUINTO.- No condenar en costas en la segunda instancia al haber salido avante el recurso de apelación.

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 92904 Centró el problema ajuridico a verificar si el juez de primera instancia incurrió en error « al valorar la prueba legal y oportunamente allegada al proceso», análisis que le llevó a conceder las pretensiones a la demandante. Antes de resolverlo, tuvo como hechos indiscutidos: la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre las partes, sus extremos temporales, el finiquito a

instancias del empleador, el cargo desempeñado, el salario que estableció el a quo en la suma de $2.113.177 y, la vigencia y aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo a Paola Andrea Cardona Charry. En relación con la justeza del despido, se remitió a los motivos endilgados por el banco en la misiva de desvinculación de la que resaltó, «cumple con los requisitos señalados en la ley y la jurisprudencia y satisface a cabalidad los fines que tiene dicho instrumento», toda vez que relata «de manera clara» los hechos reprochados a la demandante, las fechas y hora en los que se cometieron y, las normas infringidas, «suministrando así a la trabajadora desvinculada los elementos necesarios para discutir los motivos que dieron fin a la relación de trabajo.. Descendió al estudio de las probanzas arrimadas a los autos, iniciando por el interrogatorio de parte absuelto por la promotora del juicio del que evidenció «con toda nitidez que la demandante confesó haber incurrido en la mayoría de los hechos que se le imputan y que los mismos constituyen

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 92904 incumplimiento a las políticas y medidas de seguridad adoptadas por la entidad bancaria». Prosiguió con la valoración de las declaraciones rendidas por Martha Lucía Reyes Padilla, jefe directa de la demandante; Aldemar Manrique Bahamón, gerente de la oficina del Banco Popular - San Juan Plaza; Geiner González Figueroa, empleado del banco y directivo sindical; Jaime Hernán Ospina Gil, funcionario que participó en la auditoria

interna realizada por la entidad bancaria, así como con el estudio de la documental correspondiente al informe de auditoria y las fotografías adjuntas a este, probanzas de las que concluyó: Analizando las pruebas referidas de manera conjunta y armónica no es dificil concluir que las conductas endilgadas a la demandante en la carta que puso fin a la relación laboralcontrario a lo alegado por el apoderado de la parte actora - sí existieron, sí se ejecutaron, incluso fueron admitidas por la señora PAOLA ANDREA CADONA (sic) CHARRY en la diligencia de interrogatorio de parte. En su declaración la demandante confesó haber incurrido en las conductas que se le señalan en la carta de despido, precisando que sí se levantó de su puesto dejando la cajilla abierta y mientras estaba abierta la puerta de seguridad del Banco; admitió haber realizado apertura de la caja auxiliar sin el acompañamiento de un segundo funcionarioapertura dual-; haber usado su teléfono móvil en lugar y horas de trabajo mientras estaba en la cajilla y haber desatendido medidas de seguridad para el pago de un certificado de depósito a término - CDT cuando lo fechó indebidamente y omitió utilizar el marcador de seguridad "zonite". Del mismo modo, admitió que dichas conductas violaron las normas y procedimientos de seguridad establecidos por el Banco y que ella conocía, pues las preguntas se formularon de manera tal que estaban encaminadas a establecer la comisión del hecho y que el mismo era constitutivo de violación a procedimientos de seguridad del Banco, a lo cual la demandante contestó afirmativamente. Aunque la accionante hizo aclaraciones para exculparse de los

SCLAJPT10 V.00 8

Radicación n.° 92904 hechos, las mismas no desvirtúan la ocurrencia de las situaciones fácticas que se le imputaron al momento del despido, por lo que, de conformidad con la confesión de la demandante, se reitera, los hechos si ocurrieron. Coligió que los supuestos fácticos que sustentaron la carta de despido estaban acreditados, pasó a analizar si revestían tal gravedad para ser considerados justa causa de despido, para lo cual se remitió a lo consagrado en el artículo 87, 104 y 107 del Reglamento Interno de Trabajo, 58 del CST y 6 de la Convención Colectiva de Trabajo 1978, luego de lo cual afirmó que de su «análisis armónico» se podía afirmar que la causal en que se fincó la ruptura del vínculo laboral fue el grave incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones que incumben al trabajador, .en este caso, el desconocimiento de las órdenes, instrucciones, prescripciones y procedimientos de seguridad fijados por el Banco». Resaltó que la actividad bancaria implica un riesgo de mayor nivel en comparación con otro tipo de labores, por lo que resultaba legítima la adopción de medidas de seguridad rigurosas «tendientes a salvaguardar los recursos de terceros cuyo manejo constituye el giro ordinario de sus negocios», por lo que, desconocidas por parte de la demandante las políticas que para el efecto estableciera el Banco Popular SA y que «admitió conocer perfectamente», no había lugar a dudar que revestían «una gravedad suma», toda vez que «además de ser

variasf altas a las políticas de seguridad del Banco, ocurrieron de manera reiterada, lo que implica que el actuar de la demandante puso en riesgo la seguridad de la entidad 9

SCLAPT-10 V.00

Radicación n.° 92904 empleadora e incluso la suya misma, la de sus compañeros de trabajo y la de los usuarios», sin que las explicaciones que diera sobre su conducta al absolver interrogatorio de parte tuvieran «una fuerza y una fundamentación suficiente que permita exculpar unas faltas que pusieron en riesgo en múltiples ocasiones la seguridad de la entidad Bancaria». A renglón seguido, indicó: Así las cosas, los hechos narrados en la carta de despido, además de haber sido admitidos por la demandante en su interrogatorio de parte y haber quedado acreditados con el informe de auditoría y las declaraciones testimoniales, revisten una gravedad mayúscula al tratarse de violaciones a las políticas y medidas de seguridad de una entidad que presta un servicio público de trascendental importancia como es la intermediación financiera; la actora omitió las diversas instrucciones impartidas para su empleador (sic) y con ello violó los deberes específicos que su cargo le imponía, tal como lo aceptó en el interrogatorio de parte, y en consecuencia, constituyen mérito suficiente para configurar una justa causa de despido al tenor de lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento interno de trabajo y el artículo 62 numeral 6 del CST, pues, se reitera, esas previsiones que la demandante pasó por alto tenían por objeto moralizar una labor tan delicada y de tanta responsabilidad como lo es la actividad bancaria.

En cuanto al proceso disciplinario al que se convocara a la demandante con antelación al finiquito de la relación laboral y con ocasión del cual alega la vulneración de su derecho al debido proceso, luego de remitirse al artículo 9 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita en 1990, indicó el Tribunal que de su lectura ose desprende nítidamente que el despido no está contemplado en la normativa convencional como una sanción», tampoco en el contrato de trabajo, reglamento interno, ni en ninguna de las normas que

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 92904 gobernaron el vinculo contractual y que fueron allegadas al plenario. Y agregó: Significa lo anterior, que para efectos de dar por terminado el contrato de trabajo con justa causa, el BANCO POPULAR S.A. no estaba obligado a adelantar dicho trámite, pues, según el tenor literal de la norma, las sanciones disciplinarias están establecidas taxativamente y son el llamado de atención y la suspensión del contrato, de suerte que el debido proceso en tal escenario se le garantizaba a la demandante al explicarle en la carta de despido, de manera clara y puntual, los hechos con fundamento en los cuales la empresa decidió romper el vínculo contractual. Sustentó su posición en un extracto de las sentencias CSJ SL1077-2018 y CSJ SL670-2018 y, en lo que hace a la vulneración alegada en desarrollo del trámite de descargos, indicó: Siendo así las cosas ninguna violación al debido proceso cometió la demandada respecto de la señora PAOLA ANDREA CARDONA CHARRY en el trámite previo al despido, pues, en primer lugar,

dicha diligencia no era necesaria y, en segundo término, tampoco se presentaron los desmanes de que habla la demanda, pues como lo admitió la promotora del proceso en su interrogatorio de parte, previo a la diligencia de descargos ella tuvo la oportunidad de socializar con las personas que adelantaron la auditoría los videos que revelaron sus fallas en los controles de seguridad y, como lo reveló el señor GEINER GONZÁLEZ FIGUEROA, presidente del sindicato que la asistió en la diligencia, ella conoció el contenido de la citación que el Banco le remitió al sindicato donde se enlistaban con detalle los hechos que se le endilgaban, a raíz de lo cual pidieron un aplazamiento de la diligencia para hablar de la trabajadora y preparar los descargos en debida forma. Adicionalmente, quedó acreditado con las declaraciones testimoniales que el Banco solo tuvo conocimiento de los hechos que fundamentaron el despido cuando se entregó el informe final de la auditoría, que data del 14 de abril de 2016 (fl. 232), siendo llamada la trabajadora a la "diligencia de descargos" el 18 de abril de 2016, para ser realizada al día

SCLAPT-10 V.00

Radicación n.° 92904 siguiente, siendo reprogramada para el día 21 de abril, por petición del sindicato. Esto demuestra que tampoco hubo un desconocimiento de los términos fijados en la convención colectiva. Manifestó que si el hecho que suscita el debate correspondía a que no se hubieren reproducido en aquella diligencia de descargos los videos que dieron lugar al reporte

de auditoría, «ese asunto ninguna relevancia reclama, pues, sino hizo por el demandando (sic) la encartada y/o los representantes del sindicato pudieron solicitarlo y al no hacerlo se entiende que no lo requerían o que ya la CARDONA CHARRY (sic) conocía las cintas, como se acreditó testimonialmente». En relación con la condena impartida por el a quo, afirmó que no existen razones para declarar la ineficacia del despido: [...] que es la declaración que subyace a la orden de reintegro del trabajador con pago de emolumentos dejados de percibir. En efecto, para casos como el presente la ley no consagra tales consecuencias frente a la terminación del contrato por parte del empleador y al revisar las normas convencionales tampoco se advierte que haya lugar al reintegro, solamente en el artículo 4 de la convención colectiva del ario 1992 se habla de que habrá lugar al reintegro por despido sin justa causa cuando el trabajador haya ingresado al Banco hasta el 30 de noviembre de 1984 (fi. 72), caso que no es el de la accionante quien inició a laborar en el BANCO POPULAR S.A. en el ario 2006. Para finalizar indicó que se encontraba evidenciado el error cometido por el juez de la primera instancia al ordenar el reintegro de Paola Andrea Cardona Charry, como quiera que lo que se demostró en el juicio, es que su «despido estuvo

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 92904 mediado por una justa causa y que, además, no había necesidad de adelantar un trámite disciplinario para el efecto,

no observándose, en todo caso, las irregularidades planteadas por la parte actora».

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal, admitido por la Corte y, sustentado en tiempo, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la casación de la sentencia recurrida y, en sede de instancia se confirme la proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva el 23 de febrero de 2017.

Con tal propósito formula cuatro cargos, por la causal primera de casación, que recibieron réplica y, enseguida se estudian en forma conjunta, el primero, tercero y cuarto y, a continuación, el segundo.

VI. CARGO PRIMERO Por vía directa acusa interpretación errónea de los artículos 29 y 53 de la CN; 104, 106, 111, 112, 115 subrogado por el 10 del Decreto 2351 de 1965, 467 y 468 del CST; 8 ordinal 5 del Decreto 2351 de 1965, lo que conllevó a la infracción directa de los artículos 23 modificado por el 1 de la Ley 50 de 1990, 58 numeral 1 y, 62 literal a) numeral 6

SCLAPT-10 V.00 13

Radicación n.° 92904 del CST modificado por el 7 del Decreto 2351 de 1965; 7 literal d) de la Ley 319 de 1996, Protocolo de San Salvador; Convención Americana de Derechos Humanos, Convenios 97 y 98 de la OIT y, Leyes 26 y 27 de 1976.

Para la censura, al margen de la discusión sobre que antes de la terminación del contrato de trabajo con justa causa, a la demandante se le aplicó el procedimiento establecido en la Convención Colectiva de Trabajo 1990 para sanciones disciplinarias, ello obedeció a que el banco entendía que así debía hacerse, por lo que era necesario que se le garantizara el derecho al debido proceso, la defensa y la contradicción de la prueba y, si ello era así, el ad quem «no podía adoptar una interpretación diferente y errada sobre el derecho fundamental al debido proceso en todas las actuaciones tanto judiciales como administrativas bien sea de carácter oficial o privada» (sic). Asevera que, si ese no era el entendimiento correcto, le bastaba al empleador con haber despedido a la demandante con justa causa sin necesidad de adelantar aquel trámite convencional «y al hacerlo, obligatoriamente debió haber respetado derecho fundamental al debido proceso durante el trámite disciplinario convencional». Sostiene que si bien, el despido con justa causa de acuerdo a lo enseriado por la jurisprudencia, no constituye una sanción disciplinaria y por lo mismo, no es necesario el adelantamiento de un trámite convencional o extralegal, por ser una facultad del empleador, no puede confundirse con aquellos casos en los que el trabajador es llamado a

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 92904 descargos por una falta y como consecuencia del trámite del proceso disciplinario se concluye en la terminación del contrato de trabajo, como ocurre en el sub lite, «Son dos situaciones bien distintas y en estos eventos es imprescindible

aplicar el principio constitucional de la interpretación más favorable al trabajador de las fuentes formales del derecho y el principio garantista del derecho al debido proceso., lo que respalda en la sentencia CSJ SL17030-2016 de la que reproduce un aparte. Refiere que, ante tal situación, el procedimiento convencional era obligatorio al haberse adelantado en los términos del artículo 9 de la norma extralegal suscrita en 1990, el que se tramitó con violación al debido proceso al no garantizarle a la trabajadora sus derechos a la defensa y a la contradicción a la prueba por no habérsele notificado los cargos para los que se llamaba a rendir explicación, no se le dio traslado de las pruebas, concretamente de los videos de seguridad que tuvo en cuenta auditoría para rendir su informe, violación de términos, negación de la doble instancia, «lo que implica que el despido no produce efecto alguno al tenor de la cláusula convencional: No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria que se imponga pretermitiendo este trámite», razón por la cual procede el reintegro (negrita del original).

VII. RÉPLICA Luego de resaltar algunas falencias de técnica, sostiene que más allá de la discusión jurídica de la naturaleza del

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 92904 despido y si es una sanción o no, le brindó a la demandante la oportunidad de explicar su conducta, respetando su derecho fundamental al debido proceso. Indicó que «sí le fueron dados a conocer los videos que

acreditaban sus omisiones previo a su diligencia de descargos» y que, en todo caso, varias de las conductas que le fueron imputadas, «se encontraban reportadas en pruebas adicionales diferentes a los videos», como ocurrió con el retiro que hiciera de su plan futuro y el pago del CDT por $60.581.000.

VIII. CARGO TERCERO Por la vía directa acusa infracción directa «POR FALTA DE APLICACIÓN», los artículos 29, 53 y 93 de la CN, en armonía con el 7 literal d) de la Ley 319 de 1996, Protocolo de San Salvador, Convención Americana de Derechos Humanos, en relación los artículos 23 modificado por el 1 de la Ley 50 de 1990, 58 numeral 1, 62 literal a) numeral 6 modificado por el 7 del Decreto 2351 de 1965, 111, 112, 115 subrogado por el 10 del Decreto 2351 de 1965, 467 y 468 del CST;8 ordinal 5 del Decreto 23541 de 1965 y, 1740 y 1746 del CC.

Indica que el derecho al reintegro por despido sin justa causa está consagrado en la Convención Colectiva de Trabajo por violación al procedimiento convencional, pues allí se consagra que «No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria que se imponga pretermitiendo este trámite», estabilidad que se contempla también en los artículos 53 y 7

SCLAPT-10 V.00 16

Radicación n.° 92904 literal d) de la Ley 319 de 1996 (resaltado en el texto).

Reitera que el proceso disciplinario convencional que se adelantó en contra de la demandante es nulo, que de conformidad con el artículo 1746 del CC, las cosas deben regresar a su estado anterior y, hacerse las restituciones mutuas, «es decir, del pago de las mejoras, las restitución (sic) de la especies (sic) y de sus frutos», como lo ha señalado la Sala de Casación Civil de esta Corte.

IX. RÉPLICA Afirma que el Tribunal no desconoce la posibilidad que ante la ilegalidad del despido proceda el reintegro, sino que, en las condiciones del informativo, tuvo por acreditada la existencia de justas causas para la terminación del contrato de trabajo de la demandante lo que supone que no hay lugar al reconocimiento de ninguna indemnización y, menos aún, del reintegro pretendido.

X. CARGO CUARTO Por la vía indirecta, acusa aplicación indebida de los artículos 29 y 53 de la CN, 114, 115 (Decreto 2351 de 1965 art. 10), 121, 122, 62 (Decreto 2351 de 1965 art. 7), 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 467 y 468 del CST; 6 de la Ley 50 de 1990 que modificó el 64 del CST; 167 del CGP; 7 literal d) de la Ley 319 de 1996, Protocolo de San Salvador, Convención Americana de Derechos Humanos; Convenios 87 y 98 de la

SCLAPT-10 V.00 17

Radicación n.° 92904 OIT y, Leyes 26 y 27 de 1976. Afirma que a la violación se llegó por la comisión de los

siguientes errores de hecho: PRIMER ERROR: No haber dado por demostrado, estándolo, que el Banco Popular durante el trámite del proceso disciplinario convencional, le vulneró a la demandante el derecho fundamental al debido proceso, derecho de defensa y contradicción de la prueba.

SEGUNDO ERROR: No haber dado por demostrado, estándolo, que el derecho al reintegro al trabajo está consagrado como sanción disciplinaria en el Reglamento Interno de Trabajo del

Banco Popular, Título XX: Sanciones Disciplinarias, art. 95.

TERCER ERROR: Dar por cierto, sin serlo, que el Banco Popular solo se enteró de los hechos por los cuales acusaban a la demandante por el informe de Auditoria Interna del Banco del 14 de abril de 2016 y, en consecuencia, no dar por demostrado, estándolo, que el mismo Banco se enteró en tiempo real de los hechos de la demandante a través de su Centro de Seguridad que todo lo observa en tiempo real. Auditoría interna y Centro de Seguridad son dependencias del Banco, no son ajenos al mismo, no son terceros, es el mismo banco.

CUARTO ERROR: No haber dado por demostrado, estándolo que el Banco Popular no informó a la demandante los motivos y causas para ser llamada a descargos, siendo la directamente afectada, la más interesada, la parte más importante e imprescindible de la investigación, vulnerándole el derecho fundamental a la defensa.

QUINTO ERROR: No haber dado por demostrado, estándolo, que el Banco Popular inició tardíamente el proceso disciplinario convencional, a los sesenta días, para cuando solo tenían tres días a partir de la ocurrencia de los hechos por los que se iba a

investigar, o del conocimiento que tuvo el banco de los hechos a través de su Centro de Seguridad: "el trabajador inculpado deberá ser llamado para que explique su conducta dentro de los TRES (3) días siguientes a aquel en que el Banco tenga

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 92904 conocimiento de la Falta".

SEXTO ERROR: No haber dado por demostrado, estándolo, que las supuestas faltas cometidas por la demandante prescribieron, del 22 de febrero a la fecha de despido, 10 de mayo de 2016, atendiendo que las mismas fueron conocidas en tiempo real por el Banco a través de su Centro de Seguridad: "...prescribirá a los TREINTA Y CINCO (35) días contados a partir de la fecha en que el Banco conozca de la falta. Posteriormente, no podrá invocar la comisión de la falta para imponer sanción alguna al trabajador, salvo cuando se demuestre que se ha persistido en un delito (sic) continuado". Como se observa, la sanción fue impuesta a los setenta y ocho (78) días.

SÉPTIMO ERROR: No haber dado por demostrado, estándolo, que los videos de seguridad, "prueba reina" en la que se fundamentó el Banco Popular para dar por terminado el contrato de trabajo de la demandante por justa causa y que mencionan con insistencia la Auditoría Interna en su informe del 14 de abril de 2016, estaban dañados, y por lo mismo no valorados por el Tribunal Superior de Neiva y no dados a conocer a la demandante antes de la diligencia de descargos o durante la misma o después de ella.

OCTAVO ERROR: No haber dado por demostrado, estándolo,

que el INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA del 14 de abril de 2016 en la que se fundamentó el Banco Popular para dar por terminado el contrato de trabajo de la demandante por justa causa, no le fue suministrado a la demandante antes