CSJ - SL1550-2024

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL1550-2024 Radicación n.° 99004 Acta 019 Bogotá, D. C., cuatro (4) de junio de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por MORE PRODUCTS SA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 19 de agosto de 2022 en el proceso promovido en su ,

contra por MARÍA LUDIVIA BEDOYA NARANJO.

I. ANTECEDENTES María Ludivia Bedoya Naranjo llamó a juicio a More Products SA, pretendiendo que se declarara la existencia de un contrato laboral del 1° de marzo de 2006 hasta el «8» de abril de 2014; en consecuencia, que se le condenara al reconocimiento y pago de prestaciones sociales, vacaciones, y las indemnizaciones moratorias de los artículos 65 del CST y 99 num. 3° de la Ley 50 de 1990.

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Radicación n.° 99004 Fundamentó sus peticiones, en que More Products SA, de conformidad con su certificado de existencia y representación legal, tenía como objeto social la importación, distribución y comercialización de productos varios, entre los que se cuentan la gama de papelería, útiles escolares de escritura, elementos de oficina, materiales eléctricos, herramientas industriales y agrícolas, entre otros, que comercializa tanto con personas naturales como jurídicas, tales como almacenes de cadena, a saber Éxito, La 14, Home Center, Carrefour, Jumbo, entre otros, y en

establecimientos, que se contactan por intermedio de representantes comerciales o agentes vendedores, mediante la modalidad de contratación laboral, actividad que desarrolla en la ciudad de Bogotá y en resto del territorio nacional. Agregó que se le contrató por la demandada para que, de manera personal actuara como representante y/o agente vendedora, prestando sus servicios como coordinadora regional de ventas y mercadeo, en la zona del pacífico colombiano, asumiendo el Departamento del Valle del Cauca, y con sede para la prestación del servicio la ciudad de Cali, de manera ininterrumpida desde el 1 de marzo de 2006 hasta el «8» de abril de 2014. Narró que la vinculación realizada durante el citado periodo fue a través de la figura de contrato de corretaje, suscrito cada anualidad, en el cual se establecían las condiciones en que se desarrollaría la actividad; que a cambio de la labor recibía un salario consistente en

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Radicación n.° 99004 comisiones del 2% del total de las ventas netas efectivas mensuales, porcentaje que fue disminuido a partir del 2007 a 1.7%, que se mantuvo hasta el mes de enero de 2013, luego incrementado al 1.85%; que el 7 de abril de 2014, la empresa, por medio de su gerente le manifestó que debido a la situación que atravesaba, no podría continuar con la vinculación, por lo cual se suscribió un acta de conciliación ante la oficina de trabajo de Bogotá; que al momento de la dejación del cargo, no recibió valor alguno por concepto de reconocimiento y pago de prestaciones de ley.

La accionada al contestar la demanda se opuso a todas las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó el relacionado con su objeto social, de conformidad con el certificado de existencia y representación. Negó los demás, bajo el argumento de que sostuvo con la señora Bedoya Naranjo varios contratos de distinta naturaleza y condiciones, uno laboral y otros mercantiles, los cuales fueron atendidos en cabal forma, y convalidados por ella, que determinan la imposibilidad de hablar de unidad contractual; que el corretaje comercial convenido con la actora, fue suscrito de manera libre voluntaria, y tenía como objeto, que aquella debía «[…] realizar una asistencia continua a comercializar los productos y atender a los clientes y posibles clientes que la Gerencia le asignara para su cierre de venta. Para ello se compromete el CORREDOR a seguir los procesos definidos en el sistema de Gestion (sic) de Calidad de More Products S.A»; que en acta de conciliación del 8 de abril de 2014, con la

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Radicación n.° 99004 intervención del Ministerio de Trabajo, se declaró de manera voluntaria y libre, zanjada cualquier discusión sobre la naturaleza de la relación contractual existente hasta el momento, cancelándole a la demandante la suma de $10.000.000, y quedando a paz y salvo por toda clase de eventuales reclamaciones que se pudieran derivan del contrato de corretaje. Añadió que ese mismo día, y ante las necesidades de la compañía, convino con la señora Bedoya Naranjo un contrato de trabajo a término indefinido y con acuerdo de

confidencialidad, situación indicativa del nacimiento de una nueva relación, de distinta naturaleza, y con diferentes funciones, para que desarrollara la labor de coordinadora regional, es decir, sustancialmente distinta a la convenida en los de corretaje que lo antecedieron, y que concluyó de manera unilateral por la empresa el 15 de diciembre de 2014, con el pago de todas las acreencias laborales y la sanción de ley, teniendo como salario base de liquidación la suma de $2.677.046. Como medios exceptivos propuso los de cosa juzgada, prescripción, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, falta de legitimación en la causa por pasiva, buena fe suya y mala de la actora, pago y enriquecimiento sin causa.

II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

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Radicación n.° 99004 El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cali, a través de sentencia del 26 de abril de 2019, resolvió lo siguiente: PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA (sic) las excepciones de mérito propuestas por la sociedad MORE PRODUCTS S.A., salvo la excepción de prescripción que se declara probada parcialmente, de conformidad con los argumentos expuestos en esta sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR la existencia de una relación laboral entre la señora MARÍA LUDIVIA BEDOYA NARANJO y la sociedad MORE PRODUCTS S.A., con fecha de inicio el día 1 de marzo de 2006 y fecha de terminación del «8» de abril de 2014.

TERCERO: CONDENAR a la sociedad MORE PRODUCTS S.A., a

pagar a favor de la señora MARÍA LUDIVIA BEDOYA NARANJO, los siguientes valores por concepto de prestaciones sociales: - Cesantía: $27.299.728 - Intereses a la Cesantía: $829.216 - Vacaciones $4.166.551 - Prima de Servicios: $9.504.708.

CUARTO: CONDENAR a la sociedad MORE PRODUCTS S.A., a pagar a favor de la señora MARÍA LUDIVIA BEDOYA NARANJO, la suma de $197.264=, diarios por concepto de indemnización moratoria, a partir del 9 de abril de 2014, por los primeros 24 meses, a partir del mes 25 devengará intereses moratorios sobre las prestaciones sociales adeudadas a la actora hasta cuando se cancele la totalidad de la obligación.

QUINTO: CONDENAR a la sociedad MORE PRODUCTS S.A., a pagar a favor de la señora MARÍA LUDIVIA BEDOYA NARANJO, la suma de $114.612.748=, por concepto de indemnización moratoria por la no consignación de las cesantías.

SEXTO: ORDENAR a la sociedad MORE PRODUCTS S.A., que, del valor de las acreencias laborales reconocidas en esta providencia, descuente la suma de $10.000.000=, pagado por dicha sociedad a favor de la actora en la conciliación celebrada el día 8 de abril del 2014 ante la Inspección de Trabajo de la

Dirección Territorial de Bogotá.

SÉPTIMO: ABSOLVER a la demandada sociedad MORE PRODUCTS S.A., de las pretensiones formuladas en su contra.

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Radicación n.° 99004

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, por medio de providencia del 19 de agosto de 2022, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandada, confirmó la providencia de primer grado.

Partió de que el problema jurídico se orientaba a determinar, si el acuerdo suscrito entre las partes en el acta de conciliación celebrada ante el Ministerio de Trabajo el 8 de abril de 2014, hizo tránsito a cosa juzgada; y en caso negativo, establecer si entre ellas existió una relación regida por un contrato individual de trabajo en el periodo comprendido del 1 de marzo de 2006 al «8» de abril de 2014, y consecuencialmente, si había lugar al reconocimiento y pago de las acreencias laborales, y las indemnizaciones moratoria de los arts. 65 del CST y 99, numeral 3°, de la Ley 50 de 1990. En cuanto a la cosa juzgada, precisó que en este evento debía acudirse al art. 303 del CGP, aplicable al proceso por remisión del 145 del CPTSS, el cual regula dicha figura. Norma que busca garantizar la seguridad jurídica en las diversas relaciones de derecho, ya que, de no contarse con esa posibilidad, los procesos judiciales se tornarían interminables, y serían instaurados tantas veces como se quisiera. Explicó que esa figura se presenta cuando concurre la siguiente triple identidad: de causa petendi, es decir, que se

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Radicación n.° 99004 refiera a los mismos hechos, sin importar las variaciones sutiles que se puedan presentar entre los mismos; de

objeto, o sea, referirse a las mismas pretensiones, mirando al respecto la materialidad y la juridicidad de las mismas; y de partes, la cual debe tener el carácter de jurídico, comprendiendo no solamente a las primigenias, sino a cualquier causahabiente del derecho debatido. Indicó que la conciliación en materia laboral es un medio alternativo de solución de conflictos, por medio del cual empleadores y trabajadores pueden llegar a un acuerdo para finalizar sus diferencias, sin tener que acudir a instancias judiciales; requiere de la aprobación del funcionario competente; e impide una nueva reclamación sobre igual asunto y las mismas partes, es decir, sus efectos son de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo; al respecto relacionó la sentencia CSJ SL1639-2022. Luego descendió al caso y encontró que, el 8 de abril de 2014, las partes celebraron un acuerdo ante el Ministerio de Trabajo, que quedó consignado en un acta de conciliación. Memoró que, tratándose de derechos laborales o de la seguridad social, la regla general es la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos, con base en los arts. 14 del CST, 3 de la Ley 100 de 1993 y 53 de la Constitución Política entre , otros; y que, por la misma vía, por excepción, la transacción y la conciliación solo resultan admisibles respecto de derechos inciertos y discutibles (art. 15 CST).

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Radicación n.° 99004 En lo relacionado con el caso concreto, expresó lo siguiente: Se destaca que, del acuerdo suscrito entre las partes, que si

bien en el mismo quedó definido que el contrato que los unió fue de carácter comercial y no laboral, y por lo tanto, no se generaron ninguno de los derechos propios de un contrato de naturaleza laboral, lo cierto es que en esta acción se controvierte que en atención al principio de la primacía de la realidad, existió un vínculo laboral y no comercial; además que, la conciliación efectuada por las partes se realizó por toda clase de eventuales reclamaciones de derechos inciertos y discutibles que se puedan derivar del contrato de corretaje comercial. Un elemento fundamental para determinar que se estaba ante derechos ciertos e indiscutibles de índole laboral, es el hecho de que previo al contrato de corretaje, la demandante estaba vinculada laboralmente con la demandada en actividad semejante a la descrita como contrato de corretaje desde 2001 (folio 5); de la misma manera existió contrato de trabajo entre las partes con posterioridad a la finalización del aparente corretaje en actividades iguales, desde el 8 de abril del 2014 al 15 de diciembre de ese mismo año (folio 126). Por otro lado, lo redactado en el acta de conciliación, se observa se hizo de manera indeterminada, es decir, no se precisó y mucho menos determinó que (sic) tipo de acreencias laborales que se llegaren a suscitar en virtud del contrato de corretaje comprendido entre el 1° de marzo de 2006 al «8» de abril de 2014, quedaban inmersas en el acuerdo conciliatorio, no encontrando la Sala identidad de objeto respecto de lo conciliado entre las partes el 8 de abril de 2014, no configurándose entonces el fenómeno de Cosa Juzgada, en el

presente asunto, debiendo confirmarse la decisión de primera instancia en dicho sentido Una vez definido lo anterior, dijo que debía determinarse la existencia del contrato de trabajo; en lo pertinente referenció los arts. 22, 23 y 24 del CST, que consagran su definición, elementos y presunción.

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Radicación n.° 99004 Además, señaló que de acuerdo con el art. 54 del CPTSS, la existencia y condiciones del contrato de trabajo pueden acreditarse por los medios probatorios ordinarios, es decir, la prueba para demostrar la prestación del servicio es libre, por ende, es viable la confesión, los documentos, los testimonios, la inspección judicial, etc. Se refirió al contrato de corretaje. Para el efecto relacionó la definición dada en la sentencia CSJ SC, rad. 5383, cuyo criterio fue reiterado por la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte en la sentencia del 9 de febrero de 2011, rad. 11001-3103-013-2001-00900-01. Acto seguido, expresó lo siguiente: El corredor es un intermediario entre contratantes que, por su especial conocimiento del mercado acerca entre sí a los comerciantes y les facilita sus operaciones. Sólo el acercamiento entre la oferta y la demanda es suficiente para que se configure la remuneración. Entonces, la obligación del corredor es la de resultado y de ejecución instantánea, ya que consiste, fundamentalmente, en lograr el acercamiento de las partes. Aquí no se mira la intensidad de la actividad del corredor ya que las obligaciones

del intermediario se agotan con su labor de acercamiento y, por lo mismo, cuando su actividad es la causa eficaz del contrato que celebran las partes, tiene derecho a percibir la remuneración usual. Por ende, el corretaje no es un contrato de ejecución continuada como sí lo es el contrato laboral y debe hacerse énfasis en esta diferencia. Citó la sentencia CSJ SL1826-2021; y en lo concerniente al caso concreto, manifestó lo siguiente: Descendiendo al caso objeto de estudio, debe indicarse que son hechos acreditados en el expediente que, entre la señora Bedoya Naranjo y la sociedad demandada, se suscribió un contrato individual de trabajo a término indefinido con fecha de inicio de labores el 15 de noviembre de 2001, contratada para el

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Radicación n.° 99004 cargo de vendedora, y desempeñar las funciones en la ciudad de esta ciudad. (Fl.5). Encontrando además que, el 1° de marzo de 2006, entre las partes se suscribió un contrato de corretaje de ventas, y como objeto del mismo se estipulo (sic) que el corredor se comprometía a realizar una asistencia continua, a comercializar los productos, atender los clientes y posibles clientes que la Gerente le asignara. (Fls. 5 a 8), contrato que fue renovado anualmente, hasta el 7 de abril de 2014. (Fls.24 y 104) Igualmente que, mediante Acta de Conciliación suscrita entre las partes y llevada a cabo ante el Ministerio de Trabajo, el día 8 de abril de 2014, acordaron que, el contrato que los unió fue de

carácter comercial y no laboral, y por lo tanto no se generaron ninguno de los derechos propios de un contrato de naturaleza laboral, conciliando para tal efecto por la suma de $10.000.000, pagada por la empresa aquí demandada mediante cheque No. 2717518-8 del Banco Helm Bank. (Fls. 26 y 26) Reposa también a folio 114, que, entre la actora y el representante legal de la sociedad demandada, el día 7 de abril del año 2014, se suscribió un escrito de terminación de mutuo acuerdo del contrato de corretaje, en el cual expresaron que se encontraban a paz y salvo por la labor desarrollada y por el pago de los estipendios acordados. A folio 119 del expediente, obra liquidación de prestaciones sociales e indemnización por despido, emitido por la sociedad demandada a favor de la actora, en virtud del contrato laboral de trabajo celebrado, por el periodo comprendido entre el 8 de abril al 15 de diciembre de 2014 (Fl. 126), y en el cual se canceló la suma de $6.832.856. De otro lado, del testimonio rendido por la señora MYRIAM EDITH NARANJO, la misma indicó que, conoció a la demandante porque prestaba servicio de corretaje a la empresa en la ciudad de Cali, entre el 20062014, atendiendo la zona comercial independiente, que no tenía horario, que pasaba una cuenta de cobro por las ventas que hacía, no tenía subordinación con la compañía, que no tenía un valor exacto de remuneración, que dependía de las ventas del mes, por la que recibía una remuneración; que se le hacía retención en la fuente y se pasaba como un proveedor para pago; refirió

también que, el desarrollo de la activad de la demandante, era independiente, sin subordinación y de acuerdo a su gestión tenía comisión, adicional a ello que no tenía horario. Por su parte, la señora VIVIANA LORENA ESTUPIÑÁN, precisó que, el contrato de corretaje que tenía la actora, era prestado en esta ciudad; que, la actora era la encargada de visitar a los clientes para los cuales la demandada tenía relación comercial,

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Radicación n.° 99004 siendo la intermediaria, siendo Almacenes la 14 y Homecenter, entre otros, los clientes que visitaba; expresando además que la demandante desarrollaba sus labores con autonomía total, que no tenía ninguna subordinación, ni cumplía horarios. Del interrogatorio de parte efectuado al representante legal de la demandada MORE PRODUCTS S.A., se sustrae que, es cierto que, la actora prestó de manera personal labores de atender, mantener y coordinar los puntos de venta de mercancía o productos distribuidos por la demandada, en los almacenes de cadena de Cali, sin embargo, que el servicio se prestó a través de un contrato de corretaje; igualmente que, la señora Bedoya Naranjo si debía mantener los puntos de venta debidamente equipados, surtidos y supervisar el personal de atención o venta para ello destinado, que eso se hacía por haber quedado explícito en el contrato de corretaje, pero que no existía subordinación alguna. Igualmente, el representante legal de la demandada, expuso que, para el cumplimiento de las funciones de la demandante, era la sociedad demandada quien suministraba la mercancía que se exponía en los puntos de venta en los almacenes de

cadena de la ciudad de Cali., cuya exhibición y venta estaban a cargo de la demandante, pero era facturados en las cajas de pago de dichos almacenes, además que, para el cumplimiento de las funciones, la sociedad demandada si le suministraban elementos necesarios, entre ellos un teléfono celular, porque si estaba en calidad de contratista en representación de la sociedad, debería hacerlo adecuadamente; al igual que, en razón a las funciones cumplidas por la actora estaba obligada a la asistencia continua de los clientes que se le asignaba, y debía entregar informes sobre la actividad desempeñada, porque debía conocer la gestión desarrollada. De lo rendido por la señora MARÍA LUDIVIA BEDOYA NARANJO, se tiene que, en virtud del contrato de corretaje suscrito el 1° de marzo de 2006, para desarrollar la actividad en esta ciudad, asumió bajo su responsabilidad dicha labor, siendo el sitio de trabajo su casa, a lo cual la demandada le llamaba oficina virtual, porque ahí recibía todas las subordinaciones que le daban, además que le suministraron computador e impresora para que montara la oficina desde su casa, resaltando que, la subordinación consistía en que, le daban las órdenes de las labores que debía desempeñar en los almacenes de cadena y a los clientes que debía atender comercialmente, que en ese orden la comisión recibida dependía de las ventas que se hicieran en el mes, al igual que tenía un horario de 8:00 am a 5:00 pm, fijado por la demandada de forma verbal . Precisó también, que es cierto que firmó un acta de conciliación ante el Ministerio de Trabajo, pero que el mismo fue en razón a que la demandada la

llevó para realizar tal situación; que ello no le pareció normal, pero que no lo denunció ante las autoridades; que ella firmo

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Radicación n.° 99004 (sic) ese acuerdo por precisión al poderse quedar sin trabajo y que todo lo consignado en esa acta de conciliación, si se cumplió. Así las cosas, concluyó que quedó demostrada la prestación personal del servicio o la actividad desplegada por la accionante, presumiéndose la subordinación laboral, que no fue desvirtuada por la demandada y que, por el contrario, del material probatorio arrimado, se corroboraba la estructuración de esa dependencia, acorde con lo que se extraía de la realidad de los hechos, como lo ordena el postulado de primacía de la realidad sobre las formas. Añadió que ello se deducía, porque del citado acervo probatorio se extraía que la demandada certificó los extremos temporales de la relación que la ató a la señora Bedoya Naranjo, los cuales delimitó del 1 de marzo de 2006 al «8» de abril de 2014; así como el cargo desempeñado, el salario devengado y la clase de contrato, conforme a los documentos que reposaban en los folios 14 a 22 y 89 a 104. Adicionalmente afirmó, que de las copias de los contratos de corretaje suscritos entre las partes que reposan en el expediente, se observan las obligaciones a cargo de la demandante. Acto seguido, indicó lo siguiente: De la literalidad de los documentos en cita y de lo rendido por el representante legal de la demandada en cita se desvirtúa el

contrato de corretaje suscrito entre las partes y lo convierte en un contrato de trabajo por cuanto nos muestra que el contrato de corretaje no fue tal, ya que la demandante no hacía un acercamiento para ayudar a empalmar intereses entre los

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Radicación n.° 99004 clientes y la demandada, toda vez que la demandante no era la que tomaba la iniciativa del negocio y buscaba a los interesados para proponérselos o insinuárselos, por el contrario era la demandada la que daba las instrucciones a la señora Bedoya Naranjo del modo, tiempo y lugar de la atención a los clientes o posibles clientes era la sociedad demandada, además era quien suministraba la mercancía que se exponía en los puntos de venta en los almacenes de cadena, cuya exhibición y venta estaban a cargo de la demandante. Además, se encuentra plenamente acreditado, que para el cumplimiento de las funciones, la sociedad demandada si (sic) le suministraban elementos necesarios, entre ellos un teléfono celular; al igual que, en razón a las funciones cumplidas por la actora estaba obligada a la asistencia continua de los clientes que se le asignaba, y debía entregar informes sobre la actividad desempeñada a la aquí demandada. Iteró que, en un contrato de corretaje, el corredor toma la iniciativa del negocio y busca a los interesados para proponérselo o insinuárselo; su labor se encamina a facilitar a las personas el acercamiento entre sí, la búsqueda, hallazgo y conclusión de los negocios, nunca se asignan los clientes al mismo, tampoco se le ordena cómo

debe ser su comportamiento con el desempeño de ellos, ya que, los corredores son aquellas personas que por virtud del conocimiento del mercado, y con él la idoneidad y el grado de calificación que este otorga, tienen como rol profesional y funcional, amén de típico, la intermediación, sin vinculación con ninguna de las partes del futuro contrato, ya por trabajo, ora por mandato o representación, puesto que son independientes. Y aclaró, que si bien en todo vínculo contractual hay obligaciones y existen directrices, no es menos cierto que ellas no deben ser de manera continua y permanente, pues de lo contrario configuran una relación laboral.

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Radicación n.° 99004 En cuanto al caso concreto, precisó que se observa, que desde el año 2001 la actora fue contratada en el cargo de vendedora, para prestar sus servicios en esta ciudad (f.° 5), el cual se mantuvo, a pesar del cambio a uno de corretaje, además que este último se prolongó hasta el mes de abril de 2014, es decir, por espacio aproximado de 8 años, por lo que queda demostrado que entre las partes se dio un verdadero contrato de trabajo, asistiéndole derecho al pago de las prestaciones sociales que se derivan de este.

Luego dijo lo siguiente: Bajo los argumentos antes expuestos, la decisión del A quo en lo que respecta a la declaratoria de una existencia de una relación laboral entre la señora María Ludivia Bedoya Naranjo y la sociedad More Products S.A., comprendida entre el 1° de marzo de 2006 al «8» de abril de 2014, habrá de confirmarse, al igual que las condenas impuestas en los tercero, quinto, sexto y

séptimo de la sentencia, en tanto los conceptos ahí ordenados no fueron objeto de recurso por la parte apelante, en la medida de que el recurso de apelación solo se centró en la no existencia del contrato de trabajo, más no en los ordenados por el fallador de primer grado en los citados numerales de la sentencia. Tratándose de la indemnización moratoria, indicó que encuentra sustento en el art. 65 del CST, que ordena que debe analizarse la conducta del empleador en cada caso, para determinar si actuó de buena o mala fe al no cancelar los salarios y las prestaciones sociales a la terminación del contrato de trabajo; al respecto referenció las sentencias CSJ SL «6 de diciembre de 2006» y CSJ SL, 15 feb. 2011, rad. 40273.

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Radicación n.° 99004 Puso de presente, que en el caso concreto no es objeto de discusión el contrato individual de trabajo a término indefinido suscrito entre las partes con vigencia entre el 8 de abril y el 15 de diciembre de 2014 (f.° 119 y 126), y que la actora no está reclamando acreencia laboral alguna por dicha vigencia. Y consecuencialmente advirtió, que la condena impuesta por concepto de la referida indemnización se funda en la mora en el pago de las prestaciones sociales adeudadas en virtud de la existencia de la relación laboral que tuvo lugar entre el 1 de marzo de 2006 y el «8» de abril de 2014. Por tanto, estimó que al pretender la demandada encubrir una relación laboral con un contrato de corretaje,

esa conducta no es demostrativa de buena fe, razón por la cual encontró ajustada la impuesta por el a quo. Agregó que no había lugar a ordenar que de las condenas impuestas en la sentencia de primer grado se descuente la suma de $2.667.046, como lo pretende la recurrente, si se tiene en cuenta que aquella se le canceló por concepto de indemnización por terminación unilateral del contrato laboral de trabajo a término indefinido que tuvo lugar del 8 de abril al 15 de diciembre de 2014, mas no, por el de la vigencia comprendida entre el 1 de marzo de 2006 y el «8» de abril de 2014. Finalmente, en lo que concierne a la sanción moratoria contenida en el art. 99 de la Ley 50 de 1990, memoró que no es de aplicación automática; y dijo que en el caso

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Radicación n.° 99004 concreto, al quedar demostrada la mala fe de la empleadora, se tiene que le asiste el derecho a la actora a su reconocimiento, además que, los extremos desde los cuales se declaró la existencia de la relación laboral, van del 1º de marzo de 2006 al «8» de abril de 2014, con lo cual se desvirtúa el argumento de la recurrente, de que el contrato laboral nunca estuvo vigente al 31 de diciembre de ninguna anualidad; y como quiera que el monto ordenado por el a quo por dicho concepto no fue objeto de apelación, debe mantenerse la decisión.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que se: […] CASE la sentencia impugnada y una vez constituida en sede de instancia, revoque los numerales 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6 y 8º de la decisión de primer grado y en su lugar absuelva a mi representada sobre todas las pretensiones incoadas en la demanda. De forma subsidiaria, se solicita que la Sala CASE la sentencia cuestionada y una vez constituida en sede de instancia, revoque la decisión de primer grado en sus numerales cuarto y quinto; en su lugar, se absuelva sobre las pretensiones de moratoria de los artículos 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990.

Finalmente, y de carácter residual a los anteriores, CASE la sentencia cuestionada y una vez constituida en sede de instancia, modifique la decisión de primer grado en sus numerales segundo y cuarto y en su lugar, declare la relación laboral hasta el 15 de diciembre de 2014, así como se modifique el valor de las sanciones moratorias del artículo 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990.

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Radicación n.° 99004 Con tal propósito formula siete cargos, por la causal primera de casación, sin réplica. De estos se resuelven en forma conjunta el primero y el segundo; el cuarto y el quinto; y el sexto y el séptimo, porque persiguen la misma finalidad y se complementan; y el tercero, en forma independiente.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia fustigada de ser violatoria de la ley

sustancial por la vía directa en la modalidad de infracción directa de los artículos 1317, 1320, 1321 y 1322 del Código de Comercio, lo que conllevó a la aplicación indebida de los artículos 23 y 24 del CST. En su desarrollo memora que el colegiado estimó que del 1 de marzo de 2006 hasta el «8» de abril de 2014, las partes sostuvieron una relación de trabajo, debido a que no pudo existir uno de corretaje; asunto que infirió de los respectivos contratos y lo dicho por el representante legal en su interrogatorio de parte, pues estimó que no se dio tal figura, en la medida en que no se trataba de un acercamiento para empalmar los intereses de los clientes y la demandada, pues estos eran dados por la segunda, así mismo, que tenía que rendir informes. Precisa que dada la senda escogida, no son objeto de reparo las anteriores conclusiones fácticas; empero, advierte que aquellas fueron producto de una falta de

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Radicación n.° 99004 aplicación de las normas reflejadas en la proposición jurídica, por cuanto pese a que el juez debe conocer el derecho (iura novit curia) y aplicar todas las preceptivas que regulen el asunto, pasó por alto que el negocio jurídico que halló, si bien no se encaja típicamente en el