CSJ - SL1562-2024

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL1562-2024 Radicación n.° 95099 Acta 19 Bogotá D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veinticuatro (2024). La Sala decide el recurso de casación que ASTRID YANETH MONSALVE GONZÁLEZ interpuso contra la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia profirió el 26 de julio de 2021, en el proceso que instauró contra TEXTILES DEL RIO S.A.

RIOTEX - EN REESTRUCTURACIÓN, la COOPERATIVA DE TRABAJADORES ASOCIADOS LIDERCOOPLIDERCOOP CTA, EN LIQUIDACIÓN y al que fue llamada

en garantía SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

I. ANTECEDENTES Astrid Yaneth Monsalve González, demandó a Textiles Del Rio S.A. Riotex - En reestructuración (en adelante Riotex S.A.), y a la Cooperativa de Trabajadores Asociados

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Radicación n.° 95099 Lidercoop - Lidercoop Cta, En liquidación (en adelante Lidercoop), con el fin de que se condenara a la primera de ellas al pago de prestaciones sociales y vacaciones causadas entre el 3 de febrero de 2010 y el 13 de febrero de 2013, a las indemnizaciones de los artículos 65 del Código Sustantivo del Trabajo y 99 de la Ley 50 de 1990. Solicitó además que se declarara que el accidente laboral ocurrido el 24 de octubre de 2012, fue por causas

atribuibles al empleador y que Lidercoop, en su calidad de simple intermediaria, atendiera solidariamente cada una de las condenas. Como consecuencia de lo anterior, pidió que se ordenara el reconocimiento de los perjuicios sufridos así: 50 salarios mínimos legales vigentes por perjuicios morales, 100 por los fisiológicos o a la vida de relación y lucro cesante. Narró que se vinculó en Lidercoop el 3 de febrero de 2010 en calidad de cooperada, para prestar servicios a terceros, y en ese momento fue enviada a Riotex S.A. Agregó que trabajó con esta última hasta el 17 de febrero de 2013 cuando Lidercoop le solicitó retirarse voluntariamente de dicha cooperativa, de manera que suscribió una carta en este sentido. Dijo que al momento de la terminación las codemandadas no le cancelaron las prestaciones legales con

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Radicación n.° 95099 el argumento de que seguiría realizando las mismas labores en Riotex S.A. Añadió que el 18 de febrero de 2013 esta última la vinculó a través de un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, por un período de seis meses con fecha de vencimiento del 17 de agosto de 2013, el cual se ha prorrogado hasta la fecha de la presentación de la demanda. Indicó que si bien figuraba formalmente vinculada mediante un convenio de asociación con Lidercoop, siempre estuvo subordinada y dependiendo de la beneficiaria, mediante un contrato de trabajo realidad. Relató que su cargo fue el de operaria deshilachadora, el cual consistía en operar tres máquinas en las cuales se

introducían las prendas y estas con sus aspas afiladas se encargaban de destejer el material; pero no se le brindó capacitación adecuada en temas de seguridad ocupacional, ni al momento de inicio de labores o en el transcurso de la relación, especialmente en lo relacionado con la operación de las herramientas que le correspondía operar. Manifestó que tampoco la dotaron con los implementos de seguridad necesarios para desempeñar un trabajo de alto riesgo y de los aparatos, solo uno tenía sellada la compuerta como mecanismo de seguridad para evitar accidentes de los operarios, que además se encontraba fuera de servicio.

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Radicación n.° 95099 Refirió que el 24 de octubre de 2012 sufrió un accidente de trabajo mientras manipulaba uno de los dos dispositivos picadores y como consecuencia de este, sufrió amputación de la falange distal del tercer dedo y la falange media y distal del cuarto dedo de la mano derecha, ocasionándole como secuelas la pérdida de la fuerza muscular, dificultad para hacer puños y agarres, afectación emocional y para el desempeño de sus labores cotidianas al ser diestra, siendo calificada con una pérdida de capacidad laboral del 17,18% establecida por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia. Adicionalmente señaló que, […] sufre de la patología compresiva del nervio mediano en el carpo derecho, como consecuencia de la labor desempeñada al servicio de las accionadas; que el accidente se hubiese podido evitar si le hubieran brindado la capacitación, entregado los

implementos de protección requeridos para desempeñar la actividad y hubiesen realizado el mantenimiento a la maquinaria, en lo referente al sellado de compuertas, constituyéndose así una culpa patronal; que ha sufrido graves perjuicios materiales e inmateriales, los cuales deben ser resarcidos mediante el pago de la indemnización total y ordinaria de perjuicios por parte de las demandadas, que además del dolor ocasionado con el accidente y que aún padece en forma constante, se ha visto afectada y se verá a futuro privada o disminuida para realizar ciertas actividades cotidianas y placenteras de la vida, tales como acariciar, dibujar o escribir correctamente, tocar implementos musicales, manipular correctamente su celular, etc. Al contestar la demanda, Riotex S.A. se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Aceptó lo relacionado con el contrato de trabajo que inició el 18 de febrero de 2013. De los demás dijo que no eran ciertos o no le constaban.

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Radicación n.° 95099 Afirmó que no existieron vicios en el consentimiento de la demandante al celebrar el convenio de asociación con Lidercoop ni en el desarrollo de la relación cooperativa. Agregó que el accidente ocurrió por culpa exclusiva de la víctima al obviar las normas de seguridad realizando una labor con falta de autocuidado y atención. Adiciona que si la trabajadora hubiera respetado y observado las medidas de seguridad impartidas y conocidas por ella, este no hubiera sucedido. Propuso como excepciones las de inexistencia de la vinculación laboral de la demandante y Riotex antes del 18

de febrero de 2013, del nexo causal entre el accidente de trabajo y las condiciones técnicas mecánicas de mantenimiento preventivo o correctivo de la maquinaria y/o alguna conducta omisiva imputable, de las obligaciones, de los vicios que hubieran afectado la voluntad de la demandante en la celebración de actos cooperativos y de indexar alguna suma; existencia de nexo causal directo entre el accidente, sus consecuencias y la culpa exclusiva de la víctima; el deber de cuidado de acuerdo con el contrato de comodato; falta de causa jurídica y de título para pedir; prescripción extintiva; buena fe y compensación. Así mismo llamó en garantía a Seguros Generales Suramericana S.A., quien se opuso a este y a las pretensiones de la demanda. Frente a los hechos dijo que no le constaban y aceptó la existencia de una póliza de

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Radicación n.° 95099 seguro con vigencia desde el 15 de noviembre de 2011 hasta el 15 de noviembre de 2012. Propuso en su defensa las excepciones de prescripción; inexistencia de la obligación, de perjuicios, de culpa, de definición de siniestro y obligación de indemnizar – límite temporal de cobertura –; pago; compensación; subrogación; monto del valor y límite asegurado, deducible pactado y disponibilidad de la suma cubierta. Lidercoop frente a los hechos dijo que eran ciertos los relativos al retiro voluntario de la trabajadora y la fecha del accidente de trabajo. De los demás dijo que no eran ciertos o no le constaban.

En cuanto a las pretensiones no se opuso y señaló que se atenía a lo que se demostrara en el proceso. Como medio de defensa propuso la excepción genérica.

II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Laboral del Circuito de Rionegro (Antioquia), mediante fallo del 5 de noviembre de 2020, absolvió a las demandadas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, al resolver la apelación mediante fallo

del 26 de julio de 2021, resolvió:

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Radicación n.° 95099

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Rionegro el 5 de noviembre de 2020.

SEGUNDO: Declarar que entre la demandada Textiles del Rio S.A. Riotex hoy en reestructuración y la demandante Astrid Yaneth Monsalve González existió un contrato de trabajo realidad con duración entre el 3 de febrero de 2010 al 17 de febrero de 2013.

TERCERO: Declarar que la demandada Cooperativa de Trabajo Asociado Lidercoop C.T.A. actuó como simple intermediario y en esa calidad es solidariamente responsable del pago de las acreencias laborales reconocidas a la demandante.

CUARTO: Declarar que, en la ocurrencia del accidente de trabajo sufrido por Astrid Yaneth Monsalve González, el 24 de octubre de 2012, existió culpa plena del empleador Textiles del Río S.A. Riotex hoy en reestructuración.

QUINTO: Condenar a la empleadora Textiles del Río S.A. Riotex hoy en reestructuración y solidariamente a la intermediaria Cooperativa de Trabajo Asociado Lidercoop C.T.A. A pagar a la demandante Astrid Yaneth Monsalve González, los siguientes

conceptos y valores: a. Por perjuicios morales el equivalente a 12 SMLMV b. Por daño a la vida de relación el equivalente a 15 SMLMV SEXTO: CONDENAR a la aseguradora Seguros Generales Suramericana S.A. rembolsar a Riotex el valor de las condenas, de acuerdo con la disponibilidad de la suma asegurada. SEPTIMO (sic): Se declaran no probadas las excepciones de mérito propuesta por Riotex hoy en restructuración.

OCTAVO: Se absuelven a las demandadas de las prestaciones por lo expuesto en la parte motiva.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal planteó como problema jurídico determinar: Si existió un contrato de trabajo realidad entre Astrid Yaneth Monsalve González y Riotex. Si Lidercoop C.T.A. actuó como intermediaria en esta relación laboral.

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Radicación n.° 95099 Se analizarán los elementos de la culpa plena en el accidente de trabajo que sufrió la demandante el 24 de octubre de 2012 y en cabeza de quien recae dicha culpa. Si hay lugar a declararla, en caso afirmativo se resolverá sobre las pretensiones económicas planteadas en la demanda y la responsabilidad de la llamada en garantía. Frente al contrato realidad recordó que las cooperativas de trabajo asociado estaban reguladas por la

Ley 79 de 1988 y el Decreto 468 de 1990, derogado por el 4588 de 2006, como entidades sin ánimo de lucro, que vinculaban a sus miembros y sus aportes económicos para la producción de bienes, ejecución de obras o prestación de servicios, en un vínculo distinto a la relación subordinada del contrato laboral. Advirtió que esta forma se ha utilizado irregularmente para encubrir verdaderos contratos laborales, por lo cual, con apoyo en el principio de primacía de la realidad sobre las formas, era indispensable, analizar cada caso en particular para determinar si frente al trabajador se está dando una dependencia propia del contrato laboral. Resaltó que el elemento determinante para estar en presencia de un contrato asociativo era la ausencia de subordinación ejercida sobre el asociado, ya sea por la cooperativa misma o por la contratista. Dijo que estaba probado que la demandada Riotex S.A. fue la beneficiaria de la actividad personal ejecutada por la demandante, por lo cual era necesario abordar el examen con la aplicación del principio constitucional de supremacía de la realidad sobre las formas.

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Radicación n.° 95099 No encontró convenio entre ella y Lidercoop, ni tampoco entre esta y Riotex S.A. Dijo que se hallaba prueba de la aceptación de retiro por parte de Lidercoop e hizo el recuento de los testimonios y aseguró que estaba probado que Astrid Yaneth Monsalve González prestaba sus servicios personales en las instalaciones de la empresa Riotex S.A. Con base en lo anterior, señaló que se activó la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo del

Trabajo por lo que esta última era la que debía desvirtuar el elemento de subordinación y con ello la existencia del contrato de trabajo. Estableció que, Esta circunstancia de utilizarse el local, los equipos, maquinarias, herramientas y demás elementos de Riotex, más el hecho de que la subordinación operativa en cuanto a la labor desempeñada por Astrid Yaneth Monsalve González era ejercida por Riotex, para su beneficio, en las actividades ordinarias de Riotex, como lo eran sus planes de producción y venta del resultado de la producción del área de recuperables, y no de manera autogestionaria por Lidercoop, le permiten a este Cuerpo Colegiado colegir que, Riotex no cumplió con su carga probatoria de desvirtuar el elemento de la subordinación y con ello, se mantiene la presunción del contrato de trabajo, ya referido. Respecto de la culpa patronal argumentó que la demandante debía probar que, i) sufrió un accidente de trabajo o enfermedad profesional; ii) le ocasionaron un daño; iii) en su ocurrencia concurrió la culpa del empleador.

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Radicación n.° 95099 Manifestó que no existía discusión frente al primero y segundo requisito, y frente al tercero consideró que no había certeza de que el empleador hubiera cumplido con su deber de prevención, cuidado y diligencia en el manejo de la seguridad y salud en el trabajo, manteniendo las condiciones de la máquina donde ocurrió el accidente de trabajo, así como tampoco de que hubiera recibido las instrucciones del manual de ejecución de la deshilachadora

ni el de seguridad, tampoco se brindaron capacitaciones al respecto, por lo que consideró que existía culpa de la empleadora. Añadió frente a la liquidación del lucro cesante que este se presentaba cuando el trabajador no hubiera seguido laborando, por lo que no era procedente calcularlo, por cuanto estaba vigente la vinculación, de manera que la pérdida de capacidad laboral no había generado menoscabo a sus ingresos. Respecto de la liquidación de los perjuicios morales consideró que estaban al arbitrio del juez, por la afectación sufrida por la demandante. A su vez, calculó su daño a la vida en relación, dado que se encontraba probado el comportamiento distante que tomó Astrid Yaneth Monsalve González frente a su entorno y las limitaciones que había tenido en el desempeño de sus actividades cotidianas. Además de la afectación estética,

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Radicación n.° 95099 que de mujer es relevante, en cuanto afecta una parte visible de su cuerpo. Por último, condenó a la llamada en garantía en virtud del contrato que señala cubrimiento de las indemnizaciones a las que fuere condenado el asegurado.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Astrid Yaneth Monsalve González, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver teniendo en cuenta los términos y alcances del recurso extraordinario.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case parcialmente la sentencia, para que, en sede de instancia, revoque la del juez, […] y condene al pago del lucro cesante consolidado y futuro,

condene a las accionadas por concepto de daño moral, fijándolo en 50 SMLMV o aumentándolo hasta el monto que considere la Corte, en atención al principio de reparación integral. Y así mismo, condene a las accionadas por concepto de daño a la vida de relación, fijándolo en 100 SMLMV o aumentándolo hasta el monto que considere la Corte en atención al principio de reparación integral. Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, los cuales son replicados y se resuelven de manera conjunta al soportarse en argumentos que guardan relación.

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Radicación n.° 95099

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia así: […] por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea que condujo a la aplicación indebida de la Ley sustancial.

La sentencia recurrida devino como consecuencia de la interpretación errónea de los artículos 13 y 53 de la Constitución política, los artículos 2341, 2342, 2343 y 2356 del Código Civil, y 16 de la Ley 446 de 1998, quebrantos normativos que condujeron a la aplicación indebida del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo. En la demostración del cargo señala que, pese a que el Tribunal reconoce que se le ocasionaron daños morales y a la vida de relación con ocasión del accidente de trabajo, interpretó con error las normas constitucionales al imponer una condena en una suma irrisoria, que no se corresponde con el perjuicio sufrido, considerando el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Añade que lo anterior desconoce el precedente de esta

Corte, respecto de la correcta aplicación del arbitrio judicial en la tasación de perjuicios. Resalta que la sentencia no tuvo en cuenta el enfoque de género que debe guiar las decisiones judiciales, tratándose de asuntos en los cuales los hechos sujetos a debate tengan alcances diferentes de cara a la persona y su rol en la sociedad. Expresa que, el juez de segunda instancia no atendió los criterios fijados en la sentencia del 13 de febrero de

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Radicación n.° 95099 2008 proferida por la Sala de Casación Civil de esta Corte en la que se fijaron los criterios para tasar el perjuicio, pues no dio a conocer los elementos de ponderación sobre la afectación de la salud y su vida dados los obstáculos, privaciones o limitaciones de sus actividades. Así, el juzgador no efectuó un razonamiento profundo de los perjuicios que encontró probados, lo que a la postre condujo a la imposición de una irrisoria condena que no guarda proporción con la perturbación moral y su estado real. Agrega que el Tribunal si bien consideró el impacto del daño, cuando el sujeto pasivo del mismo es una mujer, dichas consideraciones no fueron consideradas al fijar el monto de los perjuicios inmateriales. Sostiene que la tasación de los perjuicios inmateriales, debe atender a las condiciones especiales y concretas del sujeto a reparar, razón por la cual, en su condición de mujer joven, de cara a la magnitud del accidente de trabajo, la pérdida de capacidad laboral, la amputación de parte de sus dos dedos y un trauma psíquico irreparable, no se

acompasa con el monto que a título de daño moral y a la vida de relación se fijó. Afirma que no es equivalente la afectación corporal que implica desfiguración en un hombre que en una mujer, y menos aún, si esta es joven, que se encuentra en vías de

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Radicación n.° 95099 consolidar un núcleo familiar y en la construcción de una relación de pareja. Dice que, Y no quiere decir ello, que el hombre de género masculino, no se vea expuesto a un gran sufrimiento psicológico como consecuencia de una lesión como la que aquí se discute, pero, es innegable que existen realidades sociales, que al margen de su corrección ética y moral, desbordan el deber ser e impactan de manera disímil a hombres y mujeres. Es así que, en nuestra cultura, a la mujer le ha sido impuesta la carga social, (injustificada y desproporcionada) de ser bella, bajo unos cánones estéticos dictados por viejas perspectivas sociales, que encasillan, y por qué no decirlo, violentan a la mujer en la medida en que, de no adaptarse a dichos cánones, queda expuesta a la censura social, encubierta o explícita. Es por lo anterior que, si bien es cierto, en el plano deóntico, hombres y mujeres son sujetos de iguales derechos y obligaciones, en el plano real y social, debe comprender el operado jurídico que, los mismos hechos, y en este caso, un mismo daño, no impacta por igual a un hombre y a una mujer. Por ello, se reitera, en el marco de una sociedad que juzga, clasifica y valora a la mujer en gran medida, a partir de

anquilosados patrones de belleza, el sufrimiento al que se verá expuesta mi mandante por el resto de su vida, no puede compensarse de la manera efectuada por el Tribunal, quien consideramos respetuosamente, no incorporó en su sentencia, perspectiva de género. Señala que con base en la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional, en una interpretación correcta de los artículos 13 y 53 de la Constitución Política, 2341, 2342, 2343 y 2356 del Código Civil y 16 de la Ley 446 de 1998, llevaban a concluir que el 216 del Código Sustantivo del Trabajo, imponía el deber de reparar integralmente el daño inmaterial en una cuantía acorde a la entidad del mismo, desde una verdadera

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Radicación n.° 95099 perspectiva de género, lo cual no ocurrió en el presente caso.

VII. SEGUNDO CARGO Acusa la sentencia en los siguientes términos: El cargo tiene apoyo en la causal primera del artículo 60 del Decreto ley 528 de 1964 y las demás normas que lo adicionan y lo reforman, por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea que condujo a la aplicación indebida de la Ley sustancial.

La sentencia recurrida devino como consecuencia de la interpretación errónea de los artículos 53 de la Constitución política, los artículos 1613, 1614, 2341, 2342, 2343 y 2356 del Código Civil, y 16 de la Ley 446 de 1998, quebrantos normativos que condujeron a la aplicación indebida del artículo

216 del Código Sustantivo del Trabajo. En la sustentación manifiesta que pese a que el Tribunal reconoce que se le ocasionaron daños permanentes, equivalentes al 17.18% de disminución en su pérdida de capacidad laboral, entendió que, al encontrarse vigente el vínculo, no había menoscabo en sus ingresos. Opina que no se acompasa con el principio de reparación integral, consagrado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, toda vez que desconoce que la permanencia del contrato de trabajo en el tiempo, es decir, por la expectativa de vida probable, es una mera posibilidad, por lo cual, si este termina, el lucro cesante futuro queda sin reparar. Asegura que es sumamente probable y de común ocurrencia, el acontecimiento de hechos como la liquidación

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Radicación n.° 95099 de la empresa, el despido por parte del empleador e incluso su renuncia, para que el resarcimiento de aquel quede insatisfecho. Indica que la doctrina nacional e internacional han evidenciado que, la vigencia del vínculo laboral, y la permanencia momentánea y contingente del salario, no puede ser una cortapisa para obtener la reparación integral del daño, pues la Sala ha señalado que este, se calcula desde la fecha del fallo, hasta su expectativa de vida probable, aun encontrándose vigente el contrato de trabajo. Agrega en lo atinente a su cuantificación, es posible determinar su salario para el día 24 de octubre de 2012, de conformidad con la historia laboral, lo que sirve de base

para su cálculo final. Concluye que, una interpretación correcta de los artículos 1613, 1614, 2341, 2342, 2343 y 2356 del Código Civil y 16 de la Ley 446 de 1998 condujo a la aplicación indebida del 216 del Código Sustantivo del Trabajo, que imponía el deber de reparar integralmente el daño material, en su vertiente de lucro cesante consolidado y futuro.

VIII. RÉPLICA Seguros Generales Suramericana S.A manifiesta que el recurso contiene errores de técnica que son insuperables.

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Radicación n.° 95099 En primer lugar, en su alcance de la impugnación no señala qué aspectos del fallo de segunda instancia son los que quiere anular, así como tampoco contiene en qué forma deber ser reemplazado el fallo de primera instancia. Refiere que, Un primer dislate que se observa en los dos cargos es que se acusa de interpretación errónea los artículos 13 y 53 de la Constitución Política y se olvidó la censura que para acusar la infracción de normas constitucionales es necesario acudir al planteamiento de la violación de medio, salvo que se trate de artículos de orden constitucional que concreten derechos laborales o de seguridad social, que tengan vocación de solucionar directamente el litigio y que se relación con los derechos en controversia, circunstancias que en este caso se echa de menos. […] porque si bien los cargos plantean una denuncia por la vía directa en el concepto de interpretación errónea, en el desarrollo de estos no se entra en el análisis de cada uno de los artículos,

para señalar en que estriba la interpretación errónea por parte del ad quem y como debieron ser interpretados dichos preceptos, situación esta, que evidencia un yerro de técnica en las proposiciones jurídicas. […] A lo anterior se suma, que la argumentación que trae el desarrollo del cargo primero plantea un discurso del factico y lo probatorio no enfrentado a las normas que se acusan Frente al fondo del recurso sostiene que desde la contestación de la demanda y al llamamiento en garantía, si bien aceptó que Riotex S.A. tomó una póliza de seguro, con período de vigencia desde el 15 de noviembre de 2011 al 15 de noviembre de 2012, también es cierto que pidió que se respetaran los términos estipulados, en relación con la cobertura, bajo las condiciones, límites, garantía y exclusiones pactadas en ella.

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Radicación n.° 95099 Riotex S.A. por su parte manifiesta que en ningún error se incurrió al momento de calcular el monto que estimó que compensaba monetariamente el daño físico y moral padecido por la demandante. A su juicio resulta evidente que los argumentos son de carácter netamente subjetivo y no corresponden a realidades concretas, en la medida en que se plantean todo tipo de suposiciones con relación a aspectos estéticos y funcionales, esas pérdidas materiales en muy buena medida son superables a través de cirugías estéticas y prótesis que, pueden llegar a hacer desaparecer los impedimentos para la ejecución de actividades cotidianas y laborales de cualquier naturaleza.

Agrega en lo atinente a la discusión de género que, para efectos de determinar la compensación monetaria, dicha tesis es inane ya que es absurdo pensar que frente a una amputación pueda sufrir más una mujer que un hombre, así como desprovista de soporte técnico o científico, y se abordaría un terreno incuantificable, como lo es la vanidad de cada persona, y lo que, por supuesto, trasciende el ámbito de casación. Resalta que el juez tiene la discrecionalidad suficiente para fijar el monto de una reparación de perjuicios, sin que sea válido contrargumentar, en forma subjetiva por la recurrente, que la estima baja; y por ello, sea motivo para derribar la decisión acusada.

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Radicación n.° 95099 Además, esta se basó en que aquella continuó laborando y, por ende, devengando unos emolumentos, de suerte que el perjuicio ocasionado era menor. Finalmente dice que el recurso se asemeja a un alegato de instancia de carácter subjetivo y especulativo.

IX. CONSIDERACIONES Le asiste razón a la réplica frente a los errores de técnica que señala respecto del alcance de la impugnación.

Sin embargo, no comprometen el estudio de fondo del recurso, pues se entiende que la discusión planteada radica en su inconformidad con el monto de la liquidación de la indemnización de que trata el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo concedida por el Tribunal. Con base en lo anterior, la Sala abordará el enfoque de género en las decisiones para luego referirse al caso en

concreto.

1. El enfoque de género en las decisiones judiciales A partir de la Constitución Política de 1991, finalmente se hizo visible la presencia y trascendencia de las mujeres en la vida social y política del país, quienes hasta el momento habían sido «[…] las más de las veces despreciado en nuestra historia constitucional» (CC C-667 de 2006).

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Radicación n.° 95099 Con el fin de garantizar sus derechos, la misma Carta Política y la jurisprudencia han determinado el uso de acciones afirmativas en cabeza del Estado y de todos sus poderes públicos, con el único fin de hacer efectivo y real el derecho a la igualdad consagrado en su artículo 13. Ha explicado la Corte Constitucional que el derecho a la igualdad integra diferentes acepciones, siendo una de ellas la material que permite las diferenciaciones razonables y justificadas entre diversos, así como el reconocimiento de un trato desigual más favorable para las minorías (CC C178 de 2014). Estas acciones constituyen políticas legislativas, que determinan beneficios en favor de un grupo en situación de desventaja social y establecen tratos favorables o privilegiados para estos individuos. En un sentido contrario a lo explicado, se estaría permitiendo un tipo de discriminación cuando el Estado omite sin justificación alguna, ofrecer un trato especial a las personas con debilidad manifiesta en los casos donde se requieran medidas de protección especial (CC C-104 de 2016). En ese orden de ideas, y en particular desde el accionar judicial, surge entonces el interrogante de ¿qué significa juzgar con perspectiva de género? Representa la obligación para el juez que, una vez

recibido el litigio, advierta si en esta se vislumbran escenarios discriminatorios entre las partes o asimetrías

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Radicación n.° 95099 que conduzcan a actuar de forma diferente, con el objeto de romper esa desigualdad. Lo que se espera es que logre identificar y manejar, […] las categorías sospechosas al momento de repartir el concepto de carga probatoria, como sería cuando se está frente a mujeres , ancianos , niños, grupos LGBTI, grupos étnicos, afrocolombianos, discapacitados, inmigrantes, o cualquier otro; es tener conciencia de que ante situación diferencial por la especial posición de debilidad manifiesta, el estándar probatorio no debe ser igual, ameritando en muchos casos el ejercicio de la facultad-deber del juez para aplicar la ordenación de prueba de manera oficiosa” (CSJ STC2287-2018) (subraya la Sala). Por su parte la Corte Constitucional explicó que la violencia contra la mujer no ha sido ajena a la administración de justicia, pues las decisiones judiciales también han sido fuente de discriminación al confirmar patrones de desigualdad. Para contrarrestar lo anterior, estableció unas subreglas sobre cómo deben analizarse los casos que involucren actos o medidas discriminatorias, reiterando los siguientes deberes concretos de la administración de justicia: i) desplegar toda actividad investigativa en aras de garantizar los derechos