CSJ - SL1585-2023

Corte Suprema de Justicia

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Detalles

Título
CSJ - SL1585-2023
Autor
Corte Suprema de Justicia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Laboral
Año
2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL1585-2023 Radicación n.° 91224 Acta 19 Bogotá, D. C., trece (13) de junio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por

FULGENCIO GÓNGORA AGUIÑO, LEONARDO RODRIGO

ESTRADA CANSIMANCE, EDGAR EDUARDO MORENO, JOSÉ RUBIEL ARREDONDO ARIAS y JOSÉ DONEY VARELA ARBOLEDA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, el cuatro (4) de marzo de dos mil veintiuno (2021), en el proceso ordinario que instauró contra INGENIO PICHICHÍ

S. A.

Se reconoce personería para actuar, en los términos y para los fines del mandato conferido, al abogado Alejandro José Peñarredonda Franco, con tarjeta profesional 306311 del C. S. de la J., para que obre como apoderado judicial de Ingenio Pichichí S. A. (f.° 102 del cuaderno de la Corte).

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Radicación n.° 91224

I. ANTECEDENTES

Fulgencio Góngora Aguiño, Leonardo Rodrigo Estrada Cansimance, Edgar Eduardo Moreno, José Rubiel Arredondo Arias y José Doney Varela Arboleda llamaron a juicio al Ingenio Pichichí S. A., con el fin de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo entre ellos y la demandada, dado que fueron enviados en misión mediante la Cooperativa de Trabajo Fe y Esperanza - CTA Fe y

Esperanza-, para realizar labores del corte de caña a favor de la empresa accionada y, en consecuencia, se condenara al pago del auxilio de cesantías, intereses al mismo, primas, vacaciones, auxilio de transporte, aportes a la seguridad social, indemnización por despido sin justa causa y sanciones moratorias de los artículos 65 del CST y del numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, perjuicios morales, indexación, lo ultra y extra petita y costas. Fundamentaron sus peticiones, en que laboraron para el Ingenio como asociados a la CTA Fe y Esperanza, que los envió en misión para prestar el servicio de corteros de caña; que durante sus respectivas vinculaciones la demandada no canceló prestaciones sociales y remuneró sus servicios con salario inferior al que disfrutaban los trabajadores de planta. Indicaron, que los extremos temporales de las relaciones laborales fueron los siguientes:

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Radicación n.° 91224 Nombre del Inicio Fin Salario demandante mensual Fulgencio Góngora 21 de nov. 2005 29 de feb. 2012 $949.916,66 Aguiño Leonardo Rodrigo 21 de nov. 2005 29 de feb. 2012 $923.500,00 Estrada Cansimance Edgar Eduardo 21 de nov. 2005 29 de feb. 2012 $998.666,66 Moreno José Rubiel Arredondo 21 de nov. 2005 29 de feb. 2012 $1.287.000 Arias José Doney Varela 21 de nov. 2005 29 de feb. 2012 $1.029.166,66

Arboleda Señalaron, que mientras trabajaron para la cooperativa mencionada, de cada pago se les descontaba el 8.33 %, para compensación anual; 1 % para intereses sobre compensación anual; el 4.16 % para descanso anual y un 8.33 % para compensación semestral, esto es que el pago de prestaciones sociales salía de su propio sueldo. Afirmaron, que cumplían jornada laboral de 6 a. m. a 3 p. m. de lunes a domingo sin descanso; con un promedio salarial que consta en las historias obrantes en el expediente; que siempre cumplieron órdenes del Ingenio Pichichí S. A. y que esta empresa elaboraba información de cada cortero, como días laborados, corte de caña por número de tajos, especificación de si la caña cortada era quemada o verde, cantidad de tajos, toneladas cortadas, tarifa por tonelada y fincas donde se desarrollaba la labor, información que se enviaba a la CTA mencionada, la cual elaboraba las planillas para que el Ingenio les depositara el dinero correspondiente al trabajo realizado.

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Radicación n.° 91224 Manifestaron, que la demandada los condicionó a afiliarse a la cooperativa para poder laborar como corteros; indicaron que todos los trabajadores estaban inconformes con la situación, al punto que promovieron una huelga; apuntaron que la cooperativa nunca fue autogestionaria, que no era propietaria de las herramientas, que quien ordenó la disolución y liquidación de la misma fue la sociedad demandada; que el trato diferencial les generó perjuicios

morales y que si bien firmaron carta de renuncia la firma no fue voluntaria (f.° 156 y 169 a 188 del cuaderno digital del Juzgado). El Ingenio Pichichí S. A. se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, negó el vínculo de laboralidad con los actores, solicitando que las manifestaciones en torno a su nexo con la CTA Fe y Esperanza fueran tomadas como confesiones por corresponder a contrataciones con terceros de naturaleza autogestionaria y que los atan exclusivamente con quienes los contrataron, no existiendo solidaridad de ninguna índole. Así mismo, que sus relaciones con las mencionadas personas jurídicas fue de carácter legal y comercial. En su defensa propuso las excepciones de mérito, de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, principio de legalidad y estabilidad jurídica, ilegitimidad sustantiva de la parte demandada, prescripción, pago y compensación, ilegitimidad de personería sustantiva en la parte demandada, la innominada y buena fe (f.° 169 a 207, ibidem).

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Radicación n.° 91224

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buga, por sentencia del 20 de junio de 2019 (f.° 335 a 336 acta y 345

Cd del cuaderno digital del Juzgado), decidió: 1°.- DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE MÉRITO propuesta por la apoderada judicial de INGENIO PICHICHÍ S. A.,

bajo el rubro de INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, en razón a las consideraciones expuestas en la presente providencia. 2°.- ABSOLVER A LA SOCIEDAD INGENIO PICHICHÍ S. A., de todas y cada una de las pretensiones incoadas en la presente demanda por los señores: Edgar Eduardo Moreno […]; Fulgencio Góngora Aguiño […], Leonardo Rodrigo Estrada Cansimance […], José Doney Varela Arboleda […] y José Rubiel Arredondo Arias […] 3°.- CONDENAR EN COSTAS a la parte plural demandante […] 4°.- CONSULTA. Si la presente sentencia no fuere apelada, remítase al Superior en el grado jurisdiccional de CONSULTA […]

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de los demandantes, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, mediante fallo del 4 de marzo de 2021 (cuaderno digital del Tribunal), confirmo la del a quo.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como fundamento de su decisión, que el problema jurídico a resolver se concretaría en dilucidar si entre los demandantes y el Ingenio Pichichí S. A. existieron verdaderos contratos de trabajo, teniendo cuenta la tercerización laboral que se alega entre esta sociedad y la CTA Fe y Esperanza,

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Radicación n.° 91224 para luego, de ser el caso, analizar las restantes pretensiones. Indicó que, de la valoración de la totalidad de las pruebas, emanaba con suficiente trasparencia que en efecto los demandantes prestaron un servicio como corteros de caña dentro de los predios del Ingenio demandando, empero,

el mismo que efectuaron no lo fue directamente para el éste, sino para la CTA Fe y Esperanza a la que los mismos actores en el libelo introductorio comentaron haberse asociado. Con ese propósito evidenció que, conforme con la demanda inicial, saltaban a la vista los reportes de semanas cotizadas a favor de cada uno de los demandantes; que en el caso de Fulgencio Góngora (f.° 42 a 46), se lograba extraer que entre los meses de noviembre de 2005 a febrero de 2012 las cotizaciones fueron pagadas por la Cooperativa de Trabajo Asociado Fe y Esperanza; que igual situación se verificaba para Edgar Eduardo Moreno (f.° 47 a 50); José Rubiel Arredondo (f.° 51 a 56); Leonardo Rodrigo Estrada (f.° 91 a 96) y José Doney Varela Arboleda (f.° 97 a 102), señalando que dichos periodos de cotización corresponden a los interregnos que se demandaron en la presente acción. Describió que, a folios 103 y 104, se evidencia un documento fechado 14 de junio, dirigido a Luis Fernando Londoño, representante de Asocaña, a quien un grupo de personas pertenecientes a la asociación y una comisión negociadora, elevaron una petición de dialogo haciendo referencia al cumplimiento de unos acuerdos a los que se

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Radicación n.° 91224 llegó en el año 2008 con los Ingenios Pichichí, Manuelita, Providencia y Central Tumaco, entre otros, solicitando regulación de las contrataciones vía CTA; resaltando que en

ese documento no se hace reseña directa a los demandantes, ni a la CTA aquí mentada y, en cuanto al demandado, se hace una referencia muy vaga. Aseveró, que de folios 106 a 108, reposa un «ACTA DE ACUERDO» de fecha 21 de junio de 2005, firmada entre «un grupo de directivos del Ingenio PICHICHÍ S. A.» y «un grupo de personas, quienes expresan tener representación de los asociados de las cooperativas de trabajo asociado (CTA) y Sintrapichichí, que prestan el servicio de apoyo en las labores de corte de caña» y «los asesores designados por parte de los corteros a través de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)», acta con la cual, se pactó, entre otros, que:

1. La Empresa no contratará en forma directa las labores de corte manual de caña y se reserva la facultad de contratar el corte de caña y cualquier actividad propia con las compañías, sociedades, instituciones o estamentos que estime procedentes y bajo cualquiera de las formas que tienen establecidas las leyes de la república. El sistema de contratación que de manera libre seleccione el Ingenio, quedara bajo la vigilancia y control del Ingenio de tal forma que se garantice el cumplimiento de las obligaciones legales que correspondan.

2. Ingenio Pichichí S A. en cooperación con el SENA u otra entidad similar, se compromete a dar capacitación en cooperativismo de trabajo asociado con énfasis en administración de empresas a un grupo de cuarenta asociados de las actuales CTAs y de Sintrapichichí, por un término de tres meses, iniciando tan pronto se reúnan las condiciones

académicas y logísticas del caso (…).

6. Las Cooperativas de Trabajo Asociado y/o cualquier otra empresa que preste el servicio de corte de caña estará en la obligación de efectuar las afiliaciones a la seguridad social e

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Radicación n.° 91224 igualmente el pago de las compensaciones y prestaciones de acuerdo a la ley (…)

10. Ingenio Pichichí S A. garantiza a las cooperativas de trabajo asociado que se formen y organicen de acuerdo a la ley con las personas que actualmente prestan el servicio de apoyo en el corte de caña y cumplan con los requisitos que exige la empresa, una oferta mercantil en la cual se asignara un cupo o tonelaje de caña a cortar, siempre y cuando cumplan con las normas y calidad exigidas para la labor convenida, teniendo en cuenta las necesidades y requerimientos de Ingenio Pichichí S. A. en corte de caña manual (…).

Examinó, que más adelante, a folios 109 a 115, reposan documentos de verificación del acuerdo, una del 28 de agosto de 2010 y otra del 23 de febrero de 2011, en las que se efectúa seguimiento a los arreglos convenidos y se advierte la presencia de todas las CTA y SAS que prestaban servicio a la demandada, se hace control respecto al cumplimiento de lo pactado, elogiando la responsabilidad en la ejecución de todos los puntos acordados. Dichas actas de verificación son firmadas por los representantes de cada CTA y SAS, del Ingenio, de la iglesia católica y de la inspección del trabajo, entre otros. Así mismo, que a folio 116 reposan documentos

emanados del Ingenio, relativos a liquidación por toneladas y tajos de caña; que entre los folios 117 a 120 se evidencian documentos de las cooperativas relativos a pagos de compensaciones ordinarias que la CTA Fe y Esperanza efectuó a personas naturales que no fueron mencionadas en este asunto y otros al demandante Góngora Aguiño, que consideró poco ilustran, pues hacen referencia exclusiva a unos cortos periodos puntuales y son los pagos relativos a toneladas de caña pesadas y a compensaciones pagadas por

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Radicación n.° 91224 la CTA y, de igual forma, entre los folios 121 a 123, reposa un convenio de trabajo asociado cooperativo, relativo a un terceros y a una CTA que no están involucrada en la litis. Reseñó, que la llamada a juicio con su contestación aportó las ofertas mercantiles, aceptaciones a las mismas, otrosíes y contratos de prestaciones de servicios, hechas por la CTA Fe y Esperanza al Ingenio y demás documentos que dan cuenta de la relación comercial suscitada entre las mencionadas empresas por los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, algunos de los cuales están rubricados por Góngora Aguiño como representante de la CTA (f.° 209 a 266). Sostuvo, que en dichas ofertas las cooperativas se obligan a prestar el servicio de corte manual y labores inherentes a la misma, en predios del Ingenio Pichichí S. A. o de terceros, en los sitios y de acuerdo con la programación

que la demandada dispusiera; que seguidamente, en folios 267 a 272, se aprecian documentos relativos al contrato de prestación de servicios suscritos entre la empresa demandada y las señoras Licenia Galindo Jiménez y Amparo López Espejo; que en ellos, las mencionadas se comprometieron a prestar servicios en la disolución y liquidación de las CTA Fe y Esperanza, Nuevo Horizonte, CTA Practicaña, Fuerza Interactiva y Serviasociados del Valle SAS, entre otras. Aludió, que como prueba de oficio fue recaudada la que se aprecia en el cuaderno de anexos 1, que corresponde a las

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Radicación n.° 91224 actas de acuerdo de los años 2005 y 2008, resultados de las huelgas del sector azucarero, así como las actas de verificación del cumplimiento de esos pactos y el compromiso de gestión firmado en el año 2010, todo en 113 folios. Anotó, que pasando a las declaraciones, se tenía que la parte demandante desistió de todos los testigos ofrecidos, salvo el de la señora Amparo López, así como del interrogatorio de parte a la representante legal de la demandada e igualmente la pasiva desistió de los interrogatorios a los demandantes y de uno de los testigos que había ofrecido (minuto 4:40 a 5:38 cd f.° 342). Revisó las testimoniales presentadas por la accionada, entre ellos, José Lubín Cobo Saavedra (minuto 51:25 cd f.° 342) y de William de Jesús Calvo Acevedo (minuto 1:09:40 cd

f.° 342). Precisó que, la declaración de Amparo López, permite colegir la manera como fue constituida la cooperativa, en principio e instruyendo que la vinculación de los actores a través de convenios asociativos estuvo libre de algún vicio en su consentimiento y que quedó demostrado que dichas cooperativas ofrecieron los servicios a través de contratos de índole civil y no se desprende de ese acto la tercerización que alega la parte petente. Citó una decisión de su misma corporación, en la que se ventiló un caso de similares contornos, para decir que, como en aquella oportunidad, como no se comprobó una

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Radicación n.° 91224 verdadera relación laboral entre los actores y el Ingenio pasivo, si no la existencia de verdaderos acuerdos cooperativos, se confirmaría la decisión de primera instancia.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por los demandantes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver

(Cuaderno digital de la Corte).

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretenden que se case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado y conceda las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formulan cuatro cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados y se pasan a estudiar de manera conjunta dado que comparten análogos argumentos, atacan similar cuerpo normativo y persiguen el mismo fin (Cuaderno digital de la Corte).

VI. CARGO PRIMERO Acusan la sentencia del Tribunal de: […] violar la ley indirectamente, por aplicación indebida, los

artículos 4°, 5°, 59 de la Ley 79 de 1988; 1°, 5° y 6° del Decreto 468 de 1990; 5°, 8°, 17, 18 del Decreto 4588 de 2006; Articulo 63 de la Ley 1429 de 2010, 2° y 3° del Decreto 2025 de 2011, en relación con los artículos 53 de la CP; 22, 23, 24, 35, 36, 65, 127, 249, 253, 254 y 306 del CST; 1°, 2° y 99 de la Ley 50 de 1990.

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Radicación n.° 91224 Consideran, que tales infracciones se produjeron como consecuencia de la ocurrencia de los siguientes errores de hecho: 1.- Dar por demostrado sin estarlo, que revisada la totalidad de las pruebas surge con suficiente transparencia, que el servicio prestado como corteros de caña que efectuaron los demandantes no lo fue directamente para el INGENIO PACHICHÍ S. A. sino para la CTA FE Y ESPERANZA 2.- Dar por demostrado, sin estarlo, que la amplia prueba documental revela que la CTA FE Y ESPERANZA fue legalmente constituida, con apego a la ley que le es propia. 3.- Dar por demostrado, sin estarlo, que la vinculación de los actores a través de convenios asociativos estuvo libre de algún vicio en su consentimiento. 4.- Dar por demostrado, sin estarlo, que dicha cooperativa ofreció los servicios a través de contratos civiles y no se desprende de ese acto la tercerización que alegan los demandantes.

5.- No dar por demostrado, estándolo, que los demandantes estuvieron bajo una relación laboral subordinada por el

INGENIO.

Yerros que se cometieron con ocasión de la errónea e inadecuada apreciación de las siguientes pruebas: Pruebas erróneamente apreciadas por el Tribunal: Las de folios 42 a 46, 47 al 50, 51 al 56, 91 al 96, 97 al 102, documentos de que dice el Tribunal, se logra extraer que entre los meses de noviembre del 2005 a febrero del 2012 en interregnos que se reclaman en esta demanda, las cotizaciones fueron pagadas por la cooperativa de trabajo asociado FE Y ESPERANZA en interregnos que se demandan en esta acción. Las de folios 109 al 115 reposan un acta de acuerdo de fecha 28 de agosto de 2010, 23 de febrero de 2011 firmada por un grupo de personas en representación de las CTAs y el INGENIO

PACHICHÍ.

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Radicación n.° 91224 Las de folios 209 al 266 en dichas ofertas las cooperativas se obligan a prestar el servicio corte manual y siembra de Caña en predios propios del INGENIO PACHICHÍ S. A. o de terceros en los sitios y de acuerdo con la programación que el Ingenio dispusiera. Las de folios 267 al 272 se aprecian documentos relativos al contrato de prestación de servicios suscrito entre el INGENIO PACHICHÍ S. A. y las señoras LICENIA GALINDO JIMÉNEZ y AMPARO LÓPEZ ESPEJO en ellos las mencionadas señoras se

comprometen a prestar servicios en la disolución y liquidación de

la CTA FE Y ESPERANZA, NUEVO HORIZONTE, CTA

PRACTICAÑA, CTA PROGRESEMOS, CTA FUERZA INTERACTIVA y SERVIA ASOCIADOS DEL VALLE entre otras.

Como pruebas inapreciadas por el Tribunal: El certificado de existencia y representación del INGENIO que está a folios 36 al 37 y ss. Para la demostración del cargo, trascriben apartes de la decisión de segundo grado, para decir que la convicción a la cual llegó el Tribunal se originó en la valoración errada de dar credibilidad a los testigos, considerando que la CTA fue una empresa totalmente independiente, autogestionaria, que tenían sus propios gerentes, incurriendo así en error manifiesto de hecho, porque al revisar documentales de folios 209 al 266 que corresponden a las ofertas mercantiles que dijo haber valorado, resulta que la CTA realizó las actividades propias del objeto social del Ingenio, según el certificado de existencia y representación de aquel que está a folios 36 al 37 (prueba no valorada), resultando ser una mera intermediaria y como tal, se dio el elemento de subordinación, lo cual, significa que la cooperativa no fue independiente ni autogestionaria como lo aseveró el fallador, al no contar con independencia financiera ni administrativa, además que fue el Ingenio quien la disolvió y liquidó la CTA.

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Radicación n.° 91224 Discuten que el colegiado erró en la apreciación de las documentales porque allí están de folios «209, 215 y V, 235, 241, 252 y V», que comprueban que las labores fueron de

corte y varias de campo, con equipos y herramientas del mismo Ingenio, sin valorar los folios 36, 37 y siguientes, que corresponden al certificado de existencia y representación del Ingenio, el que concreta que el objeto o la actividad permanente del demandado es la siembra de caña, cultivo, riego y todas las actividades inherentes a éste, siendo una actividad propia que no podía contratarse por intermedio de CTA porque entonces se daba la prestación del servicio personal y la subordinación laboral. Plantean que el sentenciador de segundo grado apreció erradamente también los folios «217, No.14, 227 No.14, 235 V No. 13, 241 V No.13, 256 V No. 9.24» que acreditan que el Ingenio obligó a la cooperativa a registro de asociados, su identificación, antecedentes judiciales y disciplinarios, probándose que era el accionado quien imponía las sanciones, resultando ser el verdadero empleador y la CTA fue mera intermediaria o ente simulado. Sostienen que al ad quem inobservó que en las documentales de folios 245 y 246, el Ingenio se obligó con la CTA a pagar al cabo, la abogada, a gestionar pensiones de asociados, a sufragar incapacidades de asociados, la bonificación de productividad y otras, demostrando la ausencia de autogestión.

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Radicación n.° 91224 Indican que ningún análisis del Tribunal se hizo en el sentido de que el cabo era quien daba las órdenes en las labores y estaba pagado y subordinado por el demandado resultando éste ser el verdadero empleador y la CTA entidad

simulada. Desarrollan que igualmente se mal valoró que según el folio 236 el accionado donó la suma de $27.400.000 con destino al fondo de solidaridad de la cooperativa y con ese dinero se sufragaron los pagos a la seguridad social; que con folio 248 se demostró que el Ingenio le canceló a cada asociado la suma de $420.000 en los meses de diciembre con el fin de apoyar los procesos de producción, ejecutando así actividades de verdadero empleador. Denuncian en la misma forma los folios 260 y 261, al acreditar que a la cooperativa le fue autorizado el uso del transporte dispuesto por la demandada para sus trabajadores directos; que los folios 221, 232 y 238 mostraron que el Ingenio se reservó el derecho de exigir el retiro o prohibir el ingreso de los asociados a la CTA, lo que acredita que el Ingenio ordenaba la imposición de sanciones y tenía injerencia, como un verdadero empleador; lo propio con folio 236 sobre las donaciones para los programas de vivienda; los folios 211 No.3, 217 y V No.5, 227 y 228 No.5 que bajo el título de obligaciones del contratante, el Ingenio se obligó a suministrar a la CTA cada 4 meses toda la dotación y herramientas; y, que los folios 252 y 253 muestran que CTA Fe y Esperanza se obligó a suministrar personal de corte, saque de piedra y labores varias.

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Radicación n.° 91224 Presentaron disertaciones relacionadas con la valoración del contrato de prestación de servicios de Licenia Galindo Jiménez y Amparo López Espejo y, sobre los

acuerdos de folios 106 a 115 y siguientes, dijeron que el Tribunal realizó una estimación efímera, fugaz y precaria porque no destacó que el accionado se obligó con la CTA a dar capacitación en cooperativismos, lo cual no era debido, por hacer parte de la autonomía de la CTA. Reprocharon que no se valorara debidamente que el demandado se reservara la facultad de reubicar a los asociados de la CTA en otras labores distintas a las de cortar caña por motivo incapacidad médica; que tampoco se examinara que la empresa se obligó a pagar la seguridad social, a suministrar las dotaciones, a efectuarle préstamos a los asociados sin intereses, a entregarle donaciones a la cooperativa para que cumpliera los programas de vivienda y educación. Acciones estas, propias de un empleador. Sintetizan que el Tribunal no realizó esfuerzo alguno para buscar la verdad, sino que limitó su actividad a mencionar las pruebas (Cuaderno digital de la Corte)

VII. RÉPLICA Ingenio Pichichí S. A. se opone a la prosperidad del cargo, mencionando que en el mismo se denuncian como pruebas inapreciadas medios que sí fueron tenidos en cuenta por el Tribunal, entre ellas, el certificado de existencia y

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Radicación n.° 91224 representación. Enfatizando en que la decisión fue muy clara en expresar que se valoraron todas las pruebas. Alude que, por lo anterior, la acusación parte de supuestos falsos, y además no se enfila adecuadamente, pues sabido es que el contenido argumentativo de una acusación por falta de apreciación es muy distinto al propio

de una alegación de estimación errónea. Y que, en el segundo escenario no basta con invocar la prueba que originó el yerro, sino que además es necesario demostrar cuál fue el error estimativo en el que incurrió el ad quem, nada de lo cual realizó la censura, y por ello su acusación debe ser desechada. Increpa que el ataque es incompleto porque no fueron denunciados los testimonios tenidos en cuenta por el fallador, faltando así al deber de atacar todos los pilares de la sentencia y citando a CSJ SL808-2019. Acusa que las argumentaciones que soportan el cargo son genéricas y se acercan más a un alegato de instancia (Cuaderno digital de la Corte).

VIII. CARGO SEGUNDO Plantean, Se acusa a la sentencia del Tribunal de ser violatoria de la ley sustancial por infracción directa del artículo 24 del C.S.T

(subrogado por el Art. 2° de la Ley 50 de 1990), con relación de los Arts. 4°, 5°, 59 de la Ley 79 de 1988; 1°, 5° y 6° del Decreto 468 de 1990; 5°, 8°, 17, 18 del Decreto 4588 de 2006; Articulo

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Radicación n.° 91224 63 de la Ley 1429 de 2010, 2° y 3° del Decreto 2025 de 2011, 53 de la CP; 22, 23, 24, 34, 35, 36, 65, 186 249, 253 y 306 del C.S.T.; 1°, 2° y 99 de la Ley 50 de 1990. Ley 1233 de 2008.

Argumentan que el Tribunal incurrió en error jurídico al exigirles demostrar la subordinación infringiendo el artículo 24 del CST. Con esa orientación, manifiestan, EL Tribunal descubrió en esas pruebas, que el corte de caña la siembra son labores propias del INGENIO, que éste dio capacitación en cooperativismo, que el INGENIO celebró un contrato con las señoras AMPARO LÓPEZ y LICENIA GALINDO para disolver y liquidar la CTA y que además, pagó los honorarios de esas liquidadoras, y que a pesar de todas las anteriores acciones que revelan la actividad personal, le exige más a los demandantes para que demuestren la actividad personal, no estando obligados a más, pues el que realiza intermediación presta un servicio personal está exento de demostrar la subordinación. Pero es que nunca, en ningún caso, quien realiza la actividad personal debe probar que ejecutó los servicios personales bajo la continuada subordinación o dependencia respecto de quien recibió y remuneró el servicio que ellos prestaron, es quien ha recibido y remunerado el servicio el que debe desvirtuar la presunción y probar plenamente la autonomía e independencia de quien realizó por sí mismo la actividad personal. Por lo tanto, el Tribunal infringió el Art. 24 del C.ST. En tratándose de la presunción del contrato de trabajo, es claro que, de los elementos necesarios para la configuración de ese contrato, el artículo 24 presume, en realidad y como quedo dicho, la existencia de la subordinación laboral, lo que trae como consecuencia que se libera o dispensa de esa carga a quien alegue su calidad de trabajador. No tiene sentido que a quien la ley lo ha dispensado de la prueba de ese hecho, se le exija por

parte del juez que lo acredite, como equivocadamente en este asunto lo hizo el Tribunal (Cuaderno digital de la Corte)

IX. RÉPLICA Ingenio Pichichí S. A. aduce que la acusación adolece de errores técnicos que impiden su éxito, porque, pese a estar dirigido por la senda de puro derecho, se supone que debe

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Radicación n.° 91224 aceptar las premisas fácticas, lo cual, no atiende, si se tiene en cuenta que el Tribunal arribó a las siguientes conclusiones fácticas: 1) El servicio prestado como corteros de caña que efectuaron los demandantes no lo fue directamente para el Ingenio demandado, sino para la Cooperativa “Fe y Esperanza CTA” (ausencia del elemento prestación personal del servicio) 2) no existió tercerización, pues la cooperativa fue legalmente constituida con apego a la ley, 3) no hubo vicios en el consentimiento de los actores al vincularse a través de convenios asociativos, y 4) quedó plenamente demostrado que la Cooperativa “Fe y Esperanza CTA” ofreció los servicios a través de contratos de índole civil y no se desprende de ese acto la tercerización que alega la parte petente En la misma línea, considera que los recurrentes no atacan los verdaderos pilares argumentales de la sentencia porque lo que dijo el Tribunal fue que no encontró acreditado el elemento prestación personal del servicio, y mucho menos el de subordinación, es decir, la decisión absolutoria esencialmente estuvo soportada en aspectos fácticos

(Cuaderno digital de la Corte).

X. CARGO TERCERO Denuncian la decisión del ad quem, […] de ser violatoria de la ley sustancial por infracción directa del artículo 17 del Decreto 4588, en relación con el Art. 24 C.S.T.

(subrogado por el Art. 2 de la ley 50 de 1990), Arts. 4°, 5°, 59 de la Ley 79 de 1988; 1°, 5° y 6° del Decreto 468 de 1990; 5°, 8°, 17, 18 del Decreto 4588 de 2006; Articulo 63 de la Ley 1429 de 2010, 2° y 3° del Decreto 2025 de 2011, en relación con los artículos 53 de la CP; 22, 35, 36, 65, 127, 249, 253, 254 y 306 del C.S.T.; 1°, 2° y 99 de la Ley 50 de 1990.

SCLAJPT-10 V.00 19

Radicación n.° 91224 Exponen, que el artículo 17 del Decreto 4588 de 2006, prohíbe la intermediación laboral y sólo en la Ley 50 de 1990 se autoriza a EST para desarrollar actividades propias de una empresa pero por una temporalidad de 6 meses y hasta un año, la CTA del presente asunto, no tenía como objeto social enviar trabajadores en misión o el suministro de personal, por esta razón no

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