CSJ - SL1625-2024

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL1625-2024 Radicación n.° 99946 Acta 17 Bogotá, D. C., cuatro (04) de junio de dos mil veinticuatro (2024) La Sala decide el recurso de casación interpuesto por PEDRO ANTONIO OSORIO BRION contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el veintiocho (28) de febrero de los dos mil veintitrés (2023), en el proceso ordinario que instauró contra la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S. A. E.S.P. – ELECTRICARIBE S. A. ESP, sustituida por el FONDO NACIONAL DEL PASIVO

PENSIONAL Y PRESTACIONAL DE LA

ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S. A. E.S.P. – FONECA,

representado por FIDUPREVISORA S. A.

I. ANTECEDENTES Pedro Antonio Osorio Brion solicitó que se declarara: i) la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido desde «03 de Noviembre de 1988 sin solución de continuidad

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Radicación n.° 99946 y que actualmente es trabajador activo exonerado desde el 12 de Diciembre de 2013»; ii) la «nulidad total e ineficacia» del Convenio de Transacción que suscribió con la accionada el 15 de agosto de 2012, por vulnerar derechos ciertos e indiscutibles conforme con los artículos 14, 15 y 43 del CST y 48, 53, 228 de la CP; iii) la «ineficacia e inaplicabilidad» del

segmento de la cláusula 51 del Acuerdo del 18 de septiembre de 2003 suscrito entre la Electrificadora del Caribe S. A. ESP y el Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia Sintraelecol y del Acuerdo del 5 de mayo de 2006. Pidió que se le condenara a reconocer los beneficios pensionales previstos en la Convención Colectiva de Trabajo vigente para el periodo «1985 - 1987» (Convenio 1998-1999); la pensión de jubilación convencional a partir del 13 de junio de 2010 reajustado anualmente en el 15 %, de acuerdo con el parágrafo 3º del canon 106 del instrumento extralegal, así como en la Ley 4ª de 1976, desde el 1º de enero de 2011 hasta cuando se cancele debidamente indexado, junto con su retroactivo debidamente indexado, lo ultra y extra petita y las costas. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que: fue vinculado a la Electrificadora del Atlántico S. A. el 3 de noviembre de 1988 mediante contrato de trabajo a término indefinido y, posteriormente, continuó al servicio de Electricaribe S. A. ESP, en virtud de la sustitución patronal; desempeñaba el cargo de supervisor de mantenimiento red de distribución, área gestión administrativa; que desde el

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Radicación n.° 99946 inicio de la relación se afilió al Sindicato de Trabajadores de Energía de Colombia -Sintraelecoly, por ende, era beneficiario de todas las convenciones colectivas; solicitó la

pensión de jubilación el 18 de noviembre de 2009 con fundamento en la Convención Colectiva de Trabajo 19851987 y 1988-1989; que laboró 3 años adicionales en virtud de la cláusula 51 del Acuerdo Colectivo del 18 de septiembre del año 2003. Puntualizó que promovió proceso ordinario laboral junto con Alfredo Orozco Santiago, Everth Carmelo Mejía Ballestas, Néstor Arteta Echeverría y Emiromel Antonio Deal Cantillo contra la Electrificadora del Caribe S. A. ESP en el que pidieron se decretara: la nulidad absoluta e ineficacia de un aparte del artículo 51 del Acuerdo Colectivo de 18 de septiembre de 2003 firmado entre la parte demandada y el Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia - Sintraelecol y, en consecuencia de dicha declaratoria, se condenara a la accionada a la pensión de jubilación prevista en la cláusula duodécima de la Convención Colectiva de Trabajo de 1985. En subsidio pidió a la prestación del 51 del Acuerdo Colectivo de 18 de septiembre de 2003 desde el 31 de julio de 2010. Afirmó que mediante sentencia del 14 de septiembre de 2009 el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla absolvió a la accionada de esas pretensiones, que fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad el 27 de

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Radicación n.° 99946 diciembre de 2011, contra la que interpuso recurso

extraordinario de casación. Recalcó que el 15 de agosto de 2012, suscribió junto con Alfredo Orozco Santiago, Everth Carmelo Mejía Ballestas y Néstor Arteta Echeverría, con la convocada a juicio, contrato de transacción, sobre las pretensiones de dicho trámite, estas fueron, la declaratoria de nulidad absoluta sobre el aumento de los años de servicio para adquirir el derecho de pensión convencional establecido en la cláusula 51 del Acuerdo Colectivo del 18 de septiembre de 2003, celebrado por la demandada con el Sindicato de Trabajadores de Electricidad de Colombia y la aplicación del régimen de pensiones, previsto en el artículo duodécimo de la Convención Colectiva de Trabajo de 1985, «pero sin derecho a la pensión demandada» el que fue aprobado por auto CSJ AL11669-2013 del 25 de septiembre de ese año. Anotó que en razón al convenio referido se encontraba exonerado de prestar servicios personales a la empleadora, recibiendo salario, bono de compensación y prestaciones sociales desde el 12 de diciembre de 2013 (f.° 1 a 9, cuaderno digital de primera instancia). Electricaribe S.A. ESP, se opuso a las pretensiones incoadas en su contra. En cuanto a los hechos aceptó la solicitud de la prestación, el cargo que desempeñaba el accionante, los relacionados con el proceso que presentó este, el cual terminó porque rubricó con aquel una transacción que produjo los efectos de cosa juzgada y siempre actuó de

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Radicación n.° 99946 buena fe; de los demás dijo no eran veraces o de su convencimiento. Propuso como excepciones de mérito de prescripción, cosa juzgada, de mérito, las de buena fe, cobro de lo no debido y compensación (f.° 283 a 303, cuaderno principal).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla, mediante fallo del 26 de febrero de 2018, declaró probada la excepción de cosa juzgada y condenó en costas al demandante (f.º 279 a 280, ibídem).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, al resolver el recurso de apelación interpuesto por Pedro Antonio Osorio Brion, mediante sentencia del 28 de febrero de 2023, confirmó la decisión de primera instancia.

Como problema jurídico a resolver determinó si se encontraba configurada la cosa juzgada alegada por la demandada, de lo contrario si tenía derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación deprecada. Luego de referirse a lo establecido en los mandatos 15 del CST, 1625 del CC, 312 al 317 CGP, indicó que la primera normativa facultaba a las partes transigir sus

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Radicación n.° 99946 diferencias derivadas de los probables derechos y obligaciones que les asisten sin que afecte el mínimo de derechos y garantías a favor del trabajador, mediante un convenio que previa aprobación de autoridad competente puede generar la terminación anormal de un proceso (CSJ

SL5032-2020, CSJ SL2107-2021 y CSJ AL1368-2022).

Señaló que no era objeto de discusión que el demandante había promovido con anterioridad demanda ordinaria contra la hoy accionada ante el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla en la que pretendió: Primera.- Que se declare la NULIDAD ABSOLUTA de los apartes subrayados y en negrilla del artículo 51 del Acuerdo Colectivo de 18 de septiembre de 2003 celebrado por la demandada con el Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia, cuyo tenor literal es el siguiente: (…) Segunda.- Que se declare que el Acuerdo Colectivo de 18 de septiembre de 2003 suscrito entre la demandante y el Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia “SINTRAELECOL”, como consecuencia de la nulidad deprecada, conforme a su artículo 5°, es INEFICAZ por lo que mis mandantes como trabajadores del Distrito Atlántico de la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP, tienen derecho a que se les aplique el régimen de pensiones previsto en el Artículo duodécimo de la Convención Colectiva de Trabajo de 1985. Tercera.- En subsidio de las anteriores peticiones, solicito que condene a la demandada a reconocer y pagar la pensión prevista en el artículo 51 del Acuerdo Colectivo de 18 de septiembre de 2004 a mis mandantes, a más tardar el 31 de julio de 2010. Cuarta.- La demandada deberá pagar las costas del juicio incluyendo las agencias en derecho. Además, que las sentencias proferidas en dicho

trámite le fueron adversas al promotor, razón por la que

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Radicación n.° 99946 interpuso el recurso extraordinario de casación contra el fallo de segunda instancia, trámite al que allegó acuerdo de transacción, donde se acordó:

3. Con el reconocimiento y pago de las sumas conciliatorias mencionadas, quedan totalmente precavidas, transadas y conciliadas todas las posibles controversias o reclamaciones del demandante relacionadas con la causación de la pensión extralegal de jubilación, mesadas pensionales o beneficios de pensionado, ajustes pensionales, o por cualquier reclamación o controversia de índole pensional, ya sea contra Electrificadora del Caribe S. A. E.S.P., sus socios, directivos, accionistas, matriz, filiales, subsidiarias, y sucursales, así como contra sus socios, funcionarios, directivos, ejecutivos, empleados, sucesores, encargados, fideicomisarios, accionistas, asesores y agentes o contra cualquier sociedad, accionista o entidad de la organización en el mundo, razón por la cual queda eliminada cualquier posibilidad de controversia o litigio en el futuro en este sentido y por cualquier asunto relacionado con la presente transacción o con las pretensiones del litigio que se transa con el presente documento.

4. Dada la presente transacción y la reiteración en cuanto a la validez del Acuerdo Colectivo Laboral de septiembre 18 de 2003 mediante la convención colectiva de trabajo firmada entre la demandada y Sintraelecol de fecha 10 de agosto de 2012, la cual es aplicable al demandante, el demandante expresamente manifiesta que la parte demandada ha cumplido a cabalidad lo

previsto en el Acuerdo desde el 18 de septiembre de 2003 y hasta la fecha, obrando con total buena fe, y renuncia a cualquier reclamación judicial relativa a la validez del Acuerdo y solicitud de restablecimiento de condiciones previstas en la convención colectiva de trabajo aplicable con anterioridad a el Acuerdo; y también manifiesta el demandante que con la suma conciliatoria reconocida se precave, evita, transa y concilia cualquier eventual litigio o cualquier futura reclamación o litigio contra la entidad demandada por cualquier acreencia referida a la materia transada , hasta. la fecha de la transacción. El reconocimiento de las sumas conciliatorias que se. pagan al demandante también tienen por objeto compensar cualquier suma que eventualmente se pudiera llegar a deber por cualquier reclamación del demandante, sus herederos o beneficiarios, cuestionando la validez del Acuerdo, o por cualquier reclamación pensional, indemnizaciones por supuesto incumplimiento de la cláusula de pensión convencional, y en general cualquier otra acreencia relativa a la pensión convencional de jubilación.

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Radicación n.° 99946 Memoró que esta Sala mediante providencia CSJ AL1166-2013 del 25 de septiembre de 2013, aceptó el convenio respecto de Alfredo Orozco Santiago, Pedro Antonio Osorio Brion, Everth Carmelo Mejía Ballestas y Néstor Arteta Echeverría, declarando terminado el proceso respecto de aquellos y lo continuó frente a Emironel Antonio Deal Cantillo, por considerar que la declaratoria de nulidad absoluta sobre el aumento de los años de servicio para adquirir el derecho de pensión convencional, establecido en la

cláusula 51 del Acuerdo Colectivo de 18 de septiembre de 2003, celebrado por la demandada con el Sindicato de Trabajadores de Electricidad de Colombia y la aplicación del régimen de pensiones, previsto en el artículo duodécimo de la Convención Colectiva de Trabajo de 1985, «bien pueden ser renunciadas por los accionantes por medio del contrato de transacción, por cuanto, no versan sobre derechos mínimos laborales ni sobre derechos ciertos e indiscutibles», además que «el memorial recibido por la Corte fue presentado personalmente por los apoderados judiciales de las partes, antes de proferirse la sentencia de casación, éste es expreso e incondicional». Bajo ese contexto, reprodujo apartes de las providencias CSJ SL, 26 jul. 2011, rad. 49792, reiterada en el CSJ AL4676-2016 y la CSJ AL1359-2022, para precisar que el contrato de transacción suscrito entre las partes y aprobado por esta Corporación hizo tránsito a cosa juzgada, pues el sub examine contiene las mismas pretensas del juicio anterior las que fueron transigidas, por lo que se encuentra configurada la referida figura (f.º 16 a 17,

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Radicación n.° 99946 cuaderno digital de segunda instancia).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Pedro Antonio Osorio Brion, concedido por el Tribunal y admitido por la Sala, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN.

Pretende se case totalmente la sentencia del juez plural, para que, en sede de instancia revoque el fallo de , primer grado y en su lugar se disponga:

1.- Declarar la nulidad e ineficacia del Contrato de Transacción de fecha 15 de agosto de 2012 y del auto que le dio aprobación No. AL 1166-2013 de fecha 25 de septiembre de 2013 proferido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, M.P. RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO. 2.- Declarar la ineficacia e inaplicabilidad del artículo 51 del acta de acuerdo del 18 de septiembre de 2003. 3.- Declarar la ineficacia e inaplicabilidad del acta de Acuerdo del 05 de mayo de 2006. 4.- Condenar a la demandada ELECTRIFICADORA DEL CARIBE

S. A. E.S.P. sustituida procesalmente por el FONDO NACIONAL

DEL PASIVO PENSIONAL Y PRESTACIONAL DE LA ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S. A. E.S.P., sigla FONECA, a reconocerle y pagarle la pensión de jubilación convencional prevista en la Convención Colectiva de Trabajo de 1985-1987 y en la Compilación de Convenios Colectivos de 1998 – 1999, al señor PEDRO ANTONIO OSORIO BRION a partir del 13 de junio de 2010, en cuantía no inferior al 75 % del salario promedio que devengó en el último año de servicio; así como también, pagarle el retroactivo pensional, las mesadas adicionales de junio y diciembre y al pago del reajuste anual de la mesada pensional con los incrementos anuales previstos en la Ley 4ª de 1976, establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo de 19831985, todo debidamente indexado. Con tal propósito formuló tres cargos, por la causal primera de casación, que fueron objeto de réplica, los

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Radicación n.° 99946 cuales se resolverán conjuntamente por perseguir el mismo fin y con fundamento en similar compendio normativo.

VI. CARGO PRIMERO Enrostra al juez de apelación de haber vulnerado la ley por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de: […]los artículos 312 del Código General del Proceso y 1625 del Código Civil, en relación con los artículos 1502 y 1524 del Código Civil Colombiano; los artículos 13, 14, 15, 467 y 480 del Código Sustantivo del Trabajo y la Seguridad Social, los artículos 53, 58 y 230 de la Constitución Política, aplicables al procedimiento laboral por virtud de la remisión analógica consagrada en el artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo y la Seguridad Social, así como también los artículos Duodécimo literal C) de la Convención Colectiva de Trabajo 1985-1987 y 105 y 106 de la Compilación de Convenios Colectivos 1998-1999, como normas legales que consagran el derecho sustancial pretendido en el proceso.

Afirma que la segunda instancia incurrió en la comisión de los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, no estándolo, que el Contrato de Transacción de 15 de agosto de 2012 suscrito por las partes y aprobado por auto No. AL 1166-2013 de fecha 25 de septiembre de 2013 proferido por la Sala de Casación Laboral de la Corte

Suprema de Justicia, producía efectos de cosa juzgada.

2. Dar por demostrado, no estándolo, que el Contrato de Transacción de 15 de agosto de 2012 suscrito por las partes y aprobado por auto No. AL 1166-2013 de fecha 25 de septiembre de 2013 proferido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cumplió los presupuestos necesarios para que resulte procedente la aprobación de la transacción, señalados en la sentencia de la corte Suprema de Justicia SL5032-2020, reiterada en sentencia CSJ SL2107-2021,

3. Dar por demostrado, no estándolo, que al versar el presente juicio sobre pretensiones anteriormente transigidas, se tendría configurada la referida figura jurídico-procesal de cosa juzgada.

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4. No dar por demostrado, estándolo, que al recaer el objeto del Contrato de Transacción de 15 de agosto de 2012 sobre derechos ciertos e indiscutibles con certidumbre sobre su procedencia convencional, sus extremos y su quantum, el Juez, el Tribunal y la Corte, podían volver a estudiar la validez de dicho acto, porque así lo ha dispuesto la Jurisprudencia de la

H. Corte Suprema de Justicia.

Como pruebas valoradas con error señaló el contrato de transacción de 15 de agosto de 2012 suscrito por las partes. y dejadas de estimar la Convención Colectiva de Trabajo 1985-1987, la Compilación de Convenios Colectivos

1998-1999, el Acuerdo del 18 de septiembre de 2003, el registro civil de nacimiento y su contrato de trabajo. Reprocha al colegiado, pues debió resolver la segunda pretensión y su apelación, que cuestionaron referido acuerdo, en cuanto sí cumplió con los requisitos para su validez -objeto y causa lícita-, para así no vulnerar sus derechos ciertos e indiscutibles, que no ocurrió pues si bien aludió a la providencia CSJ SL5032-2020, se limitó a revisarlo en cuanto su eficacia para dar por terminado el proceso al configurarse la cosa juzgada y reprodujo las normas denunciadas en la proposición jurídica. Objeta a la segunda instancia, ya que analizó de forma errónea los artículos 312 del CGP y 1625 del CC para indicar que la suscripción del referido acuerdo, «era indicativo de que la obligación contractual laboral del trabajador con la empresa había quedado extinguida por la voluntad de personas capaces y libres de disponer de sus derechos», por lo que al referirse a la última normativa enunciada «se queda corto en alcances para concluir que el

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Radicación n.° 99946 contrato de transacción fue válido y eficaz y peor aún, que hiciera tránsito a cosa juzgada», que solicitó en la segunda pretensión del libelo inicial y su apelación. Cuestiona tanto el fallo de primera como de segunda instancia, toda vez que no realizaron un análisis «verdadero y profundo de la validez y eficacia» del acuerdo ni abordaron la segunda pretensión de la demanda, contrario a lo enseñado en la providencia CSJ SL4066-2021, de la que

reprodujo apartes, pues podía acudir a un nuevo proceso laboral para debatir el convenio con efectos de cosa juzgada. Explica que con el presente trámite se reclama la nulidad del contrato de transacción suscrito el 15 de agosto de 2012 por objeto ilícito para que fueran revisados los requerimientos para su validez y eficacia, no obstante, ni el a quo ni el ad quem, analizaron las pruebas que conducían a demostrar que el convenio era carente de validez. Asegura que el colegiado «invocó precedente jurisprudencial, que nada tenía que ver con los requisitos para la validez de los actos jurídicos» estas fueron las CSJ SL5032-2020, CSJ AL1359-2022 y CSJ AL1353-2022, pues la primera resolvió una situación fáctica disímil a la que se debate, toda vez que en esa oportunidad no estaban comprometidos derechos ciertos e indiscutibles y en la segunda y tercera trataron de los efectos de cosa juzgada frente a las sentencias ejecutoriadas.

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Radicación n.° 99946 Comenta el contenido de los preceptos 1502, 1519, 1524 del CC y 13, 14 y 15 del CST, e itera que el contrato de transacción contenía vicios para su validez por recaer sobre causa y objeto ilícitos, pues el juez de apelación omitió valorar que previo a su suscripción -15 de agosto de 2012y su aprobación -25 de septiembre de 2013-, ya había satisfecho los requisitos para pensionarse con fundamento en literal c) del artículo duodécimo, en el que

se instituyó a favor de los trabajadores el denominado PLAN 70, establecido en la Convención Colectiva de Trabajo 19851987, reafirmado en la Compilación de Convenios Colectivos 1998-1999, porque según su vinculación laboral -3 de noviembre de 1988y su registro civil de nacimiento se acreditaba que conforme la data de su natalicio -13 de junio de 1961-, cumplió 50 años el mismo día y mes del 2010, fecha a la que contaba con más de 20 años de servicio, sin que lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005 incidiera en su reconocimiento ya que cumplió las exigencias antes del 31 de julio de 2010. Puntualiza que esta Sala erró cuando aprobó la transacción mediante decisión CSJ AL1166-2013, pues no tenía una causa lícita al versar la situación fáctica sobre derechos ciertos e indiscutibles, porque había cumplido los «requisitos para pensionarse previstos en la convención colectiva y contra ella se oponía un acuerdo colectivo de aquellos que según jurisprudencia vigente desde antes de su firma, no tenía la virtualidad de reformar el texto convencional», para lo que memoró la sentencias CSJ SL, 3 jul. 2008, rad. 32347, reiterada en la CSJ SL 20 jun. 2012,

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Radicación n.° 99946 rad. 39744 y la CSJ SL5108-2020. Transcribe apartes de la decisión CSJ SL, 11 abr. 2018, rad. 49725 para anunciar que el acuerdo en el que renunció a su derecho prestacional presentaba las

características de un negocio jurídico viciado de nulidad por objeto y causa ilícita. Reflexiona que la segunda instancia le dio prevalencia al Acta de Acuerdo del 18 de septiembre de 2003, que fungía en el texto de la transacción como el «obstáculo» para el otorgamiento de su pensión convencional. Asegura que la omisión en la apreciación de las probanzas denunciadas se concretó en la vulneración de los siguientes preceptos normativos y extralegales:  Se quebrantó como norma sustancial los artículos Duodécimo literal C) de la CCT 1985-1987 y 105 y 106 de la Compilación de Convenios Colectivos 1998-1999. Con el contrato de trabajo de fecha 03 de noviembre de 1988 y el registro civil de nacimiento del actor (pruebas no apreciadas) se demostraba que por haber nacido el actor el 13 de junio de 1961, cumplió 50 años de edad el 13 de junio de 2010, y que, para esa fecha, ya contaba con más de 20 años de servicio por haber ingresado a laborar el 3 de noviembre de 1988. Bajo esta dirección, se aprecia que cumplía con los requisitos previstos en el artículo Duodécimo literal C), en el que se instituyó a favor de los trabajadores el denominado PLAN 70, para aquellos que ingresaran con posterioridad a la firma de dicha convención colectiva (1º de agosto de 1985), como en efecto ocurrió con el señor OSORIO BRION, puesto que ingresó el 3 de noviembre de 1988, estando aún vigente dicha normatividad. Esta norma

convencional fue reafirmada en los artículos 105 y 106 de la Compilación de Convenio Colectivos de Trabajo 1998-1999, que igualmente se encuentran en el acervo probatorio.  Se quebrantó el artículo 53 de la Constitución Política, el cual en su texto menciona principios mínimos fundamentales como

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Radicación n.° 99946 lo son la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales y las facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles. El quebrantamiento de la norma es evidente, puesto que el Ad quem desconoció que mi poderdante tenía un derecho irrenunciable, cierto e indiscutible al cual hicieron renunciar en el Contrato de Transacción del 15 de agosto de 2012 que sirvió de base a su decisión de confirmar la sentencia de primera instancia que declaró probada la excepción de cosa juzgada.  Se quebrantó el artículo 58 de la Constitución Política, puesto que el Ad quem desconoció que mi poderdante tenía un derecho adquirido al cual hicieron renunciar en el Contrato de Transacción del 15 de agosto de 2012 que sirvió de base a su decisión de confirmar la sentencia de primera instancia que declaró probada la excepción de cosa juzgada. La violación es clara, pues la norma superior establece que en Colombia “se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores”.  Se quebrantó el artículo 230 de la Constitución Política, al

desconocerse la jurisprudencia aplicable antes de la fecha de suscripción del contrato de transacción que prohibían la reforma de una convención colectiva por acuerdos colectivos, y las que proscribían la transacción de derechos ciertos e indiscutibles, desatendiendo que, “los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley y que la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial”.  Se quebrantó el artículo 14 del CST y SS, puesto que las normas de la Convención Colectiva que regulan la pensión convencional son de orden público y contenían derechos y prerrogativas de carácter irrenunciables que el Ad quem no catalogó de esa forma al momento de analizar el Contrato de Transacción del 15 de agosto de 2012 en la cual basó su decisión de confirmar la sentencia de primera instancia que declaró probada la excepción de cosa juzgada.  Se quebrantó el artículo 15 del CST y SS, puesto que es la norma que exige que para la validez de la transacción en los asuntos del trabajo, no debe involucrarse como objeto de negociación derechos ciertos e indiscutibles”.  Se vulnera el artículo 1o. del CST y SS, puesto que el Ad quem se aparta de una de las finalidades primordiales de las normas del trabajo que es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. En el presente caso, era urgente la intervención de la justicia para restablecer al señor FIDEL ENRIQUE SANTIAGO GUTIEREZ sus derechos

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Radicación n.° 99946 en orden a la equidad y el equilibrio económico de su relación laboral.  Se violaron los artículos 467, 468, 469, 476, 479 y 480 del CST y SS porque el Ad quem, al darle validez al Contrato de Transacción del 15 de agosto de 2012, avaló la normatividad en que estaba soportada dicha acta, que lo era el Acuerdo Colectivo del 18 de septiembre de 2003 el cual no tiene el carácter de una convención colectiva puesto que su expedición no se hizo con arreglo a las normas del Código Sustantivo del Trabajo aquí mencionadas, más sin embargo, a dicho acuerdo lo hicieron prevalecer por encima de las Convenciones Colectivas de Trabajo que gozaban de plena validez y que estaban aportadas en el proceso.  Se quebrantó el artículo 1502 del Código Civil, porque el Ad quem, al darle validez al Contrato de Transacción del 15 de agosto de 2012 y con fundamento en ella declarar la cosa juzgada, avaló el objeto ilícito que se cernía sobre dicho documento, pues se estaba conciliando sobre derechos ciertos e indiscutibles, además de que mi representado por no ser abogado no estaba consciente del perjuicio que le acarreaba renunciar a su pensión convencional, violando su consentimiento.  Se violó el artículo 1603 del Código Civil, por cuanto el Ad quem en su decisión de dar por demostrada la excepción de cosa juzgada que había declarado el A quo, avala la mala fe implícita en la celebración del Contrato de Transacción del 15

de agosto de 2012, desconociendo que los contratos deben ejecutarse de buena fe. El hecho de que el apoderado de la empresa y el operador judicial hayan guardado silencio con relación a que el actor ya tenía cumplidos los requisitos para acceder a su pensión de jubilación convencional, así como la desobediencia del Tribunal al abundante precedente jurisprudencial que disponía la prohibición de que un mero acuerdo colectivo del 18 de septiembre de 2003 pudiera reformar la Convención Colectiva, son actos de mala fe que influyeron negativamente en la celebración de la transacción. Dicho acuerdo, no podía suplir, derogar ni reemplazar los preceptos de las Convenciones Colectivas de Trabajo 19831985, 1985-1987, 1992-1993 y 1998-1999, que enlistaban con gran precisión los requisitos para acceder a la pensión convencional (f.° 10 a 32, cuaderno digital de casación, archivo demanda).

VII. CARGO SEGUNDO Increpa al juez de apelación la vulneración directa de

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Radicación n.° 99946 la ley por: […] aplicación indebida de los artículos 312 del Código General del proceso y 1625 del Código Civil, que conllevó a la falta de aplicación de los artículos 1502 y 1524 del Código Civil Colombiano; los artículos 13, 14, 15, 467 y 480 del Código Sustantivo del Trabajo y la Seguridad Social, los artículos 53, 58 y 230 de la Constitución Política, aplicables al procedimiento laboral por virtud de la remisión analógica consagrada en el

artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo y la Seguridad Social, así como también lo condujo a infringir por violación medio las normas sustanciales que consagran el derecho a la pensión convencional mencionadas en la proposición jurídica, esto es, los artículos Duodécimo literal C) de la Convención Colectiva de Trabajo 1985-1987 y 105 y 106 de la Compilación de Convenios Colectivos 1998-1999, como normas legales que consagran el derecho sustancial pretendido en el proceso. Trae idénticos argumentos expuestos en la sustentación a la primera acusación (f.° 33 a 54, cuaderno digital de casación, archivo demanda).

VIII. CARGO TERCERO Acusa la decisión de segundo grado de violar directamente, en el submotivo de: […] falta de aplicación del artículo 281 del Código General del Proceso y 66-