CSJ - SL1637-2024

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL1637-2024 Radicación n.° 98069 Acta 18 Bogotá, D. C., once (11) de junio de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala los recursos de casación interpuestos

por GLORIA ELENA BLANCA VILLALOBOS y ECOPETROL

S. A. contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el veintiocho (28) de febrero de dos mil veintidós (2022), en el proceso que le instauró la primera a la segunda, en el cual se vinculó como interviniente ad excludendum a LIBIA

ROSA RAMÍREZ SUÁREZ.

I. ANTECEDENTES Gloria Elena Blanca Villalobos llamó a juicio a Ecopetrol S. A. y a Libia Rosa Ramírez Suárez para que se declarara que era beneficiaria de la sustitución pensional en calidad de cónyuge supérstite del señor Juvenal Acosta

Pacheco.

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Radicación n.° 98069 En consecuencia, se condenara a Ecopetrol S. A. al reconocimiento y pago del derecho, desde el 18 de noviembre de 2016, la indexación mes a mes, lo probado ultra y extra petita, junto con las costas.

Fundamentó lo anterior en que: a) nació el 6 de agosto de 1952 y el señor Juvenal Acosta Pacheco el 9 de octubre de 1952; b) el 28 de junio de 1976 contrajeron nupcias por

el rito católico, perdurando la relación hasta el 18 de noviembre de 2016 cuando falleció; c) procrearon a Enny Mariela, Wilmer Farid y Miller Andrés, quienes eran mayores de edad; d) desde el 31 de octubre de 1998 convivieron en la «Agrupación de Vivienda Quintas de Santa Cecilia II Segunda Etapa» hasta el 18 de noviembre de 2016; que no existió cesación del matrimonio, ni separación de cuerpos y, e) dependía económicamente de su esposo.

Informó que: f) Ecopetrol S. A. reconoció al señor Acosta Pacheco pensión de vejez, la cual ascendió a la suma de $3.394.599 para el 2016; g) el 24 de mayo de 2017 reclamó la sustitución, siendo negada por Escrito del 11 de agosto, ya que Libia Rosa Ramírez Suárez se había presentado deprecando igual prestación y, h) el 15 de febrero de 2017, la accionada de nuevo rechazó la prestación (f.° 4 a 11 del cuaderno digital 1° del juzgado).

Ecopetrol S. A. refutó las pretensiones. En cuanto a los hechos, admitió el otorgamiento del beneficio al causante, su cuantía para el 2016, la petición de la actora,

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Radicación n.° 98069 así como su negativa. De los restantes sostuvo que no le constaban, no eran verídicos o no eran supuestos. Formuló como excepciones de mérito las de

inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, prescripción, buena fe y la genérica (f.° 59 a 72, ibidem). Mediante auto del 5 de octubre de 2018, el juez integró la litis con la señora Ramírez Suárez, pero en calidad de interviniente ad excludendum (f.° 51 a 55, ibidem), quien solicitó que se declarara que vivió con el de cujus, «desde el 2 de enero de 1997 hasta el 18 de noviembre de 2016», de forma permanente e ininterrumpida y, por consiguiente, se condenara a Ecopetrol S. A. a cancelar la pensión de sobrevivientes como su compañera permanente, «desde el 18 de noviembre de 2016», junto con el retroactivo, los reajustes e incrementos legales y convencionales, la indexación, el otorgamiento de los servicios médicos y beneficios que le correspondieran como pareja del pensionado, lo probado ultra y extra petita, más las costas. Soportó sus súplicas en que tuvo una unión marital de hecho con el señor Acosta Pacheco, «desde el 2 de enero de 1997 hasta el 18 de noviembre de 2016», cuando él feneció; que no concibieron descendientes; que el sustento económico del hogar era el causante; que «adoptaron como hijo de crianza desde los cuatro meses al menor JDHP» e incluso él los reconoce como sus padres.

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Radicación n.° 98069 Indicó que el 6 de junio de 2017 radicó la Petición de

su beneficio pensional a la demandada, entidad que por Comunicado del 1° de agosto de 2017 esgrimió que la documental estaba completa y el 9 de octubre siguiente se abstuvo de otorgar el reconocimiento por existir otra beneficiaria, la señora Blanco Villalobos (f.° 192 a 201, ibidem). Ecopetrol S. A. se opuso a los pedimentos y aceptó la solicitud pensional, su negativa, pero precisó que fue el 14 de diciembre de 2016. De los demás, atestiguó que no eran de su conocimiento. En su defensa, planteó como medios exceptivos perentorios los de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, prescripción, buena fe y la genérica (f.° 254266, ibidem). Tal proceso se acumuló con el que interpuso Libia Rosa Ramírez Suárez contra Ecopetrol S. A., en el que interpuso similares pedimentos y aspectos fácticos a los que expuso cuando se integró al trámite inicial como interviniente ad excludendum, salvo que aquí informó que el 28 de julio de 2017 radicó demanda de declaratoria de unión marital de hecho y existencia de la sociedad patrimonial, que fue admitida el 22 de agosto de 2017 (f.° 2 a 12 del cuaderno digital 2° del juzgado). Ecopetrol S. A. se resistió a las pretensiones y asintió la petición de la pensión, así como que no se concedió. De

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Radicación n.° 98069 los otros adujo no le constaban. Propuso las mismas

excepciones de fondo que se detallaron previamente (f.° 114 a 126, ibidem). Mediante providencia del 19 de octubre de 2019 se ordenó la acumulación de este con aquél de radicado 20190013-00 (f.° 253, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Transitorio Laboral del Circuito de Barrancabermeja, el 12 de mayo de 2020 (f.° 419 a 429 y audio del cuaderno digital 1° del juzgado), resolvió: PRIMERO: DECLARAR que LIBIA ROSA RAMÍREZ SUÁREZ tiene derecho a la sustitución pensional en un porcentaje del 100 % en calidad de COMPAÑERA PERMANENTE del pensionado Juvenal Acosta Pacheco, a partir del 19 de noviembre de 2016, conforme se expuso en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de PRESCRIPCIÓN propuesta por ECOPETROL S. A. respecto de la demanda presentada por LIBIA ROSA RAMÍREZ SUÁREZ.

TERCERO: CONDENAR a ECOPETROL S. A. a pagar a LIBIA ROSA RAMÍREZ SUÁREZ a título de retroactivo pensional causante entre el 19 de noviembre de 2016 y el 30 de abril de 2020, la suma de $159.953.504, suma que deberá indexar al momento del pago de la obligación, sin perjuicio de las mesadas que en adelante se causen y los ajustes anuales correspondientes, conforme se expuso en la parte motiva de la providencia.

CUARTO: DECLARAR PROBADA la excepción de inexistencia de

la obligación propuesta por ECOPETROL S. A. respecto de la demanda interpuesta por la señora GLORIA ELENA BLANCO VILLALOBOS, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia.

QUINTO: ABSOLVER a ECOPETROL S. A. de todas las cargas endilgadas en su contra por GLORIA ELENA BANCO VILLALOBOS, por lo expuesto.

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SEXTO: SIN COSTAS en esta instancia.

III. SENTENCIA DE

SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, al conocer el recurso de apelación de Gloria Elena Blanco Villalobos y Ecopetrol S. A., el 28 de febrero de 2022 (f.° 26 a 72 del cuaderno digital del ad quem), dispuso: PRIMERO: MODIFICAR y ADICIONAR el numeral primero de la sentencia de fecha 12 de mayo de 2020 proferida por el Juzgado Transitorio del Circuito de Barrancabermeja, para dar fin a los procesos ordinarios acumulados adelantados por Libia Rosa Ramírez Suárez y Gloria Elena Blanco Villalobos contra Ecopetrol S. A., el cual quedará así: PRIMERO: DECLARAR que GLORIA ELENA BLANCO VILLALOBOS y LIBIA ROSA RAMÍREZ SUÁREZ son co beneficiarias de la sustitución pensional causada por la muerte de Juvenal Acosta Pacheco, en proporción a la convivencia por cada una de ellas demostrada con el causante, en los siguientes

términos: i) Gloria Elena Blanco Villalobos tiene derecho a sustituirse en forma vitalicia en el 53.16 % de la pensión de jubilación otrora concedida a su cónyuge Juvenal Acosta Pacheco, a partir del 18 de noviembre de 2016, inclusiva. ii) Libia Rosa Ramírez Suárez tiene derecho a sustituirse en forma vitalicia en el 46.84 % de la pensión de jubilación otrora concedida a su compañera permanente Juvenal Acosta Pacheco, a partir del 18 de noviembre de 2016, inclusiva. Advertir el derecho de crecimiento que le asiste a cada una de las co beneficiarias proporcionalmente, una vez se extinga el derecho pensional del que goza su cotitular.

SEGUNDO: MODIFICAR, ACLARAR, ADICIONAR y ACTUALIZAR el numeral tercero del proveído objeto de alzada,

el cual quedará del siguiente tenor:

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TERCERO: CONDENAR a ECOPETROL S. A. a pagar a título de retroactivo pensional las siguientes sumas debidamente indexadas: i) A favor de Gloria Elena Blanco Villalobos la suma […] $150.001.746 a título de retroactivo pensional, liquidado entre el 18 de noviembre de 2016 y el 31 de enero de 2022, sin perjuicio de las mesadas que en adelante se causen y los ajustes anuales correspondientes. ii) A favor de Libia Rosa Ramírez Suárez la suma de […] $132.168.581 a título de retroactivo pensional liquidado entre

el 18 de noviembre de 2016 y el 31 de enero de 2022, sin perjuicio de las mesadas que en adelante se causen y los ajustes anuales correspondientes. Aclarar que la corrección monetaria deberá efectuar teniendo por índice inicial aquél que estuviera vigente en el momento en que se hizo exigible cada una de las mesadas individualmente consideradas y por índice final el que lo esté para cuando ocurra el pago.

TERCERO: REVOCAR en su totalidad lo numerales cuarto y quinto de la sentencia apelada.

CUARTO: En lo demás, CONFIRMAR la decisión.

QUINTO: CONDENAR en costas a Ecopetrol S. A., a favor de

GLORÍA ELENA BLANCO BILLALOBOS y LIBIA ROSA SUÁREZ

[…]. En lo que interesa al recurso extraordinario, fijó como problemas jurídicos dilucidar: […] si incurrió la Juez A Quo en los defectos de orden fáctico y sustantivo que se le endilgan a su decisión. El primero, de dimensión negativa, consistente en valorar arbitrariamente los medios testimoniales, pues en la ponderación que de los allegados por RAMÍREZ SUÁREZ hizo, desestimó las inconsistencias en que incurrieron los declarantes y omitió apreciar, en contra de esa demandante, las manifestaciones por ella misma ofrecidas, a través de las cuales se desvirtuó el apoyo y la vocación de auxilio de ella para con el causante. También relievó como defecto fáctico, no tener por acreditada la convivencia respecto de la cónyuge, pese a estar debidamente

demostrada.

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Radicación n.° 98069 El segundo, por haberse fijado el alcance del artículo 3° de la Ley 71 de 1988, desatendiendo el contenido del artículo 6° del Decreto 1160 de 1989, al momento de dilucidar el derecho que atribuyó a favor de la compañera permanente, pese a que respecto del causante existía un vínculo conyugal vigente. Mencionó como aspectos no debatidos que: i) Gloria Elena Blanco Villalobos y Juvenal Acosta Pacheco contrajeron matrimonio el 28 de junio de 1976, unión de la que nacieron tres hijos mayores de edad; ii) Juvenal Acosta Pacheco trabajó para Ecopetrol S. A. y se le concedió pensión de jubilación, a partir del 27 de noviembre de 2002, la cual para el año 2016 era de $3.394.599; iii) el señor Acosta Pacheco falleció el 18 de noviembre de 2016; iv) el «vínculo matrimonial» mencionado estuvo vigente para la fecha del deceso del consorte; v) que la señora Blanco Villalobos reclamó a la accionada la sustitución; vi) Libia Rosa Ramírez Suárez se presentó a Ecopetrol S. A. pidiendo el derecho como compañera permanente; vii) aquella tuvo una relación con el causante, sin procrear descendientes.

1. Recurso de Ecopetrol S. A.

La entidad alegó que se desatendió el artículo 6° del Decreto 1160 de 1989, pues condiciona la titularidad del

derecho de la compañera a la inexistencia de un «vínculo matrimonial vigente» respecto del causante. Argumentó que el a quo abandonó el marco normativo que era el llamado a regular la prestación económica, pero no por lo dicho por el apelante en cuanto a que le dio validez a la reclamación de la compañera permanente pese

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Radicación n.° 98069 al lazo nupcial vigente, sino porque «extravió la premisa mayor de su razonamiento jurídico al considerar aplicable la Ley 71 de 1988 junto con el Decreto 1160 de 1989», cuando ella desapareció del ordenamiento jurídico luego del 31 de julio de 2010 por fuerza del Acto Legislativo 01 de 2005. Expuso que con la Ley 100 de 1993, la claridad que antes alumbraba el régimen pensional aplicable a los servidores de la petrolera fue perdiendo brillo, en tanto que: Inicialmente, la confusión se centró en la cuestionada vigencia de leyes como la 71 de 1988 y su decreto reglamentario, pues, por un lado, el artículo 289 del sistema naciente derogó todos los regímenes que le fueran contrarios, entre ellos, los artículos 260 y 268 a 272 del CST y el contenido en el cuerpo normativo recién aludido y también conocido como de «pensión de jubilación por aportes», mientras que por el otro, el artículo 279 ejusdem, señalaba textualmente que el sistema integral de seguridad social no se aplicaba, entre otros, «a los servidores públicos de la Empresa Colombiana de Petróleos -hoy

ECOPETROL S.A.-, ni a los pensionados de la misma». Para disipar la confusión, se expidió el Decreto 807 de 1994 que en su artículo 1° expresamente señaló que, los «servidores públicos y pensionados de la Empresa Colombiana de Petróleos, ECOPETROL, continuaran rigiéndose por el Sistema de Seguridad Social que se les venía aplicando, establecido en la ley, […] que regían con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993» Citó la providencia CSJ SL, 15 sep. 2009, rad. 33177, que reiteró la CSJ SL, 28 oct. 2008, rad. 33308 y aseveró que aún ante la derogatoria de que fue objeto la Ley 71 de 1988, Ecopetrol S. A. continúo rigiéndose por el régimen pensional allí contenido por cuenta de la exclusión prevista en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, siendo un hecho reconocido que los regímenes transicionales como los

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Radicación n.° 98069 especiales y excepcionales implicaron graves perjuicios en materia de financiación del pasivo pensional. Recabó que para conjurar ello se impulsaron reformas como las Leyes 797 y 806 de 2003, igualmente fallidas de cara a ese aspecto, en tanto que, si bien contribuyeron a paliar el déficit financiero, no lo equilibraron totalmente. Hasta dicho momento -incluso luego de la expedición de la primera normalos trabajadores de Ecopetrol S. A. continuaban bajo el imperio del cano 279 de la Ley 100 de

1993, exceptuados del sistema integral. Exaltó que toda discusión finiquitó con el Acto Legislativo 01 de 2005, mediante el cual terminaron por extinguirse los regímenes exceptuados, salvo el de las FFMM y el del presidente de la República, así como también se exterminó la supervivencia más allá del 31 de julio de 2010 «de los que, de acuerdo con las reglas allí mismo establecidas, extendieran sus efectos hasta ese hito, incluidos los que gobernaba Ecopetrol S. A.» , lo cual apoyó en la decisión CSJ SL414-2021, que reprodujo. Fundamentó que la pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional son derechos autónomos que se causan con la muerte del afiliado o pensionado y la única manera de acceder a tales prerrogativas a través del régimen especial (Ley 71 de 1988), luego del Acto Legislativo 01 de 2005, era causando la prestación antes del 31 de julio de 2010, es decir que el deceso ocurriera antes de ese momento, pues se trataba de «derechos adquiridos».

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Radicación n.° 98069 Por tanto, enfatizó que la juez inicial erró al no advertir que, si bien es cierto el canon 279 de la Ley 100 de 1993 sirvió de manto protector para los servidores de Ecopetrol S.

A. de cara a la Ley 71 de 1988, ese efecto cesó el 31 de julio de 2010, «aun para los sujetos de que trataba el precepto referido», salvo para quienes a esa fecha tuvieran

consolidada la prestación. Arguyó que como la muerte del pensionado ocurrió el 18 de noviembre de 2016, «es decir el derecho pensional reclamado no se causó sino hasta ese día», no era jurídicamente viable definir el asunto bajo la Ley 71 de 1988, sino que era necesario acudir a los cánones 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, «dado que como todos los derechos pensionales los de los sobrevivientes también siguen la regla general según la cual la norma llamada a dirimir la contienda lo es la vigente para la fecha de su causación».

2. Recurso de Gloria Elena Blanco Villalobos.

Dilucidó que la disposición que regulaba el asunto eran los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003 por ser la vigente al momento del deceso del pensionado, el 18 de noviembre de 2016, por lo que correspondía establecer si quienes alegaban ser beneficiarias cumplían los presupuestos.

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Radicación n.° 98069 Resaltó que el literal a) del precepto 13 de la Ley 797 de 2003 que contenía la expresión no menos de cinco años continuos con anterior a su muerte, había sido objeto de múltiples pronunciamientos por esta Sala, pero: […] pese a los vaivenes interpretativos a que se ha visto sometida la integralidad del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, lo que por vía jurisprudencial se ha mantenido siempre incólume es que,

en tratándose del derecho por muerte del pensionado, para el cónyuge, el requisito mínimo de 5 años de convivencia resulta obligatorio, pero acreditable en cualquier tiempo. Acudió a las providencias CSJ SL1338-2020 y CSJ SL1399-2018, con apoyo en lo que soportó que «el requisito mínimo de convivencia de 5 años que se exige del cónyuge, señalando que este goza de una flexibilidad que no acompaña a otro tipo de uniones -como las naturales que surgen con la compañera permanente-, para acreditarla en cualquier tiempo». Evocó la decisión CC C1025-2008, para aseverar que no se puede despojar a la compañera del eventual derecho para favorecer únicamente a la cónyuge en el marco de una convivencia simultánea, sino que la garantía debía ser dividida proporcionalmente siempre que ambas acreditasen el requisito mínimo de cohabitación de cinco años, en la forma en que para cada una de ellas se exige. En el asunto, las señoras Libia Rosa Ramírez Suárez y Gloria Elena Blanco Villalobos nacieron, respectivamente, el 9 de febrero de 1965 y el 6 de agosto de 1952, por lo que para el 18 de noviembre de 2016 cuando falleció el

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Radicación n.° 98069 pensionado habían superado la edad de 30 años y su derecho en principio sería de manera vitalicia. Destacó que la señora Blanco Villalobos acreditó su calidad de cónyuge con el registro civil de matrimonio de folio 192 del cuaderno digital 1° del juzgado, mientras que

la señora Ramírez Suárez adujo que era compañera permanente, correspondiéndoles demostrar el requisito mínimo de unión con el causante, a la primera en cualquier tiempo, mientras que a la segunda en la época anterior al deceso. Respecto a Gloria Elena Blanco Villalobos sintetizó el interrogatorio de parte de ella, del que derivó confesión sobre la no unión en los años previos al fallecimiento y dijo que: […] ni la ausencia de cohabitación implicaba la automática destrucción de la convivencia, ni tampoco la confesión constituye una prueba pétrea, no susceptible de ser desacreditada. Precisamente es lo contrario lo que dispone el artículo 197 del CGP: toda confesión puede ser infirmada, a través de prueba en contrario. De allí que, pese a lo por ella confesado, bien podría ser que por medio de otras pruebas, GLORIA ELENA BLANCO VILLALOBOS tomara uno de dos caminos: ya que aportara elementos de convicción a través de las cuales se infirmara lo por ella aseverado respecto de la ausencia de cohabitación a partir del mes de diciembre de 1997, ora que demostrara que pese a la ausencia de cohabitación, la convivencia entre los consortes se mantuvo. Esto último, como quiera que si bien es cierto que la cohabitación de la pareja compartiendo lecho, techo y mesa, configura la expresión ordinaria de la convivencia y del ánimo de conformar familia, la ausencia de ese elemento –el de cohabitaciónno se erige como un obstáculo inexorable para el surgimiento de esa convivencia, en el entendido que lo verdaderamente relevante para entender su ocurrencia lo es la

presencia de una vida hecha en comunidad, de vocación estable y firme, en la que se otee mutua comprensión, apoyo espiritual,

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Radicación n.° 98069 físico y económico, con la intención de dirigirse hacia un horizonte común, sin que resulte del todo inviable que una pareja mantenga su vocación de unión, incluso cuando por circunstancias excepcionales, Vr.g. exigencias laborales, médicas o familiares, deba separarse del techo comunitario. Citó la determinación CSJ SL1399-2018 y expresó que la carga probatoria de la actora de destruir lo confesado o de acreditar que pese a la desagregación subsistía el proyecto de vida comunitaria con vocación de apoyo solidario e intención de conformar familia, no fue cumplida. Lo anterior, porque los testimonios rendidos por Marlene Isabel Palma Bastidas, Juan Pablo Valencia Orrego, Alcira Lozano Ramírez y Wilder Farid Blanco Acosta ratificaron lo confesado en cuanto a que para finales de 1997 «la morada de los consortes se separó que luego de ello Juvenal Acosta Pacheco viajaba a la ciudad de Bogotá», lo que incluso también fue armónico con los declarantes de la «codemandante». Añadió que los medios aludidos le permitieron determinar que: […] los cónyuges BLANCO y VILLALOBOS convivieron en cohabitación hasta el mes de diciembre del año de 1997, luego de lo cual cada uno residió en distintas ciudades, viajando el esposo a la ciudad de Bogotá en algunas oportunidades, pero

sin que se aportara prueba alguna acerca de la frecuencia o de que en tales visitas aquel permaneciera en la vivienda matrimonial, pues si bien en ese sentido declararon MARLENE PALMA, ALCIRA LOZANO y JUAN PABLO VALENCIA, las dos primeras señalaron nunca haber acudido a dicha vivienda y el último informó que solo estuvo allí en 2 oportunidades, una de las cuales estuvo una única noche. WILMER ACOSTA declaró en el mismo sentido. No obstante, su declaración se aprecia parcializada comprensiblemente en favor de su señora madre, pues, como lo señaló la juez de primer grado, intentó ocultar

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Radicación n.° 98069 varios hechos relevantes para el resultado del conflicto, como el conocimiento que él tenía de la existencia del menor JDHP y de la cercanía entre este y su padre, del lote que inicialmente manifestó desconocer en cabeza de quién recaía la propiedad, pero luego, tras ser requerido por el Despacho y recordarle el juramento que había prestado, confesó que el lote se había comprado con la intención de ser regalado al menor, pero que al final lo había ocupado la señora LIBIA ROSA y que incluso, había encontrado un documento en cuyo contenido se oteaba la transferencia de la propiedad en favor de ella, a título de venta. En todo caso, la demostración de las visitas como hecho aislado no tiene entidad suficiente para hacer emerger la convivencia, pues ello solo daría cuenta del eventual ánimo que le podía asistir a la pareja para frecuentarse, pero, no contribuye a desentrañar la vocación de mantener una vida común y en

familia, basada en la solidaridad y en el apoyo mutuo. Considera la Sala que aún en el evento en que se hubiera acreditado el régimen de visitas en la precisa forma en que lo alegó la actora BLANCO VILLALOBOS -que no fue así- ese mero hecho no resultaría suficiente para dilucidar la vida comunitaria a partir de 1998, ni el cumplimiento de los deberes y responsabilidades propios de la voluntad de mantener la unión familiar, dado que, se trataría de un mero indicio que no reportaría tal eficacia. Ahora, en el acervo obra certificación expedida por ECOPETROL S.A., en la que se hace constar que, además de los hijos del causante, también se había registrado a la señora GLORIA ELENA BLANCO VILLALOBOS como beneficiaria de los servicios de salud de ACOSTA PACHECO, en calidad de «compañera» y que ello fue así hasta luego de la muerte del pensionado, cuando la petrolera evidenció la existencia de otra posible compañera. Sin embargo, una aseveración en tal sentido no es suficiente para considerar surgida la convivencia, en tanto como ya se dijo y ahora se reitera, para ello resulta necesario acreditar los vínculos afectivos y la vocación de solidaridad, permanencia y apoyo mutuo entre los miembros de la pareja, que son los que a la postre la configuran. En síntesis, concluyó que, aunque Gloria Elena Blanco Villalobos no acreditó la convivencia efectiva con el causante antes del deceso, lo cierto era que sí mantuvo la unión desde la época del matrimonio el 28 de junio de 1976 y hasta diciembre de 1997, como lo derivó de los testigos

Marlene Isabel Palma Bastidas y Wilder Farid Blanco

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Radicación n.° 98069 Acosta, esto fue por un espacio de 21 años y 6 meses, más que suficientes para alcanzar la sustitución deprecada. Luego, analizó el extremo inicial de la convivencia del de cujus con la compañera permanente Libia Rosa Ramírez Suárez. Para ello, reprodujo las declaraciones en juicio de Carmen Cecilia Puello, Mabel del Carmen Carvajal y Luz Stella Suárez Padilla, quienes dieron cuenta que: […] la pareja conformada por RAMÍREZ y ACOSTA, cohabitaron en varios barrios del municipio de Barrancabermeja, entre ellos, «la Libertad», «La Esperanza», «Rosales», «1° de Mayo» y finalmente, «Caminos de San Silvestre» y que ello ocurrió así desde inicios del año 1997, hasta la ocurrencia del deceso. Respecto de tales afirmaciones reliévese que todas gozan de consistencia y uniformidad. Si bien CARMEN CECILIA PUELLO, solo tuvo conocimiento directo de la convivencia, aproximadamente a partir del año 2002-2003, cuando fueron vecinos en el barrio «1° de mayo» y MABEL DEL CARMEN CARVAJAL, solo dio cuenta del conocimiento de la pareja a partir del año 2007, cuando los iba a visitar en el barrio «1° de mayo» , siendo esa la fecha más antigua que refirió de haber conocido a LIBIA ROSA y por ese conducto, a quien fuera su compañero, y que más adelante señaló que RAMÍREZ SUÁREZ

le colaboró entre el 2009 y el 2013 dos veces por semana y ella los visitaba en el barrio «Rosales» para esa época y que luego, entre el 2015 y 2016 era solo una vez que se servía de las actividades de aseo de RAMÍREZ SUÁREZ, pues para ese momento, ella (la testigo) no estaba trabajando y hacía por su cuenta los deberes del hogar, lo cierto es que todo ello se vio confirmado con las declaraciones de LUZ STELLA PADILLA SUÁREZ, quien manifestó conocer al causante desde la época de 1994, cuando era otra la compañera sentimental (LUZ MILA), luego de lo cual conoció a RAMÍREZ SUÁREZ como la pareja de ACOSTA PACHECO a partir de 1997. Las declarantes coincidieron en aspectos tales como que JUVENAL tuvo otros hijos con una señora de nombre LUZ MILA, que la vivienda que habitó la pareja en caminos de San Silvestre estaba hecha inicialmente de madera y luego de material, que los barrios en los que habitaron fueron los ya reseñados, que RAMÍREZ SUÁREZ contribuyó en la crianza de los hijos que ACOSTA PACHECHO tuvo con LUZ MILA, que entre ambos también se ocupaban de la crianza del menor J.D.H.P. quien había llegado al hogar tras ser allí abandonado por su progenitora y que ellos se mantuvieron juntos hasta la época del deceso, siendo que

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Radicación n.° 98069 dos de ellas, CARMEN y LUZ STELLA, incluso tuvieron contacto con el fallecido apenas días antes de morir y él, para ese

momento, al ser indagado por su compañera, confirmó que seguían juntos. Así que halló convivencia sucesiva entre las demandantes y el pensionado fallecido, pues la unión con la cónyuge ocurrió entre el 26 de junio de 1976 y el 1° de diciembre de 1997, mientras que el de la compañera permanente del 31 de diciembre de 1997 a la fecha de fallecimiento. Procedió a fijar las proporciones para cada una de ellas, conforme el inciso tercero del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en la siguiente forma: 53.16 % para Gloria Elena Blanco Villalobos y 46.84 % para Libia Rosa Ramírez Suárez, así que calculó el retroactivo pensional del 18 de noviembre de 2016 al 31 de enero de 2022 y obtuvo $150.001.746 para la primera y $132.168.581, para la segunda, valores que ordenó debían indexarse.

IV. RECURSO DE CASACIÓN (DEMANDADA) Interpuesto por Ecopetrol S. A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se «case» la decisión del Tribunal, para que, en sede de instancia, se revoque el primer fallo en cuanto declaró que Libia Rosa Ramírez Suárez tiene derecho a la sustitución pensional en un 100 % como

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Radicación n.° 98069 compañera permanente, a partir del 19 de noviembre de 2016, así como las consecuenciales condenas, para, en su

lugar, negar las pretensiones de esta demandante En subsidio, depreca que se «case» la determinación de segundo grado frente a la adición de advertir que el derecho de acrecimiento le asiste a cada una de las beneficiarias, una vez se extinga del beneficio de su cotitular y, en sede de instancia, declarar que no hay lugar a ello (f.° 8 de la demanda de casación de Ecopetrol S. A. del cuaderno digital de la Corte). Con tal propósito, formula tres cargos, por la causal primera, los cuales fueron replicados conjuntamente por Libia Rosa Ramírez Suárez y se estudian a continuación.

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 98069

VI. CARGO PRIMERO Reprocha la sentencia del fallador de segunda instancia de violar por la vía directa, en el submotivo de interpretación errónea: […] el artículo 1º, parágrafo transitorio 2º, del Acto Legislativo 01 de 2005, en concordancia con los artículos 279 y 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados, estos dos últimos, por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, lo que