CSJ - SL1638-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL1638-2023 Radicación n.° 92571 Acta 24 Bogotá, D.C., once (11) de julio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S. - SERVINSALUD IPS contra la sentencia proferida el 1 de julio de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en el proceso ordinario laboral que instauró ANA ELY CASTAÑEDA ROJAS contra la sociedad recurrente.

I. ANTECEDENTES Ana Ely Castañeda Rojas convocó a juicio a la citada IPS, con el propósito que se declare: i) que entre las partes existió un contrato de trabajo verbal a término indefinido, desde el 14 de septiembre de 2013 hasta el «28 de febrero 2018»; ii) que durante todo el vínculo contractual no se le

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Radicación n.° 92571 canceló ningún valor por concepto de prestaciones sociales, vacaciones, auxilio de transporte y aportes al Sistema Integral de Seguridad Social; y iii) que el nexo laboral finalizó el «28 de febrero de 2018» por decisión unilateral y sin justa causa por parte de la demandada. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que Servinsalud IPS fuera condenada al pago de las prestaciones sociales, vacaciones, cotizaciones al Sistema Integral de Seguridad Social entre el 14 de septiembre de 2013 y el «15 de enero de 2018», conceptos cuyo monto e indexación

arrojan lo siguiente: Así mismo, pidió que se le sufragaran las sanciones por la no consignación en tiempo de las cesantías, en los términos previstos en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y por el no pago oportuno de los intereses de las mismas; las indemnizaciones por moratoria del artículo 65 del CST y por la terminación del contrato sin mediar justa causa para ello, conforme al artículo 64 ibidem; en subsidio, reclamó la indexación de las sumas adeudadas; lo que resulte probado ultra o extra petita y las costas del proceso. En apoyo de sus pretensiones, manifestó que con la sociedad demandada existió un contrato laboral a término

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C I P V A n e t r i a u s e m c x a n r e a a c i l i C O N t í a s s e s a d e s e i o n e s o d e t r C l a r v a E P T s c e i c i o s n s p o O s r a t n e t í a s $ $ $ $ $

V A L A D E U 7 . 4 8 7 . 3 3 . 7 4 . 6

O D 4 5 9 2 5 R A 3 7 4 1 6 D . 7 . 9 . 2 . 8 . 1 O 2 8 2 6 0 9 4 0 4 0 $

$ $ $ $ I N V D A E 8 1 8 4 5 L O X . 5 . 0 . 5 . 2 . 4 A 6 3 6 8 5 R D 0 3 0 0 4 O . 5 . 0 . 5 . 2 . 2 8 3 8 9 9 7 9 7 3 7 Radicación n.° 92571 indefinido desde el 14 de septiembre de 2013 hasta el «15 de enero de 2018», en el cual prestó sus servicios como auxiliar de enfermería de forma subordinada y atendiendo las órdenes de su empleador; que debía cumplir una jornada de trabajo de lunes a domingo, en un horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.; y que el salario inicialmente pactado correspondió a la suma de $1.100.000 mensuales. Afirmó que, durante la vigencia del nexo, la accionada no cumplió con ninguna de sus obligaciones laborales, pues no la afilió ni efectuó pago de cotización alguna al Sistema Integral de Seguridad Social y tampoco le sufragó las prestaciones sociales, vacaciones y horas extras, además, que actuó de mala fe. Finalmente, mencionó que el «28 de febrero de 2018» la llamada a juicio, en forma unilateral y sin justa causa comprobada, la desvinculó mediante «despido verbal», sin que, hasta la fecha de presentación de la demanda, hubiese cancelado los conceptos laborales reclamados. Al dar respuesta al escrito genitor, la Sociedad de Servicios Integrales en Salud S.A.S. - Servinsalud IPS se

opuso a todas las pretensiones incoadas. En cuanto a los hechos, aceptó que la demandante prestó sus servicios como auxiliar de enfermería en esa entidad y refirió que, si bien era cierto que no se le cancelaron las prestaciones sociales, vacaciones, auxilio de transporte ni aportes a la seguridad social, ello obedeció a que no le asistía tal derecho. Frente a los demás supuestos fácticos, indicó que no eran ciertos.

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Radicación n.° 92571 En su defensa, argumentó que con la promotora del proceso existió una relación civil de prestación de servicios, en la cual hubo ausencia de subordinación, tal como aparecía acreditado con el contrato que celebraron y lo podían corroborar los testigos; además no hay una data cierta de retiro de la accionante, ya que «no existe registro de la fecha en que terminó de prestar sus servicios»; por lo que las pretensiones enlistadas no estaban llamadas a prosperar. Formuló la excepción previa que denominó «trámite diferente al que corresponde», la que el juez de conocimiento declaró no probada en audiencia celebrada el 1 de septiembre de 2020. Y de mérito propuso los medios exceptivos de ausencia de relación laboral, prescripción y buena fe.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasugá - Cundinamarca, al que correspondió dirimir el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 12 de abril de 2021, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre la demandante ANA ELY CASTAÑEDA ROJAS, como trabajadora y la demandada

SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S. – SERVINSALUD I.P.S.-, como empleador, existió un contrato de trabajo verbal a término indefinido, desde el 14 de septiembre de 2013 hasta el 31 de enero de 2018.

SEGUNDO: CONDENAR a la demandada SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S. – SERVINSALUD I.P.S., a pagar a la demandante ANA ELY CASTAÑEDA ROJAS, debidamente indexadas, las siguientes sumas de dinero: a-La suma de $3.942.500.oo, por concepto de cesantías.

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Radicación n.° 92571 b-La suma de $324.750.oo, por concepto de intereses a las cesantías. c-La suma de $324.750.oo, por concepto de sanción por el no pago de los intereses a las cesantías. d-La suma de $2.325.000.oo, por concepto de prima de servicios. e-La suma de $1.521.000.oo, por concepto de vacaciones compensadas.

TERCERO: CONDENAR a la demandada SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S. – SERVINSALUD I.P.S., a pagar a favor de la demandante ANA ELY CASTAÑEDA ROJAS, los aportes a pensiones dejados de pagar, según cálculo actuarial que realice el fondo de pensiones correspondiente por el periodo comprendido entre el 14 de septiembre de 2013 y el 31 de enero de 2018 con base en el salario mensual de $900.000.oo,

lo cual deberá realizar dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de la presente sentencia, en el fondo de pensiones que elija la demandante. En caso de que la entidad demandada no realice las gestiones para pagar los aportes, en el término anteriormente señalado, la demandante podrá acudir al fondo de pensiones correspondiente y realizar la solicitud de que se efectúe el cálculo actuarial, en los términos anteriormente indicados y se le cobre a la demandada el monto que corresponda por tal concepto.

CUARTO: DECLARAR no probada la excepción denominada “AUSENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL” y parcialmente probada la excepción de “PRESCRIPCIÓN” propuesta por la parte demandada.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones.

SEXTO: CONDENAR en costas a la parte demandada, incluyendo como agencias en derecho la suma de $750.000.oo a favor de la parte demandante. Liquídense.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Apelaron ambas partes y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, mediante sentencia proferida el 1 de julio de 2021, decidió: Primero: Modificar parcialmente el numeral 2º de la sentencia apelada, para condenar a la demandada a pagar en favor de la demandante, las siguientes sumas y conceptos: • La suma de $3.976.440 por concepto de auxilio de cesantías.

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Radicación n.° 92571 • La suma de $452.588 por concepto de intereses a las cesantías.

• La suma de $452.588 por concepto de indemnización por no pago de los intereses a las cesantías. • La suma de $2.223.594 por concepto de prima de servicios. • La suma de $1.263.630 por concepto de compensación de las vacaciones.

Segundo: Adicionar la sentencia apelada para condenar a la demandada a pagar a la actora la suma de $2.030.624 por concepto de auxilio de transporte.

Tercero: Modificar parcialmente el numeral 3º de la sentencia apelada, en el sentido de que el IBC que se debe tener en cuenta para realizar los aportes en pensión, por cada año, es el siguiente: AÑO IBC 2013 $ 900.000 2014 $ 900.000 2015 $ 900.000 2016 $ 777.182 2017 $ 737.717 2018 $ 618.500

Cuarto: Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción respecto a la sanción por no consignación de las cesantías.

Quinto: Revocar parcialmente el numeral 5º de la sentencia apelada, para en su lugar condenar a la demandada por las siguientes sumas y conceptos: • La suma de $14.843.520, por concepto de indemnización moratoria consagrada en el art. 65 del CST, y desde el 2 de febrero de 2020 intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria por los conceptos de auxilios a las cesantías y prima de servicios que acá se condenaron, hasta que se verifique su pago, acorde con lo considerado.

La suma de $10.800.000 para el año 2015 y $9.093.029,4 para

el 2016, por concepto de sanción por no consignación de las cesantías.

Sexto: Confirmar en lo demás la sentencia apelada.

Séptimo: Sin costas en esta instancia.

Octavo: En firme esta providencia, y sin necesidad de orden judicial adicional, devuélvase el expediente al juzgado de origen, para lo de su cargo.

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Radicación n.° 92571 En lo que interesa al recurso de casación, la colegiatura definió como problemas jurídicos a resolver, los siguientes: 1) «¿desacertó el a quo al considerar que en el presente asunto se demostró la presunción legal que pesa en contra de la parte demandada», establecida en el artículo 24 de CST, y por lo tanto nació a la vida jurídica el contrato de trabajo?; y 2) ¿erró el juez de primer grado al no fulminar condena por los conceptos de indemnización por despido sin justa causa, sanción por la no consignación de las cesantías e indemnización moratoria del artículo 65 del CST? El juez plural examinó los temas en el orden propuesto, con miras a definir si había lugar a confirmar, revocar o modificar lo resuelto por el a quo. Para resolver el primer cuestionamiento, el ad quem indicó que en el caso bajo estudio quedó demostrado que la señora Ana Ely Castañeda Rojas prestó servicios personales en favor de Servinsalud IPS como auxiliar de enfermería, hecho que fue aceptado desde la contestación de la demanda inaugural, ratificado con las afirmaciones de las testigos Argemira Ortiz García y Diana Marcela Castiblanco

Villalobos e incluso respaldado con lo confesado por la representante legal de la demandada Derly Bautista Acosta. Resaltó que si bien era cierto que la sola prestación personal de los servicios no era suficiente para declarar, sin más, la existencia de un contrato de trabajo, toda vez que la presunción legal consagrada en el artículo 24 del CST admitía prueba en contrario, era dable analizar las

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Radicación n.° 92571 particularidades y dinámica general del nexo, con el fin de hacer un estudio completo e integral de las pruebas y extraer de las mismas si se acreditó que dicha actividad se ejerció de manera independiente o autónoma o lo fue en razón de un convenio distinto al de índole laboral o si, por el contrario, estaba probada la existencia de un verdadero vínculo subordinado. En relación con la dependencia laboral, el juez plural estimó que al examinar en detalle la aceptación de la oferta de servicios suscrita entre los contendientes el 17 de diciembre de 2016, particularmente las obligaciones que debía cumplir la contratista, lejos estaban de tratarse de «lineamientos generales», como argumentaba la sociedad apelante, pues básicamente eran las funciones principales y fundamentales del cargo de auxiliar de enfermería ejercido por la actora,lo que se traducía en el poder subordinante que ejercía la demandada sobre ella; que además, en ninguna de las tareas se podía identificar vestigios de autonomía o independencia. En ese orden, estableció que al quedar acreditada la prestación personal del servicio, sin que fuera probado por la accionada que tal labor se ejerció de forma autónoma o

independiente, se activaba en este asunto la presunción contenida en el artículo 24 del CST. Precisó que al tratarse de actividades tan técnicas como las de auxiliar de enfermería, no era necesario que la empleadora le impartiera órdenes a la actora todos los días,

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Radicación n.° 92571 pues en el acuerdo firmado, ya se encontraban implícitas las labores que debía ejecutar, todas relacionadas con el cuidado de los pacientes y los intereses de la IPS accionada; máxime si se tiene en cuenta que en el litigio no existe otra documental o prueba testimonial con fuerza probatoria suficiente, que permitan desvirtuar la existencia del contrato de trabajo. Explicó que las pruebas aportadas por la pasiva, tales como una certificación (f.°7); la oferta de servicios presentada por la actora el 17 de diciembre de 2016 (f.°58 y 59); el contrato de prestación de servicios o aceptación de la oferta (f.°53 a 57); y la factura de venta n.° 004 de fecha 31 de enero de 2018, donde la pasiva le abona la suma de $618.500 a la demandante por concepto de prestación de servicios; corresponden a documentos que «no son más que una ficción», que no desdicen la relación laboral, «pues su función en el proceso no fue otra que acreditar la prestación de los servicios de la demandante, pero no más, no existiendo elementos de juicio en su contenido, se itera, del que se pueda predicar la existencia de un contrato diferente al de trabajo». Luego de referirse a los dichos de la testigo Argemira

Ortiz, quien afirmó que la IPS demandada enviaba eventualmente a la demandante para atender a su señora madre, y que también la atendían otras auxiliares, la colegiatura señaló que con esta deponente no era posible quebrantar «la presunción que pesa en contra de SERVINSALUD IPS». Agregó que, lo mismo ocurría con la declaración de Diana Castiblanco, quien manifestó no

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Radicación n.° 92571 conocer a la accionante y lo que sabía de los hechos era porque lo había revisado documentalmente, por manera que tal declarante nada podía aportar para dirimir este punto de controversia, cuando ni si quiera laboró para la accionada en los periodos en que la señora Castañeda Rojas prestó sus servicios. Finalmente, refirió que la representante legal de la demandada en su interrogatorio de parte informó que era Servinsalud IPS quien le asignaba los pacientes, lo que constituía otro indicio claro de subordinación, pues al ser preguntada ¿si era posible que la señora Ana Ely Castañeda Rojas llevara pacientes a Servinsalud o solamente eran los que les asignaban la EPS? contestó: «no, nosotros asignábamos el paciente, ella no podía llevar pacientes. Pero nosotros solo asignábamos o llamábamos a las auxiliares...». De lo anterior el juez de alzada concluyó que resultaba forzoso confirmar la decisión del juzgado en este puntual aspecto, es decir, que sí existió un contrato de trabajo entre las partes, desde el 14 de septiembre de 2013 al «31 de enero

de 2018», «dado que los extremos de la relación laboral no fueron objetados por las partes» ante la alzada. Sobre el segundo punto de análisis, la colegiatura señaló que, en cuanto al estudio de la indemnización por la terminación del contrato sin justa causa, bastaba con mencionar que su prosperidad dependía, en un primer momento, de la acreditación del despido por parte de la trabajadora demandante, circunstancia que no logró

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Radicación n.° 92571 demostrar, en la medida que no existía ninguna prueba de que el vínculo hubiera finalizado por decisión unilateral del empleador, por ende, no había lugar a que este probara la justeza del mismo. Por ello, confirmó la decisión absolutoria del a quo en este aspecto. De otro lado, en cuanto a la sanción por la falta de consignación oportuna del auxilio de cesantías a un fondo, en los términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la indemnización moratoria por falta de pago de salarios y prestaciones sociales establecida en el artículo 65 del CST, memoró que su imposición no podía darse en forma automática, ya que dado su carácter sancionatorio, era preciso auscultar la conducta asumida por el empleador, en aras de verificar si existían razones serias y atendibles que justificaran su conducta omisiva para ubicarlo en el terreno de la buena fe. Afirmó que en este asunto era viable concluir que el proceder de la demandada no estuvo revestido de buena fe, porque el contrato de prestación de servicios o aceptación de

la oferta que suscribió con la accionante fue solo una ficción; pues de conformidad con lo manifestado por la testigo Argemira Ortiz García, la demandante tenía que diligenciar unas minutas donde se encontraban estipuladas las actividades, procedimientos, así como los medicamentos y horarios en que estos debían ser suministrados a los pacientes.

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Radicación n.° 92571 De igual forma, refirió que la declarante Diana Marcela Castiblanco Villalobos aseguró que los servicios domiciliarios se prestaban dependiendo de la solicitud del médico tratante y entonces los coordinadores le asignaban a las «contratistas» el paciente; que a su turno la representante legal de la entidad demandada Derly Bautista Acosta, al preguntársele acera de si era posible que la señora Ana Ely llevara pacientes a Servinsalud o solo eran los asignados por la IPS, respondió: «No, nosotros asignábamos el paciente, ella no podía llevar pacientes», lo cual ratificaba la dependencia laboral. Asimismo, estimó que no podía pasarse por alto que la actividad de auxiliar de enfermería de la demandante fue permanente y perduró por más de cinco años, entre el 14 de septiembre de 2013 y el «31 de enero de 2018», la que lejos estuvo de ejecutarse de manera autónoma e independiente, ya que como se reseñó en precedencia, la actora debía acatar las instrucciones impartidas por la pasiva, según la situación especial de cada uno de los pacientes y de acuerdo con las prescripciones médicas existentes, además atendiendo de manera exclusiva los referidos pacientes que le eran asignados por la IPS accionada.

Razonamientos que, en decir del juez plural, permitían imponer la condena por concepto de indemnización moratoria, ante la falta de pago de las prestaciones sociales adeudadas. En cuanto a la sanción por la no consignación de las cesantías, refirió que la IPS se sustrajo, sin ninguna

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Radicación n.° 92571 justificación atendible, de depositarlas en el Fondo previsto para tal fin; memoró que esto debía efectuarse antes del 15 de febrero de cada año, a la luz del numeral 3 del artículo 99 Ley 50 de 1990 y no lo hizo, a pesar de que «era clara la existencia de la relación laboral». Así, concluyó que revocaría parcialmente el numeral 5 de la sentencia apelada, para en su lugar, condenar a la entidad demanda al pago de la indemnización moratoria consagrada en el artículo 65 del CST, por la no cancelación del auxilio de las cesantías y de las primas de servicios a la terminación de la relación de trabajo e igualmente impondría la sanción por la no consignación de las cesantías en los términos del aludido numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Concluido el estudio de las temáticas objeto de reproche en la alzada, modificó, adicionó y revocó parcialmente la sentencia de primer grado, como quedó consignado en la parte resolutiva.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la sociedad demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que esta corporación case

totalmente la sentencia impugnada, para que, en sede de

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Radicación n.° 92571 instancia, revoque parcialmente la decisión del a quo y en su lugar, la absuelva de todas las pretensiones incoadas en su contra. En forma subsidiaria pide que la Sala case parcialmente la sentencia fustigada «en el numeral quinto» que condenó a la demandada al reconocimiento y pago de la indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del CST, más intereses moratorios y la indemnización por no consignar las cesantías, para que, en sede de instancia, absuelva a la demandada de las referidas sanciones. Con tal propósito, por la causal primera de casación laboral, formula tres cargos que obtienen réplica, la Sala los estudiará en su orden, pero de manera conjunta el segundo y el tercero, toda vez que, aunque se orientan por vías diferentes, denuncian la misma normativa, su argumentación se complementa y persiguen idéntico cometido.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, de los artículos 3, 22, 23, 24, 27, 37, 38, 61, 64, 65, 104, 127, 158, 186, 249, 253, (subrogado artículo 17

Decreto Ley 2351 de 1965) y 306 del CST, en relación con los artículos 1494, 1495, 1502 del CC.

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Afirma que tal violación se produjo porque el Tribunal incurrió en los siguientes yerros fácticos: a) Dar por demostrado, sin estarlo, que la sociedad demandada sometió a un régimen laboral subordinado a la demandante. b) No dar por demostrado, estándolo, que entre la demandante y la sociedad demandada existió únicamente una relación civil de prestación de servicios. c) Dar por demostrado, sin estarlo, que las actividades contenidas en la cláusula 8ª del contrato de prestación de servicios demostraban la subordinación de la demandada sobre la demandante. d) No dar por demostrado, estándolo, que la demandante era totalmente autónoma e independiente. e) Dar por demostrado, sin estarlo que la entidad demandada le impartía ordenes diarias a la demandante en ejecución de sus actividades. f) No dar por demostrado, estándolo, que a la demandante nunca se le sometió a un régimen laboral, disciplinario, no se le fijo horario ni jornada laboral. g) Dar por demostrado, sin estarlo, que la asignación de pacientes demostraba la concurrencia del elemento subordinante de la sociedad demandada sobre la demandante. h) No dar por demostrado estándolo que las actividades desarrolladas por la demandante se realizaban en su tiempo, conforme a su disponibilidad horaria y a los acuerdos que efectuaba con los pacientes que libremente aceptaba. i) No dar por demostrado, estándolo, que la demandada logró desvirtuar la presunción de contrato de trabajo de qué trata el artículo 24 del CST. Aduce que tales yerros se configuraron por la errada valoración de las siguientes pruebas:

1. Documento oferta de servicios presentada por la actora el 17 de diciembre de 2016 (fls.58 y 59 del expediente digital),

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2. Documento aceptación de oferta de servicios allegada por la demandada y suscrita entre las partes el 17 de diciembre de 2016

(fls.53 a 57 del expediente digitalizado)

3. Documento certificación expedida por la SOCIEDAD SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD SAS – SERVINSALUD IPS del 2 de junio de 2016 (fl.7 del expediente digital).

4. Documento factura de venta No. 004 de fecha 31 de enero de 2018 (fl.2 archivo memorial anexa requerimiento).

5. Declaraciones testimoniales de ARGEMIRA ORTIZ y DIANA CASTIBLANCO e interrogatorio de parte absuelto por la representante de la empresa demandada.

En el desarrollo de la acusación, la censura luego de transcribir algunas consideraciones de la sentencia confutada, asevera que de haberse efectuado una revisión completa e íntegra de las documentales obrantes en el proceso, habría llevado al juez plural a concluir que «los demás medios probatorios» obrantes en el plenario no eran una ficción, ni las funciones se desarrollaron bajo continua subordinación, por el contrario, se ejecutaron a partir de la oferta radicada por la misma actora para prestar sus servicios como auxiliar de enfermería extramural, ello de acuerdo con su tiempo, la disponibilidad de su agenda y con los pacientes que ella misma aceptara. Pone de presente que, de haberse llevado a cabo una lectura correcta de la aceptación de la oferta de servicios, no

solo se hubieran extraído las actividades que, por mandato de la ley, no por el control ni la subordinación de la IPS, se debían ejecutar; igualmente no se tuvo en cuenta que la demandante podía recibir pacientes de otras IPS, acomodar sus propios horarios, rechazar pacientes y ausentarse de la prestación de los servicios sin ser sancionada.

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Radicación n.° 92571 Puntualiza que de la aceptación de la oferta de servicios (f.°53 a 57), en la alzada únicamente se consideró que las funciones enunciadas en la cláusula octava demostraban directamente la subordinación y que las demás pruebas eran una ficción; sin embargo, la lectura integral de esa probanza permite entrever que la IPS no generó una dependencia ni control sobre la demandante, por el contrario, le brindó toda la autonomía para desarrollar sus labores, incluso, le respetó toda la libertad que tenía la actora para decidir qué pacientes atendía por fuera de la IPS y cuáles no, debiéndose tener en cuenta que la no aceptación de alguno, no le acarrearía consecuencias disciplinarias. Insiste que, del citado documento se extrae que se firmaba a partir de la propuesta presentada por la misma accionante, pues en su literal a) se indicó «acuerdan celebrar EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS en aceptación a la oferta presentada» (negrillas del texto original); reitera que fue la accionante la que presentó la oferta de sus servicios, los términos y las condiciones en que se cumpliría la actividad y conforme a dichos supuestos fue que se firmó el documento denominado

«aceptación oferta de servicios», lo que significa que no se trató de una imposición de la IPS. Precisa que los aludidos servicios debían prestarse de acuerdo con lo regulado en la ley, no porque se ejerciera un control sobre la trabajadora sino porque el «servicio de salud» es técnico, reglado e incluso vigilado por el Estado. Por lo

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Radicación n.° 92571 anterior, se dejó claramente establecido en la aceptación a la oferta de servicios «que la actora ejercería los servicios de auxiliar de enfermería vigentes a la fecha en el sistema de salud». Arguye que, en esa documental se pactó que los mencionados servicios se prestarían conforme al horario y tiempo que determinara libremente la «prestadora de servicios» con el paciente aceptado por la demandante y no impuesto por la IPS, ya que esta última no tenía la facultad para forzar la aceptación de un paciente, ni establecer horas específicas de atención. Esgrime que una correcta valoración de la aceptación de la oferta firmada entre las partes, no solo le permitiría al fallador de alzada vislumbrar los servicios a prestar, sino que además reflejaba que tal actividad se desarrollaba de manera autónoma, libre y en el tiempo que la prestadora acordara, no con la IPS sino directamente con el paciente y su familia, a quien visitaría en su casa luego de aceptarlo. Añade que, de manera libre y voluntaria la convocante al juicio podía elegir admitir o no la asignación del paciente, y en caso de no hacerlo, simplemente se buscaba otra persona de la red de prestadoras. Explica que de la citada oferta de servicios presentada

por la actora (f.°58 y 59), se extrae que fue suscrita por la demandante, quien autónomamente fijó las condiciones en que prestaría sus servicios profesionales; que en ese documento consta que la convocante al proceso «mantenía

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Radicación n.° 92571 plena libertad y voluntariedad para formularla y que fue presentada ante la empresa sin ninguna coacción». Dice que de la referida oferta también se extraía que la labor sería ejecutada de manera independiente y de acuerdo a las normas, protocolos y guías de manejo que rigen para la prestación de servicios domiciliarios no intramurales; que el lugar y la hora de su cumplimiento serían coordinados entre la actora y los pacientes que le fueran asignados, previa su aceptación, y que cuando no quisiera continuar con un usuario simplemente se comprometía a avisar, sin que con ello pudiere generarse sanción alguna. Sostiene que el fallador de segundo grado equivocadamente consideró que se trataba de un caso en donde la demandante como auxiliar de enfermería no podía desatender sus funciones. Sin embargo, dejó de lado que, en este contrato particular, los servicios eran extramurales, de acuerdo con los horarios convenidos libremente entre ella y el paciente que aceptaba, es más esa actividad se desarrolló en la casa de este. Destaca que la autonomía e independencia de la promotora del proceso también quedaba demostrada con la certificación expedida por la Sociedad Servicios Integrales en Salud S.A.S. – Servinsalud IPS del 2 de junio de 2016 (f.°7) y el documento factura de venta n.° 004 del 31 de enero de

2018 (f.°2).

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Radicación n.° 92571 Especifica que en la certificación se manifiesta expresamente que la relación que unió a las partes era civil de prestación de servicios y que la aludida factura de venta prueba que, bajo ese convenio, los pagos se emitían previa presentación de cuenta de cobro o factura por parte de la actora en los términos que además enunció en la oferta de servicios radicada en la IPS (f.° 53 a 57). Advierte que contrario a lo expresado por el fallador de alzada, las funciones desarrolladas por la accionante fueron establecidas en estricto cumplimiento de las exigencias del sistema de salud, no eran órdenes sino lineamientos para la correcta prestación de ese servicio de salud, de ahí que en ningún momento podrían tenerse como muestras de subordinación o dependencia de carácter laboral. Expone que, demostrados los errores del fallador de segunda instancia con las pruebas calificadas, «es dable advert