CSJ - SL1655-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL1655-2023 Radicación n. ° 85994 Acta 024 Bogotá, D. C., once (11) de julio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por el FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 23 de octubre de 2018, en el proceso que instauraron CAMILO ANDRÉS MANTILLA CASTRO, LUZ DARY GUZMÁN CALDERÓN y YOHANA MIREYA VARGAS en su contra y en la de OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES SA, al cual fueron vinculadas LIBERTY SEGUROS SA y la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS SA, CONFIANZA SA como llamadas en garantía.

I. ANTECEDENTES

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Radicación n. ° 85994 Camilo Andrés Mantilla Castro, Luz Dary Guzmán Calderón y Yohana Mireya Vargas llamaron a juicio a Optimizar Servicios Temporales SA en liquidación y al Fondo Nacional del Ahorro Carlos Lleras Restrepo, en adelante FNA, con el fin de que, de forma principal, se declarara la existencia de una relación de trabajo entre ellos con la primera y entre esta y el segundo, solidaridad por las condenas a imponer. Lo anterior teniendo en cuenta que el evocado fondo contrató a la citada empresa para beneficiarse del trabajo en misión de los demandantes.

En tal virtud, requirieron el pago de cesantías, intereses a las mismas, prima de servicios y vacaciones en la liquidación final de cada uno de sus contratos de trabajo, la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del CST y la indexación. Subsidiariamente, persiguieron que fuera declarado el FNA como verdadero empleador y la otra accionada como una simple intermediaria para que, la primera, respondiera por las condenas ya mencionadas y la segunda como deudora solidaria, teniendo en cuenta inclusive las facultades ultra y extra petita. Fundamentaron sus peticiones, básicamente, en que suscribieron contratos de prestación de servicios con la mencionada temporal para los siguientes lapsos: Camilo Mantilla desde el 19 de diciembre de 2014, Yohana Mireya Vargas inició 4 de marzo y Luz Dary Guzmán del 2 de febrero de 2015, todos hasta al 30 de septiembre de 2015.

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Radicación n. ° 85994 De igual manera, relataron que las accionadas suscribieron entre ellas el contrato 147 de 2015, que tenía por objeto «contratar la prestación del servicio de una Empresa de Servicios Temporales, que suministre personal en misión que permita cubrir las necesidades de crecimiento y expansión del Fondo Nacional del Ahorro», siendo vinculados, cada uno de los demandantes, bajo la modalidad de obra o labor contratada. Coincidieron en afirmar que, cumplieron sus funciones en las instalaciones del FNA dentro del horario de 8 am a 5 pm, con jornadas diarias de ocho horas, siendo los servicios prestados del giro normal de los negocios del fondo, así como

el que la expansión de este «no es una labor definida en el tiempo». Sostuvieron que, sin justificación, Optimizar Servicios Temporales SA dejó de cancelarles las cesantías con sus respectivos intereses, las vacaciones, las primas de servicios, y no asumió más las obligaciones contractuales que le correspondían al momento de la terminación del vínculo y que «dentro del proceso de Reorganización Empresarial ante la Superintendencia de Sociedades, […] reconoció como uno de sus pasivos, el correspondiente a la liquidación del demandante», afirmación reiterada para cada uno de ellos. Ambas accionadas se opusieron a las pretensiones de la demanda.

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Radicación n. ° 85994 Optimizar Servicios Temporales SA en liquidación judicial, expresó que «tiene expresa prohibición legal de realizar pago alguno de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1116 de 2006», aceptó lo concerniente a los contratos de prestación de servicios suscritos con cada uno de los accionantes por «duración de obra o labor determinada para personal en misión», así como con el Fondo Nacional del Ahorro «para suministrarle el personal en misión que dicha entidad necesitara de acuerdo a los perfiles y cargos que le requiriera la empresa usuaria» y aclaró que la terminación de los primeros se dio por el fenecimiento del último, dado que no se requirió personal para continuar. De igual forma, reconoció, conforme a lo que constaba en los archivos de la «demandada entregados a la liquidadora», que, aunque al momento de la desvinculación les fueron canceladas unas acreencias de las reclamadas, a los demandantes aún se les adeudaba por cesantías e

intereses, lo causado desde el 1 de enero, prima de servicios desde el 1 de julio y a Camilo Andrés Mantilla, vacaciones del 19 desde diciembre de 2014, todo lo anterior, hasta el 30 de septiembre de 2015. En cuanto a Yohana Mireya Vargas se pronunció en idénticos términos y precisó que le adeudaba cesantías e intereses y las vacaciones generadas por el periodo causado desde el 4 de marzo y la prima de servicios a partir del 1 de julio, ambas hasta el 30 de septiembre de 2015, mientras que, respecto de Luz Dary Gómez Calderón, las mismas

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Radicación n. ° 85994 acreencias y hasta la misma fecha, pero, desde el 2 de febrero de igual anualidad y la prima de servicios desde el 1 de julio. Frente a las pretensiones subsidiarias manifestó «no me opongo ni me allano» en el entendido de que las reclamaciones no iban dirigidas a ella; aclaró que no había lugar a las indemnizaciones deprecadas como quiera que la falta de pago se produjo por el proceso concursal e invocó la solidaridad del FNA en relación al pago de la liquidación de prestaciones sociales que no llegaran a cancelarse por la concursada o la compañía de seguros, dado que fungió como empresa usuaria de la demandante en misión. En su favor propuso las excepciones de, existencia de procedimiento concursal para el pago de las prestaciones sociales pretendidas y, afectación de póliza para pago de las que fueron objeto de la demanda. Por su parte, el Fondo Nacional del Ahorro, en cuanto a

los hechos, aceptó la existencia de los contratos comerciales suscritos con Optimizar Servicios Temporales SA y su objeto. Igualmente expresó que no le constaban los demás. En su defensa propuso las excepciones que denominó, inexistencia de las obligaciones pretendidas y de los requisitos legales para ser trabajador oficial, ausencia de vínculo de carácter legal, tercero responsable en el pago de obligaciones e imposibilidad jurídica para cumplir con aquellas, ausencia de título y de causa en las pretensiones, buena fe y cobro de lo no debido.

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Radicación n. ° 85994 Llamó en garantía a las sociedades Liberty Seguros SA y Compañía de Seguros de Fianzas, Confianza SA, «la primera por haber amparado mediante pólizas de seguros el contrato comercial suscrito entre Optimizar Servicios Temporales S.A. (SIC) y el Fondo Nacional del Ahorro; y la segunda, por las pólizas expedidas ante el Ministerio de Trabajo amparando las acreencias laborales de los Trabajadores […]». Por su parte, Liberty Seguros SA al oponerse al llamamiento efectuado, expuso que no existía amparo por «concepto de salarios y prestaciones derivadas de un contrato de trabajo», lo anterior por cuanto el FNA no ostentó dicha calidad ni se configuró alguna solidaridad entre su beneficiaria y la empresa Optimizar Servicios Temporales SA. Enfatizó que dicho fondo, «no debió haber autorizado la cesión de la factura No. 42220 a un tercero diferente al contratista garantizado, sino que por el contrario debió haberse asegurado que dicho dinero se empleara a efectos de

cancelar las acreencias laborales por parte de la empresa Optimizar a sus empleados, y de esta manera evitar la propagación del siniestro». Con relación a la demanda, se opuso a la prosperidad de las pretensiones e indicó que no le constaban los hechos expuestos por cada uno de los demandantes. En su defensa planteó como medios exceptivos los que denominó falta de jurisdicción y competencia, cobro de lo no debido, límite del valor asegurado, ausencia de responsabilidad solidaria y de

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Radicación n. ° 85994 cobertura por agravación del estado de riesgo por parte del asegurado, buena fe, prescripción laboral y compensación. De otro lado, Confianza SA reconoció la existencia de la póliza de cumplimiento constituida por Optimizar Servicios Temporales SA, «a favor y en beneficio de los trabajadores en misión a servicio del tomador, la cual comprendió una vigencia global desde el 02-08-2012 hasta 01-01-2015», y en relación con la demanda, se opuso a las pretensiones al no haber intervenido en la suscripción de dicha póliza el Fondo Nacional del Ahorro, careciendo de legitimación en la causa para pretender la garantía a su favor y al no gozar de cobertura las relaciones laborales expuestas, «ya que la Póliza finalizó su vigencia el 01/01/2015». En tal virtud, refirió que solo los trabajadores podían solicitar la afectación de la póliza mediante las acciones pertinentes y no quien la llamó al asunto, tal como prevé el artículo 278 del CGP.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, al

que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 13 de abril de 2018, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre el señor CAMILO ANDRES (SIC) MANTILLA CASTRO y la sociedad OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A (SIC), existió un contrato de trabajo entre el 19 de Diciembre (SIC), de 2014 y hasta el 30 de Septiembre (SIC), de 2015 para que el demandante desempeñara el cargo de

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Radicación n. ° 85994 PROFESIONAL III devengando como último salario la suma de $3.200.000 Que entre la señora YOHANNA MIREYA VARGAS y la sociedad OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A. (SIC), existió un contrato de trabajo entre el 04 de marzo de 2015 y hasta el 30 de Septiembre (SIC), de 2015 para que la demandante desempeñara el cargo de COMERCIAL IV devengando como último salario la suma de $1.300.000. Que entre la señora LUZ DARY GUZMAN (SIC) CALDERON (SIC) 02 de Febrero (SIC), de 2015 y hasta el 30 de Septiembre (SIC), de 2015 par que la demandante desempeñara el cargo de COMERCIAL IV devengando como último salario la suma de $1.300.000.

SEGUNDO: CONDENAR a OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A. (SIC), al pago de (SIC), indemnización moratoria a favor de cada uno de los demandantes así: - A favor del señor CAMILO ANDRES MANTILLA CASTRO la suma de $6.628.576,34.

• A favor de las señoras YOHANA MIREYA VARGAS y la señora LUZ DARY GUZMAN (SIC) CALDERON (SIC) la suma de $2.634.887, 67 cada una.

TERCERO: ABSOLVER a OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A. (SIC), de las demás condenas incoadas en su contra por los demandantes.

CUARTO: ABSOLVER al FONDO NACIONAL DEL AHORRO y consecuencialmente a las llamadas en garantía LIBERTY SEGUROS S.A (SIC), y COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. (SIC), de las condenas incoadas en su contra por los demandantes.

QUINTO: EXCEPCIONES. Se declaran probadas las excepciones propuestas por el FNA y por las llamadas en garantía LIBERTY SEGUROS S.A (SIC), y CONFIANZA S.A. (sic) y no probadas las excepciones propuestas por OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A. (SIC), […]

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 23 de octubre de 2018 al resolver los recursos de apelación interpuestos por el

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Radicación n. ° 85994 extremo actor y por Optimizar Servicios Temporales SA, señaló: La Sala resuelve la solicitud de adición de la sentencia declarando no probadas las excepciones propuestas por el FONDO NACIONAL DEL AHORRO, toda vez que lo que aquí se impone es una condena por responsabilidad solidaria, por lo que las excepciones carecen de fundamento.

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR el numeral SEGUNDO de la sentencia apelada y corregida, para en su lugar condenar al FONDO NACIONAL DEL AHORRO, al pago de la indemnización allí prevista de forma solidaria, junto con la demandada OPTIMIZAR

SEGUROS TEMPORALES S.A. (sic).

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral TERCERO, de la sentencia recurrida para en su lugar indicar que la absolución allí señalada, solo procede respecto de las aseguradoras Liberty

Seguros y Compañía Aseguradora de Fianzas S.A.S. (sic).

TERCERO: MODIFICAR el numeral SEXTO, en el sentido de indicar que la condena en costas a favor de la parte demandante sebera (sic) ser a cargo de las demandadas OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES y en (SIC) FONDO NACIONAL DEL AHORRO y la impuesta a favor de las aseguradoras, se REVOCA, conforme lo señalado en la parte motiva.

CUARTO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como fundamento de su decisión, lo expuesto en la sentencia CSJ SL69399-2018 con relación a la existencia del contrato realidad, por lo que luego de recapitular lo dicho en aquella, puntualizó que allí se «reiteró que la contratación a través de sociedades temporales que desborde las previsiones del artículo 77 de la Ley 50 del 90 impone la declaratoria de la relación laboral a cargo de la empresa para el cual el trabajador prestó sus servicios».

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En consecuencia, señaló que, de las declaraciones rendidas, la testigo Gloria Salazar «señaló que muchos trabajadores siguen siendo contratados a través de este mecanismo de empresas de servicios temporales quienes no cubren cargos de manera temporal, no obedecen a este concepto ni para aumentos, sino que tales cargos tienen vocación de permanencia». Por lo tanto, y al contrastar lo expuesto con lo registrado en los contratos N°275-2014 y 147-2015 que aparecen a folio 190 y 196 del expediente, dio por acreditada la relación suscrita entre el Fondo y Optimizar EST, así como su objeto, siendo este «el suministro de personal en misión que permita cubrir las necesidades de crecimiento y expansión del Fondo Nacional del ahorro», lo que, a su vez, le permitió concluir: […] se observa claramente que el suministro de personal en misión durante la vigencia de estos contratos 2014 y 2015, no se encontraba dirigido a cubrir trabajos ocasionales o en momentos de la producción, contrario sensu, el crecimiento y expansión del Fondo Nacional del ahorro es una actividad de carácter permanente y propia de todas las sociedades de cualquier naturaleza. La prestación del servicio de los demandantes al fondo en labores que fueron ocasionales ni para aumento de producción de la entidad quedó corroborada con la declaración rendida por la señora gloria Salazar, […]. De tal manera que la contratación efectuada por el Fondo Nacional del ahorro en efecto viola los preceptos de la normativa aplicable para la contratación de trabajadores a través de empresas de servicios temporales, es así como en el presente caso quedó probado que la intermediación de la sociedad Optimizar

Servicios Temporales está en contravía de lo dispuesto en la ley y según lo dispuesto en la ley, es en virtud de lo que ella dispone . quien pasa a ser el verdadero empleador es la empresa usuaria Igualmente, frente a las condenas impuestas, precisó:

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Radicación n. ° 85994 No obstante, si bien el recurrente indica que el contrato se debe declarar respecto del Fondo Nacional y aclarando que esto no fue solicitado en el escrito de la demanda, pues las pretensiones principales se dirigen a la declaratoria de la relación con Optimizar Servicios Temporales, de igual manera, sí se solicitó el pago de las acreencias adeudadas de forma solidaria con el Fondo Nacional del Ahorro y como quiera que, la pretensión principal prosperó, no había lugar a pronunciarse sobre las subsidiarias en las que sí se solicitó la declaratoria en la relación con el fondo. De tal manera que, procede condenar de forma solidaria al fondo en mención, al pago de la obligación a la que aquí se condenó como fue lo que se solicitó y contrario a lo firmado por el juez de instancia, opera no solo porque pudiéramos interpretar la demanda, eso está obligado a ley sino porque, reitero, en virtud de la ley laboral que consagra unos derechos mínimos irrenunciables y que son normas de orden público que deben aplicarse.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el Fondo Nacional del Ahorro, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia atacada, para que, en sede de instancia, confirme la de

primer grado, «que absolvió de todas y cada una de las pretensiones […]». Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, los cuales se resuelven en conjunto dada la similitud de argumentos y su objeto, los que además se encuentran exentos de réplica.

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VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de violar la ley sustancial por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 22 y 23 del CST; 71, 72, 73, el numeral 2 y 3 del 81, 82 y el 5 del 83 de la Ley 50 de 1990; el 2, 3 del 6, 5 del 7 y los 8, 11, 17 y 18 del Decreto 4369 del 2006, así como de los 2.2.6.5.2, 2.2.6.5.6 a 2.2.6.5.8, 2.2.6.5.11, 2.2.6.5.13 y 2.2.6.5.17 del Decreto único Reglamentario 1075 de 2015.

En sustento de ello, refiere que se incurre por el colegiado en los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el verdadero empleador de los accionantes es el FONDO NACIONAL DEL AHORRO.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que el objeto contractual de los contratos comerciales entre el FONDO NACIONAL DEL AHORRO y OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A corresponden a actividades permanentes y propias de todas las

sociedades.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que los accionantes superaron los límites temporales establecidos para los trabajadores en misión.

4. Dar por demostrado, sin estarlo, que la contratación efectuada por el FONDO NACIONAL DEL AHORRO viola los preceptos aplicables para la contratación de los servidos temporales.

5. Dar por demostrado, sin estarlo, que OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A. fungió como una simple intermediaria y tener a la empresa usuaria como verdadero empleador.

6. No dar por demostrado, estándolo, que los accionantes eran

trabajadores del OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A.

7. No dar por demostrado, estándolo, que el crecimiento y expansión del FONDO NACIONAL DEL AHORRO genera incrementos en la producción y ventas de sus productos.

8. No dar por demostrado, estándolo, que el servicio prestados

(sic) por los accionantes como trabajadores en misión, no superaron los límites legales.

9. No dar por demostrado, estándolo, que la contratación efectuada por el FONDO NACIONAL DEL AHORRO no vulneró los preceptos aplicables para la contratación de los servicios temporales.

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10. No dar por demostrado, estándolo, que el verdadero empleador de los accionantes fue la empresa OPTIMIZAR

SERVICIOS TEMPORALES S.A.

Lo anterior dada la valoración errada de los hechos expuestos en la demanda y la contestación de aquellos, los contratos de trabajo allegados, los soportes de pago de

salarios y prestaciones, así como de «la carta de terminación del contrato de trabajo, certificaciones laborales, los contratos comerciales suscritos entre la Empresa de Servicios Temporales y el Fondo Nacional del Ahorro y los interrogatorios de parte rendidos por los accionantes». Esgrime que al considerar el objeto contractual planteado en los contratos comerciales suscritos entre la Empresa de Servicios Temporales y el FNA, «[…], se hizo un juicio errado por parte del fallador de segunda instancia al señalarse que el crecimiento y expansión son de carácter permanente y propios de toda sociedad de cualquier naturaleza», toda vez que, al contrario de lo que se extrae en las cláusulas primera, quinta y sexta de los evocados documentos se pactó de forma clara y específica dicho objeto y su plazo, al encontrarse ejecutando la política de promoción de la entidad, «impulsando así la inversión en el sector inmobiliario y educativo», se generó la vinculación por intermedio de la temporal. Ello en procura de cubrir el incremento de las operaciones y el requerimiento de personal. Así mismo, refiere que, los contratos comerciales que efectuó, no transgredieron el contenido del artículo 77 de la Ley 50 de 1990 — que convoca de forma literal en el asunto

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Radicación n. ° 85994 —, pues la necesidad del servicio que requirió, surgió de la política de expansión de los servicios ofertados por el FNA, «actividad que si bien no se enmarca en el remplazo del personal en vacaciones o en licencia, […] sí está relacionado con la necesidad de atender el incremento de producción o

venta de servicios», máxime cuando ello se afirmó en la demanda y se confesó en los interrogatorios de parte realizados, sin haber superado la prestación en misión, los 10 meses para ninguno de ellos. Indica que, se equivoca el Colegiado al concluir que el empleador es el FNA y no, Optimizar EST, cuando el examen probatorio da cuenta de que fue la segunda quien ostentó dicha calidad al contratarlos, sufragar los salarios de aquellos y finalizar la vinculación, por lo que se le atribuye erróneamente una solidaridad que no existe, comoquiera que la Corte ha sido enfática en que esta solo procede cuando «se evidencie que la contratación fue ilegal y por ende, el verdadero empleador es la empresa usuaria». Para el efecto trae a colación la sentencia CSJ SL1228-2018. Agrega que el nexo resulta ilegal al tenor del parágrafo 1 del artículo 20 del Decreto 4369 de 2006, empero en el asunto, ello no ocurrió, pues la temporal se encontraba habilitada para prestar dicho servicio y el término en que se desarrolló la misión no superó los 10 meses. Discute de igual manera, que el sentenciador a partir de las declaraciones de Gloria Salazar y Luz Dary Guzmán refirió en sus consideraciones que los cargos tenían vocación

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Radicación n. ° 85994 de permanencia y por dicha razón la contratación se tornó ilegal, lo que resulta una conclusión errada ya que, «1) […] lo aludido por la testigo, no tiene ningún asidero con los demás medios de prueba practicados en el proceso, y 2) atribuir la

ilegalidad de la contratación cuando en gracia de discusión, la sentencia debe operar frente al caso en concreto y no sobre el actuar del Fondo […] sobre otros trabajadores o casos diferentes al controvertido».

VII. CARGO SEGUNDO Embiste la decisión por la vía directa en la modalidad de aplicación indebida, soportada en la configuración de la violación medio, de: los artículos 281 del Código General del Proceso y 66 A del Código Procesal del Trabajo, al no estar la sentencia en concordancia con los hechos de la demanda, sus pretensiones y las excepciones formuladas, al igual que no estar la misma en concordancia con los fundamentos del recurso de apelación, y por la aplicación indebida de los artículos 22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo; los artículos 71, 72 y 73, el numeral 3 del artículo 77, el numeral 2 y 3 del artículo 81, artículo 82 y el numeral 5 del artículo 83 de la Ley 50 de 1990; los artículos 2, numeral 3 del artículo 6, numeral 5 del artículo 7 y los artículos 8, 11, 17, 18 del Decreto 4369 de 2006 y 29 de la Constitución Política.

Dirige su argumentación a que en la fijación del litigio se hace alusión a la vinculación de los accionantes con Optimizar SA para los interregnos del 19 de diciembre de 2014 al 30 de septiembre de 2015, «sin que de los hechos de la demanda se advierta supuesto de facto alegado frente a una sociedad distinta; razón por la cual, el debate probatorio se centró únicamente frente a la convocada Optimizar S.A.

(SIC) y el Fondo Nacional del Ahorro».

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Radicación n. ° 85994 Insiste en que el Colegiado estudia aspectos que no fueron factor constitutivo del asunto, comoquiera que «pese a lo indicado por algunos de los testigos al manifestar que los accionantes laboraron para el Fondo […] mediante la utilización de diferentes empresas temporales, no menos cierto es que desde el libelo introductor en manera alguna se hizo referencia a tal aspecto». Agrega que tampoco fueron vinculadas las temporales que sirvieron para dicho fin, por lo que de entender el sentenciador dicha contratación ilegal, «no se le permitió» debatir ello en el proceso, al no presentarse en el juicio manifestación alguna del vínculo entre estas y el FNA. Conforme a lo anterior, indica que no podía darse la condena solidaria que le fue impuesta, pues no se le declaró empleador de los trabajadores «y es que no se podría haber efectuado tal declaración porque de ser así, se hubiese accedido a las pretensiones subsidiarias de la demandada afectando el Ad Quem el deseo principal de los actores, cuál era la declaración de su relación laboral con Optimizar […]». Censura que el fundamento del recurso presentado por el extremo actor, el análisis previo a la decisión y su parte resolutiva tampoco resultan congruentes, dado que el reproche se basó en que no se declaró la existencia del contrato de trabajo con el FNA, en el segundo se expresa que dicha contratación se dio de forma ilegal al superar los límites temporales dispuestos en el artículo 77 de la Ley 50

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de 1990 reconociéndolo como verdadero empleador, pero en el fallo, se le condena como solidariamente responsable sin declarar la aludida calidad. Por lo tanto, aduce que la aplicación indebida de las normas sustantivas se dio en el entendido que al no existir la contratación ilegal del FNA con Optimizar Servicios Temporales SA en liquidación y ser este último el verdadero empleador, es dicha sociedad quien debe asumir el pago de las acreencias reclamadas.

VIII. CONSIDERACIONES Sea lo primero indicar que, la sentencia impugnada viene precedida de la doble presunción de acierto y legalidad, propia de este tipo de providencias. Esta se basa en la necesidad social de que, imperen los principios de certeza y confianza legítima, que, generan las decisiones tomadas por un funcionario público investido de jurisdicción y competencia, en ejercicio de las facultades y deberes de orden legal y constitucional.

Sin embargo, dicha presunción puede ser derruida por la parte que esté asistida del interés jurídico económico para que se le conceda el recurso, siempre que acierte en el planteamiento y en la demostración de sus inconformidades. A tal efecto, su tarea parte de la identificación de los pilares sobre los que está construido el pronunciamiento que se propone combatir, de lo cual dependerán la vía y la

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Radicación n. ° 85994 modalidad de ataque que deba seleccionar, dada la exigencia del numeral 5 del artículo 90 del CPTSS. En el recurso extraordinario de casación se enjuicia la

sentencia gravada para establecer si, al dictarla, el Tribunal observó los preceptos propios del sistema normativo que estaba obligado a aplicar para solucionar rectamente el conflicto, mantener el imperio e integridad del ordenamiento jurídico y proteger los derechos de las partes. Por ello, en esta sede se confrontan, directa o indirectamente, las normas pertinentes al caso y la sentencia emitida por el colegiado y, excepcionalmente, la del juez unipersonal. Por el contrario, no se ventila el litigio entre quienes actúan como partes opuestas en las instancias. Así, aunque los cargos fueron dirigidos tanto por la vía del pleno derecho, como por la fáctica, debe resaltarse que en el sustento del segundo, se presenta una mixtura de argumentos fácticos y de derecho, no obstante, dichas equivocaciones no tienen la entidad suficiente para desechar el fondo de los planteamientos, toda vez, que el libelista logra construir un discurso jurídico comprensible, en el cual la Sala puede fijar su estudio, ponderando los derechos sustanciales reclamados que no pueden encontrar barreras infranqueables en requerimientos de forma. En consecuencia, debe resaltarse que no está en discusión, la existencia de los contratos de prestación de servicios entre la casacionista y Optimizar Servicios Temporales SA en liquidación, su duración, ni los de obra o

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Radicación n. ° 85994 labor suscritos entre la última y los accionantes, el lugar donde se adelantaron sus funciones, las sumas adeudadas ni la fecha en que cada uno de ellos culminó.

Por lo tanto, le compete a la Sala determinar si erró el colegiado al declarar como solidariamente responsable al FNA respecto de las condenas impuestas a Optimizar EST, por cuanto entendió que la contratación realizada se dio por intermediación de la última con cada uno de los accionantes y que no obedeció a una «política de crecimiento y expansión» del primero sino a una de carácter permanente y del objeto de la entidad. Sobre la intermediación y el contrato realidad, en sentencia CSJ SL4330-2020 la Corte, adoctrinó: Aplicación de los principios de primacía de la realidad y de fraude a la ley en supuestos de contratación mediante Empresas de Servicios Temporales. El fraude a la ley es un principio general del derecho que como tal permea todo el ordenamiento jurídico y se define como el quebrantamiento de la legalidad, al amparo aparente de una norma. Esta figura denota aquel proceder que superficialmente se ajusta a la ley, pero que en verdad infringe la legislación, pues busca burlarla o evadir sus efectos y generalmente supone perjuicios o defraudación a terceros. Por su parte, el postulado de primacía de la realidad sobre las formas constituye un principio constitucional, según el cual se debe privilegiar la realidad empírica y objetiva en la que se desarrolla el trabajo, sobre las formalidades pactadas por los actores. Este mandato supralegal es transversal en el derecho laboral, por tanto resulta útil no solo para establecer si existió una relación subordinada, sino también a la hora de esclarecer qué emolumentos son constitutivos de salario, determinar el verdadero empleador en relaciones tripartitas o multipartitas, la

continui